El pasado 12 de enero, el Procurador General de la Nación entregó su concepto a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, que convoca a un referendo que le permitiría a Uribe Vélez presentarse como candidato presidencial por tercera vez consecutiva. En tal concepto, el Jefe del Ministerio Público le solicita a la Corte Constitucional que declare exequible dicha ley, a pesar de la “irregularidades” que reconoce que tuvo su trámite, ya que, según su opinión, “éstas no afectan la expresión del pueblo”.
Aunque los argumentos del Procurador sean deleznables jurídicamente y no vinculantes para la Corte Constitucional, tienen un profundo significado político, y las consecuencias de orden general e institucional para el país están por verse. Aunque el concepto del Procurador y la decisión de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de la ley que convoca el referendo debieran ser jurídicos, es claro que la decisión del Procurador fue decisión política del uribismo representado por el conservador ultramontano1 Alejandro Ordóñez.
Al respecto, el ex magistrado y ex candidato presidencial Carlos Gaviria calificó de “uribismo impúdico” el concepto brindado por el Procurador General. Aún así, expresó su confianza en que la Corte Constitucional, que tiene la última palabra en cuanto a la viabilidad del plebiscito, “falle en Derecho y por tanto declare inexequible la ley de referendo”. Al igual que Gaviria, otros ex magistrados y juristas, rechazaron el concepto del Procurador.
Procurador ‘telonero’
El documento de Ordóñez constituye un fuerte espaldarazo al uribato para su perpetuación en el poder; pero no se trata solamente de que Uribe se quede cuatro años más; lo que está en juego es el régimen constitucional que ha de regir a Colombia hacia el futuro, y la continuidad de un proyecto de sociedad y Estado en construcción desde hace ocho años, en beneficio de una alianza de los sectores más reaccionarios y antipopulares del país: el sector terrateniente y el ganadero, al que pertenece el propio Uribe; el de la explotación industrial agrícola, como los de la palma africana y los cañeros, hoy productores del alcoholes carburantes en detrimento de la seguridad alimentaria; el financiero, y el de los empresarios aliados y beneficiarios del régimen.
Otro componente del Estado que tiene gran interés en que continúe el régimen uribista es el complejo militar policial, encargados de la “seguridad democrática”, al que se destina buena parte de los recursos públicos. En el rubro de seguridad se invertirá en 2010 el 14,2 por ciento del Presupuesto General de la Nación (21,12 billones de pesos equivalente a 11.057 millones de dólares), mientras Educación ocupará el 13,9 del PIB (20,58 billones, unos 10.774 millones de dólares). La ‘seguridad democrática’, que tanto aplauden los áulicos del uribato, ha dejado en los últimos ocho años más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), y más de 30 mil campesinos, obreros, estudiantes y dirigentes sociales detenidos por presuntos vínculos con las organizaciones guerrilleras, la mayoría de ellos a través de detenciones masivas en lo que constituyen “falsos positivos judiciales”.
La decisión del Procurador de respaldar una supuesta legalidad de la ley del referendo constituye un abierto prevaricato por el respaldo que le da el Jefe del Ministerio Público –instituido para que vele por la legalidad de los procedimientos– a la pretensión de los promotores del referendo y del Congreso de violar flagrantemente la Constitución, las leyes y demás normas que reglamentan la expedición de la ley convocatoria a un referendo.
Según el “prevaricador general de la nación”, una segunda reelección de Uribe (tercer mandato en línea) no afecta la esencia de la Constitución, pues, “debe concluirse que cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política, éste [sic] siempre lo hace en su condición de soberano y, por tanto, como poder constituyente primario y originario, capaz de sustituir o reemplazar los contenidos superiores que guían el ordenamiento jurídico”.
Habilidosamente, este embaucador, hoy bajo el título de Procurador, pretende engañar a los incautos confundiendo la democracia con el principio de mayoría, según el cual todo lo que se apruebe por el voto popular mayoritario será legitimo. “Semejante concepción politicista de la democracia –explica Luigi Ferrajoli, el gran teórico italiano del garantismo– ignora la que es la máxima adquisición y al mismo tiempo el fundamento del Estado Constitucional de Derecho: la extensión del principio de legalidad también al poder de la mayoría y, por consiguiente, la rígida sujeción a la ley de todos los poderes públicos, incluido el legislativo, y su funcionalización a la tutela de los derechos fundamentales constitucionalmente garantizados”.2
El régimen constitucional colombiano instaurado en 1991 con una pretensión de afianzar la paz y la democracia, y construir un Estado social de Derecho, no consagró la reelección, en el entendido de que tal institución iba en contra de una democracia participativa y pluralista que garantizara un orden político, económico y social justo, como quedó plasmado en el preámbulo de la Carta.
¿Manotazo al poder?
El ejercicio del poder del Estado en forma continuada por una persona, familia o grupo constituye una captura del poder político, económico y social, en contra de las mayorías, como se ha visto en este gobierno, donde el poder se utiliza para beneficio de su propio peculio y de la familia presidencial (compra de haciendas y tierras en todo el país, creación de zonas francas, empresas de reciclaje y otros negocios familiares como Salvarte, entre otros, que convierten a los Uribe Moreno en cabezas de un incipiente emporio empresarial). Pero “el enriquecimiento de los hijos del Presidente no ha venido de su capacidad emprendedora sino de su capacidad de transformar el nombre de su padre y las decisiones de sus subalternos en riqueza personal”, escribió en el periódico El Tiempo Claudia López, quien poco después fue ‘echada’ del diario afín al Gobierno.
En este gobierno, las políticas de Estado y las leyes se aprueban y promulgan en beneficio de los terratenientes, los empresarios, el sector financiero, la casta militar y unas pocas familias. La ley laboral fue reformada, disminuyendo el valor de las horas extras, el tiempo para jubilación y otras garantías, en pro de los empresarios y el Estado; los subsidios a la agricultura (‘agro ingreso seguro’) se entregaron a ricos empresarios del campo, y también a otros grupos de políticos y amigos del Gobierno; la salud, la educación, los servicios públicos, se reglamentaron como negocio en favor de la empresa privada (ejemplo, el reciclaje de basuras, reglamentado para favorecer la empresa de los hijos del Presidente mediante la Ley 1259 de 2009, en la que incluso se criminaliza a los recicladores pobres); las políticas públicas han beneficiado al sector financiero, que logra fabulosas ganancias que ascendieron a 4,42 billones de pesos (unos 2.210 millones de dólares) en el primer semestre de 2009, un 45,8 por ciento más que en igual período de 2008, según informe de la Superintendencia Financiera, divulgado en agosto de 2009.
El uribato ha capturado el poder del Estado con ventajas para la clase dominante y su propio beneficio, y en contra de un orden económico y social justo promulgado por la Constitución. El concepto del ‘prevaricador general’ constituye una andanada política en pro de la reelección de Uribe, una presión a la Corte Constitucional para que declare constitucional la ley del referendo que permita la sempiterna reelección de Uribe. Para él y sus socios, es cada vez más necesario perpetuarse en el poder, ya que, sí saliera de él, pudiera correr el peligro de ser llevado a la Corte Penal Internacional para que responda por los crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales) cometidos por el Estado, como una política para dimensionar los resultados de la ‘seguridad democrática’ a través de los falsos positivos perpetrados por el Ejército, y otros crímenes cometidos por la Policía Nacional y el DAS. Ejemplo de ello, el homicidio del profesor Alfredo Correa de Andreis, ordenado por el director del DAS de entonces, Jorge Noguera Cotes, con conocimiento del propio Uribe según lo reveló el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Temerario y grosero ataque a la democracia
El ‘embaucador general de la nación’ reconoce en su amañado concepto que hubo todo tipo de irregularidades e incluso posibles delitos en el trámite de la ley que convoca al referendo, pero pretende salvar el esperpento jurídico derivando los efectos en las responsabilidades individuales de los convocantes y congresistas por tales irregularidades.
Al respecto, señala: “Es requisito sustancial para la expedición de la certificación por parte del Registrador, la presentación del balance contable y no la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre las posibles irregularidades en que pudo incurrir dicho balance, el cual hoy en día [sic] es objeto de estudio por el Consejo […] La investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral sobre las presuntas irregularidades en el contenido de dicho balance en nada afecta la validez de la certificación dada por el Registrador y el trámite de la iniciativa popular. El posible incumplimiento de las normas sobre financiación y montos máximos de contribuciones privadas sólo tiene incidencia de orden personal y administrativo, porque se concreta a una investigación contra personas determinadas por hechos de tipo sancionatorio que están reguladas por normas especiales, que para el caso es la Ley 130 de 1994 (Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos y de la Oposición), por remisión expresa del artículo 106 de la Ley 134 del mismo año”.
Si bien es cierto que existe una responsabilidad personal por los delitos y las irregularidades que hayan cometido los promotores del referendo y el Congreso en su aprobación, por los que deben ser procesados y sancionados, no es menos cierto que aquéllas afectan los actos jurídicos. En todo Estado de Derecho, los actos irregulares invalidan lo actuado. “No se puede decir que hay vicios en el trámite del proyecto pero no sacar las consecuencias de esas irregularidades. Ni la Constitución ni la ley distinguen entre vicios graves, menos graves y leves. Si los hay, todo el trámite es inexistente; es nulo”, manifestó el ex ministro de Justicia Jaime Castro al ser consultado sobre el concepto del Procurador.
Pese al propósito insano del Prevaricador de salvar una ley espuria y ambientar el referendo y el desconocimiento de la ley y la Constitución, son tan numerosas y protuberantes las irregularidades y delitos en que incurrieron los promotores de la ley y el Congreso que el funcionario no pudo negar su existencia. Cómo negar que se sobrepasaron los topes legales de los aportes para la financiación de la recolección de las firmas, que recibieron autodonaciones y se hicieron autopréstamos a través de la simulación de entidades diferentes, que recibieron donaciones de dudosa procedencia y de las empresas beneficiadas con contratos por el gobierno de Uribe, que falsificaron firmas, que el Congreso cambió el texto de la pregunta que firmaron los ciudadanos y que el mayor aporte al proyecto de referendo lo hizo la firma transportadora de valores Transval, perteneciente al grupo de inversiones DMG (David Murcia Guzmán, hoy extraditado por lavado de activo y condenado a 30 años por captación ilícita de dineros), empresa que se encargó de transportar y custodiar los formularios con las firmas del referendo, cuyo costo, que constituye un aporte en especie para el referendo, se calcula en tres mil millones de pesos.
El propósito del Prevaricador es poner a la Corte Constitucional contra las cuerdas, presionando un fallo de constitucionalidad so pena de incurrir presuntamente en el desconocimiento del mandato popular y el ‘Estado de opinión’ promulgado por Uribe y sus apaniguados teorizantes, a través del cual pretenden quedarse para siempre disfrutando de las mieles del poder, así la Nación se hunda en el autoritarismo, la desesperanza, la violencia, el hambre, el desempleo, y en la entrega de la soberanía nacional y las riquezas nacionales al imperio del Norte.
Si la Corte, pese a la embestida alevosa del Procurador, en un acto de soberanía y dignidad declara inexequible le ley que convoca el referendo, ya tienen el sátrapa y sus sustentadores el pretexto perfecto para desacatar el fallo y promover una constituyente o un plebiscito que le permitan quedarse y reformular la Constitución, acabando de controlar para sí todos los órganos del Estado, sacando de la cárcel a sus socios los parapolíticos, y perpetuarse ya sin necesidad de controvertidos referendos y “para siempre”.
No debemos permitirnos este tipo de engaños: el ‘Estado de opinión’ promulgado por el uribato, de imponerse como pretende, traerá como consecuencia un mayor retroceso en las instituciones democráticas liberales, un recorte de los derechos fundamentales y una profunda regresión en la independencia de los poderes y las garantías y conquistas sociales, que, por precarias que sean en Colombia, debemos preservar si queremos avanzar en ellas.
*Abogado, profesor de Derechos Humanos en las universiades UPTC y Republicana.
1. Ultramontano: católico de posiciones extremas. Por ejemplo, un católico que no admite el sexo fuera del matrimonio.
2. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Editorial Trotta, Madrid, 2000, p. 11.
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