25/Mar/2025. Entre las múltiples visitas realizadas por la “XXI Comisión asturiana de verificación de Derechos Humanos en Colombia”, merece especial interés la realizada a la zona de Chimichagua, departamento de Cesar, una tierra considerada hostil, en la que hay una abierta hegemonía de los paramilitares. Sin embargo, pese a ello, las organizaciones populares se mantienen fuertes en la zona, intentan resistir dicha presión y se las ingenian para llevar adelante experiencias de recuperación de tierras que nos dejaron con la boca abierta a quienes tuvimos la suerte de hacer la ruta que nos llevó a ese municipio, situado ya al final de lo que se conoce como el Magdalena medio.
Llegamos a la capital municipal coincidiendo con una luna llena roja que se reflejaba de forma espectacular en la laguna o ciénaga de La Zapatosa, que cuenta con una superficie superior a los 1.200 kilómetros cuadrados de agua dulce procedente fundamentalmente de las aguas del río Cesar. Protegido por ley, sus aguas abastecen de pescado a una amplia zona de la región, convirtiéndose la pesca en una de las actividades más importantes en la zona tras la agricultura. Es por ello que, para las organizaciones populares, la defensa del territorio pasa por sus aguas y sus tierras como ejes fundamentales de una economía con base en el sector primario.
Tras una visita mañanera, cuando el sol todavía permitía desplazarse por la zona, el grupo visitante realizó una salida de una hora de duración para admirar la belleza del parque acuático así como la observación de la actividad de venta del pescado en la orilla tras una noche de trabajo de los pescadores. El agua se convierte así en una fuente de vida y riqueza para una parte de la población de la zona.
Poco después, nuestros anfitriones del Coordinador Nacional Agrario (CNA) nos llevaron a conocer dos experiencias de recuperación de tierras. Sus protagonistas prefieren emplear el concepto de recuperación en lugar del tradicional de ocupación, partiendo de la idea de que esas tierras vuelven a manos de quienes deberían ser los verdaderos dueños, aquellas personas que las trabajan y las ponen en explotación.
La primera visita se hizo a la finca conocida como La Oficina. Se trata de una explotación que está dividida en cuatro partes que tiene una superficie de 2.200 ha. Su ocupación se produjo después de un profundo estudio sobre la situación legal del predio. Buena parte del latifundio era con anterioridad un baldío por lo que se hace difícil la reclamación del dueño anterior ya que ni cultivaba las tierras ni fue capaz de presentar una denuncia por ocupación de tierras en el plazo estipulado para estos casos de quince días. Trascurrido el mismo, la situación legal para su devolución a anteriores propietarios se vuelve complicada. Estos mantenían buena parte de la finca sin explotar. Además, solo permitían plantar yuca y maíz a los campesinos que allí trabajaban, prohibiendo los árboles raizales y otros cultivos.
Iniciada la ocupación en mayo de 2021, se contó para ello con 173 familias distribuidas entre las cuatro partes junto con otras 130 procedentes de otra asociación. Durante este tiempo se han producido dos intervenciones de la policía colombiana, la ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) que los ocupantes fueron capaces de resistir. A día de hoy se puede decir que la situación de la finca está consolidada al haber superado las órdenes de desalojo y haber avanzado en el proceso de legalización de la recuperación. Hasta ahora se han dado dos adjudicaciones provisionales y las familias se encuentran a la espera de la adjudicación definitiva que no acaba de llegar. No se descarta que el expediente para cerrar legalmente el conflicto pueda estar “perdido” en cualquier cajón de algún funcionario refractario a cualquier cambio en la titularidad de las parcelas.
Para el CNA, se entregan las tierras que el movimiento campesino decidió recuperar. No porque el actual gobierno las entregue como como una concesión, sino como consecuencia de la lucha del campesinado. El objetivo es blindar legalmente los territorios recuperados para defenderlos de aquellos actores que aspiran a ocuparlos para destinarlos a usos no agrícolas (hidrocarburos). Se trata de consolidar un TCAM (Territorio Campesino Agro-Alimentario).
La explotación recuperada Nuestra América
La otra experiencia de recuperación de tierras es peculiar. La finca, conocida como Las Américas, en el proceso de ocupación/ recuperación pasa a ser renombrada como Nuestra América, nombre que refleja la apropiación y con el que se conoce en la actualidad. El proceso ha sido dirigido por la Comisión por una vida digna, entidad organizada en torno al Coordinador Nacional Agrario (CNA). Se trata de una gran propiedad de 1.453 ha., que estuvo en manos de conocidos paramilitares, que en su origen dedicaban las tierras a la ganadería extensiva.
Uno de sus primeros dueños, el Nene, estuvo acusado de narcotráfico, lavado de capitales y asesinato de sindicalistas de la empresa Drummord, entidad encargada de la exploración, explotación, transporte y exportación de carbón. Esta actividad, pese a estar centrada también el sector primario, generó un fuerte rechazo social por alteración ambiental y destrucción del medio. Fueron los paramilitares quienes se encargaron de eliminar la resistencia popular con el asesinato de varios sindicalistas. Ante la posible confiscación de la finca, el Nene se la transfirió a Hugo Manuel Rodríguez Fuertes, alias Barbie. A pesar de todos los intentos por mantener la propiedad en sus manos, la finca fue embargada por la Fiscalía del estado, lo que abrió las puertas a los recuperadores actuales que iniciaron un lento proceso de consolidación de la propuesta y captación de familias campesinas dispuestas a ocupar el predio.
Ha sido una larga lucha por la ocupación efectiva, con múltiples trabas legales, empezando por la Alcaldía municipal, cómplice de los anteriores propietarios, que no apoya el proceso de entrega de tierras. Se han alzado múltiples voces anunciando el retorno, tarde o temprano, de los paramilitares para recuperar una propiedad que consideran suya y dar una lección a las familias ocupantes. En definitiva, esas voces anuncian una masacre: regarán las tierras con su sangre, anuncian. Sin embargo, esto no amilana al movimiento recuperador que ha logrado asentar a unos 600 campesinos correspondientes a unas 140 familias de 8 asociaciones. Se han levantado viviendas y servicios comunitarios así como una tienda para la comunidad. Poco a poco la vida se va organizando en Nuestra América.
Cada familia recibe un lote de 10 ha. Se combina el trabajo colectivo de la tierra con aportes individuales que son reconocidos. No está permitido contratar mano de obra para trabajar las tierras. Son las familias que han recibido el lote las que tienen que garantizar su puesta en explotación.
Desde el año 2021 se han producido varios asesinatos. Esto, unido a las voces que anuncian un retorno de los paras y una masacre entre los ocupantes, ha generado la necesidad de organizar la defensa de Nuestra América. Para ello se ha puesto en marcha una muy modesta y limitada Guardia campesina, encargada de garantizar la seguridad del perímetro de la finca con escasos medios y sin armas. La verdadera defensa de Nuestra América pasa por la culminación de la entrega legal del predio por parte del estado a la entidad que gestiona y garantiza la ocupación. Este hecho ayudará a reducir los argumentos esgrimidos por el sector paramilitar y, por otro lado, por el refuerzo de la Guardia campesina, encargada de lanzar las alertas para la defensa del territorio, expulsar a personas ajenas a la finca y diseñar un plan de autodefensa pacífica frente a la irrupción de actores armados. Con el fin de ayudar a reforzar la Guardia campesina, algunas personas participantes en la Comisión de verificación hemos comenzado a trasladar a nuestras asociaciones y amistades la idea de colaborar en la financiación de los materiales básicos que necesita la Guardia, principalmente uniformes y walkie talkies, una tarea que consideramos urgente vistas las amenazas que existen sobre Nuestra América. Cualquier colaboración será bienvenida.
25/03/2025
Tino Brugos es miembro de la redacción de viento sur y ha formado parte de la XXI Comisión asturiana de verificación de DDHH en Colombia que ha visitado recientemente ese país
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