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  • Antetítulo: Costo de la vida, salarios y bienestar: 1960-2017
  • Autor: Libardo Sarmiento Anzola*
  • Edición: 231
  • Sección: Coyuntura
  • Fecha: 20ene-20feb
Martes, 24 Enero 2017 16:41

Los sinsabores del salario mínimo

Escrito por  Libardo Sarmiento Anzola*
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Trabajo y salario mensual; inflación e impuestos; Presupuesto General de la Nación y Corte Constitucional; canasta básica familiar y vida digna; unos y otros, todos estos temas e instancias están interrelacionadas y tienen que ver con la vida (in)digna de los/as trabajadores/as. Una revisión a los mismos nos permite abordar el tema del incremento del salario mínimo que llega con cada final de año, superando la mirada puntual en su revisión y acercándonos a una estructural. Aquí los retos que nos denota la misma.

 

 

 

 

El final de año trajo malas noticias para los cerca de dos millones de trabajadores que laboran sujetos al salario mínimo legal vigente (Smlv): su reajuste apenas alcanzó al 7 por ciento, lo que significa que durante el 2017 devengarán, mes tras mes, $737.717 pesos, dinero que escasamente alcanza para cubrir una cuarta parte de la canasta básica familiar (CBF) de un hogar medio colombiano, cuyo valor asciende a $3.342.341 mensuales (teniendo en cuenta las bienes y servicios básicos que necesita el hogar para vivir, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el aumento de 0,6% en el nivel general de precios por efecto del impacto del IVA del 16 al 19%).

 

Lejos están los trabajadores de devengar tal cifra, su remuneración escasamente alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de un hogar medio. Mucho menos para garantizar un mínimo vital. La situación general de la clase trabajadora es más difícil: según las cifras oficiales: de los 22,8 millones de personas ocupadas en noviembre de 2016, el 54 por ciento, es decir, 12,3 millones de personas, ganaba menos o el equivalente a un salario mínimo.

 

Pese a esta realidad, la ministra de trabajo Clara López opinó lo contrario. Según ella, que en ocasiones fungió como líder de izquierda, el incremento en términos reales es 1,2 por ciento frente a la inflación de 2016 que fue de 5,8 por ciento. Sorprende. Ninguno de los “ministros obreros” ha logrado transformar “desde arriba” esta lamentable situación de la clase trabajadora; es más, la concertación tripartita es una vulgar parodia de la democracia, en el 90 por ciento de los casos termina el Gobierno imponiendo el aumento salarial de manera autónoma y arbitraria en favor del sector empresarial.

 

Con su mente puesta en la lógica gubernamental y de los ricos del país, olvidando su supuesto liderazgo del brazo de los excluidos, omite la “ministra obrera” un hecho notable: en una casa popular todo pesito hace falta, allí los lujos solo los ven en las mansiones de los ricos o centros comerciales a través de la televisión, de ahí que los supuestos beneficios que ella observa frente a la inflación no funcionan así en la vida cotidiana.

 

En concreto, el alza autorizada de manera unilateral por el Gobierno, que en la práctica equivale a menos de 2 mil pesos diarios, queda evaporada por efecto de la regresiva reforma tributaria, también aprobada en diciembre, y la consecuente cascada de alzas de precios que llegan entre los meses de enero-marzo, tanto como consecuencia de los injustos nuevos tributos como por efecto del aumento en el precio de la gasolina que la misma conlleva, del reajuste de las tarifas del transporte urbano, así como por la demanda de los gastos escolares, el incremento en la tarifa de los arrendamientos, y otro conjunto de gastos que vendrán del reajuste impositivo que los alcaldes y los concejos municipales pondrán en práctica en todas las localidades del país (predial, servicios, alumbrado, etcétera).

 

En estas circunstancias, y para que el sainete de final de año no continúe su lógica ceremonial, de espaldas a las mayorías del país que entran a vacaciones por esos días, debería citarse para este mismo mes de abril la apertura de nuevas negociaciones del salario mínimo, revisar las sentencias de la Corte Constitucional sobre el particular, detallar las dificultades que atraviesan en todos los hogares populares para sobrevivir, y resaltar el tremendo desajuste entre ricos-pobres que conoce el país, para que la redistribución del ingreso nacional se torne realidad, y los ingresos mensuales de quienes trabajan ajustados al salario mínimo, así como de las mayorías que lo hacen sometidos al vaivén de la vida cotidiana, cubra cada vez más sus necesidades esenciales diarias.

 

Algunos exigen menos salario

 

Para la Ocde, ante la cual el Gobierno Santos cede a toda exigencia por impopular que sea con tal de poder ingresar al club de países ricos, en Colombia “El salario mínimo es elevado en relación con los ingresos laborales, lo cual empuja al sector informal a los jóvenes, a los trabajadores y a los residente de regiones menos desarrolladas”.

 

De acuerdo a su diagnóstico, el reajuste del salario mínimo debería estar atado a la inflación. Es decir, un salario mínimo cada vez menor permitiría que los patrones contraten más fuerza laboral. ¿Han escuchado algo similar al momento de justificar reformas en el sector laboral? ¿Y los resultados? ¿Y la concentración de la riqueza?

 

¿Permitiría este tipo de medidas, como no lo permite hoy el salario mínimo que aquí se paga, acceder a las mayorías a calidad de vida y bienestar social? Tema grueso que demanda una lectura más profunda del mundo del trabajo y de la misma economía.

 

Veamos. En términos económicos, el bienestar de cualquier sociedad depende de. i) la productividad per cápita, ii) la distribución de la producción de bienes y servicios, entre los bienes de consumo y bienes de capital; iii) la distribución del ingreso y el consumo (alimentos, servicios de salud y educación, vivienda y servicios domiciliares, vestuario, cultura, recreación y descanso) entre la población. En particular, la evolución macroeconómica y social puede juzgarse mediante cuatro medidas: tasas de crecimiento de la producción, desempleo, inflación y pobreza por ingresos (gráfico 1).

 

Particularicemos. El índice del costo de la vida (IPC) constituye la mejor medida para calcular la inflación en Colombia, la cual consiste en un alza persistente y sustancial del nivel general de precios, que aumenta la participación del capital y el Estado en el ingreso nacional y reduce, de forma correlativa, la participación del trabajo, determinando, de una parte, la concentración del ingreso y, de otra, la inevitable degradación de los salarios reales. El nivel del salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y servicios indispensables para el trabajador y su familia, así como de los impuestos que gravitan sobre éste (Impuestos a los ingresos, al consumo y al valor agregado –IVA). La naturaleza político-económica de la inflación está articulada a las formas de comportamiento de las estructuras de poder y a la manera como funcionan las leyes de concentración económica en nuestra sociedad. Con su lucha económica y política, los trabajadores se oponen a la reducción de los salarios, presionando para que se eleven o por lo menos mantengan su poder adquisitivo frente al fenómeno persistente de la inflación.

 

En Colombia, los procesos de negociación en torno al incremento del salario mínimo (entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores) toman en consideración el costo de vida (el IPC causado en el año), el crecimiento del PIB y la productividad marginal del trabajo.

 

1. Costo de la vida (IPC) y Salario Mínimo Legal (SML)

 

En un contexto de largo plazo pueden distinguirse tres períodos claramente distintos de la dinámica de la inflación en Colombia: 1940-1972, 1973-1998 y 1998-2016. En efecto, la tasa media anual de inflación, según el IPC, pasó de 10,6 por ciento, durante el primer período (con un valor mínimo de 5,7% en 1961), a 23,4 por ciento en el segundo (alcanzando un valor máximo de 32,4% en 1990), para luego estabilizarse en un solo digito, esto es, 5,4 por ciento a lo largo de los últimos 18 años. El mínimo histórico de inflación se alcanzó en el año 2013 con una variación anual de 1,94 por ciento. Durante los años 2014-2016 el índice de inflación registra una vez más un ritmo creciente llegando a 5,75 en 2016 y se espera un valor de 5,1 por ciento para el año 2017 por efectos de los mecanismos de indexación (4,5%) y de la reforma tributaria que incrementó el IVA y el impuesto al consumo (0,6%).

 

Durante el período 1988-2017 el índice de precios implícitos total que deben pagar los consumidores aumentó en 2.035 por ciento. Así, por ejemplo, un bien cuyo precio era de $100 en el año 1988, hoy debe pagarse por el mismo $2.135. En lo que respecta al índice implícito de los alimentos, el incremento durante los últimos 30 años es ligeramente superior al acumulado global: 2.090 por ciento; carestía de los alimentos por efectos del monopolio de la tierra, pérdida de calidad y mal uso de los suelos y la variabilidad, inestabilidad y cambio climático. En 2015 el IPC general fue de 6,8 por ciento y el de los alimentos 10,9, en 2016 el primero fue de 5,8 y el segundo de 7,2 por ciento (gráficos 2 y 3).

 

 

 

 

 

En 2016 el aumento de precios de cuatro grupos de bienes y servicios se ubican por encima de la inflación promedio nacional (5,75%): salud (8,14%); otros gastos (7,25%, incluye bebidas alcohólicas y cigarrillos, artículos para el aseo y cuidado personal, y otros personales); alimentos (7,22%) y educación (6,34%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vivienda (4,83%); comunicaciones (4,72%); transporte (4,47%); diversión (4,05%) y vestuario (3,98%) (Gráfico 3).

 

Hay que recordar que el reajuste anual del salario mínimo en Colombia se institucionalizó después del paro cívico de 1977, bajo el llamado popularmente “mandato caro” del presidente López (el promedio anual de la inflación entre 1973 y 1977 fue de 25%, disminuyendo significativamente el poder adquisitivo de la población). Los trabajadores y sectores populares se indignaron y paralizaron el país durante tres días, ante lo cual el Gobierno desato una desproporcionada acción violenta, sin duda criminal.

 

Durante el período 1988-2016, el aumento acumulado del índice implícito del Smlv aumentó en 2.587 por ciento, esto es, 656 puntos porcentuales por encima del índice de precios implícitos al consumidor (IPC); ganancia del salario real explicada por el crecimiento del PIB (a pesar de las significativas oscilaciones y la grave crisis del año 1999, la tasa de crecimiento anual promedio del PIB entre 1960 y 2016 ha sido de 4,1 por ciento) y por el incremento en la productividad del trabajo. En el record histórico el salario mínimo real se ajusta un punto por encima de la inflación del año corrido a partir de 1997. Durante los años 1988-1996 el aumento anual del SML fue inferior al IPC causado; de igual manera, en 2008 y 2015 el salario real cae por debajo del aumento del costo de la vida. En valores nominales, durante las dos últimas décadas el smlv creció en 3,6 veces al pasar de $203.826 en 1988 a $737.717 en 2017.

 

Esta dinámica del Smlv, en sinergia con la caída del desempleo (en el año 2000 su tasa alcanzó un máximo de 20% y en 2016 cae a 9,2%) y el aumento del gasto público social (como porcentaje del PGN aumentó de 9,8% en 1947 a 43,7% en 2017), ha permitido que el índice de población viviendo bajo condiciones de pobreza por ingresos disminuya de 75 a 28 por ciento, entre los años 1960 y 2016 (gráficos 1 y 2).

 

2. Relación entre el salario mínimo legal (SML) y el valor de la canasta básica familiar (Vcbf)

 

El incremento en el salario real ha permitido que entre los años 1988-2017 los ingresos mejoren su capacidad adquisitiva, pero no de forma suficiente respecto al mínimo vital y digno requerido para el bienestar y la supervivencia humana. En el año 1998, el Smlv en valores absolutos era de $203.826 mes y la CBF (para un hogar medio compuesto por 4 personas) tenía un valor de $1.141.172 mensual; por tanto, la capacidad adquisitiva real del salario mínimo era de 17,9 por ciento respecto a los bienes y servicios necesarios para la supervivencia de la familia. En 2017, de una parte, con el aumento del 7 por ciento, el Smlv quedó establecido en $737.717 mes; de otra, el precio de la canasta básica familiar aumentó a $ 3.342.341 mensuales (por indexación de la inflación y aumento del IVA de 16 a 19 por ciento); en consecuencia, el Smlv alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar. En resumen, el hogar promedio colombiano requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas (gráfico 4).

 

 

 

A pesar de la mejora del salario real, aún queda un largo camino por recorrer para que la clase trabajadora pueda tener una vida digna en nuestro país. Pero bajo el capitalismo, incluso con una buena unidad, organización y lucha económica y política activísima, los trabajadores sólo pueden lograr mantener el poder adquisitivo del salario, limitar la expoliación de sus ingresos por parte del empresariado, la clase política y la burocracia estatal a través de la plusvalía y los impuestos y participar en alguna proporción de las mejoras en la productividad del trabajo y el crecimiento económico; sin embargo, no pueden librarse de la explotación capitalista y de la oligarquía parasitaria y rentista. Esto sólo puede alcanzarse como resultado de una lucha política y social que establezca un nuevo modelo de organización social.

 

Hay que resaltarlo. El Smlv poco o nada tiene que ver con los ingresos que requiere un hogar tipo para poder subsistir en nuestro país. El mínimo vital hace referencia al ingreso mínimo que requiere una persona para solventar o cubrir sus necesidades humanas básicas y poder vivir una vida digna, sin restricciones y carencias básicas, como la alimentación, vivienda, transporte, vestido, educación, salud, cultura y recreación, entre otras. Estas condiciones mínimas que permiten un sustento digno de toda persona, se supone que deben ser garantizadas por el ingreso mínimo vital, el cual no sólo considera las necesidades de la persona, sino que además incluye al grupo familiar primario, entendido este como su pareja e hijos, que en Colombia suele estar conformado por cuatro personas. En la Constitución Política, y según sentencias de la Corte Constitucional, se habla del mínimo vital como una garantía derivada de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

En teoría el salario mínimo debe cubrir el mínimo vital, pero no corresponde a la realidad. El salario mínimo, establecido por Ley cada año, escasamente cubre las necesidades básicas de una sola persona, más no de su familia. En consecuencia, el salario mínimo es inferior al mínimo vital. El salario mínimo corresponde al monto mínimo en dinero que todo empleador debe pagar a un trabajador, de acuerdo con lo establecido por Ley, más no representa el mínimo vital que requiere el trabajador y su familia.

 

Según el Dane, los bienes y servicios que componen la canasta familiar cambian en el tiempo de acuerdo con la evolución del consumo de los hogares. Actualmente la CBF contiene cerca de 520 bienes y servicios.

 

Los procesos inflacionarios no sólo aceleran la concentración del ingreso sino que modifican las formas de operación del sindicalismo, al tener que enfrentarse éste –como problema central de su actividad y de sus objetivos– a la rápida y constante erosión de los salarios reales. Los sindicatos se ven obligados a orientar sus luchas con un sentido de restablecimiento de los niveles de vida del pasado –teniendo como marco la ilusión reivindicativa del artículo 53 de la Constitución que establece el derecho de los trabajadores a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo– renunciando progresivamente a los principios, líneas estratégicas e ideológicas, las cosmovisiones y las luchas por una nueva sociedad, por un bienestar superior de la existencia, por un desarrollo sostenible y la integración total del principio democrático en todas las manifestaciones de la vida, por la igualdad y la libertad, por una economía social y solidaria con trabajo decente, en un ambiente de paz y garantía de los derechos humanos.

 

Desde este punto de vista, la acción pragmática destinada a restablecer o conservar el nivel de vida del pasado, resulta sustituto inevitable de las luchas por ganar en el futuro una vida digna y por acercarse a la imagen de la nueva sociedad. Oponerse a, y evitar que la visión de la Ocde termine por ser regla en nuestro país, es fundamental en esta senda. La historia lo enseña: teoría, unidad, imaginación, organización, ligazón estrecha con otros sectores sociales, iniciativa, combatividad y afianzamiento territorial, son imprescindibles para el triunfo revolucionario de la clase trabajadora.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia.

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