Esta fue una semana imponente para Brasil. El juez Sergio Moro condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a más de nueve años de prisión, un día después de que el parlamento más corrupto de la historia nacional aprobara una reforma que desmantela la legislación laboral y dos más tarde de que el mismo Congreso comenzara a tratar el caso del actual presidente Michel Temer, que puede ser destituido en no demasiado tiempo.
El miércoles 12 Sergio Moro, el “juez más político de Brasil”, según la oposición petista, divulgó su decisión de sentenciar a Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero. El magistrado de primera instancia acusa al ex presidente de haber recibido un apartamento de lujo en la periferia de San Pablo de manos de la constructora Oas, y dinero contante y sonante como pago por los favores que habría otorgado a la empresa haciéndole ganar licitaciones súper millonarias. El apartamento, un tríplex ubicado en Guarujá, en los alrededores de la capital económica del país, estaba a nombre de Oas, pero la fiscalía estimó que era del ex presidente, basándose en el testimonio del propietario de la constructora, Leo Pi¬nheiro, obtenido aparentemente por el mecanismo de la delación premiada, aunque esto último no está plenamente confirmado. Oas es, junto a Odebrecht y Jbs, una de las megaempresas implicadas hasta el tuétano en el megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que Moro investiga en el marco de la operación Lava Jato. Según la defensa de Lula, Pinheiro fue presionado por Moro para que declarara contra el ex presidente.
El “caso del tríplex” comenzó el año pasado, cuando Moro acogió una denuncia elevada por el fiscal Deltan Dallagnil, un evangélico que considera a Lula como “jefe máximo” de una mafia político-empresarial. A ese binomio los petistas lo llaman “la fuerza de tareas de Curitiba”, ciudad en la que están basados. Las pruebas del delito no han sido aportadas. En su momento, Dallagnil dijo que estaba “totalmente convencido” de estar en lo cierto.
El ex obrero metalúrgico apelará el fallo (histórico, por lo demás: es el primero de un magistrado contra un ex presidente de la república) y espera que el mismo tribunal que absolvió este mes, también en segunda instancia, por falta de pruebas, al ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari, que había sido condenado por Moro a 15 años de cárcel, tome una medida similar en su favor. Según señaló este miércoles la edición brasileña del diario español El País, de las 48 sentencias de Moro examinadas por ese tribunal, el Regional Federal de la Cuarta Región (Trf 4), basado en Porto Alegre, sólo cinco fueron anuladas. Una de ellas fue la que benefició a Vaccari, decidida por dos a uno. Los mismos jueces intervendrán en este caso. El Trf 4 no tiene fecha para expedirse, pero El País observa que acostumbra tomarse su tiempo. El caso Vaccari le insumió 22 meses, desde que el juez Moro comunicara su sentencia, en setiembre de 2015.
Lula, que esperará en libertad el fallo en segunda instancia –así se lo concedió Moro–, está decidido a insistir ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para demostrar que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada para impedirle presentarse a las elecciones, según dijo el miércoles uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins. Zanin ya denunció a Moro ante ese organismo junto a su colega australiano Geoffrey Robertson, abogado del fundador de Wikileaks Julian Assange.
El ex presidente tiene otras causas abiertas, siempre en el marco de la investigación por la trama de corrupción en Petrobras, pero se anotó un porotito (muy ínfimo, eso sí, visto lo que está en juego) con el pedido del Ministerio Público Federal de archivar las acusaciones en su contra por obstrucción a la justicia. Los ex titulares de Petrobras Graça Foster y Sergio Gabrieli, que llevaron a cabo sus gestiones bajo los gobiernos del antiguo dirigente metalúrgico y de Dilma Rousseff, también fueron absueltos de ese delito.
Desde junio se sabía, por declaraciones del propio Moro, muy afecto a la exposición mediática, que la condena era un hecho. No quita que el impacto fue tremendo. En caso de que el fallo sea confirmado Lula no podrá postularse en octubre de 2018 y quedará inhabilitado por 19 años para ocupar cargos públicos.
Sin su líder histórico, el Partido de los Trabajadores no tiene posibilidad alguna de presentar un candidato potable. Y en el parlamento ni hablar de que pueda llegar a obtener una mayoría. El “partido de Lula” acaba de realizar un congreso que exhibió como un paso hacia su renovación. Pero su nueva líder, Gleisi Hoffmann, una abogada de 51 años, actual senadora y ex jefa de gabinete de Dilma Rousseff, está siendo investigada, junto a su marido, en el marco de la causa Lava Jato.
Quien sigue a Lula en las encuestas –lejos, a 15 puntos, pero le sigue– es Jair Bolsonaro, un parlamentario de ultraderecha y antiguo militar, integrante de la llamada “bancada de la bala” (los legisladores que ven con buenos ojos el gatillo fácil policial, por ejemplo). Tiempo atrás Bolsonaro calificó de héroe nacional a Carlos Brilhante Ustra, un general acusado de haber torturado a Rousseff cuando estuvo presa, y a él le dedicó su voto cuando fundamentó su “sí” a la destitución de la ex presidenta. En las últimas elecciones legislativas, en 2014, este por entonces integrante del Partido Progresista y hoy postulante a la presidencia por el Partido Social Cristiano, también conocido por infinidad de declaraciones machistas y homofóbicas, fue uno de los candidatos que más votos obtuvo para un cargo de diputado federal (casi medio millón de sufragios en Rio de Janeiro). Un síntoma del descaecimiento político que se vive en Brasil.
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Dilma Rousseff figuró entre quienes primero reaccionaron tras la condena a su mentor político. El fallo de Moro, dijo, “es una flagrante injusticia y un absurdo jurídico que avergüenzan a Brasil. Las garras de los golpistas intentan desgarrar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo conseguirán”.
La Avenida Paulista, la mayor de San Pablo, comenzaba el miércoles a ser escenario de manifestaciones a favor y en contra de Lula, que ayer jueves continuaban.
TEMER TAMBALEANTE.
La semana había comenzado también fuerte, con el inicio del proceso parlamentario que puede conducir a que Michel Temer sea objeto de un juicio político y destituido por corrupción, igual que su ex compañera de fórmula Dilma Rousseff, a la cual remplazó y contribuyó a hacer caer. El lunes 10 el relator de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, Sergio Zveiter, del Pmdb, el partido de Temer, consideró que existen indicios suficientes para que la acusación por corrupción pasiva que la Fiscalía General de la República formuló contra el mandatario sea encaminada al Supremo Tribunal Federal (Stf). Pero es poco probable que la comisión se expida en contra de Temer: de manera escandalosa, diez de sus integrantes que eran favorables a enjuiciar al presidente fueron cambiados y la correlación de fuerzas pasó de ser negativa para Temer a positiva. Uno de los sustituidos, Delegado Waldir (así se llama), calificó al presidente de “bandido” y de “jefe de cuadrilla organizada”. Sin embargo, la decisión final le corresponde al pleno de la Cámara, y allí los representantes ahora remplazados podrán votar. Según cálculos primarios, en esa instancia las cosas rodarían mal para Temer. Ya hay denuncias de que el Pmdb, uno de cuyos sectores es partidario de expulsar al relator Sergio Zveiter, está intentando sobornar a algunos legisladores para que cambien su voto y apoyen al presidente.
Si el pleno de Diputados considera que hay razones suficientes para someter a Temer a un proceso de impeachment, el mandatario sería remplazado al menos por 120 días por el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, integrante del partido ultraconservador Demócratas. Maia fue uno de los principales impulsores de la llegada de Temer a la presidencia tras el impeachment a Rousseff. Hoy no ve con malos ojos recurrir a la misma vía para derrocar al derrocador y ocupar su lugar. Cuenta, de hecho, con el apoyo de los sectores empresariales y de los grandes grupos mediáticos, en particular de O Globo, que un día sí y otro también hace campaña en favor del legislador y contra Temer, por los escándalos de corrupción en que está envuelto el presidente. Temer tiene hoy un nivel de popularidad extremadamente bajo, de apenas 4 por ciento, el peor de un presidente en ejercicio desde que se hacen mediciones en Brasil, y se ha vuelto muy poco funcional para quienes antaño lo llevaron al Palacio de Planalto. Maia no es muy popular que se diga (en 2014 fue electo legislador con sólo 0,6 por ciento de los votos en Rio de Janeiro), y menos aun honesto (está también acusado de corrupción, como alrededor de 300 de sus colegas), pero su imagen está mucho menos desgastada que la del pemedebista.
LA MADRE DE TODAS LAS REFORMAS.
Temer se ha dado algunos gustos desde que fue confirmado en la presidencia, el 31 de agosto pasado. Está pudiendo, por ejemplo, concretar su soñado combo de reformas liberalizadoras: la de la previsión social, la que generaliza las tercerizaciones, y la laboral, la frutilla sobre la torta del paquete y la que más resistencia ha generado hasta ahora en la sociedad brasileña. La ley de tercerizaciones ya fue adoptada, la de la seguridad social está encaminada, y la laboral se acaba de aprobar, como si se tratara de un pase de último momento de una estrella para un equipo grande. La Cámara de Diputados la adoptó en la noche del martes con 50 votos a favor y 26 en contra. El proyecto, que obtuvo el consenso del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y del Pmdb de Temer, prácticamente echa por tierra con lo básico de la legislación brasileña en materia laboral, consagrada en un código aprobado hace casi 75 años, la Consolidación de las Leyes del Trabajo (Clt). Entre otras cosas, la nueva norma liberaliza la jornada laboral (que puede llegar a ser hasta de 12 horas, y la semana laboral hasta de 48), las modalidades de contratación (generaliza los contratos basura), flexibiliza los despidos (los patrones ya casi no tendrán que fundamentarlos), permite el remplazo de personal fijo por otro precario, privilegia las negociaciones personales empleado-patrón por sobre las colectivas, suprime de hecho las horas extra, elimina la cuota sindical obligatoria, divide en tres las vacaciones anuales, reduce de una hora a media hora la pausa para el almuerzo, autoriza que embarazadas o mujeres que están amamantando puedan ser asignadas a tareas hoy consideradas insalubres, suprime los derechos que en 2014 conquistaron las empleadas domésticas… Y así. En los hechos liquida a la Clt, aprobada en 1943 bajo el gobierno de Getúlio Vargas. Los sindicatos brasileños –todos ellos, los que integran cada una de las seis centrales, desde la más zurda a la más moderada– leen esta reforma como la mayor ofensiva antisindical que ha ocurrido en décadas en el país, incluidos los 31 años de dictadura cívico-militar. Varias de estas centrales no querían nada a Rousseff y muy poco a Lula, pero la reforma laboral las unió. Contra ella hicieron dos huelgas generales en los últimos meses y gigantescas concentraciones. Una de estas manifestaciones, la última, en junio, convocó a unas 150 mil personas en Brasilia, y terminó dispersada a fuerza de gases lacrimógenos y balazos. Pero no hubo caso. “No tenemos las fuerzas suficientes”, comentó el miércoles Moacyr Roberto Tesch, secretario general de la Nueva Central Sindical de Trabajadores. Y apuntó algo que consideró “terrible”: “Algunos trabajadores festejaban el martes la aprobación de la reforma porque ya no tendrán que pagar la cuota sindical obligatoria y podrán ‘negociar’ directamente con el patrón, sin mediación gremial. Compraron el verso del gobierno de que ahora tendrán una relación de iguales con su patrón y podrán acordar mejores condiciones laborales. No se dan cuenta de que esa relación uno a uno es la más de¬sigual que pueda existir, sobre todo en las grandes empresas trasnacionales, que van a poder hacer lo que quieran. ¿Cuál es el poder negociador de un individuo aislado ante una empresa? No sería raro que hubieran comprado también el argumento gubernamental de que sin flexibilizar las relaciones laborales la inversión no llegará y la economía seguirá estancada”. Tesch prevé que sin la cuota sindical obligatoria muchos sindicatos deberán cerrar sus puertas, así de simple, por falta de presupuesto para su funcionamiento. Algunos durarán unos meses más, otros tal vez un año o dos. Los más afectados serán los gremios de los sectores de nueva sindicalización, a los que les cuesta nacer porque la represión antisindical es feroz, como algunos del campo o los de los servicios.
Un gremialista argentino, Luis Hlebowitz, comentaba por estos días en Brasilia que Brasil juega hoy en América Latina el mismo papel que Chile en las décadas del 70 y el 80: “el laboratorio de las reformas neoliberales. Los trabajadores del conjunto de la región debemos tenerlo en cuenta, porque cosas así se intentarán aplicar en todos los países”, dijo, y remarcó que en Argentina el gobierno de Mauricio Macri, “un gobierno de empresarios, si los hay”, está intentando avanzar en el mismo sentido que el brasileño. Tantea, progresa a ensayo y error, con un poco más de prudencia que Carlos Menem en los años noventa, aunque con el mismo fin. “Cuanto más fuertes sean los sindicatos menos podrán plasmar sus proyectos”, dijo Hlebowicz.
Según un documento de la Universidad de Campinas, la reforma fue redactada por escribientes de la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura y obtuvo el apoyo de la Federación Brasileña de Bancos y de las principales empresas del sector de la comunicación, entre ellas el grupo O Globo.
La nueva norma sólo entrará en vigor pasados 120 días de su promulgación por el presidente, es decir al menos en noviembre, descontando que Michel Temer la refrende la semana próxima. Algunos sindicatos y partidos de izquierda se proponen aprovechar ese tiempo para hacerla inaplicable en los hechos, con recursos judiciales, manifestaciones, huelgas, ocupaciones. Es el caso de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación, que agrupa a más de un millón y medio de personas en todo Brasil. Su líder, Artur Bueno de Camargo, dijo a Brecha que la semana próxima se reunirá con representantes de otras 16 confederaciones sindicales, que en total agrupan a 80 millones de trabajadores, para impulsar una estrategia de resistencia activa a la reforma. “Para eso nacimos los sindicatos, para resistir los planes del capital, conquistar derechos y tratar de impedir que saquen cada vez mayores tajadas a costa nuestra, ¿no?”
La reacción de Lula
“Atacan un proyecto distinto de país”
Hablando de sí mismo en tercera persona, el ex presidente brasileño dijo ayer, jueves, en su primera reacción ante el fallo del juez Moro, que la sentencia “no es contra Lula sino contra el pueblo brasileño, (…) contra un proyecto de país. (…) Ellos intentan destruir todo lo construido durante estos años por los trabajadores, las conquistas y las cosas más simples, como la industria nacional. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Por eso les digo: ‘Señores, permitan que el pueblo haga lo que ustedes no saben hacer’”.
Tras afirmar que no había en el texto de la sentencia ninguna prueba real en su contra y sí muchas consideraciones “políticas”, dijo que el “ataque” a su persona es de la misma naturaleza de la embestida que terminó con la destitución de su sucesora y correligionaria Dilma Rousseff y contra “las fuerzas democráticas” “Es el mismo golpe. (…) Están destruyendo los fundamentos de la democracia”, proclamó. Lula terminó hablando directamente de su candidatura para las presidenciales de octubre de 2018, sobre la cual hasta ahora no se había pronunciado, y dijo que sí se postulará una vez más. “Voy a reclamarle ese derecho al PT”, gritó, en medio de las aclamaciones de sus partidarios: “Brasil, urgente, Lula presidente”.
Comentarios en la aldea
Tirios y troyanos
La complicada situación procesal de Lula generó, como era de esperar, instantáneos comentarios de los dirigentes políticos de la oposición local, ávidos por capitalizar la mala noticia sobre uno de los íconos del progresismo de la región. Así, se pudo divisar desde la crítica más directa y corrosiva de los representantes del partido político con mayores chances de destronar al Frente Amplio en 2019 (el aliancista Pablo Abdala escribió: Lula tenía “relaciones carnales con la Oas. En 2013 vino a Uruguay por la regasificadora en el avión de la empresa. Pidió por la Oas a Mujica”) hasta la cuidadosa alusión a la corrupción sistémica que afecta a toda la clase política, según el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.
En las huestes frenteamplistas, notorios dirigentes del Movimiento de Participación Popular, como Daniel Caggiani o Alejandro Sánchez, apuntaron a la “falta de pruebas” reconocida por el propio fiscal del caso y a los efectos de la reforma laboral implementada por Michel Temer. Algo similar fue esbozado por el socialista del ala garganista Gonzalo Civila en Twitter: “Venganza oligárquica”.
El Pit-Cnt difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el ex presidente, “con el movimiento sindical y popular brasileño” y repudió el procesamiento por considerarlo “arbitrario e ilegal”. La movida del juez Moro es interpretada como un paso más de la “oligarquía corrupta y golpista” que “derrocó a Dilma y puso en marcha un brutal ajuste contra el pueblo brasileño”, que es resistido por el movimiento sindical y popular brasileño con protestas “brutalmente reprimidas, en la ciudad y en el campo, con heridos y varios muertos entre los campesinos que luchan”.
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