Dicen que no hay quinto malo. Es un decir popular que con seguridad será refrendado a favor de la reivindicación sentida por la gente, y asumida en la puja institucional por los sectores más progresistas de Colombia, en la Consulta anticorrupción por celebrarse el próximo 26 de agosto. Una puja que tratará de aprovechar a su favor el nuevo Presidente, con llamados a favor de la consulta, para ampliar y consolidar su gobernabilidad y espacio.
En un despejar sin nubarrones, comenzará de esa manera una suerte de purga nacional democrática. Un aliento, luego del rosario de derrotas sufridas en las urnas por quienes impulsan un país distinto: el triunfo del No en el referendo celebrado el 2 de octubre de 2016, la iniciativa y mayorías del Centro Democrático, CD, en las elecciones del 11 de marzo para el Congreso de la República; resultado con prolongación el 27 de mayo, en la primera vuelta para la Presidencia de la República y, con cierre positivo para sus filas en la segunda vuelta del 17 de junio. Es decir, un marcador de 4 a 0. Eso, sin contar los goles marcados desde el mismo momento en que el jefe del CD resultó ungido y reelegido como Presidente del país (2002/2006-2010…)
La consulta surgió por iniciativa de las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, integrantes del Partido Verde y recoge, a buena hora, un clamor nacional: detener o ponerle dique al “cosquilleo” que sufren los bolsillos públicos día tras día, un robo por parte de los dedos largos tanto de políticos como de empresarios de diferente color e ideología. Con sus dedos, dos al decir de la vieja canción (1), no son pocos los montos del erario que alcanzan a hurgar, pues, según un reciente reporte de la Contraloría Nacional la suma alcanza a los 50 mil millones en un solo año (2). Danza de los millones que en realidad concreta de forma brutal la privatización del Estado por parte de empresarios y sus fichas en el establecimiento.
Privatización concretada a través de varias vías. Todas penalizadas, pero burladas con la destreza de quien conoce el funcionamiento de la administración pública: soborno, cohecho, tráfico de influencias, peculado y malversación, prevaricación, nepotismo, clientelismo, encubrimiento, obstrucción de la justicia, impunidad. Delitos concretados, una y otra vez sin condena política, ante la ausencia o limitada vigilancia social.
Si bien las siete preguntas que integran la consulta, en estricto sentido no tienen el espíritu de enfrentar la privatización del Estado y por esta vía al neoliberalismo, en tanto máximo motor del individualismo –como camino para la “realización personal”–, y de la misma corrupción, sí abre puertas para avanzar en la dirección estructura-corrupción, para plantear una disputa de fondo con el establecimiento. De no ser así, cabe decir que aun con la variación que puede lograr en la opinión pública, el referendo deja una puerta abierta a las manos lisas.
De ser así, si sus promotores y la campaña por el referendo asumieran la implicación de lucha contra el efecto de ‘privatización del Estado’, la consulta no solo abriría una puerta para movilizar al conjunto social contra un actuar traducido en normas, amarrando las manos de políticos y empresarios para que no prosigan con el desangre del erario, sino que además el país podría avanzar en el enfrentamiento de las causas estructurales que le abren puerta a la corrupción como tal. Un fenómeno que como la guerra arrastra el país desde siempre, pero que en la última etapa de su vida nacional crece en proporciones descomunales.
Es un elemento del enfrentamiento a la corrupción, sin el cual la consulta tomaría una ruta limitada –errada– que empaña apenas la vida de algunas personas, como actores visibles del suceso, pero sin llegar a constituirse en una confrontación contra las causas estructurales que propician el recurrido ilícito. De este modo, es necesario un ‘cerco’ integral a la corrupción. ‘Cerco’ o combate sin el cual el objetivo del llamado a las urnas para agosto próximo solo arrojará resultados a medias: aislará a unas personas, pero sin lograr quebrar el sistema que abre los conductos de todo orden a quienes ven en el Estado un botín por apropiar.
Un fenómeno estructural
La corrupción “está de moda” en toda América Latina. Digámoslo así, por no extender la mirada a países europeos, asiáticos, africanos, o a los propios Estados Unidos, en donde hay suficientes ejemplos de la apropiación de lo público por parte de particulares. En América Latina, como es de conocimiento público, existen varios casos paradigmáticos, como son los de los expresidentes Alberto Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, todos ellos “primera cabeza de Perú”, con un final de presidarios o tachados socialmente por corruptos.
Situación similar es la vivida por Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá; Inacio Lula da Silva, de Brasil; Mauricio Funes, de El Salvador; Álvaro Colom, de Guatemala; sin relacionar la interminable lista de familiares de los presos, también sindicados de iguales ilícitos, o de sus ahora exministros, congresistas y otros funcionarios de primer orden. En Colombia, como es conocido, hasta el hoy presidente Santos está bajo la lupa. En sospecha e investigación por el financiamiento recibido por su campaña en 2010 y 2014 de parte de la constructora Odebrech. Un delito que tiene tras las rejas a Roberto Prieto, gerente de sus campañas. Investigación a Santos que, una vez posesionado el nuevo gobierno podría tener visos similares al del Perú con sus expresidentes.
En nuestro país la lista de congresistas y otros funcionarios en prisión, así como empresarios particulares por casos de corrupción, alcanza para llenar páginas y más páginas; la relación de sindicados que han logrado burlar a la justicia, o que están bajo su mira, también es prolífica, además de relevante.
Es este fenómeno, con antecedentes por doquier, el que llevó a los organismos multilaterales como Naciones Unidas a la aprobación de la Convención contra la Corrupción (2003), la cual cuenta con la adhesión de todos los países de la región. Antes, en 1997, entró en vigor la Convención Interamericana contra la Corrupción, acordada en Caracas el año anterior. Como consecuencia de la misma, “[…] los Estados que la asumen se comprometieron a crear, mantener y fortalecer normas de conducta con sus respectivos mecanismos para hacerlas efectivas, guías de desempeño para los funcionarios públicos, sistema de declaración de ingresos, activos y pasivos para los mismos, órganos de control superior, y mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil. La Convención también busca promover que los países progresivamente incorporen en sus legislaciones la tipificación de delitos de corrupción, establecer mecanismos de cooperación, extradición, rastreo y reintegro de bienes, levantamiento del secreto bancario, etcétera (3).
Producto de estas Convenciones, en cada uno de los países latinoamericanos han expedido leyes anticorrupción. En nuestro país es conocida como Estatuto Anticorrupción (Ley 1474/11), en Bolivia, como “Ley de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (2010), en México, como “Ley general del sistema nacional anticorrupción” (2016), en Chile como “Ley que Perfecciona el sistema de defensa de la libre Competencia”, de agosto de 2016. Y podrían relacionarse aun más ejemplos o nombres de estas leyes, que pululan por la región. Sin embargo, el objeto para el cual fueron creadas no logra su cometido.
Un propósito para el cual tampoco aportan, de manera sustancial, las guías y recomendaciones expedidas por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales centran su atención en que los gobiernos garanticen la transparencia en sus acciones, y en aconsejar a sus funcionarios para que no caigan en actos de corrupción. Así, con procedimientos de buena fe y llamados a la conciencia la corrupción sigue en ascenso.
En este marco, el ascenso imparable del saqueo de las arcas públicas indica, a todas luces, que el problema no es solamente de leyes ni de procedimientos. De recomendaciones y asesorías de funcionarios de alto vuelo, y así lograr el llamado “buen gobierno”. No, el problema descansa en el enfoque integral o no que la sociedad alcance. Enfoque que aun no repara en la consolidación consumada de otros valores y otra moral a partir del avance alcanzado por el neoliberalismo. factor que estimula el éxito individual a toda costa, y dentro de su postulado económico, la misma privatización de lo público, como vía expedita para evitar, precisamente y en contradictorio, “la ineficacia y el derroche de lo público”. Pues bien, dentro de la privatización parece, por lo que estamos viendo, que está ponderado el lucro personal.
Enfoque que tampoco hace el énfasis requerido para que los pobladores de un territorio dado, se comprometan con su participación como actores sociales de primer orden, en el control de sus propios recursos. Y no pueden llamar a tal participación, de manera efectiva, más allá de la simple palabrería, pues sería todo un contrasentido: el Estado no sirve y por ello hay que privatizar todo aquello que está bajo su manto. Sin embargo llaman a la población a fiscalizar su funcionamiento; ¿qué fiscalizarían en tal caso, si ya no existe nada público, es decir, colectivo?
Entonces, desplegar una lucha efectiva contra la corrupción debe ir de la mano de la lucha misma en defensa de lo público, de lo colectivo. Tremenda contradicción para el sistema imperante, ¿podrá resolverlo el mismo establecimiento, con su proceder inscrito a los recintos jurídicos y del Congreso, con escasas consecuencias sociales y penales? Claro que no. El nudo gordiano que bloquea la sociedad solamente puede ser roto por la propia población de cada uno de nuestros países. En este propósito, debe potenciarse el amor por lo propio. Por su afecto e interés por lo que es de todos. Una máxima que demanda, al mismo tiempo, que los asuntos públicos por excelencia, como la salud, la energía, el agua, la educación, el transporte colectivo, y otros derechos humanos sustanciales, sean asumidos y garantizados por el ente administrativo del país.
No proceder así, hay que decirlo una y otra vez, es facilitarle el camino al proyecto neoliberal que requiere mostrarse como anticorrupto y eficiente, aunque en la práctica sea todo lo contrario. No proceder así, es considerar que es posible reformar el sistema dentro de las reglas del propio sistema. Mayúscula ilusión que llevará a la desilusión. Esta vez, no solo de los líderes amigos del cambio, sino de los millones que esperan de ellos procederes diferentes a los hasta ahora dominantes. He aquí el potencial de la consulta que está por realizarse en Colombia.
Abrir tales debates, potenciar la movilización ciudadana tras el propósito de ponerle control al desangre del erario del conjunto humano que habita este territorio, es un asunto más complejo y prometedor que lo recogido y proyectado a primera vista en las siete preguntas que integran la consulta por realizarse. Implica además, como elemento sustancial, propender por el efectivo funcionamiento de una democracia que debe ser otra, diferente a la hoy dominante, para darle paso a un régimen político en el cual la participación directa sea una realidad. Un ordenamiento mediante el cual, la concentración de la riqueza sea enfrentada de manera decidida y el empobrecimiento de millones llegue a su fin. Una democracia donde la propiedad de los principales recursos con que cuenta el territorio nacional sea de todos y todas.
Un régimen político donde los partidos políticos funcionen sin liderazgos eternos, donde los cargos en estas instancias de participación, pero también en el Estado, no sean propiedad de nadie, donde las asambleas comunitarias sean los mecanismos y espacios privilegiados para decidir en colectivo el qué y el cómo proceder ante determinadas circunstancias, donde las empresas privadas no sigan lucrándose a través del desangre de lo colectivo, financiadas por el Estado vía construcción de obras públicas, así como del manejo y cobro de ‘peajes’, entre otros negocios redondos que les endorsan.
En tal perspectiva, hay que contener a los empresarios privados, que como está visto por doquier, son uno de los motores para la corrupción de los funcionarios públicos. Hay que impedir que prosigan con la financiación de los partidos que participan en elecciones o que actúan por fuera de ellas, así como su presión o lobby en el Congreso –e instancias similares en el orden departamental y municipal, así como diversas instituciones del orden nacional– para lograr que sus intereses queden plasmados en leyes, acuerdos y decisiones similares.
Bloqueo al capital privado en su función privatizadora del Estado, que debe extenderse a la posibilidad de que paguen impuestos a través de la construcción de obras públicas, como lo promueve ahora el mismo Estado, pues tal acción termina desvirtuando al propio Estado en sus funciones reales y abre el espacio para que las comunidades pierdan de foco la diferencia entre unos y otros, o bajando la guardia ante las pretensiones empresariales de acometer proyectos que perjudican a la propia comunidad, como aquellos involucrados con la afectación del medio ambiente.
No hay quinto malo, pero para que esta oportunidad sea de oro, hay que trascender el espíritu mismo que impregna hasta ahora a la consulta en marcha. No actuar así, deja a la misma consulta en manos del establecimiento. En esta ocasión, del nuevo gobierno en su claro objetivo de reacomodo del régimen ante los factores de crisis que cada día van llenando la copa y la paciencia de la gente. En esta línea, y sin despertar el potencial que subyace en la base de la consulta, el presidente próximo no dudará en liderar el voto a favor del llamado anticorrupción.
Quienes dieron origen a esta iniciativa, ¿no querrán fortalecer el actual establecimiento y ganar al mismo tiempo una imagen como lideresas nacionales por el cambio? Más bien, ¿querrán enfrentarlo como un proceso de ruptura que vaya a las raíces de la grave situación que afronta el país, que a su vez será de confrontación con el CD y todos sus aliados?
Que lo formal no ahogue lo estructural, he ahí el reto por concretar el 26 de agosto.
1. Tango de tal nombre que canta Alberto Echague
2. “Nosotros tenemos unos cálculos de entre 40 y 50 billones de pesos que se apropian los corruptos de todos los presupuestos nacionales, departamentales y municipales”, aseguró el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, el 25 de octubre de 2017. www.elheraldo.co/colombia/corruptos
3. Gudynas, Eduardo, Extractivismos y corrupción. Anatomía del una íntima relación, Ediciones Desde Abajo.
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