Jueves, 16 Febrero 2017 07:14

Colombia: Quieren “gazificar” la paz

 

 

Colombia y los “acuerdos de paz”

 

Alai, 25 de noviembre. Para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierra. Sin entender el problema del latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra no se puede entender nada de lo que ha pasado en el país los últimos 80 años.

El proyecto de programa del Partido Socialista Obrero de Alemania en 1875 señalaba que los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista. Marx criticaba esta formulación, porque hacía falta mencionar el “monopolio de los propietarios de tierra (el monopolio de la propiedad del suelo es, incluso, la base del monopolio del capital)”. Añadía él que incluso “en Inglaterra la mayoría de las veces el capitalista no es siquiera propietario del suelo sobre el que se levanta su fábrica”.

En pleno siglo XXI, en Colombia el poder económico y político de los grandes terratenientes aún es notorio. La prolongación del conflicto armado desencadenó una contrarreforma agraria y millones de campesinos están desplazados. Colombia llegó a ser el país con las tierras más caras de la región (1) y la mayoría de las aptas para la agricultura no son sembradas. (2)

El conflicto armado se convirtió en un lastre que impide el fortalecimiento de los movimientos sociales populares y estorba la lucha de los trabajadores y los campesinos por sus derechos, mientras que sirve de pretexto para reprimir y asesinar a los luchadores populares. Los pueblos indígenas, los afrocolombianos, los campesinos y los sindicalistas, así como los defensores de derechos humanos pagan la cuota más alta de vidas y sufrimientos por la continuidad del conflicto armado y por eso exigen que se termine.

Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra; no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América Latina y otras partes del mundo.

Estos actores de la guerra no aceptarán ningún acuerdo de paz ni siquiera uno redactado por ellos, porque saben que el principal efecto del fin del conflicto armado será que el pueblo, y en especial del campesinado, podrá organizarse y movilizarse civilmente en forma masiva por sus derechos. Eso no lo pueden aceptar y no lo van a aceptar, a menos que fueran doblegados por la movilización masiva de millones de colombianos, una que se empeñan en evitar a sangre y fuego y a punta de mentiras sistemáticamente difundidas.

Ni el acuerdo de paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 ni el firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 podían ser aceptados por los voceros del acaparamiento de tierras y los megaproyectos lesivos, como no puede ser aceptado por ellos ningún acuerdo de paz.

La esperanza que generó el acuerdo cuando fue firmado en Cartagena, se parecía a la esperanza despertada por el Acuerdo de Oslo, firmado en Washington el 13 de septiembre de 1993 entre Israel y Palestina, por el cual Isaac Rabin y Yasir Arafat obtuvieron el Nobel de Paz de 1994.

Los extremistas y especialmente los extremistas religiosos nunca aceptaron los acuerdos Israel-Palestina. Asesinatos y atentados fueron el camino por el que el acuerdo fue erosionado y finalmente despedazado. El 4 de noviembre de 1995, al final de una multitudinaria manifestación de apoyo a la paz, Isaac Rabin fue asesinado por un extremista religioso judío. Rabín acababa de decir en su discurso: “Fui hombre de armas durante 27 años. Mientras no había oportunidad para la paz, se desarrollaron múltiples guerras. Hoy, estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz, gran oportunidad. La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder ser conseguida. Pero no hay camino sin esos dolores”.

Tras la reanudación de los combates por los extremistas musulmanes y el ejército israelí, desde 2001 Yasir Arafat fue sometido en Ramallah a arresto domiciliario bajo las autoridades israelíes, que violaron así lo que quedaba del Acuerdo de Oslo de 1993. El gobierno israelí ha multiplicado los asentamientos de colonos judíos en el territorio palestino reconocido por el Acuerdo de Oslo y han bombardeado e invadido militarmente centenares de veces los asentamientos palestinos y convertido a Gaza en un ghetto donde palestinos son sistemáticamente asesinados y masacrados. Israel es gobernado por los que se opusieron al acuerdo de paz, por los que declararon “traidor” a Rabin. En vez de paz hay una pesadilla racista.

Los colombianos tenemos que hacer todo lo necesario para defender la paz, para que a los campesinos, indígenas y comunidades negras de Colombia no les pase lo que le ha ocurrido a Palestina, para que los movimientos sociales populares no sean gazificados.

Desafortunadamente, los acontecimientos marchan en dirección de la gazificación:

Primero, mediante un masivo fraude al sufragante engañaron a miles de votantes con mensajes que aseguraban que sus pensiones de jubilación serían disminuidas y sus subsidios eliminados si se aprobaba la paz; que el acuerdo promovía la homosexualidad en forma del fantasma de la “ideología de género”; que los cupos de sus taxis serían dados a los desmovilizados; que determinados personajes respetados estaban por el No, aunque estaban realmente por el Sí. El resultado del plebiscito fue consecuencia de un fraude, pero está siendo validado para modificar los acuerdos.

Segundo, los acuerdos fueron modificados en detrimento de los campesinos, las comunidades y la reforma rural comprometida.

El deterioro del texto del acuerdo de paz tendría una justificación sólo si un nuevo acuerdo comprometiera con el fin del conflicto armado a un actor protagonista de la guerra que hasta ahora no se ha comprometido. Al fin y al cabo, un acuerdo de paz se hace entre enemigos y no es como un proyecto de ley que se define por votación y al cual diferentes sectores le hacen observaciones. Un acuerdo de paz lo es porque no refleja la forma de pensar de ninguno de los que lo firman y se comprometen con él, sino que es esencialmente un conjunto interrelacionado de concesiones mutuas entre quienes estaban en guerra. Sin embargo, en este caso las concesiones a los acaparadores de tierra no han significado ningún compromiso de ellos con la paz y en cambio ellos siguen avanzando en sus planes de guerra.

Tercero, y es lo más grave, se desató, desde los días previos a la firma de los acuerdos de paz y con mayor fuerza en las últimas semanas, una nueva ola de asesinatos de líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos. Fueron atacados quienes cuestionan la explotación petrolera por fractura hidráulica en César con detenciones y judicializaciones y en Caquetá con asesinatos. Fue destituida la gobernadora del Putumayo, joven que derrotó a los gamonales tradicionales y es una firme defensora de la paz y de los derechos de la población rural.

Cuarto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ordenó al ESMAD destruir el Campamento de Paz, que en la Plaza de Bolívar esperaba la ratificación de un acuerdo de paz que termine el conflicto armado.

Quinto, el gobierno nacional ha radicado en el Congreso, antes de radicar el nuevo acuerdo de paz, un proyecto de ley que pretende regular la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y negras y otros grupos étnicos del país, proyecto que según las organizaciones indígenas “es una afrenta sin precedentes”, en contravía de la jurisprudencia nacional e internacional y que de aprobarse violaría los derechos colectivos fundamentales de los grupos étnicos.

Hay que recordar que entre las propuestas de modificación del acuerdo que el ex presidente Álvaro Uribe hizo estaba “limitar la consulta previa”. En el nuevo acuerdo no fue aceptada semejante propuesta, pero el gobierno la tenía servida en su proyecto de ley.

Los cambios que en el nuevo acuerdo afectan a los campesinos, fueron propuestos todos por Uribe, en algunos casos conjuntamente con Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez. Su sentido tiende a enfrentar, debilitar o neutralizar las importantes definiciones del acuerdo (original y modificado) sobre la economía campesina.

Los acuerdos reconocen “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”. Pero esto es precisamente los que sucesivos gobiernos han negado. Durante su primera campaña electoral Uribe emocionó al Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC cuando declaró su clara desconfianza en cualquier papel económico autónomo del campesinado y proclamó así la necesidad de subordinar a los campesinos a los grandes productores: “Si vamos a instalar en Barrancabermeja una empresa campesina asociativa, exijámosles a esos adjudicatarios que tengan que integrarse con un empresario eficiente de San Alberto, para que así, campesinos asociados y empresarios con tradición de eficiencia, respondan por el buen suceso de esos proyectos” (3).

Esta subordinación del campesino ya se estaba imponiendo en la práctica con las asociaciones estratégicas, especialmente para la palma aceitera, durante el gobierno de Andrés Pastrana, durante el cual fue incluida en el llamado Plan Colombia; (4) y se continuó durante los gobiernos de Uribe, que contó con un crédito del Banco Mundial para apoyar el proyecto de “asociaciones productivas” de “pequeños agricultores” con “empresas del sector privado”. (5) Esta experiencia no logró el despegue de la agricultura colombiana, que pasó al final del segundo gobierno de Uribe por una de sus peores crisis. Más recientemente la ley Zidres insiste en la asociatividad.

El mismo discurso ha sido adicionado al acuerdo de paz:

1.3.3.6.Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.

Así se incluyó en el acuerdo lo que fue política y plan de los últimos tres presidentes y lo que fue doctrina del Pacto de Chicoral de 1972: que la presencia de “grandes productores” es necesaria para garantizar la competitividad. En realidad la agricultura campesina puede alcanzar y en algunos casos sobrepasar la eficiencia de grandes explotaciones, y además, independientemente del tamaño de la escala de su unidad productiva, los agricultores son eficientes cuando pueden acceder a los recursos, productivos y el entorno lo permite. (6)

Esa modificación concuerda con otra: “el Gobierno tramitará una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso”. La paternidad de este cambio debe reconocerse en el gobierno y la ley Zidres, que dice que los ocupantes de baldíos que no reúnan requisitos para la titulación podrán “celebrar contratos de derecho real de superficie, que permitan el uso, goce y disposición de la superficie de los predios rurales que ocupen”. Aunque el acuerdo limita esta zidrada a los medianos productores, no cabe duda que los acaparadores de tierras también juegan detrás del gobierno, aprovechando el No.

El discurso tradicional se ha colado en el nuevo acuerdo, de forma que los “grandes productores” y “medianos productores” van a intentar neutralizar, como siempre lo han hecho, los programas a favor de los campesinos.

Un “principio” adicionado, a propuesta de los promotores del No, dice:

Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes —agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala—; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.

El acuerdo modificado, afortunadamente, mantuvo el reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, así como los principios de Bienestar y Buen Vivir, pero no se puede negar que sin comprometerse con el acuerdo de paz, los grandes propietarios lograron introducir su discurso, e intentar imponer su “adecuado balance” de siempre. También lograron erosionar lo acordado sobre la participación de las comunidades en la planificación y la gestión.

Nuestra Constitución define desde el preámbulo y el artículo primero a Colombia como república democrática participativa. No es pues una mera democracia representativa. El texto del acuerdo original desarrollaba ese punto cuando determinaba que se establecerán “instancias de decisión en los diferentes niveles territoriales en las que se incluya la presencia de las comunidades” pero, el acuerdo modificado ahora dice que se trata de instancias “para garantizar la participación de las comunidades en el proceso de toma de decisiones”, es decir, no en la toma de las decisiones.

Así, el acuerdo modificado dice que los mecanismos de participación “en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas)”. Sin embargo, lo que los voceros del No le niegan a las comunidades rurales, lo han tomado para sí, limitando las competencias del presidente de la República para definir el acuerdo de paz.

En cuanto a constitución de las zonas de reserva campesina, el acuerdo modificado simplemente agrega que “se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente”, lo cual era obvio en el acuerdo anterior, ya que existe una normatividad clara sobre estas zonas, pero su aplicación fue congelada, primero por decisión del gobierno de Uribe y luego ¡por solicitud del ministerio de Defensa! Lo que el acuerdo original y el modificado determinan es que se cumpla la ley sobre las reservas campesinas, vigente desde 1994.

Lo que ha pasado con las reservas campesinas durante los últimos 22 años, comprueba que no se trata principalmente de lo que dicen una ley, un decreto o un acuerdo, sino que el conflicto armado es usado para impedir que el campesinado ejerza sus derechos y para desplazarlo.

Para no devolverle a los campesinos lo que les han quitado, para seguir acaparando tierras, para imponer grandes minas a cielo abierto, fracturación hidráulica para extraer petróleo, desviación de ríos para sacar carbón o hacer represas, robos de ríos, explotaciones que lesionan la integridad cultural o destruyen los ecosistemas, los espoliadores necesitan que siga el conflicto armado, que no haya paz y que Colombia sea gobernada por los que promovieron el No al acuerdo de paz.

No se trata de una simple oposición parlamentaria al acuerdo de paz. Hay un nuevo despliegue impune de los grupos paramilitares que reducen cada comunidad a un ghetto, a un infierno diario estilo Gaza. Pero en Colombia las comunidades más afectadas por el conflicto armado votaron masivamente por el Sí a los acuerdos en el plebiscito, especialmente las comunidades negras e indígenas. No hay en Colombia un Hamas como en Gaza: los enemigos de la paz y los fanáticos religiosos están del otro lado.

La defensa de las comunidades rurales será también la lucha por la soberanía alimentaria. Donald Trump dice que protegerá a Estados Unidos de las importaciones, pero será el promotor de sus exportaciones, repitiendo la antigua historia del Gran Garrote para imponer a América latina el consumo de más productos estadounidenses, sobre todo agrícolas, producidos precisamente en las regiones que votaron masivamente por él. Sin paz, van a seguir imponiendo la destrucción de nuestra soberanía alimentaria.

La lucha por la paz es hoy fundamental, lo más importante para defender los derechos de los trabajadores colombianos y especialmente para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Notas:

1 – Portafolio, “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.

2 – DNP, “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 172.

3 – Discurso en el congreso del la SAC el 8 de noviembre de 2001.

4 – Gobierno de Colombia, “Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado”, 8 de marzo de 2000.

5 – Grupo del Banco Mundial, Colombia, “Banco Mundial aprueba préstamo por 30 millones de dólares para mejorar la productividad rural”, 21 de agosto de 2007.

6 – Forero, Jaime et al. “La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombiano”; EfiAgrícola, 2013

 

Este artículo aparece en en el nuevo número de la revista Biodiversidad (91).

 

 

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Los choques con los agentes entre coches en llamas se repiten desde la violación de un joven por la policía

 

En plena campaña electoral y en estado de emergencia desde hace 15 meses, Francia se enfrenta al riesgo de otra grave crisis. La violación de un joven negro con una porra mientras era detenido por tres policías al norte de París ha desembocado en violentos incidentes y protestas nocturnas desde hace diez días. Las escenas de guerrilla urbana se extienden por las barriadas y el contagio ha llegado ya a media docena de ciudades.

“La policía mata inocentes, “Todo el mundo odia a la policía”, “Justicia para Théo”. Son gritos y pancartas que estas pasadas noches se leen y escuchan en barriadas del gran París como Seine-Saint-Denis y especialmente en la Cité 3.000, en Aulnay-sous-Bois, una conflictiva zona del extrarradio habitada por un elevado porcentaje de emigrantes o hijos de emigrantes procedentes sobre todo del norte de África.

Es ahí donde vive Théo L, el joven de 22 años al que tres policías detuvieron el pasado día 2. Los tres están imputados. Uno de ellos por violación una vez que los médicos certificaron que sufría graves heridas en el ano producidas por la introducción de la porra del agente. Desde entonces, cientos de jóvenes airados participan todas las noches en las protestas.

De nada han servido las llamadas a la calma del propio Théo o la visita que le hizo en el hospital, donde aún continúa tras ser operado, el presidente François Hollande. Son ya decenas los coches incendiados, establecimientos destrozados, mobiliario urbano destruido... Más de un centenar de jóvenes han sido detenidos o interrogados. Algunos, ya condenados a medio año de prisión.

Algunos de los incidentes más graves se han registrado este fin de semana en Bobigny, Argenteuil o Drancy. Entre granadas lacrimógenas y un masivo despliegue policial, las manifestaciones de apoyo a Théo han derivado en quemas de coches, uno de ellos una furgoneta de la cadena RTL, lanzamientos de piedras y tornillos a la policía y destrozos de tiendas.

Iniciativas de la policía han agravado el problema. Un informe preliminar interno concluyó que la violación había sido "accidental”. El abogado de Théo ha dicho que, si esa estupidez de aplica a los casos de violación, todos los acusados quedarían libres. “Les bastaría decir que no hubo intencionalidad sexual”.

El sábado, y durante las violentas protestas en Bobigny, al noroeste de París, la prefectura de policía informó de que un agente había salvado a una niña de 5 años de las llamas al sacarla de un coche ardiendo del que había logrado salir su madre con otro niño de dos años. Era mentira. Había sido un joven manifestante de 16 años quien salvó a la niña. “Saqué a la pequeña. No soy un héroe. Solo quiero restablecer la verdad”, ha dicho a un blog que se realiza en la zona.

Los antecedentes del alcalde de Aulnay-sous-Bois, el conservador Bruno Beschizza, tampoco le convierten en el hombre más adecuado a la hora de pedir calma. Fue policía, dirigente de un sindicato policial, responsable de estudios de seguridad para el expresidente Nicolas Sarkozy. En noviembre ordenó retirar por motivos morales unos carteles de una campaña antisida en la que se veía dos hombres abrazados. Y antes había propuesto que en los trenes de cercanías hubiera un vagón solo para mujeres.

El Defensor de Derechos, Jacques Toubon, ha declarado a varios medios sentirse muy preocupado por lo ocurrido y por cómo lo están gestionando las autoridades. Recuerda Toubon un reciente estudio realizado entre 5.000 jóvenes: la policía había registrado o identificado al 80% de quienes eran negros o árabes, y solo al 16% de los blancos y católicos.

El recuerdo de los graves incidentes de 2005 sigue muy vivo en Francia y buena parte del mundo. Dos jóvenes llamados Zyed y Bouna murieron electrocutados en un transformador cuando eran perseguidos por la policía. Durante las tres semanas siguientes de protestas, 300 edificios resultaron dañados, 10.000 coches quemados y 130 policías heridos.

En julio pasado, el joven de 24 años Adama Traoré murió mientras era interrogado por la policía en otra localidad al norte de París. Ahora, en las protestas se exhiben fotos junto con pancartas con este texto: “Théo y Adama nos recuerdan por qué Zyed y Bouna corrían”.

Mientras promete dureza y justicia, el Gobierno no logra calmar los ánimos. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, ha recibido este lunes a representantes de asociaciones contra el racismo. Comprende, dice, la emoción ciudadana, pero no la "inaceptable violencia". Su sucesor al frente de Interior, Bruno Le Roux, repite el anuncio de que miles de policías de patrulla -2.600 en breve- llevarán permanentemente cámaras de vídeo activadas. Le Roux pide respeto para los policías proque no todos son como los que agredieron a Théo.

Los dirigentes políticos en campaña han tenido que pronunciarse. La mayoría para pedir esa calma que no llega. Pero también para echar en cara “la responsabilidad” del Gobierno en esta explosiva situación, como ha hecho el conservador François Fillon.

Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, es la más contundente y la única para la que los sospechosos son siempre los habitantes de esas zonas problemáticas, los manifestantes “extremadamente radicales”, no los policías.

 

 

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Martes, 14 Febrero 2017 07:33

El abuso policial como parte del conflicto

 

La clase dirigente del país ha querido ligar el conflicto principalmente a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha vivido el conflicto y la violación de DDHH de mano de otros actores, entre ellos la Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La discusión sobre las acciones humanitarias que en el marco de una solución política deben realizar tanto la insurgencia como el Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y superar el abuso policial.

 

Una institución en caída libre

 

Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población. Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.

El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía también saca réditos, brindando información de la red a los mismos delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogotá.

Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos médicos.

Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la revisión de una institución que está en caída libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.

 
La Policía como actor del conflicto armado

 

Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.

La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.

Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.

 
La profundización del conflicto social: Código de Policía

 

Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un obstáculo para la paz.

Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.

La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mínima sospecha o la justificación policial.

Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que “agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.

En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solución política del conflicto.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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El presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed, escribió hace dos años una carta al entonces presidente Barack Obama en la que acusa a Estados Unidos por los ataques terroristas.


En la carta publicada ayer por el diario Miami Herald, Mohammed afirma que los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono fueron una respuesta a la política exterior de Estados Unidos. “No fuimos nosotros quienes empezamos la guerra contra ustedes el 11 de septiembre. Fueron ustedes y los dictadores en su país”, escribió Mohammed, quien se encuentra detenido en la cárcel de Guantánamo, en Cuba. Los ataques fueron una “reacción natural” contra la “política destructiva” de Estados Unidos en Cercano Oriente, según analiza.


Según el diario, el presunto terrorista escribió la carta en enero del 2015, pero llegó a manos de Obama recién al final de su mandato presidencial. Mohammed fue el número tres de la red terrorista Al Qaeda y es considerado el ideólogo de los atentados del 2001. Él mismo admitió una participación. El proceso contra Mohammed está paralizado desde hace años y se encuentra en etapa preliminar.


En la carta, asegura que no tiene ningún problema de permanecer en prisión por el resto de su vida. “Y si su Tribunal me condena a muerte, voy a ser aún más feliz de encontrarme con Alá y los profetas y volver a ver al jeque Osama bin Laden y a mis mejores amigos que ustedes han matado injustamente en todo el mundo”, señala.


El ciudadano paquistaní nacido en Kuwait, de etnia baluch, enumera una larga lista de intervenciones en ultramar de Estados Unidos, desde Irak e Irán hasta Vietnam e Hiroshima, para justificar el ataque terrorista en suelo estadounidense. Pero se centra particularmente en la causa de los palestinos, destaca el sufrimiento de los civiles y acusa a Obama de estar en deuda con intereses, principalmente con Israel y “los judíos ocupantes”. Israel obtiene 39 menciones mientras Osama bin Laden recibe una docena, incluyendo una culpabilización a Obama por la misión que cazó y mató al fundador del movimiento al Qaida para los ataques del 11 de septiembre.


Mohammed ridiculiza a Obama y escribe: “Es un abogado inteligente, bien familiarizado con los derechos humanos, que puede matar a su enemigo sin juicio y lanzar su cadáver al mar en lugar de darlo a su familia o respetarlo lo suficiente como un ser humano para enterrarlo”. “El ex jefe de operaciones de Al Qaeda escribió la carta en el contexto de la violencia en Gaza y en los territorios ocupados”, dijo David Nevin, el abogado defensor en la causa de pena de muerte de Mohammed. Él lo llamó el motivo principal para la redacción de la carta y se negó a decir si el cliente o su personal legal lo escribió. Por su parte, el abogado militar de Mohammed, Derek Poteet aseguró: “Está molesto con la política exterior de Estados Unidos y claramente percibe que Estados Unidos ha firmado un cheque en blanco con Israel”, dijo Poteet. En el primer párrafo de la carta Mohammed le dice a Obama: “Sus manos todavía están húmedas con la sangre de nuestros hermanos y hermanas y niños que murieron en Gaza”.

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La periferia del norte de la capital francesa ha registrado su tercera noche consecutiva de protestas. Un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria"


La periferia del norte de París ha registrado su tercera noche de disturbios consecutiva tras la violenta detención el jueves de un joven en Aulnay-sous-Bois, por la que un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria".


Al menos 26 personas fueron detenidas anoche, cuando cinco vehículos fueron incendiados, al igual que algunas papeleras, y hubo tentativas de prender fuego a dos restaurantes que, pese a la intervención de los bomberos, resultaron dañados, informaron hoy a EFE fuentes policiales. La Prefectura de Policía añadió que los agentes se vieron rodeados anoche y lanzaron varios disparos al aire con balas reales para intentar calmar la situación, al no disponer "de ningún otro medio" de disuasión a su alcance.


La detención que ha provocado las protestas tuvo lugar el jueves por la tarde. "Los policías llegaron y dijeron: Todos contra la pared", explicó en la cadena BFMTV el afectado, Théo, un joven negro de 22 años de edad, que dijo que se acababa de cruzar con unos conocidos del barrio. Según su relato, los agentes le golpearon de inmediato y uno de ellos le introdujo por el ano una porra extensible, que le provocó desgarros por los que tuvo que ser operado.


El Ministerio del Interior anunció el domingo la suspensión de esos cuatro funcionarios. La Fiscalía, tal y como recogen los medios franceses, indicó que los agentes quisieron controlar la identidad de una decena de personas sospechosas de vigilar puntos de venta de estupefacientes en esa localidad del extrarradio de la capital francesa. Durante el dispositivo, según esa versión, intentaron detener a ese joven y usaron gas lacrimógeno y "una porra extensible" porque este se resistió.


El presidente de Francia, François Hollande, subrayó hoy en una visita al Tribunal de Pontoise, en el norte de París, el rol protector de la Justicia para los ciudadanos, incluso cuando los agentes de las fuerzas del orden se ven cuestionados. "La Justicia (...) es garante de las libertades y los ciudadanos deben comprender que es el juez quien les protege", añadió el mandatario.


Las protestas comenzaron el sábado y traen a la memoria de los franceses la oleada de violencia que se desató en el otoño de 2005 en decenas de barrios conflictivos, poco después de que el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, llamase "gentuza" a los jóvenes que los habitan y prometiera limpiar esas zonas con agua a presión.

 

07/02/2017 22:48 Actualizado: 07/02/2017 22:48

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Un informe de Amnistía Internacional denuncia las "políticas de exterminio" del Gobierno de Al Asad


El Gobierno sirio ha desarrollado de forma extrajudicial una campaña de ahorcamientos colectivos en la cárcel de Saidnaya, donde al menos 13.000 personas (el equivalente a una población española como Betanzos), la mayoría civiles que se cree que eran opositores, podrían haber muerto, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).


En su informe, titulado El matadero humano: Ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Saidnaya, la ONG revela que entre 2011 y 2015 grupos de unos 50 reclusos eran ahorcados por tandas una o dos veces por semana en mitad de la noche y en secreto en ese centro penitenciario, una práctica que es posible que continúe en vigor.


Un gran número de prisioneros ha muerto también por las "políticas de exterminio" de las autoridades, que incluyen torturas repetidas y privación de comida, agua y medicinas, aseguró la organización internacional, que para elaborar el documento contactó con 84 testigos entre antiguos reos, jueces, abogados y guardias.


Los ahorcamientos solían producirse los lunes o los miércoles. Los reclusos eran llamados por sus nombres y se les comunicaba que iban a ser trasladados a otras cárceles, pero, en realidad, eran transferidos con los ojos vendados a otra celda de Saidnaya, donde eran golpeados y después llevados a otro edificio para ser ahorcados, según la ONG.


Un antiguo juez que asistió a estas ejecuciones extrajudiciales explicó a AI que "se les mantenía (ahorcados) durante 10 o 15 minutos. Algunos no morían porque eran delgados, como los más jóvenes, cuyo peso no les mataba, así que los ayudantes de los funcionarios tiraban de ellos y les rompían el cuello".


"Algunos no morían porque eran delgados, como los más jóvenes, cuyo peso no les mataba, así que los ayudantes de los funcionarios tiraban de ellos y les rompían el cuello", cuenta un testigo


La ONG destacó que ninguno de los detenidos ahorcados en Saidnaya recibió nada parecido a un juicio real, ya que se les presentaba ante lo que se denomina una Corte Militar de Campaña, en la comparecían uno o dos minutos.


Esos tribunales funcionan fuera del sistema legal sirio y sus sentencias se basan en confesiones extraídas bajo tortura, mientras que los acusados no tienen acceso a un abogado ni se les da la oportunidad de defenderse a ellos mismos, subrayó AI.


La subdirectora de Investigación de la oficina regional de AI en Beirut, Lynn Maalouf, indicó en la nota que "los horrores descritos en este informe revelan una campaña secreta y monstruosa, autorizada al más alto nivel por el Gobierno sirio, con el objetivo de aplastar cualquier forma de disenso dentro de la población siria".


Maalouf consideró que las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra, previstas para finales de este mes, "no pueden hacer caso omiso a estos hallazgos. Poner fin a estas atrocidades del Ejecutivo sirio debe incluirse en la agenda y la ONU debe llevar a cabo de inmediato una investigación independiente".

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Lunes, 06 Febrero 2017 06:29

Los vuelos ilegales de la CIA

El martes 24 de enero por la mañana circuló entre los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos el borrador de un decreto presidencial que autorizaba la reapertura de las cárceles en el extranjero (desde la de Guantánamo hasta los “black sites” o centros clandestinos de detención) y los interrogatorios (desactivados en 2009 por ser considerados métodos de tortura).


El borrador se filtró a la prensa y fue publicado por The New York Times el día 25. Y aunque el mismo diario aclara que no se sabe si el presidente Donald Trump lo va a firmar, su solo borrador obliga a un análisis minucioso y a un llamado de alerta.


A partir del 2001, como parte de la “guerra contra el terror”, el presidente George W. Bush autorizó operaciones secretas que incluían el traslado de personas detenidas ilegalmente hacia cárceles clandestinas. Los traslados se hacían en aviones de la CIA con varias escalas en aeropuertos cuyo acceso EE.UU. tenía previamente garantizado.


Cuando los europeos se enteraron que entre 2001 y 2005 los aviones de la CIA habían hecho por lo menos 1.245 escalas en aeropuertos de Europa “llevando a bordo a sospechosos víctimas de ‘desapariciones forzadas’, conducidos ilegalmente hacia la cárcel de Guantánamo o hacia prisiones clandestinas de países cómplices (Egipto, Marruecos), en las que la tortura es una práctica habitual”, según explicita un informe del Parlamento Europeo con fecha del 14 de febrero de 2007, se armó el escándalo. Bush hijo tuvo que blanquear las operaciones como una “versión modificada del Programa rendición, detención e interrogatorios” y el ex premier británico, Tony Blair, tuvo que pedir disculpas ante el Parlamento por el tránsito de detenidos-desaparecidos en la isla.


Los vuelos de la CIA transportaron detenidos ilegales hacia Bucarest, Bakú, El Cairo, Dubai o Islamabad -pero también hacia destinos norteamericanos como Washington y europeos como Roma, Frankfurt, Glasgow o las islas Azores entre decenas de destinos-. El New York Times acompaña su nota del 25 de enero pasado con un mapa donde se señala algunos de esos “black sites” ubicados en Lituania, Polonia, Tailandia y Rumania.


Hay pruebas de que los aviones eran campos de concentración en movimiento donde se torturaba a los prisioneros durante el vuelo. En algunos casos, salvo los descensos para cargar combustibles y pertrechos, el avión estaba hasta tres días en el aire con lo cual técnicamente no existía un lugar geográfico en el que el detenido hubiera sufrido apremios ilegales.


En varias ocasiones el Departamento de Estado alquiló, para estas operaciones, aviones privados. El acuerdo lo realizaron a través de “empresas contratistas” como la muy conocida DynCorp, proveedora de insumos para la guerra que incluye los bien conocidos mercenarios del Plan Colombia o involucrada con la multimillonaria reconstrucción de Irak después de ser destruida por las bombas. Según el sitio The Intercept, el ex marine, general John Kelly, ex jefe del Comando Sur y hoy al frente del Departamento de Seguridad Interior estuvo muy vinculado a Dyncorp. Kelly como jefe del Comando Sur permitió la violación de los derechos humanos en Guantánamo y se opuso a los planes de Obama para cerrarla.


No hay dudas de que Trump es partidario de la mano dura militar. Que igual que Bush hijo tiene un gabinete formado por halcones belicistas. La diferencia con su antecesor republicano es que lejos de mantener estas operaciones en secreto, las exhibe como si por dejar de ser clandestinas dejaran de ser ilegales.


La pregunta es ¿por qué? El proyecto de liderazgo único en manos de EEUU quedó definitivamente sepultado. Agotada esa fase, el imperio apela a la carta militar como herramienta principal para enfrentar este nuevo ciclo de transformación del orden mundial que ya se sabe, es inevitable.

 

Por Telma Luzzani, autora de Territorios vigilados.

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Desde hace varios años la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias y fallos, ha señalado la condición de ilegalidad laboral en que se encuentran más de un millón de trabajadores que prestan sus servicios al Estado por medio de contratistas, contratos administrativos de prestación de servicios y otras figuras de intermediación ilegal.

Las sentencias 614 del 2009 y 171 del 2012 de la Corte Constitucional, conminaron al Estado para que los trabajadores que desarrollan actividades misionales y permanentes sean vinculados de manera directa, e instaron a órganos de control como la Procuraduría para adelantar las acciones necesarias para que ello se garantice.


A finales del año pasado un fallo de la Corte Constitucional, ante una demanda de 106 madres comunitarias, ordenó al Estado y al ICBF pagar los salarios y demás prestaciones que se les adeudaban por sus servicios en el programa Hogares Comunitarios durante 10 años.


Para contribuir a la solución de esta problemática, el Congreso de la Republica tramitó una ley que reconoce como trabajadoras a las 60 mil madres comunitarias que trabajan en el programa Hogares Comunitarios y atienden a unos 800 mil menores de edad. El costo fiscal de esta ley que resuelve esta condición de ilegalidad es unos $769 mil millones.


Argumentando impacto fiscal, el Presidente Santos ha objetado esta Ley, que obliga a vincular a las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras directas del Estado. Lo que deja claro que la estrategia de competitividad basada en el dumping social de mano de obra barata en el sector público y privado, es una política de Estado de profundo raigambre neoliberal.


Las leyes y reformas de ajuste fiscal aprobadas en desarrollo de la agenda neoliberal de los últimos 25 años, apuntan a drásticos recortes en funcionamiento, y de manera particular en gastos de personal para garantizar los compromisos del sector público con el capital financiero especulativo.


Estas reformas obligaron a un brutal recorte de personal, tanto en las entidades territoriales como en las entidades públicas nacionales y en el gobierno central. No obstante, las necesidades mínimas de personal para atender la política social y de funcionamiento del Estado no desaparecieron, por lo que se debió recurrir a la contratación de nuevo personal, ya no de manera directa reflejado en los gastos de funcionamiento del Estado, sino de manera indirecta y en condiciones de alta precariedad, pero ya clasificados de manera imprecisa en el componente social del gasto público.


Esto ha garantizado que la cuarta parte del presupuesto de gasto público se destine hoy a atender el servicio de la deuda, unos $50 billones, dado que la deuda pública es negocio de la banca privada según la lógica neoliberal.


Pero no solamente la lógica especulativa del capital financiero devora una parte importante del presupuesto público, sino el desbordado crecimiento de la corrupción, que según cálculos de la procuraduría podría bordear los $40 billones. Agro Ingreso Seguro, Odebrecht, Reficar, los Nule, los fraudes de las EPS en el sistema de salud, son algunos casos recientes que nos muestran que la corrupción público-privada es otra de las plagas que carcome los cimientos de las finanzas de la Nación.


Pero las finanzas públicas tienen otra cara de la moneda donde también se presenta un gran deterioro del erario público: la evasión en el impuesto de renta y en el IVA bordea los $30 billones, según cálculos de la DIAN. Y a estas trampas que la empresa privada y las multinacionales le hacen al Estado, hay que sumarles las gabelas y beneficios que el sistema tributario les regala a los empresarios con las zonas francas, y otras exenciones descuentos y deducciones que podrían superar los $40 billones anuales.


Frente a este panorama de evasión, gabelas tributarias, corrupción y subordinación del presupuesto público a lógicas especulativas, el impacto fiscal que implica la vinculación de las Madres Comunitarias a la planta del ICBF de manera directa apenas representa el 0,4% de lo que deja de ingresar y malgasta el Estado por las causas señaladas.


Es muy mal mensaje que el Estado, que poco hace para resolver los problemas estructurales que debilitan la hacienda pública, pretenda ahora seguir alimentado estos agujeros negros con mayores impuestos a las capas medias y pobres de la sociedad, mientras por otra parte da continuidad a una política de ilegalidad laboral y maltrato a trabajadoras de sectores vulnerables que prestan un servicio sensible para el desarrollo económico y social del país.


En últimas, lo que quieren las Madres Comunitarias es que sea el ICBF quien las contrate directamente, y no unas intermediarias que se quedan con parte de la plata que les transfiere el Instituto por administración, y en no pocas oportunidades incluso con los salarios y los recursos destinados para la seguridad social. El argumento fiscal es bastante pobre por su bajo impacto, y además porque los recursos ya están presupuestados para la parte salarial, prestacional y de seguridad social.


¿Será posible que bajo este enfoque neoliberal y mezquino se puede construir una política pública de trabajo decente en el sector público, privado y rural como soporte de una paz estable y duradera?

Carlos Julio Díaz L.
Director General ENS

Fecha: 30 enero, 2017 Categoría: Mundo laboral, Opinión

Publicado en Colombia
Jueves, 26 Enero 2017 05:51

“La tortura funciona”

Después de firmar el decreto que pone en marcha la creación del muro con México, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó otra de sus propuestas de campaña y se volvió a manifestar a favor de la aplicación del “submarino” (“waterboarding” en inglés) como método de interrogatorio en la llamada “guerra contra el terrorismo”, a pocas horas de que los diarios The New York Times y The Washington Post hicieron público un supuesto borrador para reabrir las cárceles secretas y revisar los métodos de interrogación.


“Voy a hacer lo necesario para mantener a nuestro país seguro”, argumentó Trump durante una entrevista a la candena norteamericana ABC frente a la consulta sobre aquella promesa de campaña de restablecer prácticas de tortura. “Cuando digo que ellos hacen cosas que nadie escuchaba desde tiempos medievales y podemos sentirnos fuertes con el submarino es porque considero que tenemos que pelear de igual a igual a partir de ahora”, continuó su argumentación a favor de la tortura.


El presidente de Estados Unidos subrayó que confía en su Gabinete y aseguró que “confiará” en sus consejos para tomar la decisión de permitir abiertamente el uso de la tortura al Ejército norteamericano. “Hablé hace menos de 24 horas con personas de alto nivel de inteligencia y les pregunté: ‘¿La tortura funciona?’ Y su respuesta fue: ‘Sí, absolutamente’.


“Usted es ahora el presidente. Quiere el submarino...”, le insistió el periodista de ABC. “No quiero que le corten la cabeza a nadie en Medio Oriente porque sea cristiano, musulmán o lo que fuere... Mire, ellos le cortan la cabeza a alguien en cámara y se lo mandan a todo el mundo. Tenemos eso y no tenemos permitido hacer nada... No planeamos llevarlo al campo, pero lo que digo es que voy a confiar en mi gabinete y lo que ellos quieren hacer estará bien, y si ellos quieren hacerlo, vamos a trabajar en eso. Quiero hacer todo lo que esté en el marco de lo legal, pero sí creo que funciona. Absolutamente creo que funciona”, afirmó el mandatario norteamericano.


Las palabras de Trump fueron adelantas por la cadena ABC, que realizó una entrevista mano a mano con el presidente, mientras el vocero presidencial Sean Spicer aseguraba que no era un documento de la Casa Blanca el supuesto borrador publicado por los diarios The New York Times y The Washington Post acerca de la reinstauración de las detenciones ilegales en cárceles secretas.


El texto divulgado por los diarios propone revisar las reglas con las que el gobierno estadounidense pelea la llamada "guerra contra el terrorismo", un conflicto con alcance global que inició el ex presidente George W. Bush y continuó, con algunas modificaciones, su sucesor, Barack Obama. Entre esas reformas del presunto borrador de decreto presidencial, titulado "Detención e interrogatorios de combatientes extranjeros", se destaca la reapertura de las cárceles secretas de la CIA y la revisión del manual de operaciones, que establece qué métodos de interrogación son legales y cuáles son considerados tortura.

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Una de las decisiones más importantes del final del mandato de Obama ha sido sin duda la conmutación de la pena de la soldado Chelsea Manning. Como es sabido, Manning había sido condenada a 35 años de prisión por la revelación intencionada de documentos relativos a la seguridad de Estados Unidos. A la gravedad de la pena impuesta hay que añadir el inhumano trato penitenciario al que aparentemente está siendo sometida, así como el modo con el que fue estigmatizada su acción por parte de las más altas instituciones estadounidenses, para quienes revelar informaciones relativas a asuntos de seguridad de nacional automáticamente suponía una traición a la patria y la puesta en peligro de vidas de personal de Estados Unidos en el mundo.


La combinación de terrorismo yihadista en suelo occidental con el desarrollo de crisis y conflictos como el de Siria has puesto en el primer plano la necesidad de contar con mecanismos eficientes y coordinados de protección de la seguridad nacional. Agencias de inteligencia y organismos similares han visto aumentados sus presupuestos en muchos países del mundo. Los respectivos parlamentos se han ocupado también de aumentar los poderes y capacidad de actuación de estos entes.Estos movimientos responden, sin duda, a preocupaciones e intereses legítimos en el seno de nuestras democracias.


La cuestión se volvió no obstante especialmente delicada cuando empezaron a publicarse revelaciones acerca de determinados abusos cometidos por las agencias de diversos países (y especialmente los Estados Unidos), las cuales habrían usado los mecanismos tecnológicos y recursos a su alcance para incurrir en serias vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente como consecuencia de la aplicación de técnicas de espionaje masivo.
De este modo, países que oficialmente se erigían en promotores y protectores de los derechos humanos en el mundo habrían incurrido en violaciones generalizadas de los mismos. El fin, la lucha contra el terrorismo, habría legitimado la utilización casi ilimitada de los medios al alcance de sus respectivos cuerpos de seguridad e inteligencia. Una guerra sucia de alcance global.


Por otra parte, quienes jugaron un papel imprescindible en la revelación de tales prácticas, es decir, personas que conocían las mismas por razón de su profesión y decidieron trasladarlas a los ciudadanos, fueron inmediatamente perseguidos y tratados como delincuentes por parte de los correspondientes aparatos de seguridad estatales, dando lugar a la actual situación de fuga de Edward Snowden o la ya referida condena y reclusión de Chelsea Manning.


Este sombrío escenario choca con el modo en el que el derecho internacional protege la libertad de expresión y la libertad de información, incluso cuando el ejercicio de las mismas incide o se refiere a asuntos vinculados a la seguridad nacional o el orden público. Es cierto que la protección de estos últimos valores puede legitimar la imposición de ciertos límites a las actividades de periodistas y medios de comunicación (o de todo aquel que quiera publicar sobre esta materia). Sin embargo, dichos límites están sujetos a su vez a restricciones muy claras, intensas y excepcionales. De entrada, los estándares internacionales protegen con especial intensidad la difusión de informaciones de interés público. Los ciudadanos tienen derecho a conocer y discutir el funcionamiento y las decisiones tomadas por los poderes públicos como requisito imprescindible de la vigencia de la democracia. Asimismo, solamente cuando exista un perjuicio directo, inmediato y demostrable a la seguridad nacional, y ese perjuicio sea asimismo de mayor peso que el interés público de la información en cuestión, podrá limitarse la revelación de misma. Finalmente, de entre todos los mecanismos susceptibles de ser aplicados, deberá optarse siempre por el que resulte menos restrictivo y afecte en la menor medida a la difusión de otra información de interés público.


La aplicación de estos principios y normas que en teoría deben ser respetados y desarrollados por todos los miembros de la comunidad internacional tiene consecuencias en tres ámbitos fundamentales.


En primer lugar, periodistas y medios (así como blogueros, activistas, etc.) tienen el derecho de recabar y difundir información con relación a políticas y actividades en materia de seguridad nacional. No se trata pues, de un agujero negro al que los informadores tengan vetado el acceso. Forma parte del derecho de los ciudadanos a la información saber y tener la capacidad de juzgar las decisiones y acciones de los poderes públicos en esta materia. Por otro lado, y como consecuencia de ello, dichos poderes públicos deben asimismo aplicar un principio de transparencia, lo que implica que solamente en aquellos casos en los que se pueda demostrar y acreditar un perjuicio a la seguridad nacional podrán las autoridades apartar del escrutinio público informaciones o documentos. Es necesario recordar que en España la vigencia de este principio internacional choca con una ley de secretos oficiales aprobada durante el franquismo y con claros tintes oscurantistas y arbitrarios.


En segundo lugar, las actividades de medios y periodistas en este ámbito no pueden ser sujetas a ninguna forma de acoso o restricción por parte de los poderes estatales. Los periodistas deben poder acceder a sus fuentes y mantener la confidencialidad de las mismas, incluso en aquellos casos en los que quienes suministren la información hayan incurrido en alguna irregularidad. Sin una completa y adecuada protección de las fuentes periodísticas, también en casos de informaciones sobre seguridad nacional, sería imposible el periodismo de investigación en este ámbito. Ello supone también que nunca podrán utilizarse técnicas de espionaje o vigilancia con respecto de quienes ejercen el periodismo, a fin de controlar o conocer sus fuentes o contactos.


Finalmente, es necesario reconocer o proteger de forma efectiva a los llamados whistleblowers, es decir las personas que proporcionan desde dentro información de interés público con la intención de poner en conocimiento del público prácticas irregulares y violaciones de derechos. Considerar a estas personas desde el prisma de la traición o la vulneración del deber de secreto choca frontalmente con la necesidad de transparencia inherente a cualquier sociedad democrática.


La conmutación de la pena de Manning es pues una buena noticia en el marco de las consideraciones que se acaban de realizar. Sin embargo, es evidente que es muy largo el camino que queda por recorrer. La razón de Estado todavía tiene un gran peso en el comportamiento de muchas autoridades y agencias, dando lugar a un deterioro cierto de los derechos humanos sin que ello suponga por otra parte una garantía de nuestra seguridad.

 


Por Joan Barata, jurista y experto internacional en libertad de expresión

21 Ene 2017

Publicado en Sociedad
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