En la historia de Colombia hay dos fechas históricas fundamentales, ambas ligadas a la lucha de los campesinos y artesanos en contra de los altos impuestos y el libre comercio: una, se registró en 1781, cuando sucedió el levantamiento conocido como Los Comuneros, que puso en jaque el dominio español; la otra, con calendario en 1854, dio origen a un gobierno de estirpe popular, sustentado en los remanentes del Ejército Libertador, el cual se sostuvo por espacio de escasos meses, arrasado finalmente por una alianza de ejércitos de terratenientes y “grandes” comerciantes.
Hoy, con diferencias ostensibles de tiempo, sujetos sociales, peso dentro de la economía nacional, entorno internacional, relación de los sectores populares con las fuerzas armadas, etcétera, los campesinos emergen como el sujeto social más dinámico del país, sin embargo la dispersión en sus intereses –solamente la lucha contra los efectos del TLC parece ser común– y la misma conducción política, debilita sus posibilidades. El retal de su inmenso pliego (ver adjunto) refleja la dificultad de construir una agenda de verdad común, que vaya mucho más allá de una sumatoria de reivindicaciones.
Inconformidad por los altos costos de los insumos, por el bajo precio de sus productos, por el ingreso de distintas mercancías –favorecidas por el TLC– que restringen sus ventas o los acercan a la ruina, quejas por los incumplimientos del gobierno nacional respecto de los acuerdos firmados en otros momentos, etcétera, son algunas de las voces de los campesinos, paperos, lecheros y productores de legumbres, que se han tomado las vías que rodean Ubaté, Zipaquirá, Tunja.
Su potencial y capacidad de lucha y resistencia se ha sentido durante los tres días que van de paro en los departamento de Boyacá y Nariño, cercando por un lado a Bogotá –como en la época de Los comuneros– y por otra a Ipiales, dificultando el comercio con Ecuador.
El efecto mediático por su protesta se ha centrado en las manifestaciones que se multiplican en Boyacá, pero donde hay más fuerza social es en el sur del país, donde los indígenas y campesinos concentrados ya suman más de 15.000 y donde, por tanto, el gobierno intenta desinflar la protesta con ofertas inmediatas y promesas de mediano plazo. Una mesa para el diálogo, según el parte oficial, ya se ha concertado allí.
Pero su fuerza también se siente en diversos municipios de Antioquia, como Caucasia y Segovia, donde fue notoria la protesta de los mineros (aún sin acuerdo final), ampliándose a otros como Ituango y Tarazá. Por su parte, el transporte entre Antioquia y Risaralda sigue con dificultades por las protestas campesinas a la altura de Irra.
En la vía Panamericana, jurisdicción del departamento del Cauca, las protestas también se mantienen, escuchándose por primera vez la voz indígena de los Nasa que le exigen al gobierno resolución de las demandas campesinas, “de lo contrario nos movilizaríamos”. Esta amenaza, de hacerse realidad, le daría un vuelco a la protesta en curso que la sacaría del plano reivindicativo particular, y la insertaría en el político, de la solidaridad.
Según informes oficiales las protestas, aunque no son masivas, sí se han ampliado hasta otros lugares del departamento del Cauca, como los municipios de Inzá y Belalcazar.
Por su parte, nuevos manifestantes salieron a las vías, por ejemplo en departamentos como el Llano, bloqueando el tránsito de vehículos a la altura de Pipiral.
Otro foco de la protesta se concentra en el departamento de Putumayo, donde el Invías informó de tres cierres totales en las carreteras de Piamonte – Miraflor, Puente Internacional – Santa Ana y entre las veredas La Aldea y Ancura del municipio de Puerto Asís.
Además, múltiples concentraciones de manifestantes, sin cierres de vías, se llevan a cabo en diversos lugares del país.
La voz oficial
Siempre se ha indicado que lo único que se conoce del Estado colombiano en múltiples regiones del país –sobre todo las más pobres– es su rostro militar. Pues bien, esa cara es la que ahora, de nuevo, presenta en todas las zonas donde se registran concentraciones campesinas e indígenas. Desplegando un plan fríamente calculado –para romper la protesta y llevarla al fracaso– unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) arremeten contra los manifestantes, intimidan, golpean, persiguen, capturan, encierran, sindican. Según denuncias provenientes desde diferentes municipios, unidades del Esmad se han desplegado para reprimir la protesta, pero además han incursionado, sin consideración alguna, en casas de habitación, gaseando a sus habitantes y sacando de las mismas a mujeres y niños, quebrando ventanales, es decir, actuando para causar temor e impedir la solidaridad de los pobladores de las zonas con los manifestantes.
Así se llega al cuarto día de protesta, donde el gobierno no rompe su libreto, con el cual protege, como en la época de Los comuneros y de los artesanos, a los comerciantes ligados al intercambio internacional y a los ricos de siempre: “la protesta está infiltrada” y, “mientras hayan bloqueos no negociamos”, pero los meses anteriores donde no hubo protestas ¿por qué no escuchó la voz de campesinos e indígenas opuestos al TLC y necesitados de una política económica y agraria totalmente distinta a la que hoy impera en el país?
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