Martes, 16 Mayo 2017 09:52

Los paros que no paran a Colombia

Una vez más, diversidad de sectores sociales se declaran en paro o en jornadas de protesta: Docentes, trabajadores estatales, taxistas, pobladores del Chocó y de Buenaventura. La coincidencia de la protesta genera una ola de inconformidad nacional tras la cual Colombia pareciera entrar en una coyuntura de paro total.

El motivo central tras todas las protestas y paros en curso es el incumplimiento gubernamental con los compromisos contraídos con estos sectores sociales tras anteriores jornadas de paro o de protesta; así como la inconformidad de otros por la inexistente voluntad oficial para negociar sus pliegos petitorios y/o para reconocer los reajustes económicos demandados.

 

La particularidad del magisterio

 

En Colombia, donde el sindicalismo brilla por su debilidad, el gremio de los docentes conforma el sindicato más grande del país, integrado por doscientos ochenta y seis mil de los trescientos treinta y dos mil docentes con que cuenta la nación para primaria, secundaria y media. A su vez, por este potencial, es el sindicato que marca la pauta dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde suman nueve (9) delegados de los 21 que componen su Junta Directiva.


Su potencial es tal, que cada que entra en periodo de protestas o paro, otros sectores sociales aprovechan para hacer lo mismo, buscando así un espacio para negociar en mejores condiciones con el gobierno. Rara vez se logra que de tal suceso surja una coordinación estable para la protesta, y más allá, de suerte que cuando Fecode firma el nuevo acuerdo que buscaba quedan tirados a la vera de las negociaciones todos aquellos que pretendieron beneficiarse de la coyuntura.

Los motivos del paro 2017 del magisterio son diversos, entre ellos: la demanda de un incremento salarial digno –el gobierno ofrece 0,25, más el 5 por ciento acordado en el paro del 2015–; nivelación salarial; la firma de un nuevo contrato de salud, digno, que implica, entre otros, la cancelación de toda la deuda que tienen con el sector (debe recordarse que el proceso de licitación para contratar la empresa prestadora del servicio fue de nuevo suspendido por parte de la Fiduprevisora ante una solicitud de la Procuraduría General de la Nación); implementación de la jornada única, siempre y cuando existan las condiciones de infraestructura, comedores y autonomía para llevarla acabo (respeto para quienes la acepten); integración de jardín, preescolar y kinder; y un punto central: reformar el Sistema General de Participación en la vía del fortalecimiento de los recursos destinados para la educación pública.

La dirigencia docente llegó a la decisión de parar tras 40 días de negociación, 20 de ellos en periodo directo y 20 de prórroga. Es decir, se gastaron todas las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Con su actitud de dilación, el gobierno mide el pulso a este sector, observando si es posible apretarlo para arrebatarle derechos ganados en otros momentos de lucha, tal y como lo demanda la Ocde, que ve en ellos un gremio cohesionado, duro, con muchos “privilegios”, entre ellos el de la salud y el de la estabilidad laboral.

Desde distintas regiones se informa que el magisterio está más decidido que en otros años a prolongar esta jornada de lucha. La precariedad salarial, el deterioro del sistema de salud, entre otros aspectos, han creado esta aurora de radicalidad.
Con una experiencia de décadas en este tipo de lucha, el magisterio decidió ir del barrio a las comunas o localidades, de éstas a las ciudades, para pasar a las regiones, en un ascenso de la protesta hasta tomarse Bogotá, lo que sucederá este 16 de mayo. Al día siguiente su Junta Directiva evaluará el desarrollo del paro y define el qué hacer.

 

Estatales

 

El ínfimo incremento ofrecido a los docentes, y la disculpa de siempre por parte del gobierno –no hay plata–, es lo mismo que han escuchado hasta ahora los trabajadores del Estado, quienes tratan de llevar a buen puerto una nueva negociación que les permita un reajuste salarial digno, ampliación de planta de personal, cumplimiento de los acuerdos firmados en otras negociaciones y acabar con la tercerización laboral.


Hay que recordar que en el Estado existen cerca de 1.250.000 trabajadores, de los cuales el 35 por ciento está integrado a alguna organización sindical. La multiplicidad de sindicados en cada ministerio y dependencia es uno de los factores que los debilita.


La negociación, que arrancó con una evaluación de los compromisos pactados en el 2013-2015, arrojó que el Gobierno solo había cumplido con el 25 por ciento de lo firmado, lo que evidencia a todas luces la estrategia dilatoria y de desgaste asumida por el Estado colombiano y aplicada por el gobierno de turno.


En el punto salarial saltó el primer obstáculo para un avance certero de esta negociación pues el gobierno ofreció el 5,75 de inflación causada en el 2016 más el 0,15 por ciento; su contraparte aspira al 5,75 por ciento más otros 5 puntos.


Hasta ahí iba la puja cuando una tutela interpuesta por centrales obreras minoritarias (CNT, UTC, CCT) demandó el derecho a participar en la ronda negociadora. El fallo a su favor los invita a incorporarse a la misma pero sus disputas internas les ha impedido nombrar sus negociadores.


Mientras esto ocurre, sectores de los trabajadores estatales se declaran en paro, como ocurrió con los guardianes de cárceles.


Además, para este martes 16 de mayo, otros sectores estatales no solo protestan o realizan agitación sino que también paran, entre ellos: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal, Dian y Rama Judicial.


Para el miércoles 17, los estatales anuncian una jornada de movilización solidaria con los trabajadores petroleros en Barrancabermeja.


Chocó

 

Mientras esto sucede con los trabajadores, en los territorios toma de nuevo vuelo la inconformidad social. Es el caso del Chocó, comunidad liderada por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad de tal departamento, reactivado en su accionar ante el incumplimiento de lo pactado por el gobierno nacional hace un año. Incumplimiento mayúsculo, pues según voceros del Comité, solo ha ejecutado el 5 por ciento de lo acordado.


Hicieron parte del pliego firmado aspectos como: salud, educación y cultura, vías (comunicación con Antioquia y Risaralda), respeto al territorio, autonomía administrativa, empleo y productividad, servicios públicos, deporte y recreación, flexibilización de política públicas.


Entre estas temáticas, una de las más sentidas es la concerniente a vías interdepartamentales. 720 mil millones fueron los acordados para pavimentarlas en su trayecto hacia Medellín y Pereira, los mismos que no entrega el Ministerio de Hacienda.


Buenaventura


Mientras en el departamento chocoano ya suman siete días en esta nueva jornada de resistencia, los pobladores de Buenaventura apenas arrancan la suya.


Ciudad puerto sobre el Pacífico, con altos ingresos, quienes habitan este importante territorio nacional no tienen recuerdo de que alguna vez el gobierno nacional haya destinado atención, recursos económicos y otros para paliar las grandes afugías que no les dan respiro. Pobreza, desempleo, crisis en el sistema de salud, violencia, paramilitarismo, guerrilla, etcétera, están en el ojo del huracán. Según uno de los pobladores, “el gobierno confunde el puerto con la ciudad, para el puerto sí hay recursos pero no para la ciudad, por ello la pobreza no nos abandona”.


Motivos para este paro no faltan, pero los incumplimientos por parte del gobierno con los compromisos adquiridos en otras jornadas de lucha, también resalta en este caso.


A diferencia del Chocó, los pobladores de Buenaventura cuentan con la ventaja de que al gobierno le preocupa el cierre del Puerto; parar el transporte de mercancías hacia el interior del país y viceversa, facilitará, sin duda alguna, el diálogo y la posibilidad de un nuevo acuerdo, el cual deberá esta cruzado por una metodología que obligue al gobierno a cumplir.


Paros pequeños y grandes; protestas e inconformidad; movilizaciones y protestas. Colombia vive una coyuntura especial, la cual no tiene el potencial de traducirse en una coordinación de los comprometidos en estas luchas ni en hacer de las mismas una sola plataforma de confrontación con la parte oficial, lo que las debilita y limita en sus pretensiones y alcances. Realidad que le brinda un respiro al gobierno de Santos, graduado en el arte del “firma hoy e incumple mañana.

 

Video relacionado

Paro cívico en Chocó, mayo 2017

https://youtu.be/Oa3TqqdqdzU

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Sábado, 13 Mayo 2017 07:10

Contra la represión policial

 

Al mismo tiempo, el jefe de Estado calificó las protestas opositoras como una “emboscada fascista”, aludió a la existencia de francotiradores y reiteró que la derecha intenta “un golpe de Estado”.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió castigar los abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que participan en las protestas contra su gobierno que comenzaron hace más de un mes. Al mismo tiempo, reiteró que la derecha está propiciando “un golpe de Estado”.

“Se hicieron denuncias sobre supuestos abusos de algunos funcionarios. He ordenado castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza, a cualquiera, como que se castigue a los llamados al golpe de Estado, a quienes incendian”, sentenció Maduro el jueves por la noche en un acto de graduación de un programa de educación secundaria.

Asimismo, el jefe de Estado calificó las protestas como una “emboscada fascista” y aludió a la existencia de francotiradores. “Tenemos cinco semanas de esta emboscada fascista, hay víctimas. Ayer murió un trabajador baleado por un francotirador en Mérida. Son francotiradores que han colocado en algunos lugares para asesinar al pueblo”, indicó. También consideró a las protestas como una guerra que le declaró al pueblo venezolano la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). “Las manifestaciones son una nueva embocada, más violenta, más venenosa que la que enfrentó el gobierno en las protestas de entre febrero y mayo del 2014, que dejaron 43 muertos”, añadió.

“Más temprano que tarde lograremos neutralizar y derrotar esta nueva emboscada y este golpe de Estado. Así lo decreto, con la Asamblea Constituyente tendremos una victoria gigante frente a los violentos”, señaló Maduro sobre su proyecto para reformar la Constitución que activó la semana pasada. Asimismo, condenó los ataques con excrementos contra la policía venezolana en las protestas opositoras contra el gobierno. “El pueblo venezolano apoya a su Guardia Nacional (policía militarizada) y a su Policía Nacional. Les han echado excremento que han sacado de su cerebro. Nos atacan con este tipo de armas, atacan a las familias de los militares y no hay condena de organismos a estos actos de barbarie”, criticó. Las bombas de excremento, llamadas popularmente “puputov”, fueron lanzadas en envases de vidrio desde las manifestaciones a la primera fila del cordón policial, que se protege con escudos.

A su vez, el director de la Policía Nacional Bolivariana venezolana (PNB), general Carlos Pérez Ampueda, reconoció la presencia de grupos de civiles armados que actuaron contra una de las marchas opositoras en Caracas y aseguró que serán capturados. “Esos son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar”, dijo a los periodistas el militar que dirige al cuerpo policial responsable del control de manifestaciones, al ser consultado sobre la presencia de un grupo de personas, algunos de ellos con armas, que robó y efectuó disparos ante los manifestantes y los cuerpos de seguridad sin ser detenidos.

Un grupo de hombres en motocicletas y con pasamontañas disparó el miércoles luego de robar a un miembro del equipo de prensa de un medio local durante una de las concentraciones opositoras, en el sector La Candelaria, que intentó marchar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Justo enfrente del grupo armado se encontraba un piquete de la PNB. “Estamos garantizando el orden de ustedes, aquí ninguno de nosotros está armado”, explicó Pérez Ampueda para responder por qué los cuerpos de seguridad no actuaron contra el grupo armado.

El militar indicó que los efectivos de la PNB no pueden actuar contra personas armadas porque cuando están en el control de manifestaciones tienen prohibido usar armas de fuego letales. “¿Cómo vamos a hacer algo cuando ellos están disparando y nosotros sin armas?”, se preguntó. “Cuando llegaron esos vagabundos, nosotros fuimos los primeros que nos colocamos delante, garantizando a ustedes la vida, sin contar con los medios para combatirlos”, apuntó.

Dirigentes opositores denunciaron en ocasiones la presencia de grupos armados para intimidar las manifestaciones opositoras y aseguraron que estos actúan con el consentimiento de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). Estos señalamientos fueron negados por las autoridades que, por su parte, acusan a los opositores de ser los responsables de la violencia y de organizar a su vez grupos armados contra sus propios manifestantes.

Por otro lado, Maduro, en desacuerdo con la difusión de numerosas muertes neonatales y otras estadísticas de fuerte crecimiento de enfermedades epidemiológicas, dispuso la destitución de la ministra de Salud, Antonieta Caporale.

 

 

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Diosdado Cabello niega que 85 militares hayan sido arrestados por oponerse a la represión

 

Caracas.

 

Fuerzas antimotines dispersaron con bombas lacrimógenas una marcha de miles de opositores que rechazan la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta una ola de protestas que en casi 40 días ha provocado 38 muertos. Los enfrentamientos se extendieron este lunes a los occidentales estados de Mérida, Lara y Zulia.

El dirigente chavista Diosdado Cabello negó que 85 elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hayan sido arrestados por oponerse a la represión de las protestas opositoras, como aseguró Henrique Capriles, ex candidato presidencial, el viernes pasado.

Agregó que la oposición está buscando un Pinochet en las FANB, pero no lo encontrarán, en alusión al general chileno Augusto Pinochet Ugarte, cuya dictadura abarcó de 1973 a 1990, reportó el diario El Nacional en su portal de Internet.

Más tarde, Maduro llamó a los militares a elevar propuestas para la Asamblea Nacional, informó Telesur en su portal, sin dar más detalles. Vamos a activar una Constituyente militar para fortalecer cada uno de los componentes de las FANB, declaró Maduro en la clausura de una exposición agropecuaria, indicó el portal venezolano noticias24.com.

Mientras, en las calles de Caracas, con banderas venezolanas y carteles en que se leía: no más dictadura, los opositores, que empezaron las protestas el primero de abril, exigieron una vez más la salida de Maduro del poder.

Si quiere una Constituyente, que pregunte al pueblo en un referendo, dijo Capriles en la marcha.

Manifestantes encapuchados atacaron a las fuerzas de seguridad con piedras y cocteles molotov en enfrentamientos en el este de Caracas que se prolongaron hasta casi el anochecer, cerca de la base militar La Carlota, en Caracas.

Al cierre de esta edición se reportó que el saldo de los choques de este lunes fue de más de 60 heridos, con lo que sube a 800 la cifra de lesionados en cinco semanas de movilizaciones.

En el centro de la capital venezolana también se concentró una multitud de chavistas. Estamos defendiendo la Constituyente para profundizar la revolución de Hugo Chávez, dijo el joven Alejandro Seguías, quien señaló que Maduro reforzará la Constitución impulsada por el fallecido ex presidente (1999-2013).

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a sus seguidores a marchar hacia el Ministerio de Educación en rechazo a la Constituyente, tras marginarse de una reunión en el Palacio de Miraflores

En la sede del gobierno, representantes de 18 agrupaciones políticas opositoras se reunieron con los miembros de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de discutir detalles del proceso convocado hace unos días por Maduro.

Entre los principales temas que se abordaron destacaron la promoción del diálogo, el respeto al orden constitucional y el llamado a un entendimiento político pacífico que beneficie a toda la sociedad.

Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo, reafirmó su disposición para sumarse a todos los espacios de debate que surjan alrededor de la convocatoria, pero consideró necesario esclarecer cuál es el procedimiento establecido en la Constitución de 1999 para dar continuidad a ese proceso.

Elías Jaua, ministro de Educación, designado por Maduro para impulsar la Constituyente, pidió a la MUD reflexionar y aceptar el diálogo. Al final de la tarde recibió una carta de la oposición que interpretó como una “excusa para seguir en la violencia.

Eso no es una Constituyente, es una farsa, una estafa, un truco para perpetuarse en el poder. El voto es la única salida a este desastre en Venezuela, declaró en la marcha Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por la oposición.

Más de 70 por ciento de venezolanos, de acuerdo con encuestas privadas, rechaza la gestión de Maduro, cansados del colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo que puede llegar a 720 por ciento este año, según el Fondo Monetario Internacional.

En medio de la tensión social, la ONG Foro Penal denunció que al menos 50 civiles fueron encarcelados por orden de tribunales militares venezolanos, que los acusan de presuntos delitos cometidos durante protestas. Esta versión no fue confirmada por el gobierno ni por otra fuente independiente.

Al renovar sus ataques al gobierno bolivariano, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, señaló que “el régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura... el estado de derecho no existe ni siquiera como apariencia”.

Agregó que civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcon están privados de libertad y sometidos a la justicia militar, y advirtió que esta criminalidad dictatorial no tendrá impunidad.

En tanto, Arthur Neto, alcalde de la ciudad brasileña de Manaos, declaró que esa localidad del nordeste experimenta un repentino flujo de ciudadanos provenientes de la vecina Venezuela.

Cientos de miembros del grupo indígena venezolano warao levantaron campamentos en la ciudad amazónica, informó. Funcionarios del ayuntamiento indicaron que los venezolanos llegan en busca de trabajo.

También han aparecido campamentos de migrantes venezolanos en Boa Vista, otra capital provincial del norte de Brasil.

 

 

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Sábado, 06 Mayo 2017 06:40

Adiós reelección

La presión de Washington y El Vaticano, junto a la creciente indignación ciudadana, obligaron al presidente paraguayo, Horacio Cartes, a renunciar a enmendar la Constitución para imponer su reelección. Desactivada la crisis política, el oficialismo colorado y la oposición se quedan sin candidatos potables para las elecciones de 2018.

 

Los carteles que anunciaban “Horacio Cartes presidente 2018-El pueblo pide reelección” ya estaban pintados y listos para ser sacados a la calle, igual que aquellos otros que, desde la acera vecina, pregonaban en lengua guaraní: “Nde tamante, ndaipori otro-Lugo 2018” (“Vos únicamente podrás ser, no hay otro-Lugo 2018”).


Tanto los militantes oficialistas del gobernante Partido Colorado, que responde al actual presidente Horacio Cartes, como sus ocasionales aliados, los de la izquierda del Frente Guasú, liderados por el ex presidente Fernando Lugo, y sus pares del ala disidente del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra), estaban convencidos de que el proyecto de enmienda de la Constitución para imponer la figura de la reelección ya era imparable. A pesar de la crispación social y política que se extendía por el país, por el modo ilegal en que buscaban implementar la reelección, tras la quema del edificio del Congreso y una criminal represión policial que resultó en el asesinato de un joven dirigente político, el rekutú (“reelección”, en idioma guaraní), parecía inminente.


El proyecto de enmienda había sido aprobado en una sesión a puertas cerradas por un “Senado paralelo” con el voto de 25 senadores pro oficialistas y con ausencia opositora, aguardando ser tratado y aprobado en la Cámara de Diputados, donde se garantizaban al menos 44 votos de mayoría a favor, cuando repentinamente sonaron los teléfonos en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga... y toda la historia cambió.


LA CARTA.


Fue el lunes 17 de abril, cerca del mediodía. Varios senadores del oficialismo y sus aliados acababan de entrevistarse con el embajador de Oea en Asunción, Diego Páez Bustamante, ante quien defendieron la actuación en torno al proyecto de la enmienda, y decidieron ir hasta la residencia del presidente a informarle sobre la reunión.


“Apenas llegamos, Cartes salió a nuestro encuentro, muy apurado, y nos pidió que lo acompañáramos a una audiencia con el arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela, a quien debía entregarle una carta urgente”, relató a Brecha el senador Jorge Oviedo Matto, del partido Unace, uno de los aliados del oficialismo.


En el viaje hasta la sede del Arzobispado, Cartes les contó a sus aliados que en la carta le estaba comunicando a Valenzuela su decisión de renunciar a la posibilidad de ser reelecto. “Era algo que no esperábamos y que nos tomó totalmente de sorpresa”, destacó Oviedo Matto.


La carta al arzobispo, difundida minutos después desde la cuenta de Twitter de la Presidencia, cayó como un balde de agua fría sobre los sectores políticos y toda la opinión pública.


“He tomado la decisión de no presentarme, en ningún caso, como candidato a presidente de la República para el período constitucional 2018-2023”, aseguraba el mandatario en su carta, y lo presentaba como un gesto motivado por un mensaje del papa Francisco, en el que reclamaba“evitar todo tipo de violencia, buscando soluciones políticas”.


Con una expresión de visible asombro, los senadores colorados Juan Darío Monges y Lilián Samaniego salieron a declarar ante la prensa que el proyecto de enmienda de la Constitución seguía en pie. Pero el presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, los contradijo al admitir que “sin Cartes como candidato, el proyecto de reelección pierde fuerza”.


Los referentes de la oposición contraria a la enmienda dudaron entre salir a celebrar o mantenerse en pie de guerra. No era la primera vez que Cartes decía que no le interesaba la reelección, para luego demostrar que sí aspiraba a seguir en el cargo, incluso violando la Constitución. Pero sobre todo los opositores se habían quedado repentinamente sin la principal bandera que los mantenía unidos y con capacidad de movilizar a la ciudadanía, al igual que los oficialistas, se quedaron sin el candidato que evitaba que se canibalicen unos a otros.


Así que, por conveniencia mutua, ambos sectores mantuvieron vivo durante algunas semanas el fantasma de la enmienda, hasta que finalmente, en una histórica sesión del miércoles 26 de abril, los diputados resolvieron casi por unanimidad –por 78 votos y una abstención– rechazar la enmienda y archivar el proyecto hasta después de las elecciones.


PRESIONES.


La mayoría de los analistas coinciden en que la creciente indignación ciudadana, tras la quema del Congreso y el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana por la policía, tuvo mucha incidencia a la hora de echar atrás las pretensiones reeleccionistas de Horacio Cartes, posibilitando una salida a la crisis política. Pero esta indignación no resultó un elemento tan decisivo como la directa presión internacional que ejercieron Washington y el Vaticano.


Al día siguiente del “viernes negro” en que ardió el parlamento, el papa Francisco hizo su llamado a la calma, y personas del entorno presidencial mencionaron que hubo incluso una llamada telefónica directa del pontífice a Cartes, algo que no admitió el gobierno ni la Iglesia. Lo cierto es que ese mismo día el mandatario paraguayo convocó a los actores políticos a una mesa de diálogo, pidiendo que el arzobispo Valenzuela fuera el mediador. La mesa se instaló dos días después, y ante ella sectores de la oposición exigieron que se retirara el proyecto de enmienda pro reelección. Al no conseguirlo, decidieron retirarse y no se presentaron a las siguientes convocatorias.


Ante el fracaso de la mesa de diálogo, el Vaticano operó directamente para que Cartes renunciara a su pretensión de ser reelecto.


En el mismo sentido se ejerció presión desde el gobierno de Estados Unidos. Primero a través de un comunicado de la embajada de ese país en Asunción, el 1 de abril, en clara coincidencia con los reclamos del sector anti enmienda: “Cualquier proceso de revisión de la Constitución nacional paraguaya debe hacerse de una manera transparente y abierta, respetando los procesos democráticos e institucionales de acuerdo con la Constitución de Paraguay”.


Luego se anunció la visita oficial (el 18 de abril) del secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri. El gobierno paraguayo intentó explicar que el funcionario venía por asuntos que nada tenían que ver con la crisis, pero el propio Palmieri se ocupó luego de aclarar que sí lo tenían, al visitar el local del Plra donde había sido asesinado Quintana y reiterar la exhortación de que los problemas internos “se resuelvan sin violencias y respetando la Constitución”.


Fuentes palaciegas deslizaron incluso la versión de que Washington amenazó con reactivar la famosa Operación Corazón de Piedra, un conjunto de investigaciones de la Dea y del Fbi sobre acusaciones de lavado de dinero y operaciones de narcotráfico en contra del actual mandatario paraguayo y sus empresas.


Estaba claro. Los pulgares del tío Sam y del vicario de Cristo apuntaban hacia abajo. Al “tío Cartes”, como llaman popularmente al mandatario paraguayo, casi no le quedaba más opción que escribir su carta.


LA SUCESIÓN.


Tras la desactivación de la crisis y ante la cercanía de las elecciones de 2018, Paraguay vive un escenario de precipitados reacomodos políticos.
El oficialismo del Partido Colorado se queda sin su candidato más fuerte, el propio Cartes, el único que mantenía unidas las diversas “carpas” internas bajo el forzado sueño de la reelección.


Ha comenzado la guerra de baja intensidad entre los que aspiran a ser el delfín presidencial, pero Cartes ya se encargó, en una informal charla con periodistas, de desechar algunos nombres y de aprobar otros posibles, entre ellos a su joven ministro de Hacienda, Santiago Peña, un tecnócrata que se afilió hace menos de un año al partido y que no goza de la simpatía de las bases coloradas. Además, Cartes anunció su propósito de postularse como senador, lo cual abre otro frente de conflicto, ya que la Constitución prohíbe a los ex presidentes ser senadores activos y les reserva el honorario rol de senadores vitalicios, con voz pero sin voto.


En la oposición el más golpeado es el izquierdista Frente Guasú, ya que su principal candidato, el ex presidente Fernando Lugo, no solamente queda sin chances de competir (aunque desde el Frente insisten en que Lugo puede ser reelecto, por haber sido destituido en un golpe parlamentario, algo que ha sido negado por la justicia electoral, aunque falta el fallo de la Corte Suprema de Justicia al respecto), sino muy debilitado en su imagen ante la ciudadanía, al haber acompañado a Cartes en su aventura cuasi golpista.


Los liberales del Plra salen fortalecidos como organización política por haber encabezado las protestas anti enmienda, pero tampoco tienen un candidato que aglutine las preferencias populares, y arrastran el fantasma de haber dado el golpe contra Lugo en 2012.


El único posible candidato que despierta entusiasmo en las encuestas es un outsider de la política: el actual intendente de Asunción y ex periodista televisivo Mario Ferreiro, de centroizquierda, que está deshojando margaritas para decidir si renuncia al cargo municipal (donde aún le quedan tres años de gobierno) para lanzarse a una piscina en la que todavía no se ve que haya agua suficiente... y queda cada vez menos tiempo.

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El director de orquesta Gustavo Dudamel llama al gobierno "a rectificar y escuchar la voz del pueblo"


Caracas.

Estudiantes se enfrentaron este jueves con la policía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un cruce de gases lacrimógenos y perdigones contra piedras y bombas incendiarias, durante una protesta en Caracas para exigir el cese de la represión en las marchas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, jornada en la que falleció un dirigente estudiantil.

En tanto, el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, dijo este jueves que existen presuntos "vicios de inconstitucionalidad" en el decreto presentado por el presidente Nicolás Maduro para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el documento se observan dos elementos que "van en contra" de los principios de la Constitución: la "universalidad del voto" y la "titularidad de la iniciativa Constituyente", señaló.

Los choques en las calles comenzaron cuando los agentes antimotines impidieron una marcha de cientos de alumnos de la UCV mientras la policía bloqueaba una de las entradas principales al campus con camiones blindados.

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, indicó que los estudiantes planeaban ir a la sede del Ministerio de Interior y Justicia para denunciar "violaciones a los derechos humanos, represión y asesinatos" de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones iniciadas por la oposición el 1º de abril y que han dejado más de 30 muertos.

Además de la UCV, estudiantes realizaron asambleas en otras universidades en distintos puntos de Caracas y de otras ciudades del país, y luego salieron a las calles para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro y exigir su salida del poder.

Un grupo de estudiantes llegó a la Conferencia Episcopal Venezolana, donde entregaron un mensaje a la Iglesia y al papa Francisco, en el que señalan: "Nos están matando, es una dictadura".

Las protestas aumentaron esta semana en rechazo a la iniciativa de Maduro de convocar una Constituyente. La más reciente víctima fue un dirigente estudiantil que fue baleado dentro de la casa de estudio, informó la fiscalía general. También dio cuenta de la muerte de un policía que resultó herido de bala el miércoles durante una protesta en el estado de Carabobo.

De acuerdo con la fiscalía, la cifra total de víctimas en cuatro semanas de protestas se eleva a 35, y a 717 los heridos.

Maduro, en tanto, informó de la detención de cuatro presuntos dirigentes de "bandas armadas" que están liderando las protestas opositoras, además de que se les incautaron armas, bombas y fusiles.

El mandatario responsabilizó al jefe de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, de haber preparado el miércoles "un día de terror" con protestas violentas, para después viajar y pedir que los países de la región sancionen al gobierno venezolano por medio de la Organización de Estados Americanos.

El secretario general del organimso hemisférico, Luis Almagro, confirmó que estudiará los documentos que el Congreso venezolano le entregó este jueves para tratar de frenar la salida de Venezuela del organismo, que el gobierno de Maduro hizo oficial el 28 de abril.

Según Borges, el proceso iniciado por el gobierno para conformar una Constituyente es "absolutamente nulo", pues la Constitución de Venezuela prohíbe denunciar cualquier acuerdo internacional que contemple protección a los derechos humanos.

Almagro exigió al gobierno venezolano que lo deje visitar al encarcelado líder opositor Leopoldo López, tras una ola de rumores de que había muerto.

El gobierno divulgó un video en la televisión que muestra a López, quien confirma a sus familiares que está bien, pero su esposa, Lilian Tintori, consideró que las imágenes son falsas. En el video, López dijo claramente que eran las nueve de la noche del miércoles 3 de mayo, lo que fue descrito por el dirigente chavista Diosdado Cabello como una "fe de vida" de López, en su programa Con el mazo dando.

A todo esto, Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, se manifestó contra la violencia y la represión. "Hago un llamado urgente al presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo", escribió en redes sociales un día después de la muerte de un manifestante, identificado por la prensa como integrante del sistema nacional de orquestas juveniles de Venezuela, en el que se formó el maestro Dudamel.

"Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis; la democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno en particular."


 

Ocho países de AL condenan el "uso excesivo" de la fuerza de las

autoridades venezolanas


De la Redacción

 

Los gobiernos de México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Paraguay condenaron este jueves el "uso excesivo" de la fuerza de las autoridades venezolanas contra la población civil que protesta en rechazo a las medidas gubernamentales "que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de jóvenes".

En una declaración conjunta, los ocho países deploraron el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la nación sudamericana, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.

Hicieron además un llamado a la administración de Nicolás Maduro para que respete los derechos humanos.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de las garantías fundamentales de las personas en cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas al suscribir diversos tratados internacionales en la materia, señalaron.

En el contexto del apego irrestricto al estado de derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteraron la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar a los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.

Los gobiernos de los ocho países pidieron a todos los sectores no avalar acciones que generen más enfrentamientos y manifestaron su convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que vive la nación sudamericana.

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La medida de fuerza contra la flexibilización laboral abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte.

 

Desde Brasilia

 

“Esta fue la primera huelga general desde 1996, nadie creía que fuéramos capaces de hacerla, y nadie imaginaba que iba a tener tanta convocatoria, el país paró, el gobierno ilegítimo de Temer sufrió una derrota histórica”. Sergio Nobre, secretario general de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) , realizó un primer balance de la medida de fuerza que ayer paró a San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro.

El cese de actividades fue generalizado, abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte. El impacto del descontento popular se hizo sentir en Salvador de Bahia, la principal capital del nordeste, Porto Alegre, ciudad más importante de la región sur y en la populosa Belo Horizonte, en la región sudeste.

“Temer ya era pequeño antes del paro con un rechazo del 80 %por ciento y ahora sale aún más pequeño, este gobierno ilegítimo no se sostiene en pie, no creo que puedan avanzar con las reformas laboral y previsional, los trabajadores y la sociedad en general dieron un fuerte mensaje” señaló a Página12 el dirigente metalúrgico Sergio Nobre, vecino de Luiz Inácio Lula da Silva en San Bernardo do Campo, la ciudad del cordón industrial paulista donde surgió la CUT en los años 80.

El paro fue “un éxito total” festejó Lula. “La gente resolvió ir al paro protestando contra la retirada de derechos (..) contra el desempleo, contra la baja de salarios”, reforzó el extornero mecánico y dos veces presidente que dejó el poder en 2010 con una desocupación cercana al cinco por ciento. Ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que ahora hay 14,2 millones de brasileños económicamente activos sin empleo. Esto significa que la desocupación trepó al 13,7 por ciento contra el 10,9 hace un año, y sin señales de mejora en el corto plazo, ya que según proyecciones del propio gobierno la economía sólo crecerá el 0,2 por ciento en 2017, luego de las recesiones con crecimiento negativo del 3,8 por ciento en 2015 y el 3,5 en 2016.

“El aumento de la desocupación es un objetivo buscado por los responsables de este ajuste contra los trabajadores y los pobres, cuanto más desocupados menos fuerza para negociar con los patrones” señaló Sergio Nobre. Pero seguramente luego de esta demostración de fuerza sindical “será difícil que el Senado apruebe sin más la reforma laboral votada el miércoles pasado”, agrega. “Quieren desregular las relaciones de trabajo de una forma alevosa que no tiene muchos antecedentes, con la ley laboral Temer le está pagando sus deudas a los empresarios que financiaron el golpe. Si se la lee ciudadosamente esta ley se parece a la reforma laboral draconiana de la dictadura de Pinochet, no la vamos a dejar pasar, este paro es el inicio de un plan de lucha más largo”, promete Nobre.

La CUT, mayor organización gremial brasileña ligada al Partido de los Trabajadores, junto a otras centrales como la oscilante Fuerza Sindical (algunos de cuyos dirigentes apoyaron el golpe contra Dilma), demostró capacidad de acción en casi todo el país según las informaciones que llegaban ayer por la noche, tamizadas por la cobertura de la cadena Globo y sus socias menores simpáticas al gobierno.

San Pablo y su área metropolitana, con 18 millones de habitantes, amanecieron desiertas debido a la adhesión de los gremios del transporte en sus tres ramas: conductores de subterráneos, maquinistas de trenes interurbanos y colectivos, que desafiaron las intimidaciones del gobernador paulista, Geraldo Alckmin, que les impuso una multa de casi 1,3 millones de dólares.

Aliado de Temer, Alckmin desplegó a su nada amigable Policía Militarizada, que en las primeras horas de la mañana reprimió piquetes de los Trabajadores Sin Techo donde detuvo a 16 activistas bajo el cargo de “asociación ilícita” por la supuesta portación de bengalas y gasolina. Una imputación desmentida por los Sin Techo, que mostraron videos donde se demostraría que los policías les sembraron las pruebas. Paralelamente el secretario de seguridad paulista Magno Alves amenazaba con utilizar toda la “fuerza pública” en caso de que surgieran los “violentos” enmascarados Black Blocs.

Desde 2013, durante las masivas manifestaciones que hicieron tambalear a Dilma, continúa la sospecha de que debajo de las bandanas de algunos Black Blocs se ocultaron provocadores a órdenes de la policía. El discurso estatal-mediático hizo eje en minimizar y bandalizar el paro equiparándolo al accionar de “marginales” y “sindicalistas”.

Michel Temer encomendó a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, la tarea de divulgar la posición del gobierno. “En este momento el gobierno percibe el fracaso de este movimiento que es muy limitado, con bloqueos de rutas realizados por pequeños grupos de 20 a 50 personas, y eso no es democrático”, juzgó el ministro.

Al cierre de esta crónica, en las primeras horas de la noche de ayer una columna donde había Trabajadores Sin Techo marchaba hacia la residencia privada de Temer en San Pablo mientras en Río la policía reprimía a los manifestantes reunidos en el centro de la ciudad, cerca de la Asamblea Legislativa, donde hubo colectivos incendiados . Mientras tanto en Brasilia el Palacio del Planalto era custodiado por un cordón de efectivos de la Policía del Ejército.

A partir de ayer entró en vigor un “protocolo”, similar al aplicado durante la Copa del Mundo y las Olimpíadas, que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones. Es decir, los actos de protesta contra el gobierno son pasibles de ser tipificados como una amenaza a la “seguridad nacional”, lo cual fue cuestionado por el diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores. “Debemos alertar a Brasil sobre las dimensiones de esta estructura militar vista en Brasilia que no tiene ninguna justificación, el tipo de armamento que se ve aquí es totalmente desproporcionado” denunció el legislador petista.

 

 

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Miércoles, 26 Abril 2017 07:03

Muertos, marchas y negociación regional

La fiscal general confirmó 26 muertes este mes por la violencia política en Venezuela

El gobierno y la oposición se culparon mutuamente por las muertes. La OEA se reúne hoy para decidir si convoca a una reunión de cancilleres y Maduro pidió una reunión urgente de la Celac para que medie en la crisis.

 


El balance de muertos por las manifestaciones en Venezuela en lo que va del mes ascendió a 26 personas, informó ayer la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz. “Hasta el día de hoy (por ayer), por estos hechos violentos han perdido la vida 26 venezolanos, cuatro adolescentes y 22 adultos”, dijo Ortega en una conferencia que ofreció desde su despacho. La funcionaria señaló que resultaron heridas 437 personas y 1289 fueron detenidas, de los que 65 permanecen privados de su libertad y otros 217 fueron presentadas ayer ante los tribunales venezolanos.


Afuera de Venezuela, la crisis busca una salida política y regional en el plano diplomático. El Gobierno de Nicolás Maduro pidió ayer con carácter de urgente una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Comunidad de Estados de América latina y el Caribe (Celac) para denunciar la violencia opositora. En la búsqueda de consensos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá hoy para debatir la posibilidad de llamar a una consulta de cancilleres para tratar el tema Venezuela, hito que marcaría otro avance del organismo en la situación de la nación caribeña.


El gobierno de Nicolás Maduro mantuvo ayer su tono desafiante. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechaza la convocatoria a elecciones porque no le conviene un cambio de mando democrático, sino que busca un golpe de Estado. La oposición tampoco se quedó atrás y subió la apuesta en el duelo que mantiene con el chavismo. Así, la MUD convocó a movilizaciones para hoy en todo el país, hasta las sedes de la Defensoría del Pueblo, para pedir que se abra el procedimiento para “la calificación de falta grave” de siete magistrados del Tribunal Supremo.


Sobre la situación en las calles del país caribeño, Ortega señaló que los hechos de violencia se registraron en la mayoría de los estados, salvo en seis. La fiscal general venezolana expresó su solidaridad y condolencias con familiares y amigos de las víctimas y expresó además su más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. “La política –dijo– no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo”. Del total de fallecidos, ocho perdieron la vida por electrocución durante un saqueo a una panadería en El Valle, una barriada del oeste de Caracas, dijo Ortega.


Con ese dato, la fiscal rectificó el número ofrecido por las autoridades, que inicialmente indicaron que en ese evento perdieron la vida nueve personas electrocutadas. El Ministerio Público venezolano abrió 26 investigaciones para determinar cada una de las causas de las muertes de estas personas, aseguró la funcionaria. Hasta el momento, hay una docena de órdenes de captura contra personas relacionadas con las muertes.


En una rueda de prensa en Caracas, Cabello aseguró que la oposición, por la vía electoral, “no pudo hacer lo que quiere hacer en este país: disolver la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral, Electoral y por eso es que les conviene un golpe de Estado, no la vía electoral”. El diputado del PSUV, uno de los hombres más influyentes del chavismo, aseguró que entre los planes de la oposición también estaría privatizar la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y revocar convenios internacionales firmados por el presidente venezolano.


“Por eso es que cuando Maduro dijo ‘estamos ansiosos porque haya elecciones’ casi que les dio un ataque, diciendo ‘no, no queremos elecciones, al menos que sean elecciones generales’, ¿cuáles?, aquí en todo caso tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición”, continuó Cabello. Dijo que las elecciones presidenciales se harán en 2018 como corresponde y que no hay forma ni manera de que se adelanten para este año, como reclama la MUD, pues, remarcó, “nosotros no vamos a violar la Constitución por complacer a la oposición”.


Además, Cabello señaló que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a comicios, el PSUV será el primero en participar por estar legitimado, a diferencia de varios partidos opositores que se someten a un proceso de renovación de nóminas convocado por el Poder Electoral. “Iremos nosotros solos, ellos no tienen partido político, no hay ni un solo partido político de la derecha y ellos no están listos para ir a elecciones, nada”, sentenció el referente chavista en referencia a un hipotético escenario electoral, al tiempo que acusó a la MUD de engañar a sus simpatizantes. El diputado anunció que el chavismo hará el 1 de mayo “la más grande movilización en la historia de este país de los trabajadores y trabajadoras de la patria”, el mismo día que los opositores convocaron a marchas en Caracas y el resto del país.


La oposición, en tanto, volverá hoy a la carga con más manifestaciones. “A las 10 de la mañana toda Venezuela se moviliza a la Defensoría del Pueblo”, dijo el vocero de la MUD, Juan Carlos Caldera. También señaló que el deber del defensor, Tarek William Saab, es actuar conforme lo dice la Constitución, pues reiteró que en el país se dio un golpe de Estado. La oposición intentó movilizarse sin éxito a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, en varias oportunidades desde hace tres semanas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia publicara dos sentencias que luego fueron aclaradas y parcialmente suprimidas.


Los dictámenes despojaron de sus facultades al Parlamento y limitaron parcialmente la inmunidad de los diputados e hicieron que la fiscal Ortega considerara que se había roto el hilo constitucional en el país. La oposición asegura que esas decisiones constituyen un golpe de Estado, aunque el máximo tribunal haya dado marcha atrás en su decisión. Por eso la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, abrió un procedimiento para destituir a los magistrados y pidió al ombudsman que declare como “calificación de falta grave” la decisión de los jueces, debido a que para su destitución necesitan de ese paso previo.

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Martes, 25 Abril 2017 05:09

Cuando la violencia no cede

En casi un mes de marchas a favor y en contra del gobierno, ya suman 24 las víctimas. El defensor del Pueblo dijo que uno de los fallecidos de ayer era chavista. La oposición responsabilizó al gobierno por los dos muertos en Barinas.

 

Al menos tres personas murieron ayer en ciudades del oeste de Venezuela, en una nueva jornada de protesta contra el presidente Nicolás Maduro, con lo que ya suman 24 los muertos en casi un mes de movilizaciones. “Hay un muerto en Mérida y dos en Barinas”, confirmó una fuente de la Fiscalía, que no precisó si se trataba de opositores o seguidores del gobierno. El Defensor del Pueblo, Tarek Saab, dijo no obstante que el fallecido en Mérida era un manifestante chavista. “Se encontraba manifestando pacíficamente cuando presuntamente recibió un disparo”, dijo el funcionario durante una entrevista televisada en la que además aseguró que resultaron heridos cinco jóvenes, “que se debaten entre la vida y la muerte”.


Por su parte, dirigentes del partido opositor Primero Justicia denunciaron que los dos muertos en Barinas manifestaban con la oposición y fueron blanco de paramilitares del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), el partido gobernante. También señalaron que había dos heridos.


La oposición había convocado ayer a bloquear las principales vías del país, como parte de una serie de manifestaciones que comenzaron el 1 de abril para pedir elecciones generales. Decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles para protestar contra el gobierno mediante caminatas y sentadas, que se conocen como “plantones”. Hubo disturbios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, que dispersaron las protestas con bombas lacrimógenas y balas de goma.


Las manifestaciones, convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne a una veintena de partidos opositores, se repitieron en al menos 15 ciudades del país y se extendieron desde la mitad de la mañana hasta bien avanzada la tarde. La mayor concentración se registró en el distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo, en el municipio caraqueño Chacao, donde miles de manifestantes confluyeron desde cinco puntos de concentración, todos en el este de la ciudad. No muy lejos de allí, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dispararon gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes que respondió con piedras a los uniformados.


La prensa venezolana reportó incidentes en Maturín, capital del estado Monagas, en el noreste del país, y en dos zonas suburbanas de Caracas. La diputada María Gabriela Hernández afirmó en su cuenta de Twitter que, en Maturín, ella y algunos de sus colaboradores, así como varios manifestantes, fueron golpeados en la espalda y con armas por integrantes de “colectivos” (organizaciones sociales chavistas) que circulaban en motocicletas. En la autopista intercomunal que comunica a Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar) dispersaron la manifestación con gases lacrimógenos.


Además, detuvieron a varias personas, entre ellas un docente, un dirigente estudiantil y varios alumnos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo), según informó el director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, en su cuenta de Twitter. En Maiquetía, la zona del aeropuerto internacional que sirve a Caracas, en el vecino estado Vargas, los manifestantes fueron reprimidos por efectivos de la GNB y simpatizantes chavistas, aseguraron los diputados Juan Guaidó y José Manuel Olivares.


La protesta de ayer fue relativizada por el gobierno, que divulgó fotos y videos de diversas zonas del país sin manifestaciones y aseguró que la jornada transcurría con normalidad. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, subió a su cuenta de Twitter una decena de videos grabados en Caracas y ciudades de ocho estados en las que no se observaban protestas.

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Un adolescente y un hombre de 36 murieron la noche del martes durante protestas en la ciudad venezolana de Barquisimeto (oeste), informó la Fiscalía ayer. El menor –de 13 años según la fiscalía y 14 según otras fuentes–, cuya identidad no fue revelada, y Miguel Colmenares fallecieron en hechos separados, señaló un boletín del Ministerio Público. Agregó que las víctimas se encontraban en manifestaciones que tuvieron lugar en tres sectores de Barquisimeto (estado de Lara).

La Fiscalía no precisó las circunstancias en que se produjeron los decesos, que elevan a cuatro las muertes durante las protestas iniciadas por la oposición el pasado 1° de abril contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El diputado opositor Alfonso Marquina había informado más temprano que un adolescente a quien identificó como Brayan Principal había muerto en la noche del martes en Barquisimeto, “a manos de colectivos”, grupos civiles que según la oposición están armados y sirven como fuerza de choque del gobierno. “Ocurrieron dos hechos que nosotros lamentamos. Dos fallecidos, uno de ellos apenas un niño de 14 años hacia el norte de la ciudad de Barquisimeto y un joven de 36 años cae abatido frente a un grupo presuntamente de motorizados armados”, afirmó el gobernador en conferencia de prensa. Asimismo, informó que en el hospital central de Lara se atendieron a 12 heridos, aunque no detalló si todos procedían de las manifestaciones.

La Fiscalía también confirmó la muerte de dos jóvenes de 19 años, presuntamente por disparos de policías en el contexto de manifestaciones el 6 y 11 de abril en las afueras de Caracas y en Valencia (norte). En el primer caso, la víctima no participaba en las manifestaciones, según el gobierno.

El oficialismo se concentró el martes en el emblemático puente Llaguno, en el centro de esta capital, para recordar los 15 años del efímero golpe de Estado contra Hugo Chávez (1953-2013). El día del golpe, las calles de Caracas se bañaron de sangre: el centro fue escenario de enfrentamientos, específicamente el puente Llaguno.

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En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado en Edición Nº233
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