La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana…
El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.
Todo lo que sube tiene que bajar
Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.
Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.
Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.
Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.
Como mínimo dos años más de desaceleración
De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.
Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.
Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas […] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.
Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.
Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.
Crecimiento sin equidad
El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.
A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.
Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.
La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.
Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.
Recuadro
Para favorecer a los de siempre
La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.
La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.
En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.
El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.
La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.
El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.
En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.
La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.
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