El pasado 25 de octubre el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y la ministra de educación María Victoria Angulo acordaron, con 25 de los 32 rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Red de Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, un aumento de los recursos destinados a las IES públicas. Sin embargo, el acuerdo no contempla la solución a los problemas estructurales de las universidades públicas; mucho menos mitiga la crisis de la educación superior en Colombia.
Desconociendo el arduo trabajo del movimiento estudiantil para informar y convocar a la ciudadanía para que se sume a la demanda del financiamiento adecuado para el conjunto de las Instituciones de Educación Superior (IES), así como la organización de docentes, trabajadores y trabajadoras de las IES estatales, 25 rectores/as del SUE firmaron un acuerdo que no cumple ni la mitad de los 10 puntos planteados en el pliego de exigencias elaborado de manera conjunta por estudiantes, trabajadores/as y docentes de la educación superior. Dicho acuerdo tampoco responde a los estudios elaborados por el SUE que cuantifican la magnitud del déficit financiero de las IES oficiales; particularmente el de las universidades estatales
Un acuerdo, además, que dilata en el tiempo una improbable solución para la problemática que ha motivado la protesta estudiantil y de otros estamentos de los centros de estudio. En el mismo, el Gobierno se comprometió a que “durante este período de gobierno, las transferencias de la Nación para funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas crecerán en un IPC más tres puntos porcentuales en el año 2019 y en IPC más cuatro puntos porcentuales en los años 2020, 2021 y 2022”.
No obstante, Adolfo Atehortúa, exrector y ahora profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con Juan Carlos Yepes, Luis Fernando Marín y Luis Orlando Aguirre, profesores titulares de la universidades de Caldas, Quindío e Industrial de Santander, respectivamente, en carta dirigida al gobierno nacional señalaron como urgente, una “adición presupuestal, inmediata y a la base, para todas las universidades estatales superior a 5 puntos del IPC 2017[…]” esto para apenas “[…] cumplir con sus obligaciones establecidas a 2018, suplir en parte la crítica situación que atraviesan, y culminar con normalidad sus actividades académicas en el presente año”.
Además, el compromiso sólo contempla el periodo de 4 años de gobierno, cuando el requerimiento del movimiento estudiantil está orientado a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, pues “el presupuesto anual de las universidades debe incrementarse, como mínimo, en 6 puntos por encima del IPC. Así mismo, debe determinarse un porcentaje progresivo dedicado a la inversión que, tal como lo propuso el Ministerio anterior, debe iniciarse con un mínimo de 10 puntos. Simultáneamente se debe crear, por una sola vez, un rubro destinado a la recuperación y ampliación de la planta física de las universidades estatales, el cual podrá́ entregarse programada y secuencialmente”.
Contrario a esto, el Gobierno sólo ofreció: “Los recursos para inversión con cargo al presupuesto Nacional llegarán a $300 mil millones anuales para las instituciones de educación superior públicas, sumando $1,2 billones adicionales para los 4 años de gobierno”. Es decir, no hay una medida progresista que asegure el sostenimientos de las IES estatales en el futuro.
En el acuerdo también quedó suscrito que “a partir del año 2019, el Gobierno Nacional incorporará los recursos de los excedentes de cooperativas establecidos en el artículo 142 de la reforma tributaria del año 2016 para el fortalecimiento de la educación superior pública” e “impulsar, con el concurso de los gobernadores, alcaldes y el Congreso, en el marco del Presupuesto Bienal de Regalías la destinación de $1 billón de pesos que permitirá en los años 2019 y 2020 contar con recursos que fomenten la inversión en infraestructura orientada al mejoramiento de la calidad de las instituciones de educación superior públicas”. Sin embargo, estos compromisos son abstractos y de resultados inciertos si de asegurar recursos para la base presupuestal de las universidades y demás IES estatales se trata.
Hay que decir además, que en el acuerdo no entran en consideración otras exigencias fundamentales establecidas por el movimiento estudiantil y las organizaciones de docentes universitarios, como:
• La reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICETEX con tasa real de interés en 0%, condonación para los estudiantes de programa Ser Pilo Paga, incluyendo a quienes hayan desertado del programa y garantías de permanencia y graduación a los estudiantes que accedieron a dichos créditos.
• Congelamiento inmediato de las matrículas en las IES de carácter privado.
• El aumento del presupuesto para Colciencias en un 100% con base al presupuesto asignado a Colciencias para el año 2018. Exigimos el cambio en los criterios de medición y asignación de recursos de Colciencias, que fortalezca todas las agendas investigativas incluyendo las Humanidades, el Arte y las Ciencias.
• Mantenimiento de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el respeto por su visión y misión y la conformación de una mesa que agrupe varios sectores para la construcción de un modelo de integración del sistema nacional de Educación Superior.
• Derogación de la Ley 1911 de Financiación Contingente al Ingreso.
• Retornar a su destino original y prioritario el 40% del medio punto de IVA Social, el porcentaje destinado a ese mismo rubro en el Impuesto a la Renta y Complementarios (Antiguo Cree), y una suma equivalente al excedente cooperativo.
• Reversar, a través de la ley, los efectos regresivos de la Reforma Tributaria que afectaron seriamente los ingresos y la calidad de vida de los profesores universitarios y ponen en peligro la estructura institucional universitaria, en tanto lesionan la eficacia de las primas técnicas como estímulo para los cargos directivos y el ajuste de los puntos salariales que incentivan la producción académica. Por consiguiente, resulta indispensable modificar los artículos 336 y 388 de la ley 1819 de 2016 para que, en la práctica, los gastos de representación como renta exenta se preserven en el marco de los mandatos legales y constitucionales.
• Revertir las iniciativas tendientes a modificar estructuralmente y de manera unilateral el Decreto 1279 de 2002 y contemplar, de forma precisa, la modificación específica de dicha norma en aspectos puntuales que mejoren las condiciones laborales y prestacionales de todos los docentes, incluidos planta, ocasionales y catedráticos, en aplicación del principio de progresividad y no regresividad en materia laboral, y con entera disposición presupuestal a la base de las universidades estatales.
• Reformar el contenido del Decreto 1280 de 2018 sobre aseguramiento de la calidad, para subsanar los graves efectos e inequidades que acarrea en procesos de acreditación institucional y oferta de programas pertinentes y de calidad.
Enseñanzas y futuro inmediato
Como puede deducirse, estamos ante el efecto del poder y su ejercicio maquiavélico: el gobierno Duque concreta la reunión con los rectores, estos acuden acuciosos y se pliegan al jefe de gobierno, sin reparar en las otras instancias con que cuenta toda institución, es decir, embebidos en su supuesto poder pasan por encima de docentes, trabajadores y estudiantes. De esta manera, es evidente que el primero de los resultados que pudiera esperar Duque de su reunión con las directivas ya está concretado: la división de los estamentos de cada una de las universidades en paro, anormalidad académica o similar.
Una vez conocido lo decidido de manera prepotente por los rectores, los estudiantes se reafirman en la protesta ante lo cual las directivas de universidades como la Pedagógica y Tecnológica (Tunja) declaran la culminación del semestre, es decir, entran en vacaciones. El efecto de tal medida sobre la mayoría de los docentes, sin contrato fijo, es que dejarán de percibir salario en noviembre, además de diciembre y parte de enero –como es ya recurrente. Segundo efecto del autoritarismo de los rectores: agravan la situación salarial de los docentes, desnudando la precariedad en que hoy sobreviven –en plena época de la llamada Economía Naranja, máxima del duquismo– quienes viven del conocimiento.
En otras universidades, como la Nacional, su rectora se queja de que el paro siga en pie y llama a los estudiantes –bajo la amenaza de perdida del semestre– a que se reintegren a clase. Tercer manifestación del autoritarismo reinante en Colombia, y con manifestaciones hasta en los centros que se supone son la máxima expresión del ejercicio de la democracia participativa: agudización de la tensión entre directivas y estudiantes, pudiendo perderse el foco de la protesta (la lucha por la financiación de las IES) al enrutarse en una pugna local y focalizada por centro de estudio.
En el curso del 1 de noviembre los estudiantes están citados al ministerio de Educación, seguramente la socialización de lo allí discutido implique asambleas a lo largo de la semana del 6-11 de noviembre. Información y debates que definirán si la protesta se mantiene y en qué condiciones.
Por ahora, el gobierno logra desunir y quitarle peso a la protesta; recuperar fuerza y darle vitalidad al movimiento implica ganar apoyo social y cohesión interna. Un ejercicio de información a toda la sociedad sobre lo decidido por lo estudiantes en sus asambleas, y de democracia plena en sus debates –compartiendo información de todo tipo de manera abierta y pedagógica– y toma de decisiones, sería el conducto para ello.
El futuro de esta lucha no es totalmente claro, pero la estrategia que seguirá Duque en todos los conflictos sociales sí.
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