El pasado 29 de septiembre, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó su Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia, en esta ocasión centrado en el tema de la tierra y el campo.
La entrega del Informe creó todo tipo de expectativas, bien por la importancia del tema, bien por tratarse de un examen que hacen investigadores nacionales e extranjeros bajo la tutela de un organismo multilateral, bien porque uno de los pilares del actual gobierno (sus llamadas locomotoras) descansa en el campo. No son casuales la presencia y el acompañamiento que el Presidente hizo a la entrega en público del informe.
Los responsables del informe, denominado “Colombia Rural. Razones para la Esperanza”, parten de los siguientes interrogantes para su investigación: “Cómo y por qué está concentrada la propiedad de la tierra y cuáles son los efectos de ello; en qué forma se ha ocupado y explotado el suelo y qué conflictos han surgido de allí (agricultura versus ganadería versus minería versus zonas de reserva ambiental); por qué el desempeño económico de este sector estratégico no ha sido el mejor; qué factores afectan el ejercicio de la democracia en los territorios; y cuál ha sido el impacto del largo proceso de deterioro de las instituciones públicas responsables de orientar la marcha del sector agropecuario”.
La respuesta que dan a estos interrogantes los lleva a varias conclusiones sustanciales:
- “En Colombia impera un orden social injusto”.
- Aquí “fracasó el modelo de desarrollo impuesto”.
- “El país entró en la modernización sin haber resuelto el problema agrario”.
- Pese a lo creído, el peso de lo urbano es menor que lo hasta ahora establecido.
- “La situación imperante de injusticia no ha cambiado por falta de decisiones políticas y de una visión de largo alcance sobre lo rural y su papel estratégico para el desarrollo”.
- “Como reto crucial para el despegue de la Colombia rural, el Informe plantea el de la superación del conflicto armado. […] eje fundamental del desarrollo del país; desarrollo con equidad, con inclusión y en democracia”.
- “Reforma rural transformadora”. “Esta reforma […] va más allá de una reforma agraria y considera cambios en la estructura de la tenencia de la tierra. Esta propuesta concibe el desarrollo rural en función del territorio, centra la atención en los pobladores más excluidos y vulnerados, y exige cambios en el modelo económico. Es categórica en rescatar el liderazgo sustantivo del Estado y en advertir que no es posible si no se erradican de raíz factores estructurales como la concentración de la propiedad rural, la pobreza y la miseria, y un orden social y político injusto y excluyente”.
- “La solución de la deuda social y política con el mundo rural de Colombia, al cual se le ha dado la espalda por décadas, necesita de más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado. Esta máxima adquiere toda su proyección en el sector rural, donde la precariedad institucional es notoria”. Para los investigadores del PNUD, “la preservación del orden social rural, con todas sus inequidades y ataduras al desarrollo, se fundamenta en: (a) una estructura de la tenencia de la tierra convertida en un inamovible para la política pública, (b) una jerarquización social que coarta la movilidad de las personas en la estructura de la sociedad, y (c) una hegemonía política tradicional que restringe las elecciones libres, limpias y competitivas”.
- “La intervención en política de los grupos armados por fuera de la ley, la persistencia de ciertas élites políticas en los gobiernos locales, el desconocimiento del campesinado como actor político, su despojo y desplazamiento forzado, y políticas agrarias sin interés en modificar la estructura de la tenencia de la tierra han conducido a la conservación de un orden social rural resistente al cambio”.
En “Colombia Rural. Razones para la Esperanza” se propone una hoja de ruta “para dar tres grandes pasos. El primero involucra voluntad política y compromiso de la sociedad colombiana para equilibrar las prioridades y jugar más por el país rural. Para el Informe, el mejor aliciente es un gobierno respaldado por una coalición liderada por sectores modernizantes que entienden que esta es una oportunidad única para superar la pobreza y la desigualdad, y remover las causas estructurales del conflicto.
El segundo, afirma el Informe, implica un gran consenso nacional para aceptar corregir el rumbo, es decir, optar por un modelo de desarrollo en el cual el bienestar de la gente sea el fin último; que dé prioridad a la sostenibilidad ambiental;
El tercero es un abanico de opciones de política pública con dos grandes prioridades: resolver el conflicto y superar la pobreza; y cuatro ejes de trabajo: seguridad humana, desarrollo rural, desarrollo institucional y política integral de tierras. La ventaja es que se sabe cuál es la situación, qué se puede hacer y cómo hacerlo.
“Elevada concentración de la propiedad de la tierra”
En lo fundamental, el Informe de Naciones Unidas destaca lo ya conocido en Colombia, lo tantas veces reiterado, el motivo de infinidad de marchas y acciones heroicas del campesinado nacional en demanda de reforma agraria, o, en otras palabras, el esfuerzo de miles por lograr la transformación de la estructura de la tierra en el país, por lo cual han sido criminalizados una y otra vez. En defensa de ello, en los últimos 30 años se llevó a cabo, contrario a lo demandado por el campesinado, una inmensa contrarreforma agraria.
Con el diagnóstico y la propuesta de Naciones Unidas coincide el presidente Juan Manuel Santos. Su diagnóstico reconoce la concentración de la propiedad, su improductividad, el uso inadecuado de la misma, y como el organismo multilateral reclama la necesidad de “modernizar” el campo o dispone al establecimiento para una modernización del campo o se preocupa por un desarrollo capitalista del mismo. De hecho, así avanza en sus primeros meses de Gobierno: motivando la inversión de capital en empresas rurales.
No es extraño, por tanto, que las palabras pronunciadas por el Presidente en el momento de recibir el informe éste resaltara su preocupación por la “tierra improductiva” o la necesidad de rechazar prácticas rentísticas que se han enquistado en el mundo rural. “El mercado de capitales de inversión no debe mirar a los campesinos como vendedores de tierras baratas sino como propietarios que pueden asociarse en buenos términos con los inversionistas”.
Por esta vía se avecina un inmenso mercado de tierras en Colombia, el cual requiere la legalización de la propiedad. La Ley de Tierras es parte de esta dinámica: enmendar una parte de la inmensa y violenta expropiación de tierra llevada a cabo –con la complacencia oficial– en los últimos años. De ello es parte sustancial la recuperación de los baldíos estatales, apropiados ilegalmente por los terratenientes de siempre.
El Informe, entonces, que invita a un gran y permanente debate nacional, hace parte de esta dinámica de legalización, pues no examina opción alguna para atender sus parcelas, a la hora del bienestar para los campesinos, indígenas y afrodescendientes, que no sea la vía capitalista.
El debate, sin duda, es una oportunidad y una necesidad para nuestra sociedad. Las organizaciones sociales vinculadas al campo deben recogerlo y liderarlo con toda energía. Hay que enfrentar la iniciativa oficial desde otra propuesta para el campo y todos aquellos que lo habitan y trabajan. Si así se hiciera, como lo afirma el Informe, hay “razones para la esperanza”.
Recuadro
Observaciones sobre un informe
Al leer el informe “Colombia Rural. Razones para la esperanza”, hay que subrayar que los investigadores, al relacionar las contradicciones propiciadas por el modelo dominante en el campo, no resaltan la existente entre terratenientes versus minifundistas y campesinos sin tierra. Ausencia notoria, pese a que en el capítulo V, “La estructura de la tenencia de la tierra es un obstáculo al desarrollo humano”, se dice: “Para el año 2009, el Gini de propietarios ascendió a 0,87 y el de tierras a 0,86. Ambos datos son alarmantes y ponen a Colombia como uno de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina y el mundo”, faltante notable, ya que esta contradicción establece uno de los orígenes del conflicto que desangra a nuestra sociedad, constituyéndose en una de las explicaciones para su prolongada supervivencia.
Hay que resaltar, de igual manera, cómo para los investigadores del PNUD el problema fundamental de la tierra en Colombia –y del modelo de desarrollo vigente– parece ubicarse en la ausencia de voluntad política para resolverlo, cuando el elemento central son los intereses económicos –que determinan lo político y la dinámica de las contradicciones de clase que dominan en nuestra sociedad.
Asimismo, es prácticamente imposible exigirles a los técnicos del PNUD, que se refirieran al tema de la soberanía y la autonomía política del país como uno de los motivos de la actual situación rural. Primero, la apertura económica de los noventa y la casi aniquilación de los productos de ciclo corto, y ahora los Tlcs que comienzan a ser las verdaderas “locomotoras” estructurantes del campo colombiano. La soberanía alimentaria no pasará de ser mero discurso sin soberanía política, por lo que la situación del campo se convierte en pivote que articula la base económica y la estructura social, máxime cuando el país se sustenta en rentas del sector primario.
Sus prioridades en el análisis también los llevan a olvidarse de destacar la importancia que tiene lo simbólico para los acaparadores de tierra. El status, el lujo, la hibridación entre poder económico y poder político, también pesan –y determinan– a la hora de mirar la historia del desarrollo de nuestra sociedad, y en ella la dinámica que ha dominado en el campo.
Tierra como lujo, como poder simbólico. Se trata de una característica que cargamos desde la época de la Colonia, cuando la tierra para el invasor no era un bien de producción sino la base de su poder señorial. La relación se extiende por siglos a través de los terratenientes tradicionales, y toma nuevas y reforzadas manifestaciones con los nuevos señores de la tierra: los narcotraficantes.
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