Los choques con los agentes entre coches en llamas se repiten desde la violación de un joven por la policía

 

En plena campaña electoral y en estado de emergencia desde hace 15 meses, Francia se enfrenta al riesgo de otra grave crisis. La violación de un joven negro con una porra mientras era detenido por tres policías al norte de París ha desembocado en violentos incidentes y protestas nocturnas desde hace diez días. Las escenas de guerrilla urbana se extienden por las barriadas y el contagio ha llegado ya a media docena de ciudades.

“La policía mata inocentes, “Todo el mundo odia a la policía”, “Justicia para Théo”. Son gritos y pancartas que estas pasadas noches se leen y escuchan en barriadas del gran París como Seine-Saint-Denis y especialmente en la Cité 3.000, en Aulnay-sous-Bois, una conflictiva zona del extrarradio habitada por un elevado porcentaje de emigrantes o hijos de emigrantes procedentes sobre todo del norte de África.

Es ahí donde vive Théo L, el joven de 22 años al que tres policías detuvieron el pasado día 2. Los tres están imputados. Uno de ellos por violación una vez que los médicos certificaron que sufría graves heridas en el ano producidas por la introducción de la porra del agente. Desde entonces, cientos de jóvenes airados participan todas las noches en las protestas.

De nada han servido las llamadas a la calma del propio Théo o la visita que le hizo en el hospital, donde aún continúa tras ser operado, el presidente François Hollande. Son ya decenas los coches incendiados, establecimientos destrozados, mobiliario urbano destruido... Más de un centenar de jóvenes han sido detenidos o interrogados. Algunos, ya condenados a medio año de prisión.

Algunos de los incidentes más graves se han registrado este fin de semana en Bobigny, Argenteuil o Drancy. Entre granadas lacrimógenas y un masivo despliegue policial, las manifestaciones de apoyo a Théo han derivado en quemas de coches, uno de ellos una furgoneta de la cadena RTL, lanzamientos de piedras y tornillos a la policía y destrozos de tiendas.

Iniciativas de la policía han agravado el problema. Un informe preliminar interno concluyó que la violación había sido "accidental”. El abogado de Théo ha dicho que, si esa estupidez de aplica a los casos de violación, todos los acusados quedarían libres. “Les bastaría decir que no hubo intencionalidad sexual”.

El sábado, y durante las violentas protestas en Bobigny, al noroeste de París, la prefectura de policía informó de que un agente había salvado a una niña de 5 años de las llamas al sacarla de un coche ardiendo del que había logrado salir su madre con otro niño de dos años. Era mentira. Había sido un joven manifestante de 16 años quien salvó a la niña. “Saqué a la pequeña. No soy un héroe. Solo quiero restablecer la verdad”, ha dicho a un blog que se realiza en la zona.

Los antecedentes del alcalde de Aulnay-sous-Bois, el conservador Bruno Beschizza, tampoco le convierten en el hombre más adecuado a la hora de pedir calma. Fue policía, dirigente de un sindicato policial, responsable de estudios de seguridad para el expresidente Nicolas Sarkozy. En noviembre ordenó retirar por motivos morales unos carteles de una campaña antisida en la que se veía dos hombres abrazados. Y antes había propuesto que en los trenes de cercanías hubiera un vagón solo para mujeres.

El Defensor de Derechos, Jacques Toubon, ha declarado a varios medios sentirse muy preocupado por lo ocurrido y por cómo lo están gestionando las autoridades. Recuerda Toubon un reciente estudio realizado entre 5.000 jóvenes: la policía había registrado o identificado al 80% de quienes eran negros o árabes, y solo al 16% de los blancos y católicos.

El recuerdo de los graves incidentes de 2005 sigue muy vivo en Francia y buena parte del mundo. Dos jóvenes llamados Zyed y Bouna murieron electrocutados en un transformador cuando eran perseguidos por la policía. Durante las tres semanas siguientes de protestas, 300 edificios resultaron dañados, 10.000 coches quemados y 130 policías heridos.

En julio pasado, el joven de 24 años Adama Traoré murió mientras era interrogado por la policía en otra localidad al norte de París. Ahora, en las protestas se exhiben fotos junto con pancartas con este texto: “Théo y Adama nos recuerdan por qué Zyed y Bouna corrían”.

Mientras promete dureza y justicia, el Gobierno no logra calmar los ánimos. El primer ministro, Bernard Cazeneuve, ha recibido este lunes a representantes de asociaciones contra el racismo. Comprende, dice, la emoción ciudadana, pero no la "inaceptable violencia". Su sucesor al frente de Interior, Bruno Le Roux, repite el anuncio de que miles de policías de patrulla -2.600 en breve- llevarán permanentemente cámaras de vídeo activadas. Le Roux pide respeto para los policías proque no todos son como los que agredieron a Théo.

Los dirigentes políticos en campaña han tenido que pronunciarse. La mayoría para pedir esa calma que no llega. Pero también para echar en cara “la responsabilidad” del Gobierno en esta explosiva situación, como ha hecho el conservador François Fillon.

Marine Le Pen, del ultraderechista Frente Nacional, es la más contundente y la única para la que los sospechosos son siempre los habitantes de esas zonas problemáticas, los manifestantes “extremadamente radicales”, no los policías.

 

 

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Miércoles, 07 Diciembre 2016 17:19

Ciudadanía reclama justicia por Yuliana

El domingo 4 de diciembre, a las 9 de la mañana, en el barrio Bosque Calderón de la localidad de Chapinero, Yuliana Andrea Samboní Muñoz, de apenas 7 años, fue raptada por un hombre que conducía una camioneta Nissan de color gris. Ese mismo día, en horas de la noche, fue encontrada por la Sijín, sin vida, con señales de abuso sexual y de haber padecido violencia corporal. La ciudadanía indignada exige un castigo ejemplar para Rafael Uribe Noguera, arquitecto, integrante de una familia adinerada de Bogotá.

 

El día apenas despuntaba y las noticias ya indicaban que no sería uno bueno, ni un buen inicio de semana. No porque el clima fuera a dificultar la movilidad, ni porque los trancones estuvieran en Bogotá por fuera de lo normal. No. Los hechos eran en realidad gravísimos. Ni el día ni la semana serían buenos por algo que en realidad superaba toda aquella violencia e irrespeto de los derechos humanos que día tras días afecta a las niñas y niños de nuestro país: ¡una niña había sido secuestraba, violada y asesinada!

Aunque en nuestro país la violencia contra las mujeres, el feminicidio, es pan de cada día, violencia facilitada por la estructura patriarcal en que está sustentada la sociedad colombiana, y la impunidad en que muchas de las denuncias interpuestas por violencia sexual, violencia física, opresión, sometimiento, terminan sepultadas, la noticia con que despertó el lunes 5 de diciembre rompía todas las razones: una niña de escasos 7 años de edad que había salido con su familia del Cauca, desplazados, en procura de un mejor presente y futuro, había terminado sus días, de manera pronta, bajo el despropósito sexual de un pedofilo que encubierto en su poder económico se creía en posición de poder hacer y deshacer, como si su ascendencia familiar así lo permitiera, como si aún estuvieramos en la Colonia: ¿un reflejo de la extrema división clasista que padece nuestro país?

Trágico domingo

Temprano en la mañana del domingo, Yuliana jugaba con su primo en frente de su casa, ambos desprevenidos, felices e inocentes de la tragedia que aguardaba. Jugaban, compartían, cuando una caminoneta gris se detuvo a un lado de la calle, su conductor habló con los pequeños, con engaños hizo que se acercaran al vehículo y sin titubear apresó del brazo a la pequeña, empujó al niño y subió a Yuliana a la camioneta. De inmediato emprendió la huida.

Mientras el carro salía del barrio Bosque Calderón, el primito de niña raptada, seguía allí, asustado, sin entender lo que ocurría; de su casa de habitación sale Nelly, la madre de Yuliana, con un balde en busca de agua, quien le pregunta por la hija que no ve; el pequeño sólo atinó a decir que se la habían llevado en una camioneta blanca. El shock en que entró doña Nelly fue inmediato, pese al cual avisó a su esposo y a su cuñado, para de inmediato empezar a buscar el vehículo en los alrededores, al no dar con el cual se dirigieron a dar aviso de lo sucedido a la policía.

En respuesta al llamado, el Gaula inició la búsqueda de la niña. Gracias a los testimonios de algunos vecinos que atisbaron la camioneta, revisan las cámaras de seguridad existentes en algunos locales, las que les brindan pistas. El rastreo da resultados, y a las 7:30 de la noche unidades del Gaula llegan al lugar de residencia de quien conducía el vehículo, donde encuentran el cadáver de Yuliana escondido en la pieza de máquinas de un gran yacuzzi. Los rastros de lo padecido por la niña son inocultables, así lo hubieran lavado.

El sindicado no se encontraba en el lugar de los hechos, ya había emprendido su huida para darle forma a la que sería su coartada, no para esconder el crimen, sino para evadir su culpa. El agresor fue llevado la clínica Monserrat, un reclusorio médico para enfermos mentales donde fue rechazado, por lo cual es trasladado e internado en la Clínica Vascular Navarra. El dictamen dice que estaba afectado por una sobredosis de cocaína y aguardiente que le provocaron espasmos en el tórax y le dificultaban la respiración.

Según el director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Yuliana fue estrangulada y sofocada por su agresor hasta perder la vida. Cuando su familia fue notitifada del trágico descenlace el impacto fue tal que su madre tuvo que ser hospitalizada y puesta bajo observación médica.

El sindicado por estos crímenes fue capturado el día lunes 5 de diciembre mientras estaba internado en la clínica, el martes 6 fue trasladado a los calabozos de la Sijín y el día 7 terminó en la penitenciaria La Picota

El victimario y la víctima

Las horas pasaban, el día dejaba atrás la lluvia del fin de semana, y sin embargo la salida del sol no animaba el lunes ni el inicio de semana. No era para menos, con el paso de las horas era mucho más claro que estabamos ante “la tapa” de los femenicidios, así apenas unos días atrás Dora Lilia Gálvez hubiera muerto producto de los actos violentos que tuvo que padecer, violada, empalada, torturada. Violencia sexual, machista, criminal, que no logra ocultar ese otro tipo de violencia, negadora de todo tipo de derechos humanos –el hambre, la exclusión– por el cual cientos de niños y niñas mueren en la Guajira, en el Chocó, en la amozonía, pero también en ciudades capitales del llamado “centro” del país. Violencia contra miles de familias empobrecidas y negadas por quienes tienen más, beneficiarios, cercanos o dentro del circulo del poder que ha determinado la Colombia que tenemos y padecemos, familias que siguen acumulando, excluyendo, bajo la creencia de que todo lo pueden.

Así, con la memoria fresca por el horror que debió vivir Dora Lilia, o el dolor que padeció Rosa Elvira Cely quien corrió con la misma suerte. Con la memoria fresca de estos sucesos que también habían “conmocionado al país”, así y todo estabamos ante un suceso que parece superar todo terror y toda posibilidad. Y así lo permitía concluir el paso de las horas, las características del violador, abusador, homicida, y la violada, abusada-asesinada, “vecinos de barrios”, aunque de clases totalmente opuestas.

Él, agresor, y posible homicida, habitaba en la carrera primera con calle 68, barrio Chapinero de Bogotá; ella, la víctima, violada y asesinada, habitaba en el barrio Bosque Calderón. Él, adulto, y según las informaciones que lo inculpan, pedofilo y violador; ella, niña, violada y violentada de diferentes maneras, hasta perder su existencia. Él, hombre adulto, habitante de un barrio rico de la capital del país; ella, niña-mujer, deplazada del departamento del Cauca, habitante de un barrio popular. Él, crecido en familia con todos los derechos; ella, apenas viviendo sus primeros años, luchando con su familia por el respeto a poder gozar de sus derechos.

La noche del lunes llega, la semana trascurre, la luz no brilla; por Colombia, sobre ella, se extiende una densa nube, gris, oscura, que impide gozar de las mieles de la vida. Tal vez, como un leve murmullo, las voces de protesta, la solidaridad espontánea suscitada por estos hechos, alcanzan a entrever una esperanza... ¿Irá esta solidaridad más allá de un hecho puntual? Si así fuera, el sol se sobrepondría.


Recuadro 1

Yuliana: niña indígena del Cauca.

Los padres de la niña son Juvencio Samboní y Nelly Muñoz, provenientes de Bolívar, un pequeño municipio al sur del departamento del Cauca. Llegaron a Bogotá hace cuatro años, los dos solos, pues dejaron a Yuliana mientras conseguían trabajo y se organizaban. Dos años después nació la hermanita, y ahora Nelly tiene cinco meses de embarazo.

Hacía pocas semanas se habían vuelto a reunir. La familia Samboní Muñoz vive con el hermano de Juvencio y su hijo, que tiene la misma edad de Yuliana. Los cuatro dormían en una sola cama, al lado el tío y su hijo, todos en un cuarto, en una pequeña casa por la que pagan 300 mil pesos. Habitaban en el barrio Bosque Calderón, un barrio improvisado, de calles angostas, muchas sin pavimentar e incrustado en la loma, en la zona marginal de uno de los sectores más exclusivos de Bogotá.


Recuadro 2

Los delitos imputados a Uribe Noguera

En la orden de captura leída a Rafael Uribe Noguera, la noche del 5 de diciembre, le fue comunicado que los delitos por los cuales había sido capturado eran: feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento y tortura. Cuatro delitos por los que será llevado a los estrados para ser imputado y procesado en otro juicio hecho mediático por la gravedad de los hechos cometidos, la capacidad de los familiares del presunto victimario de manipular a la justicia y la atención que despierta el trámite judicial en la ciudadanía.

El primero de los delitos imputados a Uribe Noguera es el de feminicidio agravado* . El Artículo 104A del Código Penal colombiano establece que:

“Quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses”.

A su vez el artículo 104B establece que:

“La pena será de quinientos (500) meses a seiscientos (600) meses de prisión, si el feminicidio se cometiere: [...] b) Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo”.

Para hacerlo acreedor de la pena estipulada por feminicidio la Fiscalía tendrá que probar que Uribe Noguera vulneró a la víctima con cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. ejerció sobre el cuerpo o la vida actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad; 2. cometió el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural; 3. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella. Conociendo los hechos, no será muy difícil para el organismo probar este delito que otorgaría una condena máxima de 50 años al imputado.

El segundo delito imputado a Noguera es el de secuestro simple, que en el artículo 168 del Código Penal aparece tipificado como:

“El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

El tercer delito es el acceso carnal violento, tipificado en el artículo 205 del Código Penal como: “El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años”, además Uribe Noguera pudo haber incurrido en el agravante especificado en el numeral 7 del artículo 211 del código penal porque cometió al acceso carnal violento con una persona en situación de vulnerabilidad por su edad.

El último de los delitos que será imputado al victimario es el de tortura, tipificado en el artículo 178 del Código Penal como:

“El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a doscientos setenta (270) meses, multa de mil sesenta y seis punto sesenta y seis (1066.66) a tres mil (3000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad. En la misma pena incurrirá el que cometa la conducta con fines distintos a los descritos en el inciso anterior”.

*El feminicio fue adicionado al Cógido Penal colombiano por el artículo 2 de la Ley 1761 del 6 de julio del 2015, Ley Rosa Elvira Cely


Recuadro 3

Las reacciones frente al crímen y femenicidio

Estupor e indignación causó entre la ciudadanía este caso, al que en los últimos días le han dedicado enormes cantidades de tiempo al aire en medios audiovisuales y espacios virtuales asociados. El malestar se ha expandido generando manifestaciones de repudio en todo el país, ha permeado múltiples lugares siendo las redes sociales uno de los más destacados en cuanto a debate y opinión sobre el tema. Y es que este caso trae a la memoria otros crímenes repudiables en contra de mujeres.

Las discusiones versan sobre la pena que Rafael Uribe Noguera debe o debiera recibir por haber cometido el crimen. Proporcional a la indignación de cada persona son las propuestas de castigo a este individuo, capaz de canalizar todo el descontento y la frustración de una sociedad que desconfía abiertamente de la justicia, en un país en que la impunidad supera el 80 por ciento. Los colombianos no creen en la justicia y en la capacidad de ésta para vengar a las víctimas cuando las condiciones frente al victimario son tan asimétricas como en este caso, en que en palabras de Víctor de Currea Lugo la víctima: “Era niña, indígena, desplazada y pobre. Y el acusado es varón, rico y poderoso. [...]”.

Temerarios y violentos los “tratamientos” sugeridos por miles de ciudadanos en la redes sociales para Uribe Noguera. Desde su encierro a perpetuidad, hasta las más sádicas formas de tortura, contienen las propuestas de miles de colombianos que una vez más permiten asomarse a la luz los imaginarios de justicia y de castigo propios de estos redentores que en nombre del “bien” y “la razón”, pretenden igualar lo abyecto del victimario para vengar a la pequeña Yuliana. Se asoma por la esquina una vez más esa parte del YO que en tantos años en Colombia ha sido forjada entre plomo, violencia e infamias, esa porción de espíritu que nos ha permitido justificar grandes crímenes, llegar a regocijarnos con la barbarie cuando hemos creído que se encuentra justificada.

Por la pena de muerte claman muchos. ¿En realidad están interesados en darle la capacidad al Estado colombiano para que quite legítimamente la vida a ciudadanos? –de manera ilegitma lo han hecho a lo largo de muchas décadas–. Por la cárcel a perpetuidad imploran otros, pero ¿cuántos estamos dispuestos a tributar para que miles de ciudadanos encerrados sean alimentados, vestidos, vigilados, etcétera. por largos años? Ninguna de estas dos soluciones llevan consigo un gramo de reparación física o espiritual a las familias, ni a ésta ni a otra víctima martirizada. Un ser humano muerto, o encadenado eternamente, no constituye ninguna restauración ni honra ninguna memoria. Por otro lado, vale la pena preguntar: En las sociedades donde estas penas han sido usadas para castigar delitos, ¿tales delitos han dejado de presentarse?

Impedir que se den estos asesinatos, establecer sistemas de tratamiento médico y seguimiento a individuos potencialmente peligrosos debería ser el objetivo, pero esto se encuentra por fuera de toda discusión, hoy seguimos prefiriendo castigar que prevenir, volcar todas las propuestas al incremento de penas y ampliación de los delitos en una lógica típica al populismo punitivo, antes que presionar a los actores del sistema educativo y de salud para estructurar un sistema que hubiera permitido identificar tempranamente a sujetos como Uribe Noguera, y evitar que cometan este tipo de agresiones y asesinatos. Pero no, hoy los barrotes para “corregir” continúan como la alternativa exclusiva con la cuál el imaginario mismo de la sociedad indica que debe ponerse punto final a la más amplia gama de delitos que parecen multiplicarse ante las medidas coactivas orientadas a disuadir a los potenciales disruptores.

En la audiencia de imputación de cargos celebrada el día 6 de diciembre, Rafael Uribe Noguera se declaró inocente por los cuatro delitos que le fueron imputados. Ante lo contundente de la evidencia, se vislumbra que la estrategia de la defensa puede orientarse a argumentar la inimputabilidad del sindicado por enfermedad mental, y de esta manera lograr que la pena sea de menor cuantía o purgado en algún tipo de establecimiento de salud mental. A esto debe enfrentarse la Fiscalía. Mientras tanto la ciudadanía aguardará en ascuas a que opere la justicia, mientras otros esperaremos que el victimario sea obligado a restaurar de manera ejemplar a la familia de la víctima, y a la sociedad, y que este nuevo incidente llame la atención sobre la necesidad de prevenir, antes que lamentar y castigar.


Recuadro 4

Las cifras de la infamia

 

* Durante el año 2015 sufrieron abuso sexual en Colombia 7.648 niñas con edades comprendidas entre los 10 y 14 años, cifra de la que puede sacarse una frecuencia de 21 abusos por día.

* Los hombres también son víctimas de este flagelo, con 3.065 casos contabilizados durante igual año.

* Cada día se registran 18 partos en Colombia de niñas entre 10 y 14 años. Los padres superan a estas niñas en un promedio de 7 años.

* Se estima que en Colombia uno de cada 20 hombres ha tenido fantasías con niños y niñas, el 1 por ciento de la población sufre del trastorno de la pedofilia, por lo que en el país hay alrededor de 480.000 pedófilos que nadie sabe dónde están.

* Las cifras del Instituto Nacional de Salud documentan sesgadamente otro de los abusos en contra de los niños: aquellos a los que les han negado el derecho a alimentarse, y con esto el derecho a vivir. Para el Instituto solo han sido registradas 52 muertes por desnutrición infantil hasta la semana 47 del presente año, cifra ignominiosa pero bastante subvalorada si se tiene en cuenta el posible maquillaje de cifras de la institución (Consultar: “Muertes infantiles por desnutrición: Ocultar las cifras para tapar la infamia” en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29763-muertes-infantiles-por-desnutricion-ocultar-las-cifras-para-tapar-la-infamia.html)

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La adolescente violada por al menos treinta hombres en Rio de Janeiro sacó a la luz un problema estructural de la sociedad brasileña que diversos antropólogos denominan “naturalización de la violación”. Políticos amenazan con violar a ministras, músicas y telenovelas que normalizan este crimen, y una Policía que pone trabas para investigarlo.

 

 


RÍO DE JANEIRO.- Parece difícil creer que las imágenes de un vídeo en la que una menor aparece inconsciente, desnuda, con sus genitales ensangrentados y con un hombre afirmando que por ese “túnel pasaron treinta”o “treinta la hemos embarazado” no sean suficientemente contundentes para entender que esa joven ha sido violada. Tampoco lo es que la propia víctima reconozca que la forzaron sexualmente y que cuando se despertó se vio rodeada por al menos treinta hombres con fusiles en mano.

 

Ni la palabra de la víctima, ni las imágenes que están en manos de la policía suponen según el comisario Alessandro Thiers, encargado de la Comisaría de Represión de Delitos Informáticos (DRCI) pruebas suficientes para solicitar un mandato de prisión: “La policía solo va a pedir algún tipo de prisión si se demuestra la existencia del delito y si hay necesidad", dijo Thiers el pasado viernes al diario Folha de São Paulo.

 

Las palabras del comisario y la forma que llevó a cabo los interrogatorios provocaron que la abogada de la víctima de Rio de Janeiro, Eloisa Samy, solicitara que Thiers abandonara el caso “por conducta inapropiada”. Según la abogada y también activista de Derechos Humanos, en el caso de una violación bastaría con la palabra de la víctima: “Si hubiera sido el robo de un teléfono o de un reloj esto no sucedería”, decía a El País Brasil. Samy se refiere a la habitual política policial basada en la detención de sospechosos sin pruebas, especialmente cuando se trata de jóvenes negros de origen humilde. La periodista Verónica Goyzueta decía en su cuenta de Facebook: “La policía de Rio que dispara al sospechoso en cuanto pone su mano en el bolsillo, que mata a niños en las puertas de sus casas porque los confunde con traficantes, que ametralla a jóvenes en su coche cuando vuelven de una fiesta, ahora duda de una violación vista y compartida por todo el mundo. Debo ser muy burra pero no lo entiendo”. El periodista Luis Nassiff ironizaba: “Quiénes son estos policías que no pegan un tiro antes de preguntar. Parece que en este caso la Policía brasileña se preocupa por cumplir la ley”, refiriéndose a las palabras del Jefe de Policía Civil de Rio de Janeiro, Fernando Veloso, que insiste que sólo se podrá saber si fue una violación si se examina el cuerpo del delito.

 

Las diferencias en el trato policial ante un robo o ante una violación forman parte de lo que la antropóloga Heloisa Buarque de Almeida describe como “la naturalización de la cultura de la violación”, donde se da por hecho la desigualdad entre hombres y mujeres y se crea un relato “en el que el hombre no se puede contener”, explicaba la antropóloga en una entrevista en el diario Folha de São Paulo. Según Buarque de Almeida tanto los anuncios de publicidad, como las telenovelas o algunas músicas populares forman parte de la producción cultural del país en el que se naturaliza la violación y donde su víctima siempre es cuestionada. Según datos del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada al menos el 58% de los brasileños considera que si “las mujeres se supieran comportar se podrían evitar muchas violaciones”.

 

Dicha naturalización llega a las comisarías cuando los propios delegados preguntan a las víctimas sobre la ropa que llevaban, si habían bebido, si era de noche, en qué región se encontraban y por último si realmente estaban seguras de que no habían querido tener sexo: “Las delegaciones de policía tienen la tradición horrorosa de imputar la culpa sobre las víctimas de la violación”, asegura el periodista Luis Nassif. Esta práctica se extiende hasta el poder judicial que deja libre al 99% de los acusados por violación. “Si la víctima conoce al criminal las posibilidades de que su proceso judicial continúe caen drásticamente”, explicaba Ana Paula Meirelles Lewin, coordinadora del Núcleo de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Defensoría Pública de São Paulo. Esta situación suele ser la más habitual ya que el 70% de las víctimas son menores de edad, conocen a sus violadores, y la violación se produce en sus propias casas o en las de sus familiares, aseguran datos del ministerio de Sanidad.

 

Dentro de este contexto la gran mayoría de las mujeres decide no denunciar su caso ante la Policía. Según el Anuario del Forum Brasileño de Seguridad Pública al menos 50.000 mujeres son violadas al año en el país, lo que supone una violación cada 11 minutos. Pero este organismo también reconoce que en este tipo de crimen se suelen notificar apenas el 10% de los casos, lo que llevaría a pensar que la cifra podría alcanzar medio millón de mujeres al año.

 


La violación como arma política

 

El mismo día que se dio a conocer la violación en masa sufrida por la joven carioca, el nuevo ministro de Educación del gabinete interino de Michel Temer, el minisro Mendonça Filho, recibía en su despacho a la estrella del porno Alexandre Frota, conocida también por haber narrado en un programa en directo cómo habría violado a una mujer a la que había dejado inconsciente. Ese narración tuvo lugar hace dos años y fue aplaudida por el público y recibida con indignación por buena parte de la población, pero en ningún momento la Policía investigó los hechos descritos por el actor, que nunca fue acusado de nada. La imagen de Frota en el ministerio, donde acudió para ofrecer propuestas que ayudasen a“revolucionar” la Educación “y evitar que los comunistas sigan adoctrinando a los niños”, dejó perpleja a la mayoría de la sociedad. “La visita de Frota no es para hacer bromas, debería servir para denunciar la cultura de la violación que hay en el país. Estos lapsus y olvidos sobre la figura de este tipo legitiman una cultura en la que treinta hombres creen divertido violar a una chica”, decía la antropóloga brasileña Rosana Pinheiro-Machado.

 

Diversos colectivos feministas recordaban que la aparición de Frota se produce dentro de un nuevo gabinete en el que por primera vez desde la dictadura de Brasil ni una sola mujer ocupa un cargo ministerial, y en el que el nuevo presidente, Michel Temer, ha decidido acabar con la Secretaría de la Mujer dentro de su paquete de recortes. A su vez la misma semana en que se producia la brutal violación, la Cámara de los Diputados aprobaba un proyeco para criminalizar el aborto también en casos de violación, una de las pocas excepciones que había hasta ahora.

 

El crimen de la semana pasada también puso sobre la mesa como la violencia contra la mujer y la “cultura de la violación” abarca todas las esferas políticas. De este modo políticos como Jair Bolsonaro, el diputado más votado en Rio de Janeiro en 2014, le dijo hace dos años a la ministra Maria do Rosário que no la violaba “porque no lo merecía”; y el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apoya como su sustituto para las elecciones del próximo mes de septiembre a Pedro Paulo Carvalho, político acusado de maltratar a su ex mujer.

 

La violación también ha servido como instrumento de oposición y protesta. Lo usaron contra la presidenta Dilma Rousseff hace un año cuando se eleboraron una serie de adhesivos para colocar en el coche, alrededor de la tapa del depósito de gasolina, en los que a través de un montaje aparecía Rousseff con las piernas abiertas, de modo que al cargar el coche pareciera que penetraban a la presidenta.

 


Criminalización de la pobreza

 

Además de culpabilizar a la víctima, el caso de la joven de Rio de Janeiro ha servido para sacar a la luz todo tipo de clichés acerca de las de violaciones. Los rumores y diferentes versiones del crimen sucedido el pasado 21 de mayo, señalan que la víctima estaba relacionada con el tráfico de drogas, que iba a muchas fiestas funk (música popular en las favelas) que bebía y que se acostaba con muchos hombres. Los grandes medios fueron algunos de los primeros en hacer esa asociación lo que ha generado una oleada de relatos en las redes sociales donde mujeres de clase media y alta han contado como fueron violadas por blancos y ricos, a veces por varios hombres al mismo tiempo: “Cuando fui violada por tres hombres a los 13 años, no había bailes funk, no vivía en una favela, ni usaba pantalón corto. Si la culpa de las violaciones tuviesen que ver con el funk no sucederían también en las facultades de Medicina de las universidades nobles del país. (...)El problemas es enorme, estrucutural y cultural, independientemente de clase social o poder adquisitivo, está en todos los lugares”, relataba en su cuenta de Facebook, Clara Averbuck.

 

En la noche del sábado al menos 70 policías subieron al Morro de Burão para entrar en la casa donde se había cometido el crimen. Una gran operación policial calificada por las asociaciones de derechos humanos como “exclusivamente mediática” que acabó con tiros, sin heridos y ningún detenido. A lo largo del fin de semana la policía interrogó a tres sospechsoos que reconocieron haber estado ese día con la chica, dos de ellos negaron haberla violado y un tercero aseguró que mantuvieron relaciones consentidas. Este último, Rai de Souza, de 20 años, salió de la comisaría con los brazos en alto a modo de celebración y una sonrisa de victoria.

 

En Piauí, al norte del país, donde la semana pasada otra menor fue violada por cinco hombres, el Juez Eliomar Rios Ferreira decidió soltar el viernes a cuatro de ellos (menores de edad) bajo la justificación de “tener buenos antecedentes y no suponer ningún riesgo para la población”. Mientras, en Rio de Janeiro, los colectivos feministas celebran que el policía Alessandro Thiers acaba de ser apartado del caso de la joven carioca, tal y como había pedido la abogada de la víctima, y reavivan la esperanza de que realmente se busque a los culpables, a sabiendas de que la lucha “contra la cultura de la violación” será un arduo trabajo al que enfrentarse.

 

 

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Sábado, 28 Septiembre 2013 08:34

Crímenes de lesa humanidad en Ecuador

Entre 2007 y 2010 el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década del '80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad. La fiscalía presentará el caso el martes.

 

 

La Fiscalía de Ecuador llevará por primera vez ante la Justicia un caso de crímenes de lesa humanidad en el que se acusará a diez altos mandos policiales y militares por delitos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometidos en la década del '80. El director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, Fidel Jaramillo, precisó que el procedimiento se presentará el martes ante la Corte Nacional de Justicia, y se trata del "caso de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín". "Los crímenes de lesa humanidad jamás han sido judicializados en Ecuador, no porque no existan, sino que nunca hubo ni la decisión política ni judicial de abarcar estos crímenes", explicó. El caso por estos delitos lo presentará el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, ante la Corte de Justicia.

 

Luis Vaca, Susana Cajas (quien fue candidata a asambleísta en las elecciones de febrero de 2013 por el oficialista Alianza País) y Javier Jarrín fueron detenidos por vinculación con el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC) durante el gobierno del presidente León Febres Cordero (1984-1988). Entre 2007 y 2010 el Estado ecuatoriano investigó graves violaciones a los derechos humanos cometidas a partir de la década del '80, para lo cual conformó la Comisión de la Verdad, uno de cuyos casos es el que se presentará a la Corte el martes. La noticia fue bien recibida por los organismos de derechos humanos, que hace tiempo han emprendido una batalla por esclarecer los hechos ocurridos en el pasado, en especial con los integrantes de AVC.

 

Vaca, Cajas y Jarrín, que ahora bordean los 50 años, fueron detenidos en 1985 de forma arbitraria, torturados y sometidos a violencia sexual. "Además, comenzó la desaparición forzada, porque se los detiene y las autoridades comienzan a negar que, en efecto, los tienen en cautiverio", contó Jaramillo. Después de dos semanas de tortura y violencia sexual, a Susana Cajas y Javier Jarrín se los deja con las manos atadas en un potrero e instantes más tarde un grupo de policías los detuvo. Cajas contó su testimonio de la tortura recibida: "Me aplicaron electricidad, me desgonzaron los brazos hacia atrás. Pero lo fuerte fue lo sexual. Las torturas eran desnuda siempre, fue una agresión terrible, hubiera preferido que me peguen".

 

A Vaca lo mantuvieron detenido y desaparecido por casi tres años e inclusive, con el paso del tiempo, borraron sus archivos del Registro Civil, dificultando aún más la búsqueda por parte de sus familiares o el seguimiento del caso por parte de instancias internacionales. Jaramillo comentó que Vaca tenía un hermano que era militar y casi por casualidad descubrió dónde estaba su pariente. Al poco tiempo, el hermano de Luis Vaca estaba muerto. "La esposa de Vaca también fue detenida arbitrariamente estando embarazada y dio a luz en la cárcel", añadió el director de la comisión. Asimismo, la hermana de Cajas también fue detenida arbitrariamente y torturada.

 

A la audiencia asistirán representantes de la fiscalías de Venezuela, Perú, Argentina y Panamá, y en ella se pedirán medidas cautelares que podrían ser la retirada del pasaporte, prisión preventiva o arresto domiciliario en caso de tercera edad. "Ecuador tiene un muy claro afán de no permitir la impunidad y de que, antes de que sea demasiado tarde, las víctimas accedan a su derecho a la verdad y la justicia", dijo Jaramillo al expresar su esperanza de que el caso tenga una sentencia en un año o menos si el Estado actúa diligentemente. Unas dos semanas después de la presentación por parte de la Fiscalía en la Corte, los afectados también presentarán acusaciones particulares, indicó Jaramillo.

 

La Comisión de la Verdad presentó 118 casos ante la Fiscalía, presidida por Elsie Monge, para su investigación. Según el artículo número 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se entiende por crimen de lesa humanidad a cualquier acto de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y persecución cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

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Ninguna persona ha sido condenada penalmente por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron después del golpe de Estado del 28 de junio en Honduras, según un informe difundido por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

"La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público a cargo de la investigación de denuncias sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por policías o militares ha presentado acusaciones en 20 casos de presuntas violaciones ocurridas durante el Gobierno de facto. En ocho casos, las acusaciones fueron sobreseídas. Los demás casos se encuentran pendientes ante los tribunales, algunos de los cuales están paralizados debido a que los acusados se encuentran prófugos", señala el informe.

"Hasta que las autoridades hondureñas no adopten medidas concretas para reducir la impunidad y poner freno a los ataques, difícilmente podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Motivaciones políticas

El informe documenta 47 casos de ataques y amenazas desde que Porfirio Lobo asumió el poder tras las elecciones de noviembre de 2009, entre ellos 18 asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Muchos de ellos, indica la organización "se produjeron en circunstancias que sugieren que estos crímenes respondían a motivaciones políticas".

"Las autoridades han logrado avances sumamente limitados o nulos en la investigación de estos casos", insiste la organización.

Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad obstruyeron la investigación de abusos cometidos después del golpe. Se negaron a entregar armas para efectuar pruebas de balística y no respondieron a solicitudes de información que tenían por objeto identificar a policías acusados de cometer abusos. Además, el Gobierno no ha asignado fondos al Programa de Protecciónde Testigos.

Los ataques a las libertades políticas y de expresión, unidas a la impunidad que rodea a las agresiones han fomentado "un clima de terror". Una activista política, por ejemplo, fue atacada junto con sus hijas y recibió un disparo en la pierna. A consecuencia del ataque, la activista decidió abandonar sus actividades políticas.

Por I. COELLO MADRID 21/12/2010 00:15
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¡Qué bárbaros!, exclamé cuando leí hasta la última línea de las revelaciones del famoso periodista Seymour Hersh, publicadas en Democracy Now y recogidas como una de las 25 noticias más censuradas en Estados Unidos.

El material se titula Los crímenes de guerra del general de Estados Unidos Stanley McChrystal y fue incluido en el Proyecto Censurado, elaborado por una universidad de California, que incluye los párrafos esenciales de aquellas revelaciones.

“El teniente general Stanley McChrystal, nombrado comandante responsable de la guerra en Afganistán por Obama en mayo de 2009, fue antes jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por su sigla en inglés), dependiente de Dick Cheney [el vicepresidente de George W. Bush]. La mayor parte de la carrera militar de 33 años del general McChrystal se mantiene clasificada [o sea, secreta], incluyendo sus servicios entre 2003 y 2008 como comandante del JSOC, unidad de élite tan clandestina, que por años el Pentágono rehusó reconocer su existencia. El JSOC es una unidad especial de ‘operaciones negras’ [asesinatos] de la Navy Seals (Fuerzas Especiales de la Marina de Guerra) y Delta Force [Fuerza Delta, soldados secretos del ejército para operaciones especiales, que formalmente se llama ‘Destacamento-Delta Operacional de Fuerzas Especiales (SFOD-D), mientras el Pentágono la nombra como Grupo de Aplicaciones de Combate, CAG].

“El ganador del premio Pulitzer de periodismo Seymour Hersh reveló que la administración Bush operó un anillo ejecutivo de asesinatos que dependía directamente del vicepresidente Dick Cheney y que el Congreso nunca sintió ninguna inquietud por indagar. Equipos del JSOC viajaban a diferentes países, sin siquiera hablar con el Embajador ni el Jefe de la Estación CIA, con una lista de gente que buscaban, encontraban, mataban y se iban. Había una lista vigente de gente marcada como blanco, elaborada por la oficina del vicepresidente Cheney. [...] Hubo asesinatos en docenas de países del Oriente Medio y en América Latina, afirmó Hersh. ‘Existe un decreto ejecutivo, firmado por el presidente Ford en los años 70, prohibiendo tales acciones. Esto no sólo contraría: es ilegal, es inmoral, es contraproducente’, añadió.

“El JSOC también estuvo implicado en crímenes de guerra, incluyendo tortura de presos en sitios secretos ‘fantasmas’ (ghost) de detención. El Campo Nama en Iraq, operado por el JSOC bajo McChrystal, fue una de tales instalaciones ‘fantasmas’, ocultada al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y acusada de algunos de los peores actos de tortura.”

Oficialmente instalaron al Mayor General en Fort Braga, Carolina del Norte, pero era un visitante frecuente del Campo Nama y de otras bases de las fuerzas especiales en Iraq y Afganistán, donde tuvieron asiento las fuerzas bajo su comando.

A continuación se aborda un punto de especial interés, cuando tales hechos entran en conflicto con funcionarios que, en el cumplimiento de sus funciones, eran obligados a cometer hechos que los enfrentaban abiertamente con las leyes e implicaban graves delitos.

Un interrogador del Campo Nama describió que encerraban a los presos en contenedores de barcos por 24 horas en tiempo de calor extremo, luego los exponían al frío extremo mojándolos periódicamente con agua helada, los bombardeaban con luces brillantes y música ruidosa, los privaban del sueño y les daban severas golpizas.

De inmediato, se abordan las flagrantes violaciones de principios internacionales y convenios suscritos por Estados Unidos. Los lectores cubanos recordarán la historia narrada en los dos textos en que relato nuestras relaciones con la Cruz Roja Internacional, a la que devolvimos el alto número de prisioneros del ejército enemigo que cayeron en nuestras manos, durante la defensa de la Sierra Maestra y la contraofensiva estratégica posterior contra el ejército de Cuba, entrenado y abastecido por Estados Unidos. Jamás un prisionero fue maltratado, y ninguno de los heridos dejó de ser atendido de inmediato. Esa misma institución, radicada en Suiza, podría dar fe de aquellos hechos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja es el cuerpo encargado, por el Derecho Internacional, de supervisar el cumplimiento de los Convenios de Ginebra y, por lo tanto, tiene derecho a examinar todas las instalaciones donde se mantengan los prisioneros de cualquier país en guerra o bajo ocupación militar.

“En la explicación de por qué ningún otro medio de prensa había cubierto esta historia, Hersh expresó: ‘Mis colegas en la prensa acreditada a menudo no la siguen, no porque no quieran, sino porque no saben a quién llamar. Si estoy escribiendo algo sobre el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que aparentemente es una unidad clasificada, ¿cómo la van a descubrir? El gobierno les dirá que todo lo que escribo es incorrecto o que eso no pueden comentarlo. Es fácil quedar desempleado por esas historias. Pienso que la relación con el JSOC está cambiando bajo Obama. Ahora hay más control’.”

“…la decisión de la administración Obama de designar al general McChrystal como nuevo comandante responsable de la guerra en Afganistán y la prolongación de la jurisdicción militar para los detenidos de EEUU en su guerra al terrorismo, encerrados en la prisión de Bahía de Guantánamo, desafortunadamente son ejemplos de cómo la administración Obama continúa siguiendo los pasos de Bush.”

“Rock Creek Free Press divulgó en junio 2010 que Seymour Hersh, interviniendo en la Conferencia de Periodismo de Investigación Global en Ginebra, criticó en abril de 2010 al presidente Barack Obama y denunció que las fuerzas de EEUU están realizando ‘ejecuciones en el campo de batalla’.”

“‘Aquellos que capturamos en Afganistán se están ejecutando en el campo de batalla’, afirmó Hersh.”

Al llegar a este punto, la narración entra en contacto con una realidad sumamente actual: la continuidad de una política por el Presidente que sucedió al delirante W. Bush, inventor de la guerra desatada para apoderarse de los recursos gasíferos y petroleros más importantes del mundo en una región habitada por más de 2 500 millones de habitantes, en virtud de actos cometidos contra el pueblo de Estados Unidos por una organización de hombres que fueron reclutados y armados por la CIA para luchar en Afganistán contra los soldados soviéticos, y que continúa disfrutando del apoyo de los más estrechos aliados de Estados Unidos.

La compleja e impredecible zona cuyos recursos se disputan, va desde Iraq y el Oriente Medio hasta los remotos límites de la región China de Xinjiang, pasando por Iraq, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, y las antiguas repúblicas soviéticas de Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, capaces de abastecer de gas y petróleo a la creciente economía de la República Popular China y la industrializada Europa. La población de Afganistán, así como una parte de Pakistán, país de 170 millones de habitantes y poseedor de armas nucleares, es víctima de los ataques de aviones sin piloto yankis que masacran a la población civil.

Entre las 25 noticias más censuradas por los grandes medios, seleccionadas por la Universidad Sonoma State de California -tal como lo viene haciendo hace 34 años-, una de ellas, correspondiente al período 2009 2010, fue Crímenes de guerra del general Stanley McChrystal; y otras dos se relacionan con nuestra isla: Medios ignoraron ayuda médica de Cuba en terremoto de Haití y Todavía brutalizan a los presos en Guantánamo. Una cuarta afirma: Obama reduce el gasto social y aumenta el militar.

Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, fue responsable político de la Misión Médica Cubana enviada a Pakistán cuando un destructor terremoto golpeó fuertemente la ruda naturaleza del nordeste de ese país, donde extensas áreas habitadas por la misma etnia, con igual cultura y tradiciones, fueron arbitrariamente divididas por el colonialismo inglés en países que después cayeron bajo la égida yanki.

En su discurso de ayer 26 de octubre, en el seno de la ONU, demostró cuán excelentemente bien informado está de la situación internacional en nuestro complejo mundo.

Su brillante alegato de ayer y la Resolución aprobada por esa institución, por su trascendencia, requiere una Reflexión que me propongo elaborar.

Fidel Castro Ruz
Octubre 27 de 2010

9 y 16 p.m.
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Un informe de la comisión sobre denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en Bélgica, cuyas conclusiones han sido presentadas hoy, revela que 13 de las víctimas terminaron suicidándose. En el mismo, la comisión revela que recibió al menos 475 denuncias de pederastia. Dos tercios de las víctimas son hombres, la mayoría en torno a los 15 años, aunque también hay 100 mujeres que sufrieron abusos. De las 199 páginas que componen el documento, un centenar corresponden solo a testimonios de las víctimas.
 
En el texto, presentado por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, queda recogido que la comisión, que ha investigado los abusos cometidos en Bélgica desde la década de los sesenta hasta mediados de los ochenta, recibió al menos 475 denuncias por casos de pederastia. En la presentación del informe, Adriaenssens denunció las "presiones" y la ley del silencio que ha imperado durante décadas en el seno de la Iglesia belga sobre los abusos. En abril, el obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, admitió haber tenido relaciones sexuales con un menor antes y después de ser obispo.
 
A lo largo de 200 páginas se recogen los testimonios de varios centenares de antiguos alumnos de instituciones educativas de la iglesia que en los años sesenta y setenta, principalmente, sufrieron abusos de religiosos. Uno de los apartados más escalofriantes es el de los suicidios de las víctimas de los abusos, ya que se han confirmado 13 casos y se han contabilizado otras seis tentativas.
 
Víctimas traumatizadas
 
Según ha explicado en rueda de prensa el ex presidente de la comisión, "en cuanto a los suicidios, la realidad es aún peor de lo que pensábamos". Adriaenssens, que ha dicho que el trabajo de la comisión se ha realizado bajo los principios de "verdad" y "reconciliación", ha señalado que la mayoría de esos niños, hoy adultos que rondan los 40 años, han quedado traumatizados por los episodios.
 
Los testimonios de las víctimas, a quienes se ha respetado su anonimato en el informe, hablan de violaciones por vía anal y oral, así como de masturbaciones. Las edades de los niños durante los abusos iban en la mayoría de casos entre los 12 y los 15 años. La comisión se creó por parte de la Conferencia Episcopal en el año 2000.
 
Operativo "deproporcionado"
 
El informe se publica un día después de que un tribunal belga declarara ilegal las redadas realizadas en iglesias belgas por la policía durante la investigación por los presuntos abusos sexuales a menores. La decisión tiene como consecuencia que los archivos confiscados durante los registros de junio no podrán ser utilizados en la investigación. Esta resolución pone en cuestión la larga investigación iniciada por las autoridades belgas.
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Lunes, 02 Febrero 2009 18:01

Jack Bauer contra los derechos humanos

24 sigue su marcha en medio del éxito, de los pedidos de sus fanáticos, que necesitan la serie como una droga ineludible. Rupert Murdoch, el dueño de la cadena Fox y de muchas, demasiadas cosas más, parece haber advertido que se viene una mano demócrata, la mano de Obama. Tal vez esto explique que la séptima temporada de 24 se inicie con un juicio que el Estado le hace a Jack Bauer por violación a los derechos humanos. ¿Tanto tiempo llevó advertir que Bauer violaba todos los derechos humanos, que no dejó uno sin violar, que es un violador compulsivo? A Murdoch, sí. Pero probablemente –y más que eso– Bauer era para él un auténtico héroe “americano” que hacía simplemente lo que había que hacer. No olvidemos que el viejo “dicho” de los westerns es “un hombre tiene que ser lo que un hombre tiene que ser”, pero se acompaña por otro, inevitablemente: “Un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer”. Jack Bauer hace lo que tiene que hacer. No importa lo que sea. Sin embargo, la séptima temporada ya parece husmear, en el futuro, la llegada de Obama. Bauer no tiene más remedio que ir a juicio. No en vano Obama ha cerrado la base de Guantánamo. Todos los asentamientos de la CIA a lo largo y lo ancho de este mundo. Y ha dicho: “Estados Unidos no torturará más”. Uno no sabe cómo tomar esta frase. ¿Se trata de una expresión de deseos? ¿Era en Estados Unidos el Día de los Santos Inocentes cuando la dijo? ¿Lo obligó su imponente esposa, Michelle, que si le niega el sexo Obama pierde la razón, enloquece hasta el fin de su período? (Esta conjetura es un homenaje a usted, Michelle: creemos que es la más espectacular primera dama de la historia. Ojalá sea una mina buena, porque su autoridad, su poderío parecieran ser tan enormes que si se enojara con los otros pobres seres que habitamos el planeta podría borrarnos el simple primer día que se levantara de mal humor.) ¿Desde qué certeza puede asegurar Obama que Estados Unidos no torturará más? Vea, Obama, la tortura se ha difundido demasiado. Aquí nomás, hace un par de días, en Punta Lara, asaltaron a una pareja y los torturaron delante de su hija. Al hombre le tiraron insecticida y le prendieron fuego.

Seguramente los van a detener. Es posible que se defiendan. Es posible que digan: “No hicimos nada que no haya hecho Jack Bauer”. Además, si Estados Unidos deja de torturar dejará de tener información. Obtener información es torturar, esta “verdad” se ha establecido en el mundo desde hace tiempo. Y Jack Bauer la ha difundido como nadie. Los del FBI y los de la CIA habrán largado una carcajada fenomenal al escuchar la promesa de Obama. “¡A las ratas de laboratorio no torturaremos más!” En los laboratorios –por otra parte– ya no usan ratas. Usan terroristas o sospechosos de serlo. “Con las ratas habíamos empezado a encariñarnos demasiado”, explican. “Con esta gente es más fácil.” Además, amigo Obama, no torturar es dar ventaja. ¿Qué piensa usted que harán los fundamentalistas de El Corán? ¿Usted leyó ese libro sagrado? ¿Leyó los castigos que les depara a los infieles, a los impíos? Usted podrá decirle al mundo que no torturará más, pero es improbable que le hagan caso sus guerreros.

Bauer es juzgado. Los tiempos cambian. El “no torturaremos” de Obama necesita complementarse con el juicio a Bauer. “¿Por qué torturó, Mister Bauer?”, supongamos que le pregunta un juez. “Por América”, dice Bauer. “¿América le pidió explícitamente que torturara?” “No es necesario. Se tortura para obtener velozmente información. Una vez estaba por estallar una bomba nuclear en Los Angeles y yo tenía detenido a alguien que podía darme información vital.” “¿Y qué hizo?” “¿Qué le pasa, cabeza de mierda? ¿Qué piensa que pueda haber hecho? Lo torturé bestialmente hasta arrancarle la información.” “Bueno, señor Bauer. Basta con esas cosas. Nuestro Presidente dice que no debemos torturar más.” “¡Shit! ¡Hemos perdido la guerra por ese maricón!” Bauer abre uno de los grandes ventanales. Está en un 5° piso. Grita, hacia la calle, desaforadamente: “¡Hagamos de cada americano un Lee Harvey Oswald! ¡Hagamos que toda América sea Dallas! ¡Matemos al maldito mestizo o el terrorismo nos vencerá!”. Desde abajo, una negra, agitando una banderita norteamericana, le grita: “¡Obama, Obama!”. Bauer saca su 9mm. Y la revienta de tres balazos. Al público empieza a gustarle la séptima temporada. Porque el público fue cómplice de las torturas de Jack Bauer. Es que la gente evoluciona. Siempre pide más.

Antes, en las películas de cowboys, se daban trompadas. Los tiros no hacían brotar sangre. En A la hora señalada, Gary Cooper le pega el tiro del final al villano –que está con camisa blanca– y el tipo muere con la camisa intacta. Hoy, los que ven la peli, dicen: “¿Qué pasó? ¿Por qué está en el piso? ¿Tropezó?”. “No, boludo. ¿No viste que le tiró un tiro al pecho?” “¿Qué tiro? ¿Vos viste la sangre?” “Antes no ponían sangre.” “¿Y cómo sabías que le había acertado? ¿Cómo voy a creer que le pegó un tiro en el pecho si el tipo se cae y en el pecho no tiene nada? ¿Soy boludo yo? ¿Me trago cualquier cosa? ¿Me quieren vender que a un tipo le pegan un tiro y no sangra?” Entonces pone La pandilla salvaje. Gran avance en la historia del cine. La sangre brota antes de que el otro dispare. Después vinieron las patadas a los caídos. Cuando ya no hubo nada más que hacer con las piñas, algún genio dijo: “¡Atención! Después de reventarlo a piñas, ¿qué le pasa a un tipo?”. “Se cae, tarado.” “¿Y ahí termina todo?” “Claro. ¿Qué querés que le den piñas cuando está caído?” “¡No, piñas no! ¡Patadas! Como la frutilla del postre. ¿Lo ven? Cuando el infeliz cae, cuando se derrumba con la cara destrozada, escupiendo sangre y dientes, con los ojos hinchados, ¡ahí vamos de nuevo! ¡Lo revientan a patadas!” Así empezó la era de las patadas. ¿Qué quedaba? La tortura. Jack Bauer golpea a un tipo, el tipo choca contra la pared y cae al piso. Bauer ya no lo patea. Eso pasó. Es historia antigua. Agarra dos cables –que saca de cualquier parte, de un velador, de una licuadora o de su bolsillo–, les hace hacer contacto, estallan un montonazo de chispas y Jack, feliz, picanea al malvado. El señor Murdoch, la Fox y los espectadores, todos felices.

Ahora bien, los otros, los que atacan a “América” tampoco parecen respetar demasiado los derechos humanos. En verdad, ni se han preocupado por el tema. Porque una característica del perverso Occidente es mostrar el horror y plantear, desde otra parte, una oposición al horror. Hasta la más racional, inteligente oposición al capitalismo occidental nació de ese capitalismo. Marx lo supo y lo expuso mejor que nadie. Marx era un gran pensador occidental que se oponía a los horrores de Occidente. Encarnados por el capitalismo. Pero él, a su vez, era un producto de Occidente. Era un filósofo occidental. Quienes ahora quieren destruir a Occidente no parecieran haber salido de esta fase, la de destruirlo. Pero un verdadero sistema de ideas siempre propone qué levantar sobre las ruinas de lo que destruyó. No se ve eso por ninguna parte. Y nada lo expresa mejor que la figura del terrorista que se aniquila a sí mismo con su bomba. Puede destruir. Pero no le importa seguir vivo. Porque su sistema de valores y de creencias –que es prácticamente el mismo desde hace casi diez siglos– no tiene nada nuevo que proponer. La peor política –como tanto se ha dicho durante estos días– es la de eliminarlos. (Aunque sería deseable que abandonaran la costumbre de tirar “inocentes misiles” para que esta política, la de respetarlos, fuera viable, o más fácil de llevar a buen puerto.) Igual, el problema es complejo. Requiere que Occidente comprenda de una vez por todas al “lejano” Oriente. Y algo todavía más difícil: que el mundo musulmán recupere diez siglos y haga su Revolución Francesa.

Por José Pablo Feinmann 
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Jueves, 22 Enero 2009 09:03

El mito del abusador abusado

En materia de abuso sexual –palabra que abarca violaciones,incestos, exhibicionismos, manoseos y otros ataques a la integridad sexual de la niñez– se ha creado una cartografía plana, sin registro de los obstáculos epistemológicos existentes. Se instituye como medida única y es plana porque quienes la aplican reiteran una monótona repetición: 1) sintomatología de las víctimas: enuresis, trastornos del sueño, y otros; 2) los efectos en el futuro de las víctimas; 3) la relación de las víctimas con sus familias.

La tendencia clasificatoria, tan cara a la antigua retórica –aquellos que se ocupaban más de rotular que de analizar–, diferente de la necesidad de clasificación cuando la metodología la demanda, se aplica hoy en día como amparo metodológico que limita aperturas originales respecto de las enunciaciones que internacionalmente han sido avaladas. ¿Qué motivos pueden existir para proceder profesionalmente de este modo? Una respuesta podría estar a cargo de autores que estudian la narrativa: “¿Acaso no es el lector que requiere la posmodernidad, un lector no creador sino ‘reciclador’ de sentidos predeterminados?”. Al margen de esta crítica, quienes reiteran la clasificación por estimarla necesaria para su planteo y luego escriben páginas que incorporan criterios eficaces.

No se advierte el agotamiento de la palabra abuso, resultado de haber creado una aplicación semántica que pretende ser un concepto sin hacerse cargo de su etimología, abuso es una palabra que se refiere exclusivamente al uso de cosas, objetos. Si le añadimos deshonesto quedamos diciendo uso deshonesto de los objetos.

Si hablamos de violación

Los parámetros del sistema sexo/género quedan eludidos cuando hablamos de violación, ya que cualquier sexo puede ser violado. Pero los violadores son prioritariamente varones. Entonces, cuando decimos violación, la palabra arrastra consigo la imagen del varón, subrayando la figura masculina (también hay mujeres que violan. ¿Cuál es su porcentaje estadístico?). Si decimos abuso sexual, omitimos la figura masculina ya que el arrastre semántico es como si dijéramos: “Y... abuso sexual es menos que violación... ‘sino también’ no queremos enfrentarnos con la presencia del violador (habitualmente el padre, el abuelo o el hermano)”. Como afirma J. A. Cuddon en su ensayo sobre el sensualismo “existe una participación afectiva o empatía del lector ante el texto”.

Para la organización patriarcal propia de la canónica del Derecho, abuso sexual es aliviante respecto de violación. Siempre permite la aparición de la tangente que sostiene: “No se puede hablar de violación porque la penetración en esa niña de siete años no fue total; el ingreso peneano no trascendió la zona vulvar donde se produjo la emisión espermática”.

La tangente siempre se diseña en favor del violador de modo tal que pueda eludirse la palabra violación acompañada en el imaginario social por la figura del victimario. De ese modo se pueden deconstruir las premisas ideológicas de quienes escuchan que no ignoran quiénes violan pero que ideológicamente eligen no reconocer. Así se recurre a la expresión abuso sexual internacional e hipócritamente avalada. Complemento del agotamiento al hablar del abuso surge el mito del abusador abusado.

¿Por qué el mito?

Porque todo mito es fundador. Se pretende fundar una política que alivie la responsabilidad de quien delinque contra niños y niñas. Carece de toda ingenuidad recurrir a la tesis de la repetición compulsiva, que practicaría el violador, asociándola a la postura de la mimesis, es decir, de la imitación que describió Girard en su planteo del chivo expiatorio, apuntando a una imitación recíproca: el abusador/violador estaría convirtiéndose en el doble de quien lo victimizara, es decir, se busca crear la cadena en la cual ese sujeto sería solo un eslabón repetido y repitente de la cadena en la cual está fatalmente inmerso. A él lo violaron, luego él violará, incluyéndolo de ese modo dentro del circuito determinístico. Recrea a la víctima así como fue creado él. Y sin duda habrá que rastrear al que violó al violador. Finalizaremos en los mitos bíblicos y en los griegos. Si no queremos retroceder alcanza con el Evangelio “(...) quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que creen en Mí, más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que fuese sumergido en el abismo del mar”. Quienes sostienen esa tesis de manera determinista –sin que yo desconozca que clínicamente podrían existir situaciones de esa índole, algunas de ellas descriptas en trabajos psicoanalíticos–, quien privilegia este planteo sin contar con su propia experiencia profesional adhiere a la teoría de la creación de un doble; el actual abusador/violador sería el doble de quien lo violó buscando saber qué sintió el victimario cuando lo violó; lo cual lo acercaría a la ritualización de su falta.

Entre las varias teorías que han estudiado el tema

Teoría psicodinámica: Freud, la del Aprendizaje social (Kelly y Lusk), la teoría psicofisiológica estudiada también por Kelly y Lusk, la teoría sociológica, la teoría feminista, el modelo de Finkelhor, la teoría sobre la normalidad de la pedofilia. La elección del criterio que cuestiono podría deberse al desconocimiento de otras teorías, y también a la transformación de los conocimientos psicoanalíticos en extensiones ilícitas, o sea, se desliza desde una categoría gnoseológica: el delito, hacia lo hermenéutico. Así, al violador se lo ingresa en la categoría de una víctima inicial neutralizando su responsabilidad, por lo tanto, correspondería no judicializar porque el sujeto remitiría a la psicopatología de la repetición.

También podemos pensar que el violador viola por una antigua angustia tramitada desde la infancia y por eso genera rutinas de violaciones para aplacar dicha angustia. Tal vez podría probarse clínicamente. Pero esta angustia deberá resolverla en prisión.

Asociarse a este mito privilegia la posición del abusador/violador como víctima de su memoria encendida que reclama saciar su sed de repetición compulsiva eligiendo otra víctima. Al diagnosticarlo como víctima histórica se ingresa en categoría de la expiación, como si dijera “quedo liberado de la culpa porque a partir de esa victimización que padecí me asiste el derecho de repetir lo padecido”. Esta lógica padece un traspié: si asumimos que estadísticamente las víctimas de violación son niñas y adolescentes mujeres, entonces deberíamos encontrar que la mayoría de las abusadoras y violadoras son mujeres.

Hay algo que no encaja en esa afirmación que ha comenzado a sacralizase afirmando que el violador ha sido un niño abusado. Si fue víctima de abuso durante la infancia, habrá que pensar en términos de situación postraumática para su tratamiento pero no para exculparlo. Podrá disponer de psicoterapia si puede probar que fue violado, pero no de estar en libertad. El lugar del violador condenado es un lugar que también forma parte de una cartografia singular, la que transitan fiscales y jueces preocupados por las garantías de ese sujeto. Por ese motivo, la lectura de los expedientes que se ocupan de estos delitos exhiben una nutrida nómina de preguntas destinadas a las víctimas que transparentan la tendencia a dudar de cualquier palabra que emitan los niños y las niñas.

La postura que propone que el violador comenzó por ser él mismo sujeto de violación durante la niñez se instituye y se utiliza excediendo el refinamiento necesario para construir un diagnóstico diferencial que considere los atenuantes de su responsabilidad. Aparece hoy asociado al denominado “backlash”, o sea al contraproyecto que desafía negativamente a las decididas reacciones de las madres que denuncian la victimización de sus hijos y se organizan reclamando justicia.

Cuando al abusador/violador no se lo considera responsable sino que se lo convierte en una víctima se busca crear una situación en la que “una cosa ocupa el lugar de la otra” o sea, se inventa un símbolo. El violador pasa a simbolizar su propia historia como víctima. Pero son sujetos que desconocen la ley y están ajenos a una relación respetuosa con los vínculos sociales.

Al introducir el mito del abusador abusado se genera tendencia cercana a la espiritualización del diagnóstico: “No busquemos culpables, sino entender el discurso del sujeto”.

Sería pertinente informarse de cuáles han sido los estudios psicoanalíticos –que existen– aportados por quienes sostienen esta tesis del abusador abusado y diferenciar tales análisis de los procedimientos en los que intervenimos cuando tenemos una víctima delante. También conviene rastrear las investigaciones realizadas en las cárceles –que existen– y entonces afirmar que, según los violadores cuentan, ellos fueron víctimas. Testimonio que resultará inapelable para quienes precisen sacar conclusiones aliviantes respecto de sus conductas posteriores.

Cuando surge la frase “los violadores fueron niños violados” –que aterroriza a las madres de los niños violados pensando que sus hijos se convertirán en violadores– corresponde preguntarse en qué momento histórico aparece, quiénes la repiten y qué se busca con ella. Cuando en el mundo ha comenzado un fuerte y claro movimiento que propone escuchar las voces de las víctimas y desacatar los enjuagues de los victimarios y de quienes encuentran argumentos para protegerlos.

 Por Eva Giberti *
* Jornadas organizadas por Salud Activa, 8 de noviembre 2008.
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Miércoles, 20 Abril 2011 18:52

¿En qué va el caso de los niños de Tame?

Tras el asesinato de la doctora Gloria Gaona, jueza que conocía el caso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares por la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanitos, hechos ocurridos en octubre de 2010 en el municipio de Tame, José Álvaro Torres, padre de Jenny, Jimmy y Jefferson, recibió amenazas contra su vida y la de su núcleo familiar, lo cual lo obligó de nuevo a desplazarse y solicitar protección. Fue trasladado a Bogotá. Entre tanto, los abogados de las víctimas, quienes el mismo día del asesinato de la jueza también recibieron llamadas intimidatorias, solicitan a la Corte Suprema de Justicia que el proceso sea radicado en la capital del país para darle continuidad al juicio y evitar más hechos que atenten contra la justicia.

El 22 de marzo de 2011, pasadas las 8 de la mañana, cuando faltaban nueve días para que se reanudara la audiencia preparatoria que había sido suspendida luego de que la jueza Gaona advirtiera maniobras dilatorias por parte de la defensa del subteniente Muñoz, acusado de violar a dos menores de edad y luego asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos, la jueza fue asesinada por un sicario en pleno corazón de Saravena. El homicida se acercó a pie y luego huyó en moto, tras dispararle sin piedad en la cabeza a la jueza cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
 
El hecho conmocionó al país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Organización Mundial contra la Tortura reaccionaron repudiando el atentado contra una mujer consagrada a impartir justicia y que en ese momento llevaba el delicado caso del subteniente del Ejército que en octubre de 2010, cuando sucedieron los hechos, comandaba la cuadrilla Buitres 2, adscrita a la Brigada Móvil 5.

Sin duda, uno de los más afectados por el asesinato de la jueza fue el propio José Álvaro Torres, quien en ese momento residía en Saravena. “Me mataron a la juez”, llamó preocupado a informarles a sus abogados sobre la noticia que corría por el aire. “Yo nunca crucé palabra directamente con la jueza, pero si agradecí mucho que durante la última audiencia que hubo, que no pudimos terminar, ella le llamó la atención a la defensa y regañó a las abogadas por renunciar en la mitad de la audiencia, eso fue importante porque uno como familia de las víctimas se siente como si estuviera perdiendo el tiempo en esas cosas y viéndole la cara al asesino de mis hijos sin que nada pase. Ese día la mamá de los niños, que era la primera vez que iba, se desmayó porque le afectó mucho ver al militar que abusó de la niña y quien mató a nuestros tres hijos porque para nosotros fue él”, dice acongojado don José Álvaro.

Las autoridades también descalificaron el hecho. Desde el Vicepresidente de la república, pasando por senadores y el Ministro del Interior, altos funcionarios salieron al paso y en diferentes escenarios públicos y medios de comunicación condenaron lo sucedido, al tiempo que reclamaron celeridad y todo el peso de la ley para aclarar y condenar la muerte la jueza. De inmediato se iniciaron las investigaciones y se ofrecieron recompensas para identificar al asesino, de quien sólo se tiene su retrato hablado.

Independientemente de las ‘razones’ que tuvo el asesino, el proceso se ha visto afectado y la reanudación de la audiencia preparatoria, programada para el 31 de marzo, no se realizó. Tras la polémica generada por el eco que los medios de comunicación les dieron a los cuestionamientos que la jueza Gaona hizo de la Defensoría Militar (Demil), encargada de la defensa del subteniente Muñoz, aún no es claro si ellos continuarán con el proceso, pues públicamente se ha dicho que en sus estatutos está prohibido defender a personas acusadas de delitos sexuales.

El Juzgado de Saravena fue trasladado a Arauca y con él sus procesos, incluido el caso de los niños de Tame. El pasado 11 de abril fue respondida favorablemente la solicitud de Humanidad Vigente –organización que acompaña a las víctimas en este caso–, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, para que el proceso fuera radicado en Bogotá, ya que es un lugar donde con mayor seguridad se les pueden brindar garantías judiciales y de seguridad a los funcionarios de justicia y las familias involucradas, los posibles testigos e incluso los abogados que participan en el caso.

Dice la comunicación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 8 de abril se decidió, tal como lo alegara Humanidad Vigente, que “las víctimas y los testigos en el proceso penal que se adelanta contra Raúl Muñoz Linares han sido objeto de hostigamientos, lo cual ha dado lugar a las denuncias correspondientes” y “debido a la situación de orden público imperante en esa parte del territorio colombiano, el gobierno nacional ordenó el traslado del padre de las víctimas a la ciudad de Bogotá a fin de garantizar su vida; que la secretaria del juzgado se encuentra protegida y que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado del despacho a la ciudad de Arauca, sin duda alguna tienen la virtualidad para alterar la competencia por poner en grave riesgo la función de administrar justicia y la seguridad e integridad de los demás intervinientes”.

A la espera

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reinicien las audiencias, el señor José Álvaro Torres y los padres de la otra niña que fue víctima de violencia sexual por parte del militar, y cuyo testimonio fue el que finalmente facilitó la identificación y captura del subteniente Raúl Muñoz Linares, los familiares y las comunidades del distrito de Flor Amarillo esperan que, tal como lo advirtió la jueza Gaona, no haya lugar a vencimiento de términos y el militar implicado no quede en libertad, que se dé continuidad al proceso penal, a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, y se hagan efectivos sus derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación integral.


Datos claves del caso


  • Al militar se le acusa de doble acceso carnal violento en menor de edad: una fue Jenny Torres, de 14 años, la niña que además fue masacrada con sus hermanitos el 14 de octubre de 2010; la otra niña, de la que por seguridad se reserva el nombre, fue violada por el subteniente Muñoz Linares el 2 de octubre y en ese momento ella tenía 13 años
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  • El otro delito imputado dentro del mismo proceso es el de triple homicidio de Jenny, Jimmy y Jefferson, bajo varias circunstancias agravantes, entre otras la de sevicia. En este punto es importante aclarar que es un solo proceso, por lo cual la defensa del militar Muñoz Linares debe actuar por los dos delitos y no sólo por homicidio.
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  • El subteniente Raúl Muñoz Linares no ha aceptado su responsabilidad en ninguno de los delitos imputados. En su declaración, el militar señala que tuvo relaciones sexuales consentidas con las dos niñas, lo que no significa aceptación del cargo.
Publicado en Edición 168
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