Por quinta vez en lo que va de año (segunda vez en quince días) Francia vive una jornada de huelga general y de protestas callejeras contra la reforma clave de la última etapa del mandato de Sarkozy, la reforma de las jubilaciones. Esta reforma prevé, en esencia, retrasar la edad legal de jubilación de los trabajadores franceses de 60 a 62 años, por un lado, y de 65 a 67 para los que, no habiendo cotizado el preceptivo número de años, quieran jubilarse con la pensión máxima.
Hay perturbaciones en los transportes públicos (el metro en París funciona con una ligera menor frecuencia, dependiendo de las líneas) en los trenes de cercanías (aquí la huelga se deja sentir mucho más, por lo menos en París) y en los trenes de largo recorrido (hay previsto un porcentaje menor al 50%). Del aeropuerto parisino de Orly saldrá sólo la mitad de los vuelos de un día normal. En el de Charles de Gaule Roissy sé anularán, aproximadamente, el 40%. En los aeropuertos del resto de Francia se anularán el mismo número de vuelos.
También se sigue el paro en la enseñanza, en los hospitales y en otros servicios públicos, como correos. Pero la huelga no paraliza una ciudad como París: las tiendas están abiertas, también los restaurantes, los niños van al colegio (hay profesores en huelga, pero no todos).
El pasado siete de septiembre salieron a las calle entre 1,1 millón de personas, según la policía, y 2,7, según los sindicatos. En cualquier caso, una respuesta masiva, la mayor de todo el año. Los sindicatos confían en reunir hoy, en las 230 manifestaciones previstas repartidas por todo el país, un mayor número de personas. El Gobierno, que tras la última convocatoria prometió reformas leves en algunas partes de la reforma, espera que la presión descienda unos cuantos grados. De cualquier forma, Sarkozy, que viene sus peores momentos de popularidadpeores momentos de popularidad, ha asegurado que el retraso de la edad de la jubilación -la medida clave, la causa de la protesta- “no se negocia”.
El Partido Socialista francés (PS) apoya la protesta. Martine Aubry, primera secretaria de esta formación, califica esta reforma, aprobada ya por la Asamblea Nacional y pendiente de su debate en el Senado, de “injusta e ineficaz”. El Gobierno, por su parte, la considera “indispensable”.
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA | París 23/09/2010
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