En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado en Edición Nº233

 

Más de 200.000 personas se manifestaron este miércoles en Sao Paulo contra la reforma de la jubilación del gobierno Temer que pone en jaque la pensión de millones de trabajadores. "La jubilación se queda, Temer se va" fue el grito más escuchado en las 22 ciudades en las que hubo protestas.

 

SAO PAULO 16/03/2017


A primera hora mañana del miércoles la mayor metrópoli del país estaba completamente parada. La huelga de los trabajadores del metro y de autobús, contra la reforma de la jubilación que quiere llevar a cabo el gobierno Temer, se hacía sentir en las calles con filas de coches que apenas podían moverse. En la estación de metro de Jabaquara (São Paulo) los funcionarios salían a explicar a quienes pretendían usar el transporte por qué no iban a trabajar este miércoles: "No queremos perjudicar a la población pero tenemos que defender los derechos de los trabajadores". En vez de pitos, lo que suele pasar cuando se para el transporte público en la ciudad, los trabajadores que tenían que buscarse la vida para llegar sus puestos decidieron aplaudir a los huelguistas.

"Me da igual que la mañana haya sido un infierno, tenemos que parar esta reforma como sea", decía Adilon Oliveira, conductor de Uber, uno de los medios más usados a lo largo del día. Los atascos de la mañana parecían una premonición de lo que sería la manifestación que estaba convocada a las 16 horas en la Avenida Paulista bajo el lema de Contra la reforma del Sistema de Pensiones: reaccione ahora o muera trabajando. Al mediodía un colectivo de mujeres colgaba una pancarta en el Instituto Nacional de la Seguridad Social de São Paulo: "La jubilación se queda y Temer se va", decía el eslogan que horas más tarde se convertiría en uno de los vítores más repetidos.

Las manifestaciones se repartieron en 22 ciudades brasileñas, pero São Paulo fue la que logró sacar más gente a la calle. La avenida Paulista estaba completamente colapsada de banderas de sindicatos, asociaciones de estudiantes y mucho color rojo con la firma del Partido de los Trabajadores (PT) y de la Central Única de Trabajadores (CUT), el brazo sindical de la sigla.

El ex presidente Lula fue una de las estrellas de la manifestación. A las siete de la tarde se subió a uno de los palcos de la avenida Paulista e instó a los brasileños a seguir "luchando" contra "el gobierno ilegítimo que quiere acabar con los derechos de los trabajadores".

 

49 años de trabajo para la pensión completa


Desde que Michel Temer se hizo con la presidencia del país, tras el polémico impeachment contra Dilma Rousseff, no ha habido una reforma que haya incomodado más a los brasileños que el Proyecto de Enmienda Constitucional PEC 287/16 que pretende modificar el sistema de pensiones. La reforma plantea cambiar la edad mínima obligatoria para jubilarse, aumenta el tiempo mínimo de contribución para recibir la pensión completa, y cambia la forma de calcular el valor del beneficio.

En Brasil no hay una edad mínima obligatoria para quien se quiere jubilar, el trabajador puede escoger entre jubilarse por edad o por tiempo cotizado. En la actualidad la jubilación por edad es de 65 años para los hombres, y 60 para las mujeres, con un mínimo de cotización de 15 años trabajados en el sector privado, o 10 años para los que han estado en el servicio público. Pero para recibir la jubilación íntegra necesitan un mínimo de 30 años cotizados, cada año a menos de esos 30, se les descuenta un 1% del valor de la contribución.

Con la reforma que propone el gobierno Temer se igualaría la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres y quedaría en los 65 años. Pero sólo podrían acceder a su pensión con un mínimo de 25 años cotizados (10 más que ahora). Para obtener la jubilación completa tendrían que tener cotizados 49 años (19 más que ahora) y por cada año menos de esos 49 también se descontaría un 1% del valor cotizado. En la práctica se podría decir que bajo el sistema actual si un hombre de 65 años se jubilara con 25 años trabajados, su pensión tendría un recorte del 5%. Pero con la nueva ley, este mismo hombre de 65 años, sufriría un recorte del 24%.

La idea de tener que trabajar 49 años para recibir la pensión íntegra es uno de los puntos del proyecto que ha provocado más revuelo. El otro tiene que ver con el Beneficio de Prestación Continuada (BPC), un salario mínimo que se le paga a deficientes y mayores de 65 años que nunca han contribuido a la seguridad social. Con la nueva norma la edad mínima subirá a los 70 años y el valor recibido dejará de reajustarse al mismo ritmo que el salario mínimo.

 
Las mujeres, doblemente víctimas


Un grupo de estudios del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (Ipea) señala que uno de los mayores "errores" de la reforma propuesta por Temer es que no tiene en cuenta la intermitencia, la informalidad y las desigualdades sobre las que se estructura el mercado de trabajo brasileño.

Desde el Ipea alertan que las mujeres serán doblemente perjudicadas porque ya de antemano tienen menos opciones en el mercado laboral que los hombres. Los resultados de sus investigaciones vaticinan que con la nueva reforma, en un futuro el 47,3% de las brasileñas no conseguirá alcanzar los 25 años mínimos de contribución para optar a la pensión. En el caso de los hombres, al menos un 30% no llegaría al cuarto de siglo cotizado.

"Actualmente muchas mujeres sufren para conseguir cotizar 15 años de trabajo, las empleadas domésticas son el mejor ejemplo de eso. Aumentar el mínimo a 25 años de contribución es un disparate, habrá muchas más mujeres que no puedan acceder a una pensión", señalaba la economista Joana Mostafa, en la revista Carta Capital.

En este sentido, Guilherme Boulos, presidente de los MTST (Movimiento de Trabajadores Sin Techo), señalaba: "No es una reforma del sistema de pensiones, sino que es la extinción del sistema de pensiones. Va a dejar a millones de trabajadores sin poder jubilarse". Desde el Movimientos Sin Tierra (MST) aseguraban que los más perjudicados serían los trabajadores rurales, uno de los sectores que más se mueve en la informalidad: "A lo que más afecta esta reforma es a quienes ponen la comida en la mesa del pueblo brasileño", decía uno de los representantes del movimiento.

 
En manos del Congreso


El presidente Michel Temer ha asegurado que "no dará su brazo a torcer". El mandatario asegura que la reforma "es absolutamente necesaria" debido al déficit de 46.000 millones de euros de las arcas de la seguridad social. También alega la preocupación por la disminución de la población activa frente al envejecimiento de la sociedad.

Desde los movimientos sociales responden que Temer se preocupa por ese déficit, pero ignora los 129.000 millones de euros que las grandes empresas deben a la Seguridad Social: "El Gobierno habla mucho del déficit del sistema de pensiones, pero no tiene en cuenta las contribuciones que no han pagado las empresas, y es un dato fundamental sobre el que pensar antes que meterse con los derechos de los trabajadores", señala Achilles Frias, presidente del Sindicato de los Procuradores de la Hacienda Nacional (Sinprofaz).

Los sindicatos han prometido nuevas manifestaciones para intentar evitar que el Congreso saque adelante la reforma. "Después de la manifestación de hoy queda claro que Temer no lo va a tener tan fácil para aprobar esta ley", dice la profesora de Sociología de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), Esther Solano, que reconoce que la protesta del miércoles ha sido una de las "más grandes" contra el Gobierno Temer: "Esta reforma es una pauta que ha vuelto a unir a la izquierda y también aglutina a otros sectores más conservadores. Al fin y al cabo es algo que va a afectar a todos los trabajadores".

La presión en las calles será fundamental para conseguir que la Cámara y el Senado no den continuidad al proyecto que todavía está pendiente de votación en ambas cámaras: "Es una incógnita lo que se decidirá en el Legislativo porque ahora los diputados y senadores están más preocupados con no aparecer en la lista Janot —que envuelve los casos de corrupción de la Operación Lava Jato— que con la reforma del sistema de pensiones", advierte Solano.

 

 

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Sábado, 18 Febrero 2017 07:04

La familia siempre gana

 

En 2001, el Correo Oficial de la República Argentina privatizado a favor del Grupo Macri, dio quiebra y la empresa Socma, su gestionadora, se declaró insolvente. Quince años después Mauricio Macri, cuyos hijos tienen a su nombre las acciones de la empresa, acepta una quita de deuda de 70 mil millones de pesos a pagar en 2033. Los fiscales imputaron al presidente por fraude al erario público.

Los negocios familiares siguen dando dolores de cabeza al presidente argentino. Apenas iniciada su gestión saltó el caso de los Panama Papers, que lo contó entre los principales protagonistas en los medios del mundo por sus cuentas secretas y oscuras en los bancos panameños junto a su familia. Ahora es la condonación del 98 por ciento de una deuda de 4.000 millones de pesos que el Grupo Macri, fundado y capitaneado por su padre, Franco, tiene con el Estado por haber quebrado al correo argentino, empresa estatal privatizada en tiempos de Carlos Menem, durante los años noventa. La cifra sube a 70 mil millones si prospera el escandaloso acuerdo de pagar en 2033 la deuda: a esa fecha Macri acumularía en total 70.163 millones de pesos a pagar al erario público.

El caso fue destapado por la publicación digital Nuestras voces, conducida por la periodista Gabriela Cerruti, el miércoles 8, el día del cumpleaños del presidente. Según la reconstrucción del periodista Ariel Lijalad, el expediente por la quiebra del correo argentino lleva 15 años paralizado en los tribunales porque las propuestas de pago del Grupo Macri eran consideradas abusivas por el Estado nacional. Por eso el 19 de mayo pasado –con Macri ya en el gobierno– fue el Estado el que solicitó una nueva audiencia y adelantó que “podría prestar conformidad a un acuerdo de pago en caso de mejorarse la propuesta”. El 28 de junio el Grupo Macri volvió a ofertar en términos similares y los representantes del Estado aceptaron la oferta de pago constituida por el 1,18 por ciento de los 70.163 millones de pesos de deuda a pagarse en 15 cuotas anuales a partir de 2018. La quiebra fue dictada en setiembre de 2001 y los Macri terminarán de pagar así 32 años después.

El 30 de diciembre pasado la fiscal general Gabriela Boquín emitió un dictamen en el que considera lesivos para el erario público e ilegales jurídicamente los términos en que el acuerdo fue homologado: quien firmó a nombre del Estado es un funcionario nombrado transitoriamente por seis meses y que no cuenta con los poderes necesarios para representar el cargo.

El estallido del escándalo llevó a que el fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitara la imputación de Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Mocoroa, como autores penalmente responsables de conductas delictivas respecto del concurso sobre el correo argentino por perjuicios al Estado nacional. Ahora será el turno del juez federal Ariel Lijo de avanzar a partir de este pedido del fiscal.

Desde el miércoles 8 se presentaron cuatro denuncias contra Macri por este tema. Dos se tramitan en el juzgado de Lijo, otra en el del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la restante en el del juez Alfredo Martínez de Giorgi, pero todo indica que se unificarán en un solo expediente a cargo de Lijo.

Los números de la quita surgieron de la investigación realizada por la fiscal Gabriela Boquín a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), a cargo de la especialista en cuestiones contables Judith König, también funcionaria de la Procuración General de la Nación.

La historia es compleja e intrincada y merece la atención de la justicia económica: cuando a Franco Macri le reclamaron el pago de la deuda, en 2001, aseguró que él ya no era titular del Grupo Macri, pero las acciones de Socma, parte del Grupo Macri y empresa controladora del correo argentino, estaban en manos de la familia. Franco cedió sus acciones a Mauricio pero se quedó con el usufructo vitalicio de ellas. Mauricio, a su vez, las delegó en sus hijos Jimena, Juan Francisco y Agustina. Las acciones de la empresa siguen en manos de la familia Macri y por eso la fiscal Boquín considera necesario frenar el acuerdo e investigar si en última instancia el beneficiario de la quita de la deuda no es el mismísimo presidente Mauricio Macri.

 

LA PROCURADORA EN LA MIRA.


El escándalo del correo vuelve a avivar el encono del gobierno macrista con la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, a quien desde el mismo 10 de diciembre de 2015, día de la asunción del actual gobierno, intentan desplazar. El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue directo cuando pidió a Gils Carbó que diera un paso al costado en sus funciones. La funcionaria fue nombrada por el gobierno de Cristina Fernández en 2012 con el aval en pleno del parlamento nacional, que destacó su “foja de servicios impecable y su nivel académico apto para asumir el cargo de procuradora” . Gils Garbó es, además, la primera mujer en acceder a ese puesto en el país. Según la Constitución la funcionaria puede permanecer en el cargo hasta los 75 años, salvo que sea removida por inconductas en su accionar como funcionario público por el parlamento nacional.

En su avance sobre las instituciones y funcionarios, el macrismo tiene en Gils Carbó una espina clavada. Como los embates de Garavano para desestabilizarla no dieron fruto, es ahora el hombre fuerte de Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien tomó a su cargo la tarea. “En cuanto pase el vendaval por el caso del correo, seguramente Peña va a tomar las riendas del asunto para sacar a la procuradora”, dijo un diputado del oficialista partido Pro a Brecha en charla informal.

En el parlamento todo el arco opositor condenó el acuerdo firmado el año pasado para condonar la deuda al Grupo Macri y pidió explicaciones al presidente y su ministro Oscar Aguad, a la sazón viejo amigo del genocida Luciano Menéndez en Córdoba. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, consideró ruin el pacto y pidió dar marcha atrás. En el kirchnerismo y la izquierda las protestas han sido similares.
La reacción del oficialismo corrió por boca de Marcos Peña, que pidió una reunión urgente con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, encargados de homologar o no el acuerdo con el correo. Presumiblemente correrán las presiones del Poder Ejecutivo: no se entiende otra motivación de reunirse con los jueces de parte de un gobierno que asumió pidiendo independencia para el poder judicial.

 

Recuadro

 

Borratina


El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se sumó hace dos semanas a la movida oficial de menospreciar, cuando no directamente negar, el genocidio de la dictadura militar de 1976. “No hubo un plan sistemático de parte del gobierno (de Jorge Videla), sino que hubo excesos y descontrol en las acciones de los jefes militares”, sostuvo en un programa de televisión, desconociendo fallos judiciales y sentencias de los últimos 13 años sobre el genocidio argentino.
“No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, agregó en relación con la cantidad de desaparecidos. Pese a que generó un pedido de renuncia firmado por parte de todos los organismos de derechos humanos, el gobierno se limitó a decir, por medio del jefe de gabinete, Marcos Peña: “no compartimos sus dichos”. Y Gómez Centurión, un ex militar carapintada que complotó con Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1987), sigue en su cargo.

 

 

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Las manifestaciones, que se iniciaron la semana pasada, claman contra la violación con una porra a un joven, que tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto, por parte de un agente.

 

 

MADRID 16/02/2017 09:18 Actualizado: 16/02/2017 09:18 EUROPA PRESS


Decenas de personas se han manifestado este miércoles por la tarde en las ciudades francesas de Lille y Rouen, además de en la capital, París, en una nueva jornada de protestas contra la agresión sufrida por un joven de las afueras de la capital a manos de varios policías a principios de mes que ha cerrado con varios heridos y más de una veintena de detenidos.

En Rouen, ubicada en el norte de Francia, a unos 140 kilómetros de la capital, 21 personas han sido detenidas y dos heridas de levedad después de que estallaran enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, según Le Parisien.

En Lille, cerca de la frontera con Bruselas, medio millar de personas se han concentrado para denunciar "las humillaciones" y los registros de carácter racista llevados a cabo por la Policía. La protesta se ha desarrollado sin incidentes hasta que cerca de un centenar de personas ha continuado por una zona en la que la manifestación no estaba autorizada, lanzando botellas de cristal y tirando papeleras a su paso. En este contexto, la Policía ha detenido a una joven.

Por su parte, en la capital se han concentrado cerca de 400 personas de manera "espontánea" en las inmediaciones de la estación de Metro de Barbès-Rochechouart, cerca del barrio de Montmartre, en el norte de París. La protesta se gestó en las redes sociales, por lo que no había sido anunciada a la Prefectura, y se centró en protestar "contra la violencia policial". Pasadas las 19.00 horas, un grupo de manifestantes lanzó varios objetos a los policías, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

Desde que se iniciaron las protestas, la semana pasada, se han detenido a cerca de 200 personas. Las manifestaciones responden a una agresión llevada a cabo por parte de cuatro policías en Aulnay-sous-Bois contra un joven que acusa a uno de ellos de violación.

El pasado viernes, la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), el organismo responsable de supervisar a la Policía francesa, concluyó en su primer informe sobre el joven que "no hubo violación". El joven, identificado como Théo, de 22 años, tuvo que ser ingresado en el hospital con importantes daños en el recto. El presidente de Francia, François Hollande, llegó a visitarlo en el centro hospitalario, donde le pidió que confiara "en la Justicia", que llevaría su caso "hasta el final".

Previamente denunció que mientras estaba siendo detenido, de espaldas, uno de los agentes le introdujo su porra en el ano. "Me pidieron que pusiera las manos en la espalda y, esposado, me pidieron que me sentara. Me lanzaron gas lacrimógeno y me golpearon, y al sentarme sentí un terrible dolor en el trasero", ha explicado, según las declaraciones a las que ha tenido acceso la cadena de televisión BMFTV. En su informe, la IGPN no niega que hubo penetración con una porra, ya que los médicos lo han confirmado, pero sostiene que "en todo caso" hubo una agresión involuntaria.

Este mismo martes, la Fiscalía de París abrió una nueva investigación preliminar después de que otro joven denunciara haber sido agredido por tres de los cuatro agentes acusados de agresiones recientemente. Un joven identificado como Mohamed K., de 22 años, ha señalado en declaraciones al diario L'Obs que el pasado 26 de enero tres policías le hicieron la zancadilla tratando de que cayera al suelo para después ser golpeado "en la cara, el vientre y en la espalda".

"Les dije que me quedaba sin aire, me llamaban 'sucio negro', 'zorra' y me escupieron", ha indicado, antes de agregar que uno de ellos trató de agredirle con su porra. "Uno de ellos empezó a golpearme con un 'táser', y me decía que no me resistiera o la utilizaría", ha denunciado.

 

 

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La resistencia al jefe de la Casa Blanca crece día tras día desde Los Ángeles hasta Nueva York

 

 

Nueva York.

 

Las expresiones diarias de resistencia contra el gobierno de Donald Trump continuaron a lo largo de las últimas 24 horas; desde indígenas en Dakota del Sur e inmigrantes en varias ciudades, pasando por músicos en los Grammy y un par de comerciales nacionales para whisky y tenis hasta, como siempre, un comediante con una nueva campaña para educar al ocupante de la Casa Blanca.

Organizaciones de defensa de inmigrantes en todo el país denunciaron las redadas de la semana pasada en las que fueron detenidos más de 600 inmigrantes en más de seis estados; acusaron que Trump procede con una política antimigrante que implica la separación de familias y, sobre todo, alimenta cada día el clima de terror en las comunidades más vulnerables del país. A pesar de todo el temor, hemos visto a nuestras comunidades defenderse con la firme determinación de proteger familias, hogares y valores; es la misma valentía que nos hizo venir a este país en primer lugar, comentó Cristina Jiménez, directora de United We Dream (http://unitedwedream.org). Varias manifestaciones de repudio se realizaron en los últimos días y continuarán esta semana desde Nueva York hasta Los Ángeles y varias ciudades más.

En un intento por frenar la renovada autorización del gobierno de Trump para completar el oleoducto Dakota Access –al cual se resistieron durante meses indígenas siux de Standing Rock junto con la solidaridad de más de 200 pueblos indígenas, ambientalistas y hasta veteranos de guerra– se interpuso una demanda legal que este lunes fue rechazada por un juez federal. Sin embargo, el mismo juez citó a las partes a finales de este mes para evaluar más a fondo la disputa. Activistas indígenas han reiterado su compromiso de continuar la resistencia en los tribunales y en sus campamentos de protesta alrededor de la construcción en tierras y ríos que consideran sagrados.

Una especie de resistencia inesperada crece entre algunos sectores empresariales, con versiones de que Sears y Kmart estaban descontinuando ventas en línea de mercancía para el hogar de la marca Trump. Esto, después de la muy pública pugna entre del presidente y la cadena de tiendas departamentales de lujo Nordstrom, cuando se anunció que dejarían de vender la marca de prendas y joyería de Ivanka Trump. Neiman-Marcus y Belk se sumaron a esta decisión.

Aún más sorprendente es un comercial nacional (transmitido incluso durante los Grammy) de whisky Johnnie Walker, que usa la canción rebelde del legendario Woody Guthrie, cantautor de folk: Esta tierra es tu tierra, para enviar un mensaje de solidaridad, caminemos juntos, que empieza en inglés y termina en español, cantada por un músico chicano (https://www.youtube.com/watch?v=8Hva8tS5C1U).

En la ceremonia de la entrega de premios Grammy había tibios llamados a un país inclusivo para todos, hasta que tocó el turno al veterano grupo de rap A Tribe Called Quest con algunos invitados especiales, que ofreció un mensaje furioso y directo. Busta Rhymes cantó un verso sobre el presidente agente naranja (el nombre del veneno rociado durante la guerra de Vietnam) y su odio, la presentación transmitida en vivo a nivel nacional concluyó con decenas de personas de todo tipo –algunos con vestimenta musulmana, latinos, afroestadunidenses y asiáticos– arriba del escenario, rompiendo un muro y, al final, los raperos con el puño en alto y uno de ellos coreando: resiste, resiste, resiste y el mensaje de no a la prohibición, no al muro colgado detrás de ellos.

Y finalmente, en su programa de Last Week Tonight en HBO, el comediante satírico John Oliver, después de su casi siempre agudo análisis de la coyuntura política, anunció: dado que Trump ve obsesivamente algunos canales conservadores de noticias, compraron espacios publicitarios para tratar de educar al presidente sobre algunos hechos básicos –desde qué son las fuerzas nucleares, los derechos humanos y el cambio climático–, todo ofrecido por un actor vestido y que habla como cowboy blanco y viejo (https://www.youtube.com/watch?v=xecEV4dSAXE).

 

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Los choques con los agentes entre coches en llamas se repiten desde la violación de un joven por la policía

 

En plena campaña electoral y en estado de emergencia desde hace 15 meses, Francia se enfrenta al riesgo de otra grave crisis. La violación de un joven negro con una porra mientras era detenido por tres policías al norte de París ha desembocado en violentos incidentes y protestas nocturnas desde hace diez días. Las escenas de guerrilla urbana se extienden por las barriadas y el contagio ha llegado ya a media docena de ciudades.

“La policía mata inocentes, “Todo el mundo odia a la policía”, “Justicia para Théo”. Son gritos y pancartas que estas pasadas noches se leen y escuchan en barriadas del gran París como Seine-Saint-Denis y especialmente en la Cité 3.000, en Aulnay-sous-Bois, una conflictiva zona del extrarradio habitada por un elevado porcentaje de emigrantes o hijos de emigrantes procedentes sobre todo del norte de África.

Es ahí donde vive Théo L, el joven de 22 años al que tres policías detuvieron el pasado día 2. Los tres están imputados. Uno de ellos por violación una vez que los médicos certificaron que sufría graves heridas en el ano producidas por la introducción de la porra del agente. Desde entonces, cientos de jóvenes airados participan todas las noches en las protestas.

De nada han servido las llamadas a la calma del propio Théo o la visita que le hizo en el hospital, donde aún continúa tras ser operado, el presidente François Hollande. Son ya decenas los coches incendiados, establecimientos destrozados, mobiliario urbano destruido... Más de un centenar de jóvenes han sido detenidos o interrogados. Algunos, ya condenados a medio año de prisión.

Algunos de los incidentes más graves se han registrado este fin de semana en Bobigny, Argenteuil o Drancy. Entre granadas lacrimógenas y un masivo despliegue policial, las manifestaciones de apoyo a Théo han derivado en quemas de coches, uno de ellos una furgoneta de la cadena RTL, lanzamientos de piedras y tornillos a la policía y destrozos de tiendas.

Iniciativas de la policía han agravado el problema. Un informe preliminar interno concluyó que la violación había sido "accidental”. El abogado de Théo ha dicho que, si esa estupidez de aplica a los casos de violación, todos los acusados quedarían libres. “Les bastaría decir que no hubo intencionalidad sexual”.

El sábado, y durante las violentas protestas en Bobigny, al noroeste de París, la prefectura de policía informó de que un agente había salvado a una niña de 5 años de las llamas al sacarla de un coche ardiendo del que había logrado salir su madre con otro niño de dos años. Era mentira. Había sido un joven manifestante de 16 años quien salvó a la niña. “Saqué a la pequeña. No soy un héroe. Solo quiero restablecer la verdad”, ha dicho a un blog que se realiza en la zona.

Los antecedentes del alcalde de Aulnay-sous-Bois, el conservador Bruno Beschizza, tampoco le convierten en el hombre más adecuado a la hora de pedir calma. Fue policía, dirigente de un sindicato policial, responsable de estudios de seguridad para el expresidente Nicolas Sarkozy. En noviembre ordenó retirar por motivos morales unos carteles de una campaña antisida en la que se veía dos hombres abrazados. Y antes había propuesto que en los trenes de cercanías hubiera un vagón solo para mujeres.

El Defensor de Derechos, Jacques Toubon, ha declarado a varios medios sentirse muy preocupado por lo ocurrido y por cómo lo están gestionando las autoridades. Recuerda Toubon un reciente estudio realizado entre 5.000 jóvenes: la policía había registrado o identificado al 80% de quienes eran negros o árabes, y solo al 16% de los blancos y católicos.

El recuerdo de los graves incidentes de 2005 sigue muy vivo en Francia y buena parte del mundo. Dos jóvenes llamados Zyed y Bouna murieron electrocutados en un transformador cuando eran perseguidos por la policía. Durante las tres semanas siguientes de protestas, 300 edificios resultaron dañados, 10.000 coches quemados y 130 policías heridos.

En julio pasado, el joven de 24 años Adama Traoré murió mientras era interrogado por la policía en otra localidad al norte de París. Ahora, en las protestas se exhiben fotos junto con pancartas con este texto: “Théo y Adama nos recuerdan por qué Zyed y Bouna corrían”.

Mientras promete dureza y justicia, el Gobierno no logra calmar los ánimos. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, ha recibido este lunes a representantes de asociaciones contra el racismo. Comprende, dice, la emoción ciudadana, pero no la "inaceptable violencia". Su sucesor al frente de Interior, Bruno Le Roux, repite el anuncio de que miles de policías de patrulla -2.600 en breve- llevarán permanentemente cámaras de vídeo activadas. Le Roux pide respeto para los policías proque no todos son como los que agredieron a Théo.

Los dirigentes políticos en campaña han tenido que pronunciarse. La mayoría para pedir esa calma que no llega. Pero también para echar en cara “la responsabilidad” del Gobierno en esta explosiva situación, como ha hecho el conservador François Fillon.

Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, es la más contundente y la única para la que los sospechosos son siempre los habitantes de esas zonas problemáticas, los manifestantes “extremadamente radicales”, no los policías.

 

 

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Empleados de Facebook, Apple y Google organizan para el 14 de marzo un paro en 3 ciudades

Surge red de "restaurantes santuarios"

Tiendas retiran productos de la marca de Ivanka

 

Las olas de resistencia sin precedente a la presidencia de Donald Trump crecen por todo el país en múltiples sectores y frentes, con nuevas expresiones de solidaridad con alianzas sorprendentes entre musulmanes y latinoamericanos, artistas, chefs, científicos, doctores, ejecutivos empresariales, defensores de derechos y libertades civiles, la comunidad gay, organizaciones de mujeres, ambientalistas, indígenas, atletas profesionales y más, que se expresan cotidianamente en las calles, los tribunales y hasta en comerciales del Supertazón.

En las marchas y concentraciones ondean banderas mexicanas junto a pancartas en árabe, o en las constantes reuniones de organización de actos de resistencia se encuentran maestros con ambientalistas, organizadores sindicales con activistas de Black Lives Matter, anarquistas con veteranos de luchas de los años 60, y otras combinaciones que muy rara vez se han entremezclado en esta sociedad tan fragmentada, aun entre fuerzas progresistas.

Se repiten escenas donde comerciantes musulmanes yemeníes reciben la solidaridad de judíos hasídicos, mientras algunas de las principales organizaciones nacionales musulmanas y judías cimentan alianzas formales en contra de las medidas del gobierno. Esta semana 20 rabinos fueron arrestados frente a uno de los hoteles Trump en Nueva York por un acto de desobediencia civil en repudio a la orden ejecutiva antimusulmana.

Stonewall Inn, la famosa cantina en Nueva York que es el monumento nacional oficial del movimiento de los derechos gays, fue sitio de una manifestación de miles el sábado pasado en lo que se definió como un mitin de solidaridad entre esta comunidad y los inmigrantes y refugiados. Uno de los líderes e integrante del cabildo de la ciudad, Corey Johnson, declaró que no sólo resistirán la ofensiva antigay de este gobierno, sino que "trataremos las injusticias contra nuestros vecinos como si fueran contra nosotros", al referirse a las medidas antimigrantes y antimusulmanas.

Mientas continúan las acciones locales por todo el país, se organizan más actos coordinados a nivel nacional.

Más de mil empleados técnicos de Facebook, Apple y Google, entre otras empresas de alta tecnología, están organizando un paro y concentración el 14 de marzo (el día de pi) en el aérea de la bahía de San Francisco, Los Ángeles y Austin en protesta por las políticas de Trump y para llamar a mayor solidaridad entre los técnicos y los usuarios de estos servicios. La semana pasada, más de 2 mil trabajadores de Google realizaron un paro (con la anuencia de sus jefes ejecutivos), igual que trabajadores de la empresa de telecomunicaciones Comcast, en Filadelfia, en lo que algunos llaman una "nueva conciencia social" entre los técnicos.

Científicos están convocando a una marcha nacional –la primera en la memoria– para el 22 de abril, día en que "saldremos de los laboratorios a tomar las calles" en defensa de la ciencia, la diversidad y el compromiso social de los científicos, pero motivados por su alarma ante las posiciones anticientíficas de este gobierno.

El 20 de abril se ha convocado a la Marcha del pueblo por el clima, y una Marcha de los inmigrantes está citada para el 6 de mayo.

Cientos de iglesias y universidades se han declarado santuarios para inmigrantes indocumentados o perseguidos. El Nuevo Movimiento Santuario está organizando talleres y reuniones constantes con religiosos, estudiantes, profesores y más para coordinar los esfuerzos de resistencia. "De repente hay personas mayores que nunca han participado en algo político que se presentan para emprender alguna acción, y un sinnúmero de abogados jubilados están ofreciendo sus servicios gratis; a veces nos supera la cantidad de gente que quiere sumarse a este esfuerzo", comentó a La Jornada Juan Carlos Ruiz, uno de los dirigentes del movimiento.

Chefs y dueños de restaurantes (muchos de ellos inmigrantes) también están en esta lucha contra las medidas antimigrantes de Trump. Hay reuniones en las cocinas para, primero, anunciar que todos los que trabajan ahí se mantendrán unidos ante las amenazas, pero también usarán los restaurantes para educar y resistir medias antimigrantes. La red de "restaurantes santuarios" afirma que "hay un lugar en la mesa para todos" y ofrecen apoyo tanto a sus trabajadores como a sus clientes contra "sexismo, racismo y xenofobia". En los recibos del restaurante neozelandés Kiwiana, en Brooklyn, los dueños ahora imprimen abajo de la cuenta: "los inmigrantes hacen grande a Estados Unidos (también cocinaron tu comida y te la sirvieron").

Igualmente hay boicots y presiones de consumidores contra productos y servicios con el apellido Trump. La cadena de tiendas departamentales Nordstrom acaba de anunciar que dejará de vender la marca de Ivanka Trump en sus tiendas (la razón oficial fue por una caída en ventas). Neiman Marcus sacó de su sitio toda la línea de joyería de la hija del presidente. Ahora Macy’s está bajo presión de clientes (y sus empleados) para hacer lo mismo, reportó Business Insider.

Iniciativas de organizaciones latinas se multiplican, como la campaña Manos de EU fuera de México, lanzada por el Instituto William C. Velázquez para impulsar una campaña de defensa de México, contra el muro, y de educación y movilización de latinos e inmigrantes contra las amenazas de Trump contra esta comunidad.

Los mensajes contra las medidas antimigrantes provienen de lados inesperados, desde un par de comerciales transmitidos durante el Supertazón, entre ellos uno de una empresa de madera, parcialmente censurado por la cadena Fox, cuya versión completa se volvió viral, hasta expresiones de jugadores estrellas del equipo campeón de los Patriotas, como Martellus Bennett, quien en entrevista al final con Fox Sports, al responder qué pensaba de su próxima visita a México, dijo: "¡derriben el muro, derriben el muro!" Bennett ya había declarado antes que no asistiría a la visita tradicional de los campeones a la Casa Blanca "porque no apoyo a la persona que está ahí".

Los comediantes con programas de comentarios y charla, como Samantha Bee y Stephen Colbert, entre otros, transmiten sus burlas de manera cada vez más feroz contra Trump ante audiencias masivas. Saturday Night Live, el añejo programa de sketchs de NBC, que hace mucho había perdido su prominencia como punto de referencia cultural ha sido resucitado por Trump, en gran parte porque él no se aguanta de expresar su disgusto por las burlas en su contra y de su gobierno en ese y tantos otros programas. La actriz cómica Melissa McCarthy destruyó para siempre la imagen del vocero de Trump, Sean Spicer, en el programa más reciente, algo que se volvió viral y hasta noticia.

El presidente y sus aliados acusan que las protestas son acciones patrocinadas y pagadas por sus enemigos. El vocero de la Casa Blanca dijo el lunes que a la gente le están pagando para protestar, ya que "las protestas ahora se han vuelto una profesión... no son estos levantamientos orgánicos que hemos visto a través de las últimas décadas", afirmó.

Nadie recuerda una bienvenida tan furiosa y extendida a un nuevo gobierno.

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Decenas de miles en las calles del país y un amotinamiento diplomático están entre las expresiones de disidencia creciente dentro del gobierno, y hasta el ex presidente del país enfrenta a la presidencia de Donald Trump sobre sus decisiones antimigrantes, el cual en sólo una semana –tiempo récord– ha logrado la desaprobación de la mayoría de la ciudadanía estadunidense.

El movimiento de resistencia contra las medidas antimigrantes y el cierre de fronteras contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, que se multiplica por todo el país con el lema "No ban, no wall", se alimenta de una multitud de organizaciones de inmigrantes, la comunidad musulmana y aliados en defensa de derechos civiles y constitucionales que inundaron calles y aeropuertos durante los últimos días.

Junto con la rápida movilización civil estalló una creciente ola de disidencia dentro del gobierno y del propio partido de Trump, que ha asombrado hasta a los observadores más veteranos de la política en este país.

En lo que es una especie de amotinamiento dentro del Departamento de Estado, más de cien diplomáticos de carrera están firmando (algunas versiones dicen que son cientos) un borrador de memorando que reprueba las medidas de la orden ejecutiva emitida por Trump el pasado viernes, no sólo porque no funcionarán, sino porque son "contrarias a valores estadunidenses centrales de la no discriminación, trato justo y ofrecer una bienvenida a visitantes extranjeros e inmigrantes".

Trump descartó las quejas por medio de tuits, como es su costumbre. Primero insistió en que su orden no era una prohibición contra musulmanes (algo considerado ilegal), después afirmó que el caos desatado en aeropuertos, cuando oficiales de aduanas y migración intentaron aplicar la orden ejecutiva, no tenía nada que ver con las instrucciones oficiales, sino que era producto de un problema con computadoras de una aerolínea (algo que sucedió el domingo por la noche), manifestaciones y mentiras en los medios.

Él y sus promotores argumentan que la prohibición es necesaria para prevenir atentados terroristas. Trump por tuit defendió la implementación inmediata de su orden, ya que "hay muchos malos tipos allá afuera". Su vocero Spicer comentó: "No se sabe cuándo llegará el próximo atentado" y por lo tanto hay que actuar antes, y afirmó que "el sistema de verdad funcionó muy bien".

Pero la respuesta de la Casa Blanca a la disidencia diplomática fue más agresiva. Su vocero Sean Spicer advirtió que si los funcionarios de carrera tienen un problema con la orden, "deben sumarse al programa o pueden irse".

Vale señalar que inmigrantes de esos siete países (Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Somalia y Yemen) no han sido responsables de atentados terroristas en Estados Unidos, mientras países como Arabia Saudita, cuyos ciudadanos sí lo han sido, no aparecen en la lista.

Batallas legales

Mientras tanto, hoy se presentó la primera demanda legal para anular la prohibición de ingreso de personas de los siete países, por el procurador general Bob Ferguson, del estado de Washington, uno de los procuradores generales de 16 estados que declararon que procederán para anular las órdenes por considerarlas ilegales. Si prospera la demanda, podría invalidar la orden ejecutiva a nivel nacional, dijo Ferguson, quien agregó que "el presidente no se está apegando a la Constitución en el caso de esta orden ejecutiva".

La demanda goza del apoyo de dos empresas influyentes, Amazon y Expedia, con sedes en ese estado. De hecho, varias de las principales firmas del sector tecnológico se han expresado en contra de estas órdenes y medidas durante los últimos días, incluida Google, la cual creó un fondo de 4 millones para beneficiar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones defensoras de refugiados.

El ejecutivo en jefe de Apple declaró que su empresa "no existiría sin la inmigración", y así otros directores.

El Consejo sobre Relaciones Estadunidenses-Islámicas (CAIR) también presentó una demanda legal ante tribunales para anular la orden, con el argumento de que "su propósito es iniciar la expulsión masiva de inmigrantes y no inmigrantes musulmanes que residen legalmente en Estados Unidos".

En un hecho inusual, Sally Yates, procuradora general de Justicia en funciones, hasta que sea ratificado (posiblemente este martes) Jeff Sessions, nombrado por Trump para ese puesto, declaró la noche de este lunes que ordenó que el Departamento de Justicia bajo su mando no defienda la orden ejecutiva del presidente, ya que "no estoy convencida de que sea legal" (ella fue nombrada por Barack Obama). Poco más tarde, Trump ordenó destituirla.

Los jubilados

El ex presidente Obama, rompiendo con la tradición de los ex gobernantes de no comentar públicamente sobre las políticas de su sucesor, y en su primer mensaje desde que dejó la Casa Blanca hace 10 días, respaldó las protestas en todo el país contra la orden ejecutiva. Por medio de su vocero, Kevin Lewis, declaró que tenía "un desacuerdo fundamental con la noción de discriminar a individuos por su fe o religión", que "estaba alentado por el nivel de participación en las comunidades del país" y agregó que "ciudadanos que ejercen su derecho constitucional de asamblea, de organizarse y de ser escuchados por sus gobernantes electos es justo lo que esperamos ver cuando los valores estadunidenses están en juego".

Por otro lado, este lunes fue difundida una carta abierta firmada por más de 100 ex altos funcionarios de administraciones demócratas y republicanas –entre los firmantes están la ex secretaria de Estado Madeleine Albright y el ex director de la CIA Michael Hayden–, en la cual apremian al presidente a anular su orden ejecutiva contra migrantes y refugiados por ser “inhumana, innecesaria y contraproducente....”

Mas allá de las protestas y denuncias esperadas de líderes demócratas –legisladores federales, gobernadores y alcaldes–, son los brotes de disidencia dentro del partido de Trump los que resaltan las fisuras en la cúpula política del país.

La red política ultraconservadora más poderosa del país, encabezada por los hermanos multimillonarios Charles y David Koch, se expresó por primera vez en esta presidencia con una crítica a las medidas. Brian Hooks, uno de su representantes, declaró que la "prohibición es una vía equivocada" y subrayó que "dar la bienvenida a gente de todas culturas es algo histórico" y es central para "las sociedades libres y abiertas". El año pasado, Charles Koch había calificado la propuesta de una prohibición a musulmanes de algo parecido a "la Alemania nazi", reportó el Washington Post.

Varios líderes republicanos, entre ellos los senadores federales John McCain, Jeff Flake y Lindsey Graham, cuestionaron o rechazaron (algunos más severamente que otros) la orden contra personas procedentes de siete países de población mayoritariamente musulmana.

Nuevo récord de desaprobación

Voces del mundo deportivo se sumaron al coro de condenas. Steve Kerr, técnico del equipo profesional de basquetbol Golden State Warriors, recordó que su padre fue asesinado en un atentado terrorista en Beirut cuando era rector de la Universidad Americana ahí, y como familiar de una víctima se oponía las medidas de Trump, ya que van “en contra de los principios de nuestro país... y está generando temor”. Su contraparte, Greg Popovich, de los Spurs de San Antonio, también repudió la orden.

Michael Bradley, técnico de la selección de futbol de Estados Unidos, afirmó en Instagram que "la prohibición contra musulmanes es sólo el ejemplo más reciente de alguien que no podría estar más fuera de contacto con nuestro país y la forma correcta de proceder".

Una semana después de tomar posesión de la Casa Blanca, Trump generó la desaprobación de la mayoría (51 por ciento) de la ciudadanía, según Gallup, y estableció un récord en alcanzar tal distinción. Bush hijo tardó mil 205 días en lograrlo, Obama 936, Clinton 573; Trump... 8

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Lunes, 30 Enero 2017 06:10

"Ninguna persona es ilegal"

Miles de personas se manifestaron en distintos puntos de EEUU contra la decisión del Presidente de prohibir la entrada de personas de siete países de mayoría musulmana. Una jueza de Brooklyn vetó parcialmente el decreto, mientras Trump defendió su decisión.

 

El decreto de Donald Trump para impedir el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes provocó protestas durante todo el fin de semana en varios aeropuertos de Estados Unidos, impulsadas en muchos casos por las noticias de detenciones de pasajeros. También hubo una manifestación frente a la Casa Blanca.


"Díganlo alto, díganlo claro: los refugiados son bienvenidos aquí", se escuchó en el aeropuerto de Los Angeles, donde se vio un cartel que decía "Hagamos que Estados Unidos sea amable otra vez", en referencia al lema de campaña de Trump de “hacer a EEUU grande otra vez”.


Cientos de personas portaron carteles y corearon consignas contra la orden ejecutiva en los aeropuertos de Washington, Dallas, Nueva York, Los Angeles, así como en los aeropuertos internacionales del estado de Connecticut y la ciudad de Atlanta, según medios locales. También hubo manifestaciones frente a la Casa Blanca y en el centro de Boston y Nueva York.


Los manifestantes congregados en diversos aeropuertos del país festejaron la decisión de un tribunal de Nueva York que anuló parcialmente la orden ejecutiva del presidente. La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn, bloqueó parcialmente la medida que dejó en un limbo legal a viajeros cuyos vuelos arribaron al suelo norteamericano durante el sábado.


El fallo impide que el gobierno deporte a los recién llegados que se vieron afectados por la orden presidencial, pero no se expresa sobre la constitucionalidad de las acciones de Trump. La suspensión de emergencia firmada por Donnelly permite a las personas con visas válidas que aterrizaron en los Estados Unidos permanecer en el país temporalmente.


La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de activistas, abogados y legisladores demócratas habían presentado ayer demandas colectivas con el objetivo de limitar el veto aprobado por el presidente, a medida que aumentaba el número de detenidos y varados en los aeropuertos. La ACLU calcula que esta medida oficial afecta a entre cien y doscientas personas detenidas o en tránsito en los aeropuertos de los Estados Unidos. La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió ayer que el veto impuesto por Trump “va a tener consecuencias catastróficas”. Horas después del anuncio de esta medida xenófoba Irán comunicó que prohibirá el ingreso a su territorio de ciudadanos estadounidenses, para aplicar el principio de reciprocidad.


De todas formas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo hoy que continuará implementando las órdenes ejecutivas del presidente. "Los viajes prohibidos seguirán prohibidos" y el Gobierno de Estados Unidos "mantiene su derecho a revocar los visados en todo momento si lo requiere la seguridad nacional o la seguridad pública", indicó el DHS en un comunicado.


Ante las críticas y protestas, Trump defendió el veto temporal de entrada a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. "Para ser claro, esto no es una prohibición contra los musulmanes, como los medios han informado de manera falsa. No se trata de religión. Se trata de terrorismo y de mantener seguro nuestro país", justificó el mandatario a través de un comunicado emitido por la Casa Blanca.


Aseguró que su política es similar a la del ex presidente Barack Obama en 2011 cuando prohibió los visados para refugiados de Irak durante seis meses. Y precisó que "los siete países nombrados en la orden ejecutiva son los mismos países previamente identificados por la Administración de Obama como fuentes de terrorismo". Dijo también que "hay 40 países en todo el mundo con mayoría musulmana que no se ven afectados por esta orden" y manifestó: “Estados Unidos es una orgullosa nación de inmigrantes y continuará mostrando compasión por aquellos que huyen de la opresión, pero lo haremos mientras protegemos a nuestros propios ciudadanos y nuestras fronteras".


La orden ejecutiva firmada el viernes prohíbe la entrada de refugiados sirios de forma indefinida y suspendió temporalmente el programa de refugiados. También establece que durante tres meses los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana (Irán, Sudán, Siria, Libia, Somalia, Yemen e Irak) no podrán ingresar a Estados Unidos, en el marco de una serie de medidas para impedir la entrada de terroristas radicales islámicos.


Hasta los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham advirtieron que "esta es un orden ejecutiva que manda una señal, se quiera o no, de que Estados Unidos no quiere que los musulmanes vengan a nuestro país” y por eso dijeron temer que el decreto “haga más por ayudar a reclutar terroristas que por mejorar nuestra seguridad".


Trump respondió vía Twitter y atacó a McCain y Graham por ser "débiles en inmigración". "Los senadores debería poner sus energías en el Estado islámico, la inmigración ilegal y en la seguridad en la frontera, en vez de siempre buscar empezar la tercera Guerra Mundial", escribió.

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Domingo, 29 Enero 2017 09:21

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

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