Avanza el cuarto día de movilización convocada por la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular. Alrededor de 200.000 indígenas y campesinos son los abanderados de la movilización extendida a más de la mitad de los departamentos de Colombia. Decenas de heridos, varios detenidos y dos indígenas muertos es el balance arrojado por esta Minga hasta el 2 de junio. Comunidades resisten en carreteras y municipios del país la embestida represiva del Estado, dicen estar listas para seguir dando la lucha en las calles e iniciar dialogo con el Gobierno el día 3 en Cali. Reclaman la presencia del Presidente de la República en el acto de instalación de las conversaciones.
Las razones de la Minga
Indignados se encuentran sectores del Gobierno y de las élites colombianas ante los primeros efectos de las movilizaciones extendidas a lo largo y ancho del territorio nacional. Parecen entender muy poco las razones que convocan a los indignados, que ocupan autopistas y otros territorios; según las élites ellas el gobierno nacional ha invertido 1.100 horas de trabajo con la Cumbre Agraria, representadas en 75 reuniones regionales, 18 plenarias nacionales e inversiones acordadas por un total de 250.000 millones de pesos (1).
Indignación oficial sin sustento. Casi tres años después del Paro Nacional Agrario, indígenas y campesinos vuelven a movilizarse en protesta por los incumplimientos del Estado con lo acordado. Las razones de la protesta son bastante claras: “Este llamamiento también responde a la indiferencia e incumplimiento sistemático en el que viene incurriendo el gobierno a los acuerdos alcanzados tras los Paros Agrarios y Minga Indígena de 2013 y 2014, así como las jornadas de indignación de 2015 y los pliegos de exigencia presentados tras las movilizaciones del 24 de enero y 17 de marzo de 2016. El Gobierno sigue incumplimiento las órdenes de la Corte Constitucional para la protección de las victimas (Sentencia T-025), postergando la reparación integral contemplada en la ley 1448/11” (2).
A ello se suman las exigencias de las organizaciones campesinas, sociales e indígenas en contra de las políticas gubernamentales a favor del extractivismo, la implementación de las medidas propias de los TLC que minan la soberanía del Estado sobre los recursos naturales, la ley de seguridad ciudadana, las detenciones arbitrarias y política represivas en contra de las organizaciones sociales y líderes defensores de derechos humanos en el país.
Un descontento incubado durante décadas parece estar resurgiendo en la antesala misma de un acuerdo definitivo entre Gobierno y Farc en La Habana. Esta Jornada de protestas y de movilización denominada Minga y convocada por la “Cumbre agraria, campesina, étnica y popular”, también puede responder al creciente interés de comunidades indígenas y campesinas por ganar visibilidad y amplificar su voz en busca de incrementar el margen de maniobra sobre sus territorios, recursos y comunidades cuando los acuerdos habaneros comiencen su implementación en distintos territorios del país, acuerdos sobre los que las comunidades tienen reparos y en cuya concreción muchos de los hoy marchantes no tuvieron ni la más mínima participación.
Inicia la movilización
Una semana antes del inicio de la movilización, el día 24 de mayo, tuvo lugar un consejo de seguridad en Norte de Santander en el que su gobernador William Villamizar Laguado junto a las autoridades policivas de la región, caracterizaron la convocatoria de la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular, como un “paro armado”.
Además de lo anterior la Gobernación de Norte de Santander emitió la Circular 016 del 24 de mayo del 2016 en la cual “se ordena a los alcaldes de todos los municipios del departamento varias medidas entre las cuales se encuentran las de prohibir el transporte masivo de personas en servicio público o particular, la “no autorización de desplazamientos y marchas fuera de su jurisdicción”, el pago de recompensas hasta cien millones de pesos (100.000.000) por información sobre “actos terroristas” que según palabras del gobernador del departamento estas recompensas se ofrecen por información de lugares “donde haya depósitos de explosivos o donde se estén fabricando artefactos para utilizar en este paro armado” (3).
Dicha circular también anunció multas a los transportadores que facilitaran transporte a los campesinos marchantes rumbo a las cabeceras municipales. Con esta resolución y postura oficial se perfilaba de manera prematura el talante de sectores de la sociedad colombiana frente a la movilización. Luego vino una semana de relativa tranquilidad, mientras en las comunidades se fraguaban los últimos pormenores de la protesta.
En completa normalidad transcurría el último fin de semana festivo de mayo. Extensos reportes de operativos en el Bronx –Bogotá–, uno que otro destello de protestas por la privatización de la Etb y la aprobación del plan de ordenamiento territorial en la capital, eran las temáticas en el ambiente, cuando empezaron a insinuarse las primeras concentraciones y desplazamientos de comunidades hacia puntos especifico en todo el país. Como era de esperarse los canales de televisión oficiosos comenzaban a dedicar sus primeros minutos a la protesta que se incubaba de la mano de su “preocupación” por posibles riesgos de infiltración de la movilización por parte del Eln.
Llegó el domingo 29 de mayo y decenas de indígenas Wayuu comenzaron a concentrarse entre la vía Hatouevo-Barrancas en el departamento de La Guajira, campesinos del Catatumbo hicieron lo propio a la altura del municipio de Aguachica en el Cesar, situación similar en Saldaña (Tolima), Puerto Gaitán (Meta), vía Cali-Buenaventura (Km 44, La Delfina), Vía Panamericana en Cauca (km 53, Caldono), Via Hobo-Neiva y Pitalito-Mocoa (Huila), Vía Pasto-Tumaco (Nariño). Además comenzaron a tener lugar movimientos de comunidades en Antioquia, Boyacá, Caquetá, Casanare, Chocó, Santander, Norte de Santander, Quindío y Risaralda, Vichada, entre otros. Ya había sido lanzada la protesta.
La misión de la fuerza púbica: Reprimir la protesta
Con las concentraciones, los primeros incidentes de represión oficial toman forma, así lo detallan los boletines de derechos humanos 1 y 2 de la Minga nacional agraria, campesina, étnica y popular. El domingo 29 de mayo hacía las 10:30 pm el Esmad agrede a los marchantes apostados en la vía Cali – Buenaventura a la altura del corregimiento La Delfina. En este primer ataque de la fuerza pública cayó asesinado el indígena Willington Quibarecama Nequirucama (arrollado por una tanqueta del Esmad), fue herido con arma de fuego el indígena Manuel Jovel Dagua. De igual manera, este mismo día fueron reportadas acciones de inteligencia ilegal en La Lizama (Santander) donde “[…] uniformados de la Policía, Ejército y agentes de la Sijín, han realizado una serie de acciones de inteligencia que han consistido en la toma de fotografías, vídeos y requerimientos de información personal a quienes se encuentran presentes en el punto, que han justificado en la necesidad de reportar a sus superiores y la futura judicialización contra los participantes de la Minga”. De la misma manera fueron reportadas acciones de inteligencia, hostigamientos y sabotajes contra marchantes en: Susatá-Boyacá, Santuario -Antioquía, Arauquita-Arauca.
En el tercer boletín de la Minga agraria, expedido el primero de junio, son detallados una serie de patrones que evidencian las características de la respuesta estatal a la movilización: 1. Militarización: “[…] todos los puntos de concentración han sido militarizados, a través de una fuerte presencia del Ejército de Colombia, cuya intervención en el marco de su función legal y constitucional de defensa del territorio y la soberanía nacional, no se justifica de manera alguna”; 2. Bloqueos de comunicación: “ […] se vienen generando acciones para debilitar la Minga a través de la instalación de dispositivos de bloqueo de la señal de comunicaciones en los puntos de concentración, pretendiendo el aislamiento de los manifestantes, ubicados en zonas alejadas del centro del país, impidiendo con ello el contacto con redes de comunicación y de derechos humanos”; 3. Estigmatización y desinformación: “Tanto desde el gobierno nacional y local, como desde las fuerzas militares y de policía, se vienen generando intervenciones mediáticas o directas hacia las comunidades , a través de panfletos, perifoneo, entre otros medios, con un claro propósito de desinformar a la opinión pública, bien sea a través de versiones amañadas del proceso de negociación con la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, o mediante señalamientos directos que estigmatizan la protesta, al señalar que se trata de acciones infiltradas por la insurgencia”.
A lo anterior se suman amenazas, acciones orientadas a sembrar el temor y generar zozobra entre los puntos de concentración de marchantes y comunidades aledañas. El tercer boletín también detalla nuevos atentados contra la vida, integridad personal y libertad, acciones de inteligencia ilegal, hostigamientos y sabotajes, acaecidos entre el 30 y el 31 de mayo en distintos municipios del país. La estrategia del Gobierno parece clara: confrontar el paro agrario con toda la Fuerza Pública y los medios a su alcance. Igual que en ocasiones anteriores, el Gobierno no dialogará sin antes reprimir la protesta, esta es la estrategia –ya conocida– para llegar a las mesas de conversación el viernes 3 de junio, buscando con la fuerza equilibrar la balanza con los movimientos sociales, nunca con argumentos válidos, propuestas veraces, tampoco con la razón.
Una lucha que responde a múltiples preocupaciones
La movilización que está en curso, no solo responde al incumplimiento de los acuerdos del 2013 pactados en el pliego “Mandatos para el buen–vivir, por la reforma agraria estructural territorial, la soberanía, la democracia y la paz con justicia social”, sino también al incumplimiento de la entrega del 83.5 por ciento de los 250.000 millones de pesos para proyectos productivos (con cargo a la vigencia fiscal del 2014) que el Gobierno se comprometió a entregar cuando se levantó el paro del 2013. La movilización puede también leerse en términos que aluden a la coyuntura de paz actual, así como a la agenda legislativa y preocupaciones concretas de las comunidades en el escenario del posacuerdo.
Es claro que las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, no han tenido mayor participación en la mesa de negociación de La Habana, al menos así lo han manifestado ellas. En alusión a esto, de manera particular, el borrador conjunto entre el Gobierno y las Farc publicado en junio del 2014 donde fueron fijados los pactos concernientes a la política de desarrollo agrario del poscuerdo, poco habla de temas relacionados con la autonomía, la soberanía política, económica y el reconocimiento de la propiedad de los recursos naturales de las comunidades rurales étnicas y campesinas. La movilización recoge estas inquietudes y la necesidad de establecer claridades al respecto.
De la misma manera la agenda legislativa impulsada por el Gobierno sigue prescindiendo la participación de las comunidades que se verán afectadas por los proyectos y las mega inversiones de capital que parecen proyectarse sobre sus territorios. En este sentido surgieron proyectos como el de las Zonas de interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) (4) sancionados, a pesar de la indignación despertada, mediante la Ley 1776 de 2016, Ley demandada en febrero del presente año por los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe, Into Asprilla y Angela María Robledo, integrantes de la Cumbre Agraria, campesina, étnica y popular, hoy en movilización (5).
Cuestionamientos al postacuerdo, al modelo de paz y desarrollo gubernamental. Las comunidades pobladoras del campo no aceptarán un modelo que opta por mega inversiones, la tenencia desproporcionada de la tierra, la desnaturalización de las soberanías étnicas y campesinas, jugar un papel secundario en el modelo de “desarrollo” del campo que pretende el actual Gobierno. La movilización popular que hoy completa su cuarto día de desarrollo, es la expresión de las justas preocupaciones de los actores que pueden resultar afectados por esta nueva estrategia de producción y acumulación que tiene como epicentro sus territorios, ignora sus voces y está pretendiendo, quizás, vincular a las comunidades –ante multinacionales y grandes empresarios– en condición de subordinación laboral precaria.
1. www.eltiempo.com/politica/gobierno/habra-nuevo-paro-agrario-nacional/1660666
3. http://congresodelospueblos.org/comunicados-congreso-de-los-pueblos/item/888-boletin-no-1-derechos-humanos-minga-nacional-agraria-campesina-etnica-y-popular.html
4. https://www.desdeabajo.info/colombia/item/27092-que-el-pueblo-se-pronuncie-frente-al-incumplimiento-de-los-acuerdos.html
5. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/lista-demanda-contra-de-zidres-articulo-620234
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