La justicia de Nicaragua exige que el multipremiado poeta pague 800.000 dólares por una confusa causa de 2006 y la asociación mundial de escritores pide que "cesen los hostigamientos"

 

 La justicia de Nicaragua reanudó una demanda contra el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal por una supuesta multa de 800.000 dólares en concepto de “daños y perjuicios” por una disputa relacionada con la propiedad de unos terrenos del archipiélago de Solentiname, precisamente donde Cardenal escribió “El Evangelio en Solentiname” en 1975. El poeta ya denunció que este conflicto judicial es “una persecución política en su contra” y la asociación mundial de escritores, PEN Internacional, exhortó a las autoridades nicaragüenses a “cesar el hostigamiento”.

La causa contra el multipremiado poeta, autor de "Epigrama" y "Oración por Marilyn Monroe", se inició en 2005 por una demanda de Nubia del Socorro Arcia Mayorga, ex administradora del Hotel Mancarrón. Esta propiedad había sido una escuela construida por fondos de la cooperación alemana después de la dictadura de Anastasio Somoza, pero mucho antes del triunfo de la Revolución Sandinista había sido adquirida por Cardenal para fundar una comunidad de campesinos a quienes, además de enseñarles a leer y escribir, les enseñó pintura y artesanía.

En la década de los noventa, tras la derrota electoral del sandinismo, la Asociación para el Desarrollo de Solentiname decidió convertir las instalaciones de la escuela en un hotel, administrado por Alejandro Guevara, un campesino formado por Cardenal. Guevara murió y la asociación decidió nombrar a Arcia Mayorga, su viuda, como administradora. La mujer reclamó el hotel como herencia y en 2002 decidió demandar al poeta.

En 2008, la acusación llegó al climax y el poeta denunció en una carta pública que Ortega y su esposa, Rosario Murillo, estaban usando la querella legal para perseguirlo políticamente porque él había cortado todo vínculo con el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Cardenal se enteró el viernes pasado en La Gaceta, el diario oficial, que se le exige pagar una suma de 800 mil dólares, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por supuesto incumplimiento de contrato a Arcia Mayorga. “La persecución política es incesable, las calumnias y falsas reclamaciones económicas, por una justicia subjetiva a los intereses políticos del actual gobierno Ortega/Murillo”, escribió a las pocas horas el poeta en su cuenta de Facebook. Y agregó: “Si yo guardo silencio ante semejantes ataques políticos, ¿quién será el siguiente?”.

En un comunicado, el PEN, presidido por la novelista Gioconda Belli, expresó su más “rotunda solidaridad” con el “ícono” de América Latina.“Creemos que sus posiciones valientes, directas y críticas a la situación de Nicaragua bajo el gobierno, desde 2007, de Daniel Ortega, son las que le han causado perjuicios y persecución", sostuvo la organización.

También el escritor Sergio Ramírez, premio Internacional Carlos Fuentes y Premio Alfaguara de Novela, deploró el fallo “por un proceso que le iniciaron hace tiempo”. “El poder quiere humillarlo y dejarlo en la calle. Su casa es el único bien que posee en esta tierra y cuando lo subasten, no servirá que sepan que por esa puerta pasaron Gunter Grass, Graham Greene, García Márquez o Julio Cortázar”, expresó Ramírez.

 

 

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Sábado, 16 Julio 2016 06:29

Filmar un crimen no es un delito

Manifestaciones contra la violencia policial han sacudido Estados Unidos tras el reciente asesinato por parte de la policía de dos hombres afroestadounidenses: Alton Sterling en Louisiana y Philando Castile en Minnesota. Las imágenes en video de sus asesinatos, registradas por ocasionales testigos y publicadas en Internet, provocaron el espanto de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, quienes filman la violencia policial afrontan cada vez más persecución, acoso, detención e, incluso, la cárcel.

 

El 5 de julio de 2016, Alton Sterling estaba vendiendo CDs frente a la tienda de un amigo en Baton Rouge, Louisiana, cuando la policía lo embistió y lo mató de un disparo. El propietario de la tienda, Abdullah Muflahi, filmó lo ocurrido con su teléfono celular y contó lo que vio ese día en el programa Democracy Now!:


“Él no sabía lo que estaba sucediendo. [Alton] se veía confundido. Les decía todo el tiempo: ‘¿Qué hice? ¿Qué está sucediendo? No hice nada malo’.

 

Cuando salí de la tienda ya lo estaban golpeando encima de un automóvil y le estaban disparando con una pistola Taser. En ese momento, otro oficial corre y lo tira al suelo. Y a continuación ambos policías comienzan a golpearlo en el suelo”.


Alton Sterling estaba tirado de espaldas sobre la acera mientras dos oficiales de policía de Baton Rouge, ambos blancos y corpulentos, lo sujetaban contra el suelo. En cuestión de segundos, los oficiales le dispararon a Alton Sterling a quemarropa y lo mataron.


Abdullah Muflahi añadió: “Después de que le dispararon, no estoy seguro de lo que dijo uno de los policías que estaba allí, pero el otro oficial, el que estaba cerca de mí, le respondió: ‘Que se joda. Déjalo ahí tirado’, en referencia a Sterling. En ese momento me metieron en el asiento trasero del patrullero”.


Abdullah Muflahi estuvo detenido durante seis horas, confiscaron su teléfono y, sin una orden judicial, la policía confiscó la cámara de seguridad de la tienda, además del equipo de grabación. Muflahi entabló una demanda contra la policía.


Una pareja que se encontraba en un automóvil a metros de donde estaba Sterling también grabó lo sucedido. El video llegó a manos de Chris LeDay, un oficial retirado de la Fuerza Aérea de Baton Rouge que ahora vive en Atlanta, que inmediatamente lo publicó en Internet. LeDay es un músico que tiene muchos seguidores en las redes sociales. “Cuando obtuve el video, lo primero que quería hacer era difundirlo porque fue un caso de asesinato a sangre fría. Quería publicar el video para que todo el mundo pudiera verlo, para que los policías dejen de cometer estas atrocidades impunemente”.


El video se volvió viral y, poco después, Chris LeDay fue detenido por la policía. LeDay trabaja en un centro de la Reserva de la Fuera Aérea de Estados Unidos en Dunwoody, Georgia. Lo detuvieron cuando estaba ingresando a la base. Cuando preguntó por qué lo estaban arrestando le dijeron que:

 

“encajaba con el perfil”. Cuando preguntó con qué perfil, no le respondieron. Este ex oficial afroestadounidense de la Fuerza Aérea que mide 1.90 metros y pesa 120 kilos se asustó. Dijo en Democracy Now!:


“Al cabo de media hora vi que venían más oficiales. Cada vez había más oficiales, así que decidí actuar y publicarlo en Facebook. Etiqueté a mi madre y a mi padre para que supieran lo que estaba ocurriendo. Escribí: ‘En este momento estoy rodeado de oficiales de la policía metropolitana y militar. No sé qué está sucediendo, pero quiero que sepan que si sucede algo no me resistiré’”.


Chris LeDay fue esposado, encadenado, lo obligaron a ponerse un overol naranja y lo detuvieron durante 26 horas. ¿La acusación? No haber pagado multas de tránsito.


Esta semana se cumplen dos años del asesinato por parte de la policía de Eric Garner en Staten Island, Nueva York. El 17 de julio de 2014, después de que un oficial de policía le aplicara una llave de estrangulamiento y otros oficiales se pusieran encima de él, Eric Garner logró decir: “No puedo respirar” once veces antes de morir. Sabemos esto únicamente porque un testigo, Ramsey Orta, filmó la agresión con su teléfono celular. El video tuvo amplia difusión. Ninguno de los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York fue acusado del asesinato de Eric Garner.


Ramsey Orta nos dijo que la policía lo persiguió y acosó inmediatamente después de que se publicara el video. Una de las veces que lo detuvieron, Orta declaró que le dijeron: “Nos filmaste, ahora te estamos filmando”. Ramsey Orta acaba de llegar a un acuerdo mediante el cual cumplirá una pena de prisión de cuatro años por otras acusaciones no relacionadas con el caso, por lo que es la única persona presente en el momento de la muerte de Garner que irá a prisión.


Filmar un crimen no es un delito, es un servicio a la comunidad. La policía debe dejar de acosar a los ciudadanos que facilitan pruebas de video de la brutalidad policial.


Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La violencia racial –más bien la oficial contra las minorías y sus consecuencias– se impuso sobre la agenda política nacional la semana pasada. Algunos funcionarios advirtieron que el país está en un "barril de pólvora", pero en esta coyuntura crítica los ausentes más notables fueron los dos virtuales candidatos a la presidencia.

No es que se hayan esfumado, sino que no figuraron en Wa-shington y en los medios. Menos en las calles. Su participación no incidió en el debate nacional, ante la muerte de dos afroestadunidenses a manos de policías, los decesos de cinco policías en Dallas por un veterano de guerra negro y las movilizaciones de miles –junto con el arresto de más de 300– en todo el país, en una protesta furiosa, pero generalmente pacífica, contra la violencia policiaca y su impunidad la semana pasada.

Algunos observadores se preocupan por que las bases de Donald Trump, junto con las de gran parte del Partido Republicano, que han nutrido un clima racista y xenófobo cada vez más alarmante, podrían detonar más violencia contra las comunidades minoritarias y migrantes del país.

"No hay mayor pesadilla para un gran número de blancos encabronados y asustados que armas en manos de minorías disparando contra blancos", comentó un líder latino a La Jornada. Advirtió que ello podría generar más violencia contra afroestadunidenses y latinos.

Posible respuesta a lo ocurrido en Dallas

 

Crece la inquietud de que podría haber actos de venganza de grupos ultraderechistas en respuesta a lo ocurrido en Dallas, tema alimentado por varias figuras, como el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y la ex candidata a vicepresidenta Sarah Palin, quienes culpan al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) del fallecimiento de los policías blancos.

El presidente Barack Obama, quien regresó un día antes de lo programado de su gira por Europa para atender la crisis, está convocando a un foro entre líderes comunitarios, activistas y jefes de la policía en la Casa Blanca, pero antes viajará a Dallas para honrar a los agentes que perdieron la vida la semana pasada.

En sus declaraciones de la semana anterior, Obama insistió en que no se puede permitir que algunos individuos, policías o el hombre que decidió disparar contra agentes, definan "quiénes somos", e instó a la calma.

Defendió los derechos de protesta y libre expresión, y subrayó: "Alguien que está preocupado por el fracaso del sistema de justicia criminal y ataca a la policía está haciendo daño a la causa".

Mientras tanto, los virtuales candidatos presidenciales, el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton, han intentado navegar las aguas agitadas por los incidentes de la semana anterior, pero siguen caracterizados por algo inusitado en tiempos recientes: ambos son desaprobados y considerados "no confiables", hasta deshonestos, por aproximadamente dos tercios de la población. Ninguno goza de "autoridad moral".

Hillary Clinton intentó hacer eco de las declaraciones del presidente Obama, al buscar una respuesta equilibrada afirmando que sí, que las "vidas negras valen". De igual forma, pidió calma y respeto a la policía por su peligrosa labor.

El nivel de desconfianza hacia Clinton lo revela una encuesta del Washington Post difundida ayer. La mayoría de los estadunidenses (56 por ciento) consideran errónea la decisión del director de la FBI, James Comey, la semana pasada, de no presentar cargos criminales contra ella por su manejo "extremamente descuidado" de su sistema de correo electrónico personal cuando era secretaria de Estado.

Trump buscó volverse una figura más presidencial y responsable al decir que los actos de la policía contra dos afroestadunidenses la semana pasada "carecían de sentido", y reiteró que se necesita "restablecer la ley y el orden" en esta nación. Hoy aseveró: "No únicamente soy el candidato de la ley y el orden, sino el de la compasión".

Muchos se preocupan –la ciudad de Cleveland está preparando a sus fuerzas de "ley y orden" para ello– porque durante la Convención Nacional Republicana, que se realizará la semana próxima, podrían surgir más actos violentos, sobre todo entre manifestantes que se oponen al multimillonario y su partido, y una amplia gama de agrupaciones racistas y ultraderechistas que prometen llegar a "defender a los fieles de Trump".

No tranquiliza que las autoridades estén prohibiendo en la zona de seguridad de la sede de la convención, en Cleveland, todo tipo de objetos, como pelotas de tenis, botellas de vidrio y pistolas y rifles de agua, pero no armas de fuego. Es Ohio. En ese estado, la ley "otorga el derecho" de portar armamento.

Agrupaciones que pugnan por los derechos civiles y otros temen que, a partir de los sucesos en Dallas, las autoridades inicien una ola de represión contra activistas y justifiquen una mayor vigilancia y espionaje contra los civiles. De hecho, el pasado fin de semana reaparecieron tanquetas en calles de algunas ciudades y el uso de gas lacrimógeno y pimienta. Asimismo, arrestos sin justificación.

Charles Ramsey, ex jefe de la policía de Washington y de Filadelfia, expresó ayer en un programa de NBC News que "estamos sentados sobre un barril de pólvora, en un punto muy crítico en la historia del país".

Ramsey, designado por Obama para encabezar una fuerza de tarea en 2014, advirtió que teme que habrá "algún incidente" en las convenciones nacionales de los dos partidos.

Trump manifestó: "Tenemos que ser solidarios con las fuerzas de seguridad pública, las cuales, tenemos que recordar, son la fuerza entre la civilización y el caos".

Pero para muchos, sobre todo en comunidades minoritarias, esas fuerzas son las que están generando el caos.

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La imagen de las protestas raciales en EEUU que está dando la vuelta al mundo.

 

De pie, sola en mitad de una gran avenida y protegiendo sus cosas con las manos. Una joven negra aguardó tranquilamente a que dos policías uniformados acudieran a detenerla durante las protestas que este domingo han tenido lugar en Baton Rouge (Lousiana, EEUU).


Su imagen, captada por el fotógrafo de Reuters Jonathan Bachman, se ha convertido en apenas unas horas en una de las fotografías más destacadas del conflicto racial que estos días vive EEUU tras el asesinato, la pasada semana, de dos jóvenes negros a manos de policías blancos, y el de cinco policías por parte de un francotirador negro en Dallas.


En declaraciones a The Atlantic, Bachman explicó que antes de tomar la fotografía la Policía ya había detenido a tres o cuatro de los manifestantes que anoche protestaron en esta localidad de Louisiana.


“Entonces me fijé en la gente que estaba haciendo frente a la Policía a un lado de la carretera”, relata. “Me giré hacia la derecha y creo que escuché a esa mujer decir algo sobre que iba a ser detenida. Y la vi ahí de pie en mitad de la carretera“, afirma el fotógrafo.


“Todo ocurrió muy rápido, pero puedo asegurar que ella no se iba a mover”, prosigue Bachman, quien pensó que la mujer estaba diciendo “vais a tener que venir y cogerme”. “Pensé que era un buen lugar para captar la imagen, porque ella estaba ahí con su vestido y venían dos policías a por ella. No fue muy violento: ella no dijo nada, no se resistió y los policías no la arrastraron”, añade.


Bachman cree que la imagen de esta joven, cuya identidad se desconoce, es “representativa de las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar” en el país estos días. “Entiendo que los policías han sido atacados en otros lugares, pero aquí las cosas han sido pacíficas”, afirma.


Sin embargo, ayer domingo la Policía detuvo a casi un centenar de personas en Baton Rouge, entre ellas a varios activistas, como podemos ver en este vídeo:

Baton Rouge riot police


(Con información de The Huffintong Post y The Guardian)

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Lunes, 13 Junio 2016 06:55

El orgullo de nuestra comunidad LGBTI

Hace unos días hice limpia en mis redes sociales. A raíz de un comentario en apoyo a la comunidad LGBTI salieron a relucir seguidores homofóbicos que no expresaron argumentos (¿qué argumento sería válido para justificar el odio a la diferencia y a la libertad?) sino que me cayeron encima con infinidad de insultos. Que me decían que me quemaría en el infierno, que era una sucia, cocha, pervertida sexual. Yo la tuve fácil porque solucioné el problema eliminando y bloqueando gente.

Pero la vida real no está en las redes sociales, ¿qué sucede con las agresiones verbales y físicas que sufrimos quienes somos parte de la comunidad LGBTI? ¿Qué sucede con la invisibilidad del sistema que nos niega los derechos que legítimamente nos corresponden? ¿Con los crímenes de odio? ¿Con la exclusión tanto en centros educativos como en los centros de trabajo? ¿Con la discriminación que está en las acciones más simples; como una mirada, un gesto?


Nos critican por nuestro colorido al celebrar el Orgullo, realmente la gente común cree que se trata de una especie de bacanal en el que se incluye todo tipo de drogas y variedad de orgías. Esta es la perspectiva de quienes ven a la comunidad LGBTI como la perversión de la raza humana.


Pero el mes del Orgullo no es más que la conmemoración de eventos trágicos que sufrió la comunidad LGBTI en décadas pasadas (en ese tiempo LGBT). Los disturbios de Stonewall (28 de junio de 1969), en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, cuando la policía realizó redadas contra los manifestantes de la comunidad LGBTI que por primera vez exigían sus derechos en público y un alto la persecución policial que el gobierno ordenaba contra homosexuales.


Por tratarse de Estados Unidos y un barrio neoyorquino esta noticia le dio la vuelta al mundo e hizo visible lo invisible hasta entonces. ¡Y aquí estamos, como hemos estado desde el inicio de los tiempos y somos legión! Eso es el desfile del Orgullo, una celebración, nuestro pronunciamiento, nuestro manifiesto como comunidad.


Es una acción política en la que exigimos igualdad social, respeto a nuestros derechos, un alto a la homofobia y a los crímenes de odio. En donde nombramos a los mártires, en donde agradecemos a los ancestros por sus luchas que han abierto nuestro camino.

En donde reafirmamos nuestra lucha para abrir caminos a las siguientes generaciones.


Nuevamente 47 años después en Estados Unidos, la comunidad LGBTI sufre una embestida como la de Stonewall, en esta ocasión en un bar gay de Orlando, Florida, en la que un homofóbico abrió fuego matando a 50 personas e hiriendo a docenas. Por tratarse de Estados Unidos la noticia le ha dado al vuelta el mundo, y en consecuencia visibilizando a la comunidad LGBTI del mundo entero.


A cumplirse un año de la Ley del Matrimonio Igualitario y un aniversario más del Mes del Orgullo Gay. Esto enluta los corazones de la comunidad LGBTI, pero nos debería enlutar a todos, como cualquier otra masacre que se realiza por cualquier razón en cualquier lugar del mundo. Esto debería colocar al gabinete presidencial en una situación de emergencia y realizar enmiendas a la Ley de Armas, no es posible que cualquier persona pueda comprar un arma como si de un chicle se tratara.


Pero también en consecuencia llega hasta nuestros países, de sociedades con mentes patriarcales, misóginas y machistas. Y nos coloca frente al espejo y nos cuestiona, nos escupe en el rostro, ¿de qué estamos hechos los seres humanos? ¿En dónde está nuestra integridad, nuestra sensibilidad, el respeto que tanto profesamos y exigimos? ¿En dónde está lo que nos hace humanos? ¿En dónde está esa conciencia, ese ideal político que habla de derechos humanos para todos por igual? ¿Cuándo vamos a cambiar el sistema patriarcal que tanto daño nos hace a todos? ¿Cuándo vamos a condenar la homofobia y los crímenes de odio? ¿Cuándo vamos a dejar de discriminar y atacar a quien es diferente y ha tenido los arrestos para atreverse a vivir en libertad?


Este texto no busca adentrarse en fundamentalismos ni análisis de ningún tipo, ya he escrito al respecto y seguiré escribiendo siempre, hoy este texto es para enviar un abrazo a la comunidad LGBTI del mundo entero, en nuestro mes, el mes del Orgullo. Y para recordarles a los homofóbicos que discriminan y atacan y asesinan en crímenes de odio, que aquí estamos y que no nos vamos a ir a ningún lugar, ¡porque somos legión y tenemos el mismo derecho! Y que vendrán crías, millones de crías más, y que nos seguimos reproduciendo con la belleza de los jardines de multicolores, con el encanto del arcoíris, con la fecundidad que da el amor.


Y que seguiremos transformando este mundo, para volverlo más humano, más diverso, más fecundo, así se nos vaya la vida en ello.


Porque eso somos los LGBTI amor, amor puro y el amor no distingue de razas, credos, colores, géneros. El amor es del alma, el alma es esencia y los LGBTI hemos demostrado a través de los tiempos de qué estamos hechos. No será ahora que nos van a silenciar y exterminar. Somos como los girasoles: ¡seguimos viendo de frente al sol! Ése es nuestro Orgullo, ¡nuestra resistencia! Y sí, también aunque no les guste, ¡nuestra belleza singular!


En el mes del Orgullo y siempre, ¡somos legión!


Fuente: www. crónicasdeunainquilina.com

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Los teléfonos móviles intervenidos con autorización judicial pueden captar lo que pasa alrededor desde el mismo momento en que comienzan a recibir una llamada o la realizan, esto es, desde que comienzan a sonar los tonos, sin necesidad de que el receptor haya descolgado. Esta posibilidad, conocida por los miembros de las Fuerzas de Seguridad dedicados a tareas de investigación, trasciende ahora en una sentencia del Tribunal Supremo que además avala su práctica.

El Alto Tribunal confirmó el 3 de mayo los aspectos esenciales de una sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra contra cinco personas por tráfico de drogas. Entre los motivos de los recursos que habían presentado sus defensas estaban intervenciones telefónicas practicadas bajo una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, “la utilización de los teléfonos móviles como micrófonos ambientales”.


Uno de los condenados se quejaba de "la utilización de los teléfonos móviles como micrófonos ambientales (donde la representación de Gabino Bernardino -nombre ficticio que utiliza el tribunal- amplia el quebranto al derecho a la intimidad personal y familiar, pues se graba una conversación con su hijo de seis años, antes de aceptar la llamada entrante)".


Ante esto, el Tribunal Supremo concluye que la autorización para grabar las llamadas de un móvil intervenido judicialmente abarca desde el mismo momento que se pulsa el botón de “llamar” o desde que suena el primer tono, si es que ese teléfono es el que la recibe.


“Únicamente cuando la llamada ha sido establecida y el móvil la recibe, antes de aceptarla el destinatario, el sistema comienza a grabar; es decir, la llamada, para la que existía acuerdo judicial de intervención y grabación, ya se había producido, con independencia de que si el destinatario no la acepta, no genere coste para quien la realiza”, se lee textualmente en la sentencia.


La capacidad para convertir los teléfonos intervenidos judicialmente en micrófonos de ambiente llegó con la instauración de Sitel, el Sistema de Interceptación Telefónica que comenzó a utilizarse en pruebas en 2004, explican fuentes policiales. A finales de 2009, el dirigente del PP Esteban González Pons acusó al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de utilizar Sitel para espiar a "miles de españoles" sin control judicial.


La polémica se diluyó frente al argumento de que lo que había hecho Sitel era digitalizar y perfeccionar un sistema que antes grababa las conversaciones en rudimentarias cintas. La clave estaba en la utilización de la tecnología, si se hacía legalmente o no, algo que también podía ocurrir con el sistema analógico. Y no hubo pruebas de que Sitel fuera utilizado para pinchazos sin autorización judicial. Pero aquella polémica nunca abarcó la utilización de los teléfonos como micros de ambiente, sencillamente porque se desconocía que Sitel tuviera capacidad para hacer algo así.


El sistema informático permite activar la posibilidad de grabar desde que comienzan a sonar los tonos y también renunciar a ella, incluso permite decidir en el momento que se deja de grabar, que podría ser después de que acabara la comunicación del teléfono pinchado con autorización judicial, según las fuentes consultadas. En cualquier caso, el contenido del fallo del Tribunal Supremo descarta que la información recogida entonces sirviera como prueba y su incorporación podría invalidar toda la investigación.


Para que Sitel pueda ser utilizado, la Policía o la Guardia Civil deben presentar una petición razonada a un juez. En caso de que la respuesta sea afirmativa, el agente se dirigirá a la compañía telefónica con el mandamiento judicial y ésta liberará la línea para que entre Sitel.


Dos centrales y muchas ramificaciones


El Sistema de Intercepción Telefónica es una plataforma informática que tiene dos centrales de monitorización en los cuarteles generales de Policía y Guardia Civil. Esos dos centros actúan a modo de grandes ordenadores con terminales remotos, ramificaciones en cada una de las unidades de investigación que los dos Cuerpos tienen repartidas por toda España. También como un disco duro central que almacena la totalidad de las grabaciones telefónicas, el contenido de los mensajes de texto y, en su caso, los correos electrónicos.


Al tiempo, cada unidad dedicada a la investigación tiene una sala reservada a Sitel, con ordenadores a los que se les han instalado las aplicaciones del sistema. Los agentes pueden sentarse ante la pantalla del ordenador, acceder con una clave personal que deja rastro y recuperar conversaciones grabadas en horas precedentes o escuchar las que se están produciendo en directo.


A diferencia del sistema que le precedió, Sitel permite seleccionar cortes de tiempo, eliminar ruido ajeno a la conversación, rebobinar, avanzar, utilizar filtros... El sistema también cuenta con un transcriptor de conversaciones, aunque si la calidad del sonido que le llega no es buena es necesario que los agentes escuchen esos tramos.


Los policías suelen utilizar varias pantallas conectadas a la CPU que tiene instalado Sitel. Así, pueden dedicar una de ellas a todo lo concerniente a una grabación de voz y otra a mantener en la misma los datos asociados a ese teléfono intervenido, como el nombre de su titular, su domicilio y compañía con la que ha contratado. En una tercera puede abrir la aplicación que permite, a modo de GPS, seguir el recorrido que ha hecho el teléfono móvil, apareciendo en la pantalla las torres BTS de las que ha ido dependido su conexión según se ha desplazado.


Cuando el agente quiera remitir al juez las pruebas que ha obtenido, graba las conversaciones en formato DVD. Si la Policía quiere tener acceso a los mensajes de correo electrónico seguirá el mismo proceso de autorización y todos los mensajes enviados y recibidos a la cuenta intervenida serán desviados a un correo creado por el agente.

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No hay ninguna duda de que el ser humano es el único animal capaz de matar por diversión, por mandato, por “justicia”, por mil excusas que no respaldan tal acto.

 

Que en pleno siglo XXI, en Colombia, el país con la democracia más antigua de América Latina, se siga matando gente sin motivos, porque nunca hay suficiente motivo para el asesinato, y sin remordimientos es más que una infamia, es una locura sin sentido. Que, además, a las personas que investigan, denuncian o, simplemente, informan sobre esos crímenes les persigan, amenacen e incluso maten es, si cabe, todavía más grave.

 

En Me hablarás del fuego. Los hornos de la infamia se concentra todo lo dicho. Se narran y documentan las desapariciones de más de quinientas personas que fueron incineradas en hornos crematorios. Sí, al más puro estilo nazi, aunque alguno de sus protagonistas declare, como si eso redujera el delito, que los quemaban cuando ya estaban muertos.

 

Un documento inhumano que narra las atrocidades cometidas por unos supuestos seres humanos que habitan una presunta democracia. Y da igual el color del uniforme que les vista, la forma de las armas que porten, el símbolo colgado al cuello que veneren o las siglas ideológicas que les identifiquen. Sea cual sea su posible justificación, la historia de violencia de sus vidas o lo que hubieran sufrido en carne propia o en la de sus familias, son una panda de asesinos descerebrados.

 

Porque nada, nada, nada justifica esas acciones contra congéneres, contra otras personas que son además compatriotas e, incluso, conocidos, amigos o familiares. Eso sí, luego se unen por los colores de una bandera que no envuelve nada. Si acaso el vacío de un pasado bañado en sangre, de un presente conflictivo y de un futuro riesgoso e incierto.

 

Y todavía hay quién quiere arrogarse el patrioterismo de defender la nación, la seguridad y el orden. Reclaman el valor de la resistencia civil frente a unas negociaciones que no traerán la paz, pero que pretenden, al menos, ir quitando actores armados del escenario social y político.

 

Lo que hace falta es eso, sí. Resistencia civil. Pero contra la ignominia, contra la barbarie, contra todos los crímenes y contra los salva patrias que solamente piensan en la suya, la que hay en sus retorcidos cerebros que no dejan lugar para los otros (as). Esas gentes, con conocimiento de causa o sin saberlo, son las que dificultan una convivencia pacífica tan añorada como lejana. Son quienes fomentan los odios porque están tan cargados de ellos, y tienen miras tan estrechas, que solamente piensan en muertes y en venganzas. Promueven el resentimiento entre hermanos como si eso fuera la solución. No defienden la libertad ni la justicia social. Respaldan sus propios intereses y quieren convencer a los demás de que son los de la mayoría.

 

En ese texto nos encontramos también, por las consecuencias que ha tenido, con la falta de libertad de expresión, la persecución a los medios y sus profesionales, los ataques a quienes defienden la memoria y quieren luchar contra el olvido para reclamar justicia, para firmar un acuerdo de convivencia y que se pueda decir “aquí paz y después gloria”.

 

Porque en las páginas de ese escrito de investigación periodística están las historias, los gritos y los silencios, las ausencias y las presencias de todas las personas que han padecido esta incruenta e inclasificable guerra fratricida. Es decir, por activa o por pasiva, toda la población colombiana, viva o muerta, de los últimos doscientos años.

 

Amenazan y violentan a quienes trabajan por reconocer su propia historia. No permiten esas narraciones, no quieren que se sepan. El autor de ese libro está protegido por la Unidad Nacional de Protección, pero sigue amenazado y perseguido. Su vida, como la de muchas y muchos colombianos, estén o no en mitad del conflicto, tomen o no parte o partido por algún bando, se encuentra en peligro.

 

Pero él seguirá trabajando, haciendo lo que sabe hacer y narrando lo que vea, estudie o investigue. Porque, como señalan Bonilla y Tamayo, “el reto de la cobertura informativa consiste en hacer visibles las voces y los rostros de las mayorías nacionales que día a día se esfuerzan por superar, de manera pacífica y creativa, los conflictos sin acudir a la violencia (...)”.

 

Trabajando con los medios y sus profesionales para “ensayar otros criterios informativos en los que la paz —la cultura de la paz— adquiera visibilidad como un asunto de interés público. ¿Cómo? Imprimiendo densidad a la deliberación política, fortaleciendo el uso público de la razón y reconstruyendo narrativas que activen la memoria y la reconciliación.”[1]

 

Las demás personas también tenemos que seguir trabajando, haciendo lo que sabemos hacer y no matándonos, no arriesgando la vida por un juego de tronos que no es real. Sigamos dialogando y denunciando si hay que denunciar. Si tenemos que tomar partido, que sea por la conversación pausada, por la paz poética y por la vida. Ya nos moriremos sin necesidad de matarnos cuando nos llegue la hora.

 

Ahí está la paradoja, parece como si estuviéramos obligados a tomar partido. O eres de los blancos o eres de los negros, o con la guerrilla o contra ella, o con el ejército o contra él, o con los paramilitares o contra ellos, o con las bandas criminales o contra ellas. ¿Y si no queremos estar en ninguno de esos bandos?, ¿y si no queremos tomar partido?, ¿y si no nos gustan ni los unos ni los otros?

 

La mayoría de la gente del común que vivimos en este país, sí la mayoría aunque las encuestas no lo crean, somos grises, de muchos tonos de gris. Somos la Colombia diversa, la de todas y todos, la del verde de todos los colores y los múltiples sabores; somos de los que creemos que podemos ser la Colombia más educada, sin mercantilizar la educación; somos de los que defendemos que este lugar agraciado por la naturaleza puede ser en verdad un paraíso, pero sin serpientes y sin venderlo al capital transnacional; somos de los que le apostamos a una Colombia Humana, somos, en definitiva, los que nos queremos quedar y que nos dejen estar en paz sin que ésta se encuentre inexorablemente en la tumba.

 

[1] Bonilla, J. I. y Tamayo, C. A. (2007). Las violencias en los medios, los medios en las violencias. Bogotá, CINEP.

 

 

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Un fantasma recorre Colombia: el del exterminio de la Unión Patriótica. Esta organización, gestada como salida del conflicto armado en el marco de los procesos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC a mediados de los años ochenta, sufrió en su corta y trunca existencia como propuesta civil, una arremetida paramilitar que -en estrecha complicidad con las instituciones estatales- trajo como saldo trágico el asesinato de más de 3000 de sus militantes. Desde campesinos, estudiantes, trabajadores y activistas de base en general, hasta candidatos presidenciales, alcaldes, concejales y senadores, el exterminio casi total de la UP llegó a ser catalogado por diversos organismos de derechos humanos como un verdadero genocidio político. Las negociaciones de paz se vieron así clausuradas por la muerte, el exilio y la desaparición forzada de quienes aspiraron en aquel entonces a transitar hacia una vida democrática con plena participación civil, en un sistema político que ha resultado refractario a las opciones por fuera del binomio impuesto, a sangre y fuego, por conservadores y liberales desde los tiempos de la llamada “Violencia”, década que dejó como saldo decenas de miles de muertos y desplazados, y que tuvo como hito previo catalizador al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

 

Solo en lo que va del año 2016, alrededor de 40 activistas de plataformas civiles como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asesinados, más de la mitad de ellos perpetrados en el mes de marzo. El 1 de abril, la referente de derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba, sufrió un intento de atentado contra su vida por parte de sicarios, luego de haber denunciado el peligro de que en Colombia se viva un nuevo genocidio equivalente al de la Unión Patriótica. En esta misma zona del Chocó, recientemente han incursionado cerca de mil paramilitares, imponiendo el terror en las comunidades rurales. Esta escalada del paramilitarismo quedó en evidencia días atrás, con la imposición de un “paro armado” en cuatro Departamentos de Colombia, que incluyó asesinatos y la quema de transportes públicos. Pero la arremetida contra el proceso de paz no solo tiene a estos actores paraestatales como protagonistas. Si bien no ha logrado demasiado eco, el partido uribista Centro Democrático instó a salir a las calles el pasado 2 de abril, para repudiar las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana y a las que ahora se le suman las anunciadas en forma pública por el gobierno y el ELN en Caracas.

 

Aunque pueda resultar paradójico, estas negociaciones de paz, lejos de aplacar la criminalización de los movimientos sociales en Colombia, la han agudizado. Basta decir que dos de los principales referentes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, Huber Ballesteros, dirigente rural de FENSUAGRO y de la Central Unitaria de los Trabajadores, y Feliciano Valencia, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han sido condenados a prisión violándose los más elementales derechos y garantías (en este último caso, luego de una larga lucha, se ha logrado que Feliciano pueda cumplir su reclusión en un resguardo indígena). A esto se le suma la persecución al pensamiento crítico, que tiene como caso testigo al profesor e investigador universitario Miguel Angel Beltrán, preso en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, bajo la acusación sin pruebas concretas de ser colaborador “ideológico” de la guerrilla. Resulta escandaloso que actualmente la cantidad de presas y presos políticos en Colombia ascienda a más de 9.500 personas.

 

Nada dicen de ellos y ellas los medios hegemónicos, que bombardean de manera constante y cínica con noticias y denuncias sobre la situación de supuestos “presos políticos” en Venezuela o Cuba. El proceso de paz en Colombia transita por uno de sus momentos más críticos. Vale la pena recordar que gran parte de aquellos homicidios perpetrados contra la Unión Patriótica aún se encuentran impunes, al igual que la mayoría de los asesinatos de militantes populares ocurridos en los últimos años en el país. Solamente de Marcha Patriótica -plataforma civil surgida a la vida pública en abril de 2012- han sido aniquilados 116 de sus miembros. Por lo tanto, sin la garantía de no repetición -uno de los puntos centrales impulsado por las insurgencias de las FARC y el ELN en las mesas de diálogo- y sin el desmonte definitivo y la condena efectiva del paramilitarismo -que aún se mantiene activo en gran parte del país y cuenta con un considerable apoyo de sectores desestabilizadores de ultraderecha-, no cabe pensar en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

 

En el monumental libro La violencia en Colombia, el sociólogo y militante Orlando Fals Borda caracterizó la historia reciente de su país en los términos de “una tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”. La posibilidad concreta que se ha abierto con las mesas de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN, es un primer paso para conjurar más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en un país donde 14 millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias rurales carecen de tierras, donde 6 millones de personas han sufrido desplazamientos forzados de sus territorios y la represión contra las luchas populares continúa, resulta iluso hablar de “posconflicto”, como pretenden hacer por estos días desde el gobierno y los medios hegemónicos. Sin erradicar las bases estructurales que han dado lugar durante décadas a una violencia social y política endémica, la paz resultará más un anhelo que una realidad.

 

 

Publicado en Colombia
Sábado, 07 Mayo 2016 08:06

La criminalización del pensamiento

Pensar trae consecuencias. Su ejercicio no ha sido una facultad bien vista. Hoy está en peligro de extinción. Resulta significativo que entre los crímenes de lesa humanidad figure la persecución ideológica y política. Desde el castigo bíblico hasta nuestros días, la acción de pensar se castiga. Dos esferas de la realidad política son las más afectadas. La educación y el periodismo. En ambas, sus representantes son objeto de las iras del poder institucional y la violencia. Las universidades, en tiempos de dictaduras militares o cívico-militares, sufren las consecuencias de la criminalización del pensamiento. Maestros y profesores han sido perseguidos y asesinados. Durante la segunda República en España se expulsó a miles de las aulas del magisterio y qué decir del México actual. En cuanto al periodismo, se mata directamente al mensajero. El más reciente informe de la Federación Latinoamericana de Periodistas destaca que sólo en México, durante 2015, fueron ultimados 14 informadores. La lista es larga. Honduras presentó 10 casos, Brasil ocho, Colombia cinco y Guatemala tres. Al mismo tiempo, la Federación Internacional de Periodistas apunta que de 1990 a 2015 se contabilizaron 2 mil 297 asesinatos de comunicadores. En esa lista vuelve a destacar México con 120 casos, Rusia reporta 109 y Brasil 62.

 

Todos los días nos enteramos, por los medios de información, de las arbitrariedades del poder político a la hora de criminalizar cualquier opinión discrepante. Sobre todo si en ella se vierten críticas al orden social, a la violación de los derechos humanos y a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado. Basta con que la policía emita informes imputando a organizaciones, personas o movimientos sociales de propagar ideologías disolventes para que sus dirigentes sean detenidos, investigados y encarcelados. Asimismo, cualquiera puede levantar falso testimonio y lograr credibilidad cuando la acusación deriva en el ámbito del pensamiento y las ideas.

 

Si en los siglos XIX y XX el apelativo de terrorista recayó en los movimientos anarquistas y anarcosindicalistas, extendiéndose a socialistas y comunistas, en pleno siglo XXI se han roto dichas fronteras ideológicas. Ya no asistiremos a un montaje judicial para justificar la persecución ideológica. No hace falta encubrir el motivo. Abiertamente se imputa al políticamente incorrecto la condición de antisistema. Basta recordar el reciente caso del cómico alemán Jan Böhmermann, acusado de injurias por el presidente de Turquía, Recep Erdogan, al haber escrito un poema satírico. Lo peor no es la acusación, sino el consentimiento de Angela Merkel, canciller de Alemania, de facilitar la apertura de un proceso judicial por injurias. En la persecución del pensamiento no hay fronteras. En una sociedad de ciegos, el tuerto no es el rey, está preso.

 

En la sociedad occidental, democrática y civilizada se criminaliza la crítica y el pensamiento se tilda de subversivo y antisistémico. Adjetivos que predisponen al uso de la violencia y la razón de Estado para su represión. En Colombia, la Escuela Nacional Sindical entregó un estudio detallado a congresistas estadunidenses subrayando que entre el 7 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2015 habían perdido la vida en atentados 105 militantes pertenecientes a diferentes sindicatos. Asimismo, la Confederación Sindical Internacional, en su informe anual sobre los derechos sindicales en el mundo, denuncia que fueron asesinados 101 trabajadores por ejercer actividades del gremio. De esos 101 asesinatos casi la mitad, 48, se registraron en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en México, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en República Dominicana, tres en Filipinas, uno en India, otro en Irak y uno más en Nigeria. Dicho texto no considera las amenazas e intentos fallidos de ejecuciones.

 

El miedo y la violencia, al igual que la autocensura, se apoderan de quienes emiten opiniones contrarias al poder dominante. Desde los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, el fantasma del terrorismo se convirtió en excusa para controlar la crítica política y el ejercicio de la libertad de expresión. En el saco del terrorismo se incorporan todo tipo de acciones y pensamientos. La vara de medir está bajo mínimos. Cuando más democracia y libertades se dicen reconocer, más se reprime la facultad de pensar. Ya no se diferencia entre pensamiento crítico y terrorismo. El poder no distingue y, lo que es peor, no quiere ejercer dicha distinción.

 

La crítica teórica y la reflexión han sido materialmente despreciadas, su praxis se condena, constituyen una amenaza. El poder político se siente propietario de las formas de pensar y actuar. Quienes practican la noble actividad de pensar a contracorriente, militantes políticos, sindicales, deportistas, científicos, periodistas, escritores, actores, artistas plásticos, grupos musicales, etcétera, son objeto de escarnio y presiones. Existe una guerra declarada al pensamiento en todas las dimensiones de la vida social.

 

El ejercicio crítico de pensar subvierte el orden y cuestiona el statu quo. Personas y medios que lo impulsan son atacados por el poder. Las medidas aplicadas van de la censura a la clausura de medios de prensa, programas de radio y televisión. Todo es bienvenido si con ello se acallan las voces discordantes. Hoy, los servicios de inteligencia y los aparatos de seguridad del Estado realizan la búsqueda de irredentos. Intervienen correos electrónicos, teléfonos móviles, graban en aulas de clase, restaurantes y centros comerciales. Ningún espacio público está exento de vigilancia. El pensamiento crítico debe ser controlado en corto. Quienes lo denuncian son objetivo militar y político. Es el caso de Julián Assange, fundador de Wikileaks, quien pidió asilo a la República de Ecuador por temor a ser extraditado a Estados Unidos, bajo acusaciones falsas de violación. Lleva recluido desde el 19 de junio de 2012 en la embajada de Ecuador en Londres. Otro ejemplo es el de Edward Snowden, ex empleado de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, quien hizo públicos los programas de vigilancia masiva a escala mundial desarrollados por la SNA y la CIA. Perseguido y acusado de criminal, se exilió en Rusia, donde reside actualmente. Su vida está en peligro.

 

Las guerras del siglo XXI amplían el espectro de los genocidios civilizatorios. Tecnologías de muerte. Drones y armamento de última generación se utilizan para acallar voces e imponer valores imperiales. Pensar se ha convertido en delito, su ejercicio se ha criminalizado y sus defensores han sido condenados.

 

 

 

 

Publicado en Sociedad
Lunes, 09 Noviembre 2015 06:54

Viviendo al filo de la deportación

Después de la tragedia de traslado que vive el indocumentado en su travesía hacia Estados Unidos le espera el limbo migratorio, en este país que ve como objetos y mano de obra barata a los millones que se van hacinando con los años en las áreas marginales de este enorme corral que tiene apariencia de la tierra del nunca jamás, pero que en realidad es una mazmorra hedionda a xenofobia.

Ese peregrinar que no acaba: ser expulsados de sus países de origen por gobiernos corruptos, por un sistema colonizado y desigual que los margina y los avasalla, y por una sociedad indolente y egoísta que carece de humanidad y capacidad de reacción. Así es la vida de los parias que también son perseguidos y violentados en el país de traslado, de los cuales pocos sobreviven al genocidio migratorio y les queda el estigma de sus vidas convertidas en lastres, en profundas heridas incurables. No hay nada material que logre llenar el vacío de lo que se perdió para siempre.

Al otro lado de la frontera, en este chiquero de porquería, no los espera ningún sistema inclusivo, ninguna oportunidad de desarrollo y también son perseguidos por las autoridades migratorias, explotados laboralmente e imperceptibles para la sociedad que tiene la jactancia de proclamarse diversa y enriquecedora de culturas.

El indocumentado no existe en ningún lugar como ser humano. Es un bulto. Es una herramienta de trabajo. Es un volcán de despojos que el sistema quiere lanzar al vertedero más lejano para que queden limpias las calles de tanta miseria y luzcan los rascacielos el poderío anglosajón. El indocumentado es una hilera de niños cortando hortalizas de sol a sol en los campos de
cultivo, muchedumbres trabajando tres turnos al día en fábricas de chimeneas humeantes en la época del frío. Adolescentes marginados sin oportunidad alguna para soñar. Ancianos sin beneficio de jubilación. Enfermos que mueren en soledad porque el sistema de salud les niega atención médica.

A nosotros los indocumentados no nos ven como seres humanos, los estudiosos nos ven como el párrafo de un texto, representamos la oportunidad para una ponencia que les abulte los títulos, que les acerque los contactos, que les dé apariencia de intelectuales, de tener conciencia. Para los políticos somos un trampolín. Los cineastas y narcotraficantes nos ven como mercancía segura. Los comerciantes como el nacimiento de oro verde. La familia que se quedó, como remesas.

El sinsabor de no tener documentos que permitan la movilidad, la oportunidad de un trabajo con beneficios laborales, que obligan a vivir con el temor constante de una deportación hacen del migrante una psicosis que ni los más prestigiosos psicólogos y psiquiatras pueden comprender. Es que para entender al migrante indocumentado hay que ser migrante indocumentado. Solo el que es paria entiende a los parias.

Son silencios, oscuranas, sueños frustrados. Son sensaciones, emociones, sentimientos, son tacto. Son recuerdos, son pesadillas, insomnios. Más allá de esa espalda que trabaja, de esas manos grietadas, de esa boca que intenta mascullar el idioma extranjero por necesidad, hay un ser humano sensible, que ama, que crea, que aporta. Que son parte de un todo.

Se van obligados porque el país de origen los lanzó fuera de la entraña, en la intemperie se vuelven migrantes, por las circunstancias indocumentados y extranjeros. No tienen un sitio estable, un lugar donde formar un hogar, porque el sistema no se los permite, siempre tienen un pie aquí y el otro allá. No son de allá porque se fueron, no son de aquí porque no existen para el sistema. ¿Qué son entonces los migrantes indocumentados? Son un limbo migratorio. Un caos que explota constantemente como volcán.

Es como verse obligado a caminar todos los días a todas horas sobre una cuerda floja que cuelga sobre un abismo. Es paranoia, ansiedad, depresión profunda, frustración, ira. Eso de carácter humano que no ve el sistema ni la sociedad. Que solo nos catalogan como estadísticas y números. Somos recovecos, ríos frescos, arboledas, somos cultura, tradiciones, somos poesía. Una hermosa diversidad rechazada por extranjera.

Y se casan y tienen hijos y se vuelven abuelos en el mismo limbo migratorio. Así hacen sus vidas los parias que se ven obligados a migrar. Entonces a consecuencia también se aprende a vivir el instante, el ahora, sin hacer planes, totalmente fuera de la zona de confort, porque siempre se vive al filo de la deportación.

¿Por qué se le teme tanto a la deportación? Porque el país de origen no ofrece esa oportunidad de vida integral a los deportados, a los que en ensueños desean regresar, llegan a un lugar de donde salieron obligados y que los vuelve a echar fuera. A un lugar donde no existen más porque se fueron. Llegan a otro limbo y si deciden quedarse serán extranjeros en su propio país. Dolor doble para el que vuelve. Una nueva herida.

Es compleja la tragedia migratoria, para entenderla hay que hacerlo con carácter humano y no acusador. Los indocumentados somos los parias de los parias, no existimos en ningún lugar. Estamos obligados a intentar florecer en cualquier lugar y a hacer de la atmósfera nuestro modo de sobrevivencia.

Ilka Oliva Corado. @ilkaolivacorado Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Noviembre 05 de 2015.

Estados Unidos.

Publicado en Internacional
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