Como viene una ola picada. Ganando tamaño, asustando. Así se fue conformando una opinión pública escandalizada ante el propósito real que pretendió el poder con la reforma a la justicia. Reacción dinámica, como hacía tiempo no se veía en Colombia. Un rechazo estimulado por los medios de comunicación, que por uno u otro motivo dejaron a un lado su consabido maridaje con el poder y actuaron con un sentido crítico.
Los motivos para que ganaran audiencia una y otra reacción pudo radicar en la denuncia internacional, sobre todo de Human Rights, que recordó una y otra vez, cómo detrás de toda la reforma estaba el truco y manto de la impunidad. Esta denuncia, y el temor a recibir el calificativo de Estado paria, tal vez fueron los motivos fundamentales para que descubierto, en último momento el Ejecutivo guardara distancia de la iniciativa. Para que simulara no saber nada de los manejos que estaban sucediendo. Con la cabeza de su ministro de Justicia -la segunda que pone en bandeja ante expresiones de resistencia social- limpió la suciedad del intento. Pero nada más falso.
Simple simulación. Todo el mundo sabe que en el Congreso no prospera ningún proyecto sin el consentimiento de la Casa de Nariño. Más aún cuando su ‘unidad nacional’ le permite el control total del Legislativo. Una vez más, ocultos en delitos, sospechosos e incursos congresistas, paramilitares, oficiales de alto rango, negociantes del poder y otros presos de alcurnia tendrán que esperar. Con seguridad, sus amigos en el poder no desfallecerán en su propósito de favorecer que no paguen causas, así sea en los batallones militares o en sus casas de familia.
En todo caso, la reacción social prosigue. Con distintas motivaciones y partiendo de la fallida reforma a la justicia, se lideran por todo el país múltiples referendos: unos para que la reforma no llegue a ser aprobada, parcial o totalmente, en la revisión que ahora hace de lo decidido en el Congreso la Corte Constitucional; otros para que el legislativo sea destituido en su totalidad. Algunos más discuten si poner en marcha otra iniciativa para que los destituidos sean unos -los que conciliaron el texto de reforma- y no todos los legisladores. En fin, hay de todo, como en botica, o como les resulte su iniciativa política y sus intereses inmediatos y mediatos.
Pero al mismo tiempo, como si tratara de una epidemia legalista, otros proyectos de referendo, como el de la salud, están a punto de tomar cuerpo. No faltan propuestas para echar a andar otras iniciativas como el aumento de penas para los violadores de niños y otras violencias mayores o menores. En un país donde la pena de muerte cobra víctimas a diario, se le pide consentimiento al legislador sobre el particular. ¡Qué paradoja!
Todas las iniciativas sociales y legales depositan en el Congreso su confianza para que decida en última instancia, en unos casos, por autoinmolarse, y, en otros, por romper con el modelo neoliberal. Vaya contradicción: está putrefacto pero se pretende que se mantenga por más tiempo, con sus malos olores, mareando a todo el país.
Es increíble, entonces, que, sobre todo para el tema de la revocatoria de su mandato como legisladores, se proponga un referendo sobre el cual, en última instancia, ellos mismos fallarán. Como se sabe, no hay en el país institución más desacreditada que el Congreso. Cualquiera opina que en el santuario de las leyes la moral es la luz que menos brilla, y que en el contenido y favor de sus decisiones domina el ‘partido’ del Congreso. El gremio de la clase política, como bien se indica en la infografía incluida en la página 13 de la presente edición.
Evidente y por supuesto, son ellos una parte del problema y de la indecencia. La otra descansa en el Ejecutivo y en el poder judicial, que, como lo indica con toda claridad Rafael Ballén en su artículo (pág. 10), estuvieron al tanto de la marcha y trapisondas de la reforma, que propiciaron y/o lo estimularon, haciéndose los desentendidos. No es conveniente dejarse enredar, por tanto, en el proceder con los referendos, a no ser que la mira sea la de ampliar la cuota de opinión pública.
Hay que avanzar con mayor iniciativa. Con lo sucedido con esta reforma, quedó demostrado una vez más que lo existente en Colombia es un Legislativo de bolsillo. Esta nueva prueba de que en el país se legisla, se juzga y se administra ad hoc desnuda que en la “democracia más antigua de América”, el llamado “Estado de derecho” no ha pelechado. Ya se trate del “articulito” que le permitió a Uribe gobernar cuatro años más, o de las leyes que privilegian a quienes las aprueban, como en el reciente caso, es claro que las normas se promulgan con miras a favorecer intereses particulares.
No hay que engañarnos. Ya se trate de reglas sobre comunicación, salud, educación o cualquier otro asunto, los intereses privados son fáciles de identificar detrás del espíritu de lo legislado. Y cuando, incluso así, una norma afecta a los privilegiados, aparece toda clase de leguleyadas que se traducen en “vencimiento de términos”, “casa por cárcel”, “permisos por buen comportamiento”, etcétera. El refrán popular que dice que “la ley es para los de ruana” es una muestra de que la norma entre nosotros nunca ha procurado, siquiera, el principio de la igualdad burguesa. Un Estado privatizado.
Lo que tiene el país ante sí es una mohosa maquinaria que por décadas ha servido a sus detentores -oligarquía-, así como a sus familias, relegando a la postración a las mayorías sociales; una oligarquía que no repara en valores sociales ni en ética ni en principios ni en sentido nacional y mucho menos en el sentido continental.
La fallida reforma puso ante los ojos de las mayorías nacionales, recordó con toda intensidad a todos/as, que estamos ante un gobierno de minorías, que no repara en procedimientos para mantener incólume los privilegios, con apariencia de ser como no es.
Esta es la realidad que nos lacera. Que atenta contra el bienestar de la nación desde hace décadas. Y si las cosas tienen ese tamaño, ¿por qué pretender que solo sean destituidos los legisladores? ¿Por qué no impulsar un inmenso esfuerzo social para que los destituidos también sean los representantes y todas las cohortes de los otros dos poderes?
¡Que se vayan todos! Así resumió su consigna la sociedad argentina en 2001 ante el robo de sus ahorros por parte del gobierno de entonces. Y aunque sus propósitos no se lograron a plenitud, sí obtuvieron un viraje parcial en su destino cargado de neoliberalismo.
¡Que se vayan todos!, ahora es el reto para la sociedad colombiana, hipnotizada por el legalismo, inmersa en ‘liderazgos’ y personalismos de pocas miras y atomizada, por tanto, en su acción social.
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