Junio 24 de 2009
Presidente Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20500
De mi mayor consideración
Tengo el honor de dirigirme a S.E. con el propósito de transmitirle algunas observaciones sobre los derechos humanos en Colombia antes de su encuentro el 29 de julio con el Presidente de Colombia Álvaro Uribe.
Nuestra organización ha seguido de cerca la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia durante décadas. Tenemos graves preocupaciones por el record y el compromiso del gobierno de Uribe con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Lamentablemente, durante años, el gobierno de Bush en Estados Unidos prestó un apoyo prácticamente incondicional al gobierno colombiano e ignoró muchas políticas y acciones dañinas del gobierno de Uribe.
Es probable que el Presidente Uribe aspire a que continúen las políticas de Bush, mediante una rápida ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia y el continuo flujo de altos montos de asistencia militar desde Estados Unidos. Le solicitamos que se mantenga firme en la postura que S.E. adoptó durante la campaña presidencial y que deje en claro que -independientemente del vínculo estrecho que mantengan Estados Unidos y Colombia- el apoyo de su gobierno al TLC dependerá de si los trabajadores de Colombia pueden ejercer sus derechos sin temor a ser asesinados. También lo instamos a que deje claro que Estados Unidos exigirá el cumplimiento de las condiciones existentes de derechos humanos a las cuales está supeditada la ayuda militar, y que el futuro de dicha asistencia depende del respeto que muestren el gobierno colombiano y, en especial, los militares por los derechos de la población civil.
Esperamos que también aproveche esta oportunidad para expresar al Presidente Uribe la importancia de actuar de conformidad con principios básicos democráticos y de derechos humanos, incluido el respeto por la separación de poderes y el papel de la sociedad civil. A continuación, incluimos algunos antecedentes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y describimos algunos de los problemas más graves de derechos humanos que esperamos que discuta con el Presidente Uribe.
Situación general de los derechos humanos en Colombia
Durante décadas, Colombia ha estado inmersa en un cruento conflicto armado interno que involucra a las guerrillas de izquierda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), escuadrones de la muerte paramilitares (denominados anteriormente Autodefensas Unidas de Colombia o AUC) y las fuerzas armadas colombianas. Las guerrillas y los paramilitares integran la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras elaborada por Estados Unidos. Los paramilitares han participado activamente durante años en el narcotráfico, y se cree que también las guerrillas se benefician cada vez más con esta actividad. Todos los grupos armados cometen abusos contra los civiles. Como resultado, más de 3 millones de colombianos (sobre una población de alrededor de 40 millones) han sido obligados a abandonar sus hogares. A nivel mundial, Colombia se ubica inmediatamente después de Sudán en cuanto al número de desplazados internos.
Miles de personas han sido víctimas de asesinatos, “desapariciones” forzadas, secuestros, violaciones sexuales y torturas.
Habitualmente, el gobierno de Bush justificaba su apoyo prácticamente incondicional a su par colombiano apelando a la reducción de algunos indicadores fundamentales de violencia registrada en los últimos años. El índice de secuestros, homicidios y masacres es, de hecho, significativamente menor respecto de los niveles altísimos alcanzados alrededor de 2002, lo cual representa un hecho positivo.
En cierta medida, el cambio es una consecuencia de que las fuerzas armadas colombianas expulsaron a las FARC de las principales ciudades y carreteras en las cuales secuestraban a civiles y cometían otros abusos visibles.
Pero las cifras también han cambiado como resultado de que, luego de una sangrienta campaña de expansión signada por frecuentes masacres de civiles, las mafias paramilitares (que han colaborado históricamente con altos funcionarios y unidades de las fuerzas militares colombianas) consolidaron su control sobre extensos sectores del país. Una vez que tomaron el control, los paramilitares lo mantuvieron principalmente mediante amenazas y asesinatos selectivos. También se infiltraron con fuerza en el sistema político, manipulando las elecciones y comprando o amenazando a los candidatos para conseguir un alto grado de incidencia en los gobiernos locales y regionales y en el gobierno nacional. Actualmente, más de 70 miembros del Congreso colombiano están siendo investigados penalmente o han sido condenados por su supuesta colaboración con los paramilitares. Casi todos estos congresistas pertenecen a la coalición del Presidente Uribe en el Congreso, y el gobierno de Uribe ha tomado medidas en reiteradas oportunidades que podrían frustrar las investigaciones y desacreditar a los magistrados de la Corte Suprema que las han impulsado.
Mientras tanto, ciertos otros indicadores de abusos se han mantenido constantes o han mostrado una tendencia ascendente. La cantidad de presuntas ejecuciones de civiles por parte del Ejército creció vertiginosamente en los últimos años. Las FARC han continuado utilizando niños soldados y cometiendo asesinatos en zonas más remotas, y también han intensificado el uso de minas antipersonales. Luego de disminuir durante algunos años, el número de asesinatos de sindicalistas se ha incrementado el año pasado. Las cifras de desplazamiento interno actualmente se aproximan a los niveles máximos de 2002, con 380.000 nuevos desplazados durante 2008, según estadísticas confiables elaboradas por CODHES (Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento), la principal ONG de Colombia que monitorea los desplazamientos.
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