Elor Azaria levantó su fusil y disparó a la cabeza a un palestino herido e inmóvil en el suelo en Hebrón. Sus compañeros estaban cerca, ya tranquilos, después de haber matado a un joven y herido a otro que les habían atacado con cuchillos minutos antes. Fue un asesinato a sangre fría en una situación ya controlada por otros militares. Nadie estaba en peligro cuando Azaria –que resulta ser un médico militar con rango de sargento– decidió tomarse la justicia por su mano.

El militar fue declarado culpable de homicidio en un consejo de guerra y el martes escuchó la pena que le correspondía: 18 meses, de los que probablemente sólo cumpla la mitad. El fiscal había pedido una pena de tres a cinco años de prisión. Azaria nunca mostró ningún arrepentimiento por sus actos.

Un periodista que siguió varios sesiones de la vista recuerda ahora que el desenlace era previsible. Los periodistas que cubrieron el juicio daban por hecho el resultado. “Azaria sería declarado culpable pero recibiría una pena relativamente menor. Había también rumores entre los periodistas que decían que los abogados de ambas partes eran parte de la solución. Después de todo, ese resultado era lo que convenía al sistema”.

El Ejército recibió duras críticas por llevar a juicio al sargento. Algunos ministros del Gobierno de Netanyahu consideraban a Azaria un héroe. Los militares no tenían otra alternativa. De lo contrario, cualquier soldado en el futuro habría hecho lo mismo saltándose las órdenes de sus superiores. Netanyahu apoyó en público la decisión de la cúpula militar, pero se apresuró a llamar a los familiares del acusado para mostrarles su solidaridad.

En realidad, Azaria fue procesado porque un vídeo rodado desde una casa cercana revelaba exactamente lo ocurrido. No había manera de dar otra versión ni de alegar que el sargento había disparado en defensa propia o para proteger a sus compañeros. Sin el vídeo, no habría habido juicio.

Después de la comunicación de la pena, un ministro del Likud pidió que el militar sea indultado. Pueden hacerlo el jefe de las FFAA o el presidente del país. Las encuestas indican que esa sería la opción correcta para la población judía de Israel.

Cualquier palestino que hubiera disparado a un israelí moribundo en el suelo habría recibido una condena de muchos años de cárcel. A finales de 2015, el Parlamento israelí reformó la ley para que los palestinos detenidos por lanzar piedras a vehículos o personas sean castigados por una pena mínima de tres años, que será superior si provocan daños físicos en las víctimas.

Disparar a matar cuando no hay ninguna razón que lo justifique tiene castigos diferentes en Israel en función de la identidad del autor. No ya según lo que pueda pensar la opinión pública, sino según los tribunales de justicia.

 

 

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Sábado, 18 Febrero 2017 07:04

La familia siempre gana

 

En 2001, el Correo Oficial de la República Argentina privatizado a favor del Grupo Macri, dio quiebra y la empresa Socma, su gestionadora, se declaró insolvente. Quince años después Mauricio Macri, cuyos hijos tienen a su nombre las acciones de la empresa, acepta una quita de deuda de 70 mil millones de pesos a pagar en 2033. Los fiscales imputaron al presidente por fraude al erario público.

Los negocios familiares siguen dando dolores de cabeza al presidente argentino. Apenas iniciada su gestión saltó el caso de los Panama Papers, que lo contó entre los principales protagonistas en los medios del mundo por sus cuentas secretas y oscuras en los bancos panameños junto a su familia. Ahora es la condonación del 98 por ciento de una deuda de 4.000 millones de pesos que el Grupo Macri, fundado y capitaneado por su padre, Franco, tiene con el Estado por haber quebrado al correo argentino, empresa estatal privatizada en tiempos de Carlos Menem, durante los años noventa. La cifra sube a 70 mil millones si prospera el escandaloso acuerdo de pagar en 2033 la deuda: a esa fecha Macri acumularía en total 70.163 millones de pesos a pagar al erario público.

El caso fue destapado por la publicación digital Nuestras voces, conducida por la periodista Gabriela Cerruti, el miércoles 8, el día del cumpleaños del presidente. Según la reconstrucción del periodista Ariel Lijalad, el expediente por la quiebra del correo argentino lleva 15 años paralizado en los tribunales porque las propuestas de pago del Grupo Macri eran consideradas abusivas por el Estado nacional. Por eso el 19 de mayo pasado –con Macri ya en el gobierno– fue el Estado el que solicitó una nueva audiencia y adelantó que “podría prestar conformidad a un acuerdo de pago en caso de mejorarse la propuesta”. El 28 de junio el Grupo Macri volvió a ofertar en términos similares y los representantes del Estado aceptaron la oferta de pago constituida por el 1,18 por ciento de los 70.163 millones de pesos de deuda a pagarse en 15 cuotas anuales a partir de 2018. La quiebra fue dictada en setiembre de 2001 y los Macri terminarán de pagar así 32 años después.

El 30 de diciembre pasado la fiscal general Gabriela Boquín emitió un dictamen en el que considera lesivos para el erario público e ilegales jurídicamente los términos en que el acuerdo fue homologado: quien firmó a nombre del Estado es un funcionario nombrado transitoriamente por seis meses y que no cuenta con los poderes necesarios para representar el cargo.

El estallido del escándalo llevó a que el fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitara la imputación de Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Mocoroa, como autores penalmente responsables de conductas delictivas respecto del concurso sobre el correo argentino por perjuicios al Estado nacional. Ahora será el turno del juez federal Ariel Lijo de avanzar a partir de este pedido del fiscal.

Desde el miércoles 8 se presentaron cuatro denuncias contra Macri por este tema. Dos se tramitan en el juzgado de Lijo, otra en el del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la restante en el del juez Alfredo Martínez de Giorgi, pero todo indica que se unificarán en un solo expediente a cargo de Lijo.

Los números de la quita surgieron de la investigación realizada por la fiscal Gabriela Boquín a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), a cargo de la especialista en cuestiones contables Judith König, también funcionaria de la Procuración General de la Nación.

La historia es compleja e intrincada y merece la atención de la justicia económica: cuando a Franco Macri le reclamaron el pago de la deuda, en 2001, aseguró que él ya no era titular del Grupo Macri, pero las acciones de Socma, parte del Grupo Macri y empresa controladora del correo argentino, estaban en manos de la familia. Franco cedió sus acciones a Mauricio pero se quedó con el usufructo vitalicio de ellas. Mauricio, a su vez, las delegó en sus hijos Jimena, Juan Francisco y Agustina. Las acciones de la empresa siguen en manos de la familia Macri y por eso la fiscal Boquín considera necesario frenar el acuerdo e investigar si en última instancia el beneficiario de la quita de la deuda no es el mismísimo presidente Mauricio Macri.

 

LA PROCURADORA EN LA MIRA.


El escándalo del correo vuelve a avivar el encono del gobierno macrista con la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, a quien desde el mismo 10 de diciembre de 2015, día de la asunción del actual gobierno, intentan desplazar. El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue directo cuando pidió a Gils Carbó que diera un paso al costado en sus funciones. La funcionaria fue nombrada por el gobierno de Cristina Fernández en 2012 con el aval en pleno del parlamento nacional, que destacó su “foja de servicios impecable y su nivel académico apto para asumir el cargo de procuradora” . Gils Garbó es, además, la primera mujer en acceder a ese puesto en el país. Según la Constitución la funcionaria puede permanecer en el cargo hasta los 75 años, salvo que sea removida por inconductas en su accionar como funcionario público por el parlamento nacional.

En su avance sobre las instituciones y funcionarios, el macrismo tiene en Gils Carbó una espina clavada. Como los embates de Garavano para desestabilizarla no dieron fruto, es ahora el hombre fuerte de Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien tomó a su cargo la tarea. “En cuanto pase el vendaval por el caso del correo, seguramente Peña va a tomar las riendas del asunto para sacar a la procuradora”, dijo un diputado del oficialista partido Pro a Brecha en charla informal.

En el parlamento todo el arco opositor condenó el acuerdo firmado el año pasado para condonar la deuda al Grupo Macri y pidió explicaciones al presidente y su ministro Oscar Aguad, a la sazón viejo amigo del genocida Luciano Menéndez en Córdoba. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, consideró ruin el pacto y pidió dar marcha atrás. En el kirchnerismo y la izquierda las protestas han sido similares.
La reacción del oficialismo corrió por boca de Marcos Peña, que pidió una reunión urgente con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, encargados de homologar o no el acuerdo con el correo. Presumiblemente correrán las presiones del Poder Ejecutivo: no se entiende otra motivación de reunirse con los jueces de parte de un gobierno que asumió pidiendo independencia para el poder judicial.

 

Recuadro

 

Borratina


El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se sumó hace dos semanas a la movida oficial de menospreciar, cuando no directamente negar, el genocidio de la dictadura militar de 1976. “No hubo un plan sistemático de parte del gobierno (de Jorge Videla), sino que hubo excesos y descontrol en las acciones de los jefes militares”, sostuvo en un programa de televisión, desconociendo fallos judiciales y sentencias de los últimos 13 años sobre el genocidio argentino.
“No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, agregó en relación con la cantidad de desaparecidos. Pese a que generó un pedido de renuncia firmado por parte de todos los organismos de derechos humanos, el gobierno se limitó a decir, por medio del jefe de gabinete, Marcos Peña: “no compartimos sus dichos”. Y Gómez Centurión, un ex militar carapintada que complotó con Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1987), sigue en su cargo.

 

 

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La justicia de Nicaragua exige que el multipremiado poeta pague 800.000 dólares por una confusa causa de 2006 y la asociación mundial de escritores pide que "cesen los hostigamientos"

 

 La justicia de Nicaragua reanudó una demanda contra el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal por una supuesta multa de 800.000 dólares en concepto de “daños y perjuicios” por una disputa relacionada con la propiedad de unos terrenos del archipiélago de Solentiname, precisamente donde Cardenal escribió “El Evangelio en Solentiname” en 1975. El poeta ya denunció que este conflicto judicial es “una persecución política en su contra” y la asociación mundial de escritores, PEN Internacional, exhortó a las autoridades nicaragüenses a “cesar el hostigamiento”.

La causa contra el multipremiado poeta, autor de "Epigrama" y "Oración por Marilyn Monroe", se inició en 2005 por una demanda de Nubia del Socorro Arcia Mayorga, ex administradora del Hotel Mancarrón. Esta propiedad había sido una escuela construida por fondos de la cooperación alemana después de la dictadura de Anastasio Somoza, pero mucho antes del triunfo de la Revolución Sandinista había sido adquirida por Cardenal para fundar una comunidad de campesinos a quienes, además de enseñarles a leer y escribir, les enseñó pintura y artesanía.

En la década de los noventa, tras la derrota electoral del sandinismo, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname decidió convertir las instalaciones de la escuela en un hotel, administrado por Alejandro Guevara, un campesino formado por Cardenal. Guevara murió y la asociación decidió nombrar a Arcia Mayorga, su viuda, como administradora. La mujer reclamó el hotel como herencia y en 2002 decidió demandar al poeta.

En 2008, la acusación llegó al climax y el poeta denunció en una carta pública que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, estaban usando la querella legal para perseguirlo políticamente porque él había cortado todo vínculo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Cardenal se enteró el viernes pasado en La Gaceta, el diario oficial, que se le exige pagar una suma de 800 mil dólares, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por supuesto incumplimiento de contrato a Arcia Mayorga. “La persecución política es incesable, las calumnias y falsas reclamaciones económicas, por una justicia subjetiva a los intereses políticos del actual gobierno Ortega/Murillo”, escribió a las pocas horas el poeta en su cuenta de Facebook. Y agregó: “Si yo guardo silencio ante semejantes ataques políticos, ¿quién será el siguiente?”.

En un comunicado, el PEN, presidido por la novelista Gioconda Belli, expresó su más “rotunda solidaridad” con el “ícono” de América Latina.“Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución", sostuvo la organización.

También el escritor Sergio Ramírez, premio Internacional Carlos Fuentes y Premio Alfaguara de Novela, deploró el fallo “por un proceso que le iniciaron hace tiempo”. “El poder quiere humillarlo y dejarlo en la calle. Su casa es el único bien que posee en esta tierra y cuando lo subasten, no servirá que sepan que por esa puerta pasaron Gunter Grass, Graham Greene, García Márquez o Julio Cortázar”, expresó Ramírez.

 

 

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Constancia dirigida al Congreso de la República por la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Colectivo de Abogados José Alvear sobre graves irregularidades en la tramitación del Proyecto de Acto Legislativo sobre la regulación de la Jurisdicción Especial de Paz y el Trato especial para miembros de la Fuerza ¨Pública del Estado en el marco de la justicia transicional.

 

Consideraciones sobre Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de Cámara de 2016: “La participación en la implementación de los Acuerdos de paz es un derecho de las víctimas”.

 

La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos valora positivamente el gran esfuerzo que el Congreso de la República está comprometiendo en pos de la implementación del Acuerdo Final de Paz celebrado a fines del 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y por sacar adelante una reglamentación que garantice de la mejor manera el compromiso estatal de cumplimiento a los acuerdos y la vigencia efectiva de una paz justa y sostenible con garantías amplias para las víctimas del conflicto y para el restablecimiento del Estado de Derecho. En esta dirección la pronta aprobación y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Paz será un aporte esencial al impulso del proceso de paz para facilitar la rendición de cuentas por parte de todos quienes se vieron comprometidos en graves crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado interno. Sin embargo, con relación al actual Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 (Cámara) acumulados, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos quiere expresar algunos motivos de preocupación y sus respectivas recomendaciones.

La presente intervención estará dirigida a: (I) Reiterar la importancia de la participación de las víctimas en el debate legislativo y los distintos mecanismos del del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR); (II) solicitar que se reconsidere la incorporación de contenidos a los Proyectos de Acto Legislativo de la presente que contravienen los principios de autenticidad, bilateralidad y simetría de los Acuerdos de Paz; (III) presentar algunas consideraciones sobre el tratamiento a la Fuerza Pública en el marco del Estatuto de Roma, entre otras disposiciones del Derecho Internacional, y finalmente, un análisis de los aspectos más preocupantes del Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 (Acumulado) con la formulación de las respectivas recomendaciones que permitan enmendar y corregir las evidentes e injustificadas asimetrías y desequilibrios consagradas en favor de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado implicados en graves crímenes en el contexto del conflicto armado interno.


Queremos llamar la atención sobre varios principios del Derecho Internacional de Derechos Humanos que deberían ser tenidos en cuenta al momento de discutir la incorporación constitucional y reglamentación del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y que no han sido plenamente respetados, entre ellos: la participación de las víctimas, las garantías de no repetición y la diferenciación de responsabilidades entre actores. Igualmente, advertimos que principios propios del proceso de paz como la autenticidad, la bilateralidad y simetría del tratamiento, que deben orientar el debate legislativo en el curso de los Proyectos de Acto Legislativo número 02 de 2016 Cámara, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución aplicables a los agentes del Estado para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”, acumulado con el Proyecto de Acto Legislativo número 03 de 2016, “por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones” no han sido cabalmente respetados.

 

Participación de las víctimas en el SIVJRNR

 

A continuación, queremos sustentar la importancia de que las víctimas y organizaciones defensoras de sus derechos puedan participar tanto de los debates legislativos de implementación del Acuerdo Final, como de los mecanismos del Sistema Integral. Esto por dos motivos: 1) dado que según experiencias internacionales la participación de las víctimas facilita el éxito y cumplimiento de los Acuerdos 2) dicha participación es acorde a los compromisos de Colombia en materia de protección a los DD.HH.

Primero, las experiencias internacionales de procesos de paz que han protegido exitosamente los derechos de las víctimas demuestran la necesidad de garantizar que estas sean el centro del Acuerdo y su implementación. En el Acuerdo de Irlanda del Norte (1) se creó una Comisión de Víctimas la cual reconoció “el derecho de las víctimas a la memoria, así como a contribuir con el cambio de la sociedad.” (2) Dicha Comisión reportó la situación de 3600 víctimas y de 40000 personas heridas durante el conflicto. En mayo de 1998, la Comisión se encargó de hacer recomendaciones al Gobierno sobre cómo debían ser las compensaciones de las víctimas, lo cual desencadenó una revisión del Sistema de Compensaciones a Daños Criminales. En Liberia, por su parte, se estableció la creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación (3), que tuvo efectos directos con la participación de las víctimas sobre cómo debían ser perseguidas las graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales. Estas recomendaciones se implementaron efectivamente en la Asamblea Legislativa Transicional del 12 de mayo de 2005 (4). De estos casos se observa que el cumplimiento de lo Acordado debe ser rápido y debe garantizar la participación y recomendaciones de las víctimas, incluso en la formulación de leyes, para asegurar el logro de una paz estable y duradera.

Como contrapartida, donde los Gobiernos no han implementado adecuadamente medidas para la participación y reparación de las víctimas, el conflicto se ha intensificado. En el Pacto Nacional del Norte de Mali se previó la creación de un fondo de asistencia y compensación a las víctimas de civiles y militares que fueran identificadas por una Comisión Independiente de Investigación (5), el cual nunca fue implementado mientras Mali sigue hundida en el caos (6). En Sierra Leona, igualmente, se previó la Creación de un fondo para la reparación de las víctimas, el cual nunca fue implementado por la falta de voluntad política y debido a que los fondos de la cooperación internacional no fueron suficientes (7) -pese al clamor de las organizaciones de víctimas. En el caso del Acuerdo de Guatemala (8), la falta de participación de las víctimas y de voluntad del Gobierno de atender las recomendaciones de la Comisión de Clarificación (9), llevó a que las compensaciones apenas se comenzaran a implementar hasta 12 años después de firmado el Acuerdo. Esto sucedió tras sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando a Guatemala (10) y luego de la intensificación de la violencia (11).

Las experiencias internacionales de otros procesos denotan la importancia de las recomendaciones de las víctimas sobre el derecho a una reparación integral, la verdad y la justicia para la implementación exitosa de un Acuerdo de Paz.

En segundo lugar, el ordenamiento internacional promueve enérgicamente garantías básicas en procesos de justicia transicional para las víctimas, entre ellas, su participación. Así se afirmó en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición: “Existen muchos motivos para incluir [a las víctimas] a los procesos de participación en el diseño y ejecución de los programas de reparación. Por ejemplo, esos procesos pueden contribuir positivamente a que los programas sean integrales y puedan hacer de cada víctima un beneficiario.” El Relator llama la atención en el caso de Colombia de la falta de garantías a la vida de defensores de derechos humanos, entre ellos, reclamantes de reparación, como una violación grave del derecho de las víctimas a participar (12). Lastimosamente, desde que empezó a implementarse el Acuerdo se han presentado muertes de líderes de víctimas y defensores de DD.HH.

En un enfoque de Justicia Transicional Integral, la participación de las víctimas no se limita a hacerlas receptoras de reparaciones administrativas o judiciales, sino que ellas juegan un rol activo para definir cuáles son sus expectativas del aparato estatal, recuperar así la confianza en las instituciones y contribuir al desarrollo. Así lo ha reafirmado otro Informe del Relator Especial: “La importancia que tienen para el desarrollo las medidas de justicia de transición reside en la posibilidad de responder a las expectativas normativas de las víctimas de violaciones de derechos humanos en el pasado así como de otras víctimas, con lo que se contribuye a fortalecer la iniciativa, la capacidad para actuar de forma coordinada y la participación de las víctimas y del resto de la sociedad en los procesos de desarrollo. En este contexto, el Relator Especial insta a los Estados a que adopten un enfoque integral de la justicia de transición.” (13).

De ahí que reiteradamente se sostenga que la participación de las víctimas en el proceso de diseño e implementación de la justicia transicional asegura la efectividad de las políticas para combatir la impunidad y garantiza que se responda a las necesidades actuales de las víctimas (14).

En suma, dicha participación implica que deban abrirse las puertas para que las víctimas realicen aportes a los mecanismos de implementación que puedan reforzar su protección. Tanto en los debates posteriores, y en la reglamentación, esta participación debe ser garantizada en todas las etapas. Se debe garantizar su participación dentro de los procedimientos del Sistema Integral y demás puntos acordados, culminando con el litigio mismo en la JEP, específicamente bajo la constitución de sujeto o parte procesal, con facultades reales y explícitas de participación y controversia de las decisiones. Bajo ningún entendido puede agotarse su participación con la participación del Representante de la Mesa Nacional de Víctimas en las Sesiones del Congreso, dada la pluralidad de las visiones y preocupaciones de este sector.

Bilateralidad, autenticidad y simetría, principios irrespetados en el proyecto de acto legislativo 02 y 03 acumulados de 2016.

Además, llamamos la atención sobre la inconveniencia de la acumulación de estos Proyectos de acto legislativo y algunas de las modificaciones que se han introducido en los informes de ponencia para la implementación de los Acuerdos en tanto que afectan los principios de autenticidad, bilateralidad y simetría que fueron formulados en el Acuerdo Final.


Con relación a la bilateralidad, tenemos que mientras que el SIVJRNR fue pactado en la Mesa, el tratamiento para agentes estatales tiene su origen en una iniciativa exclusivamente gubernamental que contraviene el sentido original de los Acuerdos. Los Congresistas y el Gobierno Nacional están equiparando injustificadamente un compromiso que el Gobierno Nacional suscribió unilateralmente (15) y de manera contraria al espíritu de bilateralidad que guió el Acuerdo Final. Es decir, contrario al conjunto de disposiciones que sí fueron discutidas y acordadas de buena fe en los Diálogos de La Habana entre las partes, con la participación de las FARC-EP, víctimas, líderes políticos y de la sociedad civil y que fue sometido a un procedimiento de refrendación popular avalado por la Corte Constitucional.


Por otra parte, el principio autenticidad remite a la idea de que la reglamentación debe atender a lo pactado. Sin embargo, se han introducido una serie de medidas que no estaban en los Acuerdos y contradicen su espíritu. Por ejemplo, la exclusión de la acción de repetición y del llamamiento en garantía para los miembros de la Fuerza pública. La cual se encontraba establecida en el artículo 90 de la Constitución Política, que señala que, en caso de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. También se excluyó la obligación de los miembros de la Fuerza Pública de reparar monetariamente a las víctimas y se les habilitó para que pudieran ocupar cargos públicos o ser contratistas del Estado, incluso si perpetraron graves crímenes.

Sobre la simetría de las sanciones y del tratamiento jurídico a los agentes estatales, llamamos la atención que el gobierno morigeró dicho principio, no en favor de la responsabilidad especial que les asiste a estos en su calidad de garantes, sino de concederles beneficios punitivos injustificados. En el Acuerdo Final se hizo mención explícita a que su posición de garante como criterio para evaluar este trato: “El componente de Justicia también se aplicará respecto de los agentes del Estado que hubieren cometido delitos relacionados con el conflicto armado y con ocasión de éste, aplicación que se hará de forma diferenciada, otorgando un tratamiento equitativo, equilibrado simultáneo y simétrico. En dicho tratamiento deberá tenerse en cuenta la calidad de garante de derechos por parte del Estado.” (Subrayas propias)

No obstante, según el Compromiso asumido unilateralmente por el Gobierno Nacional y el Informe de Ponencia, se modificó el régimen de responsabilidad de la fuerza pública relativizando sin ninguna justificación dicho principio: En virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los Miembros de la Fuerza Pública que hubieren realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado, y simultáneo.” (Subrayas propias) Modificación que se entiende injustificada cuando las diversas proposiciones aprobadas por el Gobierno Nacional hasta ahora sólo han aliviado las cargas de los agentes estatales de reparar a las víctimas o asumir su responsabilidad en casos de graves violaciones.

Con el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 acumulados de 2016, así como en algunas disposiciones de la Ley 1280 de 2016 de Amnistía e indulto, se establecen algunas medidas que contradicen el sentido del Acuerdo Final y su bilateralidad, el papel de garante de los agentes estatales y las garantías básicas de no repetición para este tipo de crímenes.

 

Responsabilidad de Agentes Estatales y Principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos

 

En tercer lugar, y con relación a la responsabilidad de agentes estatales, si bien se menciona en la motivación del Acto Legislativo el respeto a los estándares de derecho internacional aplicables, en la redacción se desconocen algunos de ellos, como el sentido integral del artículo 28 del Estatuto de Roma sobre la responsabilidad del superior, que podría tener implicaciones en la investigación y judicialización del conjunto de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ejemplo en la investigación de máximos responsables en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

En atención a la normativa internacional, el principio de responsabilidad del superior jerárquico, ha sido incorporado en múltiples decisiones de jueces penales y de la Corte Suprema de Justicia en aplicación del artículo 25 del Código Penal. Ahora bien, en el caso de mayores responsables no militares, sean servidores públicos de carácter civil, con funciones de control de orden público y autoridad policial o militar se omite la mención al tratamiento a recibir, caso en el cual se deben aplicar los estándares nacionales e internacionales sobre responsabilidad penal ya sea por acción u omisión, tal como ha sido aplicado por tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (16).

También se establece en el proyecto de Acto Legislativo, que para la determinación de la responsabilidad de mando en la Jurisdicción Especial para la Paz se aplicará en el caso de miembros de la Fuerza Pública el Código Penal colombiano y el Derecho Internacional Humanitario como ley especial, mientras se omite como marco de aplicación el derecho internacional de los derechos humanos, contrariando los fallos de la Corte Constitucional (17) y tribunales internacionales (18) en la materia.

Además, contrario a la técnica jurídica, en el proyecto se elevan a rango constitucional las reglas operacionales de la Fuerza Pública. Ello podría tener implicaciones contrarias a los derechos de las víctimas, puesto que podría llevar a la tergiversación de la normativa humanitaria. Ya se ha intentado en otros proyectos de ley, invocar el derecho operacional para incluir figuras como “blanco legítimo” o “daño colateral” excluyentes de responsabilidad penal.

Reiteramos que en estas discusiones se garantice la participación de las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus organizaciones, la atención a los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Pese al enorme entusiasmo y compromiso que han asumido las víctimas y organizaciones de la sociedad civil con la defensa del proceso de paz, el Gobierno Nacional y Congreso de la República están desconociendo su relevancia en el principal escenario de debate democrático y vulnerando los principios básicos de autenticidad y bilateralidad que inspiraron el logro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una paz estable y duradera.

IV. El principio de Inescindibilidad de la JEP que se menciona no se ve reflejado en las disposiciones del Proyecto de Acto Legislativo sobre el Trato a los Miembros de la Fuerza Pública. Preocupaciones y Recomendaciones

El Artículo 18 del proyecto dice basarse en el carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz. En realidad, las disposiciones contenidas en el Proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 de 2016 (Cámara) han terminado consagrando un régimen que sí es diferenciado y separado del consagrado para los miembros de las organizaciones insurgentes desmovilizadas, pero que ante todo les provee a los miembros de la Fuerza Pública un régimen asimétrico de privilegios, inequitativo con su obligación de rendir cuentas ante las víctimas, y desequilibrado con el trato que se dará frente a los demás sujetos que sometan al Sistema en lo referente tanto al marco legal aplicable, como a los criterios de responsabilidad de los mandos implicados y mucho más favorable para los agentes estatales en cuanto a su obligación de reparar a las víctimas y con consideraciones mucho más favorables en cuanto a las sanciones aplicables y sus consecuencias.

4.1. El Marco legal aplicable a los agentes del Estado no se corresponde con el marco legal aplicable a los miembros de las organizaciones insurgentes. Este trato asimétrico se deduce del hecho de que el proyecto consagra que las conductas de quienes se sometan al sistema se basará en el Código Penal Colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y de Derecho Internacional Humanitario (DIH), pero para el caso de los miembros de la Fuerza Pública, dispone que “se tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normatividad legal”.

Estas reglas operacionales del Ministerio de Defensa no han sido avaladas por ninguna instancia autorizada de aplicación y validación del derecho internacional público, a pesar de esfuerzos que ha desplegado por hacerlas aparecer como una novedosa rama vinculante y aplicable como norma esencial del derecho de los conflictos armados. Su compatibilidad con el Derecho Internacional Humanitario es bastante cuestionable, y su aplicación ha conducido a prácticas sistemáticas y generalizadas de vulneración tanto de las obligaciones sustanciales de derechos humanos como como los compromisos básicos en materia de derecho internacional humanitario. Prácticas como las ejecuciones extrajudiciales en su modalidad de falsos positivos, perpetradas de manera sistemática en el pasado reciente, y estrategias de conformación, apoyo y articulación con organizaciones paramilitares, -no sólo en el combate anti-insurgente sino también en el trato a sectores de la población civil que se han visto afectados por sus conductas operacionales-, han sido no sólo constatados sino también sancionados tanto nacional como internacionalmente por distintas instancias de protección de los derechos humanos. En este sentido no puede calificarse como “derecho” a ese conjunto de prácticas, que en esencia buscan relajar o distorsionar el marco de obligaciones internacionales vinculantes pertenecientes tanto al ámbito del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) como al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cuyos criterios de interpretación autorizada están consagrados en el derecho internacional público, y por lo tanto no pueden acomodarse o sustituirse según las valoraciones o intereses institucionales por el mando militar de ningún país ni por sus asesores en los ministerios de defensa nacional.

La apelación amplia a nociones como los “blancos legítimos”, los daños colaterales o emergentes, la vinculación de civiles a operaciones militares, la institución de recompensas por bajas y otras figuras, evidencian que estas nociones operacionales pretenden anteponer la eficacia militar a las limitaciones y restricciones propias del marco de obligaciones impuestas tanto por el Derecho Internacional Humanitario como por el Derecho Internacional de los Humanos. No puede constituir derecho aplicable un marco de doctrina que pretende anteponer el primado de la necesidad militar o la eficacia operacional sobre las restricciones impuestas por el principio humanitario y las obligaciones de proteger la vida humana en todas las circunstancias.

De otro lado, la compatibilidad de las normas operacionales del Ministerio de Defensa con la legalidad vigente, no es ninguna garantía de su sujeción a los imperativos del DIH y menos a los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de Derechos Humanos. Recuérdese que muchos de los manuales, directrices e instructivos para las operaciones contrainsurgentes de la Fuerza Pública han sido redactados a la luz del concepto del “enemigo interno” y en desarrollo de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Gran parte de estos manuales son de carácter secreto y ultra- secreto, y su desclasificación se ha negado, incluso desconociendo ordenes de altos tribunales, con el argumento de que muchas de sus disposiciones aún continúan vigentes. En algunos de esos manuales se favorece la conformación de organizaciones paramilitares, prácticas que favorecen las desapariciones forzadas, torturas o imponen la reserva para el encubrimiento de graves crímenes en materia de derechos humanos. De suerte pues, que la compatibilidad de la normatividad operacional a las restricciones o limitaciones vinculantes impuestas por el Derecho Internacional Humanitario.


En consecuencia nuestra recomendación es la supresión del párrafo 2 del artículo 19 del Proyecto y de la expresión “y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal” contenida al final del primer párrafo de artículo 21 del Proyecto.

4.2. Mientras el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se exige para la determinación de la responsabilidad de los miembros de las guerrillas en proceso de paz, se suprime como marco para determinar la responsabilidad de los mandos de la Fuerza Pública. El Proyecto suprime el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para la determinación de la responsabilidad de los miembros de la Fuerza Pública. Esta supresión resulta inaudita a la luz del principio internacionalmente reconocido de que son las autoridades y agentes estatales quienes tienen el papel de garantes de la aplicación y vigencia de los derechos humanos, en tanto obligaciones que cada Estado asume frente a sus súbditos. Por el contrario, a los miembros de las organizaciones ilegales tradicionalmente se les ha asignado una responsabilidad principal con el acatamiento de las normas y principios del Derecho Internacional Humanitario. El artículo 21 del proyecto de ley pone de cabezas esta situación e invierte la lógica de la aplicación de estos marcos normativos, haciendo a las guerrillas garantes de la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en tanto que sustrae a los agentes del Estado de su obligación de garantizar el DIDH y limitando su responsabilidad al ámbito exclusivo del DIH.

En el fondo de esta supresión se encuentra la concepción de que en tiempos de guerra los agentes estatales solo deben aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y reservar el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para los tiempos de Paz. Esta concepción es totalmente equivocada. La comunidad internacional acepta hoy de manera generalizada que, dado que las obligaciones de derechos humanos se derivan del reconocimiento de los derechos inherentes de todos los seres humanos y que estos derechos podrían verse afectados tanto en tiempo de paz como en estado de guerra, el derecho internacional de los derechos humanos se sigue aplicando en las situaciones de conflicto armado. Por otra parte, nada en los tratados de derechos humanos indica que no sean aplicables en tiempos de conflicto armado. En consecuencia, se considera que estos dos conjuntos normativos —el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario— son fuentes complementarias de obligaciones en situaciones de conflicto armado. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, en sus Observaciones generales Nº 29 (2001) y Nº 31 (2004), recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aplicaba también en situaciones de conflicto armado en que eran de aplicación las normas del derecho internacional humanitario. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 9/9, reconoció además que las normativas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eran complementarios y se reforzaban mutuamente.

Al proceder de esta manera el Congreso de la República desconoce expresamente los mandatos contenidos en la reciente Sentencia C-084 de 2016 de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad condicionada de la Reforma a la Jurisdicción Penal Militar en la cual la Corte dejó en claro que "en la investigación y juzgamiento de conductas punibles de los miembros de la Fuerza Pública en relación con un conflicto armado, se debe aplicar tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, señalando además que “La reforma constitucional introducida al artículo 221 de la constitución, no excluye la aplicación concurrente y complementaria de ambos ordenamientos jurídicos” la aplicación concurrente y complementaria del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en las actuaciones de las fuerzas de seguridad, y en consecuencia añada al primer párrafo del artículo 21 del proyecto de Acto Legislativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos como marco de responsabilidad vinculante para todos los miembros de la Fuerza Pública y demás agentes estatales.

4.3. El Proyecto de Acto Legislativa consagra una desigualdad asimétrica en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a favor de los miembros de la Fuerza Pública. Así, Mientras se exige una responsabilidad plena con el Derecho Internacional Humanitario para los miembros de las insurgencias que se sometan a la JEP, para los miembros de la Fuerza solo se exige que en la determinación de su responsabilidad el DIH solo sea valorado en su faceta de lex specialis. Esta disposición desconoce que la consideración del DIH como ley especial solo aplica en circunstancias muy determinadas y como pauta interpretativa en contextos muy restringidos en los cuales se dificulte la aplicación concomitante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La pauta general en la conducción de los conflictos armados es la de la aplicación concurrente y complementaria de ambos corpus de protección de los seres humanos. Esta disposición igualmente se fundamenta en una apreciación errónea de lo que significa la consideración del DIH como lex specialis, creyendo que implica el desplazamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la normativa del DIH en todas las circunstancias en las que deba apicarse la normativa humanitaria.

Esta asimetría, consagrada como pauta de valoración diferenciada de las conductas de los miembros de las fuerzas armadas frente a las de las guerrillas en cuanto a responsabilidades por crímenes en el contexto del conflicto desconoce el principio fundamental de la igualdad de las partes beligerantes frente a las obligaciones y derechos en materia de DIH. En virtud de este principio todas las partes en los conflictos armados, independientemente de que su causa esté o no justificada, tanto en conflictos internacionales como no internacionales, tienen exactamente la misma obligación de aplicar el derecho internacional humanitario.

En consecuencia, nuestra recomendación como plataforma de derechos humanos es que se suprima la mención de “ley especial” al consagrar al DIH como marco para determinar la responsabilidad de agentes de la Fuerza Pública en el artículo 21 de este proyecto.

4.4. Hay una consideración dispar y desigual que favorece a los miembros de la Fuerza Pública en cuanto la concesión de tratos especiales para quienes han cometido en el marco del conflicto delitos que implican enriquecimiento personal. En tanto que la Ley de Amnistía recientemente aprobada exige para los miembros de las guerrillas que pueden beneficiarse de amnistias o indultos que los delitos políticos de que se les acusa “sean ejecutados sin ánimo de lucro personal”, y que los delitos comunes que puedan ser considerados como conexos “no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero” (artículo 8 Ley 1820 de 2016), el actual proyecto de Acto Legislativo 02 y 03 se esfuerza por considerar un trato beneficioso especial a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron conductas que en el marco del conflicto armado llevaron a un enriquecimiento personal de los implicados en tales crímenes, con tal de dicho enriquecimiento personal no haya sido “indebido” (?!!!) o que en caso de serlo, se vincule con la amplísima variedad de circunstancias que se esfuerzan por justificarlo como relacionado con el conflicto armado, y por hacerlo parecer como no “determinante de la conducta delictiva” (artículo 20 PAL 02 y 03 de 2016).

De este modo, se establece un trato desequilibrado pues los conductas que conllevan enriquecimiento personal en los miembros de la guerrilla se excluyen de la jurisdicción especial de paz, pero en el caso de los miembros de las fuerzas de seguridad se les incluye en su jurisdicción, esforzándose por hacerlo aparecer dicho enriquecimiento personal como directamente vinculado al conflicto armado para hacerlo objeto de beneficios de cesación de la responsabilidad o de las sanciones penales.

Las circunstancias allí contenidas como justificantes del enriquecimiento personal indebido o del carácter “no determinante” del mismo, tales como que dicho enriquecimiento se haya llevado a cabo con la excusa de la existencia del conflicto armado para perpetrarla, para encubrirla o para seleccionar a la víctima o sujeto pasivo de dicho enriquecimiento indebido, o el haber utilizado el entrenamiento y las habilidades conferidas o la utilización de los medios al servicio del Estado para perpetrar y consumar las conductas que llevaron a dicho enriquecimiento, antes que justificantes, o circunstancias de exoneración o atenuación de la conducta, deberían ser tenidas en cuenta como agravantes de la conducta criminal.

La inclusión de esta formula creativa podría llevar a todos los casos de “falsos positivo” perpetrados por el ánimo de percibir recompensas, o mediante el uso ilegal de fondos reservados, fueran objeto de tratamientos especiales para sus perpetradores. Igualmente, podría llevar a dejar sin sanción a los agentes del Estado que actuaron bajo la nómina de los grupos paramilitares y se enriquecieron a su servicio acusados de promover, organizar o coordinar sus acciones con estos grupos paramilitares o incluso actuaron al servicio de narcotraficantes que posaban luego como jefes paramilitares. El talante creativo de esta disposición podría llevar incluso a disponer que se otorgue trato especial en la Jurisdicción de paz a miembros de la Fuerza Pública acusados de narcotráfico, corrupción en la contratación o las compras estatales, o inclusive delitos relacionados con la acaparación ilegal y la receptación o despojo ilegal de tierras, que sin duda alguna, son una de las conductas menos investigadas en el largo tramo de atrocidades perpetradas en el desarrollo del conflicto armado interno y que pueden estar influyendo en los escasos avances de las instituciones estatales con responsabilidad en garantizar la implementación de la ley de restitución de tierras, incluido el Ministerio de Defensa.

La recomendación que proponemos, en consecuencia, es la de equiparar el régimen aplicable a todos los que se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz y suprimir completamente el artículo 20 del proyecto de ley, pues la competencia de la jurisdicción especial de paz está ya formulada en el artículo 5 del Proyecto para todos los que se sometan a su jurisdicción.

4.5. El proyecto de Acto legislativo incorpora para los militares un parámetro desequilibrado con respecto a las guerrillas en relación con la duración de las penas que podrían imponerse en la Jurisdicción Especial de Paz. En efecto, el artículo 22 establece que en relación con los miembros de la Fuerza Pública “Para el caso de las sanciones ordinarias, se podrá obtener redenciones, subrogados penales o beneficios adicionales en la privación de libertad, siempre y cuando el sancionado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad...” . Esta disposición permite que efectivamente las sanciones ordinarias que se deriven para los agentes del Estado en la JEP lleguen a ser mucho más bajas que las establecidas o cumplidas por los miembros de las guerrillas, lo que no tiene ninguna presentación a la luz de los principios del derecho nacional o internacional, ni mucho menos atendiendo al principio de la responsabilidad agravada de los agentes estatales por violaciones a los derechos humanos (19).

Más grave aún es que estos descuentos de sanción y subrogados penales puedan ser otorgados por el ejercicio de actividades militares, policiales o de inteligencia, entrenamiento militar y policial, y en fin actividades relacionadas con funciones de seguridad, que por estar en conexión con las actividades que llevaron a la violación de derechos humanos, son contrarias a las obligaciones de no repetición que tendrían que cumplir los implicados. Los riesgos se acrecientan cuando en la Ley de Amnistía se prevé la posibilidad de reintegro a las funciones para los agentes estatales como efecto adicional al beneficio de renuncia a la persecución penal (20).

 

La asimetría y discordancia con el cumplimiento efectivo de sanciones entre los miembros de la guerrilla y los de la Fuerza Pública se refuerza si se tiene en cuenta que en la Ley de Amnistía e Indulto ya se consagra para estos últimos que “tendrán derecho a que se compute para efecto de la asignación de retiro el tiempo que estuvieron privados efectivamente de la libertad con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la JEP” (21).

La recomendación de la CCEEU en este punto es establecer condiciones simultáneas y equilibradas para la imposición y cumplimiento de las penas para agentes estatales y para miembros de la guerrilla, -aunque ello implicaría renunciar a considerar el principio de responsabilidad agravada por violaciones a los derechos humanos de los agentes estatales-, eliminando el párrafo final del artículo 22 del Proyecto en comento, y que dice “Para el caso de las sanciones ordinarias, se podrá obtener redenciones, subrogados penales o beneficios adicionales en la privación de libertad, siempre y cuando el sancionado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad y a promover actividades orientadas a la no repetición del daño causado una vez puesto en libertad.”

4.6. El Proyecto de Acto Legislativo impone un trato asimétrico que obstaculiza o impide que miembros de la Fuerza Pública cumplan con su obligación de reparar materialmente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Mientras que Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto dispone que los integrantes de las FARC deberán inventariar y denunciar todo tipo de bienes y activos incluidos en lo que se ha venido denominando recursos para la guerra y proceder con dichos bienes y activos a la reparación material de las víctimas22, para el caso de los miembros de las Fuerzas de Seguridad se obstaculiza o impide esta reparación material al establecer en el Artículo transitorio 23 la “Exclusión de la acción de repetición y llamamiento en garantía para miembros de la Fuerza Pública” disponiendo que para estos no procederá la acción de repetición y el llamamiento en garantía establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política, y que la reparación que las víctimas de agentes estatales pueden esperar será únicamente “la reparación no monetaria”. Impedir que los agentes estatales que han perpetrado graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad respondan con su propio patrimonio y disponer que la reparación de sus crímenes deba hacerse exclusivamente con los el presupuesto público alimentado por los impuestos de los ciudadanos, incluidos la víctimas, parece un despropósito. Mucho mayor si se considera que, como quedó mencionado antes, los crímenes de agentes estatales que hayan implicado enriquecimiento personal de sus perpetradores tampoco están excluidos de los tratos favorables para miembros de la Fuerza Pública en la regulación que se propone para la Jurisdicción Especial de Paz.

En consecuencia, la recomendación para este tema es que excluya del articulado el texto completo del artículo 23 transitorio, y se garantice de ese modo que tanto los agentes de la Fuerza Pública contribuirán de manera eficaz a la reparación material de las víctimas.

4.7. El proyecto establece criterios asimétricos e ilegítimos en la determinación de la responsabilidad del Superior para miembros de la Fuerza Pública en relación con los establecidos para las guerrillas. Se distorsiona el concepto de responsabilidad del superior al consagrar criterios peregrinos para poder establecer la responsabilidad del superior para miembros de la Fuerza Pública que no se exigen a los miembros de las guerrillas desmovilizadas. El proyecto desconoce los criterios de derecho internacional, especialmente los consagrados en los literales a) y b) del Articulo 28 del Estatuto de Roma, del cual es parte vinculada el Estado Colombiano.

A la luz de estos criterios, los superiores militares o actúen efectivamente como jefes de las Fuerzas Militares serán penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando, entre otras circunstancias hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas bajo su mando estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos.

Para los agentes estatales el Proyecto establece otra serie de circunstancias eximentes de responsabilidad, por fuera de las consagradas en el derecho internacional.

Se desconoce así que el principio de responsabilidad del superior jerárquico está referido a la responsabilidad penal individual del superior que sin haber sido el autor material o intelectual ni partícipe del crimen, tenía conocimiento o tenía razón para saber que el subordinado estaba a punto de cometer ese ilícito penal o lo estaba cometiendo o lo había cometido y no tomó las medidas necesarias y razonables para prevenir el crimen, hacerlo cesar o para castigar a sus autores.

No puede el Congreso, con ocasión de aprobar disposiciones para implementar un proceso de paz distorsionar para el caso de los agentes estatales los criterios que determinan la responsabilidad del superior jerárquico, ni mucho menos consagrar como factores de exclusión de responsabilidad circunstancias tales como que al superior jerárquico pueda demostrarséle que tenía control efectivo de la conducta de sus tropas, cuando lo que exige es, según advirtió recientemente la Fiscal de la Corte Penal Internacional, que el superior jerárquico “ejercía mando o control efectivo” lo que demuestra “simplemente con preguntarse si el superior tenía capacidad material de prevenir o castigar los delitos cometidos por sus subordinados” (22). Tampoco puede eludirse el criterio de que el mando militar debe responder de sus acciones cuando por razón de su jerarquía, por las funciones a su cargo, o por las circunstancias del hecho estaba en condiciones de saber o debería haber sabido de los crímenes que cometieron o estaban por cometer las tropas a su cargo, y no tomó las medidas para prevenirlas, impedirlas o sancionarlas, como sucede con las decenas o cientos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre los años 2002-2010 en varias de las Brigadas Militares en diferentes regiones del país, hecho que también ha sido constatado por los informes preliminares de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

El Estado colombiano también es parte de otros tratados internacionales que obligan a respetar los criterios de responsabilidad del superior jerárquico y que consagran el principio de responsabilidad penal del mando por crímenes según el derecho internacional, tales como el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (artículo 86, 2) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 28). Los criterios del artículo 28 son tanto o más vinculantes para el Estado Colombiano en el orden interno, dado que fueron redactados como excesivamente selectivos para poder que la CPI pudiera atender al carácter subsidiario de su jurisdicción, al hecho de que solo actúa cuando la obligación de los Estados de investigar en el orden interno a los superiores jerárquicos y otros responsables de los crímenes más graves ha sido incumplida, y al hecho de que por su naturaleza universal solo podría ocuparse de unos pocos casos muy seleccionados y priorizados de esos máximos responsables en los más de 190 países. Asimismo, el Congreso de la República sancionó el primero de diciembre de 2010 la Ley No. 1418, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. Esta Convención, en su artículo 6, igualmente integra el principio de responsabilidad penal del superior, y por lo tanto mal haría ahora el Congreso en eludir o evadir estos criterios para impedir que los superiores castrenses rindan cuentas de los crímenes perpetrados por los subordinados bajo su control efectivo con su conocimiento real o presunto.

En consecuencia, nuestra recomendación es que el Congreso reformule adecuadamente los artículos 20 y 21 del actual proyecto a los criterios contenidos en el artículo 28 del Estatuto de Roma, y consagre una fórmula simétrica para determinar la responsabilidad jerárquica tanto de los miembros de la fuerza pública, como de otros agentes estatales con función de mando al igual que se consagra para los superiores jerárquicas de las organizaciones insurgentes en proceso que se sometan a la jurisdicción Especial de Paz.

Bogotá, 31 de Enero de 2017

 

MESA DE JUSTICIA TRANSICIONAL (Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos)

El presente documento, fue elaborado por iniciativa de la Mesa de Justicia Transicional de la CCEEU conjuntamente desde el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con base en las respectivas intervenciones y documentos entregados en la Audiencia Pública del 24 de enero de 2017 en la Comisión Primera de la Cámara.

 

1. Northern Ireland Good Friday Agreement, 1998.
2. Strand Three: Reconciliation and Victims of Violence. Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations-northern-ireland-good-friday-agreement , Kroc Institute for
International Peace Studies, University of Notre Dame.
3. “ARTICLE XIII: TRUTH AND RECONCILIATION COMMISSION


1. A Truth and Reconciliation Commission shall be established to provide a forum that will address issues of impunity, as well as an opportunity for both the victims and perpetrators of human rights violations to share their experiences, in
order to get a clear picture of the past to facilitate genuine healing and reconciliation.
2. In the spirit of national reconciliation, the Commission shall deal with the root causes of the crises in Liberia, including human rights violations.
3. This Commission shall, among other things, recommend measures to be taken for the rehabilitation of victims of human
rights violations” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/truth-or- reconciliation-mechanism-accra-peace-agreement , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.


4. "Secretary General’s Report to the Security Council," United Nations Security Council (S/2005/391), June 16, 2005.

5. “Fund for assistance and compensation to civil and military victims of the two parties and their heirs, for all the consequences of the armed conflict. This Fund will compensate as a priority, victims identified by the Independent Commission of Enquiry.” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations-national-pact , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
6. Diario El País, España. (Recuperado: 1/30/2017)
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/24/actualidad/1406224544_407789.html 
7. “ARTICLE XXIX SPECIAL FUND FOR WAR VICTIMS: The Government, with the support of the International
Community, shall design and implement a programme for the rehabilitation of war victims. For this purpose, a special fund shall be set up.” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017),  https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations-lom-peace-agreement , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.

8. Comprehensive Agreement on Human Rights – Ciudad de México, 19 de marzo de 1994
9. “1. The Parties recognize that it is a humanitarian duty to compensate and/or assist victims of human rights violations. Said compensation and/or assistance shall be effected by means of government measures and programmes of a civilian
and socio-economic nature addressed, as a matter of priority, to those whose need is greatest, given their economic and social position.” Peace Accords Matrix (Recuperado: (1/30/2017), https://peaceaccords.nd.edu/provision/reparations- accord-firm-and-lasting-peace , Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame.
10. Entre otras, Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999.
11. Informe Human Right Watch 2011 sobre Guatemala. https://www.hrw.org/es/world-report/2011/country- chapters/259504 
12. A/HRC/25/19/Add.3. párrs. 70 y 72
13. Naciones Unidas A/68/345. Asamblea General. 23 de agosto de 2013. Español. Original: inglés. Sexagésimo octavo período de sesiones. Tema 69 b) del programa provisional.
14. “Closely related to this point, I believe passionately in the central importance of promoting the broad participation of victims and other citizens in the process of designing as well as implementing programmes of transitional justice. I summarized some of the reasons why in a 2005 UN report: Their participation helps ensure that policies for combating
impunity effectively respond to victims’ actual needs and,[...]” 2007. ‘Settling Accounts’ Revisited: Reconciling Global
Norms with Local Agency”. International Journal of Transitional Justice 1: 10-22
15. Compromiso del Gobierno nacional en el marco del fin del conflicto armado para la aplicación de la jurisdicción especial para la paz a los agentes del Estado dado el 19 de diciembre de 2015.
16. Ver Art. 28 (b) del Estatuto de Roma. Casos sobre mayores responsables civiles: Prosecutor v. Mucic et al., ICTY T. Ch., 16 November 1998, §§ 354, 378; Prosecutor v. Akayesu, (Caso no. ICTR-96-4-T), ICTR T. Ch., Juicio, 2 September
1998, párr. 491; Prosecutor v. Kayishema y Ruzindana, (Caso no. ICTR-95-1), ICTR T. Ch., Juicio, May 21 1999, Párr.
213-215.
17. Ver: Sentencia C 084 de 2015, Sentencia C 280 de 2013, Sentencia C 781 de 2013, Sentencia T 280 A de 2016, Sentencia C 575 de 2006 y Sentencia C 370 de 2006, entre otras.
18. Ver: Caso Barrios Altos vs. Perú. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14 de marzo de 2001; Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20 de enero de 1989; Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2003; Caso Juan Humberto Sánchez; Caso Bámaca Velásquez; entre otros.
19. Sobre el Principio de la Responsabilidad Agravada de los Agentes Estatales por violaciones a los derechos humanos véase la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A. Sentencia del 14 de septiembre de 2016. Caso Jaime Garzón Vs. Ministerio de Defensa-Ejército Nacional. Expediente 34.349
20. Ley 1820 de Amnistía e Indulto. Artículo 48 Parágrafo 2.
21. Ley 1820 de Amnistía e Indulto. Artículo 51 Parágrafo 1.
22. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y a Construcción de una Paz Estable y Duradera. Punto 5.1.3.7. Versión del 24 de Noviembre de 2016.

 

Libros relacionados:

 

Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia, Edwin Cruz Rodríguez, febrero 2016.

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable, octubre 2016.

Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, (Tercera impresión), enero 2016.

 

Publicado en Colombia

Otros 16 podrían ser procesados por los más de 6.000 inocentes asesinados y presentados como “guerrilleros” muertos.

 

Durante los últimos años en Colombia, especialmente durante los gobiernos de Álvaro Uribe, distintos sectores de las filas militares asesinaron a sangre fría a campesinos indefensos, jóvenes parados a los que se engañaba con promesas de trabajo e, incluso, a personas con discapacidad, para disfrazarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate con objeto de inflar la cifra de “positivos” en la acción militar y obtener recompensas y premios.


A medida que familiares, organizaciones de Derechos Humanos y algunas instancias internacionales empezaron a denunciar esta práctica –negada en principio de forma vehemente por el Presidente Uribe- más de 3.500 militares han sido detenidos y procesados por el asesinato de más de 6.000 inocentes a los que se pretendió presentar falsamente como guerrilleros.
Se empezó encausando a soldados y suboficiales, luego se llegó a más de una docena de coroneles; hasta que, por primera vez, un juzgado de Yopal (región de Casanare) ha detenido y procesado a un general, Henry Torres Escalante, que comandaba la 16 Brigada del Ejército en la región cuando se produjo el asesinato de dos campesinos de 16 y 38 años, con cuyas muertes, según el sumario, se trataba de silenciar a otros campesinos que habían presenciado y denunciado múltiples ejecuciones cometidas por militares en la zona. En total, hasta 85 asesinatos han sido investigados con testimonios e inspecciones.


Uno de los testimonios que han sido claves para apresar al General Torres fue el de su subordinado, el teniente Marco Fabián García, ya condenado a 22 años. Según ha declarado, el General “siempre estuvo al tanto de las operaciones y de los casos que se presentaban...”, lo que ha llevado a la Fiscalía a sostener que no existe duda de que Torres “participó en todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en la fase posterior”.


La detención y proceso del primer General encausado como criminal ha sacado a la luz otros 16 casos de generales que la Fiscalía tiene bajo investigación, de los que el más destacado es el General Mario Montoya, ex comandante del Ejército durante el Gobierno de Uribe.


La primera línea de defensa del General Henry Torres ha sido que ignoraba lo que hacían sus subordinados, lo que contradice múltiples pruebas y testimonios. En todo caso, ha levantado una polémica que afecta a un buen número de generales, retirados y en activo, y que ha repercutido en la revisión de atrocidades militares en otros lugares de Sudamérica: ¿Hasta dónde deben responder los altos mandos militares por lo que hagan sus subalternos?


La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que sigue de cerca el asunto de los “falsos positivos” colombianos, acaba de recordar que, según el artículo 28 del Estatuto de Roma: “La responsabilidad de mando es un concepto jurídico de gran alcance en virtud del cual puede responsabilizarse a un comandante de delito no cometido por él, sino por sus subordinados (...) el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes que hubieran sido cometidos bajo su mando y control efectivo, o su autoridad, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas”.

Publicado en Colombia

Eike Batista es arrestado como sospechoso de simular la venta de una mina de oro para transferir 16,5 millones a un político


Eike Batista, el que fue el hombre más rico de Brasil y el séptimo del mundo, fue detenido el lunes, acusado de alimentar una millonaria trama corrupta en Río de Janeiro. El nombre del empresario estaba en la lista de forajidos de la Interpol desde el jueves, cuando la Policía Federal intentó detenerlo en su lujosa casa de Río de Janeiro: él se encontraba en Nueva York en un viaje de negocios. Ahora que ha vuelto a pisar Brasil, Eike ha sido detenido como sospechoso de simular la venta de una mina de oro para transferir 16,5 millones de dólares al exgobernador de Río, Sergio Cabral. Este último está en prisión desde noviembre, acusado de recibir sobornos de constructoras responsables por obras públicas en Río.


Pocas personas encarnan la rápida ascensión y declive de Brasil tan bien como Eike Batista. Cuando el país estaba en racha, él adquiría y derrochaba millones, conquistaba accionistas de todo el mundo con sus negocios petroleros, de construcción naval y sus minas de oro, hizo fortuna a un ritmo de vértigo y, en fin, ganó poder. Dueño de 34.000 millones de dólares, el empresario fue en 2012 el séptimo hombre más rico del mundo, según Forbes. Nunca ocultó que su meta era ser el más rico del planeta. Un año más tarde, en 2013, como presagio de lo que se le venía encima a la economía brasileña, su ambición y optimismo lo arrastraron a una bancarrota multimillonaria: había prometido tres veces más petróleo del que era capaz de producir. En los últimos meses, Eike intentaba resucitar como emprendedor de éxito en un país que atraviesa su peor recesión en 30 años y que enfrenta por primera vez la corrupción institucional.


Durante una época, parecía que Batista podía venderlo todo. Hasta a sí mismo: se vendía con sabiduría como un empresario hecho a sí mismo, alguien que había hecho su primera fortuna extrayendo oro en la Amazonia con 22 años. No decía que su padre, exministro de Minas y Energía y expresidente de la segunda mayor empresa minera del mundo, la antes pública Vale do Rio Doce, a lo mejor tenía algo que ver con su suerte.


Fama y dinero


Pero Batista tenía una de esas personalidades que seducen a los biógrafos, y así, el personaje fue ganando a la persona real. Los políticos se lo rifaban y eran comunes sus fotos con los expresidentes del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Ellos querían sus millones y él necesitaba su beneplácito y contratos públicos. Batista fue generoso con todos, independientemente de la ideología. Acabó convertido en un fenómeno. Amado por Wall Street, agasajado por ministros, jaleado por la prensa local, parado en la calle por seguidores que le pedían autógrafos.


En 1990 comenzó a ser conocido por su vida sentimental, más concretamente por romper su compromiso con una rica heredera de Río de Janeiro y casarse con Luma Oliveira, que se había hecho famosa por haber desfilado en toples en un carnaval de finales de los ochenta. Se casaron cuatro meses después, el día del cumpleaños de aquella primera prometida: Luma estaba ya embarazada. Se especuló mucho sobre los celos que le torturaban. En la fiesta de lanzamiento de un ejemplar de Playboy en el que Luma salía desnuda en la portada, él mandó coser sus iniciales en la ropa interior de ella. En el carnaval de 1998, ella volvió a desfilar, esta vez con un collar de gata con el nombre Eike dibujado en diamantes. Al final fue una infidelidad lo que puso fin a su matrimonio. Para entonces, Eike parecía haber olvidado lo que era la discreción. Usaba constantemente su Twitter para promocionarse. Decoró su salón con un Lamborghini y un Mercedes.


Hoy, el brasileño "que todos los brasileños quieren ser", como fue llamado por una revista hace años, ha sido rapado a su entrada a prisión. Y ahí, calvo como un reo cualquiera, estará en el futuro cercano, marcado por la corrupción y cegado por un éxito que, como el de su país, nadie pensó que un día llegaría a su fin.


“Voy a contar cómo funcionan las cosas”


Eike era protagonista habitual de fotografías oficiales con la cúpula política de Brasil, pero su influencia iba más allá de los flashes. Amante de Río de Janeiro, Batista se involucró en importantes proyectos que impulsaron la carrera de sus padrinos en el poder. Patrocinó con casi siete millones de euros la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2016, así como los proyectos de pacificación de las favelas cariocas, hoy también en decadencia. Cuando su imperio rugió se multiplicaron los mensajes de optimismo de autoridades apostando por su recuperación. Sus antiguos aliados temen ahora que Batista cumpla su amenaza horas antes de ser detenido: “Voy a contar cómo funcionan las cosas, así de simple”.

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Una semana después, el accidente de avión en la costa de Paraty (Rio de Janeiro) en el que murió el juez del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki continúa siendo un misterio. Las teorías conspiratorias siguen a la orden del día en Brasil, a pesar de que los medios tradicionales han hecho un esfuerzo por obviarlas.

 

Las condiciones climáticas no eran adversas –“un poco de lluvia”, dijeron por radio–. La aeronave estaba en perfectas condiciones, y a lo largo del trayecto San Pablo-Paraty el piloto no avisó de ningún problema: “Esa ruta la conocía como la palma de su mano, la repitió semanalmente durante 15 años”, le contó a Folha de São Paulo un compañero del aviador.


A sus 68 años, Zavascki, miembro del Supremo elegido por Dilma Rousseff en 2012, era quien tenía en sus manos la mayor investigación de corrupción de las últimas décadas: la Operación Lava Jato, y los desvíos millonarios de la estatal Petrobras hacia los bolsillos de prácticamente toda la esfera partidaria. Un escándalo por el que buena parte del Congreso brasileño y del núcleo duro del presidente Michel Temer (incluido él mismo) están bajo sospecha.


Como ministro del Supremo, Zavascki se encargaba de juzgar a los políticos de más alto rango involucrados en la investigación, es decir, aquellos que por tener foro privilegiado sólo pueden ser juzgados por este tribunal. El magistrado había interrumpido sus vacaciones para continuar con las investigaciones porque esta misma semana iba a retirar la orden de sigilo sobre los casi novecientos testimonios recabados.


A principios de febrero pensaba comenzar a validar y homologar las delaciones premiadas que pactó con 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht, conocidas como “delaciones del fin del mundo”, el mayor acuerdo de colaboración de la historia de la justicia del país.


Desde diciembre se espera la publicación de la “lista Odebrecht”,¬ especialmente después de saberse, a través de diversas filtraciones a la prensa, que las delaciones afectarían a políticos afines al gobierno. Uno de los primeros señalados fue el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (Psdb), que según ejecutivos de la constructora habría recibido 2 millones de reales en dinero cash. Según estos mismos testimonios, el actual ministro de Exteriores, José Serra, habría recibido 23 millones de reales en una cuenta en Suiza, y el presidente Michel Temer, que fue nombrado 43 veces por el vicepresidente de relaciones institucionales de Odebrecht, se habría llevado diez millones.


Todas esas informaciones iban a confirmarse justo antes de que el juez Teori Zavascki falleciera en el misterioso accidente de avión donde viajaba junto con otras cuatro personas: el empresario y amigo Carlos Alberto Fernandes (dueño de la aeronave); una empleada del empresario, Maria Lidiane Panas, y la madre de ella, Maria Ilda Panas. Los cuatros pasajeros y el piloto, Osmar Rodrigues, fallecieron.

¿EL FIN DEL LAVA JATO?


Tras conocerse la muerte del magistrado la primera pregunta en la cabeza de muchos brasileños fue cuestionarse sobre el futuro del Lava Jato. En las redes sociales mandaba el pesimismo: “Esto ha sido una quema de archivos”; “Bienvenidos al fin del Lava Jato”; “Los corruptos se han vuelto a salvar”, gritaban en Facebook y Twitter.


Más allá de los comentarios incendiarios que se leían en las redes, pocas horas después de conocerse el accidente diversos jueces manifestaron su preocupación por la continuidad de las investigaciones. El juez del Supremo Marco Aurélio fue uno de los primeros en expresar su miedo ante un posible retraso: “No podemos esperar a que el presidente nombre a un nuevo ministro, ese trámite podría durar un año. Las investigaciones de Zavascki deben ser redistribuidas entre los compañeros y la elección de un nuevo juez debe estar a cargo de los ministros de segundo rango”, dijo Marco Aurélio a Folha de São Paulo.


Nelson Barbosa, ex presidente del Supremo y juez en el caso conocido como mensalão –el escándalo por el que fueron presos algunos de los pesos pesados que rodeaban al ex presidente Lula–, opinó que Temer no podría ser el responsable de elegir a un nuevo juez, por haber “conflictos de intereses”, ya que él mismo estaría siendo investigado.


El temor de los magistrados se hizo patente el pasado domingo, cuando se filtró una declaración privada del jefe de gabinete, Eliseu Padilha: “La muerte de Teori nos va a dar más tiempo”. Al día siguiente el fiscal general del Estado, Rodrigo Janot, le pidió públicamente a la presidenta del Supremo, Carmen Lúcia, que acelerara los tiempos para empezar a homologar las delaciones y repartir el trabajo de Teori.


Este martes Lúcia aceptó la petición de Janot y permitió que los jueces auxiliares que ayudaban a Zavascki continuaran con la homologación de las delaciones. Pero la presidenta del Supremo todavía tiene que decidirse por alguna de las opciones que ofrece el reglamento de la Corte para nombrar al juez que ocupará la plaza del fallecido y se encargará de sus investigaciones.


La primera opción la dicta el artículo 38, según el cual debe ser el propio presidente del gobierno quien nombre a un nuevo magistrado. Pero el conflicto de intereses, que también denuncia la Asociación de Jueces para la Democracia, sería suficiente para que se optara por el párrafo 68, que señala como “medida excepcional” que el presidente del Tribunal Supremo designe al nuevo juez.


Carmen Lúcia también puede escoger tan sólo al magistrado que se ocupe de la investigación del Lava Jato, encuadrando el caso como “de urgencia” para una revisión inmediata. En esta situación ella misma podría nombrarlo a dedo, o bien sugerir un sorteo entre los jueces del Supremo del primer orden, o entre los de segundo orden (al que pertenecía Zavascki). También podrían ser los propios jueces los que votasen para elegir al sucesor del fallecido. Entre los magistrados hay varios, como Gilmar Mendes, que tienen una estrecha amistad con Temer, lo que también supondría un conflicto de intereses.


A su vez el presidente ha señalado que hasta que Lúcia no elija al nuevo relator del Lava Jato él no piensa mover ninguna ficha. Sin embargo, esta semana se ha sabido que Temer estaba considerando dos polémicas opciones para la silla vacía. La primera sería la del magistrado Ives Gandra, un tipo extremadamente conservador que en más de una ocasión ha señalado que “toda mujer debe someterse al hombre”. La segunda opción sería la de Alexandre Moraes, actual ministro de Justicia, que en seis meses de actuación sólo ha cosechado críticas, especialmente en las últimas semanas por su gestión de la crisis penitenciaria.


Tras saberse que Moraes y Gandra eran posibles candidatos para el puesto de Zavascki, la asociación Jueces para la Democracia publicó una carta solicitando un debate “urgente” con la sociedad para escoger al nuevo juez: “No es posible que planteen a una figura como Gandra, de un machismo recalcitrante, para estar en el Supremo”, señalan desde la asociación.

TEORÍAS CONSPIRATIVAS.


Desde que se conoció la muerte del magistrado las teorías conspiratorias se viralizaron en las redes. El sitebrasileño Catracalivre realizó una encuesta improvisada apenas unas horas después de conocerse la noticia, donde preguntaba a sus lectores si consideraban que había sido un accidente o un atentado: 32.554 apoyaban la tesis del atentado y 11.190 la del accidente. Al día siguiente la encuesta fue eliminada y a lo largo de la semana los medios tradicionales ignoraron cualquier hecho que sugiriera que la muerte de Teori hubiera sido provocada.


Esta semana el hijo del fallecido reconoció que el accidente era poco menos que “sospechoso”, y recordó las amenazas de muerte que sufrieron tanto él como su padre. “Sé que existen los más diversos movimientos para frenar el Lava Jato y confío en que la ley vencerá, pero alerto que si algo le pasa a mi familia, ustedes ya saben dónde buscar”, había escrito en agosto en su cuenta de Facebook.


Estos días también se ha vuelto a hablar del caso de la abogada de la constructora Camargo, una de las mayores expertas en delaciones premiadas del país, Beatriz Catta Preta, que el pasado año abandonó la Operación Lava Jato por sufrir “constantes amenazas contra su vida y la de su familia”. Y se ha recordado que Teori nunca fue un juez querido dentro del Congreso, por evitar las habituales cenas que se ofrecen en Brasilia entre senadores y ministros.


Imposible olvidar las conversaciones que sacó a la luz Folha de São Pauloentre Romero Jucá –-ministro del nuevo gobierno de Temer– y Sérgio Machado –ex presidente de la compañía Transpetro–. En ese diálogo ambos hablaban de un “pacto para frenar el Lava Jato” y “acabar con esta sangría”, y Jucá reconocía haber convencido a casi todo los ministros del Supremo, salvo a uno: “Son pocos tipos allí –en el Tribunal Supremo– a los que no tengo acceso, uno de ellos es Teori Zavascki. Es una persona muy cerrada, un burócrata”.


La Policía Federal, el Ministerio Público y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos están a cargo de la investigación de la muerte del magistrado. Hasta el momento no se ha encontrado nada, las pruebas han indicado que todo funcionaba correctamente. La última teoría que se ha barajado en los medios es la posibilidad de que el piloto tuviera “una falsa percepción espacial” debido a la lluvia, lo que podría haber provocado que no percibiera que volaba muy cerca del agua.


El periodista Cláudio Julio Tognolli señaló otra línea de investigación que estaría siguiendo la Policía Federal pero de la que nadie habla. Según Tognolli, después de analizar una base de datos estadounidense que permite hacer consultas sobre aeronaves de todo el mundo, se descubrió que el avión en el que viajaba Zavascki fue consultado 1.885 veces el pasado 3 de enero: “Conspiración o no, es la línea de investigación de la Policía Federal”, aseguró el periodista.

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A veces las tragedias resultan en escenas insólitas. Por ejemplo: la foto que registra la presencia de Michel Temer y algunos de sus compañeros del gobierno surgido a raíz del golpe institucional que liquidó con el mandato de la presidenta Dilma Rousseff prestando homenaje a Teori Zavascki, magistrado del Supremo Tribunal Federal muerto en un accidente aéreo el pasado jueves. Todos ellos con el muy compungido y solemne aire de profunda tristeza, como corresponde a ese tipo de ceremonia. Todos ellos ocultando ferozmente el alivio que esa muerte significa.


Zavascki, de perfil serio y técnico, inmune a las jugadas políticas tan apreciadas por la mayoría de sus pares en la Corte Suprema brasileña, era el responsable de investigar las denuncias de corrupción que involucran a por lo menos 120 ocupantes de escaños en el Congreso, ministerios y alcanzan a diez de cada diez golpistas, por empezar el mismo Michel Temer, mencionado nada menos que 43 veces en las declaraciones de un solo ejecutivo de la Odebrecht. Otro compungido era el canciller José Serra, acusado de haber recibido unos 23 millones de dólares de dinero sucio. Si alguien seguramente se beneficiará con la eventual demora en las investigaciones provocada por la muerte del magistrado son precisamente el actual ocupante de la presidencia del país y gran parte de sus ministros.


Nada, sin embargo, parece capaz de superar el cinismo de Romero Jucá, líder del gobierno en el Senado. Tan pronto se supo de la muerte de Zavascki, Jucá se apresuró a divulgar una muy condolida nota de despedida. Difícilmente se registrara muestra mayor de la falencia ética y moral de la ya muy devaluada clase política brasileña: al fin y al cabo, hace meses se divulgó la grabación de una conversación entre un ex alto ejecutivo de la Petrobras y Jucá, quien se queja de que Zavascki era “innegociable”, un “burócrata de mierda” al cual era “imposible” hacer llegar las demandas de los denunciados e investigados como él.


La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia, deberá homologar el contenido de las más de 800 páginas que abrigan las “delaciones premiadas” ofrecidas por 77 ejecutivos del grupo Odebrecht a cambio de la suavización de las penas que recibirán por sus actos de corrupción. Tendrá hasta el martes, 31 de enero, para hacerlo, alegando “urgencia extraordinaria”. Luego un integrante de la Corte Suprema será nombrado relator del proceso, conducido hasta ahora por Zavascki. Lo más probable es que ese nombramiento se dé por sorteo electrónico, algo fácilmente manipulable. El temor en los medios jurídicos brasileños es que el próximo relator sea alguien que integre el ala de adoradores de las luces de la exposición pública, exactamente lo contrario de Zavascki, un juez que opinaba solamente en los autos del proceso y evitaba a todo costo las cámaras de televisión y las grabadoras de los reporteros.


Le tocará a Michel Temer nombrar el nuevo integrante del Supremo Tribunal Federal. Y, acorde a su estatura ética y moral, lo hará pensando en sus propios intereses y los de sus allegados.


Teori Zavascki deja sin respuestas una serie de cuestiones, por empezar sobre la demora en alejar al entonces presidente de la Cámara de Diputados, el ahora prisionero Eduardo Cunha, de su puesto. Había un pedido explícito de la Fiscalía General, había toneladas de indicios concretos de corrupción en altísima escala, pero Zavaski solo actuó cuando el proceso de destitución de Dilma Rousseff ya estaba asegurado. Cunha fue uno de los operadores esenciales para el golpe institucional.


Otra pregunta cuya respuesta quedó sepultada en las aguas del mar se refiere a uno de los muchísimos abusos cometidos de manera escandalosamente irregular por el juez de primera instancia Sergio Moro, transformado en una especie de ídolo popular por los medios hegemónicos de comunicación, uno de los pilares básicos del golpe.


Violentando la Constitución, Moro divulgó a la cadena Globo la grabación ilegal de un diálogo entre el ex presidente Lula da Silva y la entonces mandataria Dilma Rousseff. Inexplicablemente, Zavascki se limitó a criticar la actitud ilegal del juez de provincias. ¿Por qué no actuó de manera más contundente, prevista por todas las normas y reglas de la Corte Suprema, imponiendo algún tipo de punición a Moro?


Como suele ocurrir, vuelve a la superficie el viejo y maldoso dicho que establece que la muerte suele mejorar mucho la figura del fallecido.


Por más que en vida Teori Zavascki haya mantenido una actitud austera y su conducta pública fuese de rigurosa corrección, nada podrá ocultar que ocupó uno de los sillones de una institución que se portó de manera blanda, para decir lo mínimo, frente a un golpe institucional llevado a cabo de manera muy clara anticonstitucional.
Es bien verdad que en ningún momento, ni uno solo, se mostró golpista, como lo hicieron varios de sus colegas de la corte. Pero tampoco se opuso.


¿Por qué? Ahora, hay que preguntar a las aguas del mar.

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Una de las decisiones más importantes del final del mandato de Obama ha sido sin duda la conmutación de la pena de la soldado Chelsea Manning. Como es sabido, Manning había sido condenada a 35 años de prisión por la revelación intencionada de documentos relativos a la seguridad de Estados Unidos. A la gravedad de la pena impuesta hay que añadir el inhumano trato penitenciario al que aparentemente está siendo sometida, así como el modo con el que fue estigmatizada su acción por parte de las más altas instituciones estadounidenses, para quienes revelar informaciones relativas a asuntos de seguridad de nacional automáticamente suponía una traición a la patria y la puesta en peligro de vidas de personal de Estados Unidos en el mundo.


La combinación de terrorismo yihadista en suelo occidental con el desarrollo de crisis y conflictos como el de Siria has puesto en el primer plano la necesidad de contar con mecanismos eficientes y coordinados de protección de la seguridad nacional. Agencias de inteligencia y organismos similares han visto aumentados sus presupuestos en muchos países del mundo. Los respectivos parlamentos se han ocupado también de aumentar los poderes y capacidad de actuación de estos entes.Estos movimientos responden, sin duda, a preocupaciones e intereses legítimos en el seno de nuestras democracias.


La cuestión se volvió no obstante especialmente delicada cuando empezaron a publicarse revelaciones acerca de determinados abusos cometidos por las agencias de diversos países (y especialmente los Estados Unidos), las cuales habrían usado los mecanismos tecnológicos y recursos a su alcance para incurrir en serias vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente como consecuencia de la aplicación de técnicas de espionaje masivo.
De este modo, países que oficialmente se erigían en promotores y protectores de los derechos humanos en el mundo habrían incurrido en violaciones generalizadas de los mismos. El fin, la lucha contra el terrorismo, habría legitimado la utilización casi ilimitada de los medios al alcance de sus respectivos cuerpos de seguridad e inteligencia. Una guerra sucia de alcance global.


Por otra parte, quienes jugaron un papel imprescindible en la revelación de tales prácticas, es decir, personas que conocían las mismas por razón de su profesión y decidieron trasladarlas a los ciudadanos, fueron inmediatamente perseguidos y tratados como delincuentes por parte de los correspondientes aparatos de seguridad estatales, dando lugar a la actual situación de fuga de Edward Snowden o la ya referida condena y reclusión de Chelsea Manning.


Este sombrío escenario choca con el modo en el que el derecho internacional protege la libertad de expresión y la libertad de información, incluso cuando el ejercicio de las mismas incide o se refiere a asuntos vinculados a la seguridad nacional o el orden público. Es cierto que la protección de estos últimos valores puede legitimar la imposición de ciertos límites a las actividades de periodistas y medios de comunicación (o de todo aquel que quiera publicar sobre esta materia). Sin embargo, dichos límites están sujetos a su vez a restricciones muy claras, intensas y excepcionales. De entrada, los estándares internacionales protegen con especial intensidad la difusión de informaciones de interés público. Los ciudadanos tienen derecho a conocer y discutir el funcionamiento y las decisiones tomadas por los poderes públicos como requisito imprescindible de la vigencia de la democracia. Asimismo, solamente cuando exista un perjuicio directo, inmediato y demostrable a la seguridad nacional, y ese perjuicio sea asimismo de mayor peso que el interés público de la información en cuestión, podrá limitarse la revelación de misma. Finalmente, de entre todos los mecanismos susceptibles de ser aplicados, deberá optarse siempre por el que resulte menos restrictivo y afecte en la menor medida a la difusión de otra información de interés público.


La aplicación de estos principios y normas que en teoría deben ser respetados y desarrollados por todos los miembros de la comunidad internacional tiene consecuencias en tres ámbitos fundamentales.


En primer lugar, periodistas y medios (así como blogueros, activistas, etc.) tienen el derecho de recabar y difundir información con relación a políticas y actividades en materia de seguridad nacional. No se trata pues, de un agujero negro al que los informadores tengan vetado el acceso. Forma parte del derecho de los ciudadanos a la información saber y tener la capacidad de juzgar las decisiones y acciones de los poderes públicos en esta materia. Por otro lado, y como consecuencia de ello, dichos poderes públicos deben asimismo aplicar un principio de transparencia, lo que implica que solamente en aquellos casos en los que se pueda demostrar y acreditar un perjuicio a la seguridad nacional podrán las autoridades apartar del escrutinio público informaciones o documentos. Es necesario recordar que en España la vigencia de este principio internacional choca con una ley de secretos oficiales aprobada durante el franquismo y con claros tintes oscurantistas y arbitrarios.


En segundo lugar, las actividades de medios y periodistas en este ámbito no pueden ser sujetas a ninguna forma de acoso o restricción por parte de los poderes estatales. Los periodistas deben poder acceder a sus fuentes y mantener la confidencialidad de las mismas, incluso en aquellos casos en los que quienes suministren la información hayan incurrido en alguna irregularidad. Sin una completa y adecuada protección de las fuentes periodísticas, también en casos de informaciones sobre seguridad nacional, sería imposible el periodismo de investigación en este ámbito. Ello supone también que nunca podrán utilizarse técnicas de espionaje o vigilancia con respecto de quienes ejercen el periodismo, a fin de controlar o conocer sus fuentes o contactos.


Finalmente, es necesario reconocer o proteger de forma efectiva a los llamados whistleblowers, es decir las personas que proporcionan desde dentro información de interés público con la intención de poner en conocimiento del público prácticas irregulares y violaciones de derechos. Considerar a estas personas desde el prisma de la traición o la vulneración del deber de secreto choca frontalmente con la necesidad de transparencia inherente a cualquier sociedad democrática.


La conmutación de la pena de Manning es pues una buena noticia en el marco de las consideraciones que se acaban de realizar. Sin embargo, es evidente que es muy largo el camino que queda por recorrer. La razón de Estado todavía tiene un gran peso en el comportamiento de muchas autoridades y agencias, dando lugar a un deterioro cierto de los derechos humanos sin que ello suponga por otra parte una garantía de nuestra seguridad.

 


Por Joan Barata, jurista y experto internacional en libertad de expresión

21 Ene 2017

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En abril de 2010, WikiLeaks publicó en su sitio web un video militar estadounidense clasificado, grabado desde la cámara de un helicóptero Apache. La grabación muestra una masacre de civiles en una calle de Bagdad, en Iraq. El video, que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, documenta en un granulado blanco y negro y con detalles gráficos, el ataque perpetrada desde el propio helicóptero de combate el día 12 de julio de 2007. El helicóptero dispara metralletas contra un grupo de hombres, entre los que se encuentran Namir Noor-Eldeen, fotógrafo de la agencia de noticias Reuters, y su chofer, Saeed Chmagh. La mayoría de los hombres muere al instante. Noor-Eldeen huye pero las miras lo siguen, disparando sin parar, hasta que cae muerto.


La transmisión de radio que aparece en el video registra las voces de los soldados: “Muy bien. Ja ja ja. ¡Les di!”. Y después sigue: “Sí. Tenemos a uno arrastrándose por ahí abajo”. Justo en ese momento se puede observar a Saeed Chmagh, gravemente herido, que se aleja de los otros cuerpos arrastrándose por el piso. Una voz en el helicóptero, que busca una razón para disparar, dice: “Vamos, amigo. Todo lo que tienes que hacer es tomar un arma... Si vemos un arma, vamos a proceder”. Llega una camioneta y varios hombres, claramente desarmados, salen y levantan a Chmagh para llevarlo a que reciba asistencia médica. Los soldados del Apache buscan y obtienen permiso para “proceder” con la camioneta y abren fuego, con lo que destrozan el frente del vehículo y matan a todos los hombres.


Cuando toda la gente a la vista está aparentemente muerta, llegan vehículos blindados estadounidenses. Cuando uno de los vehículos pasa por encima del cadáver de Noor-Eldeen, uno de los tripulantes del helicóptero dice entre risas: “Creo que acaban de pasarle por arriba a un cadáver”.


Democracy Now! entrevistó al responsable de la filtración en 1971 de los Papeles del Pentágono, un archivo secreto de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Se trata de Daniel Ellsberg, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense que instruía a los soldados en las leyes de guerra. Ellsberg dijo sobre el video: “Artilleros de un helicóptero persiguiendo y disparándole a un hombre desarmado que vestía de civil, claramente herido, en un área donde estaba por llegar un escuadrón de soldados estadounidenses para tomar custodia de cualquier persona que siguiera viva, lo cual era sabido por los artilleros del helicóptero... Ese tiroteo fue asesinato. Fue un crimen de guerra”.


Durante años, Reuters intentó acceder al video, pero no logró obtener la autorización. Fue un joven analista de la inteligencia estadounidense con base en Iraq quien lo extrajo de los archivos y lo envió a WikiLeaks. Además del video, el analista también filtró cientos de miles de documentos secretos, como bitácoras de acciones militares en Iraq y Afganistán y cables clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Finalmente, el analista fue traicionado por un confidente en Internet y fue arrestado.


El soldado era conocido en ese momento como Bradley Manning. Tuvo que sufrir duras condiciones de aislamiento en la Base del Cuerpo de Infantería de Marina de Quantico, en Virginia, por casi un año, en circunstancias que impulsaron una investigación por parte de Juan Méndez, en ese entonces relator especial de la ONU sobre tortura. Méndez concluyó: “Creo que Bradley Manning fue sometido a un tratamiento cruel, inhumano y degradante en el aislamiento excesivo y prolongado donde fue colocado durante los ocho meses que estuvo en Quantico”.


El soldado raso Manning fue juzgado por un consejo de guerra, condenado a 35 años de cárcel y transferido a la cárcel militar estadounidense de Fort Leavenworth, Kansas. Inmediatamente después de anunciarse el veredicto, Manning declaró públicamente que había iniciado un tratamiento de cambio de género y cambió su nombre a Chelsea Manning.


Manning ya ha cumplido siete años de su condena, durante los que padeció dificultades extraordinarias por ser una persona en procura de tratamiento de reasignación de género encarcelada por el Ejército estadounidense. Ha luchado para obtener tratamiento médico y para ser transferida de la cárcel de hombres, y ha intentado suicidarse en dos ocasiones. En Leavenworth, el castigo por intento de suicidio es más aislamiento.


Día a día fue creciendo a nivel mundial una campaña que solicitaba al presidente Barack Obama que indultara a Manning, la denunciante retenida en prisión por más tiempo en la historia de Estados Unidos. Obama ha otorgado más conmutaciones de penas e indultos que cualquier otro presidente, más que nada a reclusos condenados por delitos no violentos relacionados con drogas. El martes emitió más de 209 conmutaciones y 64 indultos. Las conmutaciones reducen o eliminan lo que resta de la condena de una persona encarcelada, mientras que el indulto borra el antecedente del individuo, retirando por completo el veredicto de culpabilidad. Los indultos y las conmutaciones presidenciales no se pueden retractar. Entre las conmutaciones otorgadas el martes, una fue la de Chelsea Manning.


Con solo dos días restantes en el cargo de presidente, Barack Obama dio su conferencia de prensa final en la Casa Blanca. La primera pregunta, planteada por un periodista de Reuters, fue sobre su decisión de liberar a Manning. Obama respondió: “Chelsea Manning ha cumplido una dura condena a prisión. En cuanto al concepto de que una persona que considere revelar información vital clasificada pudiera pensar que eso no se castiga, con la sentencia que ha cumplido, no creo que Chelsea Manning tenga esa impresión. Según mi punto de vista, dado que fue enjuiciada, que se llevó a cabo el debido proceso, que asumió la responsabilidad por su delito, que la condena que recibió fue muy desproporcionada en comparación a lo que otros denunciantes han recibido y que había cumplido un tiempo importante de su condena, me parecía que tenía sentido conmutar, aunque no perdonar, su condena”.


La liberación de Chelsea Manning está prevista para el 17 de mayo.
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Columna20 de enero de 2017


Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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