En mayo de 2015, la prensa del Continente repitió insistentemente el nombre Zunduri, apelativo con el que nombró a una joven mexicana de 23 años que había sido esclavizada en una tintorería en la ciudad de México. Los medios masivos, luego de resaltar mórbidamente las vejaciones sufridas por la joven, y de utilizar titulares espectaculares como “la esclava de la tintorería” para dar realce a sus crónicas, enviaban veladamente el mensaje de que se trataba de un asunto excepcional que poco tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, cuando en los estados federales, a los dos lados de la frontera con los Estados Unidos, las historias de esclavitud son conocidas desde vieja data.
En el Reino Unido, al finalizar el año 2014, los periódicos británicos daban cuenta que Illyas Ashar, un acaudalado hombre de negocios británico-paquistaní y su esposa, habían introducido de forma clandestina, desde el año 2000, una niña sordomuda de diez años a la que sometieron a la esclavitud durante nueve años. Pero, el caso parecía tan sólo un eco del revuelo de la prensa británica de 2013 cuando reveló que Aravindan Balakrishnan, anciano de setenta y tres años, junto con su esposa, estaban acusados de secuestrar y esclavizar a tres mujeres.
En el mismo sentido los diarios coreanos daban cabida al caso de Kim Seong-baek, un joven discapacitado e indigente sometido desde el 2012 a condiciones de esclavitud en una explotación de sal. Secuestrado en una estación de tren, donde dormía, fue conducido a la isla de Sinui, en el condado de Sinan, donde fue vendido por 700 dólares americanos, y obligado a trabajar en condiciones infrahumanas, partiendo sal. En el archipiélago que conforma el condado son producidos dos tercios de la sal que consumen en ese país, y las situaciones de servidumbre han sido denunciadas de manera reiterada sin que el tráfico de seres humanos haya sido eliminado.
Tres continentes distintos con casos análogos, ¿trágica coincidencia? No. La Fundación Free Walk (WFF), una organización no gubernamental australiana, que publica anualmente el índice de la esclavitud mundial, estimó que en 2014 había en el mundo 35,8 millones de esclavos, una cifra que supera de lejos los 11,7 millones de personas forzadas a salir de África en condición de esclavitud entre 1500 y 1840, según los cálculos más recientes de los historiadores. Números que en términos absolutos, como lo han destacado algunos medios, resaltan que en ninguna otra época hubo tantos esclavos como ahora.
Vulnerabilidad y servidumbre
La llamada esclavitud moderna se ceba con los más desprotegidos, siendo los niños un grupo altamente vulnerable. De los 120 millones de niños −entre los cinco y catorce años-, que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) laboran tiempo completo, 5,5 millones pueden considerarse en situación de esclavitud. De los niños sometidos a la esclavitud, cerca del 60 por ciento son forzados a trabajar en la agricultura, el 32 por ciento en la industria, y el 8 restante en el servicio doméstico.
En la producción agrícola, los cultivos de plantación son señalados entre los que más usan trabajo forzado infantil. En el 2001, la Unión internacional de los trabajadores de la alimentación (Uita), inició una campaña contra el uso forzado de mano de obra infantil en la producción de cacao en algunos estados de África occidental, luego que los medios de comunicación denunciaran situaciones graves de explotación. Pero, no es ese el único sector, pues la extracción de caucho en Brasil o la recolección de café en Centroamérica, entre muchos otros casos, son frecuentemente denunciados por los abusos a niños. El informe de la OIT, Cosecha amarga, ilustra el caso de la recolección de jazmín en Egipto, donde los infantes son obligados a trabajar de noche, pues es el tiempo donde la esencia presenta mayores concentraciones. Allí, el uso sistemático de los niños obedece, según los contratistas, a motivos “técnicos”, pues el tamaño de las manos de los menores les permite recoger las flores más delicadas con el menor daño posible. Sin luz, y entre el barro, trabajan de forma ininterrumpida en turnos de nueve horas, sin tiempo de descanso y sin recibir alimentación.
En la industria, es quizá el sector textil el más denunciado por incurrir en prácticas de trabajo forzoso. El lunes 27 de abril de este año, los niños bolivianos Orlando y Rodrigo Camacho de 7 y 11 años respectivamente, morían en la ciudad de Buenos Aires abrazados por las llamas de un incendio desatado en un taller clandestino de confecciones, donde vivían con sus padres. Estos talleres clandestinos no sólo producen prendas con marquillas falsificadas que se venden en la Salada, nombre del mercado negro que algunos consideran el más grande de su género en el Continente, sino que también subcontratan la elaboración de vestuario con empresas de marca.
Ehsan Ullah Khan, fundador del Frente de Liberación del Trabajo Forzado y la Marcha Global para eliminar la esclavitud infantil, obligado a vivir en el exilio en Suecia desde 1995, debido a sus denuncias contra la industria textil por el uso de mano de obra forzada −de la que un elevado porcentaje son niños−, ha centrado sus denuncias en empresas como las españolas Inditex y Mango, la sueco-holandesa Ikea y la sueca H&M, emprendiendo una campaña para que nadie compre productos de estas compañías en un intento de combatir la esclavitud moderna. Inditex es propiedad del multimillonario español Amancio Ortega, al que la lista Forbes sitúa como el cuarto hombre más rico del mundo, y quien ha deslocalizado cerca del 90 por ciento de su producción a Asia, donde las jornadas de trabajo promedian las 16 horas y los salarios oscilan entre 9 y 13 centavos de euro la hora (los valores de ese rango, en pesos colombianos, son aproximadamente $270 y $390). La prensa española reseñó como Ehsan Ullah Khan, al increpar a los directivos de Inditex por no relocalizar sus empresas en España, un país con una de las mayores tasas de desempleo del mundo desarrollado, obtuvo por respuesta que los “españoles son unos vagos que no quieren trabajar”, cuando en realidad lo que quería decir es que esas empresas no regresaran a su país de origen hasta tanto los salarios de los trabajadores de la península no se reduzcan a 13 centavos de euro por hora, y las jornadas de trabajo sean tan extensas como las que aplican en Asia, que es a lo que los empresarios y los economistas neoliberales llaman competitividad.
Los más de 1.100 muertos que el 24 de abril de 2013 dejó el derrumbe del edificio Rana Plaza, en las afueras de Dacca, capital de Bangladesh, donde funcionaban varias fábricas textiles que elaboraban prendas para marcas de ropa como Primark y Mango han sido olvidados como víctimas de un accidente más, sin que las campañas para dejar de comprar ropa de empresas lucradas con trabajo esclavo hayan podido tener efecto. Los márgenes de ganancia que permiten sufragar con holgura los costos de transporte y las altas rentas de los locales donde se ubican las grandes tiendas distribuidoras, son posibles tan sólo por la superexplotación representada en los bajos salarios y las largas jornadas laborales.
El grupo más vulnerable a la esclavitud moderna lo constituyen las mujeres, estimándose que representan por lo menos dos tercios de la población sometida a estas actividades forzadas. La trata de mujeres es considerada el tercer negocio ilegal más lucrativo después del tráfico de armas y el narcotráfico, con ingresos estimados entre 7 mil y 12 mil millones de dólares por año, según la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc, por sus siglas en inglés) que, además, considera que Colombia está entre los tres países más afectados por ese crimen, sin que eso haya motivado el más pequeño interés en nuestros columnistas de periódicos revistas. Recientemente, el Premio Nobel de la Paz de 2014, el hindú Kailash Satyarthi, calculó que el comercio sexual en su país mueve 343 mil millones de dólares al año, y explota entre tres y nueve millones de mujeres, la mayoría de ellas niñas y adolescentes que desde los diez años de edad pueden ser vendidas a los burdeles. El setenta por ciento de las victimas rescatadas son menores de dieciocho años, dejando en claro la tipología de quienes padecen esta clase de delito.
Trabajadores entre rejas
Cuando Jeremy Bentham diseñó el panóptico, consideró el modelo tan válido para la construcción de cárceles como de fábricas. Con ello reconoció que las dos instituciones tienen en común que tanto obreros como prisioneros ingresan forzados a sus respectivos encierros, y que de la vigilancia de quienes los someten depende en buena medida el éxito de éstos últimos. El desarrollo que en la actualidad está alcanzando el llamado complejo industrial de las prisiones, fusiona cárcel y fábrica para un creciente número de trabajadores que por su condición de convictos asumen casi por completo las características de la esclavitud total.
Es en los Estados Unidos donde la privatización de las prisiones ha alcanzado su máxima expresión, y donde el trabajo encarcelado se manifiesta con más fuerza. El número de reclusos en los EU es de 2,3 millones de personas, es decir una cuarta parte de los presos de todo el mundo (500 mil más que China que cuadruplica su población), distribuidos en más de cinco mil centros de internamiento. Desde 1980, la población carcelaria ha crecido cuatro veces, luego que las penas por porte y comercialización de drogas sicotrópicas se endurecieran.
Más de un millón de esas personas recluidas laboran a tiempo completo en las cárceles norteamericanas, constituyéndose en una parte nada despreciable de la fuerza de trabajo de su país. Los reclusos trabajan en centros de llamadas telefónicas o produciendo ropa para las fuerzas militares, zapatos, y también piezas de repuesto para aviones o vehículos de guerra, devengando salarios que oscilan entre U$S 0,93 y U$S 4,73 por día, cuando el salario promedio es de U$S 60; es decir, que en el mejor de los casos, perciben tan sólo un doceavo de una remuneración normal. Además, las empresas que contratan reclusos no pagan seguridad médica y, por lo contrario, reciben exenciones de impuestos. De esa manera, el estímulo a utilizar fuerza de trabajo cautiva no es poco, pero, lo más grave, es que el sistema se siente impulsado a aumentar la población carcelaria. Los jueces de Pensilvania Mark Ciavarella y Michael Conahan, fueron declarados culpables de recibir millonarias comisiones de los promotores de diferentes centros penitenciarios privados por enviar a la cárcel a más de 5.000 jóvenes por contravenciones como una pelea entre escolares o satirizar en Internet a alguno de sus profesores. No en vano, las corporaciones penitenciarias más grandes de EU invierten cada vez más en las campañas para la elección de gobernadores, legisladores estatales y jueces.
El sesgo moral inducido por la privatización de las prisiones es reforzado por el hecho que a mayor número de reclusos, los gestores de los centros carcelarios facturan más en gasto de alimentación, aseo, servicios de salud, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física. Además, algunas empresas de servicios como las telefónicas, usufructúan la necesidad de los retenidos de comunicarse con el exterior, hasta el punto que firmas como AT & T muestran un fuerte interés en el mercado de las llamadas de larga distancia hechas desde las prisiones, con una facturación estimada en un total de 3 mil millones de dólares por año. Estas experiencias deben ser tenidas en cuenta para oponerse a la privatización de la reclusión, como muchos proponen en Colombia.
De acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia, divulgados a raíz de las muertes de afroamericanos por parte de la policía estadounidense, el 59 por ciento de las personas en cárceles estatales o federales pertenecen a minorías étnicas, con un 37 por ciento de afroamericanos y un 22 de hispanos. Eso significa que en la actualidad cerca de 850 mil individuos de piel negra están retenidos en las cárceles, reeditando la situación de esclavitud que padecieron sus antepasados entre los siglos XVIII y XIX.
No deja de llamar la atención la coincidencia histórica que representa el hecho que la esclavitud en los territorios de lo que es hoy Estados Unidos alcanza su apogeo cuando la producción de algodón se convierte en el producto principal del mercado externo de ese país, por sus ventas masivas a la industria textil inglesa, que a su vez explotaba masivamente niños y mujeres en las industrias del hilado, el tejido y la confección. La esclavitud negra en el continente americano impulsaba la esclavitud infantil en Europa, en una rama industrial que hasta hoy sigue basando su producción en la captación forzada de trabajadores.
Trabajo esclavo ¿trabajo del mañana?
En el Convenio sobre trabajo forzoso C029 de 1930, la OIT define el trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. La pena a la que se refiere el Convenio no es necesariamente de carácter legal e incluye amenazas como la de ser denunciado a las autoridades de un país cuando un individuo se encuentra en él de manera ilegal. La violencia física directa, o el chantaje de aplicarla a familiares o allegados, también se contempla como causa de trabajo forzado. Éste, involucra la trata de personas definida como la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de individuos, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”, según el llamado Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas.
Ahora, realidades como la migración ilegal que cada vez es mayor, y las medidas de desregulación laboral contempladas en los procesos de flexibilización de la contratación deja, de hecho, al trabajador a merced del capitalista, ya sea este legal o ilegal. Adam Smith, ya veía en el siglo XVIII un gran peligro en la asimetría entre capital y trabajo, sobre todo cuando los capitalistas se asociaban en corporaciones, de allí que en pleno capitalismo corporativo como el actual, cuando la debilidad de la clase trabajadora es manifiesta en los bajos niveles de asociación, la reaparición de formas serviles de relación laboral no nos deben extrañar. La generalización del acoso sexual en las espacios de trabajo, mediado por el chantaje del despido en situaciones de alto desempleo, son apenas aspectos puntuales de un fuerte retroceso en la libertad de los trabajadores y en su dignidad como seres humanos.
Los casos de Zunduri, Kim Seong-baek y los hermanitos Camacho no son hechos excepcionales, sino apenas la punta del iceberg de una situación que en el mundo invisible del capitalismo realmente existente toma fuerza y amenaza con convertirse en tragedia de grandes proporciones, si es que los movimientos sociales no toman la iniciativa y confrontan de manera decidida al capital.
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