Después del asesinato del liberador de tierra JAVIER OTECA, registrado el día 23 de marzo a las 1:30 pm en la hacienda Miraflores, Incauca arremete contra la comunidad orquestando una estrategia de persecución judicial contra los indígenas que intentaron tomar medidas de justicia conducentes al esclarecimiento y judicialización de los responsables materiales de este repudiable homicidio.
Como es de conocimiento público, el día 27 de marzo la comunidad indígena retuvo a 6 trabajadores del Ingenio Incauca involucrados en el asesinato de JAVIER OTECA. Estas acciones de justicia autónoma no solo encuentran sustento legal en la Jurisdicción Especial Indígena, sino que además son medidas que responden a la repetida impunidad que domina los casos de amenazas, persecución y asesinatos en contra del pueblo milenario de los Nasa.
Pese al clamor comunitario de justicia frente al asesinato de uno de sus miemros, desde el día de 30 de marzo el conglomerado económico y financiero Ardila Lule desató una campaña en los medios hegemónicos de comunicación en la que sindica a la comunidad indígena de ser responsable del secuestro de 6 trabajadores del ingenio Incauca.
Esta sindicación, parte de una estrategia de persecución judicial, responde al interés del ingenio azucarero de enturbiar la investigación sobre el asesinato de JAVIER, revictimizando a la comunidad indígena al acusarla de secuestro, buscando refundir en la cárcel a los luchadores sociales que desde el 16 de diciembre del 2014, con piedras y caucheras, se han atrevido a desafiar a uno de los más grandes poderes económicos colombiano y latinoamericano.
No más impunidad
De la masacre del Nilo en 1991 al asesinato de JAVIER OTECA se esconde un oscuro plan de represión, persecución y exterminio contra las formas de acción y organización de el pueblo indígena nasa en lucha por el derecho a la tierra. En la sentencia T-030 del 2016 la Corte Constitucional reconoció 23.200 violaciones de los derechos humanos contra los nasa, por lo que los declararon en riesgo real de extermino.
Por su parte, desde que en el 2005 inició el nuevo ciclo de lucha por la tierra, fuerzas oscuran que defienden intereses opuestos a la comunidad han consumado los asesinatos de Belisario Camacho (10 de noviembre de 2005 en la Hacienda el Japio), Pedro Poscué (16 de mayo del 2006 en la María Piendamó), Lorenzo Largo Dagua (29 de noviembre del 2007 en la Hacienda la Emperatriz), (Guillermo Pavi, joven de 19 años, asesinado por dos disparos de bala el día 10 de abril del 2015 en la Hacienda La Emperatriz)
Más allá: territorio, violencia y resistencia
Pero la violencia y la persecución judicial no se restringe a los nasa. Tras el proceso de paz los grupos paramilitares desataron toda una ofensiva contra los liderazgos sociales, intentando someter a los movimientos sociales, y así garantizar espacio para la inversión del capital multinacional en los territorios indígenas y campesinos. Vienen por el oro, por el petróleo, el carbón, el agua, la tierra, el coltan. Vienen por todos los recursos naturales, vienen por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Y contra tal pretensión, los únicos que constituyen una amenaza real para la penetración de las multinacionales en los territorios son los movimientos sociales indígenas y campesinos. Por ello la ofensiva militar en su contra.
De acuerdo a un informe de Indepaz, durante el transcurso del 2016 se presentó la lamentable cifra de 117 asesinatos, 350 amenazas, 46 atentados y 5 desapariciones forzadas en contra de activistas sociales y organizaciones comunitarias y populares en todo el territorio nacional. Sin embargo, la fiscalía solo reconoce 63 asesinatos de activistas sociales a nivel nacional. Por estos casos reconocidos no se ha presentado una sola condena.
La violencia contra las organizaciones sociales se tiende a concentrar en las zonas donde se presentan los mayores procesos de resistencia contra la implementación de megaproyectos mineros y agroindustriales: De los 117 asesinatos registrados el 66,6%, se concentraron en el sur-occidente colombiano. Con 43 homicidios, el departamento del Cauca es el más golpeado por la acción de los grupos paramilitares, le sigue Nariño con 5.
Al mismo tiempo, tomó forma un incremento de las acciones de represión en aquellas regiones en donde existía mayor presencia de las Farc; paradójico, la violencia se incrementa con la implementación de los acuerdos de paz, ya que sobreviene la reconfiguración de los poderes locales que buscan ejercer la hegemonía armada sobre territorios y recursos.
El Estado, lejos de perseguir y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de muerte, niega la existencia de una estrategia de exterminio contra la comunidad nasa y los movimientos sociales en Colombia. La impunidad que reina, como la incapacidad del Estado para ejercer justicia, abre el camino para la repetición de los atentados contra la vida de los miembros de las organizaciones sociales y populares. Pero no sólo esto, además se persigue a las víctimas, acusándolas de terroristas y secuestradores.
Frente a la impunidad no queda otro camino que el desconocimiento de la falsa justicia estatal, la organización comunitaria y el ejercicio directo del poder. Ante la desprotección y persecución del Estado las comunidades deben asumir su propia protección, como único poder legítimo y de base. Tanto la Guardia Campesina y Popular, como la Guardia Indígena ya vienen construyendo puntos de control en los territorios, como un mecanismo que busca proteger a las comunidades ante la avanzada de los grupos paramilitares y la militarización del territorio.
Resistencia que dificilmente puede cumplir con su propósito sino está acompañada de la solidaridad de todos los movimientos sociales a nivel nacional. Por ello, teniendo en cuenta lo que está en juego, es necesario que todas y todos estemos atentos a los acontecimientos de Corinto, prestos ala movilización y al rechazo del asesinato de JAVIER OTECA, y para ejercer una dura resistencia contra la posible judicialización y persecución de los activistas sociales de Corinto
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