“El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo”. Aunque sin tal potencia, lo sucedido con don José en Medellín, despertó y proyectó ondas no solo en esta ciudad sino por todo el país.
Sin duda, don José, un campesino desplazado que se vale de una guitarra y su voz para ganarse la vida, el 7 de mayo ingresó al restaurante el Tarquino –ubicado en el barrio El Poblado de Medellín– para cantar “mamá vieja” de los Visconti. Después de su acto algunos clientes del restaurante decidieron invitarle a almorzar, pero al momento de sentarse la administración del establecimiento le pidió el favor de que comiera afuera, lo que generó la indignación de los asistentes. Valeria Lotero, artista plástica, denunciante del caso y varios comensales más, manifestaron su indignación frente a la administradora, decidiendo retirarse del lugar y denunciar en redes sociales lo sucedido, lo cual generó que las personas se manifestaran contra este caso con el numeral #YoSoyDonJosé. Sin duda, lo que le ocurrió a don José causó uno de los mayores revuelos mediático en la semana comprendida entre el lunes 7 y el domingo 13 de mayo.
En los últimos días don José aseguró que no se sintió discriminado, y señaló que la dueña del restaurante siempre ha sido buena con él: “Esa señora hace 20 años me deja cantar ahí. Yo la estimo porque es muy formal con el compañero y yo. Yo la aprecio porque nos deja trabajar ahí, estoy muy agradecido” . Después de un día en boca de todos, el restaurante Tarquino también divulgó un comunicado sobre el caso de don José en el que aseguran rechazar cualquier forma de discriminación y lamentaron el incidente del 7 de mayo.
Sin embargo el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los hechos, y el martes 8 de mayo un g
rupo de personas se sentó afuera del local en aire de protesta, destapando sus recipientes con el almuerzo, para hacerse sentir en contra del caso; indignación que ya alcanzó dimensiones nacionales. Así mismo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, puso su atención en el caso y anunció una investigación a través de su Twitter: “He pedido al Super Delegado @fidelpuentessi1 que dé inicio a indagación preliminar por lo ocurrido a José de Jesús López en el Restaurante Tarquino-Medellín. Podría configurarse violación del derecho de igualdad-no discriminación. (Art. 3 núm. 1.12 Estatuto Consumidor (Ley 1480/11)”
Más allá de que el caso se haya expandido por justas causas o por una exageración que se deriva de un malentendido, sentido que puede ser atribuido en parte a la solidaridad y en parte a la simple caridad de los más favorecidos que entre sollozos expían las culpas de sus privilegios; da pie para exponer uno de los más grandes problemas de seguridad social en nuestro país: lo referente a la vejación de las políticas pensionales y de la tercera edad.
En Colombia existen dos grandes políticas de Estado que se enfocan en la atención de las personas mayores de 60 años, quienes actualmente representan el 9,5 por ciento del total de la población de Colombia, pero según las proyecciones estadísticas, para el 2050 alcanzarán el 20 por ciento.
La primera política surge de la Ley 1151 de 2007, que determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, luego ratificada por la Ley 1251 de 2008, mediante la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Sus retos plantean la necesidad de superar problemas como las desigualdades sociales de la vejez, la dependencia funcional, la enfermedad, discapacidad y calidad de vida de las personas adultas mayores, erradicar el hambre y la pobreza extrema de este sector de la población, en búsqueda de un envejecimiento activo, satisfactorio y saludable como derecho de todas y todos los colombianos.
La segunda se centra en los regímenes pensionales, que a través de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, establece dos regímenes de pensión: el régimen público de Prima Media con Prestación Definida (RPM), manejado por Colpensiones, y el régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), manejado por el sector financiero. Ambos regímenes están orientados a personas que trabajen en el sector formal de la economía, que además tengan una alta estabilidad laboral, que posean altos niveles educativos y que trabajen preferiblemente en las zonas urbanas, ya que del total de la población activa que tiene el país, solo el 32 por ciento logra aportar a pensión, salud y aseguradora de riesgos; y además, hoy por hoy sólo uno de cada 4 adultos mayores tiene pensión.
Pero regresemos con don José, un adulto mayor de 60 años, quién después de ser desplazado ha sobrevivido en Medellín gracias a su guitarra y su voz. Si lo quisiéramos volver una estadística, don José haría parte del 50 por ciento de adultos mayores que se encuentra por debajo de la línea de pobreza, sería también parte del 20 por ciento de adultos mayores que sobrevive exclusivamente gracias a su trabajo, y del 68 por ciento de adultos mayores que no tienen una pensión; y como trabajador, pertenece a los 14,6 millones de hombres y mujeres que se rebuscan en la informalidad, sin tener contrato ni garantías de derechos laborales.
Y es que la indignación que genera lo sucedido, que se transmite por redes sociales y se evidencia en las tendencias de Facebook y Twitter, no se manifiesta en hechos reales o tangibles; don José debe seguir viviendo del rebusque, pues su situación particular no ha cambiado a pesar de haber despertado fuertes reacciones de solidaridad (¿tal vez lástima?) por su repentina fama en diferentes medios de comunicación.
La realidad es que en Colombia los adultos mayores se ven cotidianamente sometidos a situaciones de discriminación que se han normalizado en toda la sociedad. El sistema económico que impera en el país los considera obsoletos, ya que han dejado de ser productivos para las empresas; el sistema de salud los considera una carga, pues requieren 3 veces más cuidados y atención que una persona en edad adulta; el 9,3 por ciento viven solos, a pesar de que en la mayoría de los casos tiene una familia con posibilidad de cuidarlos y acompañarlos; el 40 por ciento sufre de depresión como consecuencia de la sensación de no servir para nada y el 4 por ciento ha sufrido violencia intrafamiliar severa . Todo esto evidencia que las políticas existentes son insuficientes para atender una población que no solo es vulnerable, sino que va creciendo con el tiempo.
Si en Colombia no se da una profunda transformación del modelo económico, laboral y cultural, seguiremos viendo a más hombres y mujeres como don José, que a pesar de tener toda su vida encima, deben buscar en las calles el sustento diario, sin tener claridad de sus derechos como adultos mayores.
Más de 20 años
“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”, aseguró don José al ser preguntado por su oficio. Por su parte, una joven que ya no es estudiante de secundaria, entrevistada por un noticiero de televisión afirmó: “cuando yo iba para el colegio siempre lo veía en los buses, cantando”. Otros entrevistados, todos, confirman que don José es un campesino desplazado.
“[…] hace 20 años me dejan cantar ahí”. Sí, don José fue desplazado, pero hace más de 20 años, sin embargó nunca pudo beneficiarse de una política pública que le brindara acogida en la urbe, una política que le facilitara capacitación laboral y lo incluyera en algún plan de empleo, por lo cual tiene que rebuscarse por cuenta propia. Cuando fue desplazado tenía 40 años o un poco menos, ahora está en los 60 o algo más. Don José no solo sufrió el infortunio del desplazamiento, sino el de la exclusión estatal, no solo el de la exclusión en el restaurante-
Hay que recordar que producto de la guerra, del total de personas desplazadas desde el año 1985 hasta el día de hoy, el 8,3 por ciento tenían 60 años o más al momento de su expulsión, es decir, 599.251 adultos mayores tuvieron que abandonar sus terruños debido al conflicto.
Y frente a esto la respuesta del Estado y de las administraciones locales es insuficiente. A pesar de que según la Ley 1448 de 2011 las víctimas del conflicto armado tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de no repetición, vemos que a la fecha la población desplazada que llegó a las ciudades no ha tenido las garantías para retornar a sus tierras, y tampoco les han garantizado una vida digna en los nuevos lugares que habitan. En su mayoría de los casos estas personas quedaron obligadas a engrosar los cinturones de miseria de las grandes ciudades y robustecer la cifra de las personas que viven en la informalidad laboral.
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