Trampas a la verdad e intento por reconstruir la historia oficial

Atribuir a las guerrillas más acciones contra la población civil de las que comete y maquillar la actuación de la Fuerza Pública o de los grupos paramilitares sólo puede tener un propósito: negar la verdad de lo ocurrido y configurar otra historia, una historia oficial.

Al mejor estilo del segundo de los 10 preceptos de la propaganda de guerra, “el enemigo es el único responsable de la guerra” (ver recuadro) el país ha sido testigo de reiterados intentos oficiales por manipular la realidad. Desde el sonado caso del collar bomba hace más de una década hasta el reciente fallo sobre los hechos de Santo Domingo (Arauca), una sombra de duda se cierne sobre las acciones que ocurren y de inmediato, a través de declaraciones públicas de autoridades civiles o de la fuerza pública, son atribuidas a las guerrillas (farc y eln) para luego rectificar en voz baja, silenciar o desviar las investigaciones cuando éstas comprometen al Estado o a los grupos armados que actúan bajo la connivencia de agentes oficiales.

Las manipulaciones son dicientes. En marzo de 2012, un fallo judicial intentó contradecir actuaciones previas de la justicia nacional e internacional, que ya habían confirmado la responsabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana en la masacre de Santo Domingo, ocurrida el 13 de diciembre de 1998, en la cual murieron 17 campesinos víctimas de un bombardeo. En una actuación poco clara, el juzgado especializado de Arauca había condenado a Germán Suárez Briceño, alias “Granobles”, comandante del décimo frente de las farc, por este hecho. El juez incluyó a civiles víctimas del bombardeo de la fuerza aérea dentro del caso que en realidad estaba investigando: la muerte de nueve soldados durante un enfrentamiento con las farc, ocurrido días antes del bombardeo. Finalmente, el Tribunal Superior de Arauca anuló este fallo, dejando al descubierto el intento de falsear la verdad sobre los hechos.

Este intento de manipulación no es aislado. En febrero de 2012 el país entero volvió su mirada sobre la población de Tumaco a raíz de los atentados que le costaron la vida a más de una decena de civiles y dejaron heridos a más de 70. La tragedia dejó al descubierto la situación de pobreza y abandono estatal, y el dominio de las estructuras armadas ilegales de esta zona del país. El atentado, según el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, fue el producto de una actuación conjunta entre las farc y la banda criminal “los rastrojos”, heredera de los grupos paramilitares. La respuesta estatal fue aumentar el pie de fuerza, innecesario según la comunidad, la misma que denuncia que la carga explosiva de 40 kilos salió del barrio Viento Libre de donde sólo se sale pasando por un control de la Armada y otro de la Policía.

En 2005, el atentado contra el hoy ministro de Gobierno Germán Vargas Lleras fue atribuido casi de inmediato a las farc por el entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Años después, en 2011, los mismos archivos de la entidad revelaron que tanto los explosivos como la información para el atentado comprometían al DAS y no a las farc.

Cinco años antes, en mayo de 2000, y en medio del proceso de paz con la guerrilla de las farc, la señora Elvia Cortés fue víctima de un hecho atroz: un delincuente le sujetó un collar-bomba al cuello y exigía 15 millones de pesos para retirárselo. La mujer y uno de los agentes murieron cuando intentaban desactivar el artefacto. El hecho fue atribuido a esta guerrilla, pero días después el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), de la Fiscalía, señalaba que no había certeza sobre la identidad de los autores. Un mes más tarde, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra José Miguel Suárez, integrante de una banda de delincuencia común de la zona. Once años después la Fiscalía solicitó condena por este caso.

La paz perdida entre la propaganda

Estos montajes mediáticos, con componentes judiciales y de inteligencia, buscan grabar en el imaginario colectivo la idea de un “enemigo execrable […] que tiene el rostro del diablo”, tercer principio del decálogo de la propaganda de guerra.

Como lo señala el investigador Óscar Fernando Sánchez, quien analiza los 10 preceptos de la propaganda de guerra a la luz de la realidad colombiana en su libro La fábrica del consentimiento uribista, “esto deriva en la legitimación de un lenguaje y unos calificativos que van en el sentido contrario a un camino de paz que, paradójicamente, reclaman todos los que lo usan”. La población civil ha sido la principal víctima de esta lógica. Es el triste saldo de un conflicto armado que no encuentra salida por la vía de la guerra.

El reto se va haciendo claro. Para avanzar por el camino de la paz y hacia un escenario de auténtico posconflicto, es necesario reconocer que el Estado, garante de los derechos humanos, los ha violado de manera sistemática durante más de cinco décadas. Negarlo implica retrasar o impedir procesos históricos de verdad, justicia y reparación que permitan sanar las heridas, entender las causas y las lógicas que le dieron base al conflicto armado en Colombia, y que lo mantienen vivo, lejos de un posconflicto.