Las manifestaciones, que se iniciaron la semana pasada, claman contra la violación con una porra a un joven, que tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto, por parte de un agente.

 

 

MADRID 16/02/2017 09:18 Actualizado: 16/02/2017 09:18 EUROPA PRESS


Decenas de personas se han manifestado este miércoles por la tarde en las ciudades francesas de Lille y Rouen, además de en la capital, París, en una nueva jornada de protestas contra la agresión sufrida por un joven de las afueras de la capital a manos de varios policías a principios de mes que ha cerrado con varios heridos y más de una veintena de detenidos.

En Rouen, ubicada en el norte de Francia, a unos 140 kilómetros de la capital, 21 personas han sido detenidas y dos heridas de levedad después de que estallaran enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, según Le Parisien.

En Lille, cerca de la frontera con Bruselas, medio millar de personas se han concentrado para denunciar "las humillaciones" y los registros de carácter racista llevados a cabo por la Policía. La protesta se ha desarrollado sin incidentes hasta que cerca de un centenar de personas ha continuado por una zona en la que la manifestación no estaba autorizada, lanzando botellas de cristal y tirando papeleras a su paso. En este contexto, la Policía ha detenido a una joven.

Por su parte, en la capital se han concentrado cerca de 400 personas de manera "espontánea" en las inmediaciones de la estación de Metro de Barbès-Rochechouart, cerca del barrio de Montmartre, en el norte de París. La protesta se gestó en las redes sociales, por lo que no había sido anunciada a la Prefectura, y se centró en protestar "contra la violencia policial". Pasadas las 19.00 horas, un grupo de manifestantes lanzó varios objetos a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Desde que se iniciaron las protestas, la semana pasada, se han detenido a cerca de 200 personas. Las manifestaciones responden a una agresión llevada a cabo por parte de cuatro policías en Aulnay-sous-Bois contra un joven que acusa a uno de ellos de violación.

El pasado viernes, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación". El joven, identificado como Théo, de 22 años, tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a visitarlo en el centro hospitalario, donde le pidió que confiara "en la Justicia", que llevaría su caso "hasta el final".

Previamente denunció que mientras estaba siendo detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV. En su informe, la IGPN no niega que hubo penetración con una porra, ya que los médicos lo han confirmado, pero sostiene que "en todo caso" hubo una agresión involuntaria.

Este mismo martes, la Fiscalía de París abrió una nueva investigación preliminar después de que otro joven denunciara haber sido agredido por tres de los cuatro agentes acusados de agresiones recientemente. Un joven identificado como Mohamed K., de 22 años, ha señalado en declaraciones al diario L'Obs que el pasado 26 de enero tres policías le hicieron la zancadilla tratando de que cayera al suelo para después ser golpeado "en la cara, el vientre y en la espalda".

"Les dije que me quedaba sin aire, me llamaban 'sucio negro', 'zorra' y me escupieron", ha indicado, antes de agregar que uno de ellos trató de agredirle con su porra. "Uno de ellos empezó a golpearme con un 'táser', y me decía que no me resistiera o la utilizaría", ha denunciado.

 

 

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Los choques con los agentes entre coches en llamas se repiten desde la violación de un joven por la policía

 

En plena campaña electoral y en estado de emergencia desde hace 15 meses, Francia se enfrenta al riesgo de otra grave crisis. La violación de un joven negro con una porra mientras era detenido por tres policías al norte de París ha desembocado en violentos incidentes y protestas nocturnas desde hace diez días. Las escenas de guerrilla urbana se extienden por las barriadas y el contagio ha llegado ya a media docena de ciudades.

“La policía mata inocentes, “Todo el mundo odia a la policía”, “Justicia para Théo”. Son gritos y pancartas que estas pasadas noches se leen y escuchan en barriadas del gran París como Seine-Saint-Denis y especialmente en la Cité 3.000, en Aulnay-sous-Bois, una conflictiva zona del extrarradio habitada por un elevado porcentaje de emigrantes o hijos de emigrantes procedentes sobre todo del norte de África.

Es ahí donde vive Théo L, el joven de 22 años al que tres policías detuvieron el pasado día 2. Los tres están imputados. Uno de ellos por violación una vez que los médicos certificaron que sufría graves heridas en el ano producidas por la introducción de la porra del agente. Desde entonces, cientos de jóvenes airados participan todas las noches en las protestas.

De nada han servido las llamadas a la calma del propio Théo o la visita que le hizo en el hospital, donde aún continúa tras ser operado, el presidente François Hollande. Son ya decenas los coches incendiados, establecimientos destrozados, mobiliario urbano destruido... Más de un centenar de jóvenes han sido detenidos o interrogados. Algunos, ya condenados a medio año de prisión.

Algunos de los incidentes más graves se han registrado este fin de semana en Bobigny, Argenteuil o Drancy. Entre granadas lacrimógenas y un masivo despliegue policial, las manifestaciones de apoyo a Théo han derivado en quemas de coches, uno de ellos una furgoneta de la cadena RTL, lanzamientos de piedras y tornillos a la policía y destrozos de tiendas.

Iniciativas de la policía han agravado el problema. Un informe preliminar interno concluyó que la violación había sido "accidental”. El abogado de Théo ha dicho que, si esa estupidez de aplica a los casos de violación, todos los acusados quedarían libres. “Les bastaría decir que no hubo intencionalidad sexual”.

El sábado, y durante las violentas protestas en Bobigny, al noroeste de París, la prefectura de policía informó de que un agente había salvado a una niña de 5 años de las llamas al sacarla de un coche ardiendo del que había logrado salir su madre con otro niño de dos años. Era mentira. Había sido un joven manifestante de 16 años quien salvó a la niña. “Saqué a la pequeña. No soy un héroe. Solo quiero restablecer la verdad”, ha dicho a un blog que se realiza en la zona.

Los antecedentes del alcalde de Aulnay-sous-Bois, el conservador Bruno Beschizza, tampoco le convierten en el hombre más adecuado a la hora de pedir calma. Fue policía, dirigente de un sindicato policial, responsable de estudios de seguridad para el expresidente Nicolas Sarkozy. En noviembre ordenó retirar por motivos morales unos carteles de una campaña antisida en la que se veía dos hombres abrazados. Y antes había propuesto que en los trenes de cercanías hubiera un vagón solo para mujeres.

El Defensor de Derechos, Jacques Toubon, ha declarado a varios medios sentirse muy preocupado por lo ocurrido y por cómo lo están gestionando las autoridades. Recuerda Toubon un reciente estudio realizado entre 5.000 jóvenes: la policía había registrado o identificado al 80% de quienes eran negros o árabes, y solo al 16% de los blancos y católicos.

El recuerdo de los graves incidentes de 2005 sigue muy vivo en Francia y buena parte del mundo. Dos jóvenes llamados Zyed y Bouna murieron electrocutados en un transformador cuando eran perseguidos por la policía. Durante las tres semanas siguientes de protestas, 300 edificios resultaron dañados, 10.000 coches quemados y 130 policías heridos.

En julio pasado, el joven de 24 años Adama Traoré murió mientras era interrogado por la policía en otra localidad al norte de París. Ahora, en las protestas se exhiben fotos junto con pancartas con este texto: “Théo y Adama nos recuerdan por qué Zyed y Bouna corrían”.

Mientras promete dureza y justicia, el Gobierno no logra calmar los ánimos. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, ha recibido este lunes a representantes de asociaciones contra el racismo. Comprende, dice, la emoción ciudadana, pero no la "inaceptable violencia". Su sucesor al frente de Interior, Bruno Le Roux, repite el anuncio de que miles de policías de patrulla -2.600 en breve- llevarán permanentemente cámaras de vídeo activadas. Le Roux pide respeto para los policías proque no todos son como los que agredieron a Théo.

Los dirigentes políticos en campaña han tenido que pronunciarse. La mayoría para pedir esa calma que no llega. Pero también para echar en cara “la responsabilidad” del Gobierno en esta explosiva situación, como ha hecho el conservador François Fillon.

Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, es la más contundente y la única para la que los sospechosos son siempre los habitantes de esas zonas problemáticas, los manifestantes “extremadamente radicales”, no los policías.

 

 

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Martes, 14 Febrero 2017 07:33

El abuso policial como parte del conflicto

 

La clase dirigente del país ha querido ligar el conflicto principalmente a la existencia de la insurgencia. Sin embargo, el pueblo colombiano ha vivido el conflicto y la violación de DDHH de mano de otros actores, entre ellos la Policía Nacional y su cuerpo antidisturbios -ESMAD-. La discusión sobre las acciones humanitarias que en el marco de una solución política deben realizar tanto la insurgencia como el Establecimiento, deben partir de esta realidad de responsabilidad y superar el abuso policial.

 

Una institución en caída libre

 

Cuando salió a la luz el escándalo de corrupción de la Policía, conocido como la comunidad del anillo, no hubo sorpresas para la sociedad colombiana. En el imaginario de las mayorías la Policía Nacional es una institución corrupta, fácilmente sobornable y abusiva con la población. Si bien en los últimos años, se ha tratado de limpiar su imagen, los constantes casos de abuso denunciados por organizaciones de derechos humanos, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD- y la corrupción inherente a toda la cadena de mando, no lo han permitido.

El enfoque de seguridad ciudadana que privilegia la vinculación de la ciudadanía a través de redes de informantes y escuelas de policía cívica para niños, así como la existencia de estaciones de Policía de zonas rurales cerca de centros religiosos o educativos, son formas de vincular la población al conflicto. De estas formas de vinculación, la policía también saca réditos, brindando información de la red a los mismos delincuentes, brindando protección y evitando capturas, como lo demuestra el caso del Bronx en Bogotá.

Para la sociedad el abuso policial es diario. Ejemplo son las detenciones masivas de vendedores ambulantes sin devolución de sus mercancías, la corrupción de los policías de tránsito en calles y carreteras, especialmente en las épocas navideñas y las retenciones ilegales callejeras por sospecha. En la Unidad Permanente de Justicia los detenidos son sometidos a requisas desnudos, se presentan agresiones constantes y no se cuenta con equipos médicos.

Al ser el conflicto de carácter social y político, es necesaria la revisión de una institución que está en caída libre como paso fundamental para el respeto de los derechos humanos.

 
La Policía como actor del conflicto armado

 

Las organizaciones sociales que en los territorios han luchado contra la consolidación del modelo neoliberal, oponiéndose a la minería transnacional, la explotación petrolera, la privatización y expropiación de tierras y reivindicando los derechos sociales, han tenido que vivir con el estigma de ser insurgentes no solo por parte del Ejército, sino de la Policía Nacional y sus cuerpos de investigación, lo que conlleva a una ruptura cada vez mas notoria del tejido social.

La ONG Human Right Watch señaló la vinculación de 5 militares y policías en ascenso para el 2016 a hechos de ejecuciones extrajudiciales, lo que ejemplifica el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades delictivas con justificación del conflicto armado. De igual manera sucedió en la Operación Orión donde la policía metropolitana y la policía de Antioquia acompañaron a Fuerzas Militares y paramilitares en la ejecución de Desapariciones Forzadas, Desplazamiento Forzado, Violencia sexual, entre otros delitos.

Por otro lado, El ESMAD ha sido el cuerpo encargado de reprimir las protestas en contra del modelo de desarrollo y en los últimos años ha sido responsable de los asesinatos de lideres sociales, los cuales se encuentran en la actualidad en total impunidad. Solo en el año 2016 fue responsable de asesinato de dos lideres indígenas y un líder campesino en el paro agrario, el asesinato de un estudiante de la Universidad Distrital de Bogotá y las agresiones a cientos de personas en los paros agrario, camionero y minero que se presenciaron en ese mismo año.

 
La profundización del conflicto social: Código de Policía

 

Contrario a lo que se esperaría de una decisión propicia para el clima de paz, el Gobierno Nacional se empeña en contradecirse con la aprobación del Código de Policía. Un código que tiene mas de 30 demandas en curso porque profundiza el autoritarismo y la violación de los derechos humanos contra la población colombiana, es necesariamente un obstáculo para la paz.

Las multas por ocupación “ilegal” del espacio público, demuestran una concepción del mismo donde lo que prima es la pulcritud y no el disfrute de la ciudadanía. En ésta no se brindan alternativas viables para quienes ocupan el espacio permanentemente, constituyéndose en una violación del Derecho al trabajo y a los Derechos Humanos en el caso de vendedores ambulantes y habitantes de calle, pues permite profundizar el abuso policial (históricamente demostrado) a estas poblaciones.

La posibilidad de que la Policía Nacional pueda entrar a viviendas y centros educativos sin autorización previa deja en manos de cada miembro de la institución la decisión sobre cuando debe actuar y cual es una conducta contraria a la convivencia que justifica su accionar. La violación de la privacidad y el posible abuso policial es inminente bajo la mínima sospecha o la justificación policial.

Lo mismo sucede en el caso de las protestas sociales, que de nuevo criminalizadas, son propensas a la intervención desmedida de agentes, que bajo el pretexto de un articulo de dicho código que señala que “agredir, irrespetar o desafiar a un policía” es una falta grave, puede no solo generar multas contra quienes se defienden del abuso sino a permitir su continuidad.

En últimas, el nuevo Código de Policía todo lo multa o lo regula. Una sociedad donde el poder y el control policial adquiere mayor discrecionalidad para desarrollar sus funciones, hace aumentar el drama que hoy vive pueblo del miedo a la sanción y las violaciones de derechos humanos. Esta debe ser sin duda una discusión necesaria sobre el significado de los cambios humanitarios que requiere una solución política del conflicto.

 

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

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La periferia del norte de la capital francesa ha registrado su tercera noche consecutiva de protestas. Un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria"


La periferia del norte de París ha registrado su tercera noche de disturbios consecutiva tras la violenta detención el jueves de un joven en Aulnay-sous-Bois, por la que un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria".


Al menos 26 personas fueron detenidas anoche, cuando cinco vehículos fueron incendiados, al igual que algunas papeleras, y hubo tentativas de prender fuego a dos restaurantes que, pese a la intervención de los bomberos, resultaron dañados, informaron hoy a EFE fuentes policiales. La Prefectura de Policía añadió que los agentes se vieron rodeados anoche y lanzaron varios disparos al aire con balas reales para intentar calmar la situación, al no disponer "de ningún otro medio" de disuasión a su alcance.


La detención que ha provocado las protestas tuvo lugar el jueves por la tarde. "Los policías llegaron y dijeron: Todos contra la pared", explicó en la cadena BFMTV el afectado, Théo, un joven negro de 22 años de edad, que dijo que se acababa de cruzar con unos conocidos del barrio. Según su relato, los agentes le golpearon de inmediato y uno de ellos le introdujo por el ano una porra extensible, que le provocó desgarros por los que tuvo que ser operado.


El Ministerio del Interior anunció el domingo la suspensión de esos cuatro funcionarios. La Fiscalía, tal y como recogen los medios franceses, indicó que los agentes quisieron controlar la identidad de una decena de personas sospechosas de vigilar puntos de venta de estupefacientes en esa localidad del extrarradio de la capital francesa. Durante el dispositivo, según esa versión, intentaron detener a ese joven y usaron gas lacrimógeno y "una porra extensible" porque este se resistió.


El presidente de Francia, François Hollande, subrayó hoy en una visita al Tribunal de Pontoise, en el norte de París, el rol protector de la Justicia para los ciudadanos, incluso cuando los agentes de las fuerzas del orden se ven cuestionados. "La Justicia (...) es garante de las libertades y los ciudadanos deben comprender que es el juez quien les protege", añadió el mandatario.


Las protestas comenzaron el sábado y traen a la memoria de los franceses la oleada de violencia que se desató en el otoño de 2005 en decenas de barrios conflictivos, poco después de que el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, llamase "gentuza" a los jóvenes que los habitan y prometiera limpiar esas zonas con agua a presión.

 

07/02/2017 22:48 Actualizado: 07/02/2017 22:48

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"Dejen de matarnos", dice una pancarta en Charlotte que porta un joven afroestadunidense entre coros de: "manos arriba, no disparen" y "las vidas negras valen", gritos que han retumbado por todo el país durante los últimos dos años para denunciar la repetición de escenas donde policías disparan y matan a afroestadunidenses mientras los políticos ruegan por "calma".

Charlotte, Carolina del Note, permanece por segunda noche en estado de emergencia después de tres noches de ira y enfrentamientos entre afroestadunidenses y autoridades luego de la muerte de Keith Lamont Scott, el pasado martes. En Tulsa, Oklahoma, las autoridades, después de intentar justificar la muerte de Terence Crutcher, un afroestadunidense desarmado y con las manos en alto el viernes pasado, anunciaron este jueves una acusación de homicidio involuntario contra la mujer policía que lo mató.

El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, declaró el estado de emergencia después de dos noches sucesivas de amotinamientos, enfrentamientos entre policías y manifestantes y actos violentos en el centro de la ciudad más grande del estado que, entre nubes de gas lacrimógeno y ventanales destruidos, han dejado un herido en estado crítico que falleció la noche de este jueves, por lo menos nueve civiles y cuatro policías heridos, y cerca de 50 arrestos.

En la noche los manifestantes volvieron a las calles y continuaban pasada la medianoche, cuando comenzó el toque de queda impuesto por la alcaldesa Jennifer Roberts, sin que al cierre de esta edición se reportaran incidentes. La policía, ahora respaldada por la Guardia Nacional, ocupa el centro, y varios negocios cerraron sus puertas; varias empresas sugirieron a sus empleados no ir a trabajar al centro este día. La viuda de Scott difundió una declaración en la cual solicita sólo expresiones pacíficas de protesta en su ciudad por su esposo y padre de siete hijos.

La procuradora general de Estados Unidos, la afroestadunidense Loretta Lynch, también llamó a la "calma", recordando que "la violencia sólo genera más violencia".

Los candidatos presidenciales abordaron el asunto. El republicano Donald Trump comentó en un acto de campaña, sin ninguna prueba, como es su costumbre, que las drogas tenían que ver con la violencia en las comunidades negras: "si no están enterados, las drogas son un factor muy muy grande en lo que estamos viendo en la televisión", e insinuó que Obama tiene, en parte, la culpa por "un país herido". La receta de Trump ante la "violencia" es ampliar las medidas policiacas para "detener y esculcar" a todo sospechoso.

La demócrata Hillary Clinton reiteró su mensaje del miércoles de que estos incidentes de fuerza mortal por policías contra afroestadunidenses son "inaguantables y necesitan volverse intolerables". Subrayó que hay más seguridad pública "cuando las comunidades respetan a la policía y la policía respeta a las comunidades".

Pero todo esto se ha repetido de manera constante en este país. Desde el caso del adolescente Michael Brown, asesinado en 2014 por un policía blanco en Ferguson, Misuri, el tema de la violencia armada contra afroestadunidenses ha estado en el centro del debate nacional gracias a un nuevo movimiento de derechos civiles conocido como Black Lives Matter (Las vidas negras valen). Las demandas se han ampliado más allá de sólo protestar por la violencia policiaca y la impunidad oficial, para exigir una profunda reforma del sistema de justicia en Estados Unidos.

Las fuerzas policiacas de Estados Unidos han disparado y matado por lo menos a 707 personas en lo que va de este año (en 2015 la cifra total llegó casi a mil), según el conteo del Washington Post.

Entre estas cifras, los casos más recientes incluyen a Tyre King, de 13 años de edad, que aparentemente tenía una pistola de juguete cuando policías que respondían a un reporte de un asalto a mano armada le dispararon múltiples veces la noche del 14 de septiembre en Columbus, Ohio. Otros incidentes mortales ocurrieron recientemente en Baton Rouge, Luisiana, y Falcon Heights, en Minnesota.

Aunque es cierto que en términos numéricos la policía mata a más civiles blancos que a afroestadunidenses, en términos ajustados por población, los afroestadunidenses tienen una probabilidad 2.5 veces más grande de ser baleados y privados de la vida por la policía.

La ira generalizada por estos incidentes, y la aparente impotencia política para evitarlos o reducir su frecuencia, siguen alimentando las protestas por todo el país. Junto con el descentralizado movimiento Black Lives Matter, encabezado por jóvenes, estrellas del mundo de espectáculos –como Beyonce– y del deporte han logrado que este tema permanezca en el centro del debate nacional.

Colin Kaepernick, mariscal del equipo profesional de futbol americano de San Francisco, empezó, a mediados de agosto, a hincarse al inicio de cada partido ante el tradicional toque del himno nacional, como expresión de protesta. Afirmó: "no me voy a poner de pie y demostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a personas negras y personas de color", y agregó que "hay cuerpos en las calles" mientras los policías no son enjuiciados por asesinarlos.

Poco después, el jugador explicó: “lo hago porque veo que ocurren cosas a personas que no tienen voz... estoy en una posición en la cual yo puedo hacer eso y lo haré para aquellos que no pueden”.

El acto detonó denuncias y hasta amenazas de muerte contra el jugador; gremios policiacos amenazaron con no otorgar protección al equipo y varios atletas y políticos acusaron que era un acto antipatriótico. Pero poco a poco otros jugadores en su equipo y de otros equipos de la liga profesional de futbol empezaron a hincarse y algunos a levantar un puño.

La estrella del futbol soccer femenil Megan Rapinoe, rubia, empezó a hincarse también en solidaridad, al afirmar que "es importante que gente blanca apoye a la gente de color en esto". Hoy día, jugadores y hasta equipos enteros en universidades y preparatorias hacen lo mismo. Incluso, todas las cheerleaders del equipo de futbol de la Universidad Howard se hincaron el pasado sábado, e integrantes de la banda musical de una preparatoria lo hicieron mientras tocaban el himno.

Superestrellas de basquetbol profesional como LeBron James y Dwayne Wade, entre otros, ya habían expresado su protesta contra la violencia policiaca y la impunidad oficial hace meses.

Otra pancarta en Charlotte, con el mismo lema que ha aparecido en otras protestas en el país durante los último dos años, casi siempre portada por un joven afroestadunidense, sólo dice: "¿Seré el próximo?"

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La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instalados en vías de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras que abre -según el gremio- el camino a la sindicalización en las cooperativas. Además exigen la atención de un pliego de 10 puntos

 

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

 

Los hechos de violencia derivados del bloqueo de caminos entre el miércoles y viernes, principalmente en Mantecani, dejó un saldo de al menos 318 heridos en filas de los cooperativistas y de la Policía. El Ejecutivo reportó esta mañana la existencia de al menos 66 efectivos policiales heridos y los cooperativistas informaron de 252.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que en las últimas horas 46 efectivos fueron hospitalizados en la Clínica Universitaria Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta, mientras que los heridos de mayor gravedad son son el subteniente William Flores Silvestre con fractura del metacarpo del pie derecho, y el sargento segundo Santiago Mamani Lazo con diagnóstico de Traumatismo Encefálico Craneano (TEC).


A los 46 se suman 11 policías internados en la Clínica Urme; 3 en el Hospital Obrero y 5 en la Clínica del Sur de la ciudad de La Paz, que junto a otros afectados llegan a "un centenar de policías más o menos que han resultado entre heridos y retenidos en las últimas horas", dijo.


"En otros casos se trata de policontusiones, posiblemente algunos ya están siendo dados de alta, sin embargo, la Policía cumple con su deber de liberar a personas que han quedado atrapadas prácticamente en condición de rehenes en los caminos, especialmente, en la ruta La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba", indicó tras visitar a los efectivos en la Clínica Universitaria.


El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, reportó 252 heridos en sus bases. "Tenemos ocho heridos de gravedad, a un compañero prácticamente le han destrozado la mandíbula (...) otros tienen cortaduras, golpes en la cabeza y costillas rotas. Honestamente da indignación ver a nuestras autoridades que nos quieren confrontar".


La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instaladas en caminos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que abre el camino -según los cuentapropistas- a la sindicalización. Además exigen la atención a un pliego de 10 puntos, en el que -según el Gobierno- exigen se les permitira entregar sus áreas de explotación al empresariado.


La primera jornada concluyó con al menos 41 policías tomados como rehenes por los cooperativistas y 93 mineros detenidos. Ese día los medios de comunicación reportaron la atención en el Hospital Obrero de Oruro de una veintena de uniformados y la existencia de tres efectivos con traumatismos encefalocraneano.


El jueves, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, comunicó que otros policías fueron tomados como rehenes en el sector de Mantecani, donde más de 1.000 mineros instalaron un punto de bloqueo que generó el mayor foco de violencia por el uso de dinamitas, rocas y palos por los cooperativistas para repeler la acción policial de desbloqueo.


La madrugada de este viernes el fiscal Paul Miranda informó a radio Patria Nueva la liberación de 16 cooperativistas, entre ellos cuatro mujeres, detenidos en Mantecani por haberse cumplido las ocho horas de arresto. "En cumplimiento de las ocho horas de la detención se dispuso su libertad", indicó.

 


(12/08/2016)

 

 

 

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Jueves, 28 Julio 2016 11:50

Estado omnipresente


Julio de 2016. Veinticinco 25 años después de la aprobación de la Constitución Política, y 46 desde que fuera expedido el decreto 1355 que regulaba las funciones de la Policía, estamos ante un nuevo Código Nacional de Policía que reproduce los autoritarismos característicos de la Constitución del 86, y que desconoce los derechos fundamentales inscritos en la Carta del 91.

 

 

Su sombra ya nos acecha. El 17 de junio de 2016 fue aprobado el nuevo Código Nacional de Policía (CNP). Sin mayores discusiones ni análisis profundos, es decir, a pupitrazo limpio, los “padres de la patria” aprobaron 243 artículos impregnados de ese tufillo autoritario del que nunca ha podido escapar el establecimiento colombiano, y del cual se ha valido para reprimir y violentar “legalmente” a sus connacionales; Código igualmente impreganado de ese moho moralista con el cual han pretendido inculpar a quien pretenda salirse del marco de la tradición y las “buenas constumbres.”

 

Protección legalista. El Código le permite a las “autoridades”, desde el ingreso a los hogares sin una orden judicial, pasando por la prohibición del trabajo informal en las calles, hasta la retención y la privación de la libertad de una persona, hasta por 6 horas, solo por sospecha. La nueva normativa sintetiza y enfatiza lo que para el neoliberalismo depredador es el deber ser de la vida pública y privada:

 

“Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los civiles, así como determinar el ejercicio del poder y la función de la policía, de conformidad con la Constitución Política, el ordenamiento jurídico vigente y el criterio de nuestros uniformados”.

 

Palabras elocuentes con un propósito “noble”: el orden y la buena convivencia. Eso diría cualquiera que no fuera más allá de la letra gruesa, de la superficie del texto, sin adentrarse en los entre líneas que esconden un extenso compendio de normas, multas y castigos cuyo fin es modelar conformismos, silencios, y reproducir estereotipos del criminal (generalmente pobre) y formas de ser y de pensar que por años nos han impuesto aquellos que con garrote y hambre aprietan las cadenas de quienes habitan el territorio colombiano. Ellos lo saben: Imponiendo terror y sumisión, el cuerpo armado a su servicio –la violencia legalmente establecida– ha cumplido satisfactoriamente la tarea impuesta por la clase dirigente: mantener, asegurar y perpetuar su dominio autoritario.

 

 

Imprecisiones e incertidumbres

 

El nuevo Código que entrará a regir el próximo año, deja a consideración del uniformado cuando violentar o no los derechos básicos de sus “protegidos”, por lo cual a quienes sufrimos el acoso policial no nos queda más opción que confiar en “su buena fe”. Sobre todo si la Ley no se aplicará al acto policial ni a los procedimientos policiacos, sino hasta después de que se rindan declaraciones y los informes pertinentes y, naturalmente, el proceso jurídico será realizado, en primera instancia por la misma institución.

 

Con todo a su favor. Basta con leer unas cuantas páginas para encontrar una serie de imprecisiones que dan pie a múltiples interpretaciones que propician el abuso de autoridad de la Policía. Es el caso del Artículo 35 “Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”, en el que indican que una persona “no deberá resistirse a procedimientos de identificación o individualización, ni negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad, a las autoridades de policía cuando estas lo requieran. No podrá ofrecer ningún tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”.

 

Sin ser perspicaces, podríamos concluir: no podemos salir ni a la esquina sin algún documento de identidad, tratar –en lo posible– de no parecer sospechoso. En caso de no tener un documento esto podría ser considerado como “resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía”, en consecuencia, el uniformado procedería a la “aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”; cuestionar el procedimiento nos costaría 687 mil pesos.

 

 

Espacio público

 

El Código defiende el espacio público privatista y restrictivo. El Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, numerales 4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, 5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes y 6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente:

 

Artículo 28 del decreto 1504 de 1998. -La ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, [...] sin la debida autorización de las autoridades municipales o distrital, [...] y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997. El Artículo 104 de la Ley 388 de 1997 numeral 4 dice: Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público [...].

 

Así las cosas, cualquier actividad económica informal realizada en el espacio público y que lo ocupe permanentemente, tendrá una reprimenda de 86 mil, 344 mil y hasta 687 mil pesos y además… Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, se realice dos (2) veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.

 

No queda lugar a duda alguna: el Código vela por el patrimonio de las grandes cadenas comerciales, en su afán por atacar y erradicar la economía informal, las economías populares y el trabajo no formalizado. Son, entonces, los/as trabajadores/as de las ventas informales criminales que no pagan impuestos y atentan contra el paisaje urbano del ideario de país que invisibiliza los serios problemas de desempleo e inequidad.

 

 

El derecho a la protesta: sí, pero no

 

Aunque en el Código es reconido el derecho fundamental a la protesta, el mismo exige unos requisitos y eleva unas especificaciones que terminan por contradecir totalmente el principio de este derecho y de la libre expresión.

 

-Debe darse aviso por escrito ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico.

-Tal comunicado debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

-Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión.

-Debe presentarse con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

-Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.

-Los alcaldes distritales o municipales deberán permitir el uso de las vías salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

 

De esta manera, el derecho a la protesta queda sujeto a la aprobación de las autoridades administrativas pues en caso de incumplir alguno de los requisitos, podrá ser calificada como ilegal, por lo que podrá ser disuelta (así llaman a la represión o violencia) por la Policía. Es inherente a la marcha, manifestación y protesta la alteración de la cotidianidad, en cuanto a que esta implica la obstrucción de la vía pública. Como se ha visto en muchas ocasiones, las movilizaciones que recurren al bloqueo de las vías terminan siendo víctimas de la arremetida violenta del Esmad.

 

En el artículo 53 del Código no quedan claras cuáles son las circunstancias excepciones por las que, un alcalde puede prohibir una manifestación, ni a qué se le puede llamar “alteración a la convivencia”. El Código, además, hace énfasis en la manifestación y la protesta pacífica, es decir, aquella que no altere la normalidad de un día cualquiera. Entonces, ¿cómo puede llevarse a cabo la misma para que cumpla con esta exigencia?

 

Entre norma y norma, lo cierto es que estamos ante un simple eufeminsmo. Lo que suscita el nuevo reglamento resalta el empeño del gobierno por silenciar a la oposición, extendiendo por todo el cuerpo social sus prácticas y procederes contrainsurgentes, los cuales siguen inundando su comprensión de la vida cotidiana “anormal” y de la inconformidad social. De esta manera y para lograr su propósito de control y sujeción social, el Esmad, la normatividad penal y este Código de Policía, son parte de los instrumentos de represión legal del establecimiento, sumados, por supuesto, a la represión paramilitar que sigue actuando con total impunidad y complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas.

 

No en vano fueron las palabras del presidente Santos respecto al reforzamiento de estas Fuerzas:

 

“[...] Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por la vías democráticas como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad, el papel de nuestra fuerza pública se vuelve también muy importante, el papel de Esmad se vuelve especialmente importante. Preservar la seguridad en todo el territorio es otra prioridad [...] es falso que la institución vaya a desaparecer o que la Fuerza Pública se va a ver disminuida tras el desarme de la guerrilla. Aclaró, eso sí, que tendrán un nuevo rol, como el de hacerles seguimiento a las manifestaciones sociales y a su legalidad, defendiendo el legítimo derecho de quienes decidan protestar ya no con las armas sino en las calles de forma pacífica [...] se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su Patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país”.

 

Palabras más apropiadas para un país con un conflicto en auge y no para uno que se dispone para la paz armada. El aumento de la protesta es directamente proporcional a la inconformidad del pueblo, demostrando así, que la guerra no es causa, sino consecuencia de la desigualdad y la inequidad en Colombia.

 

 

 

 

Además...

 

El Código faculta a la policía para retener a personas que consideren estan bajo la influencia del alcohol u otras sustancias sicoactivas, aún si el consumo de drogas ocurre en la intimidad del hogar. La Policía puede irrumpir en cualquier casa, sin ninguna orden judicial, si consideran que allí se está cometiendo alguna falta contra el Código de Policía. Nuevamente queda sometido al criterio de un policía la posibilidad de vulnerar un Derecho, de intervenir sin que la persona lo solicite o sin que haya una orden judicial, medidas que en un Estado represor como el colombiano, seguramente serán usadas para abusar de la autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

 

Buenas son razones, pero... El CNP castiga a quienes dañen el medio ambiente, criminaliza la minería artesanal, pero no hace mayor referencia a la afectación causada al mismo por las grandes empresas multinacionales. Así las cosas, ¿en dónde quedan los acuerdos, las demandas democráticas de las comunidades y procesos sociales, expresados una vez más en la reciente Minga nacional?

 

En general, este nuevo Código represivo, resume una aspiración de control total con enfoque autoritario, convirtiendo a la Policía en el estandarte de la sociedad a través de la regulación del comportamiento y la convivencia, asumiendo el control pleno de la vida ciudadana. Estamos pues, ante un Código con visión punitiva y criminalista, nunca civilista, que nos remonta cien años en el pasado nacional.

 

 

Colombia: un Estado de sitio

 

Ante el yunque de este nuevo Código Nacional de Policía, bueno es mirarnos en nuestro propio espejo.

 

Estuvo entre nosotros por muchos años. Con la excusa del peligro de una subversión emergente y grupos al margen de la ley, el gobierno colombiano utilizó el estado de sitio para violar sistemáticamente los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Con la Constitución de 1886 fue implementada esta herramienta de la opresión.

 

Artículo 121. -En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

 

Mediante tal declaración el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

 

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.

 

Así, durante 70 de los 105 años que mantuvo vigencia la Constitución del 86, el autoritarismo fue elevado a norma de la nación, y con éste la criminalización de la protesta, la persecución política y la “limpieza” social. La violencia en la historia de nuestro país ha moldeado el orden estatal y la manera como éste legisla, priorizando la protección del orden público, sobrevalorando el papel de la Fuerza Pública y la militarización de la vida cotidiana, enfatizando en el castigo y no en la prevención. Corresponde al prolongado uso del estado de sitio el mecanismo y el espacio, además, para consolidar a la Policía y a las Fuerzas Armadas como las herramientas por antonomasia usadas por el gobierno para imponer un sistema opresor en un marco de aparente democracia.

 

 

Estatuto de Seguridad

 

“Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”.

 

No fue suficiente el estado de sitio, y le dieron una vueltas más a la tuerca. Eran tiempos de fuerte convulsión social. La inconformidad ganaba espacio a lo largo y ancho del país, y su máxima expresión se logró el 14 de septiembre de 1977, con la realización del Paro Cívico Nacional, del cual echaron mano para declarar una vez más el estado de sitio.

 

El Presidente de entonces, Alfonso López, con el sol a sus espaldas, se resiste a firmar el Estatuto de Seguridad, el que vendría a ser aprobado por quien le sucederá en sus funciones: Julio César Turbay Ayala.

 

Así, en 1978, el 6 de septiembre, mediante el Decreto 1923, fue establecido el Estatuto de Seguridad utilizando como plataforma jurídica el Estado de excepción, con la excusa de combatir los grupos guerrilleros, lo que desencadenaría una constante y difícil situación de orden público.

 

La confrontación entre el Estado y la insurgencia captó la atención de toda la sociedad colombiana, tras bambalinas, quedó encubierta una guerra sucia que fue apoderandose del país con el aliento del narcotráfico. Se criminalizó la oposición política; todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etcétera. Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.

 

El Estatuto de Seguridad respondía a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al “enemigo interno”, al considerar que cualquier opositor o crítico del Estado era una amenaza a los valores políticos importantes del país. Esta Doctrina le otorgaba importancia decisiva a la representación directa de las fuerzas militares en las diversas instituciones estatales.

 

Hace 38 años, bajo tal Estatuto, las fuerzas militares y de policía fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas por cualquier expresión de inconformidad social o de supuesto desorden social. Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, entonces era de uno a cinco años de prisión; hoy, con el nuevo Código de Policía, amenazan el bolsillo de las personas. Entonces las cárceles se llenaron de presos políticos. Hoy ya están colmadas por ellos, ¿quedarán repletas?

 

 

 

Publicado en Edición Nº226
Lunes, 11 Julio 2016 07:33

Días y siglos de violencia

 
Sabía que nunca más podría alzar mi voz contra la violencia por los oprimidos en los guetos sin primero hablar claramente del más grande proveedor de violencia en el mundo hoy día: mi gobierno.” Martin Luther King Jr., discurso en la iglesia Riverside, 1967.

 

Fue uno de los discursos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. En éste el líder del movimiento por los derechos civiles, apasionado apóstol de la lucha no violenta y una de las voces con mayor autoridad moral a escala nacional, vinculó la batalla por la justicia racial con la de la justicia social y económica, y contra las políticas bélicas. Llamó a conquistar "los trillizos de racismo, materialismo y militarismo" de Estados Unidos. (El discurso completo se puede leer en http://kingencyclopedia.stanford.edu/)

 

Lo que sucedió la semana pasada confirmó que aún se espera ese gran cambio.

 

La semana anterior dos hombres afroestadunidenses fueron agregados a la larga lista de víctimas de lo que llaman "exceso de fuerza" de la policía contra minorías en este país y la impunidad general de las autoridades en todos los niveles –temas al centro del movimiento Black Lives Matter. El jueves por la noche un veterano de guerra, afroestadunidense, decidió matar policías blancos en Dallas.

 

El presidente Barack Obama estaba en Varsovia, donde deploró los hechos y, como casi todas las autoridades nacionales, estatales y locales, exhortó a todos a poner fin a la violencia. Su procuradora general, Loretta Lynch, subrayó: "La violencia nunca es la respuesta". Pero Obama no estaba en una reunión de paz, sino en una cumbre de la OTAN, en la que se está evaluando cómo cercar a Rusia militarmente, entre otras cosas. Días antes había ordenado que se postergara al menos un año el retiro de tropas estadunidenses en Afganistán –ya supera a Vietnam como la guerra más larga en la historia del país y justo en la que había servido el soldado que mató a cinco policías en Dallas esta semana. Poco antes la Casa Blanca divulgó el número aproximado (nadie sabe la cuenta real) de víctimas civiles de su estrategia de asesinatos aéreos por drones en varios países.

 

Mientras tanto, aquí en casa, jóvenes afroestadunidenses repiten una y otra vez que están viviendo en una guerra en contra de ellos, cotidianidad definida por la violencia institucional implícita o explícita.

 

Los datos lo comprueban: en el país más encarcelado del mundo, casi 40 por ciento de reos son afroestadunidenses (sólo son 13 por ciento de la población nacional), uno de cada seis han estado en la cárcel sólo desde 2001 y uno de cada tres probablemente acabará en la cárcel. Fuentes: Sentencing Project, NAACP. Dicho sector de la población corre un riesgo 21 veces mayor que los blancos de morir por balazos de policías (ProPublica).

 

La profesora Michelle Alexander, de la Universidad Estatal de Ohio, en su libro The New Jim Crow, reveló que “hay más afroestadunidenses bajo control correccional –en prisión o libertad condicional– que los que estaban esclavizados en 1850, una década antes del inicio del la guerra civil”. Más aún: señaló que Estados Unidos encarcela un porcentaje más grande de su población negra que Sudáfrica en los tiempos del apartheid.

 

Obama y otros insisten en que las cosas están mejor que antes, que esto no es un regreso a los años 60. Pero en las calles dicen y sienten otra cosa. A pesar del hecho histórico de que un afroestadunidense sea el ocupante de la Casa Blanca, que dos procuradores generales de justicia eran y son afroestadunidenses, de que en la cúpula política (y económica) hay mucha más diversidad racial que nunca, en las calles sigue corriendo sangre sólo por el hecho del color de la piel. "Creo que fue simplemente que era negro en un lugar equivocado", comentó la madre de Alton Sterling, muerto cuando ya lo habían tirado al suelo dos policías en Baton Rouge la semana pasada.

 

Que sucedan estas cosas es parte de la experiencia cotidiana, en la que las madres afroestadunidenses están obligadas a advertir a sus hijos una y otra vez que se porten bien, que no hagan nada para provocar a la policía. Después tienen que pasar todos los días con la angustia de que su hijo aparecerá muerto o arrestado. Todos los días.

 

"Ser blanco es ser ciego", acusa Michael Eric Dyson, profesor de Georgetown y reconocido intelectual afroestadunidense, en un artículo del New York Times, en el cual denuncia que, en general, la "América blanca" sencillamente rehúsa escuchar a los afroestadunidenses. Afirma: "Nos sentimos impotentes para hacerles creer que nuestras vidas negras valen, impotentes para evitar que ustedes maten negros frente a sus seres amados". Concluye: "No los podemos odiar, de verdad. La mayoría de nosotros no. Eso es nuestro regalo a ustedes. No los podemos frenar. Esa es nuestra maldición".

 

En esta coyuntura, los ecos de hace más de 150 años siguen resonando también. Frederick Douglass nació durante la esclavitud. Se volvió uno de los líderes más extraordinarios del movimiento antiesclavista y fue invitado en 1852 a hablar en una celebración por el Día de Independencia, el 4 de julio. "¿Qué es, para el esclavo, el 4 de julio de ustedes? Respondo: un día que revela a él, más que cualquier otro día del año, la grave injusticia y crueldad de la cual es víctima constante. Para él, su celebración es una farsa. Sus gritos de libertad e igualdad, una burla hueca; sus oraciones e himnos, sermones y acciones de gracia con sus desfiles religiosos. Un velo delgado para encubrir crímenes que pondrían en desgracia a una nación de salvajes. No hay nación de la tierra culpable de prácticas más ofensivas y sangrientas que el pueblo de Estados Unidos en esta hora".

 

Que en 2016 aún es necesario gritar aquí  "las vidas negras valen" lo dice todo.

Publicado en Internacional
Lunes, 11 Julio 2016 07:06

Reprimen las marchas por el racismo

 
Miles de personas salieron a protestar contra los últimos casos de gatillo fácil en muchas ciudades de EE.UU. La represión fue tan violenta que Obama acortó su viaje a España para intentar apaciguar la situación con una visita a Dallas el martes próximo.

 

Varias ciudades de Estados Unidos vivieron ayer, otra vez, horas de tensión y violencia cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra los últimos casos de gatillo fácil policial contra negros y fueron reprimidos, con un saldo final de alrededor de 250 detenidos y cinco oficiales con heridas leves.


Uno de los momentos más tensos de la noche se vivió en la ciudad de St Paul, en Minnesota, donde cientos de personas marcharon para pedir justicia por la muerte de Philando Castile, el ciudadano negro que murió, sentado en su auto, al lado de su novia y su hija pequeña, acribillado por un policía blanco durante un control de tráfico.


Según la policía, que intentó dispersar la protesta con bombas de humo y gas lacrimógeno durante horas, al menos 100 personas fueron detenidas, la mitad de ellos por bloquear una autopista interestatal.


La muerte de Castile desencadenó una nueva ola de protestas raciales la semana pasada, junto a la de Alton Sterling, un hombre negro al que dos policías blancos dispararon el martes a quemarropa cuando ya lo tenían reducido en el suelo en Baton Rouge, en el estado de Louisiana.


Tanto los oficiales que mataron a Sterling como el que acribilló a Castile fueron suspendidos y las autoridades prometieron una investigación federal a fondo. Sin embargo, las absoluciones de policías acusados de gatillo fácil en los últimos meses despertaron una desconfianza inmediata.


Por eso, Baton Rouge fue escenario, otra vez, de una de las mayores marchas del país, que, nuevamente, terminó con represión policial y un gran número de detenciones.


Según el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), 125 personas fueron detenidas por protestar, entre ellos uno de los líderes más importantes del movimiento, DeRay Mckesson, quien trasmitía en vivo todo lo que sucedía en la calle con su teléfono y a través de las redes sociales.


Las protestas contra la brutalidad y el racismo institucional que una y otra vez exhiben las policías de las ciudades y estados también se multiplicaron en San Antonio, Texas, en Chicago, Nueva York, Washington DC, Atlanta y Miami.


En Dallas, en tanto, la tensión aún se siente en el aire a tres días de la masacre de cinco policías a manos de un ex soldado, que se instaló como un francotirador el jueves pasado y disparó contra las fuerzas de seguridad durante una manifestación convocada por Black Lives Matter.


El sábado una falsa alarma desató un masivo operativo de seguridad alrededor de la sede de la policía local y desalentó cualquier posible protesta callejera. Ayer, el jefe de la Policía de Dallas, David Brown, reforzó el clima de tensión al afirmar en una entrevista de la cadena de noticias CNN que el autor de la matanza del jueves tenía planeado un ataque aún más grande y sangriento para “hacer pagar” a las fuerzas de seguridad su violencia contra minorías como los afroestadounidenses.


Desde España, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Obama reivindicó el trabajo de la policía de Dallas y dijo que esa fuerza está intentando mejorar su relación con la comunidad afroestadounidense, “como pide Black Lives Matter”. No obstante, también pidió terminar con los abusos y el racismo.


Horas después, el vocero presidencial, Josh Earnest, informó a través de un comunicado que Obama viajará el próximo martes a la ciudad de Dallas para dar un discurso en homenaje a los cinco policías asesinados el jueves por un joven ex soldado de la guerra de Afganistán.


“El martes, 12 de julio, por invitación del alcalde de Dallas, Mike Rawlings, el presidente viajará a Dallas, Texas, para pronunciar un discurso en un homenaje a las víctimas en el Morton H. Meyerson Symphony Center”, informó Earnest. “En los próximos días habrá más detalles de la visita del presidente a Dallas”, agregó.


En el último año, los asesinatos de ciudadanos negros, en su mayoría desarmados, a manos de policías blancos desataron protestas masivas y, en algunos casos, hasta incidentes y pequeñas batallas campales en el corazón de varias ciudades estadounidenses.


Muertes como éstas no son nuevas en Estados Unidos; sin embargo, desde el asesinato de Michael Brown, un joven negro de Ferguson, Missouri, a manos de policías blancos, en agosto de 2014, las comunidades afroamericanas en el país han decidido responder saliendo a las calles para pedir justicia y cambios reales.


En lo que va del año, 506 ciudadanos murieron por disparos de policías en servicio en Estados Unidos, entre ellos 123 negros, según un relevamiento realizado por el diario The Washington Post.

 

 

Publicado en Internacional
Sábado, 09 Julio 2016 09:44

Un sistema que ya no funciona


Un país aparentemente incapaz de avanzar en el tema de la reforma de armas tiene la muy urgente necesidad de reformar un sistema de justicia criminal que es profundamente erróneo y discrimina a las personas de color.

 


Es muy pronto. Apenas estamos sabiendo el nombre de un sospechoso. La ciudad de Dallas –y el país todo– todavía está aturdido. Los seres queridos de los cinco policías muertos están sufriendo lo que el presidente Barack Obama describió como un “ataque vicioso, calculado y despreciable”. Es demasiado pronto para hablar con claridad, o con conocimiento, sobre causa y efecto. Sin embargo, ya está claro que Estados Unidos alcanzó otro hito en su larga y frustrante lucha con la violencia armada. Al igual que el ataque del mes pasado en la discoteca Pulse de Orlando, que fue el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, el ataque del jueves por la noche dio lugar a la mayor pérdida de vidas de los agentes de policía desde los ataques del 9/11.

 

Una ciudad todavía está tratando de deshacerse de su asociación como el lugar donde el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy fue asesinado hace más de 50 años ahora tendrá que hacer frente a este nuevo horror. El único sospechoso cuyo nombre surgió –después de los disparos no era preciso cuántos estaban implicados– es Miqueas Xavier Johnson. La policía dijo que estaba enojado por la oleada de homicidios de negros y minorías sospechadas. Es una ironía que, al parecer, calmó su furia atacando a los agentes que estaban de servicio en una gran manifestación pacífica contra esas mismas matanzas.

 

El jefe de policía de Dallas David Brown le dijo a la prensa ayer que durante un largo enfrentamiento con la policía, el sospechoso –a quién no nombró– dijo que “quería matar a los blancos, especialmente los oficiales blancos”. La matanza de los oficiales, y las heridas a otras siete personas, se produjeron apenas días después de dos incidentes de alto perfil en el que hombres negros fueron asesinados por agentes de policía en diferentes partes del país, sus muertes grabadas en un video. Alton Sterling murió el martes por agentes mientras yacía boca abajo en el suelo, en Baton Rouge, Louisiana. Philando Castilla murió el miércoles a manos de agentes en Minneapolis. El gobernador de Minnesota Mark Dayton pidió que el Departamento de Justicia que investigara la muerte de Castilla, ocurrida en un control de tránsito.

 

“¿Esto hubiera ocurrido si el conductor era blanco, si los pasajeros eran blancos? Creo que no”. dijo Dayton. Tal vez quienes llevaron a cabo los asesinatos en Dallas creían que estaban actuando en nombre de las muchas personas negras y de minorías que han muerto a manos de la policía. Sin embargo, la familia de Sterling le dijo a la prensa que rechazaban “reprobables actos de violencia” contra los agentes. Cuando se le preguntó a la madre de Castilla sobre el ataque, le dijo a CNN que recién se enteraba de lo que había pasado.

 

A medida que las familias de los cinco agentes muertos en Dallas - hasta el momento se han identificado a Brent Thompson y Patrick Zamarripa - lloran a sus seres queridos, muchos van a tratar de utilizar los ataques para apoyar su argumento de que existe una “guerra contra el policía”. Algunos líderes sindicales de la policía han afirmado que la administración Obama y el movimiento Black Lives Matter –la marcha del jueves por la noche no fue organizada por el movimiento– hacen que la policía se sienta como si estuviera “en estado de sitio”. Sin embargo, los datos sugieren lo contrario. Las cifras determinan que el 2015 fue uno de los años más seguros para la aplicación de la ley en un cuarto de siglo. El número total de oficiales muertos, 37, fue alrededor del 20 por ciento menos que en 2014.

 

“Para aquellos que parecen creer que los agentes de policía están siendo asesinados a tasas más altas, y que tiene algo que ver con las protestas contra abusos de la policía, esto realmente muestra que no hay nada de eso,” dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Pittsburgh Derecho y experto en vigilancia David Harris el año pasado. Debería ser innecesario decir, que un solo agente de policía herido o muerto, es demasiado. Se debe llorar a los oficiales que fueron muertos, una investigación deben descubrir si había otros involucrados en el ataque o si Johnson estaba actuando solo. Los responsables deben ser castigados.

 

Al mismo tiempo, la tragedia de la noche del jueves no debe distraer a Estados Unidos, un país aparentemente incapaz de avanzar en el tema de la reforma de armas, de la muy urgente necesidad de reformar un sistema de justicia criminal que es profundamente erróneo y discrimina a las personas de color. Las fuerzas policiales de todo el país, incluidos los responsables de la muerte esta semana de Castile y Sterling, son parte de ese sistema. Los agentes que fueron asesinados el jueves murieron en acto de servicio, proporcionando honorable seguridad para los manifestantes que exigen la reforma de un sistema que es institucionalmente defectuoso. Por el bien de todos, ese cambio no debe moderarse, no puede esperar más.

 

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

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