Convocados por el CELS, especialistas e integrantes de organizaciones sociales de distintos países debatieron acerca de cómo evitar la desmovilización y enfrentar a los gobiernos que quieren terminar con los reclamos en las calles.


El interrogante que indaga las maneras en las que los Estados responden a la protesta social debe, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “ser indispensable en la conversación entre los movimientos sociales para entender cómo pararse, cómo discutir con los Estados y, por sobre todo, cómo evitar la desmovilización y la futura ausencia del reclamo en las calles que sus respuestas buscan”. La conclusión le pertenece a la directora del área de Justicia y Seguridad de ese organismo, Paula Litvachky, y sirvió de conclusión de la jornada de reflexión sobre el derecho a la protesta en la región. Integrantes de movimientos sociales y mecanismos de protección, investigadores y activistas de Argentina, México, Brasil, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos y Sudáfrica compartieron durante cuatro horas diagnósticos de lo que ocurre en sus territorios de acción y evaluaciones preliminares sobre cómo avanzar ante Estados que “cuestionan la legitimidad de los reclamos, buscan incrementar las restricciones y los controles, persiguen la organización social y política y utilizan la violencia contra quienes salen a las calles”.


El derecho a la protesta “está amenazado”, postuló el CELS para estructurar las dos mesas en las que se dividió el debate sobre los conflictos sociales y la represión en el continente americano que ayer desarrolló en el teatro La Máscara. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, no pudo participar del cierre de la jornada, como estaba previsto, porque se retrasó a raíz de la Marcha de las Antorchas en reclamo de la liberación de Milagro Sala que se realizó hasta la puerta del Hotel Sheraton, donde la CIDH sesionará hasta el sábado próximo.
“El gobierno de Cambiemos ha tenido una perspectiva despectiva de la movilización social, con mensajes negativos que plantearon una presunción de ilegitimidad sobre el derecho a la protesta y generaron una escalada represiva”, apuntó Litvachky en el cierre de la última mesa debate. En ese contexto, planteó la integrante del CELS, existen indicios “que no empezaron ahora, pero que se acentúan, y que ponen a los movimientos sociales a la defensiva”. Para el caso, mencionó que el próximo 26 de junio se cumplen 15 años del asesinato de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante un piquete en Puente Pueyrredón y que el próximo 30 de este mes se cumplen 500 días de la detención arbitraria de Sala. “Ambos ataques sirvieron para amedrentar y desorganizar a los movimientos sociales, quitando de la calle la expresión de conflictos”, remarcó. También advirtió que no se puede entender el proceso de criminalización social de la protesta “sin la participación del Poder Judicial, que sostiene la represión y la criminalización”.
En Brasil sucede algo similar, contó Camila Marques la abogada e integrante del colectivo Artículo 19. Precisó que allí el proceso de “sofisticación, perfeccionamiento e innovación de las técnicas represivas del Estado y de la criminalización de la protesta”, que comenzó en 2013, se dio de manera “coordinada entre los tres poderes del Estado. “La restricción a la protesta integra los primeros puntos de la agenda de gobierno en mi país, impopular y profundamente cuestionado, que viene retirando derechos económicos y políticos”, advirtió.


Inti Rodríguez es referente del Programa Venezolano de Educación y de Provea. Ese programa se encarga de la elaboración anual de la agenda de derechos humanos de su país, y ayer fue tajante y crítico respecto de lo que sucede en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, sobre todo en lo que respecta a las respuestas que da a la protesta social. “Ante el nuevo ciclo de protestas que estamos viviendo en Venezuela, integradas no solo por los espacios que siempre fueron contrarios al proceso bolivariano iniciado con Hugo Chávez, sino por espacios que integraron su base de apoyo, el gobierno de Maduro responde con una militarización de la sociedad, la eliminación de garantías para el ejercicio de ese derecho”, denunció. También acusó al gobierno de haber “promovido una serie de instrumentos legales que penalizan el ejercicio del derecho a la huelga y a la manifestación”. “Aumentaron los abusos policiales, las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos ilegales y las detenciones arbitrarias contra habitantes de comunidades populares, además de los juicios con tribunales militares a manifestantes detenidos en el marco de protestas sociales”, advirtió. La mesa la completaron el médico estadounidense Homer Venters, quien informó sobre la letalidad de las armas utilizadas por los Estados en la represión de protestas sociales, y el sudafricano Michael Power.


Referentes de colectivos y agrupaciones que fueron protagonistas de los más recientes reclamos callejeros en la región hablaron durante la primera parte del encuentro. “El hoy nos encuentra discutiendo cómo no retroceder, en una postura casi defensiva”, resumió la profesora universitaria María Esperanza Casullo, que ofició como moderadora. Sonia Alesso, de Ctera, advirtió que “se está sintiendo en todas las provincias un aumento de la represión a las movilizaciones” que “no se puede pensar por fuera de la vuelta de la derecha al Gobierno en tándem con el poder económico”. La editora del suplemento Las 12 y referente del movimiento Ni Una Menos, Marta Dillon, mencionó que la represión, así como “la invisibilización y la demonización”, son herramientas de un “disciplinamiento que viene del Estado en íntima complicidad con los medios de comunicación, al desplazamiento de las mujeres del lugar de víctimas a la de sujetas rebeldes y activas que generó la salida a la calle desde junio de 2015”.


Oscar Ayala, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, opinó que el problema no es sólo la represión a la protesta sino también la criminalización de la pobreza. “La discusión de los derechos económicos y sociales conlleva la discusión de qué Estado queremos tener, uno receptor de esas demandas”, concluyó. El referente de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo e integrante de Vía Campesina Diego Montón, graficó la situación como “una ofensiva regional asociada a la violencia y al poder judicial, que estigmatiza la población indígena calificándola en el atraso”. Matthew Cagle, de la estadounidense American Civil Liberties Union, completó la ronda.

Publicado en Sociedad
Lunes, 22 Mayo 2017 06:28

Prender la luz

Pocos días después de que Donald Trump se mudó a la Casa Blanca pidió al ahora ex director de la FBI James Comey que considerara encarcelar a los periodistas que se atreven a publicar información oficial confidencial, según una versión de la conversación que fue filtrada a los medios hace unos días. O sea, argumentaba que debe ser delito informar sobre lo que los gobernantes deciden que el pueblo que supuestamente representan no deben saber.

La semana pasada, Trump se presentó con un sable a ofrecer un discurso de graduación en la Academia de Guardacostas, y al regresar a su asiento junto al secretario de Seguridad Interior, John Kelly, éste le bromeó con una sonrisa: "Puedes usar eso con la prensa". "Sí, es cierto", respondió el comandante en jefe.

Vale recordar que Trump se ha referido a la prensa en términos de "enemigos del pueblo estadunidense" y no ha cesado, desde que empezó su campaña electoral hasta hoy día, de reprobar públicamente a los medios y denunciarlos como promotores de "noticias fabricadas" y de acusar a los periodistas de ser lo peor de lo peor.

No es el primer presidente en pretender controlar y hasta encarcelar a reporteros –se puede suponer a falta de evidencia de lo contrario que tal vez no hay excepciones–, expertos indican que aunque en general se han respetado las normas durante décadas, no hay leyes explícitas para la protección a periodistas. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libre expresión, incluida una prensa libre, pero hay preocupación sobre qué tanta latitud tiene un presidente como Trump para castigar a los medios, sobre todo con un procurador general tan represivo como Jeff Sessions.

Los gobiernos aquí no necesariamente buscan controlar la prensa con amenazas directas, sino a través de perseguir a sus fuentes, y con ello suprimir la relación vital entre fuentes confidenciales y reporteros dedicados a informar a la opinión pública el comportamiento de su clase política. Los peores no han sido hasta ahora los gobiernos conservadores, sino el supuestamente liberal Barack Obama, quien persiguió penalmente a más individuos por filtrar información clasificada según la centenaria Ley de Espionaje, que todos sus antecesores desde 1917 (ocho de un total de 12). Su gobierno también usó la amenaza de prisión para intentar obligar al reportero James Risen, del New York Times, a testificar sobre sus fuentes durante siete años.

El Comité para la Protección de Periodistas informó que no se ha probado legalmente si el gobierno puede encarcelar a periodistas por publicar información oficial secreta. El famoso abogado James Goodel, quien representó al New York Times en el caso de los Papeles del Pentágono, comentó al comité: "he pensado desde el momento en que Trump llegó a presidente que la amenaza más grave para la prensa libre es que él y su procurador general intentarían encarcelar a periodistas".

Hay otras señales ominosas: el mes pasado Sessions comentó a reporteros que arrestar a Julian Assange, director de Wikileaks, era "una prioridad". Varios expertos en leyes advierten que cualquier fiscalización del sitio de filtraciones establecería un precedente legal peligroso para todos los medios, ya que podría ser aplicado a otras organizaciones que publican o reportan sobre información clasificada, incluyendo periodistas individuales.

Una de las personas más peligrosas en Estados Unidos –afirmaba el gobierno cuando fue enjuiciada– acaba de ser liberada la semana pasada después de cumplir siete de sus 35 años de sentencia. No era "terrorista", general, espía o multimillonario, sino el ex soldado Bradley, hoy día la ciudadana Chelsea Manning. Durante su servicio en Irak decidió que su pueblo necesitaba enterarse de qué estaba haciendo el gobierno en su nombre y filtró a Wikileaks cientos de miles de documentos clasificados sobre las guerras más largas de este país, como su diplomacia secreta por el mundo.

Otra de las personas acusadas de traición y de poner en peligro la seguridad es Edward Snowden, quien vive refugiado en Moscú por filtrar información clasificada a medios que reveló programas secretos de vigilancia y espionaje masivo al pueblo estadunidense y a otros del mundo.

Todo esto viene al caso porque hace unas semanas fuimos obligados a escribir con dolor y rabia de un ataque mortal contra uno de nosotros, sólo para tener que hacerlo otra vez más en los días recientes. La mayoría de nosotros (perdón por repetir parte de lo que ya escribí hace tan poco) no deseamos ser noticia. Nos importan las voces de los demás, identificar a monstruos y héroes, contar acerca de esa incesante pugna cotidiana que determina qué, cómo y cuándo será mañana, si habrá un amanecer o si la noche será más larga, y preguntar siempre, ¿por qué? Contar eso de verdad a veces es inconveniente para los que se dedican al juego del poder; y así debe ser la relación entre el periodismo y el poder (por eso el "periodismo" del poder es a fin de cuentas sólo propaganda).

Aquí, hasta donde se sabe, los periodistas no están arriesgando sus vidas al contar lo que está pasando en lo oscurito, donde operan los poderosos, pero la libertad de la prensa para revelar los secretos del poder sí está bajo ataque en todas partes, y eso pone en riesgo no sólo a los periodistas, sino a todos.

El periodista y novelista Pete Hamill dice que el primer periodista fue ese cavernícola que, a la entrada de una cueva donde su gente buscaba asilo de los elementos y los peligros, tomaba una antorcha para ir hasta el fondo de la oscuridad a averiguar qué había –bestias, hoyos, trampas, calor, frío, agua o veneno– para después salir y contar a todos lo que vio, escucho y olió. La vida de todos dependía en qué tan preciso, honesto y responsable era su reporte.

El compañero Javier nos invitó a rehusar subordinarnos al silencio y la oscuridad. Cada acto, cada intento de arrojar luz sobre los que desean ejercer poder sobre los demás –lícita o ilícitamente– es peligroso para los que necesitan obrar en las tinieblas. Por eso, hay que prender cada vez más antorchas y contar la verdad sobre nuestras cuevas.

Publicado en Internacional

Agradeció a Ecuador y a Naciones Unidas su apoyo, aunque señaló que el Reino Unido sigue amenazando con detenerlo si abandona la embajada. “Eso no es sostenible”, aseguró, e insistió en su derecho al asilo político.

 

La máxima fiscal de Suecia anunció ayer el cierre de una investigación contra Julian Assange por denuncias de violación, siete años después de su inicio y a casi cinco de que el fundador de WikiLeaks se refugiara en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición al país nórdico.


Desde el balcón de la embajada Assange afirmó ayer que la decisión es una “importante victoria”. Sin embargo, señaló que era víctima de una terrible injusticia. El australiano, de 45 años, recordó que estuvo cinco años recluido en la embajada. “Detenido durante siete años sin cargos mientras mis hijos crecían y mi nombre se difamaba. No perdono ni olvido”, afirmó, dijo. “Eso no es algo que se espera de un Estado civilizado”, añadió y agradeció a Ecuador y a Naciones Unidas su apoyo, aunque señaló que el Reino Unido lo sigue amenazando con detenerlo si abandona la embajada. “Eso no es sostenible”, aseguró, e insistió en su derecho al asilo político.

 


Posteriormente, dijo que si bien celebraba la decisión de la fiscalía sueca como una victoria tenía en claro que la guerra acaba de comenzar. El periodista sostuvo: “El Reino Unido aseguró que me arrestará de todas formas, y Estados Unidos, la CIA y el fiscal general estadounidense han dejado claro que tanto yo como otros miembros de WikiLeaks no tenemos derechos y que nuestra detención es una prioridad”. El australiano también se congratuló por la victoria de la ex soldado estadounidense Chelsea Manning, quien salió de prisión después de siete años privada de libertad, y dio gracias a Ecuador y a su gente por haber estado a su lado soportando una presión asfixiante.


El principal temor de Assange era que de Suecia fuera extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado por las revelaciones que hizo su plataforma WikiLeaks sobre las guerras de Afganistán e Irak. Así y todo, Assange aún no es hombre libre. La policía de Londres, Scotland Yard, aclaró que si abandona la embajada de Ecuador será arrestado. “Los agentes siguen obligados a ejecutar la orden de detención pese a la decisión sueca”, indicó Scotland Yard en un comunicado, porque el australiano sigue acusado de un delito mucho menos grave que la violación. Si bien no aclaró a qué hecho se refiere, el canal británico Sky News informó que se trataría de una violación de las condiciones de libertad bajo fianza que había obtenido el australiano en el 2012.


El gobierno británico, en tanto, evitó comentar sobre especulaciones según las cuales Estados Unidos podría haber pedido ya la extradición de Assange. “De acuerdo con sus políticas y prácticas de larga data, el Reino Unido no confirmará ni negará si se hizo o recibió un pedido de extradición hasta que se haya hecho un arresto en relación con ese pedido”, indicó en un comunicado. Preguntada durante un acto de campaña sobre Assange, la primera ministra británica, Theresa May, dijo ayer que el gobierno examina cada pedido de extradición caso por caso.


La fiscal Marianne Ny anunció en Estocolmo que su institución suspendía la investigación. “La decisión que se tomó hoy no tiene nada que ver con posibles acciones del gobierno estadounidense”, indicó Ny. En abril, los medios estadounidenses informaron que las autoridades del país preparaban una acusación contra Assange por haber publicado documentos explosivos sobre las guerras de Irak y de Afganistán. Por su parte, la fiscalía sueca no descartó que en el futuro se pueda reanudar la investigación si Assange pisa Suecia por voluntad propia antes de que prescriba el caso en agosto del 2020. Las acusaciones por violación datan del 2010. Ny no considera aclarados los cargos en su contra. “No hemos tomado la decisión de no seguir con las investigaciones porque hayamos analizado todas las pruebas en este caso, sino porque no vemos posibilidades de seguir adelante con las investigaciones”, dijo. “No hacemos ninguna apreciación sobre la culpabilidad”.


A su vez, el gobierno de Ecuador celebró la decisión de la fiscal sueca pero pidió a Reino Unido un salvoconducto para que Assange pueda viajar a Ecuador. “A consecuencia de esta decisión, la orden de detención europea que pesaba contra Julian Assange ya no está en vigor. El gobierno del Ecuador solicita a las autoridades del Reino Unido la concesión del salvoconducto que permita al ciudadano australiano disfrutar su asilo en el Ecuador”, advierte un comunicado de la Cancillería, entregado antes de una rueda de prensa del canciller, Guillaume Long.


El gobierno ecuatoriano reiteró la vigencia del asilo concedido a Assange en agosto del 2012 y reafirmó que la protección del Estado ecuatoriano subsistirá mientras concurran las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo, en particular el temor de sufrir reales y potenciales actos de persecución política.


El abogado sueco de Assange, Per E. Samuelson, consideró la decisión de la fiscalía sueca una victoria. “Hemos ganado”, declaró a la radio sueca. “Es una victoria total para Julian Assange. Él está feliz y aliviado, como es natural.” Sin embargo, dijo que no sabía si Assange iba a abandonar la embajada para viajar a Ecuador. El propio Assange colgó en la red social Twitter una foto en la que se lo ve exultante. La prensa se reunió frente a la embajada, ubicada junto a los históricos almacenes Harrods. También se veía presencia policial.


Sus abogados habían solicitado una y otra vez el levantamiento de la orden de arresto. Después de muchas idas y vueltas, los fiscales suecos lo interrogaron en la embajada hace medio año. Por su parte, Elisabeth Massi Fritz, una abogada sueca que representa a la víctima de la presunta violación de Assange, señaló que era “un escándalo que un presunto violador pueda evitar la Justicia y un juicio ante un tribunal”. La mujer dijo que su cliente estaba conmocionada y que no había cambiado su opinión de que Assange la violó.


El periodista es uno de los principales fundadores de WikiLeaks, una plataforma creada para revelar casos de falta de ética en los comportamientos de gobiernos y empresas. Para sus críticos, el australiano no solamente es un personaje extravagante y egocéntrico, sino que con la publicación de informaciones clasificadas pone en peligro la vida de otros. La plataforma se hizo famosa, entre otras cosas, por la filtración de cientos de miles de documentos explosivos sobre la guerra de Irak y de Afganistán. En ese caso la fuente de la información fue la soldado estadounidense Chelsea Manning.

Publicado en Internacional
Viernes, 19 Mayo 2017 08:14

No al silencio


Doce disparos, a las 12 horas, acabaron en Culiacán con la vida del periodista de Río Doce. México cuenta con seis periodistas asesinados en lo que va del año; 105 desde el año 2000. Ninguno de ellos ha obtenido justicia.

 

Salió de la redacción de Río Doce pasado el mediodía, después de enviar su colaboración al diario La Jornada. Llevaba su sombrero característico, su amabilidad de siempre, su pinta bonachona de hombre panzón y agradable cuando le dispararon 12 veces con dos armas distintas. Horas después de que Javier Valdez Cárdenas fuera asesinado, Sonia Córdova, subdirectora del diario El Costeño, de Guadalajara, Jalisco, fue acribillada junto a su hijo, quien murió.

Dos días antes, siete periodistas fueron retenidos en Guerrero por un comando armado cuando acababan de cubrir un operativo policial; les robaron sus pertenencias y les dijeron que no eran bienvenidos, y que si no se marchaban los iban a quemar junto con las camionetas en que viajaban. Esa misma semana un integrante de la guardia presidencial de Enrique Peña Nieto amenazó a un fotógrafo que cubría la inauguración del Hospital Materno Infantil en Colima, diciéndole a otro integrante de la guardia: “Oye, pero no lo vayas a desaparecer... no todavía, hasta el rato, fíjate bien quién es y grábatelo”.

Con Valdez son seis los periodistas asesinados en lo que va del año; 36 en el sexenio de Peña Nieto; 105 desde el año 2000. Ninguno de ellos ha obtenido justicia. Ninguno.

Lo primero que se aprende al llegar a México a trabajar en la prensa es que, saliendo de la ciudad, una debe cumplir protocolos de seguridad. Hay que buscarse un monitor que siga el trayecto que se hace, que reciba el número de la matrícula del ómnibus en que se viaja, que tenga los contactos para activar una búsqueda si te llevan, porque en realidad uno no tiene cómo evitar los riesgos que implica reportear en este México herido. A lo único que se puede aspirar es a achicar el tiempo de respuesta de quienes están pendientes de lo que le pueda pasar a una.

Se aprende también que los medios para los que trabajás te dejan en banda, que la primicia ha muerto porque, tanto para seguir una puntita de información como para cubrir un levantamiento armado, lo primero que hacemos es llamar a los otros compas, para ver cómo vamos a llegar juntos al punto caliente.

Todas y cada una de esas muertes duelen, pero la de Valdez pesa un poquito más, porque se llevaron a un maestro. Valdez fue un periodista generoso y abierto, una referencia obligada para quien quisiera entender el mundo narco, y también para saber cómo hacer para obtener información fidedigna en un ambiente en el que todo es oscuridad. Enseñó a extremar el método, nos explicó que la autocensura es una forma de sobrevivir y que es también una frontera que se mueve. En este contexto, para un periodista la osadía debe ser secundaria, como nos dijo una vez: “Aquí ser valiente es ser pendejo”.

Valdez, como Walsh –cuál maestro sino él–, entendió que el valor del periodismo es dar testimonio en momentos difíciles, que callar es perder, y sobre todo que uno tiene que aprender a leer la realidad como el aire que respira. Y que la tragedia en todo esto es que el buen periodismo no tiene respaldo, porque la sociedad no lo abraza, y por eso nos pueden seguir matando.

“Es un golpe demoledor para nosotros, para su familia, pero también para el periodismo, el sinaloense, el mexicano, sobre todo ese que investiga, escribe y publica en libertad”, escribieron sus compañeros de Río Doce, el periódico cooperativo que fundó Valdez hace 14 años, en un editorial que publicaron la noche de su asesinato.

Cuando otra colega, Miroslava Breach, fue asesinada semanas atrás en Ciudad Juárez, Valdez escribió estas palabras, que ahora resuenan el triple: “A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena por reportear este infierno. No al silencio.”

No al silencio, repetimos los huérfanos de su guía que seguiremos trabajando aquí.

Publicado en Sociedad

El martes 16 de mayo de 2017 inició el paro cívico indefinido en la ciudad puerto de Buenaventura. La falta de agua para el consumo humano, la deficiencia hospitalaria y la precariedad de los centros educativos son algunos los principales motivos que obligaron a los bonaverenses a interrumpir, por el tiempo que sea necesario, todo tipo de actividades en el puerto.

 

"El paro se lleva a cabo para protestar contra el abandono estatal del que es víctima la ciudadanía portuaria". Así lo afirmó Miyela, pobladora de esta ciudad costera y participante del paro: “De muchas maneras la comunidad hemos dicho al gobierno central que nosotros hacemos parte de Colombia y no nos han escuchado. Por eso la comunidad de Buenaventura tomó la decisión de entrar en paro cívico indefinido. Buenaventura es el principal puerto marítimo de Colombia y les interesa sólo por las mercancías que por aquí entran al resto del país, no por las personas que habitamos la ciudad”.


Los porteños exigen al gobierno nacional que declare a Buenaventura en emergencia social, económica y ecológica. Miyela cuenta que “los puntos más álgidos por los que reclama la población son:


1) La población supera los 450 mil habitantes y no cuenta con un hospital de 2do y 3er nivel; el hospital de Buenaventura fue cerrado, no se optó por ninguna contingencia y hoy se están muriendo entre tres y cuatro personas cada día por falta de atención.


2) En Buenaventura tenemos un problema de educación: no es pertinente ni de calidad. Estamos exigiendo al gobierno nacional una educación apropiada y de calidad.


3) Tenemos un serio problema con el abastecimiento del agua. Pasamos 8, 10, 15 días sin agua en nuestras casas. Irónicamente contamos con más de 250 ríos y 9 cuencas hidrográficas con sus afluentes, pero a nuestros grifos no llega el agua. Por eso pedimos el agua y saneamiento básico.


4) Exigimos respeto por nuestro territorio y nuestra tierra, porque hoy estamos siendo saqueados y desplazados. A nuestro territorio están llegando retroexcavadoras a hacer minería criminal que contamina todas nuestras fuentes hídricas.


5) Estamos exigiendo un ambiente sano, la protección y la salvación de nuestras riquezas naturales


6) Paramos por un empleo digno, por una vida decente para nuestros trabajadores y trabajadoras en Buenaventura


7) Por justicia y atención para las víctimas del conflicto armado en Colombia


8) Exigimos el derecho a una recreación y unos espacios de esparcimiento, deporte y cultura.



 Los porteños exigen al gobierno nacional que declare a Buenaventura en emergencia social, económica y ecológica.
 
Los porteños exigen al gobierno nacional que declare a Buenaventura en emergencia social, económica y ecológica.

“Estos son los 8 puntos que nosotros estamos exigiendo al gobierno nacional, porque Buenaventura se respeta o si no, la hacemos respetar, ¡carajo!” Exclamó.


Respecto a la problemática de la violencia y el narcotráfico en la ciudad, Miyela prefirió no dar ninguna declaración, pues considera importante ser precisa con los datos y las estadísticas, y para esa especificidad es mejor acudir a las instituciones pertinentes.


La citación al paro convocó a la comunidad de Buenaventura en general; en el transcurso de su primer día se unieron al mismo las comunidades indígenas, afrodescendientes, comerciantes, entre otros. Además, la Iglesia ha acompañado la causa bonaverense por reivindicar los derechos que históricamente les han negado.


Finalmente, Miyela aseguró que el paro se mantendrá hasta que el Gobierno se reúna con los líderes que los representan, sean escuchados y lleguen a acuerdos para dar solución a lo reivindicado, y terminar con décadas de abandono por parte del Gobierno.

 

 

 

Publicado en Colombia

 

 

El 17 de abril de 2017 más de mil 500 presos políticos palestinos iniciaron una huelga de hambre para mejorar sus condiciones dentro de las cárceles israelíes. Sus reivindicaciones incluyen el acceso a la educación, la atención médica adecuada y el fin de la práctica del aislamiento. Hacen huelga para que la vida de sus familias sea más fácil; también para que se garantice el derecho a las visitas regulares y para que los funcionarios de prisiones traten a las familias respetuosamente. Y están en huelga para protestar contra una de las políticas israelíes más obviamente injustas: la detención administrativa, o el encarcelamiento indefinido sin cargos ni juicio.

Israel mantiene encarcelados a seis mil 300 prisioneros políticos palestinos, 300 de los cuales son menores de edad. Quinientos están bajo detención administrativa; 458 han sido sentenciados a cadena perpetua; 61 son mujeres; 13 son miembros del Consejo Legislativo Palestino (CLP); 70 son ciudadanos de Israel; 24 periodistas y un payaso de circo. Al menos 400 palestinos han sido detenidos en los últimos años por publicar en redes sociales posts considerados por los funcionarios israelíes como incitación a la violencia. Asimismo, se ha sabido que la policía israelí ha detenido a otras 400 personas que no habían cometido ningún delito ni escrito nada que la policía considerara amenazante. No obstante, se las detuvieron en base a un algoritmo que pretende predecir quién cometerá un crimen.

Una huelga de hambre es una experiencia desgarradora para quienes la llevan a cabo. Después de dos semanas, los cuerpos de los huelguistas comienzan a degradar su musculación para sobrevivir. Sienten frío, pierden la capacidad de mantenerse en pie, luego la de oír y en muchos casos la de ver. Además, los palestinos hacen huelga de hambre en cárceles administradas por un Estado que no solo los considera enemigos sino también “terroristas”. Los funcionarios penitenciarios han castigado a los huelguistas trasladándolos de cárcel en cárcel y confinando a muchos de ellos en celdas de aislamiento. Mientras tanto, un grupo de jóvenes israelíes organizaba una barbacoa en el exterior de una prisión en Cisjordania.

Al mismo tiempo, en el exterior continúa la batalla para deslegitimar a los presos palestinos. El 1 de mayo, el ministro de Seguridad Pública y Asuntos Estratégicos de Israel, Gilad Erdan, utilizó los términos “terrorismo” o “terrorista” no menos de 18 veces en un artículo de menos de 900 palabras publicado en The New York Times.

Los palestinos tienen claro que las cárceles israelíes son un elemento histórico dentro de un sistema de opresión. También en The New York Times, el preso y miembro del CLP Marwan Barguti, subrayaba el carácter colonial de las cárceles israelíes, y cómo las políticas de detención de Israel violan el derecho internacional. La ex prisionera y actual miembro del CLP, Jalida Jarrar, afirmaba en The Washington Post el derecho de los palestinos a resistir una ocupación ilegal.

 

El sumud o la firmeza colectiva

 

La resistencia es transformadora. La antropóloga Lena Meari escribe sobre la práctica de la firmeza o el sumud por parte de los presos palestinos. Ser firme da a los individuos la fuerza para soportar los interrogatorios israelíes; conecta a los menores encarcelados con sus padres en el exterior; refuerza el sentimiento de colectividad entre los presos de manera que la delación no sea una opción en los interrogatorios. Meari scribe, “Sumud... es un proceso creativo infinito, una cadena de ecos que refleja y crea la victoria... Al practicar el sumud el preso siente en su piel a todos los demás”.

Hasta tal punto es así que los presos dejan de comer en nombre del derecho a las visitas de los padres y madres, mientras que los padres en el exterior de la cárcel, alzan las fotografías de sus hijos presos en concentraciones que les traen desde sus pueblos y ciudades. Aunque estén libres de prisión, los padres y madres atraviesan las capas de violencia y ruinas que 50 años de ocupación militar israelí han dejado en el camino.

De hecho, la huelga moviliza a las familias y a las comunidades para reafirmar que lo dejan todo para que la calidad de vida de sus presos mejore. El 27 de abril una huelga general en Cisjordania cerró tiendas, bancos, fábricas, instituciones gubernamentales y universidades –todo menos las escuelas secundarias, los servicios médicos de urgencia y los hospitales. Se han instalado carpas de solidaridad en la mayoría de las ciudades. Comités populares han organizado manifestaciones y preparado exposiciones públicas de arte. La huelga es también un momento para movilizar el boicot local de los productos israelíes. Como dice la ex prisionera Ahlam al Wahsh, “vamos al muro de separación cada día y lanzamos al otro lado mercancías israelíes para enviar un mensaje a los ocupantes de que no son bienvenidos aquí. Nos esforzamos para que sus productos no estén en nuestras ciudades”. Su vida está marcada por su encarcelamiento de adolescente a finales de los 70: “Cuando salí de la cárcel no dejé una prisión israelí sino una escuela palestina donde me formé como la persona que soy ahora”.

Es doloroso saber que los seres queridos están en huelga de hambre. Isra ‘Abu Srur, sobrina de un huelguista, Naser Abu Srur, encarcelado durante un cuarto de siglo, dice: “ha sido especialmente difícil para mi abuela. Se pasa todo el día en la carpa solidaria. Vamos todos a las manifestaciones. Es lo menos que podemos hacer”. Y añade: “Esperemos que sus reivindicaciones sean satisfechas porque se trata de simples demandas humanitarias”.

La organización israelí de derechos humanos B’tselem coincide con esta evaluación. De hecho, como lo explica el ex prisionero Jaled al Azraq, casi todas las reivindicaciones son en realidad peticiones para que se restablezcan los derechos que los detenidos habían obtenido mediante huelgas anteriores, pero que se han eliminando a lo largo de los años. El propio al Azraq participó en huelgas de hambre en 1987, 1994, 1998, 2000 y 2004.

Al Azraq añade que la huelga está diseñada para movilizar la calle palestina y reavivar la estima por el movimiento de los encarcelados. “La huelga está organizada bajo el lema Una huelga por la dignidad y la libertad”, explica. “No hay libertad para los presos, pero tienen intacta su dignidad. Somos nosotros, los que estamos fuera, los que tenemos que restaurar nuestra propia libertad y dignidad”. Al Wahsh y al Azraq también pasan sus días en la carpa de solidaridad. “Lo que intento es estar con las madres para infundirles ánimo y levantar su espíritu”.

 

Huelga en las cárceles de EEUU

 

preo carcel estados unidos huelga ap 580x314

En Estados Unidos también hubo huelgas en las prisiones, en este caso para eliminar el trabajo esclavo. Foto: AP.

 

Apenas unos meses antes de que los prisioneros palestinos comenzaran a negarse a comer, se produjo otra huelga de presos en otro continente que denunciaba una historia de desposesión racista. El 9 de septiembre de 2016, en el 45 aniversario de la creación de la prisión de Attica de Nueva York, 24 mil presos de 20 prisiones de al menos 12 estados, incluyendo Alabama, Mississippi, Texas, Oregon y Georgia, se declararon en huelga para protestar por las condiciones laborales en el interior de las prisiones en EEUU. Como declararon los organizadores, “con una sola voz que surge de las celdas de aislamiento y que resuena en cada celda y en cada bloque de Virginia a Oregon, nosotros, los prisioneros de Estados Unidos juramos que acabaremos finalmente con la esclavitud en 2016”. La Enmienda Trece de la Constitución estadounidense con la que en otro tiempo se puso fin a la esclavitud contiene una excepción para el trabajo penitenciario .

 
Toda cárcel es política

 

Para quienes tengan dudas de que toda prisión es política vale la pena comparar las tasas de encarcelamiento de hombres negros en EEUU con las tasas de encarcelamiento de palestinos. Según la NAACP, uno de cada seis hombres afroamericanos ha sido encarcelado. Según el grupo palestino de derechos humanos Adamir, aproximadamente uno de cada cinco palestinos de los territorios ocupados ha sido encarcelado desde que comenzó la ocupación israelí de 1967.

En ambos casos el sistema de justicia queda gravemente comprometido aunque sea de manera diferente. Para los palestinos, las tasas de condena superan el 99% . En EEUU, el 97% de las acusaciones criminales que no son rechazadas se resuelven a través de acuerdos por el que el acusado admite ser culpable para reducir su sentencia en lugar de mediante juicios. Este hecho es preocupante porque aunque sean inocentes, hay muchas personas que tiene múltiples razones para declararse culpables antes que arriesgarse a un juicio.

En EEUU la prisión socava la democracia cuando aproximadamente uno de cada 13 afroamericanos en edad de votar no lo puede hacer debido a las leyes de privación de derecho al sufragio de los criminales. En tres estados, Florida, Virginia y Kentucky, más de uno de cada cinco afroamericanos está privado de sus derechos. Por supuesto, a todos los palestinos que viven bajo ocupación militar en Cisjordania y la Franja de Gaza se les niega el derecho a participar en las elecciones israelíes a pesar de que Israel ha mantenido la ocupación durante medio siglo.

El sistema carcelario alimenta un racismo que mata. En EEUU, la pena de muerte se ejecuta de manera desproporcionada contra personas de color . En la última semana de abril, las autoridades de Arkansas programaron un terrible desfile de ejecuciones –cuatro personas fueron ejecutadas– para evitar que vencieran las fechas de caducidad de los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Este racismo alimenta la brutalidad policial. El 29 de abril, un oficial de policía disparó en la cabeza a un muchacho negro de 15 años , Jordan Edwards, mientras conducía un automóvil después de una fiesta en un barrio de Dallas. A principios de la primavera, un joven palestino, Mohammed Aamar Jalad, murió solo en una celda de un cuarto de hospital , tres meses después de que soldados israelíes le disparasen y lo detuvieran cuando cruzaba la calle de manera aparentemente sospechosa cuando se dirigía hacia su última sesión de quimioterapia. Los funcionarios del ejército israelí ni se molestaron en informar a su familia sobre su situación, ni siquiera cuando murió.

Las cárceles israelíes y estadounidenses son distintas entre sí. Pero cuando las comparamos podemos reconocer que la prisión como herramienta no sólo amenaza la vida de quienes viven en la cárcel sino que permite asimismo segregar de forma racista y mortal a una parte de la población del resto. Cuando nos posicionamos contra las cárceles lo hacemos por la dignidad de la gente negra y morena, de los desposeídos. Como dice Ahlam al Wahsh, hablando de la actual huelga de hambre palestina, “tenemos que ganar, porque la batalla de los presos y presas es la batalla de los palestinos”.

 

(Traducción de Loles Oliván Hijós para Rebelión/ Original en Merip)

 

 

Publicado en Internacional
Sábado, 06 Mayo 2017 06:50

Luchando con el estómago vacío

 

Bajo la consigna “Libertad y Dignidad”, más de 1.500 presos políticos palestinos piden que se respeten sus derechos fundamentales. Reclaman entre otras cosas el derecho a atención médica adecuada, a visitas y que se acabe con las torturas y las detenciones sin juicio y por tiempo indefinido.

 

El 17 de abril, mientras en Montevideo llovían mensajes de todo el mundo reaccionando ante las declaraciones de los dirigentes del Pit-Cnt, recién llegados de Israel, que se congratulaban de la democracia en Israel mientras rechazaban las denuncias sobre las políticas israelíes deapartheid contra los palestinos, más de 1.500 presos políticos palestinos iniciaban una huelga de hambre.


Bajo la consigna “Libertad y Dignidad”, no piden otra cosa que se respeten sus derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional. Por un lado, exigen cambios en las condiciones de reclusión: acceso a lectura y estudios universitarios; dos visitas mensuales de una hora (actualmente es una sola de 45 minutos); atención médica adecuada y liberación de enfermos terminales o discapacitados; y por otro, poner fin a las inhumanas políticas de detención: la tortura, el régimen de aislamiento prolongado, la detención “administrativa” (sin juicio y por tiempo indefinido) y el traslado de los detenidos a Israel −en violación de la IV Convención de Ginebra−, lo que dificulta severamente las visitas familiares.


Según la organización Addamir, hay unos 6.300 presos(as), incluyendo 500 en detención administrativa, 300 menores de edad, 61 mujeres y niñas, 13 parlamentarios y 28 periodistas. Al menos mil tienen prohibido recibir visitas por “motivos de seguridad”, y entre 15 y 20 permanecen en total aislamiento. En 50 años desde la ocupación de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, más de 800 mil personas han sido detenidas por Israel, lo que equivale al 40 por ciento de la población masculina palestina.

 


MANDELA PALESTINO.


No es la primera huelga de hambre masiva de presos palestinos; pero lo que hace especial a ésta es que es la más plural, pues ha recibido la adhe¬sión de todos los partidos palestinos: nacionalistas, marxistas e islamistas. Además, el líder y vocero de la protesta es Marwan Barghouti, dirigente y parlamentario de Fatah, preso desde hace 15 años y condenado a cinco cadenas perpetuas por su papel en la resistencia durante la segunda intifada (un juicio plagado de irregularidades, en el cual el acusado rechazó la asistencia legal y la legitimidad del tribunal del ejército de ocupación).


Barghouti es el preso más famoso y popular, y se lo conoce como “el Mandela palestino”. Una campaña por su libertad iniciada en 2013 ha recibido el apoyo de cientos de personalidades y de varios premios Nobel de la Paz. En una carta publicada en The New York Times explicó las razones de esta huelga de hambre y denunció las permanentes violaciones de los derechos humanos que Israel comete contra los presos y sus familias.


“Tenía tan solo 15 años cuando fui encarcelado por primera vez. Apenas tenía 18 cuando un interrogador israelí me forzó a abrir las piernas mientras estaba desnudo en la sala de interrogatorio, para golpear mis genitales. Me desmayé del dolor, y la caída resultante dejó una cicatriz perenne en mi frente. El interrogador más tarde se burló de mí diciéndome que nunca procrearía, porque las personas como yo sólo engendran terroristas y asesinos”, escribió.


Barghouti acusa a Israel de mantener un sistema “inhumano de ocupación colonial y militar” y de “apartheid jurídico” que busca “romper el espíritu de los prisioneros y de la nación a la que pertenecen, infligiendo sufrimiento a sus cuerpos, separándolos de sus familias y comunidades, utilizando medidas humillantes para obligarnos al sometimiento. A pesar de semejante tratamiento, no nos rendiremos”.

 

MÁS REPRESIÓN.


Las autoridades israelíes han respondido a la huelga con violencia represiva, dentro y fuera de las cárceles. Los líderes fueron puestos bajo aislamiento y están siendo trasladados de una prisión a otra. A los huelguistas les han confiscado pertenencias personales (en algunas prisiones incluso la sal que ingieren con agua) y han suspendido las visitas, tanto familiares como legales. Por este motivo, los defensores de presos han boicoteado los tribunales militares, negándose a asistir a las audiencias.


El apoyo a la protesta continúa creciendo dentro y fuera de Palestina. La huelga general convocada en los territorios ocupados para el jueves 27 tuvo prácticamente un 100 por ciento de acatamiento. El viernes 28 la población palestina convocó a un “día de ira”, con numerosas protestas que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas israelíes; se reportaron decenas de manifestantes heridos o detenidos. En las principales ciudades y universidades palestinas se han levantado carpas de solidaridad, y grupos de familiares o estudiantes se suman al ayuno. Un hijo de Marwan Barghouti convocó por las redes sociales al desafío de beber agua y sal en apoyo a los presos.

 


APOYO INTERNACIONAL.

 

El 1º de mayo, la Federación Sindical Mundial emitió una declaración de apoyo a los presos palestinos, a la cual se unió la Confederación Sindical Internacional. El mismo día los sindicatos palestinos llamaron a unirse al movimiento Bds para boicotear las empresas israelíes e internacionales que son cómplices de la ocupación, el colonialismo y el apartheid y presionar a los gobiernos para que corten relaciones militares y comerciales con Israel. “Reiteramos nuestro llamado al boicot contra Histadrut, el sindicato oficial israelí, por su complicidad con las violaciones del derecho internacional y su negativa a tomar una postura clara de apoyo a los derechos del pueblo palestino”, expresaron sobre el sindicato que invitara al Pit-Cnt a Israel.


Activistas se han unido a la huelga de hambre en varios países, mientras decenas en el mundo adhieren al desafío de agua y sal. Cientos de instituciones y profesionales del derecho en el mundo suscribieron a la declaración de solidaridad de la organización estadounidense de abogados National Lawyers Guild. También emitieron mensajes de apoyo el bloque de izquierdas del Parlamento Europeo y la Asociación Parlamentaria del Mediterráneo. La organización Samidoun registró 161 acciones de apoyo a la huelga de hambre entre el 14 de abril y el 7 de mayo.

 


CUESTIÓN SENSIBLE.


La cuestión de los presos y presas políticas es una de las más sensibles en Palestina, un país donde el 21 por ciento de la población ha estado o está en la cárcel. La huelga de hambre y la represión que las fuerzas sionistas están desplegando dentro y fuera de las cárceles amenaza la ya deteriorada imagen internacional de Israel.


La lucha de los presos también tiene un potencial político. Para una población tan desgastada por la brutalidad de la ocupación como desesperanzada por la corrupción y las divisiones de sus dirigentes, el llamado que sale de las cárceles a la unidad por encima de sectarismos, puede levantar la moral y empoderar a la gente. Un movimiento de resistencia civil masiva, creciendo desde abajo, con un liderazgo potente como el de Barghouti, estaría en las antípodas de las estériles gestiones del desprestigiado Mahmoud Abbas, que buscan apoyo de los gobiernos occidentales.


Israel pretende desacreditar al movimiento de prisioneros y a su líder acusándolos de “terroristas”. Dejando de lado que la mayoría de quienes están en las cárceles jamás tomó un arma, o que cada año 700 niños palestinos son juzgados en tribunales militares por tirar piedras. En una entrevista con The Washington Post, la parlamentaria y ex presa Jalida Yarrar afirmó: “El problema no son las acciones del pueblo ocupado, sino la ocupación misma. La gente sólo está reaccionando contra ella. Hay que conocer mejor lo que sufre a diario el pueblo palestino por la falta de libertad, los checkpoints, las colonias, por no poder acceder a sus tierras, a su agua... ¿Qué esperan que haga un pueblo que soporta todo eso?”. El propio Barghouti, que en su momento censuró los atentados contra civiles israelíes, afirmó que “no habrá paz ni seguridad sin el fin de la ocupación”.

 

 

Publicado en Internacional

Este lunes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) se pronunció acerca del riesgo que corren los defensores, en particular al caso de Colombia, donde se han reportado decenas de asesinatos en apenas cuatro meses del 2017, reseñó Telesur.


La información la emitió en una conferencia de prensa en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Zeid Ra’ad Al Hussein, coincidiendo con los periodistas y otros representantes de la sociedad civil, que enfrentan grandes peligros en el desempeño de su labor.


Detalló que se han recibido “al menos 41 casos de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en apenas cuatro meses de 2017. Esto representa un aumento con respecto al mismo período de años anteriores y es muy alarmante”, apuntó.


El representante advirtió que de continuar la tendencia al asesinato de defensores de los derecho humanos “podría perjudicar los enormes esfuerzos puestos en este proceso de paz”, por lo que instó a todos en Colombia a “mantenerse vigilantes”.


Por otra parte, Zeid precisó sobre la violencia contra los activistas en Honduras, especialmente en las áreas rurales así como en Brasil, donde ha aumentado los ataques contra esas personas y señaló que el gobierno debe hacer más para combatir la impunidad en los casos de delitos violentos contra quienes defienden los derechos humanos.


En este sentido, habló los nueve integrantes del movimiento Sin Tierra en el estado brasileño de Mato Graso, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto, y afirmó que hubo reportes de 61 defensores de los derechos sobre la tierra muertos en el estado de Pará en 2016.


Periodistas en peligro


El Alto Comisionado expresó sobre las dificultades que deben abordar los periodistas para ejercer su profesión y mencionó el caso de México, donde 124 comunicadores han sido asesinados desde el año 2000, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.


“Cinco de ellos fueron muertos en las últimas semanas. Además, desde 2006, 31 defensores de derechos humanos abatidos, dos de ellos este año”, recalcó.


Zeid llamó a los gobiernos a combatir la impunidad y a enjuiciar de manera justa los crímenes y abusos contra periodistas y activistas en América Latina para que puedan realizar su labor en un entorno seguro y libre, en beneficio de la sociedad en su conjunto. /EM

Publicado el 01/May 2017 a las: 6:41 pm Por: Wilmer Horta

Publicado en Colombia

Cientos de trabajadores saldrán este lunes a las calles en las principales ciudades del país para celebrar el Día Internacional del Trabajo y cumplir con la convocatoria realizada por las centrales obreras.


A juicio del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Luis Alejandro Pedraza, dijo que la situación del país en materia laboral es difícil por la política económica desarrollada por el Gobierno nacional.


Dijo que no será una celebración sino una protesta por lo que está sucediendo en Colombia y el resto del mundo, especialmente en el país donde hay una alta inequidad social y una muy grave concentración de la riqueza.


Igualmente se protestará por los efectos lesivos para la sociedad de la reforma tributaria y las alzan en los impuestos locales como prediales y pagos de valorización que afectan directamente a las clases populares.


Las marchas se realizarán en las principales capitales de departamentos de todo el país, en Bogotá la movilización saldrá a las 9 a.m. del Planetario Distrital hasta la Plaza de Bolívar, para protestar por la imposición por parte del gobierno de Juan Manuel Santos de las más lesivas medidas económicas, sociales y laborales, de fin de año quedan los amargos recuerdos de la reforma tributaria con aumento del IVA, el mísero salario mínimo, la negación de la ley aprobada en el Congreso y negada por Santos que le concedía derechos de trabajadoras formales a las madres comunitarias.


“Así mismo, en la semana anterior han impulsado con inusitada propaganda la entrada de Colombia en la OCDE, el nuevo tratado de libre comercio comandado por los Estados Unidos y Europa, con reforma pensional cantada a los cuatro vientos para dar un nuevo zarpazo a los ya reducidos ingresos de los trabajadores y el incremento de los recursos de los grandes potentados y multinacionales que llevan al país a ser uno de los países más desiguales del mundo”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente de la CUT.


Aunado a esto, Colombia padece la más voraz ola de corrupción puesta al descubierto por los escándalos de las multinacionales Odebrecht, CBI y Canal de Isabel II, en Ruta del Sol II y Navelena, Reficar y acueductos de la Costa Atlántica, entre otros, que financiaron las campañas presidenciales del 2010 y 2014 de Santos y Uribe, y continúan desangrando a la nación entera.

1. Formalización laboral: el 61,6% de los 22´156.000 ocupados estaba excluido del sistema de seguridad social integral (salud, pensión, riesgos laborales, cesantías y cajas de compensación familiar). Sólo el 41,9% aportaba al sistema de salud, el 39,3% cotizaba a pensiones, el 45,3% lo hacía a riesgos laborales, y 38,4% estaba afiliado a las cesantías.


Adicionalmente un sector muy importante de los trabajadores que pagan seguridad social son tercerizados y subcontratados. El 73,8% del total de ocupados tenía empleo precario (en 2015 fue 74,4%), esto es, sin contrato o con contrato a término fijo o vinculados por empresas de servicios temporales, cooperativas de trabajo asociado o empresa asociativa de trabajo.


2. Salarios


Para el I trimestre de 2016 sólo el 53,8% de los ocupados manifestó tener un contrato de trabajo, de estos, el 61,7% escrito y el 38,3% verbal. Entre los escritos el 67,9% era a término indefinido y el 31,7% fijo. De cada 100 ocupados 49 eran asalariados y 51 no lo eran. El 16,9% de los primeros recibió menos de las 2/3 partes del salario medio.

3. Libertades sindicales:


-Afiliación Sindical. Para el 2015 la afiliación a sindicatos sobrepasó ligeramente el millón de afiliados, para una tasa de sindicalización del 4,6% con respecto al total de ocupados. En 2016 la tendencia creciente se mantuvo y se reportaron un total de 1´020.160 afiliados, un incremento de 1,8% con respecto al año anterior, permaneciendo la tasa invariable. Ese año se registraron 5.451 organizaciones sindicales. Los sectores que más afiliados tuvieron: Educación (26,5%), Industria manufacturera (11,8%), Administración pública y defensa (11,8%) y servicios sociales y de salud (11,0%).

4. Negociación Colectiva. En 2015, de cada 100 convenios colectivos registrados en los sectores público y privado, 73 fueron contratos sindicales, 19 convenciones colectivas y 8 pactos colectivos. Mantienen pues preponderancia los contratos sindicales, que reemplazaron las cooperativas de trabajo asociado y se consolidan como un mecanismo para la desnaturalización de la actividad sindical. El 36% de las convenciones colectivas se dio en la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, mientras que un 17% en el sector industrial y un 11,6% en la salud. La mayoría de pactos colectivos, el 42,6%, se registró en la industria manufacturera. El 97,7% de los contratos sindicales se suscribió en el sector servicios sociales y de salud.

5. Libertad sindical.


De una muestra de 220 casos de libertad sindical, entre resoluciones del Ministerio de Trabajo, fallos de tutela, procesos ordinarios y proceso especial de fuero, se analizaron 170, de los cuales 111 son casos que NO amparan el derecho a la libertad sindical, representando el 65,3% de casos analizados.
El Mintrabajo no protege la Libertad Sindical porque sus decisiones contradicen tanto normas internas como internacionales.

6. Derechos Humanos


En 2016 persistió la violencia contra sindicalistas. Se registraron 268 violaciones, entre éstas 19 homicidios, 17 atentados, 188 amenazas, 28 hostigamientos, 5 detenciones arbitrarias y 8 allanamientos ilegales. En lo corrido de 2017, 2 sindicalistas afiliados a la CUT han sido asesinados.

7. Empleados estatales: la negociación en el sector público no ha avanzado porque el Gobierno no cumple los acuerdos, no se ha comprometido con la eliminación de las nóminas paralelas que la Corte Constitucional ha ordenado en reiteradas sentencias y ha ofrecido un irrisorio incremento salarial del IPC + 0,15% (5,9%), que en la práctica no recupera el poder adquisitivo perdido por los 3 puntos del IVA en la reforma tributaria.

8. Agenda sindical para la construcción de la paz:


El compromiso de establecer un plan de formalización laboral y seguridad social para los trabajadores rurales (punto 1.3.3.5 del acuerdo), es un tema específico en el que el sindicalismo incidirá para que los cinco millones de trabajadores rurales puedan organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo.


-Garantías para los movimientos y organizaciones sociales: después del proceso de deliberación con los distintos movimientos sociales del país, el movimiento sindical quiere seguir incidiendo para que esta Ley se convierta en una verdadera política pública y que los derechos de asociación, de negociación colectiva, de protesta, de huelga, de consulta y de protección efectiva contra actos de discriminación e injerencia antisindical, se vivan efectivamente como garantías específicas para la existencia y reconocimiento del movimiento de los trabajadores.


-Garantías para la movilización y la protesta pacífica.


-Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición.


-Reparación Colectiva. El sindicalismo ha reclamado por varios años que se establezca una política de reparación para las organizaciones sindicales que resultaron afectadas en su existencia y funcionamiento con ocasión del conflicto, y logró, en el marco de la ley de víctimas, que se estableciera una instancia de alto nivel para negociar dicha política, y ahora con los compromisos del Acuerdo Final, podría finalmente avanzarse en la reparación a las organizaciones sindicales.


Ante este desalentador panorama, los trabajadores y sectores populares preparan un paro cívico nacional con participación de los más amplios y variados sectores sociales, políticos y sindicales del país.

 

Abril 30, 2017 - 06:08 PM

Publicado en Colombia

Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado en Edición Nº234
Página 1 de 28