Sábado, 13 Mayo 2017 07:10

Contra la represión policial

 

Al mismo tiempo, el jefe de Estado calificó las protestas opositoras como una “emboscada fascista”, aludió a la existencia de francotiradores y reiteró que la derecha intenta “un golpe de Estado”.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió castigar los abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que participan en las protestas contra su gobierno que comenzaron hace más de un mes. Al mismo tiempo, reiteró que la derecha está propiciando “un golpe de Estado”.

“Se hicieron denuncias sobre supuestos abusos de algunos funcionarios. He ordenado castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza, a cualquiera, como que se castigue a los llamados al golpe de Estado, a quienes incendian”, sentenció Maduro el jueves por la noche en un acto de graduación de un programa de educación secundaria.

Asimismo, el jefe de Estado calificó las protestas como una “emboscada fascista” y aludió a la existencia de francotiradores. “Tenemos cinco semanas de esta emboscada fascista, hay víctimas. Ayer murió un trabajador baleado por un francotirador en Mérida. Son francotiradores que han colocado en algunos lugares para asesinar al pueblo”, indicó. También consideró a las protestas como una guerra que le declaró al pueblo venezolano la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). “Las manifestaciones son una nueva embocada, más violenta, más venenosa que la que enfrentó el gobierno en las protestas de entre febrero y mayo del 2014, que dejaron 43 muertos”, añadió.

“Más temprano que tarde lograremos neutralizar y derrotar esta nueva emboscada y este golpe de Estado. Así lo decreto, con la Asamblea Constituyente tendremos una victoria gigante frente a los violentos”, señaló Maduro sobre su proyecto para reformar la Constitución que activó la semana pasada. Asimismo, condenó los ataques con excrementos contra la policía venezolana en las protestas opositoras contra el gobierno. “El pueblo venezolano apoya a su Guardia Nacional (policía militarizada) y a su Policía Nacional. Les han echado excremento que han sacado de su cerebro. Nos atacan con este tipo de armas, atacan a las familias de los militares y no hay condena de organismos a estos actos de barbarie”, criticó. Las bombas de excremento, llamadas popularmente “puputov”, fueron lanzadas en envases de vidrio desde las manifestaciones a la primera fila del cordón policial, que se protege con escudos.

A su vez, el director de la Policía Nacional Bolivariana venezolana (PNB), general Carlos Pérez Ampueda, reconoció la presencia de grupos de civiles armados que actuaron contra una de las marchas opositoras en Caracas y aseguró que serán capturados. “Esos son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar”, dijo a los periodistas el militar que dirige al cuerpo policial responsable del control de manifestaciones, al ser consultado sobre la presencia de un grupo de personas, algunos de ellos con armas, que robó y efectuó disparos ante los manifestantes y los cuerpos de seguridad sin ser detenidos.

Un grupo de hombres en motocicletas y con pasamontañas disparó el miércoles luego de robar a un miembro del equipo de prensa de un medio local durante una de las concentraciones opositoras, en el sector La Candelaria, que intentó marchar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Justo enfrente del grupo armado se encontraba un piquete de la PNB. “Estamos garantizando el orden de ustedes, aquí ninguno de nosotros está armado”, explicó Pérez Ampueda para responder por qué los cuerpos de seguridad no actuaron contra el grupo armado.

El militar indicó que los efectivos de la PNB no pueden actuar contra personas armadas porque cuando están en el control de manifestaciones tienen prohibido usar armas de fuego letales. “¿Cómo vamos a hacer algo cuando ellos están disparando y nosotros sin armas?”, se preguntó. “Cuando llegaron esos vagabundos, nosotros fuimos los primeros que nos colocamos delante, garantizando a ustedes la vida, sin contar con los medios para combatirlos”, apuntó.

Dirigentes opositores denunciaron en ocasiones la presencia de grupos armados para intimidar las manifestaciones opositoras y aseguraron que estos actúan con el consentimiento de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). Estos señalamientos fueron negados por las autoridades que, por su parte, acusan a los opositores de ser los responsables de la violencia y de organizar a su vez grupos armados contra sus propios manifestantes.

Por otro lado, Maduro, en desacuerdo con la difusión de numerosas muertes neonatales y otras estadísticas de fuerte crecimiento de enfermedades epidemiológicas, dispuso la destitución de la ministra de Salud, Antonieta Caporale.

 

 

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El pasado mes de febrero, el estado de Río de Janeiro, con 16 millones de habitantes, registró 18 muertos por día, 502 en todo el mes. Es el mayor índice de homicidios en ocho años, con un crecimiento del 25% respecto a 2016. El año pasado se produjeron 4.212 enfrentamiento armados entre la policía militar y los narcotraficantes.


Pero los elevadísimos niveles de violencia sólo saltan a los medios cuando suceden hechos graves, como la muerte el 30 de marzo de una niña de 13 años que estaba tomando clases de educación física, o cuando se difunden imágenes —grabadas por vecinos o transeúntes— de policías matando personas indefensas.


Las imágenes de dos policías rematando a sospechosos heridos caídos en el suelo recibieron el apoyo de más de 100.000 firmas en la plataforma change.org, lo que revela el estado de ánimo de la población carioca. Casi el 80% de las muertes a manos de la policía se producen bajo la figura 'auto de resistencia' (supuestas muertes en enfrentamiento armado), con la que tanto la justicia como la policía validan la muerte de civiles, sin necesidad de testigos ni juicios.


Pero los policías también mueren. Se calcula que cada dos días es abatido un uniformado de la Policía Militar, que tiene pésima reputación entre los habitantes de las 'favelas', en general negros pobres, ya que suelen ingresar disparando, matando más inocentes que delincuentes. Lo cierto es que en los tres primeros meses de 2017 cayeron 50 policías y, según el testimonio de la reportera de la edición brasileña de El País, "cuatro de ellos fueron torturados y carbonizados por traficantes de drogas".


La ciudad cuenta con 47.000 policías que perciben salarios bajos y que no cobran puntualmente por la crisis económica, ya que el estado de Río de Janeiro declaró meses atrás la cesación de pagos, una situación que se resume en "pago atrasado de salarios, hospitales parcialmente paralizados, dependencias estatales sin recursos, cárceles desbordadas y al borde de la rebelión".


El fantasma del caos social ronda la ciudad. El Gobierno del estado negocia una ayuda urgente de 20.000 millones de reales —casi 6.300 millones de dólares—, que podrían llegar a 50.000 en 2019 —15.700 millones de dólares—. En febrero pasado la situación fue más que caótica. Los familiares bloquearon la salida de 30 batallones de la Policía Militar para exigir que se les paguen los salarios e impedir que sus esposos prestaran servicio. El Gobierno federal envió 9.000 soldados para garantizar el orden, algo menos de los movilizados durante los Juegos Olímpicos de agosto pasado.


Una comisión de la Policía Militar elaboró un estudio sobre las causas de las numerosas muertes de efectivos, concluyendo que se deben a tres razones: escaso entrenamiento, armas obsoletas y vehículos sin blindaje, además, por supuesto, de los bajos salarios, lo que fomenta la corrupción en el cuerpo. Muchos policías militares tienen relaciones con los narcos, que poseen armamento más sofisticado y recursos muy superiores.
En cinco años, los enfrentamientos armados crecieron un 300% en la ciudad, la muerte de policías escaló un 275% y las víctimas civiles un 66%. Sin embargo, por cada policía caído son muertos 23 'marginales', como denominan a los civiles sospechosos de pertenecer al narco o estar involucrados con la delincuencia.


La situación es grave no sólo por los altos niveles de violencia, sino por la sensación de desborde. "Según el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado sobre Asesinatos de Jóvenes publicado en 2016, cada 23 minutos un joven negro es asesinado en Brasil. Cada año, mueren 23.100 jóvenes negros de 15 a 29 años. La tasa de homicidios de jóvenes negros es cuatro veces mayor que la de los blancos", escribe el periodista Marcelo Aguiar.


Por el lado de los policías, las cosas son simétricas. "Cuando un soldado ingresa en la policía ya es un muerto vivo, porque acaba siendo victima y rehén de los preconceptos de una política pública equivocada. Hay toda una construcción para hacerles creer que son héroes, que deben morir por el deber", dice Jaqueline Muniz, profesora en seguridad pública de la Universidad Federal Fluminense.


"Ellos necesitan creer que van a morir en nuestro nombre, para poder aceptar la cultura de guerra contra el crimen, una especie de cortina de humo para encubrir las relaciones entre el Estado y las facciones criminales de Río", concluye Muniz. Muchos policías viven atemorizados e intentan esconder su profesión a sus vecinos: algunos secan el uniforme detrás de la nevera o en el horno y esconden la placa de identidad en la rueda de repuesto del maletero, como ilustra la periodista María Martín.


La ONG Justicia Global envió el pasado 31 de marzo un informe a las Naciones Unidas en el que asegura que la política de seguridad pública de Río tiene una lógica de "exterminio y represión", focalizada en la población negra, joven y 'favelada' de la ciudad.


El documento destaca que se está avanzando en "una política de militarización y de encarcelamiento en masa como supuestas soluciones a los problemas de seguridad pública". La ONG denuncia a su vez la persistencia de un racismo estructural que se comprueba con simples números: mientras los homicidios de negros crecieron un 10% entre 2003 y 2014, los de blancos cayeron el 27% en el mismo periodo. El sistema de justicia es cómplice de esta situación que criminaliza a la población negra.


Ese es el caso de Rafael Braga, recolector de residuos, el único manifestante que permanece preso después de las revueltas de junio de 2013. De los 20 millones de personas que salieron a las calles ese mes, protestando por el aumento de las tarifas del transporte y la represión policial, el único que permanece en prisión es Rafael, joven, negro y pobre, una combinación letal en una sociedad cada vez más racista y violenta, que coloca todos los males en las 'favelas', a las que considera —con absoluto desprecio e ignorancia— como espacios 'liberados' del narco.

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La medida de fuerza contra la flexibilización laboral abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte.

 

Desde Brasilia

 

“Esta fue la primera huelga general desde 1996, nadie creía que fuéramos capaces de hacerla, y nadie imaginaba que iba a tener tanta convocatoria, el país paró, el gobierno ilegítimo de Temer sufrió una derrota histórica”. Sergio Nobre, secretario general de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) , realizó un primer balance de la medida de fuerza que ayer paró a San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro.

El cese de actividades fue generalizado, abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte. El impacto del descontento popular se hizo sentir en Salvador de Bahia, la principal capital del nordeste, Porto Alegre, ciudad más importante de la región sur y en la populosa Belo Horizonte, en la región sudeste.

“Temer ya era pequeño antes del paro con un rechazo del 80 %por ciento y ahora sale aún más pequeño, este gobierno ilegítimo no se sostiene en pie, no creo que puedan avanzar con las reformas laboral y previsional, los trabajadores y la sociedad en general dieron un fuerte mensaje” señaló a Página12 el dirigente metalúrgico Sergio Nobre, vecino de Luiz Inácio Lula da Silva en San Bernardo do Campo, la ciudad del cordón industrial paulista donde surgió la CUT en los años 80.

El paro fue “un éxito total” festejó Lula. “La gente resolvió ir al paro protestando contra la retirada de derechos (..) contra el desempleo, contra la baja de salarios”, reforzó el extornero mecánico y dos veces presidente que dejó el poder en 2010 con una desocupación cercana al cinco por ciento. Ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que ahora hay 14,2 millones de brasileños económicamente activos sin empleo. Esto significa que la desocupación trepó al 13,7 por ciento contra el 10,9 hace un año, y sin señales de mejora en el corto plazo, ya que según proyecciones del propio gobierno la economía sólo crecerá el 0,2 por ciento en 2017, luego de las recesiones con crecimiento negativo del 3,8 por ciento en 2015 y el 3,5 en 2016.

“El aumento de la desocupación es un objetivo buscado por los responsables de este ajuste contra los trabajadores y los pobres, cuanto más desocupados menos fuerza para negociar con los patrones” señaló Sergio Nobre. Pero seguramente luego de esta demostración de fuerza sindical “será difícil que el Senado apruebe sin más la reforma laboral votada el miércoles pasado”, agrega. “Quieren desregular las relaciones de trabajo de una forma alevosa que no tiene muchos antecedentes, con la ley laboral Temer le está pagando sus deudas a los empresarios que financiaron el golpe. Si se la lee ciudadosamente esta ley se parece a la reforma laboral draconiana de la dictadura de Pinochet, no la vamos a dejar pasar, este paro es el inicio de un plan de lucha más largo”, promete Nobre.

La CUT, mayor organización gremial brasileña ligada al Partido de los Trabajadores, junto a otras centrales como la oscilante Fuerza Sindical (algunos de cuyos dirigentes apoyaron el golpe contra Dilma), demostró capacidad de acción en casi todo el país según las informaciones que llegaban ayer por la noche, tamizadas por la cobertura de la cadena Globo y sus socias menores simpáticas al gobierno.

San Pablo y su área metropolitana, con 18 millones de habitantes, amanecieron desiertas debido a la adhesión de los gremios del transporte en sus tres ramas: conductores de subterráneos, maquinistas de trenes interurbanos y colectivos, que desafiaron las intimidaciones del gobernador paulista, Geraldo Alckmin, que les impuso una multa de casi 1,3 millones de dólares.

Aliado de Temer, Alckmin desplegó a su nada amigable Policía Militarizada, que en las primeras horas de la mañana reprimió piquetes de los Trabajadores Sin Techo donde detuvo a 16 activistas bajo el cargo de “asociación ilícita” por la supuesta portación de bengalas y gasolina. Una imputación desmentida por los Sin Techo, que mostraron videos donde se demostraría que los policías les sembraron las pruebas. Paralelamente el secretario de seguridad paulista Magno Alves amenazaba con utilizar toda la “fuerza pública” en caso de que surgieran los “violentos” enmascarados Black Blocs.

Desde 2013, durante las masivas manifestaciones que hicieron tambalear a Dilma, continúa la sospecha de que debajo de las bandanas de algunos Black Blocs se ocultaron provocadores a órdenes de la policía. El discurso estatal-mediático hizo eje en minimizar y bandalizar el paro equiparándolo al accionar de “marginales” y “sindicalistas”.

Michel Temer encomendó a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, la tarea de divulgar la posición del gobierno. “En este momento el gobierno percibe el fracaso de este movimiento que es muy limitado, con bloqueos de rutas realizados por pequeños grupos de 20 a 50 personas, y eso no es democrático”, juzgó el ministro.

Al cierre de esta crónica, en las primeras horas de la noche de ayer una columna donde había Trabajadores Sin Techo marchaba hacia la residencia privada de Temer en San Pablo mientras en Río la policía reprimía a los manifestantes reunidos en el centro de la ciudad, cerca de la Asamblea Legislativa, donde hubo colectivos incendiados . Mientras tanto en Brasilia el Palacio del Planalto era custodiado por un cordón de efectivos de la Policía del Ejército.

A partir de ayer entró en vigor un “protocolo”, similar al aplicado durante la Copa del Mundo y las Olimpíadas, que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones. Es decir, los actos de protesta contra el gobierno son pasibles de ser tipificados como una amenaza a la “seguridad nacional”, lo cual fue cuestionado por el diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores. “Debemos alertar a Brasil sobre las dimensiones de esta estructura militar vista en Brasilia que no tiene ninguna justificación, el tipo de armamento que se ve aquí es totalmente desproporcionado” denunció el legislador petista.

 

 

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Un grupo comando arrasó la paraguaya Ciudad del Este para robar 40 millones de dólares



Durante tres horas, más de 40 delincuentes aterrorizaron la ciudad de la Triple Frontera. Quemaron autos, coparon rutas, apostaron francotiradores y dispararon a mansalva. Al llegar a la empresa Prosegur, mataron a un policía y la dinamitaron para alcanzar la bóveda. Sospechan de un grupo narco brasileño. Hay tres ladrones muertos.

Con un robo que incluyó bombas, francotiradores y fusiles antiaéreos, un grupo compuesto por al menos 40 personas explotó la sede de la empresa de transporte de caudales Prosegur en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, asesinó al guardia de seguridad y se llevó de la bóveda del lugar una cifra cercana a los 40 millones de dólares. Además, los delincuentes detonaron explosivos en catorce autos distribuidos a lo largo de la ciudad –ubicada en la zona de la Triple Frontera junto con Argentina y Brasil– para distraer a los policías locales y facilitar la fuga. Horas más tarde, fuerzas de seguridad brasileñas mataron a tres de los ladrones y detuvieron a otros cuatros, quienes cruzaron la frontera en botes y lanchas.


Bajo escombros, autos incendiados, clavos “miguelito” en las calles y miles de balas, Ciudad del Este amaneció, ayer, en estado de shock. A la madrugada, más de cuarenta delincuentes arrasaron la ciudad paraguaya –limítrofe con Puerto Iguazú, en Misiones– durante más de tres horas en un orquestado operativo para robar el dinero guardado en la sede de Prosegur.


El primer paso del plan consistió en un ataque de distracción: a las 0.18, varios vehículos incendiados bloquearon la salida de la Jefatura de Policía y de comisarías locales. A su vez, los delincuentes lanzaron bombas molotov en distintos puntos de la ciudad para generar confusión entre las fuerzas de seguridad locales y así, acercarse a la puerta del local de la empresa de transporte de caudales.


Limpiar el tránsito de la Ruta Internacional 7, que conecta Ciudad del Este con Foz de Iguazú, era la segunda parte del operativo. Para ello, se volvieron a detonar explosivos en varios autos que bloquearon el paso de la autopista, mientras que francotiradores disparaban a cualquier vehículo que conseguía esquivar los autos incendiados, según relataron fuentes policiales.


Ya con el camino liberado, el grueso del grupo comando llegó con camionetas blindadas hasta la calle Cadete Pando, a 150 metros de la Ruta Internacional 7. La sede de Prosegur era custodiada por tres guardias en su interior, que controlaban su perímetro, además de la vigilancia policial que se hallaba en la calle. Esta vez, el turno le correspondía a Sabino Benítez, un agente del Grupo Especial de Operaciones de la Policía. Los asaltantes balearon a Benítez, quien falleció en el acto, y redujeron a los tres guardias de la empresa. Pero todavía faltaba el paso principal del golpe: llegar a la bóveda. Con una potente dinamita (se sospecha que se utilizó el explosivo C-4, una bomba de alto costo que ni siquiera tiene en su stock la Dirección de Material Bélico de Paraguay) derrumbaron las paredes de concreto del establecimiento, ingresaron a la sede y comenzaron a retirar centenares de bolsas con dólares. Para retirar el botín y encarar la fuga, arribaron a la sede de Prosegur otros tres vehículos –al parecer camiones blindados– también pertenecientes al grupo comando. Con el robo de aproximadamente 40 millones de dólares, la gran parte de la estrategia ya estaba cumplida. Y todo en menos de una hora.


“Hay que administrar las balas. No nos quedan más municiones.” Así se refería, en guaraní, uno de los policías que trató de detener la fuga, a toda velocidad, de la banda de asaltantes tras el saqueo de la bóveda. El contraste armamentístico entre ladrones y policías era llamativo: mientras que los delincuentes disparaban con ametralladoras de guerra y contaba con equipos de visión nocturna, los agentes sólo respondían con las armas reglamentarias. Es que el bloqueo con autos incendiados a la Jefatura de Policía había impedido que los efectivos se nutrieran de otras armas. El tiroteo entre ambos y el posterior escape de los asaltantes quedó registrado en decenas de filmaciones caseras que fueron subidas a Internet por distintos medios paraguayos, en las que se observan el sonido de los disparos y el estruendo de explosiones. Por otra parte, entre las imágenes que circularon por la web se observa cómo en los caminos que utilizaron los ladrones, se encontraban miles de clavos “miguelito” arrojados desde los autos del grupo comando para pinchar las ruedas de sus perseguidores.


En diálogo con el diario paraguayo ABC, la fiscal que investiga este asalto, Denise Duarte, anunció que el comando eran “más de treinta personas” y agregó que, de acuerdo con testigos, “todos hablaban en portugués e iban encapuchados”. La declaración de Duarte refuerza la hipótesis de que la banda correspondía a una ramificación de la organización delictiva brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), aunque fuentes de la investigación tampoco descartan conexiones con asaltantes paraguayos, además de la sospecha de una complicidad policial. “Nunca vimos nada igual. Estamos como en Siria”, cerró la fiscal.


La fuga se dividió, de acuerdo a los investigadores, en tres vías de escape: un grupo huyó con dirección a la capital de Paraguay, Asunción, mientras que parte de la banda se sospecha que siguió camino al sur, para traspasar la frontera argentina, ya sea por Formosa, Corrientes o Misiones. El último, en cambio, escapó en dirección a la ciudad de Hernandarias, ubicada a orillas del río Paraná, en el límite con Brasil. La ramificación, alrededor de las tres de la mañana, daba por terminado el plan de este ataque que arrasó Ciudad del Este.


El grupo que huyó con destino a Hernandarias fue interceptado, en el mediodía de ayer, por la Policía de Brasil en la localidad de Lago Itapú, a unos 70 kilómetros de Foz de Iguazú. Según informó el Ministerio del Interior de Paraguay, en el enfrentamiento fueron muertos tres ladrones, y al menos cuatro detenidos que habían llegado a territorio brasileño a través de lanchas que cruzaron el río limítrofe. “En la detenciones se hallaron chalecos antibalas, salvavidas, armamentos pesados y munición gruesa”, indicó Lorenzo Lezcano, ministro del Interior.


Tras este asalto –que varios medios locales ya lo califican como el Robo del Siglo– el comandante de la Policía Nacional, Luis Carlos Rojas, removió a toda la cúpula de esta fuerza de seguridad en Ciudad del Este. Rojas dispuso el cambio del director de zona, el jefe de policía, el jefe de Orden y el jefe y subjefe de Investigaciones, con el argumento de que existió “complicidad o, al menos, negligencia con el hecho”, tal cual relató a diarios de Paraguay.


En la misma línea siguió Lezcano, quien aseguró, de acuerdo a algunos indicios, que los policías no cumplieron “su labor a rajatabla”. El ministro del Interior anunció que “Asuntos Internos de la Policía Nacional investigará la labor de los anteriores jefes policiales”.


Testimonios de los vecinos


Una noche de terror

Tras el asalto que arrasó Ciudad del Este, varios testigos relataron el terror que vivieron durante la madrugada, cuando un grupo comando explotó la sede de Prosegur y robó aproximadamente 40 millones de dólares. “Pasamos la noche cuerpo a tierra, todos juntos con mucho miedo”, expresó un vecino cuya casa quedó en medio del tiroteo entre ladrones y agentes.


Los relatos de distintos vecinos se reprodujeron durante todo el día de ayer para explicar el asalto programado que puso en vilo a la segunda ciudad con mayor habitantes en Paraguay. En diálogo con el diario ABC, Liz Dávalos, administradora de un hotel cercano al edificio de Prosegur, explicó que “los vidrios de las instalaciones reventaron debido a la potencia de las bombas”. La empleada aseguró que al principio pensó que “se trataban de fuegos artificiales” pero que “a los pocos minutos se notaban que eran explosiones mucho más ruidosas”.


Antes de ingresar a la bóveda de Prosegur, los ladrones buscaron bloquear el ingreso de los autos en la Ruta Internacional 7. Un ciudadano del lugar –cuyo nombre quedó en reserva por motivos de seguridad– contó que en plena autopista, pinchó una rueda sin saber la causa. “Al instante, cuatro camionetas frenaron y de los vehículos bajaron 15 personas con armas y pasamontañas. Me tiraron al piso y a mi hija le pidieron que pasara al asiento trasero. Luego, no se por qué, me dijeron que vuelva al auto y que escape. Por la cantidad de miguelitos regados en la ruta, nos tuvimos que refugiar en una caseta de seguridad, al costado de la ruta”, expresó el testigo.


Otra de las víctimas del grupo comando relató a ABC que, durante la madrugada, fue interceptada por cuatro hombres fuertemente armados que la obligaron a abandonar el auto que conducía. “Al entrar en una cuadra me salieron ellos apuntándome la pistola en la cabeza. Dijeron: ‘Váyanse, váyanse, no miren hacia atrás”, explicó la mujer, cuya identidad también se resguarda por motivos de seguridad. Al igual que otros vecinos, la víctima aseguró que los ladrones “tenían la cabeza tapada” y “se comunicaban en portugués”.


Por último, el jefe de atención del 911 de Paraguay, Claudio Cardozo, aseguró que en la madrugada del lunes, “se recibieron 875 llamadas de auxilio. La mayoría de ellas vinculadas a la balacera en Ciudad del Este”. Cardozo comentó que una de las denuncias consistió en un robo en una estancia, donde se presume que funcionó como distracción al personal policial. Sobre los autos incendiados que bloquearon caminos, el subcomisario comentó que “en una de las cámaras de seguridad se observa a una persona bajar de un Volkswagen blanco y rociarlo con un líquido. Luego, quemó el auto y abordó otra camioneta que se encontraba a 10 metros de la escena”.

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Jueves, 09 Marzo 2017 07:49

Entrenamiento militar “Made in USA”

 

El año 2016 la Escuela de las Américas entrenó a 1749 uniformados del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea de América Latina pero también a 15 civiles y 190 policías.

Sabemos que Costa Rica y Panamá enviaron a sus policías a recibir entrenamiento, por el simple hecho que ambos países no tienen ejércitos; pero entre estas dos naciones el total suma 44 el 2016 ¿Qué otros países enviaron también a sus policías a recibir entrenamiento militar a una academia militar? No lo sabemos, esa información no está disponible.

Lo que sabemos es que esto puede influir negativamente en las llamadas “Fuerzas del Orden” y es muy posible que el aumento de la militarización y represión de las policías en América Latina, hacia el movimiento social, se deba a la doctrina promovida por EEUU que básicamente sigue legitimando que se puede hacer todo por la “seguridad nacional”.

En Costa Rica por ejemplo, apelando a sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, se conoció que entre los cursos que tomaron los policías de este país en la Escuela de las Américas, en los últimos años, figuran “Curso de Análisis Contra Terrorismo”, “Curso Operaciones de Inteligencia”, “Curso Operaciones información”, “Curso Antidrogas y Antiterrorismo”, “Curso Básico de Inteligencia para Oficiales” y “Curso Analista de Información”, entre otros.

Ya sabemos de sobra qué entiende EEUU sobre terrorismo y cómo lo enfrenta. Ya sabemos que en la lucha contra la droga y el terrorismo que ellos promueven morirán siempre, porcentualmente, más civiles. Ya sabemos que son las “operaciones de inteligencia” y de “información”; listas negras, infiltración a movimientos sociales, noticias falsas, etc.

Por otro lado, de los datos oficiales, dos de los principales países que enviaron más tropas a esta academia militar, el 2016, fueron Colombia y Honduras donde se siguen registrando graves violaciones a los derechos humanos.

Colombia, que por años ha sido el país que más soldados envía uniformados a formarse a EEUU, entrenó el año 2016 a 862 efectivos más en la Escuela de las Américas. Es lejos, desde años, el número uno en envíos y en violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a un Informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) el año 2016 se registraron en Colombia 117 asesinatos contra defensores de los derechos humanos, más de 350 amenazas, 46 atentados y 5 casos de desaparición forzada.

En Colombia el conflicto armado dejó al menos 220.000 personas asesinadas, 25.000 desaparecidas y 4.744.046 desplazadas en el periodo comprendido entre 1958 y 2012 de acuerdo a las cifras reveladas por el Informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad”. El 82 % de las víctimas fueron civiles.

El segundo país que más uniformados envió a la Escuela de las Américas a recibir entrenamiento fue Honduras, registrando 261 efectivos el año 2016.

De acuerdo al Informe “Honduras: El lugar más peligroso para defender el Planeta”, de Global Witness, “desde el golpe de Estado de 2009, 123 activistas de la tierra y el medio ambiente han sido asesinados en Honduras; muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados”.

El Informe recuerda el asesinato de Berta Cáceres, sucedido el 2 de marzo del 2016. Meses después el diario El Heraldo de Honduras informó que entre los detenidos por este caso figuran “Un militar activo, dos oficiales retirados y un técnico ambiental”.

De acuerdo al diario The Guardian, dos de ellos, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente Douglas Giovanny Bustillo recibieron entrenamiento antiterrorista el 2005 en EEUU. Bustillo además recibió entrenamiento en la Escuela de las Américas. También, el año pasado, un ex soldado hondureño, miembro de las unidades de élite, dijo que había visto el nombre de Berta Cáceres y otros en una “lista negra” que circuló dentro del ejército.

Nada de esto nos puede sorprender porque detrás de las muertes de defensores de derechos humanos, aunque las realicen sicarios o paramilitares o delincuentes, y quisieran pasarlas como hechos comunes, se esconde la mano del poder.

Por otro lado, México, donde actualmente se registran las más graves violaciones a los derechos humanos en América Latina, si bien figura haber enviado 46 uniformados el año 2016 - y en los últimos cinco años 130 efectivos- a la Escuela de las Américas lo cierto es que EEUU está comprometido, por otras vías y acuerdos, con el entrenamiento de sus soldados y policías.

Un artículo de John Lindsay-Poland, indica que tan sólo en el periodo 2013 y 2014 “Los Estados Unidos dieron entrenamiento militar a más de 5700 policías y soldados mexicanos en unas 45 localidades estadounidenses y al menos diez sitios en México durante los últimos dos años, según datos publicados por el Departamento de Estado”.

En México de acuerdo a datos oficiales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la última década hubo 151.233 asesinatos hasta agosto de 2015. Al 30 de septiembre de 2015, el Estado mexicano reportaba 26.798 personas desaparecidas y la Procuraduría General de la República (PGR) contaba, al mes de abril de 2015, con 2420 investigaciones “en trámite” por casos de tortura, y sólo 15 sentencias condenatorias por este delito.

La académica, politóloga y escritora mexicana Denise Dresser, sin embargo, señala que los “años de guerra” han dejado al menos 213.000 muertos

“Un índice de letalidad en el cual el Ejército mata a ocho personas por cada una que hiere. 12.408 quejas ante la CNDH y el involucramiento de manos militares en Tlatlaya y Ayotzinapa”, señaló Dresser.

Pero no sólo Colombia, Honduras y México envían sus tropas a la Escuela de las Américas también lo hacen Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Panamá, Paraguay, entre otros.

Sin embargo, no todos envían sus tropas a la Escuela de las Américas, este 2016 no lo volvieron a hacer Venezuela, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Uruguay países que se comprometieron de no seguir enviando a sus soldados ni policías a esta cuestionada institución.

Venezuela, por ejemplo, retiró sus soldados el año 2004 dos años después del intento fallido de golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez donde entre sus cabecillas figuró el general Efraín Vázquez graduado de la Escuela de las Américas.

Venezuela, como otros países no vivieron dictaduras militares, anteriormente. Sin embargo, antes de que asumiera Hugo Chávez se registraron graves violaciones a los Derechos Humanos que poco o nada se conocieron en Latinoamérica y el mundo.

De acuerdo a la Comisión por la Justicia y la Verdad en Venezuela, entre los años 1958 y 1998, se registraron 10.071 víctimas de asesinato, torturas y desapariciones por motivos políticos.

Finalmente, la Escuela de las Américas, que hoy se conoce como Instituto de Cooperación y Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC, en inglés), tiene más de 70 años de existencia, fue fundada en 1946 en Panamá, y por sus aulas han pasado más de 80 mil soldados de toda América Latina a la fecha.

Muchos de sus “graduados” se transformaron en dictadores, torturadores y asesinos y otros guardaron un silencio cómplice cuando sucedían desapariciones y asesinatos contra el pueblo que juraron defender.

 

Pablo Ruiz, periodista, es parte del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas.

 

http://www.alainet.org/es/articulo/183982

 

 

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“Esto es pan de cada día”. Así respondió el médico de turno en Medicina Legal de Bogotá cuando Angélica Bolívar y Cristian Cartagena, dos estudiantes de sociología de la Universidad Nacional, se acercaron en horas matutinas del 6 de marzo a esta institución para radicar demanda contra policías que en clara violación de sus derechos humanos, y en nítida manifestación de la concepción militarista que los embriaga, los golpearon, encerraron e inculparon por hechos o infracciones inexistentes al avanzar la noche del sábado 4 de marzo.

La expresión del galeno no es gratuita. Ante él, y como constancia diaria, estaban otras personas radicando demandas similares: por un lado estaba Cristian, habitante del barrio El Codito de la localidad de Usaquén, joven de clase popular que contó que el día anterior se encontraba con su familia en medio de una celebración y que por no acatar las ordenes de la “autoridad” fue víctima de abusos, agresión extendida a su mamá, de más de 50 años –a quien la arrastraron por el suelo–, y su hermanito de 10 años –también golpeado varios veces en su rostro.


Por el otro estaba Jhon Javier, hombre de un poco más de 30 años, mecánico en un taller de reparación de carros, quien llegó con ojo morado e hinchado.


Algunos de éstos casos fueron llevados con cargos contra sus agresores, pero debieron ir a Medicina Legal porque en custodia fueron maltratados, como otra clara muestra de abuso de autoridad, impunidad y complicidad por parte de la “autoridad”.


Dichos acontecimientos recuerdan la denuncia que el equipo de desdeabajo y otro medios realizaron el 26 de diciembre del 2016 a partir de lo sucedido a Christian Mantilla, otro ciudadano golpeado, en esta ocasión por defender a un hombre que algunos agentes de Policía estaban ahorcando en plena vía pública, frente a su familia, un mujer embarazada y su bebé en coche. Hay que recordar, que el caso de Christian fue manipulado mediáticamente por noticias Caracol, sin importarles afectar el buen nombre de este ciudadano.

Angélica y Cristian


Estos dos jóvenes estudiantes de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, narran de manera escueta lo sucedido con ellos:
“Entre las 11:30 y las 12 pm. de la noche del 4 de marzo de 2017, dos patrulleros adscritos al CAI de San Diego (frente al Planetario Distrital, Bogotá) los abordan en el Parque La Independencia por donde transitaban, luego de venir de un bar localizado en el centro de la ciudad.


Los oficiales exigieron requisar a Cristian ante lo cual él accedió presentando sus documentos de identidad. Uno de los policías, al ver el carnet de la Universidad preguntó por la carrera que estudiaba. Al enterarse que era estudiante de sociología, le preguntó si él también ‘ponía bombas como Mateo’. Cristian respondió que no, que sabía que Mateo Gutiérrez era inculpado por un hecho sucedido en un momento en que él se encontraba junto a otros estudiantes en una actividad cultural, por lo cual Mateo era inocente. El oficial tomó el celular de Cristian y empezó a revisarlo, Cristian se lo quitó diciéndole que no tenía razones para revisarlo. Ante tal respuesta, el oficial lo golpeó en la cara reventándole la nariz.


Al ver el accionar de los policías, Angélica tomó parte golpeando al policía para que soltara a Cristian. Uno de los policías golpeó a Angélica en la cara, la encuelló y la esposó a una silla del parque. La ahorcaron y golpearon repetidamente mientras estuvo esposada. Entre tanto a Cristian le seguían golpeando y ahorcando. Los estudiantes fueron insultados constantemente, calificándolos de “terroristas”, “perra”, “zorra” y “pone bombas”.


Los uniformados revisaron ambos celulares y los retuvieron cuando los agredidos intentaron llamar en procura de ayuda. En seguida fueron retenidos al interior del CAI, con el pretexto de encontrarlos consumiendo marihuana en el parque, cosa que nunca ocurrió.


Además de la agresión, los oficiales les asociaron a los hechos de asesinato a un policía en los alrededores de la Plaza de Toros La Santa María, hecho conocido por la opinión pública.


Vale resaltar, que cuando los estudiantes gritaron en procura de auxilio, los transeúntes siguieron y evitaron tomar parte en estos hechos. ¿Temor ante la recurrente, y por todos conocida, violencia policial?


Hasta aquí la denuncia de los agredidos.

 

Es importante también resaltar dos aspectos evidentes: 1) Esta agresión evidencia el perfil de persecución asociada a los estudiantes de sociología; 2) una ciudadanía intimidada e indiferente es funcional al abuso policial. Igualmente, una comunidad académica silente, se torna cómplice del estigma y del abuso de autoridad.


Actitud pasiva de estudiante, docentes y directivas, que torna necesario mirar hacia el hilo contextual que está detrás de este tipo de imputaciones: los últimos atentados en Bogotá, los cuales han colocado en el centro de la opinión pública al departamento de Sociología de la Universidad Nacional.
Como podrá recordarse, Mateo, uno de sus estudiantes, cual falso positivo judicial, le adjudican, sin pruebas consistentes, la colocación de bombas en distintas partes de la ciudad capital, El irresponsable manejo mediático en contra de la presunción de inocencia, y en contra de la integridad del estudiante, se ha expandido hacia toda la comunidad académica a la cual pertenece.

 


Recuadro

Miedo, poder y estigmatización


El recurso a la violencia está ligado al ejercicio del poder de muchas maneras. Según Max Weber (sociólogo alemán) el Estado es el organismo que monopoliza el ejercicio legitimo de la violencia y la policía, predominantemente coercitiva es su mayor protagonista. La violencia aparece cuando la autoridad se ve deslegitimada y ante la impotencia del poder en concretar la dominación ideológica. Se ejerce contra todo aquel desviado, y está justificada en mantener el orden social a toda costa, nunca se detiene a cuestionar la desigualdad y la exclusión que le son inherentes, ¿por qué defender sin más una estabilidad mediocre y decadente?


Usando falsos positivos judiciales y violencia arbitraria para mostrar resultados, se busca disimular la corrupción y degradación interna de nuestras instituciones, ante el engaño, compulsivamente buscan culpables para mantener la falacia de que son las verdaderas protectoras de los derechos y libertades de las personas. Con tal de que la atención no se vuelva sobre ellas, incentivan toda clase de miedos y estigmas sobre las grandes mayorías excluidas, las clases populares, que no tienen el nivel de privilegio y resonancia de los estudiantes ultrajados estas ultimas semanas, pues son ellas quienes invisibles sufren día a día la brutalidad del sistema.


El miedo que es correlato ideológico del mantenimiento del orden público, es una sustancia brumosa que toma muchas formas y en la que reside gran poder. La manía anti terrorista posa de barrera entre nosotros e inexplicables eventos, fortaleciendo un modelo de seguridad tan exitoso hasta nuestros días, en que grandes masas de individuos (entre ellos los mismos policías) huyen abrazando una autoridad cada vez más controladora, ante el horror de estar a su suerte y de lo indefinible. Los gobiernos han entendido la eficacia que tiene infundir el horror para fines políticos, toda violencia que cuestione el orden social es perseguida, pero todo el aparato paramilitar, toda la una racionalidad técnica de la violencia que ejerce en todo el país no encuentra más que silencio en los grandes medios de comunicación. El otro (el pobre, e campesino, el guerrillero, el estudiante de sociología, etc) como chivo expiatorio siempre es un mundo aparte, la vida de aquellos extraños que ponen en peligro la integridad del status quo no tiene el mismo valor. Apelando a estos como expresión de un enemigo interno e invisible, se vive en un miedo existencial a lo inmensurable, a lo que no tiene forma, y dicho miedo lleva a todo de tipo de arbitrariedades, abusos y comportamientos desquiciados, he allí la capacidad de control.


Los insultos e injurias que expresan los policías en este acontecimiento son la muestra de que ellos son las más pobres víctimas de éste fenómeno, años acumulados de miedo y de odio, de superstición e ignorancia en las clases populares constituyen efectos negativos en la integridad humana de quien ingresa con la ilusión de servir a sus sociedad como agente de policía. Se le adoctrina en que él o ella, es el salvador de su país, el protector de su nación, pero lo que la doctrina le reserva es una vida servil de sumisión, vicio y perversión ante el sufrimiento ajeno y de peligro, amenaza y muerte durante la guerra.


No defiendo la violencia, la brutalidad o la arbitrariedad de un determinado actor en detrimento de otro, ni de determinada causa en detrimento de otra, solo digo que su trasfondo es mucho más complejo. Los últimos acontecimientos son expresión de un fenómeno estructural, nada ganamos con llenarnos de miedo o de odio, quienes vivimos en sus meridianos debemos buscar elementos de análisis que se conviertan en herramientas de transformación. Los poderosos también le temen al poder con el que juegan, pues son tan mortales como nosotros.

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Las manifestaciones, que se iniciaron la semana pasada, claman contra la violación con una porra a un joven, que tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto, por parte de un agente.

 

 

MADRID 16/02/2017 09:18 Actualizado: 16/02/2017 09:18 EUROPA PRESS


Decenas de personas se han manifestado este miércoles por la tarde en las ciudades francesas de Lille y Rouen, además de en la capital, París, en una nueva jornada de protestas contra la agresión sufrida por un joven de las afueras de la capital a manos de varios policías a principios de mes que ha cerrado con varios heridos y más de una veintena de detenidos.

En Rouen, ubicada en el norte de Francia, a unos 140 kilómetros de la capital, 21 personas han sido detenidas y dos heridas de levedad después de que estallaran enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, según Le Parisien.

En Lille, cerca de la frontera con Bruselas, medio millar de personas se han concentrado para denunciar "las humillaciones" y los registros de carácter racista llevados a cabo por la Policía. La protesta se ha desarrollado sin incidentes hasta que cerca de un centenar de personas ha continuado por una zona en la que la manifestación no estaba autorizada, lanzando botellas de cristal y tirando papeleras a su paso. En este contexto, la Policía ha detenido a una joven.

Por su parte, en la capital se han concentrado cerca de 400 personas de manera "espontánea" en las inmediaciones de la estación de Metro de Barbès-Rochechouart, cerca del barrio de Montmartre, en el norte de París. La protesta se gestó en las redes sociales, por lo que no había sido anunciada a la Prefectura, y se centró en protestar "contra la violencia policial". Pasadas las 19.00 horas, un grupo de manifestantes lanzó varios objetos a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Desde que se iniciaron las protestas, la semana pasada, se han detenido a cerca de 200 personas. Las manifestaciones responden a una agresión llevada a cabo por parte de cuatro policías en Aulnay-sous-Bois contra un joven que acusa a uno de ellos de violación.

El pasado viernes, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación". El joven, identificado como Théo, de 22 años, tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a visitarlo en el centro hospitalario, donde le pidió que confiara "en la Justicia", que llevaría su caso "hasta el final".

Previamente denunció que mientras estaba siendo detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV. En su informe, la IGPN no niega que hubo penetración con una porra, ya que los médicos lo han confirmado, pero sostiene que "en todo caso" hubo una agresión involuntaria.

Este mismo martes, la Fiscalía de París abrió una nueva investigación preliminar después de que otro joven denunciara haber sido agredido por tres de los cuatro agentes acusados de agresiones recientemente. Un joven identificado como Mohamed K., de 22 años, ha señalado en declaraciones al diario L'Obs que el pasado 26 de enero tres policías le hicieron la zancadilla tratando de que cayera al suelo para después ser golpeado "en la cara, el vientre y en la espalda".

"Les dije que me quedaba sin aire, me llamaban 'sucio negro', 'zorra' y me escupieron", ha indicado, antes de agregar que uno de ellos trató de agredirle con su porra. "Uno de ellos empezó a golpearme con un 'táser', y me decía que no me resistiera o la utilizaría", ha denunciado.

 

 

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Los choques con los agentes entre coches en llamas se repiten desde la violación de un joven por la policía

 

En plena campaña electoral y en estado de emergencia desde hace 15 meses, Francia se enfrenta al riesgo de otra grave crisis. La violación de un joven negro con una porra mientras era detenido por tres policías al norte de París ha desembocado en violentos incidentes y protestas nocturnas desde hace diez días. Las escenas de guerrilla urbana se extienden por las barriadas y el contagio ha llegado ya a media docena de ciudades.

“La policía mata inocentes, “Todo el mundo odia a la policía”, “Justicia para Théo”. Son gritos y pancartas que estas pasadas noches se leen y escuchan en barriadas del gran París como Seine-Saint-Denis y especialmente en la Cité 3.000, en Aulnay-sous-Bois, una conflictiva zona del extrarradio habitada por un elevado porcentaje de emigrantes o hijos de emigrantes procedentes sobre todo del norte de África.

Es ahí donde vive Théo L, el joven de 22 años al que tres policías detuvieron el pasado día 2. Los tres están imputados. Uno de ellos por violación una vez que los médicos certificaron que sufría graves heridas en el ano producidas por la introducción de la porra del agente. Desde entonces, cientos de jóvenes airados participan todas las noches en las protestas.

De nada han servido las llamadas a la calma del propio Théo o la visita que le hizo en el hospital, donde aún continúa tras ser operado, el presidente François Hollande. Son ya decenas los coches incendiados, establecimientos destrozados, mobiliario urbano destruido... Más de un centenar de jóvenes han sido detenidos o interrogados. Algunos, ya condenados a medio año de prisión.

Algunos de los incidentes más graves se han registrado este fin de semana en Bobigny, Argenteuil o Drancy. Entre granadas lacrimógenas y un masivo despliegue policial, las manifestaciones de apoyo a Théo han derivado en quemas de coches, uno de ellos una furgoneta de la cadena RTL, lanzamientos de piedras y tornillos a la policía y destrozos de tiendas.

Iniciativas de la policía han agravado el problema. Un informe preliminar interno concluyó que la violación había sido "accidental”. El abogado de Théo ha dicho que, si esa estupidez de aplica a los casos de violación, todos los acusados quedarían libres. “Les bastaría decir que no hubo intencionalidad sexual”.

El sábado, y durante las violentas protestas en Bobigny, al noroeste de París, la prefectura de policía informó de que un agente había salvado a una niña de 5 años de las llamas al sacarla de un coche ardiendo del que había logrado salir su madre con otro niño de dos años. Era mentira. Había sido un joven manifestante de 16 años quien salvó a la niña. “Saqué a la pequeña. No soy un héroe. Solo quiero restablecer la verdad”, ha dicho a un blog que se realiza en la zona.

Los antecedentes del alcalde de Aulnay-sous-Bois, el conservador Bruno Beschizza, tampoco le convierten en el hombre más adecuado a la hora de pedir calma. Fue policía, dirigente de un sindicato policial, responsable de estudios de seguridad para el expresidente Nicolas Sarkozy. En noviembre ordenó retirar por motivos morales unos carteles de una campaña antisida en la que se veía dos hombres abrazados. Y antes había propuesto que en los trenes de cercanías hubiera un vagón solo para mujeres.

El Defensor de Derechos, Jacques Toubon, ha declarado a varios medios sentirse muy preocupado por lo ocurrido y por cómo lo están gestionando las autoridades. Recuerda Toubon un reciente estudio realizado entre 5.000 jóvenes: la policía había registrado o identificado al 80% de quienes eran negros o árabes, y solo al 16% de los blancos y católicos.

El recuerdo de los graves incidentes de 2005 sigue muy vivo en Francia y buena parte del mundo. Dos jóvenes llamados Zyed y Bouna murieron electrocutados en un transformador cuando eran perseguidos por la policía. Durante las tres semanas siguientes de protestas, 300 edificios resultaron dañados, 10.000 coches quemados y 130 policías heridos.

En julio pasado, el joven de 24 años Adama Traoré murió mientras era interrogado por la policía en otra localidad al norte de París. Ahora, en las protestas se exhiben fotos junto con pancartas con este texto: “Théo y Adama nos recuerdan por qué Zyed y Bouna corrían”.

Mientras promete dureza y justicia, el Gobierno no logra calmar los ánimos. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, ha recibido este lunes a representantes de asociaciones contra el racismo. Comprende, dice, la emoción ciudadana, pero no la "inaceptable violencia". Su sucesor al frente de Interior, Bruno Le Roux, repite el anuncio de que miles de policías de patrulla -2.600 en breve- llevarán permanentemente cámaras de vídeo activadas. Le Roux pide respeto para los policías proque no todos son como los que agredieron a Théo.

Los dirigentes políticos en campaña han tenido que pronunciarse. La mayoría para pedir esa calma que no llega. Pero también para echar en cara “la responsabilidad” del Gobierno en esta explosiva situación, como ha hecho el conservador François Fillon.

Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, es la más contundente y la única para la que los sospechosos son siempre los habitantes de esas zonas problemáticas, los manifestantes “extremadamente radicales”, no los policías.

 

 

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Martes, 14 Febrero 2017 07:33

El abuso policial como parte del conflicto

 

La clase dirigente del país ha querido ligar el conflicto principalmente a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha vivido el conflicto y la violación de DDHH de mano de otros actores, entre ellos la Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La discusión sobre las acciones humanitarias que en el marco de una solución política deben realizar tanto la insurgencia como el Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y superar el abuso policial.

 

Una institución en caída libre

 

Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población. Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.

El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía también saca réditos, brindando información de la red a los mismos delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogotá.

Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos médicos.

Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la revisión de una institución que está en caída libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.

 
La Policía como actor del conflicto armado

 

Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.

La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.

Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.

 
La profundización del conflicto social: Código de Policía

 

Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un obstáculo para la paz.

Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.

La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mínima sospecha o la justificación policial.

Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que “agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.

En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solución política del conflicto.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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La periferia del norte de la capital francesa ha registrado su tercera noche consecutiva de protestas. Un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria"


La periferia del norte de París ha registrado su tercera noche de disturbios consecutiva tras la violenta detención el jueves de un joven en Aulnay-sous-Bois, por la que un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria".


Al menos 26 personas fueron detenidas anoche, cuando cinco vehículos fueron incendiados, al igual que algunas papeleras, y hubo tentativas de prender fuego a dos restaurantes que, pese a la intervención de los bomberos, resultaron dañados, informaron hoy a EFE fuentes policiales. La Prefectura de Policía añadió que los agentes se vieron rodeados anoche y lanzaron varios disparos al aire con balas reales para intentar calmar la situación, al no disponer "de ningún otro medio" de disuasión a su alcance.


La detención que ha provocado las protestas tuvo lugar el jueves por la tarde. "Los policías llegaron y dijeron: Todos contra la pared", explicó en la cadena BFMTV el afectado, Théo, un joven negro de 22 años de edad, que dijo que se acababa de cruzar con unos conocidos del barrio. Según su relato, los agentes le golpearon de inmediato y uno de ellos le introdujo por el ano una porra extensible, que le provocó desgarros por los que tuvo que ser operado.


El Ministerio del Interior anunció el domingo la suspensión de esos cuatro funcionarios. La Fiscalía, tal y como recogen los medios franceses, indicó que los agentes quisieron controlar la identidad de una decena de personas sospechosas de vigilar puntos de venta de estupefacientes en esa localidad del extrarradio de la capital francesa. Durante el dispositivo, según esa versión, intentaron detener a ese joven y usaron gas lacrimógeno y "una porra extensible" porque este se resistió.


El presidente de Francia, François Hollande, subrayó hoy en una visita al Tribunal de Pontoise, en el norte de París, el rol protector de la Justicia para los ciudadanos, incluso cuando los agentes de las fuerzas del orden se ven cuestionados. "La Justicia (...) es garante de las libertades y los ciudadanos deben comprender que es el juez quien les protege", añadió el mandatario.


Las protestas comenzaron el sábado y traen a la memoria de los franceses la oleada de violencia que se desató en el otoño de 2005 en decenas de barrios conflictivos, poco después de que el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, llamase "gentuza" a los jóvenes que los habitan y prometiera limpiar esas zonas con agua a presión.

 

07/02/2017 22:48 Actualizado: 07/02/2017 22:48

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