La victoria de Lula. Brasil

 La encuesta se confirma cuando se compara con el nivel de escolaridad. Este año sólo el 6% de los electores de Lula tiene estudios superiores; en 1989 sumaban el 11%, que es el mismo volumen de quienes habían alcanzado la 4ª serie de la enseñanza fundamental. Ahora el grupo que completó el primer ciclo suma el 25%.

Varios factores explican el prestigio del gobierno de Lula entre los sectores más pobres de la población. Hubo un aumento real del salario mínimo; se crearon cerca de 4 millones de empleos formales, donde se ganan uno o dos salarios mínimos; la inflación está bajo control; el precio de los artículos de primera necesidad se mantiene estable o incluso se ha reducido; la Bolsa Familiar distribuye un ingreso mínimo a 11.1 millones de familias, beneficiando a más de 40 millones de personas.

Todo eso es poco aún, puesto que no erradica las causas de la miseria ni modifica las estructuras que sitúan al Brasil entre las diez naciones más desiguales. Pero ese poco es mucho para quien nunca tuvo nada. Los gobiernos anteriores no tenían políticas sociales. Como mucho, tenían acciones emergentes ante riadas o sequías prolongadas, y sucedáneos, como la Comunidad Solidaria, que alcanzaba a un exiguo número de familias.

Aunque la Bolsa Familiar sea un programa que no esté exento de corrupción, tanto en el uso de los recursos como en cuanto a los beneficiarios que no lo merecen, el hecho es que eliminó los intermediarios entre las arcas de la República y la bolsa de la familia beneficiada, mediante una tarjeta magnética. Esa distribución de ingreso mínimo representa una inyección mensual de dinero en las regiones más pobres, reactivando el comercio local. El programa Luz para Todos llevó de hecho la energía hasta los rincones más distantes; y la agricultura familiar, responsable de 7 de cada 10 empleos en el campo, saca provecho de las líneas de crédito del Pronaf.

Lo que más desean los pobres es dignidad. Eso significa empleo, vivienda, escuela y salud. Sentir que, de alguna forma, el gobierno se preocupa de ellos. La cuestión ahora es cómo actuará el gobierno con aquellos que lo eligieron: ¿complementará la Bolsa Familiar, de modo que los beneficiarios produzcan su propio ingreso, o dará continuidad a su dependencia respecto al erario público?

La solución a este problema reside en políticas que amplíen la oferta de empleos y, sobre todo, en la reforma agraria. No hay indicios de que el gobierno de Lula pretenda alterar la estructura latifundista del país, al contrario de las tesis defendidas históricamente por el PT. A lo máximo, el gobierno continuará funcionando como un socorro de emergencia ante los conflictos de tierras: asentar a los acampados, desapropiar áreas sin interés para el latifundio, etc.

Lo más probable es que el gobierno dé seguimiento a la receta del Banco Mundial: centavos para los pobres y millones para los ricos. Así se aplaca la ira en los dos polos de la estructura social. A los pobres, políticas sociales que extraen, del presupuesto general, cerca de US$ 4.500 millones; a los ricos, poseedores de los títulos de la deuda pública, la Bolsa Hartura que les transfiere al año aproximadamente US$ 40.500 millones.

Todo parece sencillo si en el sótano de las cuentas públicas no hubiera una bomba pronta a estallar: los límites de la relación deuda/PIB. ¿Cuánto más -en valor y en tiempo- podrá transferir el gobierno al cuerno de la abundancia de la élite? La respuesta no parece esperanzadora, en vistas del agujero donde anda el pobre crecimiento del país. Si el PIB creciera, se podría soportar un relativo crecimiento de la deuda pública; pero ¿cómo desatar el nudo del crecimiento sin recortar gastos públicos y reducir los intereses?

El gobierno quiere mantener encendida la vela destinada a los pobres y la hoguera que aumenta la riqueza de los ricos. Hasta ahora la salida que encontró para agradar a unos y a otros es la de aumentar los impuestos, situados hoy en el 37.37 % del PIB, y apretar algo más el cinto del ajuste fiscal. De ese modo podrá mantener la Bolsa Familiar y la Bolsa Hartura, y engordar su ahorro en el exterior, calculado hoy en US$ 70.000 millones, todo un récord comparado con las administraciones anteriores.

Quizás la opción del nuevo gobierno de Lula sea incluso la de mantener al Brasil en el baño-maría de las políticas neoliberales, pero sin tocar las estructuras que impiden la reducción de la desigualdad social y favorecen la multiplicación geométrica de la fortuna de los 20 % más ricos del país. Si fuera así, no hace falta ni hablar de “pacto social” ni de “concertación”. Le basta al PT entenderse con el PSDB y oficializar, como en los Estados Unidos, la alternancia en el poder, dejando al PSDB entregado a su destino de “hay gobierno, le apoyo”.

Los descontentos que se organicen y se movilicen.