La fórmula “Generar empleo + formalidad + equidad = prosperidad para todos” es un embuste
La reforma tributaria que cursa en las comisiones terceras de Senado y Cámara es en esencia una reforma laboral de cierre del período de reformas introducidas desde principios de la década de los 90 y profundizadas a principio de la década pasada. El argumento técnico que esbozan los economistas oficiales, como verán, no es nuevo: data de hace 15 años. Consiste en que en Colombia hay una estructura de impuestos de claro sesgo antilaboral y los impuestos a la nómina encarecen el trabajo. Esto concluyó la Misión de Ingresos en 2002, cuyo Consejo Directivo presidió Juan Manuel Santos, el mismo que, como Ministro de Hacienda del gobierno de Andrés Pastrana, nos sometió al régimen de “sangre, sudor y lágrimas”:
“Racionalizar y simplificar las contribuciones parafiscales. Las tarifas actuales de las contribuciones parafiscales son de 9 por ciento. Debido a que el pago de impuestos y los beneficios no están atados en forma cercana, estos impuestos aumentan significativamente los costos laborales en el sector formal y pueden ser, además de la debilidad de la economía, una razón principal para la existencia de un amplio sector informal. La vinculación de trabajadores que actualmente están fuera del sistema público de pensiones ampliaría la base tributaria y posibilitaría la reducción del impuesto a la nómina sin reducir el recaudo. La reducción del impuesto a la nómina reducirá también los incentivos para la evasión y la elusión. Adicionalmente, la armonización de las bases tributarias y sistemas de recolección de los diferentes impuestos a la nómina entre sí, y con el impuesto a la renta, racionalizaría y simplificaría el sistema tributario” (Informe Misión de Ingresos, 2002).
Para justiticar sus pretensioens, se afirma que el comportamiento de la tasa de desempleo de los últimos 10 años es muestra, precisamente, de las dificultades en el mercado laboral, ocasionadas por el elevado costo atribuido al pago que los empleadores hacen al sistema de seguridad social, Icbf, Sena y Cajas de Compensación. La crítica es aún más severa: el mercado laboral colombiano se caracteriza por ser particularmente inflexible en virtud de la imposición constitucional, lo cual ocasiona que “el salario mínimo mantenga un crecimiento no acorde a las reales condiciones de la producción o del mercado. En el caso colombiano, los costos asociados a la parafiscalidad han impedido reducir el salario nominal asignado a los empleados. En consecuencia, los impuestos a la nómina en Colombia son elevados muy por encima del promedio de los países de la región con los que es comparable.
Según evidencias empíricas encontradas en los estudios que hacen instituciones como Fedesarrollo, Banco de la República, DNP, y otras como el FMI y el BID, el desempleo es explicable por la carencia de instituciones, en este caso la tributaria, que resulten compatibles con el ritmo del crecimiento económico sostenido, observado en el último decenio. Dicho de otro modo, la manera adecuada de generar empleo es mediante la introducción de reformas al régimen laboral que flexibilicen y estructuren un mercado laboral acorde con las necesidades del sistema productivo. En español: primero, que los salarios se fijen con arreglo a las señales del mercado y, segundo, que se introduzcan cambios al régimen de seguridad social y laboral, tendientes a disminuir los costos de la nómina, desmontando los impuestos parafiscales y trasladándolos a cargo de los contribuyentes, razón por la cual se requiere una reforma tributaria que tenga como objetivo adicional la expansión de la base del impuesto de renta a las personas naturales para permitir tasas marginales inferiores.
La ‘hipótesis’ sobre la que está construida la actual reforma tributaria es que mientras más altos sean el salario real y los costos laborales no salariales por cuenta de los impuestos, o más bajas sean las utilidades o ganancias, más alta es la tasa de desempleo de largo plazo. El consenso entre el Gobierno y los gremios de propietarios (Andi, Asobancaria, Anif, Analdex, etcétera) es que en Colombia hay una excesiva carga tributaria que encarece el trabajo, que impide que el sector productivo genere empleo. Señalan aquellos, además, que el coste tributario incide de manera grave en el mayor costo del trabajo.
No son sólo los parafiscales; igualmente el impuesto de renta y el IVA. También el Gravamen en Movimientos Financieros y al patrimonio. La explicación es: porque los impuestos distorsionan el sistema de precios. Es importante aclarar que los impuestos inciden necesariamente en la formación de los precios, los salarios, y las ganancias o utilidades. Unos más que otros, algunas veces afectan más a los asalariados y otras a los empresarios. Conforme está la situación hoy en Colombia, la mayor carga efectiva de tributación recae sobre los trabajadores, tanto formales como informales. Eso lo ha evidenciado Eduardo Lora (2012) muy recientemente en un estudio para el BID. Por eso sorprende oír a los funcionarios del Gobierno cuando dicen que la reforma tributaria tiene como objetivo estimular la generación de empleo, reduciéndole significativamente la carga impositiva al capital. La experiencia enseña que no hay relación de causalidad directa entre la disminución del coste de la nómina para el capital y la creación de empleo.
La ley del embudo
Entonces, ¿por qué insisten en este tipo de reformas? La explicación es obvia. En primer lugar, los productores o empresarios están dispuestos a emplear mano de obra nueva, siempre que el salario se ajuste a sus expectativas y el plan financiero durante el curso del ciclo económico. Preguntémosles a los empresarios: ¿Cuánto del excedente del producto por compartir a través de los salarios con los trabajadores? Entonces, la discusión se situaría en el terreno que corresponde, el ético y el político, y no meramente el económico, que, como se ha mostrado, concentra su atención en garantizar el crecimiento, el cual, traducido en un lenguaje para todos, quiere decir: incrementar la tasa media de renta del capital.
Con la reforma tributaria, la apuesta es que las utilidades de los empresarios continúen aumentando al ritmo en que crece la economía en el largo plazo. Entonces, el Gobierno, en su proyecto de ley, lo que hace básicamente es disminuir la carga tributaria nominal en más o menos 9 por ciento, esperanzado en que el alivio fiscal se reflejará en el recaudo en el impuesto de renta.
Sí, es cierto: se disminuye la carga en renta para el capital, llevándola del 33 al 25 por ciento. El 8 restante (impuesto de renta para la equidad) con el que promete compensar el desmonte de parafiscales introduce en realidad un elemento nuevo de planeación tributaria para las empresas que potencialmente generen empleo, en la medida en que ellos puedan ajustar contable y financieramente sus costos, procurando mantener un margen de utilidad similar antes y después de la reforma. El recaudo de renta seguirá comportándose conforme viene sucediendo. No se pueden esperar cambios significativos en el comportamiento tributario de los contribuyentes de altos ingresos, puesto que ellos cuentan con los medios para ajustarse al nuevo escenario, por cierto muy beneficioso.
El alivio tributario a los más ricos supone en esta reforma tributaria una distribución de la carga impositiva entre las personas naturales, en especial sobre el rango de los ingresos medios y bajos, pequeños rentistas de capital y asalariados. Quiere decir ello que, en especial sobre los asalariados, se registra un aumento de la tasa efectiva de impuesto a la renta, con todo lo que ello acarrea para su bienestar. Bajo el supuesto de que se genere empleo, la medida haría que la tasa media de salario disminuya y que el nuevo empleo se contrate en un nivel de salario inferior incluso al mínimo legal vigente. Recuerden que los empresarios estarán siempre dispuestos a compartir los costos y las pérdidas con los trabajadores, pero jamás sus beneficios y sus ganancias.
Echando mano de los estudios de Posada (2001), en los que se muestra, por ejemplo, que “el incremento de 1 por ciento en el salario real por hora incrementa la tasa de desempleo en 0,38 por ciento; (y) un aumento de 1 punto en los costos laborales no salariales incrementa la tasa de desempleo en 0,60 por ciento, y finalmente un aumento en la tasa de crecimiento del capital de 1 por ciento reduce la tasa de desempleo en 0,78”, siempre que se acompañe de la disminución efectiva de los costos de nómina. Esto es muy revelador, y merece una discusión política y técnica de fondo.
Lo que no han querido ver los acuciosos analistas de la reforma tributaria, y en especial los trabajadores, es que esta es una reforma laboral complementaria, y que ésta necesariamente va incidir en materia grave sobre el mercado de trabajo y los salarios. Por donde se le mire, los empleadores no van a cambiar su forma de razonar; es decir, seguirán siendo los egoístas de siempre, pues en ellos no hay cabida al altruismo del que hablan los representantes de los gremios; por otro lado, los trabajadores no tendrán más remedio que vender su fuerza de trabajo a los salarios que les imponga el mercado, en el cual el patrón tiene la posición dominante.
Lo anterior indica que el término de equidad empleado para nombrar la reforma tributaria no es equivocado pero merece una mejor explicación. En efecto, la equidad de la que habla el Gobierno se aplica entre iguales o semejantes, y los trabajadores y los capitalistas no son ni iguales ni semejantes, al menos no en términos de fortuna, y el problema al que estamos abocados cuando hablamos de impuestos es, al fin y al cabo, al conflicto entre quienes tienen riqueza y quienes no la tienen. En este caso, cuando se ha reclamado equidad, quienes lo hacen no son precisamente los trabajadores sino los ricos. ¡Quiénes, si no ellos, deben reclamarle al Gobierno un trato igual entre semejantes!
Infortunadamente, los trabajadores no contamos con la fuerza y la representación política que nos permitan reclamar equidad. Todo se reduce a una pobre capacidad de lobby ante el ‘honorable’ Congreso, en actitud mendicante.
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