La Justicia española impuso una condena de un año de prisión a una mujer de Murcia por 13 tuits escritos entre 2013 y 2016, en los que se burlaba de Luis Carrero Blanco, el jefe naval designado por Francisco Franco como su heredero político, que fue muerto por ETA en 1973. Si bien la prisión no es de cumplimiento efectivo, Vía Twitter, tras el fallo, Cassandra Vera Paz, estudiante de Historia afirmó que: "No sólo me quedaron antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida". También remarcó que sus padres cobran seguro de desempleo y se le pide pagar las costas del juicio. Ahora, la opción es apelar ante el Tribunal Supremo.

"Desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares", fueron los justificativos de la Audiencia Nacional al momento de condenar a Cassandra Vera Paz, de 21 años, por haber tenido "una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas". La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, impulsada por el Partido Popular, fue la que habilitó la querella. Esta norma se sancionó en medio de la polémica a mediados de 2015.

La joven había tuiteado mensajes como "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella", "ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial", "Película: A tres metros sobre el cielo. Producción: ETA films. Director: Argala. Protagonista: Carrero Blanco. Género: Carrera espacial", "Si hacer chistes de Carrero Blanco es enaltecimiento del terrorismo...", "Elecciones el día del aniversario del viaje espacial de Carrero Blanco. Interesante" o "¿Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche? #RegresoAlFuturo".

Carrero Blanco, designado presidente del gobierno español por Franco en junio de 1973, después de 35 años de gobierno del dictador, fue asesinado por ETA el 20 de diciembre de ese año. Un explosivo colocado bajo su auto hizo volar por los aires el vehículo. El auto se elevó casi diez metros en la explosión, que mató al almirante de forma instantánea. En tiempos que no había redes sociales, el canto burlón era “Carrero, Carrero, ¿qué haces tú en el alero?” para referirse al auto que pasaba por encima de un techo.

El juicio se celebró el miércoles pasado y hoy se dictó sentencia, dando por sentado que hubo "burla y mofa a una víctima del terrorismo", siendo que el episodio tuvo lugar hace más de cuarenta años. Según los jueces, hubo delito de parte de Vera Paz, "por su directa, material y voluntaria ejecución". Los magistrados agregaron que "golpea sentimientos de solidaridad de la comunidad que en todo delito de terrorismo percibe un ataque a la convivencia pacífica construida entre todos", y que "Supone una lesión a su dignidad humana",

En relación a la libertad de expresión, el tribunal consideró que "no puede servir de cobertura a la exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto desprecio hacia las víctimas del terrorismo, en tal grado que conlleve su humillación".

Vera Paz negó haber enaltecido el terrorismo. "Pretendía hacer humor en clave absurda en la que se entiende que ETA no impulsó un programa espacial", dijo durante el juicio acerca de su tuit: "Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna, ETA le pagó el viaje a ella”.

En las redes afloró la solidaridad hacia la joven. El hashtag #YoSoyCassandra comenzó a circular entre los tuiteros españoles.

 

 

 

Publicado en Internacional

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado en Edición Nº233

Los grupos armados están copando las zonas que las FARC han dejado libres tras los acuerdos de paz. Las amenazas y asesinatos a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han disparado y temen que el exterminio político de hace décadas se repita. Mientras, el Gobierno de Santos niega el paramilitarismo y habla de crimen organizado

 

El día en que lo iban a matar, Luis Plaza se dirigía a una asamblea de maestros en Cartagena de Indias. Ya había recibido 15 amenazas de muerte y el Gobierno colombiano le había asignado un escolta y un coche blindado, aunque tenía que compartirlo con otro amenazado. Era secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento de Bolívar, el sindicato con más filiación del país, paraguas de 700 organizaciones sectoriales.


“Nos van a joder”, recuerda que le dijo a su guardaespaldas cuando dos personas en una moto le cerraron el paso en una calle. Siete balas impactaron en su coche, pero cuando el encapuchado apretó el gatillo, Luis ya se había hecho un ovillo en el suelo, pensaba en su familia y asumía que su nombre engordaría la larga lista de sindicalistas asesinados en Colombia. “Cuando vi que la moto no avanzaba supe que eran dos sicarios. Pese a su imagen turística, Cartagena se ha convertido en una capital del sicariato”, explica. Pero salió de aquella. Su escolta ─no se explica cómo ni cuándo─ mató a uno de los sicarios e hirió al otro en una pierna. Quién quería muerto a Luis sigue siendo una incógnita, aunque él insiste en que un empresario conocido como El Turco Hilsaca pagó 400 millones de pesos (125.000 euros) por su asesinato. Después de aquello, Luis pasó algunos meses en Asturias gracias a un programa de acogida para líderes sociales amenazados en Colombia.

El atentado sucedió en 2014, pero podría volver a pasar en cualquier momento. Por eso, Luis mantiene su escolta y su todoterreno blindado. Las amenazas, extorsiones y asesinatos a sindicalistas, líderes campesinos, activistas y defensores de los derechos humanos han ido aumentando en el país al tiempo que las FARC iban abandonando su actividad armada. Las matanzas han crecido tanto que, a muchos, la situación les recuerda a otra época: la del paramilitarismo impune de hace tres décadas, un oscuro déjà vú que ensombrece el proceso de paz. No hay acuerdo en cuanto a las cifras. El Programa Somos Defensores habla de 80 de estos asesinatos el año pasado. Amnistía Internacional ha contado 75. Otros colectivos como Marcha Patriótica ─el colectivo con más muertos sobre la mesa─ elevan a 125 el número de muertos. Durante el transcurso de este reportaje se han conocido al menos cuatro asesinatos. Demasiados, en cualquier caso.


Plaza, que ahora vive en la capital, Bogotá, asegura que ya ha sufrido varias situaciones de alerta recientemente. Cree que el posconflicto, como se denomina al escenario en Colombia tras los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno, va a ser duro, largo y mortífero para gente como él, porque falta voluntad política para acabar con el paramilitarismo, el sicariato y el narcotráfico. Factores que, en muchas ocasiones, son difíciles de diferenciar y se mezclan con los intereses de grandes empresarios, terratenientes e, incluso, políticos. Además, insiste, estos grupos están ocupando los territorios que controlaban las FARC antes del cese del fuego. Es lo normal cuando desaparece la única autoridad real que ha operado en gran parte de la Colombia rural, donde el Estado nunca llegó o sólo lo hizo para bombardear a la insurgencia. Muchos campesinos confían poco o nada en la protección de un Gobierno que les ha ignorado toda su vida. Muchos han reconocido a este diario en privado que votaron en contra de los acuerdos de paz porque no querían que las FARC se fueran, porque para ellos, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Y es lo que está pasando.


El sector del magisterio, en el que Luis trabaja, es uno de los más castigados por eso que el Gobierno denomina “crimen organizado” o bacrim. Según la asociación de docentes ADEMACOR, más de mil profesores han sido asesinados en las últimas tres décadas en Colombia. Es tan habitual que, en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, ADEMACOR ha levantado un monumento al maestro caído.


Según explica uno de sus portavoces, es el departamento con más docentes asesinados, obligados a cambiar de ciudad o extorsionados. Entre ellos está el presidente de la asociación, que en 2013 tuvo que huir de Córdoba por panfletos amenazantes de una organización paramilitar. En lo que va de 2017, tres profesores han sido asesinados en esta región caribeña y ha habido más de 20 amenazas, denuncian. “Esas son las cifras oficiales, pero hay más. La mayoría se calla. Si denuncias y no te trasladan o no te ponen protección, que es lo habitual, te conviertes en carne de cañón para los paramilitares”, añade.


Pero estas bandas criminales tienen nombre, apellidos, escudo, logotipo e, incluso, página web, aunque el Gobierno diga que no existen, que sólo son delincuentes cuyo único interés es el dinero y no la limpieza ideológica, el genocidio político. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o las Águilas Negras son los grupos paramilitares de extrema derecha que firman panfletos y mensajes a los amenazados en buena parte del país. Herederos de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo que ataca a los maestros de Montería, por ejemplo, pero también a los campesinos del Cauca o de Magdalena Medio o los sicarios que usan los terratenientes para expulsar a campesinos de las tierras comunales. Pese a todo, el Gobierno sigue poniendo en duda su autenticidad. Quizás algún desalmado utiliza sus logotipos para asustar, para conseguir dinero sin siquiera pertenecer a ellos, insinúa el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto.


Negar la realidad


Para Fernández de Soto y su gobierno, este grupo recibe el nombre de Clan del Golfo y son, simplemente, narcotraficantes y mineros ilegales cuyos intereses chocan con los de activistas y campesinos. “Estos asesinatos nos preocupan y los investigamos todos pero no hay que entrar en una guerra de cifras. No creemos que todos sean asesinatos selectivos”, afirma mientras esgrime las positivas cifras de seguridad del país. “Estamos en el momento de mayor tranquilidad en 40 años, con una media de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nos acercamos a cifras normales. Nos estamos acostumbrando a vivir en paz”, argumenta.


No le falta razón al viceministro. De hecho, muchas víctimas coinciden con él. Hay menos muertes. El problema es que los que mueren están mucho mejor seleccionados. Al fin y al cabo, los líderes sociales serán los encargados de velar por el desarrollo de los acuerdos de paz con las FARC en lo que tiene que ver con la reforma agraria o la sustitución de cultivos ilegales. Eso les convierte, a ojos de los paramilitares, en guerrilleros de izquierda a los que exterminar, descabezar los movimiento y debilitar el proceso de paz. Luis Juarán, del sindicato agrario Fensuagro, afirma que han sido ellos, los civiles, quienes han puesto la mayor cantidad de muertos durante el proceso de paz. Su organización, muy vinculada al Partido Comunista, logró convocar grandes movilizaciones por una reforma agraria en los 80. Eso le costó el exterminio de su organización por parte de los paramilitares en regiones como Costa Atlántica, Magdalena Medio, Meta y Urabá. Hoy, de nuevo, ve morir a sus militantes y teme por su propia vida. No son recuerdos lo que lee en los periódicos.


Un caso similar es el de Óscar Aredo, un veterano agricultor y dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) en la región del Cauca, una de las más afectadas por el nuevo auge paramilitar. Su lucha es por la tierra y por los recursos naturales y sus enemigos son grandes empresas energéticas y mineros legales e ilegales; los megraproyectos que acaban con miles de campesinos desplazados. Él ya ha recibido decenas de amenazas, pero no tiene escolta. “Uno no se acostumbra nunca a la muerte, pero aquí no te queda más remedio”, afirma.


“El paramilitarismo está creciendo, las amenazas han aumentado y está habiendo muchos asesinatos. Desde enero hasta hoy ha habido alrededor de 20. El sábado (18 de febrero) nos mataron a un compañero en la localidad de Mercaderes”, lamenta. “Si el Gobierno no reconoce que existe el paramilitarismo no va a actuar contra él. Y si no acaba con los paramilitares, con el narcotráfico, con la minería legal e ilegal no va a haber paz en Colombia, porque son estos agentes los que están haciendo la guerra”, argumenta.


“Seguiremos asesinando ya que la lista es larga y lo lograremos. El norte, centro y sur del Cauca debe estar listo y así empezar el año nuevo sin castro-chavistas, sin defensores de derechos humanos, sin activistas, sin sindicalistas, sin Marcha Patriótica, sin LGTBI, sin colaborares de las FARC”.


Ése es uno de los párrafos de la octavilla que apareció sobre la mesa de la oficina de Elisabeth Yangana, miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano (SUNED). En el siguiente párrafo se especificaban algunos nombres. El suyo estaba en la lista. Lo firmaban las Águilas Negras y se despedían así: “La gente de bien y los inocentes nos lo agradecerán. Por un nuevo país”.


Yangana ha denunciado el paramilitarismo y su connivencia con sectores del Estado colombiano durante años. No le extraña figurar en esa lista, lo que le sorprende y le asusta es que el Gobierno no le de credibilidad a ese papel. Más aún cuando ella ha sufrido un intento de secuestro hace una década y cuando desconocidos en moto la persiguen a la salida de su actual trabajo. A su marido “lo desaparecieron” hace muchos años.


“Digamos que se habían calmado ─afirma sin poder contener un risa sarcástica─ pero el 13 de diciembre ya volvieron las amenazas. Nos persiguen y nos matan por ser de izquierdas, progresistas y reivindicar derechos sociales. Eso es sinónimo de ser de las FARC”, explica.


Tampoco le sorprende que el Gobierno quiera pasar definitivamente la página del paramilitarismo. La época en la que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran conocidas como la “sexta división” de las Fuerzas Armadas colombianas acabó con las imágenes de sus jefes entregando las armas tras aquel proceso de paz firmado con el expresidente Álvaro Uribe, en 2006. Según las cifras que presentó el Gobierno, más de 30.000 paramilitares se desmovilizaron y entregaron las armas. Asunto zanjado para Juan Manuel Santos, que recogió el testigo en el Ministerio de Defensa después de ese proceso de paz.


El engaño de los paramilitares desmovilizados


Pero pocos en Colombia confían en aquella desmovilización de los paramilitares. Ni siquiera quienes se acogieron a ese proceso se lo creen. Jorge Luis Hernández ingresó en las AUC cuando tenía 20 años. Hoy tiene 40 y su vida se parece muy poco a la de entonces. “Entré porque no tenía trabajo y un primo me dijo que me pagaban un buen sueldo”, explica. Pronto se dio cuenta de que combatir a la guerrilla y a la “subversión comunista” era sólo una parte de su trabajo. La otra consistía en hacerse con el control de la producción de coca y pasta base de cocaína. “Mi misión no era sólo combatir, yo no maté a nadie. Nos hacían vigilar las zonas cocaleras y los laboratorios”, reconoce en el descanso de una reunión de activistas por los derechos humanos a la que ha acudido en la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre.

“Hoy sigue existiendo paramilitarismo, sólo ha mutado un poco. La mayoría de los mandos intermedios de las AUC no se desmovilizaron y son los que hoy ocupan las antiguas zonas de las FARC. Ni siquiera entregamos todas las armas. Yo tenía un rifle AK-47 y, cuando me entregué, me obligaron a hacerlo con un rifle viejo”, asegura. ¿Quiénes son los actuales jefes paramilitares? La pregunta le hace gracia. “Son los políticos. Siempre han sido ellos. Una prueba es que mi batallón obligó, durante las elecciones, a que la gente votara por Álvaro Uribe Vélez. Les amenazábamos y estábamos presentes en los colegios electorales para ver qué votaban”, afirma. Los políticos, responde. Esos que hoy niegan la existencia del paramilitarismo.

bogotá / popayán / cajamarca (colombia)
17/03/2017 22:32 Actualizado: 18/03/2017 08:00
JAIRO VARGAS
@JairoExtre

Publicado en Colombia

Es difícil imaginar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc sin recurrir, paradójicamente, a la metáfora de la guerra para ilustrarlo. Tal vez porque es el recurso más antiguo en la historia de los narradores para explicar eventos cruciales de la vida o porque estamos contaminados con más de cincuenta años de conflicto armado. De cualquier manera, siempre es mejor la guerra como metáfora que como realidad. En ese sentido es admisible decir, entonces, que en la segunda semana de marzo, tras varios días de debate en la Sala Plena del Senado, la paz ganó otra batalla con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, sin embargo, dejó una sensación agridulce, por no decir amarga.


Tras refrendar el Congreso los acuerdos el treinta de noviembre del año pasado  yaprobar, días después, la Corte Constitucional el Fasttrack, se daba inicio a un nuevo capítulo del proceso de paz: blindarlos jurídicamente, una condición fundamental para su implementación efectiva.


El primer paso en este sentido se dio el mismo lunes dos de diciembre con la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), conformada por tres delgados de las Farc: Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino y tres del Gobierno Nacional: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Esta instanciatiene por objetivo vigilar que los acuerdos se cumplan, dada la tendencia del presidente Juan Manuel Santos a grabar sobre piedra promesas que luego incumple, y a su vez dirimir los conflictos que surjan en la implementación.


A su vez, para cubrir todos los frentes, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo conformado por: la ministra del trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del gobierno nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Del mismo modo otras instancias se encargan de vigilar la seguridad de los reinsertados, con observadores del Gobierno, las Farc y delegaos internacionales.


Así, en estas condiciones el Gobierno pudo presentar, con la bendición de las Farc, las normas y leyes al Congreso de la República. Pero de inmediato surgieron varios problemas. El primero: la priorización. Desde un principio el Gobierno dijo que tenía cincuenta iniciativas por presentar, pero muchas de ellas aún en borrador. La más urgente, dado que las Farc sólo durarían 180 días concentrados en los campamentos, era la ley de Amnistía e Indulto, entendida como «la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada», y el indulto como“un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” .


Fuentes oficiales habían marcado el cinco de diciembre como fecha límite para radicarla en el Congreso, pero sólo hasta el 19 del mismo mes lo hicieron realidad. Con la ley en el Congreso surgía el segundo obstáculo: la oposición. Si bien el Ejecutivo tiene en su bolsillo a la mayoría en el Congreso, existía cierta incertidumbre frente al alcance de la oposición para frenar el proceso de paz; específicamente del Centro Democrático. Como era de esperarse se hicieron escuchar afirmando que la amnistía y el indulto, tal y como la radicaron, abría las puertas a la impunidad. Sin embargo, varios expertos han afirmado que este proceso de paz es el único en la historia de acuerdos en el mundo donde las guerrillas se someten a ser juzgadas.


Aún así, pese a la oposición, la ley se aprobó en primer debate de Cámara y Congreso y el 31 de diciembre el Presidente la sancionóbajo la ley 1280 de 2016. La agilidad del trámite pudo provenir de los micos introducidos a esta norma, como los beneficiosa militares condenados y presos.


El segundo proyecto, considerado por el Gobierno como la columna vertebral de la paz,no corrió con la misma fortuna. En febrero del presente año el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de JEP. Pero luego de varios días de debates, el ocho de marzo se aplazó la votación cuando varios congresistas entraron en confrontación. Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le respondió a Jairo Estrada: «Claro, como les gusta es el plomo»; luego de que aquel dijera que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP Ante lo cual, unmiembro de Voces de Paz arremetió insinuando que el CD eran paramilitares. Claudia López, a su vez, también lanzó sus mordaces comentarios contra este partido cuando se salieron en plena votación: «aquí no los invitamos al salón social sino para que vengan a legislar. Con todo y que se ganaron la curul en una rifa, no son capaces ni de eso», afirmó.


Pero, más que por lo anterior, los retrasos fueron provocados por ciertas bancadas para ganar tiempo y así poder implementar las modificaciones necesarias para beneficiar a militares y ciertos miembros de la sociedad civil, es decir, dejarde par en par la puerta de la impunidad y, sobre todo, cerrar con doble llaveel cuarto de la verdad.


Con la Jurisdicción Especial para la Pazse conformarán ocho órganos cuyos objetivos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. Estos son:la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Tribunal Especial para la Paz; la sala de recomendación de verdad, de responsabilidad, y determinación de hechos y conductas; además, habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, la sala administrativade indulto, la unidad de investigación y Acusación y la secretaría ejecutiva. Todo un cuerpo robustecido al que dejaron sin herramientas para lograr la la justicia y la verdad.


Así, el lunes 13 marzo, tras de días de debate, la plenaria del Senado aprobó la JEP con 61 votos a favor y dos en contra (de Claudia López y Antonio Navarro en representación de Alianza Verde) y con sus respectivas modificaciones. «No va haber una casería de brujas», dijo Roy Barreras en relación a que la sociedad civil, entendida como aquellos sectores de la sociedad que fueron determinantes en el conflicto,puede estar tranquila ya que se le «quitó a la normala referencia a los financiadores de los paramilitares y quedó que sólo los que hayan cometido infracciones al DIH de manera “sistemática” podrán ser llamados a comparecer» .A su vez, los políticos procesados por hechos relacionados con el conflicto podrán someterse a la JEP para recibir beneficios. Así, muchos empresarios y políticos despertaron al día siguiente sonrientes, sus abadís, como el congresistaGermán Varón y su partido Cambio Radical (además del Centro Democrático), les quitaron un peso de encima. Del mismo modo se deben sentir las Fuerzas Militares que, «estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma» .


Aún así, tanto el colombiano en general como la víctimaen específico se acostaron aliviados sabiendo que cada vez es más remota la posibilidad del retornodel conflicto, aunque con ello se vea afectada la verdad y la justicia, en cierto grado.
Aún faltan por debatir otros proyectos prioritarios, entre ellos dos fundamentales: el estatuto de oposición y las garantías para creación del partido político de las Farc. Los demás, si bien no prioritarios, no dejan de ser importantes: entre estas la ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, «cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales»; «la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc-Ep o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización»; «el acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y de la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición», entre otros más.


Volviendo a la idea principal, el proceso de paz ha sido una guerra en la que, como todas, aun ganando siempre se pierde algo. Pero, afortunadamente, en esta no son vidas.

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El presidente colombiano: "No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Me acabo de enterar"


El gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014, Roberto Prieto, ha reconocido este martes que la constructora Odebrecht les financió de forma irregular. Ocurrió en la anterior carrera presidencial, en 2010, cuando la compañía brasileña, investigada por tejer una amplia red de sobornos en América Latina, pagó los afiches del actual presidente de Colombia. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, ha afirmado Prieto.


“La irregularidad es evidente. Está claro que hubo parte de un equipo financiero que se acercó a Odebrecht para buscar financiar unos afiches”, ha proseguido durante una entrevista en Blu Radio. La ley electoral colombiana prohíbe aceptar fondos de una empresa extranjera y, ante esta circunstancia, ha señalado que el comité de campaña hizo “quedar mal” a Santos, a quien el exgerente ha exculpado en todo momento.


Tras las declaraciones de Prieto, el presidente colombiano ha difundido una declaración institucional a través de Twitter en la que condena esa financiación, pero no la niega. Santos asegura que no estaba al tanto de los pagos y pide que se investigue y sancione a los responsables de esas irregularidades. “Frente a la valoración de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi absoluto rechazo y condena frente a ese hecho”, ha enfatizado el mandatario. “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, ha continuado.


Santos ha reclamado a los cargos afectados “que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable” y ha rechazado que esta circunstancia salpique a su Gobierno. “Esta violación de la norma de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi Gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi Administración y sancionen a los responsables de cualquier, cualquier acto de corrupción”, ha recalcado.


Aunque la confesión de Roberto Prieto no ha entrado en detalles de cuánto costaron los afiches para la campaña presidencial de 2010 ni la empresa intermediaria a través de la que el departamento financiero llegó a Odebrecht, la Fiscalía investiga desde hace semanas a Impressa Group Corp. Se trata de la compañía panameña de publicidad, vinculada a los Papeles de Panamá, de María Fernanda Valencia y su entonces marido, Félix Otto Rodríguez. Ambos están llamados a declarar ante el organismo judicial para aclarar si la constructora brasileña asumió el pago de 400.000 dólares, coste de los dos millones de carteles.


Por el momento, la Fiscalía que dirige Néstor Humberto Martínez no ha informado de si cambiará el curso de su investigación tras las declaraciones radiofónicas de Prieto. El que fuera gerente de las dos campañas del actual mandatario también tendrá que pasar por estas dependencias judiciales.
El Comité Nacional de Colombia mantiene su investigación administrativa y paralela a la de la Fiscalía sobre las campañas presidenciales de 2014. La sala plena del organismo se reúne el miércoles en sesión ordinaria y podría solicitar a la dirección ampliar su tarea tras la confesión de Prieto. Por el momento se encargan de esclarecer si el actual presidente recibió más dinero del establecido por la ley electoral y si esas cantidades tienen un origen ilícito tras las declaraciones del exsenador Otto Bula, quien confesó haber entregado un millón de dólares en efectivo a Roberto Prieto. Si se llegara a confirmar que la campaña del presidente Santos recibió aportes de una empresa extranjera como Odebrecht, el entonces candidato habría superado el tope legal establecido.


Por otra parte, la Fiscalía colombiana ha verificado que Odebrecht cerró un contrato en febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares, para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia. “Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”, aseguran desde el organismo judicial.

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Miércoles, 15 Marzo 2017 07:39

“La lista de Janot” hace bailar a Brasil

Entre los implicados en el escándalo de corrupción hay hombres fuertes del Partido Movimiento Democrático Brasileño, de Temer, y de la Socialdemocracia Brasileña. La lista se mantuvo en secreto desde diciembre pasado, para no “desestabilizar”.

 

Es la noticia del año, por ahora. La Procuraduría General de la República envió a la Corte una lista de 83 políticos, entre los que estaría el hombre fuerte del gobierno de Michel Temer, Eliseu Padilha, y otros funcionarios envueltos en el escándalo de corrupción investigado en la causa Lava Jato.

Se trata principalmente, según versiones extraoficiales, de referentes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex candidato presidencial Aécio Neves y su abuelo político, Fernando Henrique Cardoso.


PMDB y PSDB son las fuerzas que sustentan al gobierno surgido de la asonada que hace nueve meses desalojó a Dilma Rousseff del Palacio del Planalto con el pretexto de moralizar y estabilizar (así como “despetizar”) al país.


La democracia fue “atacada (...) y violentada por la corrupción y el abuso de poder económico y político” sostuvo el procurador Rodrigo Janot al anunciar la conclusión del informe que era aguardado desde la semana pasada.


Janot solicitó ayer por la noche al ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, que abra investigaciones a 83 ministros, senadores y diputados, beneficiados por el foro calificado, alcanzados por las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht.


Aunque “La lista de Janot” fue guardada bajo siete llaves en la “Sala del Cofre” del tercer piso del palacio del Supremo Tribunal Federal, ya se filtró que en ella figuran el jefe de la Casa Civil Eliseu Padilha y otros cuatro ministros, además de los presidentes del Senado, Eunicio Oliveira y de Diputados, Rodrigo Maia.


Traducido: no sobrevivió ninguna pieza importante del engranaje político-mafioso montado por Temer para gobernar hasta el 31 de diciembre de 2018.


Un vocero del mandatario dijo que de aquí en adelante se inicia el período “post delación del fin del mundo” en la que se intentará continuar con las (contra)reformas previsional y laboral.


La Bolsa de Valores de San Pablo, que se disparó cuando fue derrocada Rousseff, ayer cayó el 1,5 por ciento y el 5 por ciento las acciones de Petrobras: señal de que el mercado financiero duda sobre cuánta gobernabilidad le queda al mandatario cuyo capital político depende, no de su aprobación popular, sino de la profundidad y velocidad del ajuste. “Prefiero ser impopular a populista” dijo Temer a la revista británica The Economist, cuyo enviado se sorprendió por las convicciones neoliberales del entrevistado.


Siempre de acuerdo con las filtraciones publicadas por las ediciones on line de los diarios Estado y Folha, la Procuraduría solicitó que el Supremo Tribunal investigue al actual canciller Aloysio Nunes Ferreira y al anterior, José Serra, así como al senador Aécio Neves, los tres del PSDB.


El propio Temer también habría sido nombrado más de 40 veces por los arrepentidos de Odebrecht, luego de acordar hacer delaciones premiadas a cambio de la mitigación de sus penas.


Según esas confesiones Temer, secundado por Eliseu Padilha, negoció en una cena celebrada en 2014 el aporte de unos 3 millones de dólares ilegales con Marcelo Odebrecht, ex titular de la constructora, que purga una pena de 19 años de prisión.


El contenido de los archivos posiblemente será publicado en los próximos días, con el fin del secreto de sumario, luego de que sean revisados por el ministro Fachin, que asumió como relator de Lava Jato en enero reemplazando a Teoríi Zavascki, fallecido en un accidente aéreo el 19 de enero. Zavascki era tenido como el juez más imparcial del Supremo, y posiblemente el más temido por Temer.


El informe elevado al Supremo Tribunal tiene un anexo sobre 211 personas sin foro privilegiado, donde estarían Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, cuyos expedientes serán girados a jueces ordinarios.


Es un hecho que el anuncio del procurador puso nocaut, o al menos dejó groggy, a la actual administración. Y es igualmente cierto que la Justicia demoró en iniciar esta fase del proceso Lava Jato: las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht habían concluido y fueron homologadas en diciembre del año pasado.


No son convincentes los argumentos esgrimidos para justificar tanta demora, que más bien parece haber sido un respiro para asegurar la estabilidad del régimen.


En paralelo a la parsimonia del jefe de la Procuraduría, algunos jueces del Tribunal Superior Electoral dejaron trascender que están dispuestos a ser indulgentes en otra causa contra Temer, porque si lo condenaran alimentaría el clima de inestabilidad e ingobernabilidad.


Fantasmas


Desde Europa, donde visitó Suiza y Portugal, Dilma Rousseff denunció un plan, apoyado por jueces, para posponer las elecciones de octubre del año próximo en las que, según los sondeos, Lula podría ser electo para un tercer mandato.


Uno de los responsables de esa trama, que confirma la complicidad judicial en el golpe, sería el ministro Gilmar Mendes, miembro del Supremo y titular de Tribunal Electoral.


“Pueden cambiar las reglas de las elecciones presidenciales con la introducción del Parlamentarismo o postergar las elecciones del año que viene”, avisó Dilma desde Ginebra.


Luego siguió viaje a Lisboa, donde ayer pronunció una conferencia en la Fundación José Saramago donde el público coreó “Fuera Temer”.
La ex presidenta, que al parecer aspira a candidatearse al Congreso en 2018, comentó una declaración del mandatario, quien contó que dejó el Palacio de Alvorada luego de percibir, junto con su joven esposa Marcela, que la residencia estaría ocupada por “fantasmas”.


“Viví allá y nunca ví nada de eso, nunca vi ningún fantasma”, declaró Dilma con algo de ironía sobre su sucesor, al que volvió a acusar de “golpista” y suele calificar como un “intruso” en Alvorada.

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Entrevista al senador Alexander López sobre la Jurisdicción Especial para la Paz

 

Ante la inminente aprobación parlamentaria del Proyecto de Acto Legislativo Nº. 02/17 (Senado), "Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera", la corresponsal en Colombia de Radio Nizkor, Claudia Julieta Duque, ha entrevistado al senador Alexander López Maya sobre su posición frente a este proyecto de reforma constitucional que se da en el marco de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.

El senador Alexander López explica qué es lo que se plantea en este proyecto legislativo y qué le ha llevado a presentar una ponencia alternativa al proyecto que se pretende aprobar.

En relación con el proceso penal y los miembros de la fuerza pública y los paramilitares -responsables de desplazamientos masivos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etc.- expone que la ponencia gubernamental incumple los estándares internacionales... Se crea una jurisdicción especial para los miembros de la fuerza pública incursos en estos crímenes atroces que deja a las víctimas en una condición de revictimización y que viola sus derechos. Por eso la ponencia alternativa, rechazada en el debate plenario del Senado celebrado el 08mar17, quería garantizar los derechos de las víctimas y evitar la impunidad.

Las fuerzas militares, estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma. En este momento hay unos 5.000 miembros de las Fuerzas Militares procesados por crímenes contra población civil. Ya de por sí en el acuerdo de paz se establece un juzgamiento especial mediante un mecanismo de justicia transicional, pero además, el Gobierno ha llegado a un acuerdo especial y diferente, y desconocido para el país, con las Fuerzas Militares, el cual ha sido negociado por fuera del proceso de La Habana.

Es así como se incluyó un Capítulo 7º excepcional que protege penalmente a los militares y a todos aquéllos en una posición de mando frente la aplicación del principio de responsabilidad del superior jerárquico, al requerirse para determinar esta responsabilidad la concurrencia de 4 requisitos que hace inoperante de hecho este principio, conduciendo pues a la más absoluta impunidad de responsables militares en el marco de esta JEP. Esto vulnera los estándares internacionales e incluso las obligaciones de Colombia al ser estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Otro aspecto de gran preocupación es el hecho de que esta reforma va a generar una discriminación entre víctimas al haber una calificación de que sólo serán reparadas las víctimas "graves", vocablo indefinido. Tampoco este diseño de JEP garantiza la participación de las víctimas en el proceso y, en cuanto a la reparación integral, el Estado determina que serán reparadas con los "recursos disponibles". Como hay 8.400.000 víctimas registradas, tomando los datos del informe de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, donde se dice que se dispone para el 2017 de 700.000 millones de pesos para reparación, a cada víctima le correspondería en 2017 por este concepto 28 USD. Esto dista mucho de reparación integral...

El senador plantea también otro aspecto preparatorio del escenario de impunidad, y es que el artículo transitorio 10 de este Acto Legislativo abre la puerta a la revisión y revocación de sentencias ya pronunciadas por la justicia ordinaria frente a violaciones de los derechos humanos. Por esta vía, con total seguridad, las condenas ya pronunciadas por la justicia ordinaria en casos tan trágicos como la masacre de Mapiripán, los falsos positivos de Soacha, los del Eje Cafetero, los hechos del Palacio Justicia, la masacre de Barrancabermeja, etc., podrían ser revocadas y llevar a la impunidad.

Por último, el Senador Alexander López lamenta lo absolutamente minoritaria que es su posición, incluso entre las organizaciones no gubernamentales. La carta que envió al Presidente Santos y a las FARC manifestando todas estas preocupaciones no ha tenido respuesta de ninguna de estas partes. "Estamos muy solos en esta pelea", manifiesta. "No se trata sólo de un acuerdo con las FARC, sino que tal y como están dadas las cosas en este modelo de justicia transicional, esto va a llevar a grandes escenarios de impunidad... Hay 1.200 miembros de la fuerza pública esperando a las puertas de las cárceles para que esto se apruebe y reclamar su libertad." La paz y la reconciliación son necesarias, pero no a costa de dejar por fuera el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los estándares internacionales para este tipo de crímenes.

Se trata pues de una normativa que define un modelo de impunidad específico para Colombia y que tendrá efectos muy graves, tanto para las víctimas como para la justicia colombiana.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

 

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El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha ratificado por unanimidad la destitución de la presidenta del país, Park Geun-hye, aprobada originalmente por el parlamento debido a sus vínculos con la trama de corrupción de la "Rasputina". Con la destitución, Park, a la que la fiscalía considera sospechosa en el caso, queda despojada de su inmunidad y Corea del Sur está obligada a celebrar elecciones presidenciales en un plazo inferior a 60 días.


Nada más conocerse la decisión del Constitucional, miles de personas se echaron a la calle en Seúl, frente a la sede del tribunal y en la cercana avenida Sejong, para protestar contra la destitución de Park Geun-hye. Las manifestaciones multitudinarias han estado marcadas por los enfrentamientos con la Policía que han causado al menos dos muertos.


Uno de los fallecidos es un hombre de 72 años que murió de camino al hospital a causa de las heridas que sufrió en la cabeza, según notificaron las fuerzas de seguridad. El hombre fue hallado inconsciente cerca de la sede del Tribunal Constitucional. El segundo fallecido es un varón de 60 años al que los servicios sanitarios encontraron inconsciente cerca de la Corte. La policía asegura que hay otros dos heridos, mientras que los organizadores de la marcha pro-Park dijeron a la agencia de noticias Yonhap que al menos ocho manifestantes han sufrido lesiones.


La decisión del Constitucional, que fue retransmitida en directo por todas las televisiones y radios del país, se hizo pública en un ambiente marcado por el fuerte dispositivo de seguridad activado en Seúl para evitar encontronazos entre los seguidores y los detractores de Park Geun-hye. Unos 21.600 agentes han acordonado la máxima instancia judicial surcoreana, la Casa Azul (sede de la presidencia) y otras dependencias gubernamentales.


Miles de seguidores de los dos bandos han tomado la avenida Sejong para celebrar y condenar respectivamente el veredicto. Desde que el escándalo comenzó a sacudir al país el pasado otoño, la céntrica avenida ha sido escenario de manifestaciones multitudinarias que pedían el cese de Park y que han llegado a congregar a más de dos millones de personas.
El veredicto del Constitucional supone la primera destitución de un jefe de Estado y el primer adelanto de los comicios presidenciales en Corea del Sur desde que el país volvió a celebrar elecciones democráticas en 1987 tras el mandato de dos juntas militares (una de las cuales lideró el general Park Chung-hee, padre de la destituida presidenta). La mayoría de los expertos apuntan a que los comicios presidenciales, donde el favorito para imponerse es el candidato liberal Moon Jae-in, seguramente se celebren el martes 9 de mayo.
La Corte consideró que la mandataria participó junto a su amiga Choi Soon-sil, conocida como la "Rasputina", en la creación de dos fundaciones que se emplearon para extorsionar fondos a grandes empresas y dijo que infringió la ley al filtrarle documentos confidenciales a Choi y al permitirla interferir en asuntos de Estado.
Los ocho jueces del Constitucional han ratificado la destitución aprobada el pasado 9 de diciembre por el Parlamento surcoreano y que ha mantenido a Park, que accedió a la presidencia en febrero de 2012, retirada de sus funciones desde entonces. Aunque no consideró que fuera motivo para su destitución, la máxima instancia judicial del país creyó probado que Park desatendió sus obligaciones como jefa de Estado durante el hundimiento en abril de 2014 del ferri Sewol que dejó más de 300 muertos, la mayoría estudiantes de secundaria.

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La Fiscalía colombiana anunció este jueves el congelamiento de bienes valuados en 98.2 millones de dólares, pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que firmó un acuerdo de paz con el gobierno el pasado noviembre.

"Hemos congelado con fines de extinción de dominio bienes por un valor cercano a 282 mil millones de pesos (98.2 millones de dólares) en predios de influencia de las disidencias y ex combatientes de las FARC", indicó el fiscal Néstor Humberto Martínez en rueda de prensa.

Aseguró que esto es producto de un trabajo conjunto con el ejército, la policía y autoridades administrativas que duró "varios meses y que ha logrado identificar igualmente bienes producto de actividades ilícitas como narcotráfico", desarrolladas por algunos guerrilleros disidentes de frentes como el 7, 10, 40 y el Acacio Medina.

Las operaciones se realizaron en cuatro departamentos, entre ellos Vichada, en la zona este del país, donde se identificaron "seis inmuebles y cuatro sociedades valuadas en 6 mil millones de pesos" (unos 2 millones de dólares), las cuales se dedicaban a la minería ilegal.

En tanto, en Arauca, zona este, se encontraron "mil.473 hectáreas valuadas en 5 mil millones de pesos" (1.7 millones de dólares).

Martínez indicó que en el sur del departamento de Bolívar se identificaron "260 mil hectáreas de predios rurales que fueron aprovechados históricamente por el frente 24 (de las FARC)" para la explotación de cultivos ilícitos, tierras que tienen un valor de "cerca de 260 mil millones de pesos" (90 millones de dólares). Además, en el centro del país, en el departamento del Meta, las autoridades encontraron 11 predios por un valor aproximado de "4 mil millones de pesos" (1.4 millones de dólares), en los municipios de La Uribe y Mesetas, zonas cercanas a donde se concentra las FARC para iniciar su proceso de desarme y regreso a la vida civil.

El fiscal apuntó que el artículo 41 de la ley de amnistía, aprobada en diciembre por el Congreso para rebeldes señalados únicamente de delitos políticos y que forma parte de la implementación del acuerdo de paz, dice que las autoridades pueden realizar acciones "contra los bienes ilícitos" de los ex combatientes y disidentes de las FARC.

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Viernes, 24 Febrero 2017 06:38

Monarquía desgastada

Los recientes 12 años han sido los más críticos para la monarquía española desde que en 1969 el dictador Francisco Franco designó como su sucesor en la jefatura de Estado a Juan Carlos de Borbón. Y sobran razones, porque en lo que va de este nuevo siglo la figura de la monarquía ha sufrido enorme desgaste.


Todo comenzó en 2005, al divulgarse los negocios que, a la sombra del poder que daba ser el yerno preferido del rey Juan Carlos, realizaba el que fue un deportista popular y de buena presencia física: Iñaki Urdangarin. En unos cuantos años, y a través de un instituto, el Nóos, presuntamente sin fines de lucro, se hizo de contratos que le dejaron ganancias millonarias en euros. De la directiva de tal institución formaba parte su esposa, la infanta Cristina. Denunciado el caso ante la justicia, ésta descubrió las formas utilizadas por el yerno a través de Nóos para hacerse de dinero público.


A este desgaste se sumó en 2012 la fractura de la cadera que sufrió el rey cuando estaba en África cazando elefantes. Lo acompañaba su novia del momento. El viaje lo financió uno de sus amigos árabes, muy rico. Los medios aprovecharon el caso para exhibir otras infidelidades del monarca y la virtual separación de su esposa, la reina Sofía. Igualmente se puso en duda el origen de su cuantiosa fortuna.


No tuvo entonces Juan Carlos otra alternativa que ceder la corona a su hijo Felipe, quien carga desde 2014 con el desprestigio que rodea a la monarquía y, de paso, los escándalos de corrupción protagonizados por relevantes figuras del Partido Popular, que incluyen al presidente Mariano Rajoy.


Pero el cambio de monarca no sigificó el fin del juicio contra Urdangarin y su esposa por diversos delitos, entre ellos evasión fiscal. Aunque a ambos se les retiraron los títulos nobiliarios y fueron marginados de los actos oficiales, la infanta siguió protegida salarialmente con cargos en trasnacionales españolas.


Lo que no pudo evitar fue presentarse ante la instancia judicial que la acusaba como corresponsable de los negocios hechos por su esposo a través del Instituto Nóos. Por primera vez un integrante de la monarquía fue obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Allí, Cristina dijo estar convencida de la inocencia de su marido y desconocer los malos manejos en Nóos y que la culpa de lo que pasó era de otros. Sin embargo, tuvo que pagar casi 700 mil dólares por ser presunta beneficiaria de la evasión fiscal de su esposo.


Hace una semana, finalmente se dictó sentencia: Cristina, inocente. A Iñaki, 6 años y 3 meses de cárcel, pero no ingresará a ella. Lo dejan en libertad provisional. Se irá a vivir a Suiza con la infanta. Se cumplió así lo que la mayoría de los españoles creyó siempre: la justicia es ciega, pero no con los integrantes de la monarquía.

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