Luego de 26 días de cierre, la Universidad de Antioquia. Reabrió el 11 de octubre sus puertas. Por qué fue cerrado el centro de estudios. La posición de los estudiantes.
El mes de septiembre de 2010 pudiera ser recordado como un septiembre negro para la Universidad de Antioquia (UdeA) Después de muchos años este centro de estudios volvió a ocupar los titulares de prensa, con noticias que aludían a actos de violencia que llevaron a su cierre por cerca de un mes. Lo llamativo es que esta vez los actos violentos, que siempre se les han adjudicado a los estudiantes, cambiaron de protagonista, ahora se señalaba la institucionalidad como el factor desencadenate de agresión, atemorizando y cerrando el máximo centro de educación superior del departamento de Antioquia.
Bajo la excusa de que la UdeA se había convertido en la mayor plaza de venta de alucinógenos de la cuidad, aspecto que no deja de preocuparnos, además de la crítica a la ocupación de espacios comunes por parte de estudiantes -vendedores informales-, y del rechazo a los conocidos tropeles por considerarlos actos violentos, la administración de la Universidad decidió implementar medidas de control social, buscando regular el ingreso mediante la implementación de un nuevo carné, conocido como Tarjeta de Identificación Personal (TIP), la misma que era implementada en forma paulatina desde meses atrás.
Para un sector de la comundiad universitaria, esta medida generaba incertidumbre: no era claro por qué aquél contenía un chip con capacidad de almacenar datos personales, innecesarios para la administración universitaria, toda vez que esta última tiene una base de datos con la información pertinente de la comunidad universitaria. Igualmente, expresaban algunos que el chip tiene alcance para rastrear y localizar a su portador, el cual no fue justificado ni se aclaró la situación por parte de la Universidad, en cabeza del rector Alberto Uribe Correa.
El problema surgió cuando se decidió que, a partir del lunes 13 de septiembre, la TIP sería el único documento válido para ingresar. Para el mismo día, el campus amaneció militarizado con policía del Esmad. Varias tanquetas y miembros del Ejército rodeaban el Centro. Igualmente, en cada una de las cinco porterías, la vigilancia tenía perros cuya sola presencia intimidaba a la comunidad universitaria. Durante dos días se presentaron choques entre vigilantes y estudiantes que aún no tenían el nuevo carné, o que se molestaban por las acciones de control y abuso de autoridad por parte de la vigilancia privada, que se sentía respaldada por la fuerza pública, lo que propició la realización de asambleas extraordinarias en la plazoleta Luis Fernando Barrientos, las cuales fueron hostigadas constantemente por parte del Esmad.
Paralelo a esto, un grupo representativo de estudiantes, en su mayoría líderes pertenecientes a las oficinas estudiantiles y grupos organizados, acompañados por el Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, se reunieron para presentar a la administración universitaria y la comunidad en general una propuesta alternativa que buscara salidas persuasivas ante la venta de drogas ilegales, lo que desafortunadamente es una realidad que vive la Universidad, así como propuestas frente a las ventas informales y exigencias para propiciar espacios democráticos en el centro de estudios. Sin embargo, el 15 de septiembre, cuando este grupo se dirigía a hablar con el Concejo Académico, la asamblea general de estudiantes decidió realizar un plantón -acción común en la vida universitaria- en las afueras del Bloque Administrativo para exigirle al rector que cumpliera con su compromiso de explicar y debatir sobre las medidas implementadas.
Posiciones y pretextos
Nadie imaginó que ese hecho sirviera como excusa para que la administración de la Universidad y la Gobernación de Antioquia ordenaran el ingreso del Esmad para disolver una manifestación democrática, legal y completamente pacífica. Así pudieron comprobarlo la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo, miembros de la Asociación de Profesores y hasta periodistas que estaban en el lugar. Ese día, varios estudiantes fueron retenidos arbitrariamente, y otros tantos sufrieron heridas y tratos crueles e inhumanos, además de que se generó un pánico generalizado en la Universidad y sus alrededores. Después de ese hecho, los Consejos Académico y Superior decidieron cerrar la UdeA hasta el 11 de octubre, aduciendo que no había medias de seguridad para su reapertura, al tiempo que se ordenaban allanamientos y se anunciaba la instalación de cámaras de seguridad dentro del campus, del mismo modo que se trasladaba al sector estudiantil la responsabilidad del cierre y se expresaba que la mafia patrocinaba las acciones de protesta en contra de la TIP.
Durante el cierre, el Concejo Académico, de manera irresponsable, a través de comunicados ubicaba en la misma balanza a los vendedores informales, a los que participaban en los tropeles, a los críticos de la TIP que se negaban a sacar ese documento, y a los vendedores de alucinógenos, de quienes se ha denunciado que hacen parte de estructuras criminales que actúan bajo la lógica paramilitar de la ciudad, hecho que evidentemente expone a un gran riesgo al sector estudiantil y profesoral, que públicamente ha expresado y cuestionado las medidas del Concejo Superior, encabezado por el gobernador Luis Alfredo Ramos, por considerarlas autoritarias.
De otro lado, surgían voces que le daban otra mirada y otra explicación a este cierre: que la administración universitaria ocultaba las verdaderas causas que afectaban a la Universidad, una de ellas los problemas económicos por la deuda de más de 20 mil millones de pesos que le adeuda la Gobernación. Según la asociación de profesores, para el mes de octubre se entraría en crisis presupuestal, además del escaso incremento del presupuesto por parte del gobierno nacional. Asimismo, se hablaba de la necesidad de adecuar y garantizar para la universidad los planes de desarrollo y los megaproyectos que involucran al departamento en general y la Universidad en particular (planes como proyecto Sevilla, Ruta N y otros). Igualmente, las disputas políticas que utilizan al centro universitario como cuota burocrática por parte del sector uribista, desde ya interesado en distribuirse la Alcaldía, la Gobernación y demás estamentos que garantizan poder económico y político de la ciudad y el departamento.
Ahora, después de 26 días, la Universidad de Antioquia abre de nuevo. Durante su cierre, las organizaciones estudiantiles, que desde antes se reunian, trabajaron más unidas, superando diferencias políticas e ideológicas, buscando lugares por fuera del centro de estudios para reunirse en asambleas y pensar en su reapertura. Pero también fue un tiempo que se aprovechó para evaluar y reflexionar acerca de cómo se ha acudido a las asambleas, y, por supuesto, su desgaste ante el sector universitario. Se presentaron discusiones respecto de los tropeles y las deficiencias políticas de muchos. Fue un espacio en el que la autocrítica estuvo siempre presente.
Ahora se espera que esas reflexiones sirvan para fortalecer la organización estudiantil y para saber confrontar el paquete de medidas autoritarias que desde ya anuncia el Consejo Superior. Quedan muchos retos, muchas provocaciones y una oportunidad para que los estudiantes se fortalezcan o entreguen poco a poco una universidad con unos derechos, conquistados históricamente con el lápiz, las ideas, el puño en alto y hasta piedra.
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