El pasado miércoles el Congreso de Brasilia dejó de funcionar. Diputados y senadores han pasado las últimas 48 horas moviéndose de una cámara a otra para obtener informaciones, evaluar la gravedad de los hechos, y formar nuevas alianzas.
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El sociólogo João Paulo Lima bromeaba el viernes en las redes sociales sobre la situación en la que se encuentra el mandatario brasileño Michel Temer: “Nunca había visto que un presidente tuviera tantas posibilidades de caer. No podemos dudar que Brasil es un país democrático, no le faltan opciones”.


Desde la noche del miércoles cuando la cadena Globo dio a conocer unas conversaciones en las que Temer autorizaba la compra del silencio de Eduardo Cunha – ex líder de la Cámara preso por corrupción en el escándalo Petrobrás y responsable del impeachment contra Dilma Rousseff-, las noticias para el mandatario brasileño no han hecho más que empeorar.


Las grabaciones registradas por los dueños de la JBS, la mayor productora de carne de Brasil (y del mundo) investigada por corrupción en la operación Lava Jato, se hicieron públicas en la tarde del jueves. Unas horas antes el juez del Tribunal Supremo Federal encargado de Lava Jato, Edson Fachin, acató la petición de la Procuraduría General de la Unión y aceptó investigar formalmente a Michel Temer.


Poco después de darse a conocer la denuncia, el presidente hizo su primer pronunciamiento público tras la noticia: “No renunciaré”, repitió tres veces. También dijo que no tenía “nada que ocultar” y que “jamás” había comprado el silencio de un diputado. Con un tono irritado y un tanto airado advirtió que no sería fácil sacarlo del puesto: “Las aclaraciones oportunas se verán en el proceso jurídico con el Supremo. Si han sido tan rápidos para usar grabaciones clandestinas, también lo serán para investigarlas”, señaló.


El viernes la Fiscalía presentó las tres acusaciones que caen sobre el mandatario: corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal. Los tres delitos se encontrarían en el contenido de los diálogos entre Temer y Joesly Batista, dueño de JBS que está investigado en cinco procesos por corrupción. Con eso curriculum cuesta entender que el presidente brasileño aceptara recibirlo un jueves a las once de la noche en el Palacio de Jaburu (residencia oficial), en una cita que no constaba en su agenda presidencial. Un encuentro que marca un antes y un después en la carrera de Michel Temer.


Esa noche Batista grabó una conversación en la que en diversas ocasiones este empresario le dice al presidente que ha resuelto “las pendencias” con diversos diputados, le dice que mantiene los “acuerdos” con Eduardo (Cunha), también cuenta que va a conseguir la “ayuda” de dos jueces del Supremo y de un procurador al que tienen de su lado. Temer tan solo asiente, no muestra sorpresa, indignación, miedo, sólo indica que “las cosas sigan así” o la famosa frase en relación a “cuidar” de Cunha: “Hay que mantenerlo así, ¿vale?”.


El congreso paralizado


El miércoles a las ocho de la tarde el Congreso de Brasilia dejó de funcionar. Diputados y senadores han pasado las últimas 48 horas moviéndose de una cámara a otra para obtener informaciones, evaluar la gravedad de los hechos, y formar nuevas alianzas.


A medida que pasan las horas los medios anuncian nuevos contenidos de las grabaciones y delaciones hechas por Batista y por el director de JBS, Ricardo Saud, donde cada vez salen más parlamentarios, ex presidentes y gobernadores incriminados.


El jefe de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, quien sustituiría al presidente Temer en el caso de que fuera apartado, abandonó el Congreso el miércoles por la noche y ha pasado los últimos dos días de lado del mandatario en el Palacio de Planalto. Maia también es investigado por la operación Lava Jato y puede convertirse en reo en cualquier momento.


Desde la noche del miércoles Temer no se separa de sus abogados que como primera medida han solicitado la pericia de la cinta porque argumentan que podría haber sido “manipulada”. El presidente ha cancelado su agenda presidencial sin previsión de cuándo será reanudada. Por ahora se ha dedicado a convocar una romería de reuniones con sus aliados para intentar convencerles de que no abandonen el barco.


Además de la denuncia del Supremo, el presidente está a la espera de que en cualquier momento la Cámara de los Diputados acepte uno de los ocho pedidos de impeachment que se presentaron el jueves. Los tres delitos que alega el Supremo también podrían considerarse crimen de responsabilidad, argumento esencial para iniciar una proceso de destitución.


El próximo 6 de junio Temer también se enfrenta al proceso que está a cargo del Tribunal Superior Electoral que juzga la destitución del equipo Dilma-Temer por uso de dinero negro en su campaña electoral de 2014. Algunos analistas señalan que este juicio podría ser el que decidiera antes la destitución del mandatario, pero en el caso de que fuera condenado todavía podría presentar un recurso que le daría más tiempo en el cargo.


La cadena Globo de televisión, la misma que apoyó el impeachment contra Rousseff y aupó a Temer a la presidencia, se ha convertido en la principal enemiga del mandatario. Además de ser el medio que publicó la exclusiva, también se ha postulado como la voz de la conciencia del presidente al que le pide que renuncie “lo antes posible”. Una de las economistas de la cadena, Flávia Oliveira, señalaba que “el empeño de Temer de seguir en el cargo solo va traer más desestabilidad a la economía”. Según Oliveira, en los próximos meses el mandatario “va a invertir su tiempo en defender su mandato y no podrá esforzarse en sacar adelante al país”.


Renuncia o destitución eterna


En la única aparición pública desde que se supo la noticia, el presidente fue enfático al asegurar que no dejaría el cargo. Una hipotética renuncia dependería de dos factores fundamentales: la reacción de las calles y el papel que tome el PSDB, el principal partido aliado del Gobierno.
La última encuesta de Datafolha señalaba que el 92% de los brasileños consideraban “malo o muy malo” el gobierno Temer. El pasado jueves movimientos sociales de izquierda se manifestaron en diversas ciudades para pedir la salida del presidente y exigir elecciones anticipadas. Este domingo está prevista otra manifestación con los grupos de izquierda, pero a última hora del viernes los movimientos conservadores, que también habían confirmado su asistencia, dieron marcha atrás.


Por otro lado el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), principal socio de Temer hasta el momento, también se ha convertido en otra de las grandes víctimas de las grabaciones. En otro diálogo se escucha a Aécio Neves (ex presidente del PSDB) pidiendo 600.000 euros a la empresa JBS para pagar su defensa en la operación Lava Jato.
Este audio provocó que el juez Edson Fachin apartara a Neves de su cargo como senador y de la presidencia del PSDB. La pérdida de uno de los pesos pesados de esta sigla ha dejado al partido en una situación delicada. En un primer momento decidieron alejarse del gobierno Temer, pero después el presidente les convenció para esperar: “Temer es un paciente terminal y el PSDB lo está monitoreando”, dijo el periodista Gerson Camarotti.


Si no hubiera renuncia Temer podría ser destituido por una condena del Tribunal Supremo, por un proceso de impeachment o por el proceso pendiente en el Tribunal Superior Electoral. Ninguna de las opciones serían rápidas, podrían llevar meses.


La incertidumbre está sobre la mesa y el poder de alguna forma vuelve de nuevo a las calles donde se demostrará la capacidad de los brasileños para presionar al Congreso. Mientras, los posibles candidatos para las elecciones de 2018 como Lula da Silva, Marina Silva o Jair Bolsonaro, esperan en silencio nuevas informaciones. En Brasil ya se sabe que en apenas 24 horas, todo puede cambiar.


Temer, del comienzo al final

Emir Sader


Ni el rescate de la confianza del gobierno, ni la recuperación económica, ni el fin de la corrupción. Temer termina como había empezado: en la mediocridad y en la intrascendencia.


Marx se preguntaba, en el XVIII Bruario, como un personaje tan insignificante como Luis Bonparte podría tener un rol importante en la historia de Francia. Eran necesarias unas circunstancias muy excepcionales para que esto se produjera. ¿Que condiciones se dieron para que un personaje tan mediocre como Temer llegara a la presidencia de Brasil?
Temer alcanzó el protagonismo político cuando el PMDB agotó su fuerza de redemocratización, Ulysses Guimaraes murió y el partido se desgastó durante la presidencia de Jose Sarney. A partir de ese momento la muerte ideológica y política del partido era inevitable


La mediocridad de Michel Temer lo convertía en el cuadro adecuado para el nuevo período del PMDB, donde se haría con el rol de sostén, alternándose entre los gobiernos de la derecha y la izquierda. Como no es nada en si mismo, Temer pudo protagonizar distintos roles del partido, actuando como equilibrio entre los distintos liderazgos del partido. Así el PMDB estuvo con Cardoso en los años 1990 y con el PT desde 2003 hasta 2014. Gobiernos frontalmente opuestos, pero que han dependido del apoyo parlamentario del PMDB para gobernar.


Temer no fue escogido por el PT para ser vicepresidente sino que, en su calidad de presidente del PMDB, fue propuesto por este partido para la lista de Dilma Rousseff. El PMDB, a pesar de no tener un programa propio siempre apoyó los programas de otros partidos y aunque tampoco tuvo candidatos a la presidencia de Brasil siempre lo anunció pero siempre adhiriéndose al PSDB o al PT.


En las campañas electorales del 2010 y del 2014, Temer defendió los gobiernos de Lula y de Dilma y sus programas atacando a la alternativa de la derecha, representada por los candidatos del PSDB.


La crisis del gobierno de Dilma, a comienzos de su segunda mandato, abrieron las puertas para que la mediocridad de Temer se pusiera al servicio de un otro proyecto, el que había sido derrotado cuatro veces sucesivamente en las urnas por unas listas de las que había formado parte. Valiéndose de la disposición desestabilizadora de los medios y de las grandes empresas, y del giro del PMDB hacia la derecha bajo la conducción de Eduardo Cunha, ha recogido el listado de las propuestas mas retrógradas y más de derecha, para que Temer presentara como un programa mediante el cual el se proponía a recuperar la confianza en el gobierno, el crecimiento de la economía y terminar con la corrupción. De esta forma Temer rompió la alianza con el PT y se jugó la posición aventurera que ahora se termina.


El programa era una versión de los que el PSDB había presentado a los largo de las cuatro ultimas elecciones presidenciales y que había sido derrotado sucesivamente, con el apoyo del PMDB a los candidatos del PT. Fue una oportunidad histórica que Temer encontró para intentar salir de su mediocridad y desempeñar algún rol histórico. Para ello anunció que era necesario reunificar el país, reconquistar la confianza en el gobierno y retomar el crecimiento económico.
Nada de eso se cumplió y un año después del golpe en contra de Dilma Temer ha vuelto a ser un personaje decorativo ya que ni siquiera pudo aprobar el grueso del paquete regresivo que el pretendía. Los casos de corrupción que salpicaron al gobierno y que ahora se hacen públicos convierten a Temer en un personaje mediocremente inútil. El se va sin pena ni gloria y el país queda en una situación caótica del punto de vista político e institucional,inmerso en una gran crisis económica y social, y en medio de grandes movilizaciones populares que demandan las elecciones directas imediatamente para presidente de Brasil.


Ahora se abre el período post-Temer y la derecha pretende que no sea el periodo post-golpe. Se abre la disputa sobre esas alternativas y la izquierda, bajo el liderazgo de Lula, interviene firmemente por la retomada de la democracia, después del interrogante golpista de Temer, el mediocre, el breve.

20 May 2017

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Agradeció a Ecuador y a Naciones Unidas su apoyo, aunque señaló que el Reino Unido sigue amenazando con detenerlo si abandona la embajada. “Eso no es sostenible”, aseguró, e insistió en su derecho al asilo político.

 

La máxima fiscal de Suecia anunció ayer el cierre de una investigación contra Julian Assange por denuncias de violación, siete años después de su inicio y a casi cinco de que el fundador de WikiLeaks se refugiara en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición al país nórdico.


Desde el balcón de la embajada Assange afirmó ayer que la decisión es una “importante victoria”. Sin embargo, señaló que era víctima de una terrible injusticia. El australiano, de 45 años, recordó que estuvo cinco años recluido en la embajada. “Detenido durante siete años sin cargos mientras mis hijos crecían y mi nombre se difamaba. No perdono ni olvido”, afirmó, dijo. “Eso no es algo que se espera de un Estado civilizado”, añadió y agradeció a Ecuador y a Naciones Unidas su apoyo, aunque señaló que el Reino Unido lo sigue amenazando con detenerlo si abandona la embajada. “Eso no es sostenible”, aseguró, e insistió en su derecho al asilo político.

 


Posteriormente, dijo que si bien celebraba la decisión de la fiscalía sueca como una victoria tenía en claro que la guerra acaba de comenzar. El periodista sostuvo: “El Reino Unido aseguró que me arrestará de todas formas, y Estados Unidos, la CIA y el fiscal general estadounidense han dejado claro que tanto yo como otros miembros de WikiLeaks no tenemos derechos y que nuestra detención es una prioridad”. El australiano también se congratuló por la victoria de la ex soldado estadounidense Chelsea Manning, quien salió de prisión después de siete años privada de libertad, y dio gracias a Ecuador y a su gente por haber estado a su lado soportando una presión asfixiante.


El principal temor de Assange era que de Suecia fuera extraditado a Estados Unidos, donde podría ser condenado por las revelaciones que hizo su plataforma WikiLeaks sobre las guerras de Afganistán e Irak. Así y todo, Assange aún no es hombre libre. La policía de Londres, Scotland Yard, aclaró que si abandona la embajada de Ecuador será arrestado. “Los agentes siguen obligados a ejecutar la orden de detención pese a la decisión sueca”, indicó Scotland Yard en un comunicado, porque el australiano sigue acusado de un delito mucho menos grave que la violación. Si bien no aclaró a qué hecho se refiere, el canal británico Sky News informó que se trataría de una violación de las condiciones de libertad bajo fianza que había obtenido el australiano en el 2012.


El gobierno británico, en tanto, evitó comentar sobre especulaciones según las cuales Estados Unidos podría haber pedido ya la extradición de Assange. “De acuerdo con sus políticas y prácticas de larga data, el Reino Unido no confirmará ni negará si se hizo o recibió un pedido de extradición hasta que se haya hecho un arresto en relación con ese pedido”, indicó en un comunicado. Preguntada durante un acto de campaña sobre Assange, la primera ministra británica, Theresa May, dijo ayer que el gobierno examina cada pedido de extradición caso por caso.


La fiscal Marianne Ny anunció en Estocolmo que su institución suspendía la investigación. “La decisión que se tomó hoy no tiene nada que ver con posibles acciones del gobierno estadounidense”, indicó Ny. En abril, los medios estadounidenses informaron que las autoridades del país preparaban una acusación contra Assange por haber publicado documentos explosivos sobre las guerras de Irak y de Afganistán. Por su parte, la fiscalía sueca no descartó que en el futuro se pueda reanudar la investigación si Assange pisa Suecia por voluntad propia antes de que prescriba el caso en agosto del 2020. Las acusaciones por violación datan del 2010. Ny no considera aclarados los cargos en su contra. “No hemos tomado la decisión de no seguir con las investigaciones porque hayamos analizado todas las pruebas en este caso, sino porque no vemos posibilidades de seguir adelante con las investigaciones”, dijo. “No hacemos ninguna apreciación sobre la culpabilidad”.


A su vez, el gobierno de Ecuador celebró la decisión de la fiscal sueca pero pidió a Reino Unido un salvoconducto para que Assange pueda viajar a Ecuador. “A consecuencia de esta decisión, la orden de detención europea que pesaba contra Julian Assange ya no está en vigor. El gobierno del Ecuador solicita a las autoridades del Reino Unido la concesión del salvoconducto que permita al ciudadano australiano disfrutar su asilo en el Ecuador”, advierte un comunicado de la Cancillería, entregado antes de una rueda de prensa del canciller, Guillaume Long.


El gobierno ecuatoriano reiteró la vigencia del asilo concedido a Assange en agosto del 2012 y reafirmó que la protección del Estado ecuatoriano subsistirá mientras concurran las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo, en particular el temor de sufrir reales y potenciales actos de persecución política.


El abogado sueco de Assange, Per E. Samuelson, consideró la decisión de la fiscalía sueca una victoria. “Hemos ganado”, declaró a la radio sueca. “Es una victoria total para Julian Assange. Él está feliz y aliviado, como es natural.” Sin embargo, dijo que no sabía si Assange iba a abandonar la embajada para viajar a Ecuador. El propio Assange colgó en la red social Twitter una foto en la que se lo ve exultante. La prensa se reunió frente a la embajada, ubicada junto a los históricos almacenes Harrods. También se veía presencia policial.


Sus abogados habían solicitado una y otra vez el levantamiento de la orden de arresto. Después de muchas idas y vueltas, los fiscales suecos lo interrogaron en la embajada hace medio año. Por su parte, Elisabeth Massi Fritz, una abogada sueca que representa a la víctima de la presunta violación de Assange, señaló que era “un escándalo que un presunto violador pueda evitar la Justicia y un juicio ante un tribunal”. La mujer dijo que su cliente estaba conmocionada y que no había cambiado su opinión de que Assange la violó.


El periodista es uno de los principales fundadores de WikiLeaks, una plataforma creada para revelar casos de falta de ética en los comportamientos de gobiernos y empresas. Para sus críticos, el australiano no solamente es un personaje extravagante y egocéntrico, sino que con la publicación de informaciones clasificadas pone en peligro la vida de otros. La plataforma se hizo famosa, entre otras cosas, por la filtración de cientos de miles de documentos explosivos sobre la guerra de Irak y de Afganistán. En ese caso la fuente de la información fue la soldado estadounidense Chelsea Manning.

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María Sanabria lleva nueve años luchando por conocer la verdad tras el asesinato de su hijo a manos del Ejército



María Sanabria quiere saber la verdad. Hasta hace algún tiempo también esperaba una sentencia condenatoria por el asesinato de su hijo Jaime Estiven Valencia. “Después de nueve años, se empieza a dudar de que alguien vaya a ser condenado, pero al menos quiero saber qué pasó, cómo fue, por qué lo hicieron. Saberlo es otra forma de justicia”, dice. Desde 2008 lleva haciéndose las mismas preguntas. Su única certeza es que a Jaime Estiven lo torturaron, lo mataron y lo hicieron pasar por guerrillero. Su nombre es parte de la lista de las más de 3.000 personas que aparecen en uno de los peores capítulos de la historia reciente de Colombia: las ejecuciones extrajudiciales también conocidas como falsos positivos.


Su hijo, de 16 años, desapareció en Soacha, cerca de Bogotá, y fue encontrado muy lejos de su casa en Ocaña (Norte de Santander), bajo el rótulo de ‘guerrillero muerto en combate’. Su asesinato fue uno de los tantos que sirvió para que muchos soldados y altos mandos del Ejército recibieran felicitaciones y consiguieran beneficios económicos y vacaciones durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002- 2010). Nueve años después, María sigue tropezando con un aparato judicial que no parece estar a favor de las víctimas. El pasado 29 de marzo se lo recordaron, una vez más. Las madres de Soacha, como se llaman a las mujeres que perdieron a sus hijos en ese municipio colombiano a manos del Ejército, siguen luchando para que el asesinato de los jóvenes no quede en la impunidad.


La audiencia en la que se hablaría del proceso por la muerte de Jaime Estiven fue cancelada bajo el argumento de que el caso debía ser examinado por la Justicia Especial para la Paz (JEP), anunciada en el proceso de paz con las FARC. Como si la desaparición de su hijo se hubiera dado en el marco del conflicto colombiano, como si su hijo, un adolescente estudiante, hubiera hecho parte de alguno de los bandos que por más de cincuenta años desangraron a un país. “¿Nueve años después me dicen eso? ¿mandan el proceso a un sistema que ni siquiera ha empezado a funcionar?”. María interpuso una acción de tutela manifestando sus dudas y pronto, un juez le dio la razón. Señaló que se vulneró el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia al pretender enviar el caso a la JEP. María espera una nueva citación por la vía ordinaria para ver si por fin puede escuchar la verdad.


El debate sobre la aplicación de la JEP apenas empieza y no está muy claro sobre cuáles investigaciones procederá. Hay dudas incluso por los expedientes en los que ya hay condena. Hace unos días 21 militares, entre ellos un coronel, fueron sentenciados a penas de cárcel de entre 37 y 52 años por estos crímenes, pero no se descarta que esas investigaciones se reabran en la jurisdicción especial. “Estamos frente a una inflexión histórica que permitirá un tratamiento que realmente cobije a quienes participaron en el conflicto de manera directa o indirecta y esa determinación la tomarán los jueces y magistrados en cada caso", dijo recientemente el vicepresidente de Colombia, el general en retiro Óscar Naranjo. Serán entonces los jueces quienes decidan a qué tribunal se someterán los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales. Muchas madres se alistan para demandar con tal de que los procesos de sus hijos sigan en el ámbito ordinario.


“Hemos vivido un doble crimen: asesinaron a nuestros hijos y nos niegan el acceso a la justicia”, repite María, de 60 años. Los casos por los que las madres de Soacha luchan han sido declarados como crímenes de lesa humanidad y ese es el argumento principal, dice ella, para rechazar que tengan un tratamiento especial.


María también espera que la demanda contra el expresidente Uribe por injuria y calumnia avance. En la audiencia más reciente, el exmandatario no asistió y varias madres de los jóvenes que fueron ejecutados extrajudicialmente se quedaron esperando la retractación del ahora senador. Hace dos años, Uribe aseguró en un trino que se había reunido con algunas de estas mujeres y que ellas le reconocieron que sus hijos habían participado en actos delincuenciales. Las víctimas lo denunciaron e insisten en saber a quién se refería con esa afirmación.


“Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón. A las madres que estuvieron en la reunión de la presidencia también les pido perdón”, decía un mensaje escrito por el expresidente. Ellas solo esperan que asista el próximo 19 de mayo a una nueva audiencia en este proceso. “Si no llegamos a una conciliación, el juicio tendrá que avanzar”, sentencia María, que cada año que pasa habla con más fuerza.

 

Bogotá 14 MAY 2017 - 15:36 COT

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Domingo, 14 Mayo 2017 06:25

Lula gana el primer combate

Acompañado por miles de seguidores, el ex presidente Lula da Silva no sólo asumió el desafío del juez Sergio Moro y se presentó ante el Tribunal Federal de Justicia de Curitiba para responder a cargos de corrupción, sino que la ocasión le sirvió para que su campaña presidencial arrancara con fuerza.

 

El cara a cara más esperado del año duró cinco horas. La tensión se respiraba en la plaza Santos de Andrade, en Curitiba, donde más de 10 mil militantes del Partido de los Trabajadores (PT) esperaban que su ídolo, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, saliera del Tribunal Federal de Justicia de la capital paranaense, donde el juez Sergio Moro le tomaba declaración. “Dura demasiado tiempo, ¿será que tienen algo sólido contra él?”, se preguntaba un diputado paulista que prefirió no dar su nombre.


Apenas se trataba de un interrogatorio, y las posibilidades de que Lula fuera detenido el mismo miércoles 10 eran remotas. No obstante, la preocupación ante posibles nuevas pruebas presentadas a última hora que pudieran inculpar al sindicalista estaba presente en algunos altos jerarcas de su partido. Pero el otro protagonista del embate, el juez Sergio Moro, el magistrado que ha cambiado el rumbo del país con su Operación Lava Jato, la investigación sobre la enorme trama de corrupción en la estatal petrolera, Petrobras, no encontró nada nuevo.


El ex presidente Lula, que es reo en cinco procesos, se sentó este miércoles en el banquillo para responder a la acusación de corrupción pasiva y lavado de dinero, por supuestamente haber recibido 3,7 millones de reales de la constructora Oas a cambio de favorecerla con una serie de contratos con Petrobras. Para la Fiscalía, comandada por Deltan Dallagnol, el ex mandatario habría gastado ese dinero en un apartamento en el litoral de San Pablo, reservado por la familia de Lula pero no comprado, y en el pago del alquiler de un guardamuebles que almacenaba regalos que el ex presidente recibió durante sus mandatos.


SIN PRUEBAS MATERIALES.

Sin embargo la acusación no ha presentado pruebas materiales, ni sobre el apartamento de Guarujá ni sobre la empresa de almacenaje, y tampoco hay rastros de que Lula intercediera en la firma de algún contrato entre Oas y Petrobras. A pesar de la falta de pruebas, el juez Moro siguió el guión de la Fiscalía, que aduce que el ex presidente “tenía que saber de todo ello”. En el caso del inmueble, porque su mujer quería comprarlo y debía habérselo dicho, y en lo relativo a los negocios entre la constructora y la petrolera, señalan que Lula en aquella época era el jefe del Ejecutivo y por tanto podía presionar para hacer ese tipo de favores.


Durante el interrogatorio Lula no se cansó de repetir que no sabía nada del apartamento, reconoció que su mujer, Marisa –fallecida hace tres meses–, llegó a estar interesada en comprarlo, pero que aquello no era motivo para inculparlo de algo: “¿Dónde aparece mi nombre en la escritura?”, increpaba el sindicalista, quien aprovechó para repetir en varias ocasiones que “ningún político en la historia del país fue tan perseguido” como lo estaba siendo él.


POLARIZACIÓN.


Sin nuevas pruebas sobre la mesa, este interrogatorio, que se vivió como una pelea de boxeo o una especie de final del Mundial de fútbol, ha demostrado una vez más el nivel de polarización ideológica que ha nacido en Brasil, especialmente en los últimos dos años.


Por un lado está el juez Sergio Moro, defendido por un movimiento ciudadano anticorrupción, que también estuvo a favor del impeachment a Dilma Rousseff y que se define fundamentalmente por un profundo antipetismo. Y por otro, Lula da Silva, símbolo de una izquierda todavía representada por el Partido de los Trabajadores, pero profundamente dividida, desprestigiada y en crisis. Y como telón de fondo la investigación del mayor escándalo de corrupción del país, por el que al menos una centena de políticos, tanto del gobierno como de la oposición, están inculpados. Sin embargo hasta ahora el juez Moro sólo ha sentado en el banquillo de los acusados al núcleo del PT, un hecho que el ex presidente Lula señala para argumentar que es víctima de una “persecución política”, algo que siempre repite.


Cada bando contó con su hinchada. El de Lula ganó por goleada. Al menos 60 autobuses y alrededor de 10 mil militantes del Movimiento Sin Tierra (Mst), del Frente Brasil Popular y de la Central Única de los Trabajadores (Cut) llegaron a Curitiba para mostrar el músculo del ex presidente. “Estamos aquí para defender nuestra clase, para defender a los pobres y también para defender a Lula”, comentó a Brecha Macário Umberlino da Silva,

campesino de 42 años que lleva tres décadas en un asentamiento del Mst a 200 quilómetros de Curitiba. La agricultora familiar Luciana Kaiser no concibe la posibilidad de que Lula pueda ser culpable: “No estamos preparados para eso, me daría mucha vergüenza que fuera así, lo dudo mucho”.

 

LA HINCHADA DE MORO.

 

A tres quilómetros del campamento improvisado que montaron los movimientos populares estaba reunida una treintena de manifestantes del movimiento ciudadano de apoyo a la Operación Lava Jato, antilulista. Con sus camisetas verde-amarelas, sus carteles con la caricatura de Lula vestido de presidiario y el eslogan “Lula a la cárcel 2018”, coreaban: “Ya acabamos con Dilma, ahora vamos a acabar con Lula”. Para este movimiento el juez Sergio Moro se ha convertido en una especie de “salvador de la patria”, así lo aseguraba la médica Carolina Araujo. “A Moro lo vamos a estudiar en los libros de historia, porque va a ser quien va a limpiar toda la suciedad de los políticos de este país”, decía esta curitibana que desde la semana anterior había cancelado todas sus citas para salir el miércoles a pedir “la prisión inmediata de Lula”.

 

LULA, EL CANDIDATO.

 

Después de ocho horas en pie, los militantes que habían venido desde varios puntos del país tuvieron su recompensa. Una vez terminado el interrogatorio, Lula da Silva decidió acercarse a la plaza Santos de Andrade para agradecer a sus seguidores “el cariño” que le habían demostrado. Si la ex presidenta Dilma Rousseff fue recibida con ovaciones y gritos de “Dilma, la guerrera del pueblo brasileño”, cuando Lula subió al estrado, con un rostro visiblemente cansado y la voz más tomada de lo habitual, generó un éxtasis entre la multitud que se encontraba en la plaza.


En un discurso emotivo dijo que antes de ser juzgado por la justicia quería “ser juzgado por el pueblo”. Recordó que su relación con los militantes no era la de un candidato con sus electores sino la de un “compañero de lucha” y recordó que su próxima batalla serán las elecciones de 2018: “Voy a devolver este país a los trabajadores”, gritó entre vítores, aplausos y fuegos artificiales.

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El sociólogo argentino, que ha investigado durante más de treinta años masacres y holocaustos en diferentes contextos históricos, dice que un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación.

 

Cuando Daniel Feierstein comenzó a estudiar el genocidio, lo hizo por sus raíces judías. La experiencia del nazismo lo atravesó y tuvo que comenzar a hurgar debajo de las almas y de los muertos para entender. Para entenderse. Para descifrar esa palabra creada por el judío polaco Rafael Lemkin, que la había inventado después de su investigación acerca del exterminio de armenios, sirios y griegos de manos del Estado moderno turco, pero que fue aceptada a nivel social y penal después de que exterminaron a su pueblo, en 1946, luego del holocausto judío. Las Naciones Unidas usaron el concepto para definir que “el genocidio es la negación o la destrucción de un grupo social a través del terror”.

Después de que Feierstein se zambulló en esa historia al otro lado del océano, al frente de él estaba pasando algo similar. Comenzó a observar lo que ocurría en su país: una dictadura que desaparecía, hostigaba y torturaba a sus detractores y que de a pocos fue eliminando a cada uno de ellos. Después de eso Feierstein no volvió a ser el mismo. Trabajó con organismos de derechos humanos en la Argentina para pelear una batalla bestial: contra la impunidad. Reabrió el proceso de juzgamiento a los involucrados en los crímenes y logró que se aceptara que esas muertes, esas desapariciones, eran un genocidio. “Mi vida tenía que estar dedicada a eso”, sentenció el sociólogo, que viene por primera vez a Colombia para presentar en la Filbo su libro “El genocidio como práctica social” (Fondo de Cultura Económica, 2011).

 

¿Por qué es importante haber creado el concepto genocidio?

Es fundamental la creación de ese concepto y después transformarlo en figura legal porque habla de una práctica muy distinta a todas las otras prácticas que conocíamos en el código penal. Un genocidio no es un homicidio, no es una suma de homicidios, no es una serie de masacres o de horrores, es algo muy específico que es el intento de destruir la identidad de un pueblo. No existía ningún concepto para abordarlo ni ninguna herramienta legal para abordarlo. Necesitábamos conceptualizarlo para poder enfrentarlo, no sólo legalmente. Para poder enfrentar cualquier práctica necesitas entenderla y para entenderla necesitas nombrarla.

 

¿Cuál es la diferencia entre masacre y genocidio?

Masacre es un término muy amplio que da cuenta de cualquier proceso de muerte masiva. Las masacres pueden ser espontáneas, pueden ser el resultado de una confrontación específica en alguna guerra, pueden ser la represión puntual de algún hecho; eso, obviamente no les quita su horror. Pero, lo que no hay en una masacre es la intención de usar el terror para destruir la identidad: la masacre, podría decirse, es una reacción, mientras que el genocidio nunca es una reacción, el genocidio es una intención planificada. Un proyecto para transformar la identidad de un pueblo.

 

En el caso colombiano, ¿qué caso podría tomarse como un genocidio?

Yo creo que en Colombia hubo varios genocidios. Lo que pasa es que no todo el conflicto armado fue el genocidio. Me parece que ese es el tema más delicado de este país, donde hubo simultáneamente un conflicto armado y un genocidio. El conflicto armado y el genocidio son dos cosas distintas. La guerra tiene determinadas características y determinadas lógicas que tienen que ver con la confrontación de distintos sectores sociales, mientras que el genocidio es otro tipo de proyecto que se propone la destrucción de la identidad. Ha ocurrido en distintos casos históricos, como el nazismo, lo mismo que pasa en Colombia: la guerra y el genocidio coinciden, es decir, ocurren en el mismo período histórico. Lo importante a nivel político es poder distinguir un momento del otro. Porque una guerra requiere un proceso de paz y de reconciliación entre quienes libraron la guerra, pero un genocidio no puede saldarse con impunidad ni reconciliación. Me parece que es fundamental distinguir esos dos procesos. Colombia vivió distintos momentos de prácticas genocidas, los dos más fuertes fueron toda la política dirigida a los sectores rurales, y sobre todo comunidades indígenas y campesinas, por parte del aparato estatal y los paramilitares, y luego, el caso más tratado jurídicamente, el de la Unión Patriótica. Son dos procesos que dejan claro su contenido genocida y, si bien se encuentran articulados con la guerra, sus objetivos no son los objetivos de la guerra. El aniquilamiento de la Unión Patriótica se hace en el contexto de un proceso de paz, cuando uno de los bandos en conflicto decide incorporarse al espacio político y transformarse en un partido. Por lo tanto, hubo una fuerte convicción del Estado para impedir esa posibilidad y lo hizo a través del terror y la persecución sistemática de sus miembros. Lo mismo ocurrió con el intento de transformar la estructura productiva colombiana a partir del ataque a determinadas comunidades indígenas o comunidades campesinas. Creo que el gran desafío del caso colombiano es poder distinguir entre estas dos situaciones. Creo que requieren políticas distintas.

 

¿Cuál es la importancia de distinguir qué fue un genocidio y qué fue parte del conflicto armado?

Una sociedad no puede avanzar con la impunidad de genocidas. El tejido social no puede sanar si los responsables de prácticas genocidas no se hacen responsables de las consecuencias de sus acciones. Si no son atravesados por el aparato judicial, si no son sometidos a la ley, es imposible que esas conductas no se sigan repitiendo. Mientras, en el contexto del conflicto armado existe la posibilidad de evaluar distintos acuerdos dentro de un proceso de paz para poder, de alguna manera, reconstruir el lazo social en función de que no es la misma gravedad de los hechos ocurridos en una guerra que el diseño sistemático de un proyecto de exterminio. Me parece que esa es la importancia de poder entenderlo. Básicamente hay que diferenciarlos para saber cómo abordar estos dos tipos de conflicto.

 

¿Qué hacer cuando el Estado no reconoce un genocidio?

Yo creo que lo más común es que los estados no reconozcan su responsabilidad en procesos genocidas. Ahí está la enorme importancia del conjunto de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los movimientos de los derechos humanos y, por supuesto, de la academia. Ellos deben intentar clarificar a la población, no sólo a los miembros del aparato estatal. Hay que aclarar lo ocurrido, tanto en una guerra como en un genocidio. El nivel de afectación de quienes sufren ese proceso es tan alto que lleva mucho tiempo poder percibir lo que ocurrió y poder ordenar dentro de la sociedad ese proceso. Sobre todo en un conflicto tan largo como el colombiano, en donde cada uno de sus factores ha tenido lógicas diferentes: desde la pelea por las tierras hasta el narcotráfico. La academia no puede ser abstracta: los conceptos sirven para actuar, así que en esos espacios se debe propender por la creación de esos conceptos. El sentido del conocimiento en cualquier disciplina es poder generar consecuencias en la acción, y creo que en ese sentido hay una responsabilidad enorme en las ciencias sociales. Es una responsabilidad de todos señalar cuál sería el camino más útil para la sociedad, más aún cuando el Estado va por donde no es.

 

En los últimos 14 meses han asesinado en el país a 120 líderes sociales, sobre todo de zonas rurales. ¿Podría decirse que es el inicio de un genocidio?

Ese trabajo de periodización que he realizado del genocidio en Colombia es muy difícil de distinguir, por la continuidad del conflicto. La pregunta sería: ¿es la etapa de un nuevo proceso genocida o es la continuidad de algo que ha concluido? Uno de los problemas actuales de este país es que no se ha detenido el paramilitarismo y esa debería ser la prioridad número uno en cualquier proceso de paz. Si se sigue garantizando la impunidad de quienes participaron en prácticas genocidas es muy difícil que se pueda detener la práctica genocida, por más que se detenga el conflicto. Porque son actores que se creen autorizados para continuar con esas prácticas. Lo bueno es que en Colombia sí ha habido procesos judiciales, en específico con el caso de la UP.

 

¿Los procesos genocidas tienen un “modus operandi”, comparten similitudes?

Por lo general, siempre hay una serie de cuestiones que se repiten en diferentes procesos genocidas. Una de ellas es el rol de las organizaciones paraestales. Esto es muy común y por lo general se encuentra en la etapa de hostigamiento. Pero los casos de Colombia y México, donde la relación del Estado y lo paraestatal nunca termina de quedar clara, son como una avanzada de una nueva modalidad de implementación del genocidio. En ambos países no hay un golpe militar que establezca un gobierno dictatorial, continúa la formalidad democrática y por eso la participación estatal es más mediada. En la mayoría de los procesos genocidas hay un momento de confusión donde operan las organizaciones paraestatales y luego, por lo general, el Estado asume la coordinación de ese proceso de exterminio. Acá, por el contrario, el aparato paraestatal nunca ha desaparecido y por eso el Estado se ha desentendido de unas prácticas que surgieron desde su propio riñón. Para que el Estado afronte sus nexos con el paramilitarismo va a tener que haber una revolución social.

 

¿Cuáles son los roles más importantes en los grupos que cometen genocidio?

En un genocidio hay distintos tipos de funciones. Lo más importante es poder desarmar al grueso de los que participan en un proceso genocida. Los principales no son los que lo diseñan, los que odian a aquella población que persiguen, sino los que obedecen. Todo un sistema montado sobre el sistema de la obediencia y de no hacerse responsable de las consecuencias de las acciones. Muchos de los genocidas no están contentos con lo que hacen, tienen problemas para asumirlo, pero lo resuelven desde la lógica de la obediencia. El elemento central para combatir la posibilidad de cualquier genocidio es poder construir en la población la idea de hacernos cargo de nuestros hechos y que en ese sentido tenemos la capacidad de oponernos a aquello que nos indigna. De resistirnos, de hacer lo que no queremos hacer. Lo que demuestra la historia de los procesos genocidas es que esto no necesariamente cuesta la vida. Hay mucha gente que se ha opuesto a procesos genocidas, a desempeñar tareas en esos procesos y se pierde el trabajo o hay un traslado —un tipo de castigo—. No es necesariamente algo que requiera un altísimo nivel de heroísmo, pero es algo que puede detener la maquinaria de la muerte.

 

Fuente: http://www.elespectador.com/noticias/cultura/hasta-que-el-estado-no-aclare-sus-nexos-con-el-paramilitarismo-el-genocidio-en-colombia-va-continuar-articulo-692264

 

 

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James Comey había ordenado una investigación sobre los posibles vínculos de la campaña del magnate con Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó el martes un terremoto político al destituir por sorpresa al director del FBI, James Comey, que había ordenado una investigación sobre los posibles vínculos de la campaña del magnate con Rusia en las elecciones de noviembre de 2016.


"El FBI es una de las instituciones más estimadas y respetadas de nuestra nación y hoy marca un nuevo comienzo para nuestra joya de la corona de las fuerzas del orden", afirmó Trump en una nota oficial emitida por su portavoz, Sean Spicer.


Spicer indicó que Trump "actuó basándose en las recomendaciones claras del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions", y señaló que "la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente".


El propio presidente envió una carta a Comey, quien se encontraba de viaje en California cuando estalló la noticia, en la que le informó de su destitución "con efecto inmediato".


"Aunque aprecio enormemente que usted me informara, en tres ocasiones distintas, de que no estoy bajo investigación, estoy de acuerdo con la conclusión del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar eficazmente el FBI", dice Trump.


De esa manera, el gobernante republicano hace en la misiva una aparente alusión a la pesquisa de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) sobre los nexos entre Rusia y la campaña electoral del magnate neoyorquino.


"Es esencial que encontremos un nuevojefe para el FBI que restaure la confianza del público en su vital misión de aplicación de la ley", zanja el mandatario en la carta, divulgada por la Casa Blanca.


Trump no explicó el motivo de su decisión, pero Rosenstein aclaró que el ya exjefe del FBI perdió su empleo por violar los principios del Departamento de Justicia al hablar públicamente sobre la investigación del manejo del correo electrónico por parte de Hillary Clinton cuando ejercía como secretaria de Estado (2009-2013).


El vicefiscal general se refirió a la rueda de prensa que Comey dio el pasado 5 de julio para anunciar que Clinton no sería imputada por usar servidores de correo electrónico privados para asuntos oficiales en su mandato como jefa de la diplomacia estadounidense, lo que despejó su camino como candidata demócrata a la Casa Blanca.


"La reputación y credibilidad del FBI han sufrido un daño sustancial, y ha afectado a todo el Departamento de Justicia", escribió Rosenstein en un memorando.


El anuncio del despido acaeció tras conocerse que Comey ofreció el pasado miércoles, bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos, datos erróneos sobre la investigación de los correos de Clinton que reabrió en octubre pasado, a escasos once días de las elecciones.


El día antes de la comparecencia de Comey, Trump escribió en la red social Twitter que el director del FBI era "lo mejor que le había ocurrido a Hillary Clinton porque le dio un pase gratis por tantas malas acciones".


Conocido por sus reacciones intempestivas, Trump conmocionó hoy a la clase política de Washington —que no esperaba el cese de Comey— al adoptar una decisión sin precedentes desde 1993, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, destituyó a William Sessions como jefe del FBI.


"Esto es nixoniano"


La medida evocó también la llamada Masacre del Sábado Noche, cuando Richard Nixon ordenó el 20 de octubre de 1973 el despido del fiscal especial Archibald Cox, encargado del caso Watergate, que en 1974 le convirtió en el único presidente de EEUU dimisionario.


"Este es un momento extraordinario en la historia estadounidense. (...) Es un grotesco abuso de poder del presidente de EEUU", aseveró el experto en asuntos legales de la cadena CNN Jeffrey Toobin, al asemejar el cese de Comey a la destitución de Cox.


La oposición también criticó duramente a Trump y el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, exigió la designación inmediata de un fiscal especial independiente que dirija la investigación de los vínculos de la campaña de Trump y el Kremlin.


"Esto es nixoniano", espetó el senador demócrata Bob Casey en referencia a Nixon, en tanto que el presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Pérez, tildó el despido de "vergonzoso abuso de poder".


Igualmente llegaron reproches desde algunos correligionarios republicanos de Trump, como el senador John McCain, que se declaró "decepcionado" por la destitución de Comey, a quien definió como "un hombre de honor e integridad".


Mientras el mundillo político de Washington era un hervidero, Comey cancelaba una intervención en un acto en Los Ángeles, tras recibir "por sorpresa" y "desprevenido" la decisión del presidente, comentó una fuente del FBI al diario The Angeles Times.


El escándalo de los correos electrónicos marcó la campaña electoral del año pasado y la propia Hillary Clinton llegó a culpar a Comey de su derrota en los comicios, que ganó Trump, por volver a suscitar dudas sobre su conducta a pocos días de la votación.


En su comparecencia ante un comité del Senado la semana pasada, James Comey aseguró sentir "náuseas" al pensar que su investigación a Clinton pudo impactar en el resultado de las elecciones.

Publicado en Internacional

La crisis de la democracia es hoy una evidencia a escala mundial. El Brexit, la elección de Donald Trump, el golpe de estado en Brasil... son síntomas evidentes de un fenómeno que cruza desde América Latina y Europa a los EEUU, pasando por África Asia, como Sudáfrica e India, entre otros.


¿Que factores afectan a países y continentes tan distintos para que la crisis de la democracia se exprese como fenómeno global y como un rasgo central del período político actual en el mundo?
Antes de todo, la financiación de la economía, elemento determinante del período marcado por la hegemonía del modelo neoliberal: la desregulación promovida por ese modelo llevó a la predominancia del capital financiero, bajo su forma especulativa, sobre el conjunto de las economías del mundo.


Esa predominancia tiene algunos rasgos destacables. El primero la subordinación del capital productivo al especulativo. La segunda, la promoción del sistema bancario como eje de las economías. La tercera, la baja tasa de crecimiento económico, con economías regularmente estancadas o en proceso de estancamiento, como reflejo de la hegemonía de un capital que vive del endeudamiento de los Estados, empresas y personas.


Otra de sus consecuencia es la apropiación del poder para tomar decisiones que nortean a las economías por parte del capital financiero, ya sea desde Bancos Centrales independientes o desde fuera de los gobiernos, vaciando el poder de decisión de los gobiernos sobre los temas económicos. Esa tendencia, que se venía dibujando a lo largo el tiempo, se consolida en la globalizan y tiene su auge en los gobiernos neoliberales, aunque su carácter estructural hace que aparezca también en los gobiernos antineoliberales, que tienen en ese elemento un limite para su acción.


La hegemonía del capital financiero, como elemento de estancamiento económico, impone la recesión como tendencia predominante. Las tasas de interés alto son uno de los factores que presionan en esa dirección, frenando la capacidad de recuperación del crecimiento de las economías. Por ello vivimos, desde hace ya algunas década, en un ciclo largo recesivo del capitalismo a escala mundial, que no tiene fecha para terminar, como se ve en el prolongamiento indefinido de la recesión en Europa.


Ese factor trasforma a las estructuras mismas de poder de la sociedad, expropiando a los gobiernos, como representaciones democráticas de la voluntad mayoritaria del pueblo, el poder de decidir sobre los rumbos de la economía. También por el hecho de que se trata de una tendencia global, que pesa desde fuera sobre los gobiernos nacionales de forma dura. Esa es una de las tendencias estructurales que producen la crisis de las democracias, sea en EEUU, en América Latina, en Europa, en Asia y en África.


Otro elemento que se esta expandiendo de forma vertiginosa en el mundo es la judicialización de la política. Conforme los gobiernos neoliberales pierden apoyo popular y tienden a perder elecciones, la derecha busca nuevas estrategias para oponerse a los gobiernos populares y a sus líderes, que defienden programas superadores del neoliberalismo.


Los casos de Argentina y de Brasil son muy evidentes. Se trata de intentar descalificar a los gobiernos antineoliberales y a sus líderes, con acusación de corrupción, desviando el debate sobre las grandes alternativas para los países – de que la referencia al neoliberealismo es central – para intentar sacar de la disputa política lideres que representan a ese modelo.


Las acciones son muy similares. Los medios y el poder judicial se unen para descalificar públicamente a líderes populares en base a sospechas, forjando rechazos públicos y desplazando la agenda central de los proyectos para el país hacia el tema de la corrupción.
Esas formas de acción son tratadas en las obras de Giorgio Agamben, sobre los Estados de excepción, y de John Comaroff sobre el lawfare.


La financiación produce mas concentración de renta, desigualdad y exclusión social. La judicialización promueve el descrédito en los sistemas políticos democráticos. En su conjunción, se producen las crisis de los sistemas políticos, como han existido hasta aquí. Se abre, así, un periodo marcado por la crisis de la democracia.

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Apenas fue aprobado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, concreción de lo acordado entre Gobierno y Farc, cientos de efectivos de las Fuerzas Armadas tomaron su lugar en la extensa cola que forman. En prisión se cuentan más de cinco mil, pero los que sus comandantes consideran que tienen derecho a la excarcelación suman un poco más de mil. ¿De qué se trata este Sistema y cuáles son sus restricciones?

 

El pasado 30 de diciembre del 2016, el Congreso de la República aprobó la ley 1820 que regula las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos, y se adoptan tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para agentes del Estado condenados, procesados o señalados de cometer conductas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado. Esta ley hace parte de la implementación normativa del Acuerdo de paz suscrito por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016.

 

La ley establece una serie de tratamientos penales alternativos para quienes se acojan a los compromisos establecidos por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición (Sivjrnr), en particular la realización efectiva de los derechos de las víctimas.

 

En relación con los Agentes del Estado se establece que no recibirían amnistía ni indulto1 por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y antes de la entrada en vigor el Acuerdo, sino que recibirán un tratamiento penal especial diferenciado simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo, que incluye entre otros aspectos la renuncia a la persecución penal que conlleva a la extinción de la acción penal, la responsabilidad penal y de la sanción penal, siempre y cuando no se trate de: i) Delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes, u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma; ii) Delitos que no fueron cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y, iii) Delitos contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor y la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.


La decisión de renuncia a la persecución penal debe ser adoptada por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción especial para la paz (JEP).

 

El régimen de libertades transitorias

 

De manera adicional, la ley estableció un régimen de libertades transitorias, condicionadas y anticipadas que se otorgarán entre otros, a Agentes del Estado que al momento de entrar en vigencia la ley cumplan los siguientes requisitos:

 

- Que los Agentes del Estado estén detenidos o condenados por delitos cometidos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.


- Que no se encuentren detenidos por delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores conforme al Estatuto de Roma, salvo que el beneficiario haya estado privado de la libertad un tiempo igual o superior a cinco (5) años, conforme alas sanciones alternativas en la Jurisdicción Especial para la Paz, que según el acuerdo de paz oscilan entre cinco (5) y un máximo de ocho (8) siempre que se cumplan con las condiciones del Sistema.


- Que solicite o acepte libre y voluntariamente la intención de acogerse al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz.


- Que se comprometa, una vez entre a funcionar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a contribuir a la verdad, a la no repetición, a la reparación de las víctimas, así como atender los requerimientos de los órganos del Sistema.


- El interesado debe suscribir un acta donde se compromete a someterse a la JEP, informar todo cambio de residencia, la prohibición de salir del país sin previa autorización de la JEP, y quedar a disposición de esta jurisdicción.


- La libertad condicional y anticipada no implica la definición de la situación jurídica definitiva en el marco de la JEP

 

Para este trámite se faculta al Ministerio de Defensa para consolidar unos listados de los miembros de la Fuerza Pública que cumplan con los requisitos para obtener dicha libertad, previa solicitud de información a las jurisdicciones penales ordinarias y penal militar. Una vez consolidadas las listas, deben remitir al Secretario Ejecutivo de la JEP, quien verificará los listados, podrá modificarlos de creerlo necesario, y verificar si las personas suscribieron el acta de compromiso y, posteriormente, comunicar al funcionario responsable del respectivo proceso penal sobre el cumplimiento de los requisitos, para que adopte la decisión de la libertad transitoria condicionada.

 

En relación con los miembros de las Fuerzas Militares y policial que lleven privados de la libertad menos de cinco (5) años, permanecerán en Unidades Militares o Policiales siempre y cuando se comprometan a acogerse a la JEP por los delitos de su competencia y cumplir con las condiciones del Sivjrnr.

 

En este marco jurídico y político, el pasado 13 de enero el Ministerio de Defensa Nacional emitió la resolución 130 mediante la cual creó un “Comité para la elaboración de los listados de miembros de la Fuerza Pública para la aplicación de la libertad transitoria, condicionada y anticipada y la privación de la libertad en unidad militar o policial”, y el 17 de marzo se anunció una nueva resolución con los listados consolidados de 817 militares que se verían beneficiados y el 29 de marzo se anunció una segunda lista de 257 más y se estableció que los listados tendrían un carácter reservado.


Rigurosos requisitos

 

Resulta de vital importancia que previo al otorgamiento de las libertades condicionadas y transitorias para miembros de las Fuerzas Militares, tanto el Secretario Ejecutivo, como el funcionario judicial bajo el cual se encuentre a disposición la persona, verifique con suma rigurosidad como mínimo los siguientes aspectos:

 

1. Que los hechos y la conducta punible por la cual esté investigado o condenado el Agente del Estado, tenga una relación con el conflicto armado. Al respecto el Acuerdo Final establece que “Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió”2.

 

Por tanto, debe existir un nexo causal verificable que establezca que la conducta se produjo con ocasión del conflicto armado y la diferenciación con los hechos de violencia política cometidos de forma masiva y sistemática por miembros de fuerzas estatales, paramilitares y terceros, contra sectores organizados del movimiento social, popular de derechos humanos y de oposición política por motivos sociales, políticos, económicos o militares, y que adquirieron la categoría de crímenes de lesa humanidad y de genocidio político, y si bien estos graves crímenes se perpetraron en el contexto del conflicto armado, no son producto del mismo, sino de la existencia de políticas al interior de sectores del Estado que “defienden unos valores políticos-sociales absolutos, y que quienes se oponen a ellos, se convierten en un “enemigo interno” de ese orden social y, por tanto, su eliminación es justificada”3. Distinguir entre uno y otro tipo de violaciones permite develar los planes y estrategias de eliminación de los contradictores políticos y del movimiento social, hace efectivo el derecho a la verdad y arealizar las reformas institucionalesque garanticen la prevención, lo cual incluye, entre otros aspectos, la depuración de servidores públicos comprometidos con estas violaciones para que estos hechos no se vuelvan a repetir.

 

2. Se establezca que las conductas no se cometieron con la finalidad de lucro o beneficio personal o contra el servicio, la disciplina, los intereses de la Fuerza Pública, el honor, la seguridad de la Fuerza Pública, contemplados en el Código Penal Militar.

 

3. Se distinga entre Agentes del Estado investigados y condenados por graves crímenes de DDHH o infracciones al DIH, en ambos casos se deben establecer los compromisos con Sivjrnr y de no cumplirse la pérdida del beneficio de la libertad condicionada. No obstante, debe haber mayor diligencia en la verificación del cumplimiento de los compromisos con el Sivjrnr de aquellas personas condenadas o detenidas por crímenes graves que hayan cumplido los 5 años de privación efectiva la libertad, o que sean conducidas a guarnición militar haciéndoles falta un tiempo corto para cumplir los 5 años, porque en estos casos es mayor el riesgo para los derechos de las víctimas.

 

De otra parte, no es suficiente que la persona condenada haya cumplido cinco (5) años de privación efectiva de la libertad para ser beneficiaria de la libertad condicional, dado que las sanciones según el acuerdo están entre 5 y 8 años, y debe haber un trato diferenciado para miembros de la Fuerza Pública u otros agentes del Estado por tratarse de servidores públicos que han defraudado la confianza pública depositada en ellos, lo cual conduce a ser merecedor de un mayor reproche penal.

 

4. El otorgamiento de la libertad condicionada y anticipada no puede implicar el levantamiento de la suspensión de funciones para el caso de integrantes de la Fuerza Publica, por que ello va en contravía del propio acuerdo que establece como garantía de no repetición la depuración de la función pública.


5. Mientras entra en funcionamiento la JEP, la concesión de las libertades transitorias para Agentes del Estado debe tener como presupuesto el compromiso pleno con la verdad, la reparación integral a las victimas y la no repetición de los crímenes cometidos. Para este efecto se deben establecer mecanismos efectivospara que los beneficiarios comparezcan al Sivjrnr, de lo contrario perderán el beneficio de libertad y deberá ordenarse la inmediata captura.

 

6. Se deben establecer mecanismos para evitar que los beneficiarios de la libertad condicionada se acerquen a las victimas, hagan declaraciones injuriosas contra ellas, o nieguen la ocurrencia de los hechos, entre otros aspectos. Este compromiso debe quedar por escrito y cualquier incumplimiento debe generar la revocatoria de la libertad condicionada.

 

Finalmente, las victimas deben gozar del derecho de conocerlos listados confeccionados por el Ministerio de Defensa, para que puedan aportar en el procedimiento de verificación de los requisitos previo al otorgamiento de la libertad condicionada. La centralidad de las victimas no puede ser un postulado vacío, sino que implicala participación real y efectiva en todos los procedimientos de la JEP, incluyendo las libertades transitorias condicionadas.

 

El Acuerdo de paz es una oportunidad para que los integrantes de la Fuerza Pública y otros Agentes del Estadoresponsables de graves crímenes puedan recibir unos beneficios penales a cambio de esclarecer la verdad plena, reconocer responsabilidades, reparar integralmente y establecer garantías de no repetición. El reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las victimas son condiciones sine qua nom para recibir los beneficios. Ningún tratamiento penal diferenciado puede conducir a un trato privilegiado, y cualquier incumplimiento implicará que la justicia ordinaria asuma las investigaciones y sanciones correspondientes, o será la justicia internacional la que tenga que juzgar estos graves crímenes.

 

1 Ver Artículo 9 ley 1820/2016
2 Nº 9 Párrafo 3. Acuerdo Final para la terminación del conflictoArmado y la Construcción de una paz estable y duradera. Noviembre 24 del 2016.
3 Garzon Valdes, Ernesto. “El Terrorismo de Estado”, en: Revista de Estudios Políticos, Nº 65. Julio-septiembre 1989, Madrid. p. 40.

Publicado en Edición Nº234

El fin de semana una niña de cuatro meses fue violada por un soldado del Ejército


Hace una semana un hombre le disparaba a su expareja en un centro comercial de Bogotá. El asesino, a pesar de haber sido condenado por un homicidio, estaba libre. Este fin de semana, el país se volvió a sacudir por varios casos de violencia. Esta vez, las víctimas eran niños. En el oriente de Colombia, una menor de 15 años fue degollada. En el sur, un par de hermanos fueron asesinados por su papá. En el centro, un soldado del Ejército violó a una bebé de cuatro meses de nacida y en el oriente una niña de tres años murió tras haber sido abusada y torturada. La ciudadanía volvió a poner en entredicho la efectividad del sistema de protección a menores y a cuestionar los castigos para estos crímenes.


Según cifras oficiales, cada 120 minutos se alerta de un hecho de abuso sexual en Colombia. De diez casos, en siete las víctimas son niños. El coronel Henry Cruz, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia, asegura que en el 80% de las denuncias, el agresor es una persona cercana. Entre enero y febrero de este año, los investigadores de esa dependencia policial recibieron 2.600 procesos por violencia sexual contra menores. La reciente condena de 51 años de cárcel contra Rafael Uribe, el asesino de una niña indígena de siete años, abrió el debate sobre cuál debe ser la penalización para este tipo de delitos y qué papel debe asumir el gobierno. “El Estado hace poco, o casi nada, para protegerlas y brindarles condiciones dignas de vida, que les garanticen un presente y futuro libre de violencias”, escribe la investigadora y feminista Olga Amparo Sánchez en La Silla Vacía. Ni una menos, la consigna que aparece cada vez que se conoce un nuevo hecho violento, se volvió a repetir durante todo el lunes en Colombia.


Durante el año 2016, el Instituto de Medicina Legal atendió 17.908 casos de menores remitidos por denuncias de presunto abuso sexual. El 2017 tampoco pinta bien. De enero a marzo habían recibido atención por aparente violación 4.315 menores de 17 años. Ver en detalle las cifras es aterrador. El mayor número de casos se presenta en niñas y niños entre los 10 y los 14 años. Le siguen los que están entre cinco y nueve. Los bebés también son víctimas. Casi 500 niños, desde recién nacidos hasta los cuatro años, tuvieron que ser sometidos a exámenes médicos por presunto delito sexual. Así de trágica comienza la vida de cientos de colombianos. La Fiscalía ha podido establecer que los principales responsables son personas que se ubican en la primera línea de cercanía (primos, tíos, amigos) y que la mayoría de victimarios son menores de edad. Niños que abusan de otros. La legislación colombiana establece como sanción máxima para un menor de edad una pena de ocho años y se aplica solo para el delito de homicidio.


En Colombia, la condena máxima es de 60 años de cárcel y muchas voces se han unido para pedir cadena perpetua contra los agresores de menores. Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (entidad estatal), ha tenido una de las posturas más fuertes en el tema. “Hechos tan aberrantes no pueden quedar impunes.

Hoy, más que nunca, ratifico mi propuesta de cadena perpetua para los abusadores de niños”, dijo este lunes. La furia ciudadana desatada en los recientes casos de violencia han puesto contra la pared a los agresores. El soldado que reconoció que había abusado de una bebé de cuatro meses estuvo a punto de ser linchado. La Policía tuvo que reforzar la seguridad en el edificio en donde estaban haciendo su judicialización por el delito de acceso carnal violento agravado con tentativa de feminicidio. La recién nacida permanece en cuidados especiales y tuvieron que hacerle una cirugia.


La indignación crece cada vez que se conoce un nuevo detalle. La justicia no parece estar a favor de las víctimas en Colombia. El hombre señalado de degollar a la niña de 15 años fue dejado en libertad. El juez consideró que al no haber sido capturado en flagrancia no podía permanecer retenido. Esto, a pesar de que como lo dijo la Policía, encontraron en su cuerpo rastros de sangre y la piel lastimada, consecuencia de un forcejeo con la víctima.

Bogotá 25 ABR 2017 - 13:35 COT

Publicado en Colombia

General Motors anunció este jueves que suspenderá sus operaciones en Venezuela y despidió a sus 2 mil 678 empleados después de que las autoridades confiscaron su fábrica en el país, medida que podría llevar al gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, a aplicar mayor presión a la república bolivariana.


La fábrica de GM en la ciudad industrial de Valencia fue confiscada este miércoles, en una decisión derivada de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de GM en el oeste de Venezuela que pedía a GM una compensación por daños y perjuicios por 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda.


GM dijo que esta semana se le notificó que una corte menor había ordenado la confiscación de su planta, las cuentas de banco y otros bienes en el país.


La planta no ha fabricado un solo auto desde 2015, pero GM tiene 79 concesionarios que emplean a 3 mil 900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por varias décadas.

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