En buena hora el reconocimiento de la población campesina como sujeta de derechos y actora, al igual y junto a otros ninguneados del espectro social, de género, racial y etnocultural. Reconocimiento que implica socioeconómicamente que cuenten con la tierra y demás medios requeridos para su vital labor energética endosomática o alimentaria –fundamental, en el momento actual, para eliminar el hambre que padecen miles en el país, garantizar soberanía alimentaria y para controlar la inflación– jurídicamente para ser propietarios de sus medios de producción: la tierra pa’l que trabaja, como reza la consigna histórica de la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios campesinos); ideológica y culturalmente, para potenciar y propiciarles los medios que les permitan mantener, desplegar y cualificar sus saberes, creencias, valores y estrategias de todos los sabores y colores subsumidas en sus expresiones estéticas populares, patrimonio indiscutible de la identidad nacional.
Pero esos propósitos requieren de su agenciamiento por parte del Estado, cualquiera que sea, quien debe tenerlos en cuenta en los Planes gubernamentales de desarrollo. Un aspecto que requiere replantear la división política administrativa municipal, en el sentido de constituir a la vereda –espacio natural de la vida campesina– como unidad y nicho vital objeto de planeación y de participación en los respectivos presupuestos, como lo proponía el sociólogo Alfredo Molano, en un artículo titulado: Reconocer la vereda* y que por su importancia en el sentido acá considerado, transcribimos textualmente.
“Los millones de colombianos que viven en las ciudades –ya todas tan grandes y contaminadas– han oído la palabra vereda como algún lugar que queda “por allá en el campo”. Para ellos existen el barrio, la calle, la carrera. Son sus puntos de orientación, referencia y pertenencia más cercanos. Es ahí donde uno se cría, crece, juega, quizá se enamora de la niña en el parque.
Para los campesinos la vereda es su mundo: ahí viven los abuelos, los vecinos, los amigos; ahí se conoce cada camino, cada atajo, cada quebrada, cada árbol. Hay viejos que saben sobar las coyunturas, curar los dolores de barriga, conocer los tiempos; hay hombres recios que saben mandar y arriar bestias; mujeres que han sido amadas y aman y ayudan a parir a las vecinas. En fin, la historia va dejando su huella en ese mundo, en esos territorios que los vecinos cruzan, donde trabajan, viven, se defienden. Tienen nombres muy bellos: El Encenillo, El Linde, La Sonora, La Media Luna, Dos Aguas, Horizontes. En las zonas de colonización no se habla de veredas sino de trochas: la trocha ganadera, la trocha de los boyacenses, de los santandereanos, de las opitas. En general no hay trochas paisas, pero sí muchas tiendas y fondas.
La vereda es un camino, la trocha también, pero ambas son áreas definidas que recuerdan por dónde se llegó, o dónde pega el viento, o qué se ve. Otras toman el nombre de la hacienda que dominó o domina la vida económica de la región. Para quien nació ahí, sus límites son precisos: de la quebrada, o del caño, al quiebre de aguas; del claro aquel al camino de…
En una vereda hay autoridades respetadas, hay historias conocidas, hay apellidos que dominan y se cruzan. Hay obras que se hacen en común: una carretera, un acueducto, una cooperativa. Una vereda es el gentilicio más simple, el primero, el que no se olvida. Pero una vereda o una trocha es para los municipios, sus cabeceras político-administrativas, un feudo electoral, un por allá de dónde vienen a pedir o a donde hay que ir a traer al muerto recién muerto. Los municipios absorben y se sorben las veredas, las suplantan, las usan y las ignoran. Pero la vereda, como el barrio, es, después de la familia, el lazo más simple de unión colectiva, de identidad ciudadana, de poder local. Las juntas de acción ciudadana las representan. A pesar del peso del clientelismo, en esas células funciona una democracia directa, cara a cara. En general la vereda es manejada por el municipio y sus derechos son apropiados y expropiados por la cabecera. Las “partidas” –es decir, la plata que por ley se les debe dar– se contabilizan, pero raramente llegan. Los contratistas de obras veredales son del municipio o del departamento y siempre –invariablemente– de la cuerda del alcalde, y contribuyen con sobreprecios a financiar las campañas electorales.
Es necesario, urgente, que ese poder local sea reconocido como una nueva unidad político-administrativa. O mejor, que se le reconozcan sus derechos de ser fuente del poder para poder hacer en su provecho. Si la familia es, según se dice, la célula de la sociedad; en el campo, la vereda es el tejido y el órgano primo. En un futuro no lejano, la nueva Asamblea Constituyente tendrá que ocuparse del reordenamiento territorial sobre la base no de los intereses electorales del clientelismo histórico, sino de un auténtico poder local, la vereda, la comunidad, la comarca, la región.
Si se quiere institucionalizar la propiedad en Colombia con base en el trabajo, es imperativo reconocer la vereda, en ella se esconde su secreto y su tradición. ¡El asunto que tanta sangre ha costado!”.
En el desarrollo del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, con foco en el agua, las veredas entran como territorio fundamental, en tanto en ellas su población cuida o destruye el bosque, como cuida y/o descuida las fuentes de agua: los arroyos, quebradas y ríos que la circundan. Una adecuada distribución de la tierra, prometida por el actual gobierno, podría encontrar en esa organización territorial un espacio ideal para estimular que quienes la vayan a recibir se asocien y la trabajen de manera colectiva, logrando con ello mejor rendimiento a la par de empezar a vivir una transformación cultural con respecto a la propiedad de bienes e insumos, y su utilización con mejores usos.
En concreción de estos propósitos, debemos tener en cuenta que la mayoría de los municipios son de sexta categoría, cuyas poblaciones son en un 80 por ciento rurales, es decir, viven en las veredas.
* El Espectador, 2 de julio de 2016
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