El pasado 9 de julio de 2017 se realizaron sendas consultas populares en los municipios de Pijao (Quindío) y Arbeláez (Cundinamarca). En ambos ganó el NO rotundo con más del 90 por ciento de los sufragios en contra de las actividades extractivas.
Un No con eco generalizado. En Pijao 2.613 personas (de un total de 6.073 habitantes aptos para votar) dijeron NO a la explotación de minerales; 26 por el sí y 8 votos fueron anulados. Por su parte, en el municipio de Arbeláez 4.312 fueron las personas que rechazaron la explotación y la exploración de hidrocarburos en su territorio, frente a 38 que la aprueban. Este resultado reafirma la constante nacional (Cajamarca, Cumaral, Piedras, Cabrera) que se opone a la destrucción de sus territorios, despertando frente al espejismo del mal llamado “progreso”, que solo trae ruina y destrucción. En otros municipios, como Jericó y Támesis (Antioquia) sus concejos municipales dejaron sentar su rechazo a la explotación minera en su jurisdicción.
Una convicción social, ambiental y política que refleja el eco de la crisis climática que afecta a toda la humanidad, ante la cual poblaciones del más variado signo optan por proyectar su futuro y de quienes les seguirán con responsabilidad, sin dejarse engañar por un Dorado que en departamentos como el Chocó, la Guajira, Putumayo y otros, ha confirmado y reconfirmado, una y otra vez, que la minería es una simple ilusión, de la cual se benefician las multinacionales, sus verdaderas defensoras.
Voces gubernamentales
Y junto a los grandes capitales llegados desde otros continentes, también existen defensores de oficio. En nuestro caso, son las voces gubernamentales y empresariales opuestas a este tipo de consultas populares.
Para el exministro Eduardo Pizano, el petróleo es un generador de recursos para el Estado y el rechazo que está corriendo por todo el país generará problemas fiscales porque “si no se cuenta con esos recursos, o hay más impuestos o el Estado no va a poder pagar ese tipo de derechos que se habían garantizado”, aseguró.
Por su parte, Hernando Barrero de la Asociación colombiana de ingenieros de petróleo dijo: “Creo que es necesario establecer la seguridad jurídica en el sector minero, no se cuenta con certeza sobre la obligatoriedad o la fuerza vinculante de las consultas teniendo en cuenta que hay unos derechos adquiridos por varios empresarios”.
Orlando Velandia, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos agregó: “Según el Consejo de Estado en el fallo del 30 de mayo, estas decisiones cobijan el manejo del suelo hacia futuro, es decir, garantiza la seguridad de los contratos ya realizados. También los fallos de la Corte Constitucional, como la del Consejo de Estado, hablan de un nivel de competencias que le corresponden al gobierno nacional y a los entes territoriales, ahí hay ciertos elementos de confusión que no están dejando claro cuál es el nivel de decisión de estas consultas populares”.
No obstante, Mónica Flores quien es representante del comité promotor de la consulta en Pijao declaró a los medios que: “Hay que tener muy claro aquí, que la Corte Constitucional a través de la sentencia T-445 de 2016 lo que hizo fue ratificar la Constitución política de Colombia, está diciendo que las consultas populares, a diferencia de lo que dicen algunos gremios del Gobierno, sí es vinculante y hay que respetar la decisión del constituyente primario… y nosotros lo vamos a hacer respetar”.
¿Dependencia al extractivismo o negativa a otras actividades?
“Nosotros tenemos una altísima dependencia a la industria de hidrocarburos, generamos más de 20 billones de ingresos tributarios al año y está garantizándose por el momento la suficiencia de combustibles en el país… En la medida en que estas consultas vayan creciendo en la forma en que lo están haciendo, pues se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de este país y la autosuficiencia en materia de combustibles”, afirmó Orlando Velandia
Y agregó: “En la última reforma tributaria se aumentó el IVA en 3 puntos para recibir dineros cercanos a 6 billones de pesos, si al decirle no al extractivismo dejamos de generar más de 22 billones de pesos al año, el Gobierno debe recurrir a los ingresos tributarios. Las decisiones que están tomando los municipios nos afectan a todos”.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petroleros, tiene una opinión similar:
“El impacto de carácter fiscal que se termina traduciendo, sin duda alguna, en más impuestos para todos los colombianos. Seguir con la idea de sacar a patadas a todos los proyectos mineros y de hidrocarburos sería una profunda estupidez”. De acuerdo con este funcionario, “Tiene que ver también con la calidad de vida de los colombianos porque si nosotros perdemos la autosuficiencia en materia de combustibles, pues eso termina significando que debemos prepararnos para combustibles más costosos, incluido un gas natural más costoso. Tenemos un régimen fiscal que es muy poco atractivo, mientras la carga fiscal promedio de esta industria es del 70 por ciento, es difícil que los inversionistas se fijen en Colombia con el mismo interés”.
También aseguró que las iniciativas en los municipios como Pijao y Arbeláez son promovidas por intereses políticos. “No son comunidades espontáneas que de la noche a la mañana están preocupadas por el medio ambiente, no. Hay intereses políticos. Hay políticos… que en una época electoral que está iniciando, apalancan sus campañas con el discurso ambientalista.
Y continuó: “Hay grupos de izquierda que están alineados con fuerzas sindicales, con grupos armados al margen de la ley; que lo que quieren es estatizar la actividad petrolera en Colombia. Han querido sacar a las multinacionales, olvidando que sin las multinacionales Colombia hoy no tendría actividad petrolera”.
Al respecto, vale la pena preguntarse: ¿Qué motivó a la población Pijaense a convocar a una consulta popular? Mónica Flores dio estas razones: “El problema que teníamos era la minería a gran escala con los títulos que se habían concedido y las nuevas licitaciones mineras”. También aseveró que en Pijao hay aproximadamente 18 solicitudes para extracción, 6 de ellas para extracción de metales.
“Lo que queremos es blindar a Pijao de una minería de metales a gran escala porque este es un municipio que tiene paisajes de páramo, de valle, de montaña y un gran potencial económico a través de la agricultura y a través del turismo responsable”.
Las próximas consultas sucederán en Pasca (Cundinamarca), Paujil (Caquetá) y Marmato (Caldas). En más de 30 municipios también recogen firmas para que sea la voluntad popular quien confirme o rehúse proyectos que afectarían su terruño, bien por efecto de explotación minera, petrolera o por generación de energía.
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