El segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff cumple hoy exactos y redondos 37 días. Y no hubo uno solo de ellos sin que surgiese algún tipo de problema. Hay otra característica inquietante en este cuadro: además de sumarse a problemas ya existentes, cada nuevo parece más grave que los anteriores.
Mientras tanto, el gobierno muestra que no sabe cómo reaccionar. Y cuando reacciona, lo hace mal, o además de mal, tarde.
A esta altura, en esos escasos 37 días sobran razones para pensar que el equipo armado por Dilma para hacer la articulación política de su segundo mandato merece plenamente ser estudiado y analizado, como ejemplo olímpico de lo que no se debe hacer. Los resultados hasta ahora son una secuencia de derrotas y torpezas que conforman un enmarañado paralizante. Lento, atónito y sin rumbo, claro, es como si el gobierno de Dilma hubiese encontrado un escenario lleno de trampas, de cables sueltos, de temas ocultos, todo eso heredado del presidente anterior. Pero siquiera esa excusa puede ser esgrimida: al fin y al cabo, el presidente anterior era la misma Dilma, que ahora parece perdida en un laberinto oscuro.
Ayer, ella recibió en su despacho en el Palacio de Planalto al nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. El presidente reelecto del Senado, Renan Calheiros, participó del encuentro que duró hora y media y juntó alrededor de la mesa al vicepresidente Miguel Temer, al jefe de Gabinete, Aloisio Mercadante, y al ministro de Relaciones Institucionales, Pepe Vargas. Todo transcurrió en un clima formal, frío. A la salida no hubo declaraciones, pero las habituales fuentes, cuya misión es filtrar algo a los medios, dijeron que el encuentro sirvió para establecer “un diálogo permanente” entre el Ejecutivo y el Legislativo, para asegurar que haya armonía entre los poderes.
Es decir: palabras al viento. Cunha propició el pasado domingo una derrota humillante a Dilma, a su gobierno y al PT, al elegirse para un puesto en el cual podrá crear océanos de dificultades para luego cobrar el precio que quiera para vender facilidades. Y sus primeras acciones fueron ejemplares de lo que podrá –o no– venir de ahora en adelante. Para empezar, dio luz verde para que fuese aprobado el pedido presentado por la oposición, creando una nueva Comisión Parlamentaria de Investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la Petrobras. En Brasil, las CPI tienen tanto poder como un Tribunal de Justicia, con la ventaja de actuar de manera mucho más ágil y veloz.
En el mandato anterior hubo una comisión de esas, pero el gobierno de Dilma logró neutralizarla. Ahora, nadie sabe qué podrá pasar. El presidente de la Cámara, pese a pertenecer a un partido aliado, es claro adversario del gobierno. Además, las denuncias se intensificaron de manera formidable y cada día las investigaciones avanzan más, acercándose peligrosamente a la cúpula del PT. Hay otros partidos involucrados, inclusive el PSDB de la oposición. Pero todo lo que la Justicia y la Policía Federal filtran a la prensa tiene como foco central el partido de Lula y Dilma.
Si el avance de las investigaciones y el goteo cotidiano de nuevas revelaciones (por ahora, nadie pudo probar nada, pero queda evidente que hubo un esquema de corrupción amplio y que funcionó a lo largo de al menos diez años) preocupan cada vez más al PT y al gobierno, una CPI tendrá, bajo muchos aspectos, la capacidad de ser una usina generadora de problemas.
Es muy difícil saber si todo ese cuadro podría haber sido evitado, si Dilma fuese una negociadora hábil y si no hubiese elegido un equipo articulador tan incompetente. Pero el cuadro está claro: además de una Cámara presidida por un diputado rebelde y capaz de cualquier cosa para luego lucir sus talentos de chantajista, el país enfrenta un cuadro económico de alta complejidad que, por lo que será la nueva política económica de Dilma, seguramente creará tropiezos serios, que irán de la recesión a la incertidumbre sobre programas sociales y logros alcanzados (Brasil tiene hoy la más baja tasa de desempleo de los últimos 80 años). Al mismo tiempo, la mayor empresa brasileña, la Petrobras, es bombardeada incesantemente por denuncias, llegando a la insólita situación de quedarse acéfala: la presidenta y cuatro de los seis directores renunciaron, contrariando lo que había sido acordado con Dilma.
Lo que se ve, mientras tanto, es un gobierno catatónico, un vacío de poder desconcertante, una presidenta absolutamente decidida a no ceder (resultado: como es inevitable, cede a la realidad). Una presidenta que lleva un tiempo enorme para tomar decisiones, mientras las circunstancias las van ahogando.
El año apenas comenzó, el gobierno recién estrenado no camina, tropieza, y hay una cordillera de problemas en su camino. La dificultad en adoptar decisiones surge como una nueva característica de una mandataria que nunca pareció lo que ahora parece: confusa, sin norte. Ningún gobierno resiste el vacío de poder. Ningún gobierno llega a buen puerto cuando no tiene capacidad de decisión.
Dilma parece sumergida en un laberinto. El país parece perplejo.
JOAO VACCARI NETO DIO TESTIMONIO EN CALIDAD DE “DETENIDO TEMPORAL” ANTE LA JUSTICIA BRASILEñA
El ex tesorero del PT debió declarar
A horas de que se anuncie la nueva cúpula de la estatal Petrobras tras la renuncia de sus directivos, la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión especial para investigar a la empresa, señalada en un esquema de corrupción.
El tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, declaró ayer en calidad de “detenido temporal” ante la Justicia brasileña en medio del caso de corrupción que envuelve a la estatal Petrobras. Además, la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión especial para investigar a la empresa, con facultades especiales y compuesta por partidos afines al gobierno y por la oposición.
A horas de que se anuncie la nueva cúpula de la compañía tras la renuncia de sus directivos, el caso de corrupción en la estatal se reavivó ayer cuando la Policía Federal llevó a declarar a Vaccari Neto. El tesorero del PT se negó a abrir la puerta de su residencia en San Pablo y la policía tuvo que trepar los muros del inmueble para lograr la detención. El operativo incluyó, además, otras 21 órdenes de arresto temporal y allanamientos, producto de las informaciones recabadas mediante acuerdos de delación premiada (información de arrestados a la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena) alcanzados con ex directores de Petrobras y con empresarios ya detenidos en el marco de las investigaciones.
El fiscal Carlos Fernando Lima expresó ayer los motivos por los que el Ministerio Público lo llamó a Vaccari Neto a declarar. “Hay sospechas de que tiene informaciones sobre donaciones que él pidió –legales o ilegales– a personas que mantenían contratos con Petrobras”, dijo el fiscal.
Una vez finalizada la declaración –que duró tres horas–, el funcionario fue puesto en libertad, dado que no fue imputado por ningún delito.
El tesorero del PT fue señalado como uno de los operadores de la trama de corrupción por al menos dos de los detenidos, entre ellos el ex gerente ejecutivo de Ingeniería de Petrobras Pedro Barusco Filho. En un testimonio a la Justicia realizado en noviembre pasado y divulgado ayer, Barusco Filho afirmó que el gobernante PT recibió entre 150 y 200 millones de dólares en donaciones ilegales desviadas de los 90 más importantes contratos firmados por Petrobras. El ex gerente agregó que los pagos irregulares se prolongaron hasta febrero de 2014, y sostuvo que Vaccari Neto participó en un acuerdo para la firma de contratos por 22.000 millones de dólares con astilleros brasileños e internacionales, para la construcción de buques equipados con sondas de prospección de petróleo.
En informes internos de la empresa estatal, Barusco Filho es responsabilizado por irregularidades en obras, como el incremento de los costes de la Refinería de Abreu y Lima, en el estado de Pernambuco, cuyo presupuesto se incrementó y alimentó numerosas cuentas privadas ilegalmente. Además, como parte del operativo denominado Lava Jato, la Justicia brasileña emitió 40 órdenes de búsqueda de pruebas en las residencias de los sospechosos y en la sede de 26 empresas, la mayoría ficticias, en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Bahía y Santa Catarina. Las investigaciones se extendieron a BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera que administra cerca de 7500 estaciones de servicio en todo Brasil. Según el fiscal, el pago de sobornos de las empresas investigadas a los ejecutivos de BR Distribuidora se produjo hasta fechas “muy recientes”, a finales de 2014.
En este marco, ayer la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión para investigar a Petrobras, que contará con la facultad de citar a declarar y suprimir el secreto bancario, fiscal y telefónico de los imputados.
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