En el poder y en la ciudad de Medellín, con denuncias e investigación sobre la existencia al menos de 250 combos armados, cruza un reacomodo con trasfondos mafiosos. Entre las acciones de narcotráfico, política tradicional, lavado de divisas, compra de conciencias y de adhesiones políticas, amenazas, complicidades, impunidad y asesinatos, nacen nuevos dominios. Tienen base, y derivan con el control territorial y la inserción institucional una de las más claras expresiones de la “cosa nuestra” que es notoria por toda la urbe. La parapolitíca y su control territorial aparecen como una antesala de la forma y uso de dominios nuevos de la política, la economía y la administración de la violencia, que son un fenómeno de grandes implicaciones que trae nuevos retos para las organizaciones sociales. ¿Cómo sucede y cómo actúan en Medellín, qué poderes existen, qué dominio campea.
Una historia con un presente largo para no olvidar. En uno de sus capítulos más conocidos, aún tiene consecuencias la reposición de los “desmovilizados” como manejadores de orden y justicia en los barrios. Ya sobresale que la capital de la montaña es objeto “de disputa por los grupos ilegales las rentas económicas derivadas en gran medida del narcomenudeo, las extorsiones, los juegos de azar, redes de prostitución y el lavado de dinero; […] uno de los ejes primordiales de disputa es el control de la población, en tanto su dominio garantiza a las agrupaciones condiciones de seguridad y supervivencia, vulnerando de manera sistemática sus derechos humanos como medio para conseguir sus objetivos”. Una parte de la realidad que en el primer semestre de 2011 hizo público un informe de la Personería de esa ciudad. Así sucedió y sucede en Medellín –no una isla–, en evidencia o anuncio por supuesto, de hechos que en alguna medida ocurren en otras partes. ¿Cómo obtienen ese control sobre la población?
Corría 2009. En su momento, el Alcalde Alonso Salazar advirtió, puso en conocimiento de los ciudadanos y las instituciones que la Fiscalía Seccional, con su director Guillermo León Valencia Cossio, hermano del entonces Ministro del Interior, así como el comandante de la Policía Metropolitana, general Marco Antonio Pedreros, mantenían vínculos con estructuras delincuenciales de la ‘oficina de Envigado’ y con alias Don Mario, su cabeza más visible. Las dos instituciones más importantes –con alcance institucional1– penetradas y cooptadas por la parapolítica. Pero las denuncias por el copamiento paramilitar no pararon ahí. El alcalde también señaló por el delito de extorsión y relación con bandas criminales al principal negociante de la Central Mayorista de la ciudad, Alirio de Jesús Rendón Hurtado (alias Cebollero), y a una empresa de vigilancia. Estas declaraciones, que tuvieron amplia difusión en su momento, dieron cuenta de los graves hechos sucedidos en esa ciudad, y de la presencia larga, y con consecuencias para sus habitantes, del crimen paramilitar.
El 29 de septiembre de 2010, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo (016-10): De acuerdo con la alerta, estarían en riesgo cerca de 298.436 personas habitantes de 54 barrios de 11 comunas, “en situación de alto riesgo de padecer desplazamientos forzados intraurbanos, amenazas, atentados, asesinatos, restricciones a la movilidad, entre otras vulneraciones”. Las zonas en riesgo serían las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13, así como los corregimientos de San Antonio de Prado, Altavista y San Cristóbal.
El documento del SAT resalta como factor de riesgo las acciones violentas de los grupos armados ilegales que actúan con las autodenominaciones ‘oficina de Envigado’ y Los Paisas. “Utilizan, de manera directa o a través de bandas y redes delincuenciales el terror, el miedo y la intimidación, como mecanismo para mantener el control social de la población […] complejo entramado de grupos armados reconvertidos después del proceso de desmovilización paramilitar, que han preservado su capacidad de incidencia coercitiva en diferentes sectores de la vida de la ciudad y que tienen vocación de actuar en el campo de lo político. Aspecto último, con una cuota alta de atención noticiosa y acción judicial.
Como es notorio, en Medellín hubo paramilitarización, y la ‘desmovilización’ del Bloque Cacique Nutibara escenificada el 25 de noviembre de 2003, en realidad fue ficticia. Cambiarion las formas, y su existencia y control prosiguió con nuevas formas. La Personería, en el informe que citamos, no deja dudas: “No existe patrullaje de la ciudad con pasamontañas ni armas de largo alcance. Es un control invisible, con amenazas, con armas camufladas de corto alcance, con expulsiones de los barrios […] Hoy se respira un nuevo clima pero los habitantes de las comunas coinciden en afirmar que detrás de la aparente calma están agazapados los nuevos dueños del orden local: los grupos paramilitares que controlan los suburbios de Medellín con mano de hierro”2.
Sobre la situación de derechos humanos en Medellín, este informe presenta datos sobre amenazas, desplazamientos y desapariciones forzadas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; violencias sexuales, vinculación y utilización de niños/as y adolescentes, así como masacres, ataques indiscriminados y homicidios (aumentan en los territorios de más intensa disputa territorial “como es el caso de las comunas 13, 8 (ver recuadro De luto la Comuna 8), 10, 16, 2 (barrio La Rosa), 3, 5 y 6, y los corregimientos de San Antonio de Prado, San Cristóbal y Altavista”. Y dice que “según la Policía Metropolitana existen alrededor de 200 bandas delincuenciales articuladas a 20 organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico (Odin) al servicio de las dos facciones de la ‘oficina de Envigado’, modelo de delincuencia organizada replicado en otras ciudades (Oficio 1205 del 25 de julio de 2005”.
A la vez, y ante los hechos, la Defensoría del Pueblo explica que la disputa entre los grupos armados ilegales surgidos luego de la desmovilización de los bloques que operaron en Medellín, así como las estructuras armadas de la ‘oficina de Envigado’, los llamados ‘combos’ y bandas al servicio del narcotráfico “tienen el propósito de garantizar las condiciones para la consolidación y legitimación de un modelo socioeconómico y político […]3. Estos grupos son la expresión local de sofisticadas redes criminales con profunda inserción social e institucional. Su denuncia y caracterización de esta realidad no puede aparecer como producto de simples organizaciones de “delincuencia común” y expresión de “personas pobres o disfuncionales” con su vida bajo el sino y la dedicación única o principal en actividades al margen de la ley.
Paramilitarismo y expansión, derivaciones y ramas de ‘cosa nostra’ mafiosa
Ante tales manifestaciones delincuenciales, es posible sí que en su estructura haya diversos grados de capacidad criminal por la incorporación de organizaciones pequeñas, con baja potencia destructiva, que actúan en cadena con grupos de mayor envergadura. En esta forma, es considerable la existencia y la presencia de encadenamientos productivos del comercio de droga en variada escala, unos que producen materias primas, otros que transportan y otros que comercializan […]. En resumen, no hay grupos locales armados que puedan considerarse autónomos. Todos están insertos en las redes criminales que actúan y buscan penetrar, consolidar o ampliar los dominios territoriales en la ciudad.
Al respecto, para la Defensoría4 “estos grupos no sólo actúan en el marco de la disputa por las rentas provenientes de todo tipo de actividades ilegales sino que [además] generan estructuras híbridas que imbrican tanto la captura de rentas ilegales como de negocios legales, que se explican por dos procesos convergentes, la necesidad de legalizar activos provenientes de actividades ilícitas y la incursión de estos grupos, desde hace varios años, en el mundo de la economía legal, estableciendo alianzas empresariales muy fructíferas.
No pasa desapercibido (sic) que tanto las investigaciones académicas de organismos como la Corporación Nuevo Arco Iris como las penales adelantadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, genéricamente conocidas como “parapolítica”, pusieron al descubierto que el accionar paramilitar desde mediados de los años 90, además del componente contrainsurgente, incorporó los intereses de una amplia red de sectores económicos, sociales y políticos que vieron en la estrategia paramilitar una buena oportunidad para reconstruir un orden social funcional a sus intereses y para acumular poder en diversos campos. Una buena parte de esta iniciativa se concretó en la estrategia de alianzas para la toma del poder local (…)”5.
Ya con la proximidad de las elecciones, en octubre de 2011, el politólogo Max Yury Gil advirtió acerca del alcance de esa realidad en Medellín y la naturaleza y “vocación de actuar en el campo de lo político” de las “sofisticadas redes criminales” que operaban en la ciudad. Y desde su marco intelectual recomendaba: “Los habitantes de esta ciudad tenemos un reto […] decidir cómo les va a ir a los candidatos que nos proponen los grupos armados, esos que han sido responsables de buena parte de los 1.982 jóvenes asesinados en la ciudad, entre ellos los cinco líderes juveniles de la comuna 13. (…) es fundamental que la institucionalidad rodee de garantías este proceso, pero especialmente que demuestre un compromiso más allá de toda duda sobre la ruptura con la criminalidad, que implica una renuncia absoluta a construir la gobernabilidad en alianza con las mafias que actúan en Medellín y a tolerar que sectores oficiales actúen al margen de la ley”6.
Por su parte, Manuel Alonso y Jorge Giraldo señalaron desde 2007 que en Antioquia y Medellín “las bandas, las estructuras del crimen organizado, los paramilitares y los grupos de autodefensa barrial tienen una relación entre sí a través de un conjunto variable de intermediarios”. Cada uno, “establece las relaciones específicas de los nodos con el entorno”7. Medellín y su realidad casi aplastante, como vamos viendo en el curso de este artículo, llevó a estos dos académicos a concluir: La existencia de una gran economía ilegal, con un mercado de seguridad compuesto por múltiples demandantes y oferentes armados, que se estructura sobre la figura de los intermediarios legales y no legales –en medio de una débil institucionalidad. Mercado y marco político y de poder que pone las ‘intenciones’ de desmontar el paramilitarismo en el lugar inmodesto de los ideales.
Creerlo así es suponer que con las desmovilizaciones que fueron realizadas y escenificadas se puede desmontar el proyecto paramilitar. Equivale a decir que es posible recoger con los dedos la gota de mercurio que cae al piso. Pero no fueron sólo académicos; también diversos movimientos y organizaciones sociales advirtieron sobre las transformaciones problemáticas que experimentan durante la última década los actores ilegales en la ciudad.
Hace cuatro años (2008), organizaciones como Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica y Vamos Mujer, en un informe presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmaron: “Posterior a la cooptación de bandas y combos que emergían en la ciudad hacia 2003, momento de la mal llamada desmovilización, se da un proceso de reposicionamiento de los desmovilizados como administradores de orden y justicia en los barrios, que configuran su autoridad mediante castigos físicos, amenazas y desplazamientos como formas de controlar socialmente las poblaciones”8.
Ante el dominio público de este suceder, la existencia de grandes jefes y complejas organizaciones delincuenciales no son ficciones de Alonso Salazar, el alcalde de la urbe por entonces, al denunciar las circunstancias apremiantes de la misma. A finales de 2009 y comienzos de 2010, una Comisión por la Vida mantuvo contactos con grandes jefes delincuenciales, buscando un acuerdo para que, en palabras de Jaime Jaramillo Panesso, destacado miembro de la Comisión, “la situación en la ciudad se pacifique, no se maten entre ellos y no maten personas inocentes”9. Un vano o superficial intento.
Los mapas realizados por la Personería de Medellín en 2008 y 2011 identifican bandas y combos delincuenciales en la ciudad, que en su mayoría permanecen en las zonas.
El lugar de la raíz del fenómeno y sus “conexiones secretas y alarmantes”
En el mundo y en la polémica jurídica y del Derecho fue noticia que el fiscal Giovanni Falcone, a quien la mafia que investigó en Palermo (Italia) lo asesinó en 1992, caracterizó en forma pública la configuración mafiosa como un tejido de conexiones secretas y alarmantes y de compenetraciones orgánicas.
Dada esta estructura para el delito, el articulista y etnógrafo Aldo Cívico10, quien desde hace 10 años estudia el trasfondo etnográfico –los sectores de la sociedad–, sobre quienes gravitan la incidencia, los beneficios y el disimulo del paramilitarismo en Medellín, y quien viajó como parte de su investigación con Leoluca Orlando, ex alcalde antimafia de Palermo, a Monterrey (México), pone sobre la mesa que “la raíz del problema [de la violencia paramilitar] no está en los barrios marginales”, aunque sea allí donde la violencia tiene sus manifestaciones. Aduce él, en cambio, que tal problema está y tiene su dinámica: en los comportamientos y espacios donde los sujetos que cuentan con un recurso de poder y vínculo con individuos de la clase dirigente, y en cuya relación y lugares tienen un amplio margen de resguardo, “manejo y acuerdo de las turbias alianzas […] garantía de la impunidad”. Son estos entonces unos espacios centrales y de ‘cinco estrellas’.
Cuando Raúl Hasbún Mendoza le suministró a la Fiscalía una lista de 240 bananeros, 400 ganaderos y 4.200 comerciantes, como capítulo de la ‘paraeconomía’, su primera derivación fue la medida de aseguramiento contra Guillermo Gaviria Echeverry, un nombrado bananero en Urabá y padre del actual alcalde de Medellín. Estos hechos, permiten traer “a la mente unas analogías”, directas, similares, para usar palabras del investigador Cívico, con el hecho mafioso que hace parte de la historia en Italia. Unas analogías que también son claras ante el caso ya público de la ‘Convivir Papagayo’, que operó con los grupos paramilitares en Urabá, y que por las relaciones que estableció recibió una condena en Estados Unidos la empresa Chiquita Brown. Ejemplo o analogía que caracterizan el hecho mafioso ya con desarrollos. Con adelantos en la relación con el poder y su origen de legitimación que en un ejemplo mínimo la Corporación Arco Iris referencia en su II Informe 2011 sobre la acción de combos que “infiere la instrumentalización política […] en Villa Hermosa y Altavista para hacer proselitismo electoral y obstaculizar físicamente el desarrollo de campañas electorales de otros candidatos”11. Al respecto, la profesora Gina Margarita López concluyó de manera contundente: “En Medellín impera el voto “amarado”, el voto comprado”12.
En agosto de 2009, el periodista y analista del conflicto urbano en Medellín Juan Diego Restrepo veía que ‘organizaciones’ como la ‘oficina de Envigado’, estructuras de origen paramilitar como la de Diego Rendón Herrera, alias don Mario; grupos narcotraficantes como Los Rastrojos e históricas bandas de Bello, Itagüí y Medellín, buscan hacerse a un dominio territorial al modo de Don Berna, a sangre y fuego. Pero hasta el momento nadie tiene el monopolio ni siquiera el Estado, que ha cedido terreno13.
Dada la caracterización y la experiencia internacional que alcanzó el fiscal Falcone y que define el espacio de movimiento de las personas con algún poder, que son quienes deciden y traman el recuso de pago o violencia para avanzar y consolidar un mayor volumen de poder, sobre un área determinada, sin considerar su extensión, ¡no es el narcotráfico desarticulado! Es, según la investigación mencionada, “la alianza del crimen organizado con poderes políticos y económicos el factor que constituye la esencia de la mafia”. En Italia, esta alianza tiene como denominación el término “intreccio”, que quiere decir trama.
Tal como vemos en Medellín y es de profundo conocimiento en Italia, la trama, ese intreccio señala “no sólo la reciprocidad entre la ‘Cosa Nostra’ y la institucionalidad sino también la amplia ‘zona gris’ en la cual es imposible distinguir dónde termina la mafia y dónde comienza la institucionalidad”, según precisa Cívico. Por tanto, concluye que “en las compenetraciones y conexiones del crimen organizado con la economía y la política está también asentada la naturaleza del paramilitarismo como poder mafioso”.
Leoluca Orlando, el ex alcalde antimafia de Palermo, al llegar a Monterrey, cuando el hermano del alcalde fue acusado de complicidad en el atentado a una discoteca que les costó la vida a más de 10 personas, declaró a la prensa: “Yo sé solamente que un alcalde que tiene una familia con relaciones con los criminales no es digno de ser el alcalde de una ciudad. No puede representar a la comunidad en la lucha contra la mafia. No se trata de justicia; se trata de ética”.
¿Debió guardar silencio el Alcalde?
La Procuraduría General de la Nación, en auto del 24 de octubre de 2011, levantó un pliego de cargos al alcalde14 por sus comentarios el 6 de octubre de 2011 “a través de la red social más utilizada en internet Twitter, el 6 de octubre; a lo cual, en el interrogatorio que tuvo al rendir versión libre, el alcalde respondió que era “harta su obligación de corregir una cantidad de cosas dichas por el candidato @luis _perez_g (quien dice que las pasadas elecciones se las robaron)” y que Pérez aducía que en las elecciones del pasado 30 de octubre había el mismo riesgo, y que “desde ya busca quitar legitimidad si el resultado no le favorece”. Y agregó que cuando Luis Pérez perdió en el 2007 “calumnió sin importarle el daño que hacía a la ciudad, y ahora calumnia como estrategia de campaña”.
Otra de las posibles fallas disciplinarias que investigadas por la Procuraduría, en un procedimiento con participación de los académicos Jorge Alberto Giraldo y William Fredy Pérez como testigos técnicos, alude a la entrega de fotografías y las afirmaciones del alcalde a los medios de comunicación escritos y electrónicos para “darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las próximas [ahora pasadas] elecciones. Este asunto abre y permite una polémica jurídica y de un desempeño ciudadano sobre la responsabilidad de un funcionario y de las actuaciones que derivan de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. Son preguntas: 1) El Alcalde utilizó el cargo con el fin de participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, 2) actividades propias de los partidos y movimientos políticos, 3) Influyó en procesos electorales de carácter político partidista, 4) Interfirió en la contienda electoral con el fin de perjudicar electoralmente a los candidatos denunciados 5) Violó las prohibiciones consagradas en la ley de garantías electorales contenidas en la Ley 996 de 2005.
Muy pronto, en sus primeros seis meses de mandato, el alcalde Alonso Salazar ya tuvo lances y hechos –nada comunes por las autoridades elegidas– de lucha pública y frontal contra la delincuencia con vínculos políticos. En su testimonio, William F. Pérez hizo notar que: “por lo menos durante las últimas tres décadas la ciudad ha sufrido una transición de organizaciones un poco más elementales, casi espontáneas, hacia […] un verdadero crimen organizado […] que se caracteriza por unos elementos básicos: permanencia, jerarquías, normas explicitas o implícitas –a veces incluso escritas–, y agentes corruptores y corruptibles que ocupan lugares permanentes en la organización”.
Dados el tamaño y la profundidad de la situación, una vez puesta en boca del Alcalde debió significar para el gobierno central y la sociedad la urgencia y responsabilidad de una “alerta temprana”, documentada por organizaciones, periodistas y académicos, incluso con un estudio que contrató el propio Ministerio de Gobierno a fin de investigar los riesgos concernientes a la época electoral, en relación a la infiltración de las mafias en la política. Ese estudio fue difundido por los medios de comunicación en agosto de 201115.
Con un volumen de delito nada subterráneo, ¿el Alcalde debiera no hablar y mantener desinformados a los habitantes de la ciudad? Cabe señalar que la actuación de un funcionario con responsabilidad política y sin acomodos cómplices está –estaría– obligado de dar a conocer la gravedad y la anomalía específicas de la situación. Tales condiciones exigirían a todo funcionario tomar una decisión de gobierno y en derecho que responda al querer de la ciudadanía. En palabras de Claudia López, “dejar de prevenir los riesgos mitigables es un acto de irresponsabilidad mayúsculo con la democracia”.
1 Ver, “La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia”, Luis Jorge Garay Salamanca y otros. 1ª ed. 2008, Bogotá.
2 Eduardo Pizarro Leongómez, “Una calma aparente. Paramilitarización urbana”. El Tiempo, Bogotá, 15 de agosto de 2004.
3 Verdad Abierta. “Urabeños y Rastrojos amenazan a Medellín: Defensoría del Pueblo” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/rearmados/2793-urabenos-y-rastrojos-amenazan-a-medellin-defensoria-del-pueblo. Un mes más tarde, la Secretaría de Gobierno de Medellín publicaba, en coherencia con los datos de la Defensoría, un análisis sobre el riesgo para la vida en las diversas zonas de la ciudad: “Del territorio de Medellín, no todas las comunas y corregimientos tienen la misma proporción de riesgo para la vida de sus residentes, existen, como San Javier (Comuna 13), otras con alta concentración de conflicto, tal como La Candelaria (Comuna 10) y Villa Hermosa (Comuna 8), donde la probabilidad de ser víctima es de un caso entre 4.842.301 para un habitante promedio de la 13, o una probabilidad de uno en 3.026.438 casos en Comuna 10 o de un caso entre 3.631.726 en la Comuna 8”. Secretaría de Gobierno de Medellín. “Documento para el diálogo ciudadano”. Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC), 11 de octubre de 2010.
4 Documento Alerta.
5 Manuel A. Alonso Espinal, Jorge Giraldo Ramírez y Diego Jorge Sierra. “Medellín: El complejo camino de la competencia armada”. En: Mauricio Romero (ed.). Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá, Cerec, agosto de 2007.
6 Informe violencia sexual y feminicidios en Colombia. Fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, 23 de octubre de 2008, por Casa de la Mujer, Mujeres que Crean, Ruta Pacífica, Vamos Mujer.
7 Verdad Abierta. “Así se pactó la tregua entre bandas en Medellín” (en línea), disponible en: http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=219108 de Febrero de 2010.
8 Twitter: @acivico.
9 Max Yuri Gil Ramírez. “Medellín: elecciones e influencia de grupos criminales”. Semanario Viva la Ciudadanía, 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.
10 Max Yuri Gil Ramírez. Medellín, violencia y riesgo electoral. Semanario Viva la ciudadanía, ed. 00249, Semana del 1 al 7 de abril de 2011.
11 Corporación Nuevo Arco Iris. “Mafias y agentes ilegales buscan rentas y el poder local. II informe. Octubre, disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/oca/informes/segundo_informe_elecciones_2011. pdf
12 Gina Margarita López. “De concurrencias y…”.
13 Redes mafiosas en el Valle de Aburrá. Juan Diego Restrepo. Semana, 26 de agosto de 2009 (en línea), disponible en: http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/redes-mafiosas-valle-aburra/127815.aspx.
14 […] deberá usted responder a la Procuraduría General de la Nación por haber utilizado su cargo y autoridad para participar en forma activa, personal y voluntaria en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías, en actividades propias de los partidos y movimientos políticos, y por influir en procesos electorales de carácter político partidista, en un período electoral en el que se exige la mayor imparcialidad de todos los funcionarios y servidores del Estado para garantizar la transparencia del mismo. Hecho éste que se concreta al haber realizado comentarios a través de la red social más utilizada en internet, “Twitter”, el día 6 de octubre de 2011; entregar fotografías y realizar afirmaciones en medios de comunicación escritos y electrónicos con el fin de darle publicidad a una posible comisión de unos hechos delictivos por parte de algunos candidatos a cargos de elección popular en las elecciones a celebrarse el próximo 30 de octubre de 2011, como los que aparecen publicados en el periódico El Colombiano de las ediciones del 7 de octubre de 2011 (p. 9A), el 9 de octubre de 2011 (p. 7A) y elcolombiano.com del 23 de octubre de 2011, en los cuales se hacen imputaciones delictivas a los señores Luis Carlos Pérez Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín; Misael Cadavid, candidato al Concejo de Medellín; Aurelio Antonio Tobón, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 8; Gary Johan Vélez Torres, candidato a la Junta Administradora Local de la Comuna 13, y Diego Javier Galeano García, candidato a la Junta de Administradora Local de El Pinar, así como por la utilización de su cargo para realizar afirmaciones sobre la presencia del candidato Luis Carlos Pérez con personas al parecer presuntamente vinculadas con hechos delictuosos; todo ello con el fin de influir en las actividades de dichos candidatos, de interferir en la contienda electoral de perjudicarlos electoralmente, afectando su imagen y poniéndolos en contra de la opinión de la comunidad, estando en pleno rigor de las prohibiciones señaladas en la Ley de Garantías Electorales contenidas en la Ley 996 de 2005”.
15 El informe fue contratado por Germán Vargas Lleras y financiado en parte con recursos del Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos. La primera fase fue investigar una muestra de 75 municipios de un universo de 211 con alto riesgo de infiltración mafiosa. “El Ministro del Interior explicó hace meses en un foro sobre las elecciones que el Gobierno quería evitar que en estas elecciones se repitiera el fenómeno de la parapolítica y que por eso contrataría a la Corporación Arco Iris, que sin duda es la ONG con mayor experiencia en investigar los fenómenos de filtración de la mafia en la política, para que aportara los insumos con los cuales los jefes de los partidos podrían escoger mejor a sus candidatos”. Juanita León. “¿Por qué Vargas Lleras no entregó a los partidos la ‘lista negra’ de Arco Iris?”. La Silla Vacía, 31 de agosto, 2011 (en línea), disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/por-que-vargas-lleras-no-entrego-los-partidos-la-lista-negra-de-arco-iris-27176. Recuérdese además que la Ley 1106 de 2006, art. 5, prorrogada en este artículo por la Ley 1421 de 2010, ordena a los gobernadores y alcaldes “atender de manera urgente las recomendaciones y alertas tempranas emanadas del Gobierno Nacional, especialmente del Ministerio del Interior y de Justicia, tendientes a prevenir, atender y conjurar las situaciones de riesgo que alteren el orden público, y las posibles violaciones a los derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario”.
Recuadro 1
Otro eslabón: Delincuencia para-electoral
En octubre de 2011, un texto titulado “De concurrencias y otras casualidades”, de la ensayista y docente universitaria Gina Margarita López, recordó algunas ‘coincidencias’ electorales y afirmó que “voces desde diferentes espectros políticos han señalado que hay zonas donde existen limitantes para desarrollar la actividad proselitista” en Medellín. Al respecto, el texto decía: “[La] candidata a la Alcaldía por MIRA ha recibido mensajes de no ingresar en las comunas 1 y 13. En la Comuna 8, un candidato no ha podido ir a la parte alta de la misma, así como el Partido Verde y la ASI no han podido hacer presencia en la Comuna 6. Estas comunas, como lo señalé, para 2007 apoyaron mayoritariamente en términos electorales a Luis Pérez, por ejemplo; en la Comuna 1 Pérez duplicó la votación de Salazar. […] Si bien la Policía desarticuló algunas estructuras que operaban en 2007 o las confrontaciones entre “Sebastián” y “Valenciano” permitieron capturar varios miembros de organizaciones delincuenciales, aún hay redes desde lo micro a lo macro que operan desde finales de los 80 en Medellín y que sobreviven, mutan y hasta han clonado a otros sectores. Por esto, su incidencia ilícita en el proceso electoral está presente.
La situación de riesgo electoral y captura del gobierno local en los comicios de 2011 incluyó un informe con mapa en el artículo “Veto a campañas”, Semana, 1º de octubre de 20111.
Por su parte, Angélica Arias, investigadora del Observatorio del Conflicto Armado, en el mismo mes de octubre, dio a conocer cifras sobre la capacidad económica alcanzada por estos agentes violentos de una denominación que aborda como neoparamilitares. Revela que “tienen la oportunidad de financiar y favorecer a algunos candidatos locales en los diferentes municipios y algunas ciudades capitales. Tienen tanto la opción de financiar campañas de los políticos de su preferencia como de comprar votos el día de las elecciones, o ceder deudas de los préstamos gota a gota bajo la idea de que sus deudores voten por un candidato específico”. Sobre Antioquia, agregó: “La influencia en las elecciones proviene en su gran mayoría de parapolíticos que aún otorgan algún tipo de apoyo a los candidatos, aunque los neoparamilitares que sobresalen en el departamento son Los Rastrojos, Los Urabeños y Los Paisas, también predominan bandas en el territorio de los municipios”2.
Como parte de otro de los intereses que estaban en juego en Medellín, Patricia Fernández (Coordinadora Regional Antioquia, Misión de Observación Electoral) dio a conocer que “el presupuesto que administrará el próximo alcalde es del orden de 14 billones de pesos, provenientes en su mayoría del recaudo de impuestos que pagan los habitantes de la ciudad. El alcalde, además, decide e incide entre otros entes descentralizados en Empresas Públicas de Medellín, UNE Telecomunicaciones, Metroparques, Empresa de Desarrollo Urbano, Metrosalud, Instituto Tecnológico Metropolitano, Institución Universitaria Colegio Mayor, Telemedellín, Instituto de Deportes y Recreación (INDER), Área Metropolitana, cuyos presupuestos superan cinco veces los del Plan de Desarrollo Municipal3.
1 http://www.semana.com/nacion/veto-campanas/165077-3.aspx).
2 Angélica Arias. “Neoparamilitares-Bacrim: Acciones de interferencia para las elecciones locales de 2011”. Observatorio del Conflicto Armado, octubre de 2011.
3 Patricia Fernández Correa. “Un voto elige bien o mal, pero elige”. Semanario Virtual Viva la Ciudadanía, ed. 00276. Semana del 21 al 27 de octubre de 2011.
De luto la Comuna 8
El 13 de junio de 2011, el portal Verdad Abierta publicó una denuncia del IPC bajo el título “No paran las amenazas a líderes en Medellín”. En ese informe, como en muchos otros, la Comuna 8 siempre se presenta a la cabeza de los sectores territoriales de la ciudad con mayores problemas de violencia y conflicto armado: “Situación en los barrios. En comunas como la 8 y la 13 la situación es alarmante. Según Jairo Maya, miembro de la Junta Administradora Local de la Comuna 8, por lo menos unos 17 líderes comunitarios de este sector centro-oriental de la cuidad recibieron amenazas en este año y ya cuatro presidentes de juntas de acción comunal han tenido que abandonar la zona en los dos últimos meses”.
Un año antes, también el IPC informaba que “en audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia Edwin Tapias y Julio Perdomo aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intraurbano y homicidio, constreñimiento y extorsión. Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero [de 2010] junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, Comuna 8 de la ciudad […] La preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios, pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la Comuna 8 la criminalidad parece que tuviera un dicho: “A rey muerto, rey puesto”. Instituto Popular de Capacitación. “Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín”. Medellín, IPC, 10 de febrero de 2010. Para ver la relevancia de la Comuna 8 en la situación de conflicto urbano, puede verse: Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto político armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín: 1997-2005. De Max Yury Gil. Trabajo de grado. Instituto de Estudios Políticos. Maestría en Ciencia Política, agosto de 2009.
Leave a Reply