Un ex funcionario del servicio secreto colombiano comprometió en el caso del espionaje ilegal contra dirigentes de la oposición, magistrados y periodistas a dos personas del entorno del presidente Álvaro Uribe, informa hoy la prensa local.
Las declaraciones de Jorge Lagos, que hasta hace poco fue director de contrainteligencia de la policía política, fueron hechas el martes pasado ante la Fiscalía General en una comparecencia que se prolongó por 14 horas.
Filtraciones conocidas por la prensa indican que Lagos dijo que habló de casos de seguimientos y escuchas con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y con José Obdulio Gaviria, quien hasta hace poco era el principal asesor de Uribe en el palacio de gobierno.
Según el diario “El Tiempo”, Lagos reiteró ante la Fiscalía unas declaraciones que había dado quien fuera su jefe inmediato, capitán Fernando Tabares, en el sentido de que en reuniones con Moreno y Gaviria se habló de los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Lagos, que salió del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto y de migración) cuando estalló el escándalo, en febrero pasado, solicitó seguridad para su familia tras la declaración que dio.
Moreno y Gaviria han asegurado que no tuvieron nada que ver con las escuchas ilegales, en tanto que dirigentes de la oposición piden que éstos sean investigados.
La estación de radio La Fm reveló ayer audios de conversaciones telefónicas interceptadas en el marco del espionaje, que fueron entregadas por ex funcionarios del DAS que dijeron que guardaron el material como “un seguro”, pues muchas de las evidencias fueron destruidas en los últimos meses.
El material indica que el espionaje comenzó en medio de la campaña presidencial de 2006, en la cual Uribe obtuvo la reelección.
Según la información, entre los políticos que fueron víctimas de las escuchas figuran el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno; el presidente del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria; el gobernador del departamento de Nariño, Antonio Navarro; y el precandidato presidencial del opositor Partido Liberal Rafael Pardo.
Igualmente, figuran el gobernador del departamento de Cundinamarca, Andrés González; el ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa y el ex candidato presidencial Álvaro Leyva, además de varios periodistas, embajadores acreditados en Colombia y numerosos políticos.
Tras ser divulgada la información de La Fm, el gobierno anunció una recompensa de 200 millones de pesos (unos 88 400 dólares) por datos que permitan capturar a los autores intelectuales y materiales del espionaje.
El periodista Carlos Lozano, director del semanario comunista “Voz” y uno de los espiados, dijo que la recompensa es “un sofisma de distracción” del gobierno.
Por su parte, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que dicho ofrecimiento es “irresponsable” y constituye una “omisión”, pues el gobierno debe dar explicaciones de lo ocurrido y no “poner a la ciudadanía a buscar información”.
El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que interrogará por el espionaje a los tres últimos directores del DAS, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo.
El ex presidente César Gaviria (1990-1994) ha afirmado que en su país se vive un clima de intimidación por el espionaje, cuando falta un año para unas elecciones presidenciales en las que es posible que Uribe aspire a un tercer período, previa enmienda constitucional que se puede dar mediante un referéndum.
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