Naciones Unidas denuncia el asesinato en 2016 de 127 activistas y critica la ley de amnistía

 

La ONU insta al Estado de Colombia y a las FARC a "reconocer plenamente su responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario” para lograr un desarrollo eficaz del proceso de paz entre el Gobierno y la principal guerrilla del país. Esta es una de las 15 recomendaciones que la misión de Naciones Unidas formula en el informe anual presentado este jueves en Bogotá por el alto comisionado de la organización Todd Howland, quien ha denunciado que en 2016 fueron asesinadas 127 personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de los que alrededor de la mitad tenían liderazgo en sus comunidades.

El estudio señala que “el acuerdo de paz cumple en términos generales con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de derechos humanos”, pero no lo considera suficiente ya que “el reconocimiento voluntario de responsabilidad por violaciones de derechos humanos del pasado contribuye a construir confianza en el proceso de paz”. La ONU recuerda el gesto del presidente colombiano y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Satos, que admitió “la persecución y violencia sistemáticas sufridas anteriormente por el partido político Unión Patriótica, y subrayó la responsabilidad del Estado de asegurar la no repetición” Y también concede que las FARC asumieron la responsabilidad de decenas de secuestros y asesinatos. “No obstante”, enfatiza Naciones Unidas, “sigue vigente el desafío del Estado y las FARC-EP de reconocer plenamente sus responsabilidades por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el pasado, de tal forma que satisfaga los derechos de las víctimas”.


La organización, que supervisa la implementación del proceso de paz desde sus inicios, urge además al Gobierno y a la guerrilla “a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que han caracterizado el conflicto armado”. Entre las recomendaciones destaca la necesidad de “avanzar hacia una solución negociada al conflicto armado” con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La segunda guerrilla de Colombia reivindicó un atentado en el centro de Bogotá hace menos de un mes. El informe “insiste en que todo uso de la fuerza por parte del Estado sea llevado a cabo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, salvo las acciones en contra de los grupos guerrilleros clasificados objetivamente como grupos armados organizados”.


Críticas a la ley de amnistía


La ONU formula críticas también a la ley de amnistía aprobada por el Congreso colombiano el pasado diciembre. “La ley”, apunta el informe, “incluye referencias abstractas a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento”. “También presenta disposiciones, ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas. El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos”.


El alto comisionado de Naciones Unidas muestra su preocupación por el goteo constante de asesinatos de líderes sociales. En 2016 se registraron 389 ataques. Murieron al menos 127 personas, mayoritariamente en zonas con presencia histórica delas FARC y casi todas en territorios con ecosistemas económicos ilegales. Uno de los principales factores de violencia es, según la ONU, “el cultivo de uso ilícito, en particular coca”, que en los últimos años ha crecido exponencialmente. La desmovilización de la guerrilla ha dejado una suerte de “vacío” que están ocupando “grupos armados al servicio del narcotráfico”, a lo que se suma la “debilidad de la presencia del Estado de manera integral en el territorio”.


La organización considera que la solución pasa por “reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situación grave sobre la cual el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida de los defensores”. Para ello, ve necesario reformar el tejido político y social de esas regiones. “La protección de la vida, y la disminución de la violencia, están directamente ligadas a las oportunidades de inclusión política y a la generación de empleo, salud y educación”.

 

Bogotá 16 MAR 2017 - 21:42 COT

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Miércoles, 15 Marzo 2017 08:35

¿Impunidad para la Fuerza Pública?

Un tratamiento especial

 

Durante las negociaciones en La Habana, el gobierno anunció de modo reiterado que los agentes del Estado recibirían un tratamiento especial.

Tiempo después el Acuerdo Final–tanto en la versión de agosto como en la revisada de noviembre de 2016– estableció en el punto “Jurisdicción Especial para la Paz” que los agentes del Estado serían objeto de “un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el Derecho Internacional Humanitario”.

Las líneas generales de ese tratamiento fueron enunciadas por el presidente Santos en varios discursos ante el estamento militar en diciembre de 2015, pero extrañamente nunca fueron publicadas en el sitio web del alto comisionado para la Paz.

El hecho es que, en agosto de 2016, junto con el Acuerdo de La Habana se conoció el “Anexo II” sobre los tratamientos penales especiales para agentes del Estado. Según la Presidencia de la República, este era resultado de una decisión “autónoma e integral” del gobierno que “no fue objeto de negociación alguna en la mesa de negociación de La Habana”. No obstante, varios de los lineamientos de ese régimen especial fueron pactados en la mesa y plasmados en el Acuerdo.

 

La Jurisdicción

 

La ley que establece la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha sido expedida hasta el momento.

Sin embargo, la Ley 1820 de 2016, “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”, así como el Decreto 277 de 2017 que regula su implementación, establecen el tratamiento especial y los beneficios que se les podrán conceder a los agentes del Estado.

En resumen, la JEP tendrá básicamente dos funciones:

Renunciar a perseguir penalmente a los agentes del Estado que “hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”; y


Procesar a los agentes del Estado que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, o reclutamiento de menores”, entre otros.


Aunque al tratarse de agentes del Estado no se habla de amnistía o indultos, el mecanismo de renunciar a la persecución penal tiene efectos similares. Es más, la JEP no es solo una jurisdicción penal: está facultada para anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria, fiscal o administrativa correspondiente al delito que se renuncia a perseguir penalmente.

 

Puertas para la impunidad

 

Varios aspectos del tratamiento a los agentes del Estado bajo la JEP son problemáticos, cuando no incoherentes o incompatibles con el derecho internacional. Algunos de ellos ya fueron señalados por Camilo Umaña en un artículo publicado en Razón Pública. No obstante, cabe señalar otros:

Aunque el Acuerdo de La Habana estipulaba que la JEP sería competente para juzgar las “conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares”, estas no fueron excluidas del beneficio de renuncia a la persecución penal. Tampoco lo fueron las violaciones de derechos humanos, como las interceptaciones y las actividades ilegales de inteligencia.


Estas últimas –como fue constatado en numerosos casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada, así como en el escándalo de las “chuzadas” del DAS– muchas veces hacen parte de la preparación de un crimen mayor, pero se han investigado separadas de él. En el caso de las “chuzadas”, por ejemplo, varios funcionarios fueron condenados solo por interceptaciones y actividades ilegales de inteligencia, cuando estos delitos no eran más que actos preparatorios de un crimen de lesa humanidad bajo la modalidad de persecución política.

De este modo se abre el camino a la impunidad para agentes del Estado involucrados en paramilitarismo o en actividades ilícitas de inteligencia destinadas a preparar la comisión de crímenes que el Estado no puede renunciar a perseguir.

- Paradójicamente, la Ley 1820 incluyó en la lista de delitos que no se puede renunciar a perseguir penalmente los “delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar”.


El punto no es insignificante. Aquellos miembros de la Fuerza Pública que fueron procesados o condenados por negarse a ejecutar órdenes que implicaban la comisión de crímenes (como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas) o la colaboración con grupos paramilitares, o aquellos que tomaron medidas para que esos delitos fueran investigados por la jurisdicción penal ordinaria, no podrían beneficiarse de la renuncia a la persecución penal.

 

Ese sería el caso del capitán y exjuez de instrucción penal militar Alexander Cortés, quien investigó 55 casos de “falsos positivos” y los remitió a la jurisdicción penal ordinaria.

 

No sobra recordar que, según el derecho internacional, los funcionarios tienen el derecho –y el deber– de negarse a obedecer o ejecutar órdenes que impliquen violaciones de los derechos humanos. Igualmente, el Estado tiene la obligación de garantizar que estos funcionarios no sean perseguidos ni sancionados penal o disciplinariamente por ello.

 

La Ley 1820 excluyó de los beneficios del tratamiento penal especial los “graves crímenes de guerra” y los definió como “toda infracción del Derecho Internacional Humanitario cometida de forma sistemática”. El Acuerdo de La Habana va todavía más allá al agregar a esta definición que el crimen sea cometido “como parte de un plan o política”.


Pero en el derecho internacional no existen “graves crímenes de guerra”, sino que frente a cualquier crimen de guerra el Estado tiene la obligación irrenunciable de perseguir, juzgar y sancionar a sus autores. Así mismo, según el derecho internacional, un crimen de guerra no tiene que ser cometido de forma sistemática ni como parte de una política o un plan para ser considerado como tal: basta con que se cometa la conducta ilícita, aunque haya sido de forma “aislada”.

 

De este modo, este nuevo concepto incluido en la Ley 1280 abre una inmensa puerta para que numerosos crímenes de guerra queden impunes.

 

El Acuerdo de La Habana estipula que la JEP valorará las conductas de los miembros de la Fuerza Pública según “lo establecido en las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH” y partiendo del principio de que “sus acciones se presumen legales”.


Esto es incompatible con el principio del derecho internacional según el cual en situaciones de conflicto armado el ser humano está bajo la protección tanto del derecho internacional humanitario como del derecho internacional de los derechos humanos, y la ilegalidad de una conducta debe ser valorada de acuerdo con estas normas. Además, la referencia a “las reglas operacionales de la fuerza pública” y la presunción de legalidad de las acciones de los agentes estatales son ambiguas y abren un camino para la impunidad.

En efecto, como señalaron los excomandantes de la Fuerza Pública en su carta dirigida al presidente Santos, por “reglas operacionales” deben entenderse los reglamentos, manuales y directivas de las Fuerzas Militares que se “presume de hecho estar totalmente acordes con la legalidad”. Varios de esos lineamientos consideran “blanco legítimo” a sectores de la población civil, ordenan el desplazamiento interno de población, promueven la práctica de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales u ordenan crear grupos paramilitares. La Directiva 29 de 2005 del Ministerio de Defensa Nacional es un ejemplo de esto.

Pretender que esos reglamentos, manuales y directivas establezcan los criterios para determinar si ciertas conductas son un delito, y presumir que estas “reglas operacionales” son legales, va en contra de cualquier intento de hacer justicia.

La manera como el Acuerdo de La Habana define la cuestión de la responsabilidad penal del superior es incompatible con las normas del derecho internacional, como las establecidas en el principio 27 del Conjunto de principios actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.


El Acuerdo condiciona la responsabilidad penal del superior a que este tuviera “el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante y después de la realización de la respectiva conducta” criminal, así como “el control efectivo de la respectiva conducta”.

No obstante, según el artículo 28 del Estatuto de Roma y otras normas internacionales, la responsabilidad penal del superior se aplica igualmente cuando éste, aunque no haya tenido la información, estaba en una posición de control sobre sus subordinados por la cual él debería saber que el crimen se iba a cometer, se estaba cometiendo o se había cometido. Es lo que la jurisprudencia penal internacional llama el “conocimiento inferido”.

Adicionalmente, tanto el Estatuto de Roma como las demás normas internacionales se refieren al control efectivo del superior sobre sus subordinados, no sobre su conducta. Así, el Acuerdo de la Habana define el principio de responsabilidad penal del superior de forma restrictiva y contraria a lo establecido por el derecho internacional y abre una puerta más para la impunidad.

 

En su “Declaración de principios” de junio de 2014, el gobierno y las FARC dijeron con respecto al reconocimiento de responsabilidades que “cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades”. De no resolverse estos problemas, la promesa que hicieron el gobierno y las FARC podría resultar vana.

 

Federico Andreu. Representante para Suramérica de la Comisión Internacional de Juristas.

Razón Pública

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Dos hombres se afanan arrodillados a las puertas del Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala para limpiar del suelo la pintura roja con las palabras 'Estado Asesino'. La población no perdona y no quiere olvidar la muerte de 40 niñas, de entre 13 y 17 años, en un incendio durante su protesta en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción el pasado 8 de marzo. Mientras, en un hospital de Ciudad de Guatemala, una niña de 13 años, una de las supervivientes, tampoco olvida y pide "ayuda" al presidente del país.

Con un hilo casi imperceptible de voz, la menor, con el rostro totalmente enrojecido por las graves quemaduras que ha sufrido, relata lo ocurrido. "Una niña a la que conocíamos como Mimí empezó a quemar las colchonetas. Solo las pusieron en la ventana y comenzaron a quemarse". Entonces, añade, las llamas aumentaron. "Empezamos a golpear la puerta para que nos abrieran y no nos abrían".


Tiempo después, decenas de cuerpos calcinados, apilados unos sobre otros daban cuenta del tiempo que estuvieron las adolescentes confinadas entre las llamas sin que nadie las liberara, pese a sus gritos y empujones a la puerta.


Esa jornada las menores de edad que vivían en el albergue dijeron basta de violaciones, maltratos, comida con gusanos, hacinamiento y todo tipo de vejaciones. El día anterior, 60 adolescentes lograron huir de este "infierno", como lo calificaban, sin saber que 24 horas después el día se tornaría en tragedia. Tras disfrutar de unas pocas horas de libertad, la Policía Nacional Civil devolvió a la mayoría de ellas al centro destinado, en teoría, a proteger a niños y adolescentes desamparados, abandonados por sus familias o que habían sufrido abusos físicos o sexuales, así como a menores con discapacidades mentales, adicciones o con problemas con la ley.


La superviviente de la tragedia lanza un mensaje al presidente: "Que nos ayude. Que apoye principalmente a las demás, a las que no tienen ni a su papá ni a su mamá", logra decir. Denuncia que las monitoras "trataban mal" a las menores internadas.


Una vez dentro, como ha reconocido el presidente del país, fue encerrada junto a 56 menores en un aula de la escuela. A las niñas se les acabó la paciencia después de las denuncias presentadas en juzgados por maltrato y violaciones desde 2015. Tras exigir sin éxito a las monitoras que las sacaran de ahí, una de las menores decidió que la única manera de lograr su liberación era provocando un fuego. Lo que nunca se imaginó es que nadie iba a abrir la puerta, que habían sido cerrada con candado por una psicóloga del centro gestionado por la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno de Guatemala.


Este lunes se han producido las tres primeras detenciones cinco días después de la tragedia. Se trata del exsecretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la exsubsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres.


Rodas había presentado su renuncia este lunes, mientras que Keller fue cesada ayer por el presidente del país, quien también destituyó a Torres el mismo día del incendio. A todos ellos se les imputa los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad, por los cuales una jueza decretó este lunes su ingreso en la prisión militar de Matamoros.


Se siente "triste", indica la menor en el hospital, minutos antes de emprender el vuelo junto a otras tres niñas hacia EEUU para recibir tratamiento en el Hospital Shrinners (en Galveston, Texas) especializado en quemaduras de niños. Varios médicos voluntarios estadounidenses llegaron este sábado a la capital de Guatemala para tramitar los viajes de las cuatro primeras niñas, mientras que el domingo trasladaron a otras tres hacia Boston.
Los padres o familiares de las menores supervivientes que han sido trasladadas a EEUU no han podido acompañarlas. "No va a venir ninguna familia conmigo y quiero que venga mi sobrina o mi hermana conmigo", lamenta la menor entrevistada.


En los próximos días podrían viajar también las últimas seis menores que permanecen en los dos principales hospitales del país, de las cuales dos se encuentran en estado crítico.


En la segunda planta del Hospital San Juan de Dios, en el área de Cuidados Intensivos, Ada Kelli Alfaro está a punto de despedirse de su hija Cinthia Paola Morales, de 14 años. Ella es una de las cuatro primeras menores en viajar a EEUU ante la falta de medios en Guatemala, según han reconocido los doctores a las familias de las heridas. La mujer pudo hablar este jueves con Jimmy Morales, después de que acudiera a este hospital a visitar a las niñas: "Nos pidió disculpas por lo sucedido y garantizó que se haría justicia".


Su hija le confesó que había sido golpeada "brutalmente" en el Hogar Seguro, donde le daban, decía, "comida con gusanos". Ella siente que, debido a sus bajos recursos, no pudo pagar los 1.500 quetzales (215 euros) que le exigía el Juzgado para poner en libertad a la menor, que había ingresado por "rebeldía". Alfaro no se preocupa por el lento avance de las investigaciones, en lo único que piensa, apunta, es en volver a abrazar a su hija cuando regrese de EEUU y "darle mucho amor y la bienvenida nuevamente a la vida".


Madres que aún desconocen si sus hijas fallecieron


Mientras la Justicia sigue su curso a paso de tortuga, sigue habiendo familias que buscan desesperadamente a sus hijas. Desconocen su paradero pese haber acudido a los principales hospitales de la capital y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), encargado de la identificación de las menores fallecidas. En este caos burocrático, se encuentra Vianey Claret Hernández, quien trata de encontrar a su hija Ashley Hernández, de 14 años, para lo cual ya se ha sometido a las pruebas de ADN para verificar si se encuentra entre las fallecidas.


Después de tres horas esperando en el Hospital San Juan de Dios para poder visitar a la única herida que sigue sin identificar. Sin embargo, muestra pocas esperanzas de que sea su hija, después de que el periódico 'Prensa Libre' publicara en la portada de la edición de este viernes su foto entre un listado de siete jóvenes fallecidas, víctimas de quemaduras e intoxicación de monóxido de carbono.


Hernández muestra sorprendida la portada de este diario, dado que, según asegura, nadie le ha avisado de que su hija se encuentre entre las víctimas mortales. Forma parte del listado de 57 menores que fueron confinadas bajo llave en el aula de cuatro por cuatro metros que ardió matando en el lugar a 19 menores de edad, mientras que otras 21 han fallecido en los hospitales. "Aparezca o no mi hija voy a luchar hasta que haya culpables de esta masacre y estén entre rejas", afirma. "El presidente de Guatemala no está haciendo nada".


"No eran calladitas, por eso las mataron"


"No eran calladitas, por eso las mataron"; "Este cuerpo no se toca, no se viola, no se quema, no se mata", son algunos de los lemas coreados durante la semana de manifestaciones donde centenares de personas han exigido la dimisión del presidente a quien acusan de "crimen de Estado". Cada noche, prenden decenas de velas en homenaje a las 40 niñas fallecidas.


En el cementerio general de Ciudad de Guatemala, cada día llegan los féretros de alguna de las 40 menores acompañados por los gritos de dolor, desmayos y reclamos de justicia de los familiares. Una de las primeras niñas enterrada fue Siona Hernández, de 17 años, cuya foto es sostenida en un marco por su tía, Cari Álvarez. Con lágrimas en los ojos, espera que se haga justicia "con todas las jovencitas que han fallecido".

 

Asier Vera Santamaría - Ciudad de Guatemala
14/03/2017 - 21:11h

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Jueves, 09 Marzo 2017 07:49

Entrenamiento militar “Made in USA”

 

El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 uniformados del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 civiles y 190 policías.

Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a sus policías a recibir entrenamiento, por el simple hecho que ambos países no tienen ejércitos; pero entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 ¿Qué otros países enviaron también a sus policías a recibir entrenamiento militar a una academia militar? No lo sabemos, esa información no está disponible.

Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden” y es muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”.

En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información”, entre otros.

Ya sabemos de sobra qué entiende EEUU sobre terrorismo y cómo lo enfrenta. Ya sabemos que en la lucha contra la droga y el terrorismo que ellos promueven morirán siempre, porcentualmente, más civiles. Ya sabemos que son las “operaciones de inteligencia” y de “información”; listas negras, infiltración a movimientos sociales, noticias falsas, etc.

Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los principales países que enviaron más tropas a esta academia militar, el 2016, fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos.

Colombia, que por años ha sido el país que más soldados envía uniformados a formarse a EEUU, entrenó el año 2016 a 862 efectivos más en la Escuela de las Américas. Es lejos, desde años, el número uno en envíos y en violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a un Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) el año 2016 se registraron en Colombia 117 asesinatos contra defensores de los derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparición forzada.

En Colombia el conflicto armado dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012 de acuerdo a las cifras reveladas por el Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”. El 82 % de las víctimas fueron civiles.

El segundo país que más uniformados envió a la Escuela de las Américas a recibir entrenamiento fue Honduras, registrando 261 efectivos el año 2016.

De acuerdo al Informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta”, de Global Witness, “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”.

El Informe recuerda el asesinato de Berta Cáceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Meses después el diario El Heraldo de Honduras informó que entre los detenidos por este caso figuran “Un militar activo, dos oficiales retirados y un técnico ambiental”.

De acuerdo al diario The Guardian, dos de ellos, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo además recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas. También, el año pasado, un ex soldado hondureño, miembro de las unidades de élite, dijo que había visto el nombre de Berta Cáceres y otros en una “lista negra” que circuló dentro del ejército.

Nada de esto nos puede sorprender porque detrás de las muertes de defensores de derechos humanos, aunque las realicen sicarios o paramilitares o delincuentes, y quisieran pasarlas como hechos comunes, se esconde la mano del poder.

Por otro lado, México, donde actualmente se registran las más graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, si bien figura haber enviado 46 uniformados el año 2016 - y en los últimos cinco años 130 efectivos- a la Escuela de las Américas lo cierto es que EEUU está comprometido, por otras vías y acuerdos, con el entrenamiento de sus soldados y policías.

Un artículo de John Lindsay-Poland, indica que tan sólo en el periodo 2013 y 2014 “Los Estados Unidos dieron entrenamiento militar a más de 5700 policías y soldados mexicanos en unas 45 localidades estadounidenses y al menos diez sitios en México durante los últimos dos años, según datos publicados por el Departamento de Estado”.

En México de acuerdo a datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la última década hubo 151.233 asesinatos hasta agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas desaparecidas y la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2420 investigaciones “en trámite” por casos de tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.

La académica, politóloga y escritora mexicana Denise Dresser, sin embargo, señala que los “años de guerra” han dejado al menos 213.000 muertos

“Un índice de letalidad en el cual el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere. 12.408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de manos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa”, señaló Dresser.

Pero no sólo Colombia, Honduras y México envían sus tropas a la Escuela de las Américas también lo hacen Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Panamá, Paraguay, entre otros.

Sin embargo, no todos envían sus tropas a la Escuela de las Américas, este 2016 no lo volvieron a hacer Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay países que se comprometieron de no seguir enviando a sus soldados ni policías a esta cuestionada institución.

Venezuela, por ejemplo, retiró sus soldados el año 2004 dos años después del intento fallido de golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez donde entre sus cabecillas figuró el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.

Venezuela, como otros países no vivieron dictaduras militares, anteriormente. Sin embargo, antes de que asumiera Hugo Chávez se registraron graves violaciones a los Derechos Humanos que poco o nada se conocieron en Latinoamérica y el mundo.

De acuerdo a la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela, entre los años 1958 y 1998, se registraron 10.071 víctimas de asesinato, torturas y desapariciones por motivos políticos.

Finalmente, la Escuela de las Américas, que hoy se conoce como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés), tiene más de 70 años de existencia, fue fundada en 1946 en Panamá, y por sus aulas han pasado más de 80 mil soldados de toda América Latina a la fecha.

Muchos de sus “graduados” se transformaron en dictadores, torturadores y asesinos y otros guardaron un silencio cómplice cuando sucedían desapariciones y asesinatos contra el pueblo que juraron defender.

 

Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas.

 

http://www.alainet.org/es/articulo/183982

 

 

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Martes, 07 Marzo 2017 07:06

Publicar la verdad sin miedo

 

En el libro de Proverbios dice que /una casa se construye con sabiduría, y se establece por medio de entendimiento. Sus cuartos se llenan de hermosos tesoros a través del conocimiento/. Pero hay algo más en todo esto.

El siguiente verso es “Los sabios son más poderosos que los fuertes”.El conocimiento es poder.

Tengo el gran honor de dirigirme a ustedes en este aniversario por la muerte de un hombre que ha luchado amplia y aguerridamente contra el imperialismo, el neocolonialismo y otras formas de opresión a los pueblos, especialmente en América Latina.

Chávez tuvo el papel más importante en el escenario global con sus incansables esfuerzos para seguir avanzando en la integración y cooperación regional y construir un mundo multipolar.

Denunció las injusticias tal y como él las veía y en el 2001 fue el único líder que denunció el asesinato de civiles inocentes en Afganistán, cometido por Estados Unidos. “Ustedes no pueden pelear el terrorismo con terrorismo”, indicó Chávez. Poco después de seis meses Estados Unidos apoyó un golpe de estado en su contra que fue revertido cuando cientos de miles de venezolanos tomaron las calles, muchos de ellos con la constitución en sus manos. Como todos nosotros, él no estaba libre de pecado, pero sus virtudes sacudieron la tierra.

Como director de Wikileaks sacamos a la luz los secretos de los poderosos y además construimos una Biblioteca distinta y poderosa, una biblioteca que contiene la información sobre cómo realmente funciona nuestro mundo y sus instituciones, que contiene información que por siglos ha estado solamente en manos de las élites y que ahora –no sin correr riesgos y persecuciones– hemos democratizado y puesto a disposición del pueblo, sin distinción de orientación política o credo.

Es para todos y todas, para que la sociedad de todo el mundo abra los ojos, y con datos irrefutables en la mano, confronte a los poderosos y saque sus propias conclusiones, sin filtros mediáticos, sobre los eventos y decisiones políticas que afectan sus vidas.

El objetivo de Wikileaks, de buscar la verdad en nombre de la humanidad, es hoy más importante que nunca, un objetivo que seguimos buscando a pesar del alto precio que pagamos por ello.

El costo, en mi caso, ha sido alto. He estado perseguido judicialmente y detenido por casi siete años, sin que pese cargo alguno en mi contra.

La persecución se ha extendido a mi familia, a mis hijos, a quienes no he podido ver durante todo este tiempo.

Tanto Naciones Unidas, como numerosas organizaciones de Derechos Humanos y personalidades a nivel mundial han hecho un llamado a Suecia y al Reino Unido para que respeten sus obligaciones internacionales, para que respeten y reconozcan la soberanía del Estado de Ecuador y por tanto reconozcan mi asilo y dejen de bloquear el ejercicio de este derecho humano. Es inconcebible que la actitud imperialista de Reino Unido y de Suecia, en pleno siglo XXI, les permita, con total impunidad, ignorar un acto soberano de un país independiente, Ecuador.

Recuerdo a los presentes que Ecuador pagó y sigue pagando un alto precio al otorgarme el asilo para protegerme de la persecución política por haber expuesto los secretos del imperio. Su embajada en Londres sufrió amenazas de ataque por la policía británica y hasta el día de hoy, es sujeta a niveles de vigilancia que no tienen comparación alguna.

Denegar el salvoconducto para que yo pueda ir a América latina es un acto de imperialismo puro, de países que ocupan altos cargos en Naciones Unidas, y, sin embargo, se rehúsan a reconocer y habilitar el ejercicio de un derecho universal, y lo hacen en total impunidad, burlándose, además, de la soberanía de un país del Sur y de toda la región latinoamericana que respaldó unánimemente mi asilo, constituyendo un grave insulto a la dignidad de nuestros pueblos y al mismo sistema de Naciones Unidas. Hacer esto por años muestra el deterioro y grave retroceso del sistema internacional de protección de derechos humanos para todos.

Ni hablar de mi país, Australia, un sirviente más de los intereses imperialistas, que en siete años no ha abogado por mí ni una sola vez y que además busca criminalizarme para que yo no pueda volver a casa. A pesar de una Resolución firme de la más alta autoridad en temas de Detención Arbitrarias que después de analizar detenidamente mi caso, estableció que mi detención ha sido arbitraria e ilegal y el deber de dejarme en libertad de inmediato e indemnizarme, tanto Suecia como el Reino Unido la ignoran por completo.

Pero a pesar de todo, el imperio no ha logrado silenciarme. Soy libre simplemente porque soy libre de expresarme. Y disfruto de esta libertad gracias al coraje de Ecuador y otros Estados, entre ellos Venezuela, que se han unido para apoyarme. Mi lucha puede convertirse en una historia exitosa para la libertad de expresión y los derechos humanos.

Por lo tanto la concesión de un salvoconducto sería un acto de justicia y dignidad para la región. Permaneceremos fieles a la promesa de publicar la verdad sin miedo o negociaciones bajo la mesa. Seguiremos esforzándonos en nuestro compromiso con la verdad y la justicia social.

La liberación de los pueblos depende de la liberación de la mente de los pueblos. Para ello, necesitamos que esfuerzos revolucionarios pacíficos como el de Wikileaks, florezcan alrededor del mundo. Por esta razón necesitamos detener la persecución contra WikiLeaks y su gente.

Hagámoslo juntos hoy. Mañana puede ser tarde.

 

* Mensaje dirigido a Amigos de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales por la Humanidad reunidos en Caracas.

 

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“Esto es pan de cada día”. Así respondió el médico de turno en Medicina Legal de Bogotá cuando Angélica Bolívar y Cristian Cartagena, dos estudiantes de sociología de la Universidad Nacional, se acercaron en horas matutinas del 6 de marzo a esta institución para radicar demanda contra policías que en clara violación de sus derechos humanos, y en nítida manifestación de la concepción militarista que los embriaga, los golpearon, encerraron e inculparon por hechos o infracciones inexistentes al avanzar la noche del sábado 4 de marzo.

La expresión del galeno no es gratuita. Ante él, y como constancia diaria, estaban otras personas radicando demandas similares: por un lado estaba Cristian, habitante del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, joven de clase popular que contó que el día anterior se encontraba con su familia en medio de una celebración y que por no acatar las ordenes de la “autoridad” fue víctima de abusos, agresión extendida a su mamá, de más de 50 años –a quien la arrastraron por el suelo–, y su hermanito de 10 años –también golpeado varios veces en su rostro.


Por el otro estaba Jhon Javier, hombre de un poco más de 30 años, mecánico en un taller de reparación de carros, quien llegó con ojo morado e hinchado.


Algunos de éstos casos fueron llevados con cargos contra sus agresores, pero debieron ir a Medicina Legal porque en custodia fueron maltratados, como otra clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y complicidad por parte de la “autoridad”.


Dichos acontecimientos recuerdan la denuncia que el equipo de desdeabajo y otro medios realizaron el 26 de diciembre del 2016 a partir de lo sucedido a Christian Mantilla, otro ciudadano golpeado, en esta ocasión por defender a un hombre que algunos agentes de Policía estaban ahorcando en plena vía pública, frente a su familia, un mujer embarazada y su bebé en coche. Hay que recordar, que el caso de Christian fue manipulado mediáticamente por noticias Caracol, sin importarles afectar el buen nombre de este ciudadano.

Angélica y Cristian


Estos dos jóvenes estudiantes de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, narran de manera escueta lo sucedido con ellos:
“Entre las 11:30 y las 12 pm. de la noche del 4 de marzo de 2017, dos patrulleros adscritos al CAI de San Diego (frente al Planetario Distrital, Bogotá) los abordan en el Parque La Independencia por donde transitaban, luego de venir de un bar localizado en el centro de la ciudad.


Los oficiales exigieron requisar a Cristian ante lo cual él accedió presentando sus documentos de identidad. Uno de los policías, al ver el carnet de la Universidad preguntó por la carrera que estudiaba. Al enterarse que era estudiante de sociología, le preguntó si él también ‘ponía bombas como Mateo’. Cristian respondió que no, que sabía que Mateo Gutiérrez era inculpado por un hecho sucedido en un momento en que él se encontraba junto a otros estudiantes en una actividad cultural, por lo cual Mateo era inocente. El oficial tomó el celular de Cristian y empezó a revisarlo, Cristian se lo quitó diciéndole que no tenía razones para revisarlo. Ante tal respuesta, el oficial lo golpeó en la cara reventándole la nariz.


Al ver el accionar de los policías, Angélica tomó parte golpeando al policía para que soltara a Cristian. Uno de los policías golpeó a Angélica en la cara, la encuelló y la esposó a una silla del parque. La ahorcaron y golpearon repetidamente mientras estuvo esposada. Entre tanto a Cristian le seguían golpeando y ahorcando. Los estudiantes fueron insultados constantemente, calificándolos de “terroristas”, “perra”, “zorra” y “pone bombas”.


Los uniformados revisaron ambos celulares y los retuvieron cuando los agredidos intentaron llamar en procura de ayuda. En seguida fueron retenidos al interior del CAI, con el pretexto de encontrarlos consumiendo marihuana en el parque, cosa que nunca ocurrió.


Además de la agresión, los oficiales les asociaron a los hechos de asesinato a un policía en los alrededores de la Plaza de Toros La Santa María, hecho conocido por la opinión pública.


Vale resaltar, que cuando los estudiantes gritaron en procura de auxilio, los transeúntes siguieron y evitaron tomar parte en estos hechos. ¿Temor ante la recurrente, y por todos conocida, violencia policial?


Hasta aquí la denuncia de los agredidos.

 

Es importante también resaltar dos aspectos evidentes: 1) Esta agresión evidencia el perfil de persecución asociada a los estudiantes de sociología; 2) una ciudadanía intimidada e indiferente es funcional al abuso policial. Igualmente, una comunidad académica silente, se torna cómplice del estigma y del abuso de autoridad.


Actitud pasiva de estudiante, docentes y directivas, que torna necesario mirar hacia el hilo contextual que está detrás de este tipo de imputaciones: los últimos atentados en Bogotá, los cuales han colocado en el centro de la opinión pública al departamento de Sociología de la Universidad Nacional.
Como podrá recordarse, Mateo, uno de sus estudiantes, cual falso positivo judicial, le adjudican, sin pruebas consistentes, la colocación de bombas en distintas partes de la ciudad capital, El irresponsable manejo mediático en contra de la presunción de inocencia, y en contra de la integridad del estudiante, se ha expandido hacia toda la comunidad académica a la cual pertenece.

 


Recuadro

Miedo, poder y estigmatización


El recurso a la violencia está ligado al ejercicio del poder de muchas maneras. Según Max Weber (sociólogo alemán) el Estado es el organismo que monopoliza el ejercicio legitimo de la violencia y la policía, predominantemente coercitiva es su mayor protagonista. La violencia aparece cuando la autoridad se ve deslegitimada y ante la impotencia del poder en concretar la dominación ideológica. Se ejerce contra todo aquel desviado, y está justificada en mantener el orden social a toda costa, nunca se detiene a cuestionar la desigualdad y la exclusión que le son inherentes, ¿por qué defender sin más una estabilidad mediocre y decadente?


Usando falsos positivos judiciales y violencia arbitraria para mostrar resultados, se busca disimular la corrupción y degradación interna de nuestras instituciones, ante el engaño, compulsivamente buscan culpables para mantener la falacia de que son las verdaderas protectoras de los derechos y libertades de las personas. Con tal de que la atención no se vuelva sobre ellas, incentivan toda clase de miedos y estigmas sobre las grandes mayorías excluidas, las clases populares, que no tienen el nivel de privilegio y resonancia de los estudiantes ultrajados estas ultimas semanas, pues son ellas quienes invisibles sufren día a día la brutalidad del sistema.


El miedo que es correlato ideológico del mantenimiento del orden público, es una sustancia brumosa que toma muchas formas y en la que reside gran poder. La manía anti terrorista posa de barrera entre nosotros e inexplicables eventos, fortaleciendo un modelo de seguridad tan exitoso hasta nuestros días, en que grandes masas de individuos (entre ellos los mismos policías) huyen abrazando una autoridad cada vez más controladora, ante el horror de estar a su suerte y de lo indefinible. Los gobiernos han entendido la eficacia que tiene infundir el horror para fines políticos, toda violencia que cuestione el orden social es perseguida, pero todo el aparato paramilitar, toda la una racionalidad técnica de la violencia que ejerce en todo el país no encuentra más que silencio en los grandes medios de comunicación. El otro (el pobre, e campesino, el guerrillero, el estudiante de sociología, etc) como chivo expiatorio siempre es un mundo aparte, la vida de aquellos extraños que ponen en peligro la integridad del status quo no tiene el mismo valor. Apelando a estos como expresión de un enemigo interno e invisible, se vive en un miedo existencial a lo inmensurable, a lo que no tiene forma, y dicho miedo lleva a todo de tipo de arbitrariedades, abusos y comportamientos desquiciados, he allí la capacidad de control.


Los insultos e injurias que expresan los policías en este acontecimiento son la muestra de que ellos son las más pobres víctimas de éste fenómeno, años acumulados de miedo y de odio, de superstición e ignorancia en las clases populares constituyen efectos negativos en la integridad humana de quien ingresa con la ilusión de servir a sus sociedad como agente de policía. Se le adoctrina en que él o ella, es el salvador de su país, el protector de su nación, pero lo que la doctrina le reserva es una vida servil de sumisión, vicio y perversión ante el sufrimiento ajeno y de peligro, amenaza y muerte durante la guerra.


No defiendo la violencia, la brutalidad o la arbitrariedad de un determinado actor en detrimento de otro, ni de determinada causa en detrimento de otra, solo digo que su trasfondo es mucho más complejo. Los últimos acontecimientos son expresión de un fenómeno estructural, nada ganamos con llenarnos de miedo o de odio, quienes vivimos en sus meridianos debemos buscar elementos de análisis que se conviertan en herramientas de transformación. Los poderosos también le temen al poder con el que juegan, pues son tan mortales como nosotros.

Publicado en Colombia

 

Los testimonios compartidos a continuación no son los testimonios de mujeres sirias huyendo de la guerra provocada por el Estado Islámico; tampoco son los de una familia palestina desplazada por israelíes que siguen ocupando sus tierras. Los testimonios son de cuatro mujeres ecuatorianas, con una característica que hace que muy pocas voces se pronuncien a su favor: son mujeres, son indígenas, son shuar y están contra todo el poder del Estado, de las Fuerzas represivas y de los capitales de uno de los países más poderosos del mundo: China.

La razón para que estos testimonios no se dieron a conocer antes, es que el gobierno de Ecuador prohibió todo el ingreso a la zona, la militarizó y la información fue limitada con el Estado de Excepción. La zona de influencia del proyecto minero fue controlada y militarizada, así como también el territorio Shuar que está fuera del área de influencia de la minera.

Como en toda guerra las víctimas debían ser ocultadas y silenciadas. La militarización y el desplazamiento forzado de comunidades Shuar enteras; la violación de los derechos de los grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas y niños, no existieron para el gobierno.

El Estado de Excepción lleva vigente dos meses con el argumento que era para precautelar la “seguridad ciudadana” pero los testimonios de cuatro mujeres Shuar demuestran que ha sido el Estado el que ha generado el desplazamiento y el terror en las comunidades Shuar.

 

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Los testimonios

 

“El 18 de diciembre, el gobierno dio la orden a los militares. Primero llegaron a Nankints, luego entraron a la comunidad de Tsunstuim. Nos tocó irnos sin retirar ninguna cosa. Yo jalé a mis 3 hijos, dejé todas mis cosas y nos fuimos a otra comunidad. En el camino nos pasó un accidente, se cayeron mis hijos en un lugar por donde veníamos caminando, son caminos del campo, tan feos; gracias a Dios nos acompañaba un maestro que trabajaba con los alumnos. Él me dio llevando a mis hijos porque ellos se cayeron en el lodo; a mi me dolió bastante la conciencia me puse a llorar amargamente. Es un accidente para mí que soy una mujer sola”.

Así relata María Alluy su escape por la selva. Ella y sus 3 hijos huyeron de la comunidad de Tsunstuim tras la incursión de militares y policías como parte del Estado de Excepción en Morona Santiago ordenado desde el 14 de diciembre del 2016 por el gobierno de Ecuador para proteger un campamento de la empresa minera china Explorcobres, SA, EXSA.

María no fue la única, junto a ella se desplazó toda la comunidad. 40 familias que vivían en Tsunstuim, entre niñas, niños y mujeres embarazadas, huyeron de la presencia de 500 militares que según Claudia Chumpi de 18 años, llegaron disparando a la comunidad: “Era un día sábado que fui a la comunidad Tsunsuim, con mis dos hermanas y mi familia. Venían 500 militares disparando. Corrimos así como estábamos, los niños, las mamás embarazadas se asustaban. Nosotros nos corrimos arriba en la montaña, los militares se ubicaron en cada casa, rompieron las puertas, botaban las cosas afuera ollas, los cilindros se llevaron”.

Las familias tuvieron que atravesar la montaña e ir por caminos llenos de lodo para poder llegar a Tink, comunidad que hoy los acoge. Caminaron con sus hijos sin tener que comer, o dónde resguardarse del sol y la lluvia. En medio del camino 2 mujeres embarazadas dieron a luz, sin cuidados, sin atención adecuada, esto puso en riesgo su vida y a la de los pequeños nacidos; de hecho una de ellas está aún grave de salud.

Así lo relata Claudia: “Mis tías dieron a luz ahí mismo, casi se murió el bebé. Le atendimos nosotros mismo, no teníamos nada. Afilamos un palito para cortarle el cordón”. Otras mujeres, como la hija de María que se quedó a la mitad del camino porque ya no aguantaba el peso de su barriga y venía con sus otros 4 hijos huyendo de los militares.

Después de varios días llegaron a Tink. Esta comunidad antes del Estado de Excepción tenía 20 personas, ahora suman alrededor de 300. A las personas desplazadas les prestaron pequeños cuartos, alguna ropa y ollas, sin embargo, no cuentan con todo lo necesario para vivir, sus hijos dejaron de ir a la escuela.

En Tink están las familias de Nankints desalojadas en agosto del 2016 por la empresa minera Explorcobres y la Policía, además de las personas desplazadas de otras comunidades como Marbella y Tsuntsuim por el Estado de Excepción decretado en diciembre del 2016 . Ahora sobre Nankints se asienta el campamento minero La Esperanza, el territorio esta cercado y es imposible entrar; mientras que Tsuntsuim esta deshabitado y las casas destruidas. Al salir abruptamente de sus casas, las mujeres perdieron sus cultivos, sus animales y su territorio, lo que les trajo problemas para la salud y la alimentación de sus familias.

Ahora no tienen suficiente comida, tampoco ollas y platos. Toda sus cosas se perdieron junto con sus casas, salieron con lo que llevaban puesto. No tienen ropa, zapatos y tampoco útiles escolares.

A esto se suma el constante miedo que sufren por la presencia de helicópteros y drones que los persiguen permanentemente. Están atemorizadas además por la situación de sus esposos; ellos huyeron por miedo a que los militares los apresen culpándoles de la muerte del Policía el pasado diciembre.

Claudia con apenas 18 años tiene que sobrellevar la pérdida de su casa, la ausencia de su esposo, el hambre y tristeza de sus hijos quienes desde que llegaron a Tink viven en permanente miedo por la constante persecución policial: “Los niños tienen miedo, se asustan. Ellos no están estudiando. Cuando pasa avión, ellos se asustan, corren. Cuando viene la cámara igual se asustan, los militares mandan una cámara en la comunidad para ver si nosotros estamos allí”.

Mónica Ambáma, mujer de 32 años y madre de 7 hijos, no acaba de entender qué pasa. No comprende el porqué de estas acciones en contra del Pueblo Shuar.

Nosotros no hemos querido la minería porque hay contaminación. No queremos que nos contaminen nuestra naturaleza, el agua. Nosotros también somos humanos; ellos dicen los shuar no tienen derecho ¿por qué no tenemos derecho? ¿acaso no somos humanos? Nosotros también tenemos pleno derecho de reclamar.

Ella fue desalojada primero de Nankints y luego de Tsunsuim. Cuenta que en el desalojo del 11 de agosto, su casa y sus cosas fueron enterradas por las retroexcavadoras, lo que no le dio tiempo para rescatar nada. Le pide al gobierno que cesen las actividades mineras en su territorio porque asegura que el cultivo del campo también es desarrollo y quieren ser consultados: “No nos han consultado, nos vienen a destruir nomás. Ellos dicen que nos han pagado, pero de eso nada, nosotros tenemos cogido de EXSA china. Yo le puedo decir al Señor Presidente ¿por qué nos hace sufrir tanto a nosotros? ¿Qué le hemos hecho a Correa? ¿Sólo porque hay minería habrá desarrollo? Todas las veces hay desarrollo con cultivos. Dice que a campesinos, a los shuar ayudamos que estamos servidos. Nosotros no estamos bien servidos, más estamos sufridos. Yo si quisiera Presidente Correa que llegue al centro para que vea y diga la verdad, que no nos haga daños y nos deje en paz”.

Claudia también rechaza la minería y al igual que Mónica, se pregunta dónde están sus derechos y los de su comunidad: “Nosotros no queremos la minería. Los militares dicen que el gobierno manda la minería, pero nosotros no queremos que nos haga tanto daño. ¿Dónde está el buen vivir? ¿dónde están los derechos de los niños, de las mujeres?”.

Según el artículo 57 de la Constitución se reconoce la Consulta Libre e informada a los pueblos indígenas, el no desplazamiento y a la limitación de las actividades extractivas en sus territorios. Todos estos derechos a las mujeres shuar de las comunidades de Nankints, Tsunsuim, Tundayme, les han sido negados. Estas comunidades fueron desalojadas y desplazadas, se les negó sus derechos, se violentó la Constitución para implementar los dos grandes proyectos de megaminería a cielo abierto: San Carlos Panantza y Mirador, los dos de empresas chinas.

Estos proyectos inauguran la era minera en Ecuador y prometen convertirlo en un gran exportador de cobre; sin embargo cómo se preguntan Mónica y Claudia ¿dónde quedan los derechos de las mujeres y los niños? ¿dónde quedan los derechos del Pueblo Shuar?

En una guerra, las mujeres y los niños son los principales afectados, esta guerra no es la excepción. Las consecuencias de la guerra generada por el extractivismo en contra de las comunidades amazónicas quedarán marcadas en sus cuerpos y en sus entornos.

Texto publicado en Latinta.com.ar, por Verónica Calvopiña para Wambra Radio / Fotos: Miguel Imbaquingo y Mónica Ambamba

 

 

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Gobernantes que justifican sus políticas de seguridad con ataques a inmigrantes y refugiados han convertido a este mundo en un lugar más peligroso. Y América Latina no ha salido indemne, sobre todo porque desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca su “retórica del odio” ha calado en gobiernos como Argentina, donde un decreto presidencial endureció las políticas de acogida. Ese ha sido el resumen de la situación regional de los Derechos Humanos en 2016 elaborado por Amnistía Internacional (AI), un texto de 477 páginas que la organización presentó en Buenos Aires con información de 159 países.

“2016 muestra en América Latina un gran retroceso en Derechos Humanos. Fue la región más desigual y violenta del mundo y lo más grave es que la sociedad no reacciona”, dijo Mariela Belski, directora de AI Argentina. La presentación tuvo un capítulo especial para Venezuela. El director de AI en ese país, Marcos Gómez, destacó “algunas señales positivas”, como la liberación de un preso de conciencia y sentencias relacionadas con las muertes registradas en las manifestaciones de 2014, pero denunció que el gobierno de Nicolás Maduro promueve aún “la detención arbitraria” de opositores y el uso de tribunales militares contra civiles. Con todo, “el gran problema de la gente común en Venezuela es la crisis económica, que es real”, sentenció Gómez.

Amnistía Internacional registró en 2016 un viraje hacia políticas cada vez más duras contra los inmigrantes y los refugiados. Y Trump vaticina que este año no será mejor. “La retórica del odio en boca de líderes internacionales genera esta idea de ellos contra nosotros. Y esto que está sucediendo en Estados Unidos está teniendo correlatos en el mundo y, paradójicamente, en Argentina como primer país.

A dos días de la asunción de Trump, Macri cambió una ley migratoria, que tuvo 10 años de debate, con un decreto de necesidad y urgencia, urgencia que no hay”, dijo Belsky. El 30 de enero pasado, el presidente argentino facilitó y aceleró los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos. La norma mereció el rechazo de países como Bolivia, origen de1,5 millones de inmigrantes en Argentina, al punto que el presidente Evo Morales envió una delegación oficial para conocer de primera mano los alcances de la norma. AI también criticó lo que consideró un “doble discurso” del gobierno argentino en un tema tan sensible como la inmigración. “Cuando Macri saca el decreto [la canciller Susana] Malcorra asumía ante la CELAC un compromiso de migración abierta. Hay diálogos paralelos. Afuera Argentina se muestra mucho más comprometido y progresista que hacia adentro”, dijo Balsky.

El informe dedicó también una atención particular a Venezuela, donde “el Gobierno puso en peligro la vida y lo derechos humanos de millones de personas al negar la existencia de una grave crisis humanitaria y económica y al rechazar pedir ayuda internacional”. “El problema es que no hay transparencia, no hay estadísticas ni datos precisos. Este año habrá una inflación de 800%, hay escases de insulina y otros medicamentos básicos y una caída real del salario. Las medidas oficiales son retóricas e incentivan las discriminación”, dijo Gómez. El representante de AI en Venezuela reconoció “señales positivas”, como la liberación de presos políticos y condenas a responsables de violaciones a los derechos humanos. Pero recordó que hay problemas estructurales que no se resuelven. Puso como ejemplo los casos del opositor Leopoldo López, condenado a 13 años y 9 meses de prisión, y del abogado argentino Marcelo Crovato, “arrestado en 2014 cuando trataba de defender a un vecino mientras estaba siendo allanado”. “Crovato está ahora peso en su casa, pero en prisión intentó suicidarse”, dijo Gómez.

El apartado dedicado a México describe un “aumento notable de la violencia” ene se país “Las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre, la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012 y 3.000 más que en 2015”. En ese contexto, Amnistía denunció que “se sigue empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada”. Además “siguen recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias”.

En Brasil, AI describió un escenario de excesos policiales, sobre todo contra “las personas jóvenes y los varones negros de las favelas y los barrios marginales. También se intensificaron las violaciones de derechos humanos y la discriminación contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes”. La ONG fue especialmente dura con las políticas de control social aplicadas en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos. “El número de personas muertas a manos de la policía en esa ciudad durante el periodo inmediatamente anterior a los juegos, entre abril y junio, aumentó un 103% en relación con el mismo periodo de 2015”, escribieron los relatores de AI en Brasil.

El acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue considerado por AI como uno de los dos hechos más relevantes de 2016 en materia de Derechos Humanos, junto con el viaje a Cuba del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Advirtió, sin embargo, que en Colombia “persistían las dudas sobre si el acuerdo garantizaría que todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra rindieran cuentas con arreglo al derecho internacional”.

 

 

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Jueves, 16 Febrero 2017 07:14

Colombia: Quieren “gazificar” la paz

 

 

Colombia y los “acuerdos de paz”

 

Alai, 25 de noviembre. Para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierra. Sin entender el problema del latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra no se puede entender nada de lo que ha pasado en el país los últimos 80 años.

El proyecto de programa del Partido Socialista Obrero de Alemania en 1875 señalaba que los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista. Marx criticaba esta formulación, porque hacía falta mencionar el “monopolio de los propietarios de tierra (el monopolio de la propiedad del suelo es, incluso, la base del monopolio del capital)”. Añadía él que incluso “en Inglaterra la mayoría de las veces el capitalista no es siquiera propietario del suelo sobre el que se levanta su fábrica”.

En pleno siglo XXI, en Colombia el poder económico y político de los grandes terratenientes aún es notorio. La prolongación del conflicto armado desencadenó una contrarreforma agraria y millones de campesinos están desplazados. Colombia llegó a ser el país con las tierras más caras de la región (1) y la mayoría de las aptas para la agricultura no son sembradas. (2)

El conflicto armado se convirtió en un lastre que impide el fortalecimiento de los movimientos sociales populares y estorba la lucha de los trabajadores y los campesinos por sus derechos, mientras que sirve de pretexto para reprimir y asesinar a los luchadores populares. Los pueblos indígenas, los afrocolombianos, los campesinos y los sindicalistas, así como los defensores de derechos humanos pagan la cuota más alta de vidas y sufrimientos por la continuidad del conflicto armado y por eso exigen que se termine.

Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra; no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América Latina y otras partes del mundo.

Estos actores de la guerra no aceptarán ningún acuerdo de paz ni siquiera uno redactado por ellos, porque saben que el principal efecto del fin del conflicto armado será que el pueblo, y en especial del campesinado, podrá organizarse y movilizarse civilmente en forma masiva por sus derechos. Eso no lo pueden aceptar y no lo van a aceptar, a menos que fueran doblegados por la movilización masiva de millones de colombianos, una que se empeñan en evitar a sangre y fuego y a punta de mentiras sistemáticamente difundidas.

Ni el acuerdo de paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 ni el firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 podían ser aceptados por los voceros del acaparamiento de tierras y los megaproyectos lesivos, como no puede ser aceptado por ellos ningún acuerdo de paz.

La esperanza que generó el acuerdo cuando fue firmado en Cartagena, se parecía a la esperanza despertada por el Acuerdo de Oslo, firmado en Washington el 13 de septiembre de 1993 entre Israel y Palestina, por el cual Isaac Rabin y Yasir Arafat obtuvieron el Nobel de Paz de 1994.

Los extremistas y especialmente los extremistas religiosos nunca aceptaron los acuerdos Israel-Palestina. Asesinatos y atentados fueron el camino por el que el acuerdo fue erosionado y finalmente despedazado. El 4 de noviembre de 1995, al final de una multitudinaria manifestación de apoyo a la paz, Isaac Rabin fue asesinado por un extremista religioso judío. Rabín acababa de decir en su discurso: “Fui hombre de armas durante 27 años. Mientras no había oportunidad para la paz, se desarrollaron múltiples guerras. Hoy, estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz, gran oportunidad. La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder ser conseguida. Pero no hay camino sin esos dolores”.

Tras la reanudación de los combates por los extremistas musulmanes y el ejército israelí, desde 2001 Yasir Arafat fue sometido en Ramallah a arresto domiciliario bajo las autoridades israelíes, que violaron así lo que quedaba del Acuerdo de Oslo de 1993. El gobierno israelí ha multiplicado los asentamientos de colonos judíos en el territorio palestino reconocido por el Acuerdo de Oslo y han bombardeado e invadido militarmente centenares de veces los asentamientos palestinos y convertido a Gaza en un ghetto donde palestinos son sistemáticamente asesinados y masacrados. Israel es gobernado por los que se opusieron al acuerdo de paz, por los que declararon “traidor” a Rabin. En vez de paz hay una pesadilla racista.

Los colombianos tenemos que hacer todo lo necesario para defender la paz, para que a los campesinos, indígenas y comunidades negras de Colombia no les pase lo que le ha ocurrido a Palestina, para que los movimientos sociales populares no sean gazificados.

Desafortunadamente, los acontecimientos marchan en dirección de la gazificación:

Primero, mediante un masivo fraude al sufragante engañaron a miles de votantes con mensajes que aseguraban que sus pensiones de jubilación serían disminuidas y sus subsidios eliminados si se aprobaba la paz; que el acuerdo promovía la homosexualidad en forma del fantasma de la “ideología de género”; que los cupos de sus taxis serían dados a los desmovilizados; que determinados personajes respetados estaban por el No, aunque estaban realmente por el Sí. El resultado del plebiscito fue consecuencia de un fraude, pero está siendo validado para modificar los acuerdos.

Segundo, los acuerdos fueron modificados en detrimento de los campesinos, las comunidades y la reforma rural comprometida.

El deterioro del texto del acuerdo de paz tendría una justificación sólo si un nuevo acuerdo comprometiera con el fin del conflicto armado a un actor protagonista de la guerra que hasta ahora no se ha comprometido. Al fin y al cabo, un acuerdo de paz se hace entre enemigos y no es como un proyecto de ley que se define por votación y al cual diferentes sectores le hacen observaciones. Un acuerdo de paz lo es porque no refleja la forma de pensar de ninguno de los que lo firman y se comprometen con él, sino que es esencialmente un conjunto interrelacionado de concesiones mutuas entre quienes estaban en guerra. Sin embargo, en este caso las concesiones a los acaparadores de tierra no han significado ningún compromiso de ellos con la paz y en cambio ellos siguen avanzando en sus planes de guerra.

Tercero, y es lo más grave, se desató, desde los días previos a la firma de los acuerdos de paz y con mayor fuerza en las últimas semanas, una nueva ola de asesinatos de líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos. Fueron atacados quienes cuestionan la explotación petrolera por fractura hidráulica en César con detenciones y judicializaciones y en Caquetá con asesinatos. Fue destituida la gobernadora del Putumayo, joven que derrotó a los gamonales tradicionales y es una firme defensora de la paz y de los derechos de la población rural.

Cuarto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ordenó al ESMAD destruir el Campamento de Paz, que en la Plaza de Bolívar esperaba la ratificación de un acuerdo de paz que termine el conflicto armado.

Quinto, el gobierno nacional ha radicado en el Congreso, antes de radicar el nuevo acuerdo de paz, un proyecto de ley que pretende regular la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y negras y otros grupos étnicos del país, proyecto que según las organizaciones indígenas “es una afrenta sin precedentes”, en contravía de la jurisprudencia nacional e internacional y que de aprobarse violaría los derechos colectivos fundamentales de los grupos étnicos.

Hay que recordar que entre las propuestas de modificación del acuerdo que el ex presidente Álvaro Uribe hizo estaba “limitar la consulta previa”. En el nuevo acuerdo no fue aceptada semejante propuesta, pero el gobierno la tenía servida en su proyecto de ley.

Los cambios que en el nuevo acuerdo afectan a los campesinos, fueron propuestos todos por Uribe, en algunos casos conjuntamente con Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez. Su sentido tiende a enfrentar, debilitar o neutralizar las importantes definiciones del acuerdo (original y modificado) sobre la economía campesina.

Los acuerdos reconocen “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”. Pero esto es precisamente los que sucesivos gobiernos han negado. Durante su primera campaña electoral Uribe emocionó al Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC cuando declaró su clara desconfianza en cualquier papel económico autónomo del campesinado y proclamó así la necesidad de subordinar a los campesinos a los grandes productores: “Si vamos a instalar en Barrancabermeja una empresa campesina asociativa, exijámosles a esos adjudicatarios que tengan que integrarse con un empresario eficiente de San Alberto, para que así, campesinos asociados y empresarios con tradición de eficiencia, respondan por el buen suceso de esos proyectos” (3).

Esta subordinación del campesino ya se estaba imponiendo en la práctica con las asociaciones estratégicas, especialmente para la palma aceitera, durante el gobierno de Andrés Pastrana, durante el cual fue incluida en el llamado Plan Colombia; (4) y se continuó durante los gobiernos de Uribe, que contó con un crédito del Banco Mundial para apoyar el proyecto de “asociaciones productivas” de “pequeños agricultores” con “empresas del sector privado”. (5) Esta experiencia no logró el despegue de la agricultura colombiana, que pasó al final del segundo gobierno de Uribe por una de sus peores crisis. Más recientemente la ley Zidres insiste en la asociatividad.

El mismo discurso ha sido adicionado al acuerdo de paz:

1.3.3.6.Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

Así se incluyó en el acuerdo lo que fue política y plan de los últimos tres presidentes y lo que fue doctrina del Pacto de Chicoral de 1972: que la presencia de “grandes productores” es necesaria para garantizar la competitividad. En realidad la agricultura campesina puede alcanzar y en algunos casos sobrepasar la eficiencia de grandes explotaciones, y además, independientemente del tamaño de la escala de su unidad productiva, los agricultores son eficientes cuando pueden acceder a los recursos, productivos y el entorno lo permite. (6)

Esa modificación concuerda con otra: “el Gobierno tramitará una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso”. La paternidad de este cambio debe reconocerse en el gobierno y la ley Zidres, que dice que los ocupantes de baldíos que no reúnan requisitos para la titulación podrán “celebrar contratos de derecho real de superficie, que permitan el uso, goce y disposición de la superficie de los predios rurales que ocupen”. Aunque el acuerdo limita esta zidrada a los medianos productores, no cabe duda que los acaparadores de tierras también juegan detrás del gobierno, aprovechando el No.

El discurso tradicional se ha colado en el nuevo acuerdo, de forma que los “grandes productores” y “medianos productores” van a intentar neutralizar, como siempre lo han hecho, los programas a favor de los campesinos.

Un “principio” adicionado, a propuesta de los promotores del No, dice:

Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes —agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala—; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.

El acuerdo modificado, afortunadamente, mantuvo el reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, así como los principios de Bienestar y Buen Vivir, pero no se puede negar que sin comprometerse con el acuerdo de paz, los grandes propietarios lograron introducir su discurso, e intentar imponer su “adecuado balance” de siempre. También lograron erosionar lo acordado sobre la participación de las comunidades en la planificación y la gestión.

Nuestra Constitución define desde el preámbulo y el artículo primero a Colombia como república democrática participativa. No es pues una mera democracia representativa. El texto del acuerdo original desarrollaba ese punto cuando determinaba que se establecerán “instancias de decisión en los diferentes niveles territoriales en las que se incluya la presencia de las comunidades” pero, el acuerdo modificado ahora dice que se trata de instancias “para garantizar la participación de las comunidades en el proceso de toma de decisiones”, es decir, no en la toma de las decisiones.

Así, el acuerdo modificado dice que los mecanismos de participación “en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas)”. Sin embargo, lo que los voceros del No le niegan a las comunidades rurales, lo han tomado para sí, limitando las competencias del presidente de la República para definir el acuerdo de paz.

En cuanto a constitución de las zonas de reserva campesina, el acuerdo modificado simplemente agrega que “se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente”, lo cual era obvio en el acuerdo anterior, ya que existe una normatividad clara sobre estas zonas, pero su aplicación fue congelada, primero por decisión del gobierno de Uribe y luego ¡por solicitud del ministerio de Defensa! Lo que el acuerdo original y el modificado determinan es que se cumpla la ley sobre las reservas campesinas, vigente desde 1994.

Lo que ha pasado con las reservas campesinas durante los últimos 22 años, comprueba que no se trata principalmente de lo que dicen una ley, un decreto o un acuerdo, sino que el conflicto armado es usado para impedir que el campesinado ejerza sus derechos y para desplazarlo.

Para no devolverle a los campesinos lo que les han quitado, para seguir acaparando tierras, para imponer grandes minas a cielo abierto, fracturación hidráulica para extraer petróleo, desviación de ríos para sacar carbón o hacer represas, robos de ríos, explotaciones que lesionan la integridad cultural o destruyen los ecosistemas, los espoliadores necesitan que siga el conflicto armado, que no haya paz y que Colombia sea gobernada por los que promovieron el No al acuerdo de paz.

No se trata de una simple oposición parlamentaria al acuerdo de paz. Hay un nuevo despliegue impune de los grupos paramilitares que reducen cada comunidad a un ghetto, a un infierno diario estilo Gaza. Pero en Colombia las comunidades más afectadas por el conflicto armado votaron masivamente por el Sí a los acuerdos en el plebiscito, especialmente las comunidades negras e indígenas. No hay en Colombia un Hamas como en Gaza: los enemigos de la paz y los fanáticos religiosos están del otro lado.

La defensa de las comunidades rurales será también la lucha por la soberanía alimentaria. Donald Trump dice que protegerá a Estados Unidos de las importaciones, pero será el promotor de sus exportaciones, repitiendo la antigua historia del Gran Garrote para imponer a América latina el consumo de más productos estadounidenses, sobre todo agrícolas, producidos precisamente en las regiones que votaron masivamente por él. Sin paz, van a seguir imponiendo la destrucción de nuestra soberanía alimentaria.

La lucha por la paz es hoy fundamental, lo más importante para defender los derechos de los trabajadores colombianos y especialmente para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Notas:

1 – Portafolio, “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.

2 – DNP, “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 172.

3 – Discurso en el congreso del la SAC el 8 de noviembre de 2001.

4 – Gobierno de Colombia, “Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado”, 8 de marzo de 2000.

5 – Grupo del Banco Mundial, Colombia, “Banco Mundial aprueba préstamo por 30 millones de dólares para mejorar la productividad rural”, 21 de agosto de 2007.

6 – Forero, Jaime et al. “La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombiano”; EfiAgrícola, 2013

 

Este artículo aparece en en el nuevo número de la revista Biodiversidad (91).

 

 

Publicado en Colombia

 

Los choques con los agentes entre coches en llamas se repiten desde la violación de un joven por la policía

 

En plena campaña electoral y en estado de emergencia desde hace 15 meses, Francia se enfrenta al riesgo de otra grave crisis. La violación de un joven negro con una porra mientras era detenido por tres policías al norte de París ha desembocado en violentos incidentes y protestas nocturnas desde hace diez días. Las escenas de guerrilla urbana se extienden por las barriadas y el contagio ha llegado ya a media docena de ciudades.

“La policía mata inocentes, “Todo el mundo odia a la policía”, “Justicia para Théo”. Son gritos y pancartas que estas pasadas noches se leen y escuchan en barriadas del gran París como Seine-Saint-Denis y especialmente en la Cité 3.000, en Aulnay-sous-Bois, una conflictiva zona del extrarradio habitada por un elevado porcentaje de emigrantes o hijos de emigrantes procedentes sobre todo del norte de África.

Es ahí donde vive Théo L, el joven de 22 años al que tres policías detuvieron el pasado día 2. Los tres están imputados. Uno de ellos por violación una vez que los médicos certificaron que sufría graves heridas en el ano producidas por la introducción de la porra del agente. Desde entonces, cientos de jóvenes airados participan todas las noches en las protestas.

De nada han servido las llamadas a la calma del propio Théo o la visita que le hizo en el hospital, donde aún continúa tras ser operado, el presidente François Hollande. Son ya decenas los coches incendiados, establecimientos destrozados, mobiliario urbano destruido... Más de un centenar de jóvenes han sido detenidos o interrogados. Algunos, ya condenados a medio año de prisión.

Algunos de los incidentes más graves se han registrado este fin de semana en Bobigny, Argenteuil o Drancy. Entre granadas lacrimógenas y un masivo despliegue policial, las manifestaciones de apoyo a Théo han derivado en quemas de coches, uno de ellos una furgoneta de la cadena RTL, lanzamientos de piedras y tornillos a la policía y destrozos de tiendas.

Iniciativas de la policía han agravado el problema. Un informe preliminar interno concluyó que la violación había sido "accidental”. El abogado de Théo ha dicho que, si esa estupidez de aplica a los casos de violación, todos los acusados quedarían libres. “Les bastaría decir que no hubo intencionalidad sexual”.

El sábado, y durante las violentas protestas en Bobigny, al noroeste de París, la prefectura de policía informó de que un agente había salvado a una niña de 5 años de las llamas al sacarla de un coche ardiendo del que había logrado salir su madre con otro niño de dos años. Era mentira. Había sido un joven manifestante de 16 años quien salvó a la niña. “Saqué a la pequeña. No soy un héroe. Solo quiero restablecer la verdad”, ha dicho a un blog que se realiza en la zona.

Los antecedentes del alcalde de Aulnay-sous-Bois, el conservador Bruno Beschizza, tampoco le convierten en el hombre más adecuado a la hora de pedir calma. Fue policía, dirigente de un sindicato policial, responsable de estudios de seguridad para el expresidente Nicolas Sarkozy. En noviembre ordenó retirar por motivos morales unos carteles de una campaña antisida en la que se veía dos hombres abrazados. Y antes había propuesto que en los trenes de cercanías hubiera un vagón solo para mujeres.

El Defensor de Derechos, Jacques Toubon, ha declarado a varios medios sentirse muy preocupado por lo ocurrido y por cómo lo están gestionando las autoridades. Recuerda Toubon un reciente estudio realizado entre 5.000 jóvenes: la policía había registrado o identificado al 80% de quienes eran negros o árabes, y solo al 16% de los blancos y católicos.

El recuerdo de los graves incidentes de 2005 sigue muy vivo en Francia y buena parte del mundo. Dos jóvenes llamados Zyed y Bouna murieron electrocutados en un transformador cuando eran perseguidos por la policía. Durante las tres semanas siguientes de protestas, 300 edificios resultaron dañados, 10.000 coches quemados y 130 policías heridos.

En julio pasado, el joven de 24 años Adama Traoré murió mientras era interrogado por la policía en otra localidad al norte de París. Ahora, en las protestas se exhiben fotos junto con pancartas con este texto: “Théo y Adama nos recuerdan por qué Zyed y Bouna corrían”.

Mientras promete dureza y justicia, el Gobierno no logra calmar los ánimos. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, ha recibido este lunes a representantes de asociaciones contra el racismo. Comprende, dice, la emoción ciudadana, pero no la "inaceptable violencia". Su sucesor al frente de Interior, Bruno Le Roux, repite el anuncio de que miles de policías de patrulla -2.600 en breve- llevarán permanentemente cámaras de vídeo activadas. Le Roux pide respeto para los policías proque no todos son como los que agredieron a Théo.

Los dirigentes políticos en campaña han tenido que pronunciarse. La mayoría para pedir esa calma que no llega. Pero también para echar en cara “la responsabilidad” del Gobierno en esta explosiva situación, como ha hecho el conservador François Fillon.

Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, es la más contundente y la única para la que los sospechosos son siempre los habitantes de esas zonas problemáticas, los manifestantes “extremadamente radicales”, no los policías.

 

 

Publicado en Internacional
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