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  • Autor: ALEJANDRA CORREA B.
  • Edición: 231
  • Sección: Alternativas
  • Fecha: 20ene-20feb
Martes, 24 Enero 2017 17:38

2017, año de consultas populares

Escrito por  ALEJANDRA CORREA B.
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En el afán por defender diferentes derechos, el año 2017 será recordado como aquel en el que distintas poblaciones colombianas, así como grupos de interés, se batieron en las urnas por la defensa de sus territorios, creencias, en procura de gobiernos honestos, por alcaldes probos, abiertos a la justicia y vida digna. Mecanismos de participación directa, como el plebiscito y referendo, es el recurso a que acuden. En estas circunstancias, el 2017 promete ser el preámbulo de la agenda electoral presidencial del 2018.

 

Fallidos fueron los intentos para llevar a cabo consultas populares durante el 2016, iniciativas gestadas por organizaciones sociales, políticas y ambientales en sus municipios y departamentos como mecanismo último para evitar la destrucción de sus territorios por megaempresas foráneas que en nada aportan al bienestar de las poblaciones afectadas.

 

Decididos a su defensa, las comunidades de diferentes municipios acudieron al Artículo 105 de la Constitución, el cual da vía libre a la consulta popular como mecanismo de participación directa: “Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”1.

 

Armados de este derecho, se batieron durante el 2016 en una lucha constante en contra de la explotación minero-petrolera y la corrupción, lucha dilatada hasta el 2017 que apenas inicia, un año donde las consultas de diverso orden abrirán un escenario de reivindicación popular, ¿Será este fenómeno uno de los tantos reflejos de la crisis que refleja la democracia realmente existente en nuestro país?

 

La gesta

 

En particular, el segundo semestre del 2016 fue un período intenso para las poblaciones de los territorios colombianos seleccionados para la ejecución de fracking y la minería a gran escala por diferentes multinacionales, dentro de las que sobresalen AngloGold Ashanti, EmeraldEnergy, Petroseismic Services S.A, Sandor Capital y ConocoPhillips.

 

Inmenso territorio. Alrededor de 10 municipios solicitaron a la Corte Constitucional la aprobación de la consulta popular como mecanismo para exigir su derecho sobre los territorios y soberanía sobre los hidrocarburos, simultáneamente a estos procesos, el Gobierno, como respuesta, no dudó en desatar atropellos contra las organizaciones y líderes sociales2.

 

Como parte de esta disputa, el fenómeno de las consultas populares generó un ambiente de controversia al interior de la Corte Constitucional, donde el debate entre dos magistrados definió el retroceso que tomarían estas iniciativas. El caso puntual fue el municipio de Ibagué, donde la consulta fue defendida y aprobada por el magistrado Jorge Iván Palacio con la ponencia en contra de la explotación de petróleo por medio de la ejecución de fracking3. Pero días antes de que esta consulta se llevara a cabo, el magistrado Bastidas calificó la pregunta de la consulta como tendenciosa, lo cual la inhabilitó y aplazó los comicios.
En su versión original, el interrogante al elector era:

 

“¿Está usted de acuerdo ‘Sí’ o ‘No’ que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

 

Ante esta misma situación quedaron expuestas las comunidades campesinas, indígenas y afro de municipios como Cajamarca (Tolima), Paujil, Montañita, Doncello (Caquetá) y San Martín (Cesar), donde las multinacionales del petróleo y de la minería se abren paso con la ayuda de la represión del Estado.

 

Pese a este traspié, la esperanza de poder recuperar las más de 19.775.335 hectáreas en exploración y las 2.296.776 en producción sigue firme. La modificación de las preguntas promete, por ejemplo, que el próximo 22 de enero la población de Cajamarca (Tolima) por fin se pronuncie en las urnas ante las acciones que en su municipio lleva a cabo la multinacional AngloGold Ashanti.

 

En su versión final, luego de la revisión del magistrado Bastidas, de considerar que el gobierno local del municipio de Ibagué estaba sobrepasando el poder del gobierno nacional, el interrogante quedó así:

“¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades mineras metalíferas en todas las modalidades?”.

 

Hasta el momento esta es la única consulta con fecha fija. Mientras tanto, los demás territorios siguen adelantando sus procesos participativos para llegar a igual posibilidad.

 

2017: defensa del territorio, la vida y... ¿la democracia?

 

No sólo minería y medio ambiente. Las consultas se abren a otros ámbitos, uno de ellos el que sintoniza a Bogotá, Bucaramanga y Neiva: la revocatoria de sus respectivos alcaldes. En estas tres capitales fueron inscritos comités de impulso de tal medida. Su común denominador: los hoy alcaldes prometieron en campaña un conjunto de obras que lejos están de ser realidad.

 

En el caso de Bogotá, la propuesta de revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, “deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015”.

 

Además de los artículos que sustentan el derecho a la revocatoria, el comité ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó 18 razones por las cuales exigen un cambio de mandato (ver recuadro).

 

De igual manera, en Bucaramanga el comité promotor de la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, informa que “la iniciativa Popular de revocatoria del mandato [...] está motivada por la inconformidad de los ciudadan@s de diferentes sectores de la ciudad, que están afectados e inconformes por el incumplimiento al plan de gobierno, por haber sido engañados por las promesas hechas en campaña por Rodolfo Hernández y la forma como ha afectado la ciudad y los sectores más deprimidos”.

 

Las propuestas de campaña que quedaron congeladas una vez inició su gestión al frente de la ciudad, son:

 

  • Reingeniería a Metrolínea y ‘Metrocable’
  • Soluciones de vivienda para 20 mil familias
  • Solución técnica a las basuras
  • Centro cultural en los cerros orientales
  • ‘Repensar’ el espacio público de la ciudad
  • Empresa de servicios integrados

 

También en Neiva los pobladores consideran que el municipio necesita estar en manos de alguien que pueda administrar mejor los recursos, y que en lugar de reducir las ofertas de empleo para los neivanos, las amplíe. Su motivación para la recolección de más de 22 mil firmas para la realización de la revocatoria es que: “[...] ha tenido un cambio radical y no ha cumplido su programa de gobierno. Él se comprometió básicamente en dos cosas: generar bienestar social y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, ni ha generado bienestar social porque se ha llevado la contratación de Neiva para fuera del departamento”, manifestó Calderón Cuéllar, uno de los líderes de la revocatoria, y tampoco ha atacado los casos de corrupción presentes en sus secretarías.

 

A un año de electos los gobiernos municipales, las poblaciones exigen cambios para re direccionar e intentar subsanar las grietas sociales, políticas y económicas que los recientes alcaldes electos profundizaron en pocos meses.

 

Por si fuera poco

 

El 2016 también posibilitó un escenario para que la exfiscal Viviane Morales abriera dentro del Congreso de la República el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El tema ha dividido a la Iglesia, los organismos de control, Ongs, universidades y al Estado entre lo que sería un derecho o un acto de irresponsabilidad para la sociedad.

 

De acuerdo a la exfiscal, la familia tradicional es el único modelo que posibilita el bienestar de un niño. Pero tal como lo expresó la senadora Claudia López “no es un referendo antigay, es un referendo antihumano”. Sin embargo, la motivación y argumentación ortodoxa de la senadora Morales, se reforzó con lo sucedido en el plebiscito por la paz y la maquinaria de la campaña del No.

 

Este referendo, al ser uno de los que más opiniones encontradas han despertado en nuestra sociedad, también es uno de los que más ha avanzado en su aprobación, en procura de un modelo de familia única e invariable.

 

A la par de éste, empieza la recolección de firmas para que el Congreso de la República le dé vía libre a la cadena perpetua para quienes violen niños.

 

Como puede concluirse, el 2017 será un año de intensa actividad política-territorial, en el cual el territorio, el agua, la explotación de hidrocarburos y minerales, el patrimonio público, los derechos humanos fundamentales y la vida, ocupan el campo de batalla entre quienes realmente los necesitan y aquellos que solo ven en ello un lucro económico para su propio beneficio y doctrinas. La democracia que tenemos, atacada por las voces de lucha que reclaman sus derechos, se pone a prueba.

 

1 http://www.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
2 Ver Magazine DATV 5, http://bit.ly/2iTdgaD.
3 http://www.cmi.com.co/justicia/corte-constitucional-ataca-el-fracking/403891/

 


 

Recuadro 1


En Bogotá, las razones contra Peñalosa

 

• No hacer el Metro subterráneo que ya tiene estudios y soluciona la movilidad de Bogotá porque quiere hacer Transmilenios.
• Subirle 200$200 a Transmilenio.
• Dejar a los bogotanos sin ambulancias en casos de emergencia.
• Querer vender la poderosa empresa pública ETB, única con fibra óptica en Colombia para venderla a privados.
• Quitar bicicletas gratuitas de la carrera 7ma.
• Pavimentar la Reserva Ambiental Van Der Hammen, el tanque de agua de Bogotá.
• Fusionar 20 hospitales públicos y sólo dejar 4; privatizó toda la contratación de la salud en el distrito, el hemocentro distrital y el banco de órganos.
• Perseguir vendedores ambulantes sin darles alternativas.
• Vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá que hoy produce $1 Billón de pesos en utilidades para la ciudad.
• Permitir las corridas de toros
• Querer hacer 3 vías en la Reserva Ambiental Van Der Hammen.
• Mentir sobre sus falsos estudios en Francia.
• No hacer el Cable Aéreo de San Cristóbal.
• Por desechar los 5 metros eléctricos que ya estaban financiados y que desechó por meter más y más Transmilenios.
• Porque la movilidad multimodal de metro Subterráneo, tranvías y cables valía $4 Billones y Peñalosa lo cambia por Transmilenios que valen $25 Billones de pesos que pagaremos con impuestos.
• Nunca dijo que iba a privatizar y vender el patrimonio de los bogotanos.
• Porque como nunca antes, las decisiones de un gobernante habían causado tanto daño ambiental, económico y social.
• Por echarle de todo la culpa a la administración anterior.

Visto 364 veces Modificado por última vez en Martes, 24 Enero 2017 19:01

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