¿En verdad los implicados en los recientes episodios circenses creen que se necesita una reforma constitucional para que haya justicia? El origen, la evolución y el hundimiento del proyecto de reforma judicial no constituyen una coyuntura que pueda resumirse en una nota. Ni siquiera en un ensayo de varias cuartillas. El caso requiere un libro colectivo que analice varias materias y tópicos: el verdadero propósito de la reforma, el desconocimiento de la estructura del Estado, la voracidad de los intereses personales, la ilegitimidad de los poderes, el golpe de Estado de Santos, la inexistencia de una oposición de centro-izquierda sólida, el odio cada vez más visceral de la extrema derecha, la desesperanza y la depresión del pueblo, los aspectos puntuales de la justicia por resolver en el marco de la actual Constitución Política, las lecciones que quedan. Son éstos apenas algunos de los temas que pudieran hacer parte –a manera de capítulos– de un libro macizo, escrito por una docena de manos, porque esta coyuntura es tan solo consecuencia del pasado. Y mañana será historia en ese cotidiano comenzar de los pueblos, como dijo Tucídides: “La historia es un diario volver a comenzar”.

El verdadero propósito de la reforma

En los últimos 10 años han existido muchos propósitos del Ejecutivo y el Legislativo de meterle la mano a la justicia, no con el objetivo de que haya justicia para la gente del común sino para someter a los jueces y quitarles funciones con el fin de que los delitos de los grandes criminales queden en la impunidad. La reforma presentada por el gobierno Santos y su ministro del interior Germán Vargas no estaba exenta de esa filosofía. Cuando alguien necesita escribir 270 páginas en una Exposición de Motivos para justificar una reforma, es porque esa reforma no se necesita. Un alegato así, tan cargado de palabrería inocua, es semejante a aquellas sentencias torcidas, que tienen tantos argumentos jurídicos y jurisprudenciales que sólo les falta adjuntar la prueba del soborno que las motivó. Para que la justicia tenga más dinero, más jueces, más locales, más tecnología, no se necesita una reforma constitucional. Por eso, el verdadero propósito de la reforma constitucional, tanto la de ahora como las anteriores, era que los crímenes cometidos durante las dos últimas décadas quedaran en la impunidad, como se dijo en otro artículo*.

Si tuviésemos que analizar la coyuntura de hoy en el contexto del pasado, tendríamos que decir que a partir de los años 60 del siglo anterior todos aquellos que ostentaban algún factor de poder lo aportaron a una coalición político-mafiosa, que se formó desde entonces y se mantiene vigente: ganaderos, terratenientes, banqueros, constructores, políticos, alcaldes, gobernadores, ejército, Armada, aviación, policía y funcionarios de nivel medio y bajo, al servicio del Estado y de la empresa privada. Veinte años después, crearon las bandas paramilitares. A finales de la década del 80 y al comienzo de los años 90 del mismo siglo, la sangre corría a raudales. La memoria humana no tiene espacio suficiente para registrar los hechos de violencia ocurridos durante este período: desapariciones, masacres, genocidios, desarraigos, magnicidios y asesinatos selectivos. En esa coyuntura nació la Constitución Política de 1991, para frenar la corrupción que se había generalizado. Entre los aspectos positivos de lo que en ese momento era el nuevo estatuto, estaba la creación de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. Es decir, a partir de 1991 los congresistas no podían legislar en beneficio propio porque ponían en riesgo su investidura. Si eso es así –pudiera preguntarse cualquier ciudadano– ¿por qué en la reforma que se hundió los congresistas propusieron normas que iban a favorecerlos? Porque previamente se vacunaron contra ese riesgo.

En efecto, bajo los auspicios del actual gobierno, se promovió, entre las legislaturas 2010-2011, la reforma constitucional de un artículo, que la opinión pública no conoció, que vacunó para siempre a los congresistas. En efecto, el artículo 183 de la Constitución del 91 señala cinco causales de pérdida de investidura. La primera de esas causales dice textualmente: “Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen del conflicto de intereses”. El artículo 1 o único del Acto Legislativo de 2011 dice: “Adiciónase el parágrafo del artículo 183 de la Constitución Política, con el siguiente inciso que será el primero: La causal 1 en lo referido al régimen de conflicto de intereses no tendrá aplicación cuando los congresistas participen en el debate y votación de proyectos de actos legislativos”.

Ese acto legislativo fue promulgado el 31 de mayo de 2011. Y, como bien se sabe, los proyectos de acto legislativo (el del gobierno y el del Consejo de Estado) fueron presentados el 20 de julio de 2011, una vez que quienes serían los constituyentes en esa reforma constitucional habían espantado el fantasma de la pérdida de investidura. El sendero criminal fue preparado de manera tan perfecta, que incluso los presuntos delitos cometidos por los legisladores que conciliaron la pasada reforma pueden quedar en la impunidad. He ahí la razón, la verdadera causa de la reforma: buscar un mecanismo jurídico que les borrara los crímenes. Sucedió, como estaba previsto desde cuando se presentaron los dos proyectos. Como se suponía, como se veía venir: impedir que se conozca la verdad en relación con los grandes delitos cometidos durante los últimos 20 años, y cuya expresión más visible y concreta se materializó entre 2002 y 2010. El doble cuatrienio en que Colombia regresó medio siglo en proceso normal en que evolucionan todas las sociedades. En esos ocho años, nuestro país no sólo no avanzó sino que involucionó. Sin embargo, siendo esa la verdadera causa, por el camino fueron resultando otras causas, como se podrá deducir de la actuación de todos los autores y coautores de la reforma hundida.

Estructura del Estado y voracidad de intereses

La Constitución de 1991, todos lo sabemos, no hizo una revolución. Por el contrario, dejó intactos muchos privilegios, entre ellos los de las multinacionales y los de los cuerpos armados –ejército, aviación, armada, policía–, pero en materia de reparto del poder trajo cierto equilibrio. Estableció unos organismos, y a cada uno de ellos le dio unas funciones. Sin embargo, viendo todas las estupideces que la cúpula de todos los poderes, ramas y órganos, cometieron en esta reforma, se puede preguntar: ¿Por qué el Presidente de la república, los ministros, los magistrados de las altas cortes y los directores de los órganos de control –procurador, contralora, fiscal–, siendo personas tan eminentes, desconocen la estructura del Estado? Claro que no desconocen cómo está organizado el Estado, del cual todos ellos viven. Por el contrario, la conocen tan bien que buscan la interpretación que mejor les convenga.

Si se estudian todos los antecedentes de todas las reformas constitucionales, desde cuando Bolívar estructuró el Estado, en Angostura, en 1817, jamás se había visto una voracidad tan insaciable –con la sola excepción de la de Uribe en el Acto Legislativo Nº 2 de 2004– como la que se vio en el origen, la evolución y la expedición de la reforma que se hundió. La ley es el instrumento más eficaz para someter a los pueblos y para delinquir a la sombra del Estado; y, siendo así, quienes ostentan el poder no desaprovechan la oportunidad para afianzarse en él. Sin embargo, los gobernantes y legisladores, en cualquier lugar del mundo, suelen hacer esas operaciones de saqueo con cierto recato, con cierto remilgo, con cierta vergüenza. Pero lo que sucedió en los episodios que ahora se analizan es que todos los implicados en esa reforma no sólo perdieron el recato, el remilgo y la vergüenza sino que además muchos lo hicieron con desfachatez, con cinismo y con sobreactuación.

Cualquier cosa se pudiera esperar de los congresistas, de los ministros y del propio Presidente de la república, como buen jugador de póker. Pero que lo hicieran los magistrados de las altas cortes, eso era imposible, fue el razonamiento de los académicos, de los columnistas de prensa y de comentaristas de los medios. Efectivamente, durante los dos cuatrienios anteriores la Corte Suprema de Justicia fue la institución jurídico-política en que los colombianos no perdimos la confianza: supo resistir con dignidad las presiones indebidas del Ejecutivo y no perdió el temple de su espíritu para ordenar el encarcelamiento de los criminales del Congreso y de los ministerios. Pero todo el trabajo adelantado con el pulso firme de la mano lo borraron con la vacilación de sus pies, que dieron pasos falsos, o con el silencio cómplice de sus labios, que no se atrevieron a denunciar los propósitos criminales. ¿A cambio de qué? De la ampliación de cuatro años de burocracia y de cinco más de retiro forzoso. Actuaron no como cualquier Uribe sino como el mismísimo Uribe Vélez Álvaro. Es una gran pena que se hayan quedado con el pecado y sin el género. Esa conducta, ese comportamiento, esa voracidad por los intereses personales de quienes tienen como función el bien común, es lo que hace que todas las instituciones y las personas que ocupan su dirección pierdan legitimidad. Tienen el poder y los instrumentos jurídicos que las sostienen pero carecen de legitimidad.

La indignación nacional y los palos de ciego

Como la verdadera razón de ser de la reforma era dejar sueltos a los criminales, cinco minutos después de la conciliación, los abogados ya estaban pidiendo la libertad de sus clientes. Pero también, de manera simultánea, el pueblo indignado comenzó a salir a las calles, a los medios de comunicación y las redes sociales a pedir la revocatoria del acto legislativo recién aprobado, recurriendo al mecanismo de la recolección de firmas. La gente lo hacía obedeciendo más al pálpito de las emociones que al razonamiento cerebral. Ese instrumento de las firmas pudiera resultar eficaz después de dos años, una vez superados varios obstáculos, el primero de los cuales era la falta de promulgación del acto legislativo, que por supuesto pudiera ser superado mediante una acción de cumplimiento.

Pero si lo que pretendía el pueblo era que los bandidos que habían hecho la conciliación de la reforma fueran a la cárcel y que sus compañeros que ya estaban presos no quedaran libres, mientras se tramitaba el referendo revocatorio, los criminales ya hubieran quedado en libertad, abandonando el país para huir de la justicia, como lo hicieron María del Pilar Hurtado y Luis Carlos Restrepo. En cambio, el Acto Legislativo número 1 de 2011, que les dejó la vía libre a los congresistas para legislar en beneficio propio, nadie lo vio para que hubiese promovido la recolección de firmas hacia el pedido de su revocatoria. Y si lo intentaran ahora, ya es demasiado tarde, porque la revocatoria sólo es viable dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la norma que se pretende revocar. El pueblo salió a las calles, y en muchas ciudades se formaron pequeños comités que promovieron la recolección de firmas con la esperanza de obtener justicia. El pueblo actuó de manera espontánea porque no tuvo orientación de un partido o movimiento democrático o de centro-izquierda que lo hubiera guiado y canalizara la inconformidad y la indignación.

Golpe de Estado de Santos y del Congreso

Era entre el 16 de marzo y el 20 de junio de este año, antes que hubiesen surtido los ocho debates los dos proyectos de acto legislativo –el del gobierno y el del Consejo de Estado– cuando han debido hundirse, y no después de convertirse en reforma constitucional. En ese momento ya nada había por hacer desde el punto vista jurídico-formal, dentro de los cánones de nuestro Derecho positivo. El sendero criminal se había preparado de manera tan perfecta, que incluso los presuntos delitos cometidos por los conciliadores de la reforma pueden quedar en la impunidad, aunque la gente airada hubiese formulado las respectivas denuncias. Ante la reacción justificada del pueblo, mediante mítines, declaraciones y firmas por el abuso de poder, el Gobierno y los legisladores quisieron lavarse las manos y salvar su responsabilidad, para quedar bien con la opinión pública. En medio de ese caos, vino el golpe de Estado del presidente Santos y el Congreso: objeciones-hundimiento de la reforma. Actuaron por fuera de la ley porque un acto legislativo no admite objeciones, debido a que el constituyente delegado (el Congreso) es soberano para reformar la Constitución. Tampoco era viable jurídicamente convocar a las cámaras legislativas a sesiones extraordinarias para hundir la reforma. En primer lugar, se puede hundir un proyecto pero no una reforma constitucional, aprobada en los ocho debates reglamentarios, y, conciliadas las diferencias existentes entre el Senado y la Cámara. Y, en segundo lugar, una reforma constitucional se debe tramitar en sesiones ordinarias del Congreso, no en extraordinarias. Así que se produjo un golpe de Estado para quedar bien con la opinión pública.

Constituyente ya: extrema derecha

En medio de la crisis que generó la fallida reforma, la extrema derecha lanzó el grito de guerra: “Constituyente ya”. Las palabras son del primo hermano de Pablo Escobar Gaviria en su columna de El Tiempo (miércoles 27 de junio). ¡Quién lo creyera! A falta de una izquierda organizada, la extrema derecha se destapó y aprovechó la coyuntura para relinchar bien duro y llamar al incendio. ¡Cómo será esa extrema derecha, que tiene espacio para hacerle oposición a un gobierno de derecha! Hace 30 años, el presidente de la primera Comisión de Paz que hubo en Colombia, Otto Morales Benítez, le renunció al gobierno de Belisario Betancur, porque según él, en Colombia había muchos enemigos agazapados de la paz. Ahora sabemos que ya no están agazapados. Lo sabíamos desde cuando Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, y desde el 2000, cuando inició la campaña presidencial. Lo hizo de frente, atacando de manera injusta el proceso de paz de Andrés Pastrana. ¡Cómo será esa extrema derecha, que los herederos de Laureano Gómez, los líderes conservadores, han prevenido a sus huestes para que no se dejen cooptar por el ex presidente Uribe! ¡Cómo será esa extrema derecha, que hasta la derecha dice que quien más daño le causa al país frente a la comunidad internacional es Uribe!

En epílogo de la crisis, un pretexto le sirvió a Uribe como detonante para sacar sus arrestos de odio y de venganza contra cinco generaciones –dos contemporáneas y tres anteriores a la suya– que no piensan como él, para organizar su movimiento: el homenaje a un laureanista puro y duro, Fernando Londoño. Es una gran coincidencia este homenaje con otro de hace 11 años (en 2001), en el que también fueron protagonistas Uribe y Londoño, y el homenajeado otro hombre de extrema derecha: el general Rito Alejo del Río, hoy tras las rejas, acusado de paramilitarismo. Otra vez la historia se repite como un diario volver a comenzar. En 2000-2001, Uribe sólo registraba el 2 por ciento en las encuestas, y a base de gritos de guerra se impuso en 2002 y repitió en 2006. En ese sentido, hay que prevenir a todas las fuerzas democráticas: hoy ni siquiera puede registrar en las encuestas porque está inhabilitado, pero la extrema derecha tiene el dinero y las armas suficientes para hacer girar la historia a su favor. Un cambio de Constitución, y otra vez lo tendremos no haciéndole daño a Colombia ante la comunidad internacional como ahora sino en nuestro propio suelo, desde el Palacio de Nariño, como lo hizo entre 2002 y 2010.

Que la extrema derecha se organice y muestre sus cartas y sus caras es bueno, pero que lo haga, como siempre lo ha hecho Uribe, simulando un movimiento de centro democrático, es un engaño que todo el mundo ha detectado: “Puro Centro Democrático”, es como lo ha denominado. Cómo será de grosera su actitud de extrema derecha, que hasta el establecimiento –que es de derecha, por excelencia en Latinoamérica– lo ha criticado de oportunista, pues, además del nombre mentiroso, su consigna es un “Frente contra el terrorismo”: “Lo condenamos en todos sus sentidos si se trata de una guerra política que se aproveche del dolor para generar más resentimiento” (El Espectador, domingo 8 de julio de 2012). Y aunque ya ese movimiento de extrema derecha, lleno de odio y venganza, ha anunciado “un gran candidato para el 2014”, sus propósitos van mucho más allá: acabar con lo poco que queda de la Constitución de 1991, por la vía de una asamblea constituyente que le permita a su mentor y protagonista número uno ser reelegido indefinidamente. Este es su plan estratégico y, si falla, irá por el táctico: imponer un títere: “Que nuestros futuros candidatos salten a la arena […]. Animaremos precandidaturas y apoyaremos un gran candidato”, dijo en su discurso de El Nogal el jueves 5 de julio.

Aspectos puntuales de la justicia por resolver

Que la reforma constitucional, desde el punto de vista de la justicia, era inocua, y que tenía los propósitos que quedaron al desnudo con el novelón que presentaron las tres ramas del poder público, nos lo han dicho dos ministros de Justicia de dos épocas diferentes: “No son grandes reformas constitucionales las que producen los verdaderos cambios en la justicia, sino lo que apunta a los derechos ciudadanos”, dice Fernando Carrillo, ex ministro de Justicia del gobierno Gaviria. “No puede ser eficaz la administración de justicia, aquella que profiera una sentencia 10 años después de iniciado un proceso”, dice Ruth Stella Correa, recién nombrada ministra del ramo. Es decir, que la justicia sea pronta y cumplida. Pero este principio universal ya está consagrado en la Constitución.

Hay instituciones que ni siquiera necesitan una ley estatutaria para que la justicia funcione: que el Consejo Superior de la Judicatura no siga quebrantando la ley superior, haciendo de juez ordinario, porque la Constitución no lo creó para eso sino para administrar el aparato judicial y para disciplinar a los jueces y magistrados; que termine la sobreactuación de los jefes de la Fiscalía, de la Procuraduría y la Contraloría, que persigan el delito, disciplinen los funcionarios públicos, vigilen los recursos del Estado, desde sus despachos, y no desde los micrófonos, las pantallas y los directorios políticos, como vienen haciéndolo; que la investigación y el juzgamiento de los congresistas tenga dos instancias ya está establecido como principio en la Constitución (art. 29). Sólo se necesitaría una ley estatutaria que diga que la primera instancia la adelanta la sala penal, y la segunda la sala plena de la Corte Suprema de Justicia; que el Congreso haga juicios políticos a los altos funcionarios de la Nación –al presidente de la República, el fiscal y los magistrados de las altas cortes–, como está concebido en la Constitución. Pero que lo haga. ¿Cuántas denuncias tiene Uribe? ¿En cuál de esas se terminó la investigación y pasó al Senado para el juicio político? En ninguno. Lo demás: que la rama judicial tenga más dinero, que haya más jueces, más oficinas, más computadoras, más tinta, escobas y papel higiénico, no necesitan una reforma constitucional.

¿Qué sigue ahora?

De todos los flancos –más de la derecha que de la izquierda– llueven alabanzas al pueblo, a la opinión pública, a la gente, por haber tumbado la reforma constitucional. “Que nadie se equivoque desconociendo la airada voz del pueblo ante la malograda reforma de la justicia […]. Los ciudadanos recobraron su voz constituyente”: Roy Barreras. “El hecho más delicado de la crisis generada por la fallida reforma de la justicia es el debilitamiento de los tres poderes”: Óscar Iván Zuluaga. “El poder ciudadano en Colombia no sólo existe, y crece en tamaño e influencia, sino que es de una gran coherencia política […]. Rechazo a las Farc, a la corrupción y a la politiquería”: Álvaro Forero Tascón. “La espontánea insurrección civil de ciudadanos […] corrobora la inconveniencia patente de una reforma”: Manuel José Cepeda. “Son muchas las enseñanzas que deja tan desagradable capítulo [….]. Nada asegura que algo parecido no se repita con las reformas pendientes”: El Tiempo. “Lo sucedido es un campanazo de alerta para que la ciudadanía se involucre más en este tipo de reformas”: Mauricio García Villegas. “Los colombianos esperan un mea culpa de las Cortes para que recuperen un mínimo de autoridad ética en su fallos”: Cecilia Orozco Tascón. “Tomemos aquella reforma como una llamada a vivir igual que los políticos: en campaña”: Ricardo Silva Romero. “Transformar la indignación en procesos políticos que permitan el surgimiento y la elección de líderes que sean verdaderamente representativos de la soberanía del pueblo”: Aldo Cívico.

Las dos últimas citas, sin ser de reconocidos dirigentes de la izquierda, parecen dar en el clavo: estar en permanente campaña y buscar líderes que se identifiquen con el pueblo. He ahí la tarea que tienen los movimientos de izquierda, democráticos y alternativos. No se puede pensar que con el archivo del acto legislativo todo terminó. Por el contrario: la tarea apenas empieza. Tampoco se puede esperar un referendo revocatorio del Congreso. Lo revocamos, ¿y al día siguiente qué hacemos? Habrá nuevas elecciones y saldrán elegidos los mismos o sus mujeres, sus hermanos, sus hijos, sus queridas, y todo no sigue igual sino peor. Ya tuvimos esa lección: en el 91 fue revocado el Congreso y a partir del 92 vinieron los parapolíticos. La indignación ciudadana no sólo debe pensar en la táctica de la coyuntura sino asimismo en la estrategia del poder. Quienes pretendan convertirse en opción de poder para 2014 deben darle varias vueltas a Colombia. No esperar a que los medios masivos de comunicación o las redes sociales los impulsen, los unjan y los catapulten. El reto es de sacrificio, de perseverancia, de largo recorrido. El talento es una larga espera, pero no apoltronado en la comodidad de la gran ciudad sino en el trabajo sin desmayo por todo el país.

* Ver Le Monde diplomatique Nº 110 (abril de 2012).

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