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  • Autor: Raúl Zibechi
  • País: Brasil
  • Región: Suramérica
  • Fuente: Sputnik
Miércoles, 15 Marzo 2017 08:18

Profundo malestar militar en Brasil

Escrito por  Raúl Zibechi
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"Somos un país que está a la deriva", dijo el general Eduardo da Costa Villas Boas al diario Valor el pasado 17 de febrero.

 

La frase pertenece nada menos que al comandante del Ejército, el grado más alto en el escalafón activo de las Fuerzas Armadas, quien focalizó el malestar militar en dos aspectos críticos: el uso de los militares como policía interna y la reforma de las jubilaciones que prevé el gobierno de Michel Temer.


Tan profundo y extenso es el malestar de los militares, que Temer decidió salir del paso con un sólido aumento del presupuesto que en los hechos supone un crecimiento del 36% en los desembolsos al ministerio de Defensa en 2016, respecto a 2015. "Bajo intensa presión institucional desde que asumió el gobierno", escribe el diario Folha de Sao Paulo, "utilizó el arma tradicional del Presupuesto para mantener buena relaciones con los militares".


Desde que estalló la crisis económica en 2015, cuando aún gobernaba la petista Dilma Rousseff, las Fuerzas Armadas reciben una parte mínima del presupuesto asignado, sobre todo para el área de inversiones en proyectos estratégicos. En 2015 el proyecto de submarinos, convencionales y nuclear, recibió 35 millones de reales de los 294 millones planificados (un dólar=3,15 reales). La fabricación del carguero KC-390 (que se propone desplazar al estadounidense Hércules C-130) recibió apenas el 10% de lo previsto


Lo más grave, empero, es la distribución del mediano presupuesto militar de 28.000 millones de dólares (1,4% del PIB): el 74% va para remuneraciones del personal y sólo el 10% para inversiones, en unas Fuerzas Armadas que deben custodiar 8.000 kilómetros de litoral marítimo que incluye el petróleo off shore o pre-sal, en la plataforma atlántica, además de la protección de la Amazonia que sigue siendo apreciada por las potencias extra-continentales. El ministro de Defensa Raul Jungman declaró que las Fuerzas Armadas están "a leguas del nivel adecuado de inversiones".


Además del bajo presupuesto, que llevó a la Armada a dar de baja al único portaviones del país (adquirido a Francia en 2000 cuando ya tenía 37 años de servicio), los militares enfrentan la propuesta del equipo económico de incluirlos en el sistema nacional de jubilaciones, con lo que perderían sus privilegios. El problema es que el Sistema de Protección social de los militares de las Fuerzas Armadas, que beneficia a 296.000 personas entre activos y jubilados, tiene un déficit anual de 10.000 millones de dólares, que representa casi la mitad del déficit total del sistema que ampara a 26 millones de jubilados.


Como destaca un reporte del diario El País, cada uniformado genera un déficit anual "32 veces mayor que el generado por un jubilado en el régimen general". Además, mientras los trabajadores aportan el 11% de sus salarios al Instituto Nacional del Seguro Social, los militares sólo lo hacen con el 7,5% de sus ingresos. Los casi 300.000 militares reciben más dinero que los 50 millones de beneficiarios del Plan Bolsa Familia, el programa lanzado por el Gobierno de Lula (2003-2010) que contribuyó a reducir la pobreza.


En febrero varios altos mandos de las Fuerzas Armadas se pronunciaron públicamente contra la pretensión del gobierno de reformar el sistema de pensiones militares. El comandante Villas Boas argumentó que "el Estado debe entender que si pretende contar con instituciones en cualquier momento, en cualquier horario, esa institución debe tener características especiales". Aseguró que el contrato social de los militares "nos da prerrogativas para que podamos cumplir ese papel", y que no tienen derecho a sindicalizarse ni hacer huelga.


El comandante de la Marina, almirante Leal Ferreira, argumentó en una columna titulada "Sin privilegios", que la reforma de las pensiones militares realizada en 2001, bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, implicó pérdidas para los uniformados que contribuyeron de ese modo a reducir el déficit en un porcentaje considerable. El comandante de la Fuerza Aérea se expresó con mayor vehemencia aún.


El empleo de los militares para tareas de orden interno ha sido el otro gran frente de los uniformados contra el actual gobierno. Durante los primeros meses del año en curso el gobierno envió militares a los estados de Amazonas, Roraima, Río Grande del Norte, Espirito Santo y Río de Janeiro, ante la crisis de seguridad pública por la impotencia de la policía frente al narcotráfico. El general Villas Boas señala que en la favela de Maré, una de las mayores de Río de Janeiro, el Ejército utilizó 3.000 efectivos durante 14 meses, pero agregó que "el empleo de las Fuerzas Armadas no soluciona el problema".


Para el comandante del Ejército, en la Maré se invirtieron 400 millones de reales (unos 120 millones de dólares) en la ocupación militar, con un resultado pésimo. "Cuando salimos, una semana después todo estaba como antes". Con el agravante de que "sufrimos desgaste y riesgos enormes, porque si somos atacados y reaccionamos será considerado un crimen y juzgado por un tribunal civil".


El comandante Villas Boas concluye que el país perdió identidad y sentido del desarrollo nacional, "somos un país que no sabe lo que pretende ser, lo que quiere o debe ser. Por eso la sociedad está tan dividida y el Estado está subordinado a intereses sectoriales".


Lo que no pueden decir los militares en activo, lo dicen los clubes de jubilados y los medios vinculados a las Fuerzas Armadas. Un editorial de Defesanet de principios de febrero, acusa directamente al gobierno de "haberse deslizado hacia el pantano de los juegos de poder típicos de Brasilia". Acusa al expresidente Cardoso de ser el responsable de "forzar al gobierno Temer a adoptar una política económica suicida, incluyendo la reforma de las pensiones" y de haber colocado al ministro de Hacienda Henrique Meirelles "para realizar este ataque a los militares".


Las fuertes presiones de los militares llevaron al gobierno Temer, que ostenta apenas un 10% de popularidad, a no incluir a las Fuerzas Armadas en el proyecto de reforma del sistema de protección social y negociar cambios menores. Probablemente no sea suficiente para aliviar la intensa presión que emana de los cuarteles.

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