Este artículo explora los beneficios de la IA en la administración de justicia penal, así como algunos de los riesgos y desafíos que presenta, toda vez que la IA tendría el potencial de transformar la justicia penal, pero su implementación requiere un marco regulatorio sólido y una vigilancia constante. Estamos frente a una evolución tecnológica en pleno desarrollo.
La Inteligencia Artificial (en adelante IA) ha revolucionado diversos sectores de la producción y de la vida cotidiana, y su impacto en el Derecho Penal y Penitenciario es una de las áreas emergentes más discutidas. En Colombia, el sistema judicial ha comenzado a explorar el potencial de la IA para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Sin embargo, el uso de estas tecnologías plantea desafíos significativos, especialmente en términos de equidad, privacidad y transparencia.
Beneficios de la IA en el Derecho penal
Mencionemos algunos de los beneficios que podría tener el desarrollo de tecnologías de IA en el Derecho penal:
1. Automatización de procesos judiciales
Se dice que uno de los principales beneficios de la IA es la automatización de procesos rutinarios en los tribunales. La IA puede ayudar a analizar grandes volúmenes de datos legales y jurisprudencia, agilizando tareas que de otro modo tomarían meses. Un ejemplo de esto es su uso para asistir a los jueces en la revisión de precedentes judiciales, lo que permite decisiones más rápidas y objetivas.
La Ley 2213 de 2022 ha sido clave para regular el uso de tecnologías avanzadas en el sistema judicial1; en ella se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia.
2. Mejora en la predicción de la reincidencia
Una de las aplicaciones más avanzadas de la IA en el sistema penal (penitenciario) es la predicción de la reincidencia. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación ha desarrollado Prisma, una herramienta que permite evaluar el riesgo de reincidencia basándose en grandes cantidades de datos históricos2. Este tipo de herramienta permite a las autoridades tomar decisiones más informadas sobre medidas de aseguramiento.
Veamos en la siguiente gráfica como lo representan:
3. Optimización de recursos en el Sistema Penitenciario
El Sistema Penitenciario colombiano enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la sobrepoblación, marcada por un hacinamiento exorbitante y la falta de recursos para garantizar los derechos humanos básicos de las personas privadas de la libertad. La IA puede desempeñar un papel crucial en la optimización de los recursos al permitir una mejor asignación de personal y presupuesto. Además, los sistemas de vigilancia basados en IA pueden monitorear el comportamiento de los internos en tiempo real, detectando anomalías que indiquen un riesgo de violencia como una aplicación muy útil, por ejemplo. Queda el interrogante por el respeto de la privacidad de los penados, ¿cómo usar la IA sin violar este derecho?
A nivel global, la IA está siendo utilizada en países como Estados Unidos, donde se han implementado sistemas de evaluación de riesgos en las decisiones de libertad condicional, lo que demuestra que se está convirtiendo en una herramienta a la que recurre el Sistema Penitenciario y que anticipamos llega para quedarse.
Aspectos críticos de cara a la implementación de la IA en el Derecho penal
1. Desarrollo legal
Es necesario que los marcos legales, sean sólidos, que establezcan principios claros sobre el uso de IA en el Sistema penal. Estos deben incluir normas sobre la transparencia de los algoritmos, la responsabilidad en caso de errores y la necesidad de auditorías regulares para garantizar que los sistemas no perpetúen injusticias, porque está claro que los sistemas de IA son alimentados por seres humanos que pueden imponer sus sesgos y visiones en contra de las personas privadas de la libertad.
2. Formación de recurso humano
La implementación exitosa de la IA en el Sistema Penal depende de la formación adecuada del recurso humano, especialmente de quienes hacer parte del área de derecho y protagonistas del sistema judicial, como son los jueces, fiscales y abogados, todos los cuaes deben estar capacitados para comprender cómo funcionan los algoritmos de IA y cómo utilizarlos de manera ética y responsable.
3. Acceso a tecnologías en condiciones de igualdad
La desigualdad digital que limita el acceso a la justicia para sectores de la población, puede generar un desequilibrio importante en la implementación de la IA en el Derecho penal; ya vemos la dificultad que tienen muchos ciudadanos sólo para acceder a los sistemas de información de la rama judicial y la fiscalía.
4. Sesgos algorítmicos y discriminación
Uno de los problemas más complejos de la IA en la justicia penal es el riesgo de sesgos algorítmicos. Si los datos utilizados para entrenar los sistemas de IA contienen sesgos raciales, socioeconómicos o de género, estos pueden perpetuarse y amplificarse en las decisiones judiciales. Esto puede llevar a decisiones injustas y discriminatorias, afectando de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables. Los sesgos algorítmicos son particularmente peligrosos en sistemas penales, en los que una decisión errónea puede significar la privación injusta de la libertad de un sindicado. Es esencial que los sistemas de IA sean continuamente auditados y supervisados por profesionales, y con diferentes visiones de formación.
5. Privacidad y protección de datos
La recopilación y análisis de grandes cantidades de datos personales también plantea importantes preocupaciones en cuanto a la privacidad. En Colombia, la Ley 2213 de 2022 establece lineamientos claros para proteger la privacidad de los individuos en el uso de tecnologías avanzadas, pero aún existen vacíos legales en cuanto al uso de la IA para procesar datos sensibles1. En la era de la información y las nuevas tecnologías, ha sido recurrente afirmar que quien tiene los datos tiene el poder.
Ideas para una discusión final
La IA presenta un potencial inmenso para transformar el Sistema Penal y Penitenciario, pero su implementación debe ser cuidadosamente planificada y evaluada. A medida que los países de América Latina, como Colombia, comienzan a integrar estas tecnologías en sus sistemas judiciales, es crucial que lo hagan de manera que se prioricen la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas involucradas. Estas son piedras angulares que garantizarán que la IA no solo sea una herramienta de eficiencia, sino que también contribuya a un sistema de justicia más justo y equitativo.
Ya hemos desarrollado algunos riesgos sensibles, como los sesgos algorítmicos, que pueden aumentar variables de discriminación, más si estamos hablando de personas privadas de la libertad o clientes del Sistema penal, en mi opinión es fundamental que los profesionales del Derecho, los responsables políticos y la sociedad civil trabajen juntos para establecer marcos normativos que regulen el uso de esta tecnología, asegurando que su implementación esté guiada por principios éticos y legales robustos.
Esto implica fomentar un diálogo continuo entre expertos en tecnología, juristas y la comunidad en general, discutiendo abiertamente los beneficios y desafíos que presenta la IA, bajo un enfoque equilibrado que combine la innovación tecnológica con la ética y la legalidad.
Solo así podremos asegurar que esta herramienta, en lugar de perpetuar desigualdades existentes, contribuya a un sistema de justicia que sea verdaderamente inclusivo y que priorice el bienestar de todos los ciudadanos. En conclusión, la implementación de la IA en el sistema penal no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino como un medio para alcanzar una justicia más efectiva y equitativa, donde cada voz sea escuchada y cada derecho sea respetado.
Deberá también erradicarse un temor latente y es que la IA pueda reemplazar a jueces y otros profesionales, lo que es imposible porque esta tecnología no puede interpretar ni empatizar aspectos esenciales en la justicia, por eso, no debería verse como un sustituto, sino como una herramienta que apoya el juicio humano. Para aprovecharla, sin deshumanizar el proceso, es fundamental establecer límites claros y asegurar que siempre esté al servicio de una justicia que respete los derecho y valores humanos esenciales.
1. Congreso de la República. (2022). Ley 2213 de 2022. Diario Oficial.
2. Fiscalía General de la Nación (2018), Prisma.
3. Congreso…, op. cit.
* Estudiante de Derecho Unaula. Semillero La Cuestión Penal y Penitenciaria.
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