“Hay un intento de volver inofensivos los acuerdos”

La intensidad y los retos abiertos por la coyuntura por la que atraviesa el país es compartida por Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara, en diálogo con Héctor Arenas. Opiniones para el debate y para la acción transformadora.

“Vivimos tiempos decisivos. Y son breves”, enfatiza Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara por el movimiento Vamos por los Derechos que lidera junto a Iván Cepeda Castro.

Alirio conserva la asombrosa serenidad que nos impresionó cuando comenzamos a entrevistarlo en el año 2009, en los tiempos en que presidia el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y enfrentaba todo tipo de amenazas. Pero ahora es fácil apreciar en su palabra el cambio de oficio realizado con extraordinaria flexibilidad y admirable disciplina de labor y estudio.

De las demandas al Estado por gravísimas violaciones a los derechos humanos, transitó al escenario parlamentario, al apoyo decidido a los procesos de paz con las Farc y el Eln, al análisis constante de los problemas de Bogotá y del país, a las reuniones con diversas colectividades interesadas en dar a conocer y resolver sus problemas, y a la ardua construcción de una amplia gama de alianzas de fuerzas sociales y políticas, que a pesar de la lamentable fragmentación que sufren, y que debilita su capacidad de incidencia, coinciden en la necesidad de construir una propuesta de país alterna y democratizar la nación.

Antes de abordar la electrizante coyuntura que vive el país y el mundo, no podemos evitar preguntarle por la razón que lo movió a dejar los estrados judiciales en la defensa de los derechos humanos y moverse al arduo escenario de la política parlamentaria en un país que ha engendrado una cultura electorera ligada a las burocracias estatales, los poderes económicos y la conservación del statu quo.
Alirio Uribe Muñoz (AUM). Me vine a la política electoral porque intuimos que habrían procesos de paz, acuerdos, voluntades para terminar el conflicto, y que en el Congreso se iban a resolver muchos temas del desentrabe de los acuerdos y, creo, acertamos. Con muchas dificultades, las cosas se han dado y creo que es necesario gestar nuevas formas de decir y hacer política. En el caso de nuestro movimiento la tarea es alcanzar el respeto pleno de los derechos humanos.

Ahora que se ha pasado a la fase pública de la negociación con el Eln, vamos a estar muy activos con este proceso de paz.

Venimos ahora de cometer un gran error con el mecanismo del plebiscito. Derechos como el de la paz no son consultables, así lo argumentamos ante la Corte, pero no aceptó nuestra demanda de declararlo inconstitucional. El plebiscito sirvió para reciclar la derecha y la ultraderecha.

Héctor Arenas (HA) ¿En realidad avanzamos hacia la paz, o es posible que se queme el pan en la puerta del horno?
AUM. Al estar demasiado inmerso en los acontecimientos cotidianos perdemos la perspectiva, y es necesario tenerla para contemplar de dónde venimos, en qué estamos y hacia dónde podemos ir.

HA. Y, ¿en qué estamos?
AUM. Hay cambios. Hay hechos que no podemos dejar de considerar: el reclutamienrto salvaje de jóvenes en campos y ciudades cayó casi a cero. Esas batidas indiscriminadas que los jóvenes padecían han caído de forma notable. Las ejecuciones extrajudiciales, se siguen dando, una por semana, pero el 80 por ciento son a cargo de la policía, no vienen del ejército matando civiles en el marco de la confrontación. El Hospital Militar está dedicado a la atención de accidentes de moto. El registro de nuevas víctimas cayó en un 90 por ciento. Veníamos de 11.000 víctimas de minas quiebrapatas y el año pasado solo hubo diez, cinco de ellas en su desminado.

HA. Y, ¿hacia dónde vamos?
AUM. Hoy los acuerdos de paz se vuelven una hoja de ruta. Y si se acompañan con pueblo, pueden ser una agenda política. El fast track* no garantiza nada, pero es un avance importante, el país es una excepción en las experiencias internacionales de paz, en el sentido de firmar un acuerdo y preveer una fase para llevarlos a la Constitución y la ley.

HA. ¿Cómo va el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz?
AUM. Ahora vivimos días decisivos, pero la conciencia sobre la importancia de actuar con la prontitud que nos demanda lo acordado, aún no es compartida. No pocas veces se olvida que los de la política no son los tiempos de los acuerdos.

Estamos en la tarea crucial de establecer el andamiaje jurídico de los acuerdos. Y creo que lo que no apruebe el Congreso de aquí a abril, no se aprueba luego. En estos tres meses hay que sacar las bases legales de los acuerdos.

HA. Entendemos que el fast track fue aprobado hasta junio, con posibilidad de ampliación por seis meses más, hasta diciembre de este año, entonces ¿Por qué esa prontitud?
AUM. Porque es posible observar que ni el Gobierno, ni las mayorías parlamentarias, están interesadas en reformas de fondo. Lo que puede apreciarse es que hay un intento de volver inofensivos los acuerdos. Ya están listas las propuestas de reforma política, electoral y otras, pero no se avanza con la celeridad que demanda la brevedad del tiempo del que disponemos.

Además, no debería soslayarse –en términos de real politik– que el día D es el 2 de diciembre, más 180 días, fecha en la que culmina la entrega de armas por parte de las Farc. El 2 de mayo las Farc ya no tienen armas, y este hecho también coincide con la necesidad de la aprobación de las normas que desarrollen los acuerdos. Cuando las Farc no tenga armas, ya no existen. El fast track arrancó el 20 de diciembre y duraría hasta el próximo 20 de diciembre. La reforma constitucional dice que son seis meses, prorrogables por otros seis.

Pero para mí, detallando el mundo real, el fast track solo va hasta mayo, no solo por el significado de la dejación de armas ya referido sino, además, porque la unidad nacional se está desmerengando a pasos agigantados. La mayoría del ochenta por ciento lograda en diciembre para refrendar los acuerdos, hoy puede rondar el 70, en marzo puede que llegue al sesenta, y en junio ya no existir.

Entonces, el movimiento por la paz, por la democratización, debe moverse, exigir al gobierno, y así será posible que avancemos en algunos tópicos. Tenemos un momento, pero es eso, un momento, un relámpago que solo dura 4 o 5 meses.

HA. Pero, ¿cómo podría evitar el Congreso el desarrollo de lo pactado?
AUM. Piensa por ejemplo en el tema de la reforma política. Las mayorías parlamentarias no están interesadas en cambiar las reglas de juego que les han permitido dominar. Por ejemplo, en la Constitución del 91 se dijo que había que expedir un Estatuto de la Oposición, y ese mandato aún no se ha cumplido, ¿por qué?, porque lo tenía que hacer el Congreso, es decir la clase política tradicional, que es como decirle al ratón que cuide el queso.

No hay duda, filtrarán las propuestas para evitar que se acabe con el clientelismo, con el uso de los puestos públicos como pago por apoyo electoral, con el poder de los grandes capitales en las elecciones, y otras cosas más.

HA. ¿Qué propone el campo popular en el ámbito de la reforma política?
AUM. Durante un año los partidos políticos minoritarios trabajamos, junto con movimientos y organizaciones sociales, en una propuesta de reforma política. Creo que los partidos minoritarios saben más que las Farc sobre el tema de reforma política, porque han tenido que padecer las reglas de juego que impiden la participación. En apariencia la discusión es electorera, pero no es así, pues el fondo se trata de saber si en efecto habrá una apertura democrática, una apertura política. Determinar si vamos a poder garantizar que el pueblo elija a los candidatos que de verdad quiera. No debemos olvidar que en los orígenes de la confrontación armada se encuentra la exclusión política, la acción del expediente criminal por parte del Estado para evitar las opciones populares.

Entonces, la reforma política contemplada en los acuerdos de paz ya suscritos abordan un conjunto de temas clave para esa apertura política, por ejemplo: ¿vamos a lograr que los movimientos sociales sean actores políticos legales y con capacidad de tomar decisiones que transformen realidades concretas?

Los acuerdos tienen esa potencialidad. No solo hablan de los partidos políticos, también abarcan a los movimientos sociales como actores políticos. Incluso, creo, que debería haber estatutos para los dos actores: partidos y movimientos. Este último debería incluir temas como erradicar la criminalización de la protesta, el desmonte del Esmad, entre otros puntos.

Estamos trabajando sobre unos mínimos imprescindibles en la reforma política. Si no se logran, lo que puede pasar es que entran las Farc a la política, y salimos nosotros, las minorías.

HA. ¿Por qué?
AUM. Porque si no haces la apertura política y las derechas tienen el noventa por ciento de la representación: ¿a quién le quitan los votos las Farc? A minorías políticas que no alcanzan los umbrales. Pero hay soluciones, y es necesario incorporarlas. Listas de coalición, bajar el umbral, etcétera, en fin, debemos estudiar, comprender y actuar sobre este particular. Hay que mejorar los escenarios de participación y de toma de decisiones. Nos podemos equivocar, y que nos salga el tiro por la culata, pero hay que intentarlo, pues está clara la existencia de un proceso dirigido a impedir que la desaparición de las guerrillas se traduzca en la gestación de una opción política alternativa. La diferencia entre Santos y Uribe es en las metodologías para acabar las guerrillas, pero son idénticos en la defensa del gran capital.

HA. ¿Y de que opciones estamos hablando en este particular?
AUM. Podría optarse por las coaliciones políticas, pero también está la opción de reducir los umbrales. Pero aquí hay un detalle: si reducimos los umbrales volvemos a los partidos chiquitos y más residuales; es evidente que si no contaramos con los umbrales el Polo serían seis partidos; los umbrales estimulan las dinámicas de la unidad.

En esta perspectiva conocemos propuestas valiosas, como la del senador Castilla, consistente en reconocer al campesinado como sujeto político. Pero el peso aplastante del sistema impide su materialización, como ocurrió con la iniciativa de reconocer el agua como derecho humano fundamental. Las multinacionales mineras no están interesadas en absoluto en esos avances, y los torpedean a través de sus representaciones políticas.

Cuando en el 2002 llegó Uribe al gobierno, en Colombia los partidos políticos sumaban 96. Cada bloque paraco tenía uno. En el 2003 se realizó una reforma política para dar una respuesta a lo que pasó. Y hoy existen doce partidos. Las decisiones que hoy tomemos nos pueden hacer avanzar o retroceder. Pero es indispensable conocer el juego para poder prevenir normas lesivas de la democracia representativa o incorporar medidas en favor de la democratización.

HA. Para avanzar en tal dirección sería necesario tener claridad sobre el proyecto de país que pretendemos…
AUM. Así es. Precisamente hace poco tuvimos unas visitas internacionales, entre ellas vino un parlamentario que nos hizo esa pregunta, que parece elemental: ahora que se acaba la guerra, y llega la paz, ¿ustedes tienen un proyecto de país? ¿Para dónde van?, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es el proyecto político que tenemos para garantizar a la gente sus necesidades?

Los retos que tenemos al frente no son pocos. Vivimos una sociedad que no garantiza seguridad, tranquilidad a los niños y niñas. Una sociedad así, no tiene futuro.

También es necesaria la transformación de los aparatos militares que fueron moldeados en el marco de la guerra política. ¿Cómo es posible que un ejército que hace unos quince meses ejecutaba 1.200 operaciones al año, y durante lo corrido del 2017 lleva realizadas escasas quince operaciones tenga el mismo presupuesto? Un millón de hombres con esposa, hijos, padres, amigos, amantes, es una franja social. Toda esa burocracia es una franja social ligada al pensamiento bélico. Es una roca enorme que no deja avanzar ningún arado democratizador.

Hay mucha inteligencia en el campo popular. Pero hay que ir asentando cosas. Hay que ir colocando mojones de avances puntuales porque andamos entre la impotencia y la desesperanza. Hay que revisar los discursos políticos. Por ejemplo, el discurso político de la UP: viene otro genocidio, esto no va a cambiar, no enamora a nadie: ¡asóciense, que nos van a matar a todos!

La pregunta es: ¿tenemos capacidad para abrir la puerta de la democratización?

Sabemos que no la podemos abrir de par en par, pero sería muy valioso abrirla, al menos un poco. Y esto nos exige la unidad. Hoy, más que nunca, el momento político nos impone generar procesos de unidad.

HA. ¿Cómo más ha obstruido el Congreso los desarrollo legislativos de los acuerdos?
AUM. La Ley de Aministía fue pactada de manera previa. Era un capítulo de los Acuerdos. Pero el Congreso la varió. Los ponentes del proyecto se encerraron con los militares en el Ministerio de Defensa y le metieron una cantidad de cosas. Ese texto modificado fue el aprobado el 28 de diciembre.

Con la Justicia Especial de Paz (JEP), en trámite, sucede lo mismo. Presentan una propuesta con base en los Acuerdos y el Ministro de Defensa con los militares, hacen otra propuesta. Las Farc les dicen: ¿pero qué pasa? Y el Gobierno mete las dos propuestas al tiempo: llama a los dos ponentes para que acumulen los proyectos, y con la propuesta legal avalan la otra.

La Corte Constitucional se pronuncia sobre la responsabilidad de mando. Pronunciamiento contrario al Derecho Internacional, contrario a los derechos de las víctimas, y encaminado a que no haya verdad.

Otro tanto ocurre con el punto uno de los Acuerdos. La propuesta de desarrollo legislativo, con la acción del Ministerio de Agricultura y los gremios, modifica lo acordado.

Y todo esto sucede con el tiempo en contra.

HA. ¿Unidad? El escenario no es claro: en el PDA el Moir maniobra, sin importar el costo, para controlar el partido; la rivalidad entre Clara y Robledo por la postulación a la presidencia expande una oleada de desprestigio e incredulidad, cuestionando la capacidad del partido para ser una opción alternativa al régimen. La candidatura de Petro va por aparte. Las Farc están concentradas en el proceso de paz. En fin, los liderazgos de izquierda han servido de manera insuperable al régimen de dominación al mantener una atomización que les convierte en insubstanciales.
AUM. No ignoro que en la izquierda hay muchos males históricos, pero la estrategia electoral no nos permite ir abiertos. Hay también sectores en la izquierda que cuando no se mueven por intereses lo hacen por ideas, y hay que respetar esas diferencias. Es claro que también existen sectores que solo buscan franjas burocráticas.

Y también hay un grave problema de comunicación, de palabras que unos entienden de una manera y otros de modo diferente. Y como los acontecimientos van muy rápido no hay tiempo para detenerse a escuchar y aclarar. Por ejemplo, creo que es necesario un debate en torno a ¿qué entendemos por un gobierno de transición? ¿De qué estamos hablando?

HA. ¿Cómo evalúa el escenario político del 2018, con elecciones presidenciales y parlamentarias?
AUM. Creo que es necesario contemplar una realidad política: la posibilidad de que la extrema derecha regrese al poder en el 2018. Ese horizonte debería ahorrarnos muchas disputas en el campo de las fuerzas democráticas y de izquierda, y hacernos conscientes de que es necesario realizar en el menor tiempo posible la mayor cantidad de reformas para que los acuerdos sean más estables.

Hemos propuesto menos actos legislativos, y que en cambio acordemos un capítulo de reformas transitorias para la paz, y a ese capítulo colocarle: estas normas no se pueden cambiar en quince años. Tratamos de tallar en piedra legal los acuerdos, pero sabemos que si no hay voluntad política, no serán cumplidos. También elaboramos un documento de lo que consideramos vital para el desarrollo de los acuerdos.

Hay una realidad dura que es necesario transformar: el movimiento popular, las organizaciones sociales, no se apropian de los acuerdos. Hay muchas formas de valorarlos y de actuar frente a ellos.

HA. ¿A qué se refiere?
AUM. Frente al punto uno, por ejemplo, los indígenas, los campesinos, el Coordinador Nacional Agrario, la misma Cumbre Agraria, dicen: ese es el acuerdo de las Farc y nuestra agenda es otra. A nosotros no nos preguntaron.

Y este proceder significa perder una oportunidad histórica. Estas actitudes militan contra la posibilidad de hacer cambios.

O si tomo el capítulo de víctimas, puedo limitarme a decir: ¡ah bueno, las Farc y el Gobierno lo que hicieron fue legalizar la Ley de Víctimas, y eso no sirve, es insuficiente!

O puedo decir: usando los acuerdos puedo cambiar la ley de víctimas, los veinte temas estructurales que afectan a las víctimas y los quince obstáculos que afectan la restitución de tierras, y avanzar. Esta es la posición constructiva.

Repito, lo que ya señalé: hay que tener presente que hay un escenario legislativo donde no hay ninguna intención de hacer cambios. ¿Si no aprovechamos el cuartito de hora del fast track, entonces, cuándo?

Y si del 2018 al 2226 no hay gobiernos proclives al cumplimiento de los acuerdos, ¿qué pasará?

Pero esto no se ha entendido en muchos ámbitos, y así sucede porque atrapados en las dinámicas cotidianas no vemos la importancia y la fugacidad del momento histórico.

* Fast track (vía rápida) es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce el número de debates -en el Congreso- que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales.