Por: tuto Flórez
@tuto201333

 

“De lo que no se puede hablar hay que callar”, este celebre aforismo del filósofo y matemático austriaco Ludwig Wittgenstein; tal vez tenga plena cabida dentro del contexto comunicativo y periodístico de un país como Colombia, donde pese a que se conceptúa desde la carta magna, la consagración de un estado social de derecho y como tal se concibe a un país cuya forma de organización política es democrática, pareciera inaudito entonces hablar de temas como la censura en el periodismo hoy en pleno siglo XXI.

Sin embargo y en contra de esta apariencia engañosa, vale la pena resaltar de forma enfática, que así como los medios pueden ser usados para desinformar, tergiversar y manipular, también pueden convertirse en instrumentos reales de denuncia, y de una participación activa y dinámica sobre problemas coyunturales y de interés público para un país. En el caso específico que aquí nos ocupa, el silencio pareciera la opción más viable y por lo demás la menos cuestionable, toda vez, que al tratar de temas delicados y sensitivos como lo es el narcotráfico, los cuales se asocian con las clases políticas dominantes, trae como resultado, un desasosiego e intranquilidad, tanto para quien informa, como para el establishment socio político colombiano.

Como quiera que sea el tema de la narco política, más que un anatema u objeto de debate académico, hoy por hoy se ha convertido en un tema accesorio al discurso popular, en el que recurrentemente, se vinculan nombres de figuras públicas del sector estatal, junto a empresas, grupos privados y desde luego los lugartenientes y criminales que desde diferentes zonas de Colombia, dirigen los imperios de la cocaína, el testaferrato, la corrupción y la violencia por nombrar aquí solo algunos de los males más representativos de este fenómeno que lastimosamente no quiere desligarse del núcleo de la sociedad colombiana. En este sentido, la máxima de Wittgenstein, obedece no tanto a un llamado a la prudencia, sino más bien al rigor, que se debe guardar sobre aquello que se ha de decir, más aun, cuando el tema es altamente sensible para un público en general. En Colombia el narcotráfico, se vincula con la institucionalización de las bandas criminales, a mediados de la década de los años 70 y posteriormente se habrá de afianzar con el asentamiento de los dos carteles de las drogas, más impecables y sangrientos de todos los tiempos; a saber: el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Desde que inicia entonces, la lucha institucional por parte del estado Colombiano, contra las drogas ilícitas, inicia una actividad en el terreno político, en el que los narcotraficantes ya fuese indirectamente a través de candidatos o representantes colocados por el dinero de las drogas o directamente como en el caso del renombrado y mediatizado Pablo Escobar, tratarían de hacer un espacio “legitimo” a través de plazas y puesto de orden público y político como tal.

A este último respecto y como fenómeno resultante de los intentos por parte del narcotráfico para infiltrarse en la clase política, es que habría de surgir una nueva anomalía aún más lesiva para la sociedad colombiana, tal y como lo ha sido la denominada narco-política. Resulta entonces necesario,hablar de la infiltración contundente del narcotráfico en todos los niveles y esferas de la sociedad, tales como el entretenimiento, los propios medios de comunicación, el sector financiero, el deportivo, entre otros más; al argüir, que convirtió su actividad económica ilícita, en una actividad tan rentable y lucrativa, que se permeo la base económica legitima de los países, no solo de Colombia.

Se debe observar igualmente, que el dinero, lo que hace es manipular e influir de forma contundente, sobre las personas, y las decisiones que se toman, no solo políticas, sino también a nivel económico, militar y social. Así también, el narcotráfico, comenzó a permear, las altas esferas socio económicas, las cuales fungían como financistas de los grupos políticos dominantes, donde lo que se buscaba era unificar criterios, para disimular la activad ilícita y permitir a los grandes capos dela droga llevar a cabo sus actividades, sin que el estado interviniese de forma acertada y precisa.

Así pues, tal y como lo señala la socióloga mexicana Nora Pérez Rayón, el caso del narcotráfico que de hecho se “profesionalizo” y robusteció durante la década de los años 80, no es muy distinto de lo ocurrido en el contexto colombiano, al exponer que:

LOS LLAMADOS “CÁRTELES DE LA DROGA” mexicanos se han venido fortaleciendo desde la década de 1980; el narcotráfico constituye actualmente uno de los peligros más severos para la seguridad nacional, tanto del gobierno como del Estado y la sociedad mexicana. En nuestro país el problema de las drogas se ha expresado, sin menospreciar el creciente consumo interno, sobre todo por la capacidad de corrupción que genera la producción y el tráfico de estupefacientes y el peligro de desestabilización política que conlleva. (Pérez, 2006)


El anterior caso expuesto para México, encuentra plenas similitudes con lo acaecido para Colombia, desde mediados de los años 80, más aun cuando hoy en día, existe una documentada relación y vínculo entre los carteles de la droga mexicanos y quienes lideran actualmente el narcotráfico en Colombia. Siguiendo esta línea argumentativa, observa el investigador José Luis Cadena Montenegro, en el trabajo titulado: Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares; el describir de forma enfática que:

El fenómeno del narcotráfico, aunque no es de los más nuevos actores, se ha convertido en uno de los más difíciles de combatir por parte del Estado. Su poder corruptor ha infiltrado y penetrado los estamentos oficiales y privados con dinero proveniente del macabro negocio, el cual deja ganancias astronómicas y contribuye a dañar la salud de millones de ciudadanos en diferentes partes del mundo, a la vez que afecta la cultura e incrementa la aparición de fenómenos colaterales relacionados con la pérdida de principios y valores ciudadanos.

En este contexto, México y Colombia tienen una larga tradición de socios en este criminal negocio y en los últimos años. La privilegiada situación geográfica de los dos países ha permitido el crecimiento del mismo, generando tensiones regionales y globales por el impacto violento de las actividades de los carteles que operan el tráfico clandestino y que utilizan el territorio como plataforma para actividades agrícolas, industriales y de servicios que complementan lo que podríamos denominar la industria más productiva en los nuevos tiempos. Una investigación convertida en exitoso libro, muestra esta vieja relación y presenta a los principales actores, entre los que destacan dos colombianos descendientes de familias pertenecientes a la clase política corrupta que, por décadas, ha estado incrustada en el poder. (Cadena, 2010)

Finalmente queda por agregar, que en países como Colombia la lucha frontal contra el narcotráfico, ha sido impulsada no solo desde el marco ejecutivo y legislativo, sino como medida de mitigación a un fenómeno que resulta tan lesivo para el conjunto de la sociedad colombiana, que se ha convertido en una tarea colectiva, la erradicación de un mal tan reprochable y que a su vez alimenta la narco política, como lo es, el de la corrupción.

Así por ejemplo, la corrupción en Colombia desde el punto de vista jurídico; se articuló con la creación del estatuto anticorrupción.

En efecto cuando hablamos de corrupción, estamos hablando entonces de un fenómeno multifactorial, ello en la medida en que se atiende a las múltiples aristas, en la cuales es posible encontrarnos frente a este fenómeno. Podemos entonces hablar; de manera sintética de corrupción política, corrupción administrativa publica, corrupción corporativa, por nombrar solo algunos de los tipos más comunes respecto a aquello que da cuenta de la corrupción en las diferentes esferas de la sociedad. Siguiendo esta línea argumental, resulta imperativo lograr una comprensión y entendimiento, en relación al fenómeno de la corrupción en Colombia, pero visto y abordado desde el marco jurídico y particularmente a partir del denominado estatuto anticorrupción, el cual se condensa bajo la ley 1474 del 2011 y cuyos ejes temáticos se centran en la elaboración, articulación y aplicación de un conjunto de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Pese a que por ejemplo el estatuto anticorrupción se aboca principalmente hacia la regulación de la gestión pública, no por ello deja de servir como precedente legal, de aquello que desde el ámbito legal y jurídico se puede efectuar, para luchar de forma eficaz, contra la narco política en Colombia.

Igualmente cabe mencionar aquí, que es un fenómeno que por su amplitud, alcance y características se convierte más que en un anatema, en un problema que compete por igual a todos los miembros de la sociedad colombiana, debido precisamente al nivel de infiltración que maneja el narcotráfico; velar por los intereses de la nación y del bien público, empieza, por un compromiso de parte de la sociedad misma y de sus diversos actores, para garantizar la democracia y tratar un problema, que pese a haberse insertado como mal indecible en la base del pueblo colombiano, debe ser combatido y erradicado, por medio de diferentes mecanismos y con lo ayuda de herramientas legitimas.

 

 

REFERENCIAS


Álvarez García, E. Andrés. (2007). La lucha contra la corrupción en Colombia como herramienta para un control social exacerbado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Recuperado de:http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24506.pdf


Cadena Montenegro, José Luis. (2010). Geopolítica del narcotráfico, México y Colombia: la equivocación en el empleo de las fuerzas militares. Revista mexicana de ciencias políticas y sociales, 52(210), 45-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182010000300003


Pérez Rayón Elizundia, N; (2006). Iglesia católica, Estado y narcotráfico. Un desafío hacia el siglo XXI. Sociológica, 21() 139-173. Recuperado de:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305024679007

 

LEYES:


LEY 1474 del 2011. Recuperado de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html

 

 

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Sábado, 18 Febrero 2017 07:04

La familia siempre gana

 

En 2001, el Correo Oficial de la República Argentina privatizado a favor del Grupo Macri, dio quiebra y la empresa Socma, su gestionadora, se declaró insolvente. Quince años después Mauricio Macri, cuyos hijos tienen a su nombre las acciones de la empresa, acepta una quita de deuda de 70 mil millones de pesos a pagar en 2033. Los fiscales imputaron al presidente por fraude al erario público.

Los negocios familiares siguen dando dolores de cabeza al presidente argentino. Apenas iniciada su gestión saltó el caso de los Panama Papers, que lo contó entre los principales protagonistas en los medios del mundo por sus cuentas secretas y oscuras en los bancos panameños junto a su familia. Ahora es la condonación del 98 por ciento de una deuda de 4.000 millones de pesos que el Grupo Macri, fundado y capitaneado por su padre, Franco, tiene con el Estado por haber quebrado al correo argentino, empresa estatal privatizada en tiempos de Carlos Menem, durante los años noventa. La cifra sube a 70 mil millones si prospera el escandaloso acuerdo de pagar en 2033 la deuda: a esa fecha Macri acumularía en total 70.163 millones de pesos a pagar al erario público.

El caso fue destapado por la publicación digital Nuestras voces, conducida por la periodista Gabriela Cerruti, el miércoles 8, el día del cumpleaños del presidente. Según la reconstrucción del periodista Ariel Lijalad, el expediente por la quiebra del correo argentino lleva 15 años paralizado en los tribunales porque las propuestas de pago del Grupo Macri eran consideradas abusivas por el Estado nacional. Por eso el 19 de mayo pasado –con Macri ya en el gobierno– fue el Estado el que solicitó una nueva audiencia y adelantó que “podría prestar conformidad a un acuerdo de pago en caso de mejorarse la propuesta”. El 28 de junio el Grupo Macri volvió a ofertar en términos similares y los representantes del Estado aceptaron la oferta de pago constituida por el 1,18 por ciento de los 70.163 millones de pesos de deuda a pagarse en 15 cuotas anuales a partir de 2018. La quiebra fue dictada en setiembre de 2001 y los Macri terminarán de pagar así 32 años después.

El 30 de diciembre pasado la fiscal general Gabriela Boquín emitió un dictamen en el que considera lesivos para el erario público e ilegales jurídicamente los términos en que el acuerdo fue homologado: quien firmó a nombre del Estado es un funcionario nombrado transitoriamente por seis meses y que no cuenta con los poderes necesarios para representar el cargo.

El estallido del escándalo llevó a que el fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitara la imputación de Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Mocoroa, como autores penalmente responsables de conductas delictivas respecto del concurso sobre el correo argentino por perjuicios al Estado nacional. Ahora será el turno del juez federal Ariel Lijo de avanzar a partir de este pedido del fiscal.

Desde el miércoles 8 se presentaron cuatro denuncias contra Macri por este tema. Dos se tramitan en el juzgado de Lijo, otra en el del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la restante en el del juez Alfredo Martínez de Giorgi, pero todo indica que se unificarán en un solo expediente a cargo de Lijo.

Los números de la quita surgieron de la investigación realizada por la fiscal Gabriela Boquín a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), a cargo de la especialista en cuestiones contables Judith König, también funcionaria de la Procuración General de la Nación.

La historia es compleja e intrincada y merece la atención de la justicia económica: cuando a Franco Macri le reclamaron el pago de la deuda, en 2001, aseguró que él ya no era titular del Grupo Macri, pero las acciones de Socma, parte del Grupo Macri y empresa controladora del correo argentino, estaban en manos de la familia. Franco cedió sus acciones a Mauricio pero se quedó con el usufructo vitalicio de ellas. Mauricio, a su vez, las delegó en sus hijos Jimena, Juan Francisco y Agustina. Las acciones de la empresa siguen en manos de la familia Macri y por eso la fiscal Boquín considera necesario frenar el acuerdo e investigar si en última instancia el beneficiario de la quita de la deuda no es el mismísimo presidente Mauricio Macri.

 

LA PROCURADORA EN LA MIRA.


El escándalo del correo vuelve a avivar el encono del gobierno macrista con la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, a quien desde el mismo 10 de diciembre de 2015, día de la asunción del actual gobierno, intentan desplazar. El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue directo cuando pidió a Gils Carbó que diera un paso al costado en sus funciones. La funcionaria fue nombrada por el gobierno de Cristina Fernández en 2012 con el aval en pleno del parlamento nacional, que destacó su “foja de servicios impecable y su nivel académico apto para asumir el cargo de procuradora” . Gils Garbó es, además, la primera mujer en acceder a ese puesto en el país. Según la Constitución la funcionaria puede permanecer en el cargo hasta los 75 años, salvo que sea removida por inconductas en su accionar como funcionario público por el parlamento nacional.

En su avance sobre las instituciones y funcionarios, el macrismo tiene en Gils Carbó una espina clavada. Como los embates de Garavano para desestabilizarla no dieron fruto, es ahora el hombre fuerte de Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien tomó a su cargo la tarea. “En cuanto pase el vendaval por el caso del correo, seguramente Peña va a tomar las riendas del asunto para sacar a la procuradora”, dijo un diputado del oficialista partido Pro a Brecha en charla informal.

En el parlamento todo el arco opositor condenó el acuerdo firmado el año pasado para condonar la deuda al Grupo Macri y pidió explicaciones al presidente y su ministro Oscar Aguad, a la sazón viejo amigo del genocida Luciano Menéndez en Córdoba. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, consideró ruin el pacto y pidió dar marcha atrás. En el kirchnerismo y la izquierda las protestas han sido similares.
La reacción del oficialismo corrió por boca de Marcos Peña, que pidió una reunión urgente con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, encargados de homologar o no el acuerdo con el correo. Presumiblemente correrán las presiones del Poder Ejecutivo: no se entiende otra motivación de reunirse con los jueces de parte de un gobierno que asumió pidiendo independencia para el poder judicial.

 

Recuadro

 

Borratina


El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se sumó hace dos semanas a la movida oficial de menospreciar, cuando no directamente negar, el genocidio de la dictadura militar de 1976. “No hubo un plan sistemático de parte del gobierno (de Jorge Videla), sino que hubo excesos y descontrol en las acciones de los jefes militares”, sostuvo en un programa de televisión, desconociendo fallos judiciales y sentencias de los últimos 13 años sobre el genocidio argentino.
“No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, agregó en relación con la cantidad de desaparecidos. Pese a que generó un pedido de renuncia firmado por parte de todos los organismos de derechos humanos, el gobierno se limitó a decir, por medio del jefe de gabinete, Marcos Peña: “no compartimos sus dichos”. Y Gómez Centurión, un ex militar carapintada que complotó con Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1987), sigue en su cargo.

 

 

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Viernes, 17 Febrero 2017 06:20

La vieja izquierda no recuperará hegemonía

De "terriblemente decepcionante" califica el intelectual italiano Antonio Negri la actuación de la izquierda en Brasil, luego de una visita en la que entrevistó a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), ex altos cargos de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, y miembros de movimientos sociales. Negri nunca ocultó sus simpatías por los gobiernos progresistas latinoamericanos con los que mantuvo buenas relaciones. Por eso es significativo que uno de los más destacados pensadores actuales tome distancias de las izquierdas de la región.

Sus opiniones fueron vertidas en un largo artículo difundido a comienzos de febrero bajo el título Impresiones de una visita a Brasil (goo.gl/qR63Qn ). Ordena su análisis en torno a siete preguntas, de las cuales abordaremos apenas las más relevantes.

La primera consistió en saber por qué el PT reprimió las manifestaciones de junio de 2013. Le sorprende que todos los consultados dijeran que "esos movimientos amenazaban desde el inicio la mantención de nuestras gobernabilidad". Recordemos que se trataba de luchas contra el aumento del precio del transporte y contra la represión policial. No toma en cuenta las respuestas que dijeron que se trataba de movimientos inspirados por la CIA, porque considera que no tiene sentido.

Negri asegura que ya en esos momentos "el PT tenía una relación mala con las poblaciones metropolitanas" que desde 2013 pedían al gobierno de Dilma que abandonara su inflexión neoliberal.

La segunda pregunta que formuló es por qué siguen muriendo tantos jóvenes negros. No obtuvo respuestas, lo que le permite destacar que la falta de voluntad del PT para comprender y asimilar esta problemática generó "un vacío de relaciones" con la población de las favelas, que "facilitó la entrada de la derecha religiosa (y no religiosa) en medio del proletariado negro". Cree que este es uno de los nudos de la crisis del PT, ya que perdió contacto con un sector clave del proletariado, ya que "revela la crisis más pesada para la izquierda, allí donde era hegemónica".

Cuando preguntó por qué el PT no fue capaz de responder a la ofensiva de la derecha desde 2013, concluyó que las relaciones que mantiene con los sindicatos y los campesinos sin tierra "se habían tornado irrelevantes, o tal vez subsistieran sólo para fines de propaganda". Negri sostiene que eso permitió a la nueva derecha conquistar la hegemonía en las calles por primera vez en muchos años.

Luego hace algunas afirmaciones notables. El PT no encaró una reforma constitucional que garantizase la gobernabilidad sin necesidad de corrupción. "La idea de gobernar por medio de la corrupción, o sea, retomando el hábito de la derecha, no parece haber perturbado el proyecto del PT desde el principio", escribe el coautor de Imperio. En la misma dirección va su denuncia de que los gobiernos del PT establecieron “un acuerdo tácito de fair play con los conglomerados mediáticos; ningún ataque a ellos por parte del gobierno y recíproca lealtad por parte de los medios”, por lo menos en la década que funcionó la gobernabilidad, o sea entre 2003 y 2013.

En sus conclusiones, Negri sostiene que los cuadros del PT "interpretan todo en términos de equilibro gubernamental y parlamentario", lo que explica que no fueran capaces de ponerse al frente de las movilizaciones de junio de 2013 y optaran por la represión. Cuando los criticó por no haber apostado por "contrapoderes de los pobres" para enfrentar a la derecha, obtuvo una respuesta que considera "patética" para alguien que se considera de izquierda: "Nosotros defendemos el estado de derecho".

Cree que el PT no volverá a ser una fuerza hegemónica y que la izquierda brasileña no podrá reconstruirse en pocos años. La cuestión pasa ahora por las luchas en los colegios secundarios y las luchas dirigidas por las mujeres, dice Negri. Pero el punto central, una vez más, es la cuestión negra, o sea del sector más pobre y rebelde de la clase obrera. "El PT se convirtió en una fuerza blanca, pálida con relación a la cuestión racial y débil al confrontar las políticas neoliberales".

Hasta ahí, de forma muy apretada, algunas conclusiones de Negri. Creo que son acertadas, sobre todo el énfasis en explicar la crisis por la represión a las manifestaciones, el alejamiento de los movimientos y la incapacidad de comprender la opresión racial. El no colocar a la izquierda como víctima de los medios y del imperio es un paso adelante en relación con los mediocres análisis al uso.

Habría que explicar, no obstante, por qué los gobiernos del PT optaron por dar prioridad a la gobernabilidad por delante de las luchas sociales y de clases. Este punto es importante, porque no es la primera vez que sucede. Estamos ante un tipo de actitudes que van mucho más allá de las opciones tomadas por los dirigentes del PT.

La primera cuestión se relaciona con los caminos elegidos. Optar por el Estado lleva directamente a defender el "estado de derecho", la "razón de Estado", lo que implica posicionarse contra los movimientos y los pueblos. La vieja izquierda todavía cree que el Estado es una herramienta neutra, algo que ya suena agotado luego de un siglo de revoluciones fallidas.

La segunda es más compleja. El Estado ha sido, y siegue siendo, el criadero de la clase dominante. Desde que llegó al gobierno, el PT estrechó alianzas con los grandes empresarios y con el sector financiero, fue el gran defensor del agronegocio y bajo sus gobiernos la banca obtuvo las mayores ganancias de su historia. La corrupción que ahora se destapa, interesadamente por parte de las derechas, no es una anomalía, sino intrínseca al sistema. Es imposible gobernar una gran nación capitalista sin corromperse.

Por lo tanto, trabajar por cambios de fondo implica recorrer otros caminos, en particular, abandonar el objetivo de gobernar a otros y ponerse a la tarea de impulsar la organización de los pueblos, primer paso para el autogobierno. Lo demás es seguir buscando mesías y salvadores.

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Martes, 14 Febrero 2017 08:04

EE.UU. abre otro frente

 

Estados Unidos impuso sanciones financieras contra el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico internacional, abriendo un nuevo frente con América latina. El Aissami, un influyente dirigente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, designado vicepresidente por el presidente Nicolás Maduro el 4 de enero (foto), fue incluido en una lista de sanciones de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), una oficina del departamento del Tesoro estadounidense. El Aissami se convirtió en el funcionario venezolano de mayor rango sancionado por Estados Unidos. Sin duda, esta medida generará fuertes tensiones entre Washington y Caracas.

El Departamento del Tesoro incluyó a El Aissami y a un socio suyo, el empresario Samark José López Bello, en la lista “Kingpin”, una nómina donde se registran a los narcotraficantes. López Bello será juzgado por proporcionar asistencia material y financiar las supuestas actividades ilegales de vicepresidente. La inclusión en ese listado supone la congelación de cualquier activo que tengan bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a cualquier ciudadano norteamericano de hacer transacciones con ellos.

Fuentes de la administración Trump quisieron aclarar que no se trata de una represalia diplomática o política, sino que el vicepresidente debe responder a la investigación por narcotráfico. “Las acciones de la OFAC son la culminación de una investigación de varios años contra los importantes traficantes de narcóticos en Venezuela y demuestra que el poder y la influencia no protege a aquellos que realizan estas actividades ilegales”, manifestó su director interino, John Smith, según la nota difundida por el Tesoro norteamericano. El Aissami, que fue gobernador del estado Aragua y ministro del Interior, “facilitó los cargamentos de narcóticos desde Venezuela”, detalló la oficina gubernamental, señalando que el funcionario supervisó o fue dueño parcial de cargamentos con más de mil kilogramos de droga, que salieron de Venezuela con destino a México y Estados Unidos. Según la acusación, el ex ministro habría recibido supuestamente pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y también tendría lazos con el cartel mexicano Los Zetas, reza la denuncia el Tesoro.

A principios de febrero, 34 legisladores de Estados Unidos solicitaron al presidente Trump que tomara medidas para sancionar a funcionarios del gobierno venezolano que “están beneficiándose por las violaciones de derechos humanos” que, según ellos, sufre el país sudamericano.

 

 


 

 

El País

 

 

ALFREDO MEZA

Caracas 14 FEB 2017

 

 

Dos socios al descubierto

 

Samark López, el empresario socio del vicepresidente Tareck El Aissami, se hizo millonario tras ser director de Planificación del Gobierno de Mérida

 

Samark López en una imagen de su web.  SAMARKLOPEZ.ORG

 

 

Era un secreto a voces en Venezuela hasta que este lunes una dependencia oficial ha confirmado la relación entre el vicepresidente Tareck El Aissami y el empresario Samarck José López Bello, quien ha sido incluido junto al funcionario venezolano en la lista negra de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) -una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos-, por sus supuesta relación con el narcotráfico y prácticas de lavado de dinero.

Una nota de prensa de la OFAC afirma que López, nacido en julio de 1974, “ha proporcionado asistencia material y financiera en bienes y servicios para apoyar en las actividades de tráfico de sustancias ilegales actuando por o en nombre de El Aissami”. Economista y empresario venezolano del sector alimentario y de la construcción, López trabajó como director de Planificación del Gobierno de Mérida (oeste de Venezuela), la provincia de donde es oriundo el vicepresidente. A partir de ese momento forjó un espectacular ascenso que lo convirtió en un hombre poderoso. Hasta hoy de él solo se hablaba en susurros.

López, siempre según la OFAC, supervisa una red internacional, compuesta por compañías de petróleo, distribución, ingeniería, telecomunicaciones y compañías de activos, que tiene contratos con el Gobierno venezolano. 13 de ellas han sido bloqueadas tras la medida anunciada por Washington.

Su nombre se dio a conocer por primera vez en Venezuela en el año 2009, cuando una concejala de la provincia denunció que una de sus empresas, Grupo Sahect, era la responsable de que caducaran toneladas de alimentos básicos importados por la estatal Pdval. López sobrevivió a ese escándalo, aunque comenzó a ser señalado por la prensa local. Todos apuntaban a una idea que hoy suscribe la OFAC: el empresario era utilizado como testaferro por el vicepresidente para amasar una fortuna. “También maneja los arreglos comerciales y financieros que generan beneficios significativos a El Aissami”, afirma esta dependencia del Departamento del Tesoro.

La página web Poderopedia asegura que López es el responsable de la compra de la Cadena Capriles (hoy Grupo Últimas Noticias), que hasta que fue vendido poseía tres exitosas cabeceras periodísticas: los diarios populares Últimas Noticias y Líder en Deportes y el económico El Mundo. Esta adquisición fue la primera de una serie de operaciones que acabaron con el poder de la prensa tradicional en Venezuela y se colocó al servicio del régimen bolivariano.

Fue la primera compra de un gran medio que se vincula al vicepresidente. Desde que llegó al Gobierno del Estado de Aragua, en 2012, El Aissami se propuso invertir en el negocio de la televisión para procurarse una imagen de político exitoso. En los últimos tiempos, a través del productor de televisión Esteban Trapiello, mejoró la red estatal de medios audiovisuales e invirtió en un poderoso canal, llamado La Tele Tuya, que hoy transmite en exclusiva los grandes eventos deportivos de Venezuela.

En la base de datos del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, Samarck López aparece como empleado de Profit Corporation, una empresa de ingeniería, que ha obtenido contratos en el área de hidrocarburos y el sector eléctrico y que es una de las 13 sancionadas por la OFAC. Según el organismo cobra un salario de 46.890,17 bolívares mensuales (unos 12 dólares, según la tasa de cambio del mercado negro). La información oficial trata de desviar la atención sobre el verdadero poder acumulado por López, hijo de una pareja de educadores que trabajaron en el Estado de Delta Amacuro, en el extremo oriente de Venezuela, uno de los más pobres del país. Su ascenso, en cualquier caso, también coincide con el poder creciente que ha acumulado el vicepresidente luego de la muerte de Hugo Chávez. Se las ha arreglado para ser el escudero de Maduro en medio de la peor crisis económica de la historia republicana de Venezuela.

El largo camino que desembocó en las sanciones anunciadas por Washington contra El Aissami empezó en 2010, según fuentes consultadas por este diario. Poco antes, en agosto de 2009, fue capturado el narcotraficante venezolano Walid Makled en la frontera con Colombia. Makled aseguró, en entrevistas concedidas a la prensa colombiana tras su detención, que los cargamentos pasaron sin supervisión por Venezuela hacia su destino final gracias a un pacto con El Aissami, entonces viceministro del Interior.

Se desconoce si esas afirmaciones fueron ratificadas en el juicio, que se celebró sin presencia de público, y culminó en una condena de 15 años de prisión para el capo. El alto funcionario negó una y otra vez esas acusaciones calificándolas de infamias y de ser en realidad una represalia contra Venezuela por expulsar a la DEA en 2005. Pero el Departamento del Tesoro dice tener pruebas de que el hoy vicepresidente facilitó el traslado de más de 1.000 kilos de droga en varias ocasiones desde Venezuela hacia Estados Unidos y México, que iban destinadas al cártel de Los Zetas. Además también asegura que brindó protección a otros dos narcotraficantes. En su defensa, El Aissami ha dicho que durante su gestión como responsable de la seguridad del Estado venezolano se capturó a más narcotraficantes que en ninguna otra época.

El Gobierno de Venezuela no había respondido a la decisión estadounidense entrada la noche de este lunes. Quien sí lo hizo fue Samark López a través de su página web, donde asegura ser un empresario “que trae dignidad a la gente”. “El listado no contiene ninguna evidencia fáctica o justificación legal respecto de la razón por la cual Samark López debe ser colocado en ese listado, más allá de que Samark Lopez y Tareck El Aissami se conocen personalmente. El listado parece estar motivado políticamente (...) Samark Lopez ejercerá todos los recursos legales, administrativos y judiciales posibles”, dice.

 

 

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La Fiscalía asegura que un millón de dólares de un soborno habría terminado en la gerencia de la campaña del presidente de Colombia

La investigación del ‘caso Odebrecht’ y sus ramificaciones parecen no tener fin en América Latina. En Colombia da la impresión de que no ha hecho más que empezar. Este martes, la Fiscalía ha asegurado que parte del dinero recibido como soborno por un exsenador detenido a principios de año habría terminado en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.


El pasado 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula. Según dijo en su momento la vicefiscal, María Paulina Riveros, Bula fue contratado por la compañía brasileña en agosto de 2013 con el propósito de asegurar que Odebrecht consiguiese el tramo de una vía en el marco de la construcción de la Ruta del Sol, en Colombia. Según la investigación de la fiscalía, Bula recibió una comisión de 4,6 millones de dólares. “Se ha establecido que de dicho monto, el señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma total de un millón de dólares, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña ‘Santos Presidente-2014’”, ha asegurado en un comunicado la Fiscalía este martes. Según el ente acusador, de ese millón de dólares, "se habría descontado una comisión por el 10 %, a favor de terceros ya identificado por la Fiscalía".


El gerente de la campaña de Santos en 2014, Roberto Uribe, rechazó las acusaciones. “Manifiesto mi más enérgico rechazo a las infundadas, tendenciosas y calumniosas declaraciones sobre mi persona dadas por el señor Otto Bula a la Fiscalía General de la Nación; a quien escasamente distingo, y con quien nunca, pero nunca, he compartido siquiera un café”, aseguró Uribe en un comunicado. “Promoví y lideré al interior de la campaña la política de no recibir donaciones. Los gastos de la misma fueron sufragados con los ingresos por reposición establecidos en ley, tal como consta en los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución”, añade el texto.


El de este martes es el penúltimo capítulo de los tentáculos con los que el ‘caso Odebrecht’ parece golpear a Colombia en poco menos de un mes. El primer episodio se produjo el 12 de enero, cuando la Fiscalía detuvo a Gabriel García, exviceministro de Transporte durante el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, en los años 2009 y 2010. El político recibió 6,5 millones de dólares de Odebrecht para garantizar que el gigante brasileño de la construcción fuera la única firma habilitada para la licitación de un tramo de la Ruta del Sol, una de las principales vías del país. "Se le imputarán los delitos de cohecho perfecto, interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito", han anunciado los investigadores. García Morales fue el primer detenido en Colombia por el escándalo de la compañía de Brasil multada con 3.500 millones de dólares por pagar sobornos para conseguir contratos en diversos países de América Latina.


Dos días después de la detención del exviceministro de Uribe se produjo el arresto de Otto Bula, un conflictivo excongresista que ha aparecido en diversas polémicas y casos de corrupción durante las últimas décadas en Colombia. En los últimos días, había trascendido que Bula daría nombres de 14 personas, incluidos exministros y expolíticos, que, según dijo, estarían implicados en sobornos por parte de Odebrecht.


La financiación de la campaña de Santos en 2014 no es la única que ha sido salpicada por el caso de corrupción de la compañía brasileña. Desde hace varias semanas, se investiga la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, el rival derrotado de Santos en las últimas presidenciales. Según las investigaciones, Odebrecht habría pagado 1,6 millones de dólares a Mendoça para asesorar la campaña de Zuluaga, candidato de Álvaro Uribe, quien ha pedido a la Fiscalía que investigue este hecho.

Bogotá 8 FEB 2017 - 04:50 COT


Caso Odebrecht
La Fiscalía peruana pide el arresto del expresidente Toledo por corrupción


Un fiscal solicita la detención preventiva del exmandatario por un presunto soborno de 20 millones de dólares en el caso Odebrecht


Raúl Tola
Lima 7 FEB 2017 - 18:57 COT

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro -jefe del equipo especial que investiga el capítulo peruano del caso Lava Jato- ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo se le acusa de haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil.


La solicitud será analizada en el plazo de dos días por el primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional e irá acompañada de una orden de captura internacional y una alerta a la Interpol, ya que hasta el domingo Toledo se encontraba de viaje en París, junto a su esposa Eliane Karp.


Desde la capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde negó haber recibido los sobornos denunciados. También retó a que Jorge Barata -exrepresentante de Odebrecht en Perú y ahora colaborador de la Fiscalía peruana- demostrara sus afirmaciones.


"Que el señor Barata diga cuándo, cómo, dónde y en qué banco me han dado 20 millones de dólares", enfatizó en la entrevista.


La situación judicial de Alejandro Toledo comenzó a complicarse el viernes, cuando su vivienda del barrio residencial de Camacho fue registrada, a solicitud de la Fiscalía. Esta casa y varias oficinas habrían sido adquiridas con parte del dinero recibido de Odebrecht.


Durante el registro, que duró más de seis horas, fueron incautados distintos objetos: una caja fuerte, numerosos videocasetes, dos teléfonos móviles (uno de ellos satelital), gran cantidad de documentos y hasta una corona inca de oro. También fueron requisados 33.000 dólares en efectivo. "No puedo permitir que ingresen a mi domicilio como delincuentes a las tres de la mañana sin notificación, sin la presencia de mis abogados. Se han llevado cosas muy valiosas para mi esposa, que es antropóloga", denunció Toledo.


El lunes por la tarde, la Fiscalía formalizó la investigación contra Toledo por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. También serán investigados el empresario Joseff Maiman -amigo íntimo del expresidente, que habría facilitado sus cuentas en Londres para el depósito de los sobornos- y Jorge Barata. El primero como autor y el segundo como cómplice.
Ese mismo día se supo que el Poder Judicial había ordenado la incautación de una cuenta de Maiman en Costa Rica, con 6,5 millones de dólares en fondos. Lo hizo luego de que un fiscal costarricense advirtiera a Perú que los abogados del empresario querían retirar el dinero. La cuenta estaba a nombre de la offshore Ecostate y los depósitos podrían ser pronto repatriados.


También se ha sabido que el encargado de negociar los sobornos con Jorge Barata habría sido Avi Dan On, jefe de seguridad cuando Toledo fue presidente. Según el testimonio de Barata, ambos se conocieron en 2004, en un evento en el Palacio de Gobierno, como intermediario para ayudar a Odebrecht en la licitación. El monto inicial del soborno debió ser de 35 millones de dólares, pero finalmente quedó reducido a 20 millones.


En su defensa, Toledo aseguró que las denuncias en su contra eran parte de una persecución política emprendida por sus "enemigos tradicionales". Se refería al fujimorismo, a quien se enfrentó en las elecciones de 2000. Toledo no ganó esa vez, pero alcanzó el poder al año siguiente, luego de la caída de Alberto Fujimori por los graves actos de corrupción que registró su asesor Vladimiro Montesinos. Una vez en el poder, numerosos integrantes de este régimen fueron detenidos, procesados y encerrados en la cárcel, incluidos Fujimori y Montesinos.


Cuesta creer la argumentación de Toledo, si se toma en cuenta que la declaración del colaborador ha sido cotejada con registros bancarios de Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. Además, el actual presidente del Perú es Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del propio Toledo.

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Como con la justicia restaurativa de la Jep, en el campo de la educación se han concertado los intereses neoliberales y plutocráticos para impedir la implementación de los acuerdos de paz en dicha materia.

Un proyecto de Decreto Ley que propone los espacios para la educación técnica, tecnológica y científica en el sector rural que será objeto de una amplia reforma integral, es estigmatizado con mentiras y sofismas por los grupos que monopolizan y se enriquecen como billonarios con el negocio turbio de planteles y universidades de garaje.

Con lenguajes seudo científicos y con argumentos inconsistentes los asesores del mercado neoliberal educativo (Oscar Sánchez y Cajiao)  quieren impedir los ajustes institucionales y legales de paz en el sector educativo nacional.

Sabotean la Catedra de la paz y la ciencia de la paz y ahora, aliados con el uribismo parapolítico, pretenden que todo siga igual.

No se saldrán con la suya.

La implementación de los acuerdos de paz es un sistema complejo y denso que compromete muchas variables de la sociedad y su Estado.

En el texto del Acuerdo de paz firmado en el Teatro Colon de Bogotá, el día 24 de noviembre del 2016, entre el Presidente Santos y Rodrigo Londoño, sobresale por sus implicaciones el tema de los ajustes institucionales y las adecuaciones en la estructura y funciones del Estado para la construcción de la paz.

Son muchos los frentes implicados en tal sentido. Ya se conoce el trámite legislativo para crear la Justicia Especial de Paz/Jep y los mecanismos extrajudiciales respectivos como la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de los 90 desaparecidos en los últimos 120 meses.

La oposición a estos desarrollos del consenso de paz entre el Estado y las Farc no se ha hecho esperar y ya se conoce el rosario de contrarreformas planteadas y agitadas por el viejo sistema de la jurisdicción ordinaria. El más beligerante en tal sentido ha sido el Fiscal Néstor Humberto Martínez, funcionario que ha hecho circular una retahíla de imprecisiones, las cuales corresponden al repertorio uribista de ataques a la justicia de paz, para intentar desnaturalizar el Proyecto de Acto legislativo que establece un artículo transitorio en la Constitución con los pactos en materia de justicia transicional restaurativa. También desde la Corte Suprema y del Consejo de Estado se han hecho sentir voces estentóreas en defensa de las leyes carceleras y punitivas del ojo por ojo y el diente por diente. El más reciente coletazo de estos sabotajes corre por cuenta del nuevo Procurador Fernando Carrillo quien ha pretendido meter sus narices en la Jep para conservar los privilegios que tiene en la justicia ordinaria con la fronda burocrática que hace presencia en los procesos judiciales no obstante el papel de los conocidos jueces de garantías.

Los opositores a las reformas de la paz también se dejan sentir contra los necesarios e inevitables ajustes en el sistema educativo nacional.

En efecto, la Ministra del Trabajo, el Director del Sena y la Ministra de Educación, han hecho conocer un Proyecto de Decreto ley, el cual debe firmar el Presidente de la Republica en ejercicio de las facultades extraordinarias de paz que le otorgo el Acto Legislativo 01 del 2016 declarado exequible por la Corte Constitucional que valido el “Fast Track” o vía rápida para ejecutar los pactos de reconciliación.

Dicho proyecto “Por el cual se trazan los lineamientos para contribuir en la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a través de una estrategia de transferencia tecnológica al sector rural y al sector productivo del país, fortaleciendo la formación profesional en el marco del desarrollo del Sistema Nacional de Educación Terciaria, que mejore la productividad del trabajo, la empleabilidad, el desarrollo socioeconómico, y se dictan otras disposiciones” (http://bit.ly/2kCg9vq ), se inscribe, en su motivación y articulado, en los sentidos y propósitos que animan los amplios consensos alcanzados para dar por terminado el conflicto social y armado y pasar a la construcción de la institucionalidad correspondiente a la reconciliación entre los colombianos.

El borrador conocido está organizado en cinco títulos y 29 artículos que se refieren a su objeto, finalidad, componentes de la estrategia, el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria – SISNACET, la oferta de maestrías técnicas, la educación técnica y formación profesional, el Marco Nacional de Cualificaciones MNC, Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC), y la Transferencia del contrato de aprendizaje al sector rural y de la construcción.

Y quién dijo miedo, al modo de la obstrucción ultraderechista del uribismo, los poderosos gamonales del sector oficial y privado de la educación, agremiados en diversas corporaciones que defienden aberrantes privilegios mercantiles y burocráticos, organizaron un coro plañidero para estigmatizar la iniciativa de paz.

Bien es sabido que la educación colombiana, pública y privada, sobresale por su pésima calidad. La misma ha sido convertida en un siniestro negocio de mercaderes convertidos en multimillonarios de nuevo tipo. Universidades como la Antonio Nariño, San Martin, Unisinu y una red de instituciones de garaje son verdaderas cloacas y alcantarillas de sórdidos negociantes que explotan a millones de jóvenes excluidos del sistema universitario público, en el que, igualmente, se refugian mediocridades académicas y docentes, interesados exclusivamente en prebendas burocráticas y salariales, ignorando las demandas y desafíos de una educación científica y moderna.

Es el mismo orden educativo burocrático neoliberal, oficial y privado, que impide, con múltiples argucias, la implementación de la catedra y la pedagogía de la paz. La investigación y los estudios para la paz.

Rectores, directivos y docentes anquilosados, en todos los niveles y sectores, le sacan el cuerpo a la paz e ignoran los compromisos éticos en ese sentido.

Obviamente hay excepciones en algunas universidades y colegios, pero la norma es el desconocimiento de los acuerdos de paz y sus compromisos puntuales.

Por supuesto, la paz necesita de la educación. Los campesinos (casi 13 millones) y la reforma rural integral, los indígenas, las mujeres, los afros, las víctimas, la sociedad necesita el concurso de la educación, publica y privada, para sacar adelante la erradicación de la violencia.

Es lo que hace conveniente y necesaria la hipótesis de las Ministras del Trabajo y Educación y del Director del Sena.

De nada sirve atravesarse como una mula muerta para defender los aberrantes y billonarios privilegios de los negociantes de la educación y de la burocracia docente y administrativa que parasita y engorda en las oficinas del gobierno.

El desarrollo agrario, ecomun (red de cooperativas), las vías terciarias, los proyectos productivos para sustituir la coca, la democracia ampliada, la participación politica, los derechos de los movimientos sociales, los guerrilleros en movilización politica, las víctimas, necesitan con urgencia un sistema de educación terciaria técnica, tecnológica, universitaria y profesional para el trabajo, para el desarrollo humano, para la seguridad alimentaria y para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

La sociedad civil democrática tiene que actuar para impedir que los mandamases del negocio y los privilegios educativos se le atraviesen a la paz con sofismas y tesis engañosas, como las que sacan a relucir ciertas fichas (también extrañamente enriquecidas como “nuevos ricos”) que presumen de eminencias educativas (Cajiao, Oscar Sánchez et.al), que en realidad son mandaderos de los intereses corporativos plutocráticos acumulados con la educación neoliberal (http://bit.ly/2jX1qcz y http://bit.ly/2kgKTRz ).

Nota. La Guajira no es solo un gobierno fallido. Lo es también su sociedad con sus valores éticos y democráticos por el suelo. Esa es una tierra de nadie o de bandidos, para ser más precisos. Kiko Gómez (50 años de cárcel por asesino), Oneida (pendiente de ir al Buen Pastor, a no ser que los de Cambio Radical dispongan lo contrario), Ballesteros, De Luque y ahora Amilkar Acosta (estrenando cortinas de humus y aun vestido de seda wayyu), quien presume de intelectual perfumado, sale de la Federación de Departamentos, ciertamente manejado por él como un anquilosado feudo guajiro, con niños wayuu muriéndose a granel por desnutrición, por adjudicar a dedo un jugoso contrato por casi 20 mil millones de pesos, desconociendo normas mínimas de transparencia y pulcritud (http://bit.ly/2ljTswd ). Podrida esta elite guajira asociada a la politiquería tradicional, como el señor Acosta y su nauseabundo entorno.

 

Bucaramanga, 7 de febrero del 2017.

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Eike Batista es arrestado como sospechoso de simular la venta de una mina de oro para transferir 16,5 millones a un político


Eike Batista, el que fue el hombre más rico de Brasil y el séptimo del mundo, fue detenido el lunes, acusado de alimentar una millonaria trama corrupta en Río de Janeiro. El nombre del empresario estaba en la lista de forajidos de la Interpol desde el jueves, cuando la Policía Federal intentó detenerlo en su lujosa casa de Río de Janeiro: él se encontraba en Nueva York en un viaje de negocios. Ahora que ha vuelto a pisar Brasil, Eike ha sido detenido como sospechoso de simular la venta de una mina de oro para transferir 16,5 millones de dólares al exgobernador de Río, Sergio Cabral. Este último está en prisión desde noviembre, acusado de recibir sobornos de constructoras responsables por obras públicas en Río.


Pocas personas encarnan la rápida ascensión y declive de Brasil tan bien como Eike Batista. Cuando el país estaba en racha, él adquiría y derrochaba millones, conquistaba accionistas de todo el mundo con sus negocios petroleros, de construcción naval y sus minas de oro, hizo fortuna a un ritmo de vértigo y, en fin, ganó poder. Dueño de 34.000 millones de dólares, el empresario fue en 2012 el séptimo hombre más rico del mundo, según Forbes. Nunca ocultó que su meta era ser el más rico del planeta. Un año más tarde, en 2013, como presagio de lo que se le venía encima a la economía brasileña, su ambición y optimismo lo arrastraron a una bancarrota multimillonaria: había prometido tres veces más petróleo del que era capaz de producir. En los últimos meses, Eike intentaba resucitar como emprendedor de éxito en un país que atraviesa su peor recesión en 30 años y que enfrenta por primera vez la corrupción institucional.


Durante una época, parecía que Batista podía venderlo todo. Hasta a sí mismo: se vendía con sabiduría como un empresario hecho a sí mismo, alguien que había hecho su primera fortuna extrayendo oro en la Amazonia con 22 años. No decía que su padre, exministro de Minas y Energía y expresidente de la segunda mayor empresa minera del mundo, la antes pública Vale do Rio Doce, a lo mejor tenía algo que ver con su suerte.


Fama y dinero


Pero Batista tenía una de esas personalidades que seducen a los biógrafos, y así, el personaje fue ganando a la persona real. Los políticos se lo rifaban y eran comunes sus fotos con los expresidentes del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Ellos querían sus millones y él necesitaba su beneplácito y contratos públicos. Batista fue generoso con todos, independientemente de la ideología. Acabó convertido en un fenómeno. Amado por Wall Street, agasajado por ministros, jaleado por la prensa local, parado en la calle por seguidores que le pedían autógrafos.


En 1990 comenzó a ser conocido por su vida sentimental, más concretamente por romper su compromiso con una rica heredera de Río de Janeiro y casarse con Luma Oliveira, que se había hecho famosa por haber desfilado en toples en un carnaval de finales de los ochenta. Se casaron cuatro meses después, el día del cumpleaños de aquella primera prometida: Luma estaba ya embarazada. Se especuló mucho sobre los celos que le torturaban. En la fiesta de lanzamiento de un ejemplar de Playboy en el que Luma salía desnuda en la portada, él mandó coser sus iniciales en la ropa interior de ella. En el carnaval de 1998, ella volvió a desfilar, esta vez con un collar de gata con el nombre Eike dibujado en diamantes. Al final fue una infidelidad lo que puso fin a su matrimonio. Para entonces, Eike parecía haber olvidado lo que era la discreción. Usaba constantemente su Twitter para promocionarse. Decoró su salón con un Lamborghini y un Mercedes.


Hoy, el brasileño "que todos los brasileños quieren ser", como fue llamado por una revista hace años, ha sido rapado a su entrada a prisión. Y ahí, calvo como un reo cualquiera, estará en el futuro cercano, marcado por la corrupción y cegado por un éxito que, como el de su país, nadie pensó que un día llegaría a su fin.


“Voy a contar cómo funcionan las cosas”


Eike era protagonista habitual de fotografías oficiales con la cúpula política de Brasil, pero su influencia iba más allá de los flashes. Amante de Río de Janeiro, Batista se involucró en importantes proyectos que impulsaron la carrera de sus padrinos en el poder. Patrocinó con casi siete millones de euros la candidatura de los Juegos Olímpicos de 2016, así como los proyectos de pacificación de las favelas cariocas, hoy también en decadencia. Cuando su imperio rugió se multiplicaron los mensajes de optimismo de autoridades apostando por su recuperación. Sus antiguos aliados temen ahora que Batista cumpla su amenaza horas antes de ser detenido: “Voy a contar cómo funcionan las cosas, así de simple”.

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Domingo, 29 Enero 2017 09:23

Brasil, un país cada vez más insólito

A cada mirada lanzada sobre mi país me viene la sensación, desagradable sensación, de que somos la realidad más insólita del planeta. Y esa sensación no viene de grandes tragedias o fenómenos de la naturaleza agredida, sino de la pequeñez de los que nos gobiernan.

Por ejemplo: la foto que registra la presencia de Michel Temer y algunos de sus compañeros del gobierno surgido a raíz del golpe institucional que liquidó con el mandato de la presidenta Dilma Rousseff sobre el homenaje a Teori Zavascki, magistrado del Supremo Tribunal Federal muerto en un accidente aéreo el pasado 19 de enero.

En el velatorio, todos ellos con el muy compungido y solemne aire de profunda tristeza, como corresponde a ese tipo de ceremonia. Todos ellos ocultando ferozmente el alivio que esa muerte significa, ya que el proceso exigirá más tiempo. Cinco de ellos, Michel Temer, inclusive, están denunciados en la corte suprema en causas conducidas hasta aquí por Zavascki, acusados de corrupción: el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin; el canciller José Serra; el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y el jefe de Gabinete del gobierno, Eliseu Padilha.

Si alguien se beneficiará con la eventual demora en las investigaciones debido a la muerte del magistrado, son precisamente el actual ocupante de la presidencia del país y la inmensa mayoría de sus aliados golpistas. El cinismo olímpico de esas figuras muestra hasta qué punto llegó la degradación moral de la ya descalificada clase política.

Otro dato insólito, pura ironía de los descaminos vividos: el sustituto de Teori Zavascki será designado por Michel Temer y luego confirmado por el Senado.

Es decir: el hombre que participará de la decisión de los denunciados por corrupción será nombrado por un sujeto sin la menor estatura ética, que en solamente una –una– de las "delaciones premiadas" de 77 altos y medianos ejecutivos de la constructora Odebrecht es mencionado nada menos que 43 veces. Ya se sabe que aparece en otras tres "delaciones premiadas". Además, el nuevo integrante de la corte será confirmado por los 81 senadores de la República, de los cuales 12 están bajo investigación formal y otros nueve fueron mencionados y podrán ser indiciados e investigados.

A tiempo: uno de los candidatos a un sillón entre los magistrados de la instancia máxima de la Justicia en mi país, guardiana de la Constitución y de nuestros derechos, Ives Gandra Martins Filho, es fervoroso miembro del Opus Dei. Hizo voto de castidad, de pobreza y todo lo demás, uso de un cinturón de cilicio inclusive. Tiene opiniones propias: dice que la unión homoafectiva es comparable a "la de la mujer que se casa con su caballo o del hombre que se casa con su perra". De aborto, investigaciones científicas con células embrionarias, legalización de drogas y otros temas, mejor ni hablar. No sin razón es el favorito personal de Michel Temer.

La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lucia, deberá homologar el contenido de las más de 800 páginas que abrigan las "delaciones premiadas" ofrecidas por los 77 ejecutivos del grupo Odebrecht a cambio de la suavización de las penas que recibirán por sus actos de corrupción. El temor en los medios jurídicos es que el próximo relator sea alguien que integre el ala de adoradores de las luces de la exposición pública, exactamente el contrario de Zavascki, un juez que opinaba solamente en los autos del proceso y evitaba de manera extrema las cámaras de televisión y las grabadoras de los reporteros.

La situación de Temer es especialmente delicada: él también está bajo investigación del Tribunal Superior Electoral, que incluirá en su juicio las denuncias que constan de lo que contaron los ejecutivos de la Odebrecht. Por lo que ya se sabe, son denuncias concretas y espeluznantes.

Hay más, mucho más, surgidas de la Policía Federal, que por la Constitución sería la policía judiciaria del Estado, pero actúa como partido político. El comisario-jefe encargado de la Operación Lavado Rápido admite cándidamente a la revista Veja, cuya parcialidad sería vergonzosa si sus responsables supiesen el sentido de la palabra vergüenza, que se perdió el timing propicio para detener a Lula da Silva.

A los pocos días fue desmentido por otro comisario de la Policía Federal, Igor Romario, quien afirmó que tal timing no se perdió y Lula podría estar preso "en 30 o 60 días". Detalle número uno: en un abuso increíble, y con el evidente objetivo de apresar a Lula en un momento absolutamente delicado, lo afirmó cuando el ex presidente estaba en un Centro de Terapia Intensiva, acompañando a su esposa, Marisa Leticia, quien sufrió un grave accidente vascular cerebral y está en coma. Detalle número dos: ese mismo sujeto fue ardoroso defensor de la candidatura de Aécio Neves en las presidenciales de 2014.

Esa nueva demostración de parcialidad astronómica, de abuso de autoridad, de politización extrema de la Justicia, ocurre sin que ninguna clase de medida punitiva sea adoptada por sus superiores.

Sí, sí, hay todavía más, mucho más. Pero no quiero terminar de amargar mi domingo, y menos el de las muchachas hermosas de Oaxaca.

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Una semana después, el accidente de avión en la costa de Paraty (Rio de Janeiro) en el que murió el juez del Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki continúa siendo un misterio. Las teorías conspiratorias siguen a la orden del día en Brasil, a pesar de que los medios tradicionales han hecho un esfuerzo por obviarlas.

 

Las condiciones climáticas no eran adversas –“un poco de lluvia”, dijeron por radio–. La aeronave estaba en perfectas condiciones, y a lo largo del trayecto San Pablo-Paraty el piloto no avisó de ningún problema: “Esa ruta la conocía como la palma de su mano, la repitió semanalmente durante 15 años”, le contó a Folha de São Paulo un compañero del aviador.


A sus 68 años, Zavascki, miembro del Supremo elegido por Dilma Rousseff en 2012, era quien tenía en sus manos la mayor investigación de corrupción de las últimas décadas: la Operación Lava Jato, y los desvíos millonarios de la estatal Petrobras hacia los bolsillos de prácticamente toda la esfera partidaria. Un escándalo por el que buena parte del Congreso brasileño y del núcleo duro del presidente Michel Temer (incluido él mismo) están bajo sospecha.


Como ministro del Supremo, Zavascki se encargaba de juzgar a los políticos de más alto rango involucrados en la investigación, es decir, aquellos que por tener foro privilegiado sólo pueden ser juzgados por este tribunal. El magistrado había interrumpido sus vacaciones para continuar con las investigaciones porque esta misma semana iba a retirar la orden de sigilo sobre los casi novecientos testimonios recabados.


A principios de febrero pensaba comenzar a validar y homologar las delaciones premiadas que pactó con 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht, conocidas como “delaciones del fin del mundo”, el mayor acuerdo de colaboración de la historia de la justicia del país.


Desde diciembre se espera la publicación de la “lista Odebrecht”,¬ especialmente después de saberse, a través de diversas filtraciones a la prensa, que las delaciones afectarían a políticos afines al gobierno. Uno de los primeros señalados fue el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (Psdb), que según ejecutivos de la constructora habría recibido 2 millones de reales en dinero cash. Según estos mismos testimonios, el actual ministro de Exteriores, José Serra, habría recibido 23 millones de reales en una cuenta en Suiza, y el presidente Michel Temer, que fue nombrado 43 veces por el vicepresidente de relaciones institucionales de Odebrecht, se habría llevado diez millones.


Todas esas informaciones iban a confirmarse justo antes de que el juez Teori Zavascki falleciera en el misterioso accidente de avión donde viajaba junto con otras cuatro personas: el empresario y amigo Carlos Alberto Fernandes (dueño de la aeronave); una empleada del empresario, Maria Lidiane Panas, y la madre de ella, Maria Ilda Panas. Los cuatros pasajeros y el piloto, Osmar Rodrigues, fallecieron.

¿EL FIN DEL LAVA JATO?


Tras conocerse la muerte del magistrado la primera pregunta en la cabeza de muchos brasileños fue cuestionarse sobre el futuro del Lava Jato. En las redes sociales mandaba el pesimismo: “Esto ha sido una quema de archivos”; “Bienvenidos al fin del Lava Jato”; “Los corruptos se han vuelto a salvar”, gritaban en Facebook y Twitter.


Más allá de los comentarios incendiarios que se leían en las redes, pocas horas después de conocerse el accidente diversos jueces manifestaron su preocupación por la continuidad de las investigaciones. El juez del Supremo Marco Aurélio fue uno de los primeros en expresar su miedo ante un posible retraso: “No podemos esperar a que el presidente nombre a un nuevo ministro, ese trámite podría durar un año. Las investigaciones de Zavascki deben ser redistribuidas entre los compañeros y la elección de un nuevo juez debe estar a cargo de los ministros de segundo rango”, dijo Marco Aurélio a Folha de São Paulo.


Nelson Barbosa, ex presidente del Supremo y juez en el caso conocido como mensalão –el escándalo por el que fueron presos algunos de los pesos pesados que rodeaban al ex presidente Lula–, opinó que Temer no podría ser el responsable de elegir a un nuevo juez, por haber “conflictos de intereses”, ya que él mismo estaría siendo investigado.


El temor de los magistrados se hizo patente el pasado domingo, cuando se filtró una declaración privada del jefe de gabinete, Eliseu Padilha: “La muerte de Teori nos va a dar más tiempo”. Al día siguiente el fiscal general del Estado, Rodrigo Janot, le pidió públicamente a la presidenta del Supremo, Carmen Lúcia, que acelerara los tiempos para empezar a homologar las delaciones y repartir el trabajo de Teori.


Este martes Lúcia aceptó la petición de Janot y permitió que los jueces auxiliares que ayudaban a Zavascki continuaran con la homologación de las delaciones. Pero la presidenta del Supremo todavía tiene que decidirse por alguna de las opciones que ofrece el reglamento de la Corte para nombrar al juez que ocupará la plaza del fallecido y se encargará de sus investigaciones.


La primera opción la dicta el artículo 38, según el cual debe ser el propio presidente del gobierno quien nombre a un nuevo magistrado. Pero el conflicto de intereses, que también denuncia la Asociación de Jueces para la Democracia, sería suficiente para que se optara por el párrafo 68, que señala como “medida excepcional” que el presidente del Tribunal Supremo designe al nuevo juez.


Carmen Lúcia también puede escoger tan sólo al magistrado que se ocupe de la investigación del Lava Jato, encuadrando el caso como “de urgencia” para una revisión inmediata. En esta situación ella misma podría nombrarlo a dedo, o bien sugerir un sorteo entre los jueces del Supremo del primer orden, o entre los de segundo orden (al que pertenecía Zavascki). También podrían ser los propios jueces los que votasen para elegir al sucesor del fallecido. Entre los magistrados hay varios, como Gilmar Mendes, que tienen una estrecha amistad con Temer, lo que también supondría un conflicto de intereses.


A su vez el presidente ha señalado que hasta que Lúcia no elija al nuevo relator del Lava Jato él no piensa mover ninguna ficha. Sin embargo, esta semana se ha sabido que Temer estaba considerando dos polémicas opciones para la silla vacía. La primera sería la del magistrado Ives Gandra, un tipo extremadamente conservador que en más de una ocasión ha señalado que “toda mujer debe someterse al hombre”. La segunda opción sería la de Alexandre Moraes, actual ministro de Justicia, que en seis meses de actuación sólo ha cosechado críticas, especialmente en las últimas semanas por su gestión de la crisis penitenciaria.


Tras saberse que Moraes y Gandra eran posibles candidatos para el puesto de Zavascki, la asociación Jueces para la Democracia publicó una carta solicitando un debate “urgente” con la sociedad para escoger al nuevo juez: “No es posible que planteen a una figura como Gandra, de un machismo recalcitrante, para estar en el Supremo”, señalan desde la asociación.

TEORÍAS CONSPIRATIVAS.


Desde que se conoció la muerte del magistrado las teorías conspiratorias se viralizaron en las redes. El sitebrasileño Catracalivre realizó una encuesta improvisada apenas unas horas después de conocerse la noticia, donde preguntaba a sus lectores si consideraban que había sido un accidente o un atentado: 32.554 apoyaban la tesis del atentado y 11.190 la del accidente. Al día siguiente la encuesta fue eliminada y a lo largo de la semana los medios tradicionales ignoraron cualquier hecho que sugiriera que la muerte de Teori hubiera sido provocada.


Esta semana el hijo del fallecido reconoció que el accidente era poco menos que “sospechoso”, y recordó las amenazas de muerte que sufrieron tanto él como su padre. “Sé que existen los más diversos movimientos para frenar el Lava Jato y confío en que la ley vencerá, pero alerto que si algo le pasa a mi familia, ustedes ya saben dónde buscar”, había escrito en agosto en su cuenta de Facebook.


Estos días también se ha vuelto a hablar del caso de la abogada de la constructora Camargo, una de las mayores expertas en delaciones premiadas del país, Beatriz Catta Preta, que el pasado año abandonó la Operación Lava Jato por sufrir “constantes amenazas contra su vida y la de su familia”. Y se ha recordado que Teori nunca fue un juez querido dentro del Congreso, por evitar las habituales cenas que se ofrecen en Brasilia entre senadores y ministros.


Imposible olvidar las conversaciones que sacó a la luz Folha de São Pauloentre Romero Jucá –-ministro del nuevo gobierno de Temer– y Sérgio Machado –ex presidente de la compañía Transpetro–. En ese diálogo ambos hablaban de un “pacto para frenar el Lava Jato” y “acabar con esta sangría”, y Jucá reconocía haber convencido a casi todo los ministros del Supremo, salvo a uno: “Son pocos tipos allí –en el Tribunal Supremo– a los que no tengo acceso, uno de ellos es Teori Zavascki. Es una persona muy cerrada, un burócrata”.


La Policía Federal, el Ministerio Público y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos están a cargo de la investigación de la muerte del magistrado. Hasta el momento no se ha encontrado nada, las pruebas han indicado que todo funcionaba correctamente. La última teoría que se ha barajado en los medios es la posibilidad de que el piloto tuviera “una falsa percepción espacial” debido a la lluvia, lo que podría haber provocado que no percibiera que volaba muy cerca del agua.


El periodista Cláudio Julio Tognolli señaló otra línea de investigación que estaría siguiendo la Policía Federal pero de la que nadie habla. Según Tognolli, después de analizar una base de datos estadounidense que permite hacer consultas sobre aeronaves de todo el mundo, se descubrió que el avión en el que viajaba Zavascki fue consultado 1.885 veces el pasado 3 de enero: “Conspiración o no, es la línea de investigación de la Policía Federal”, aseguró el periodista.

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Martes, 24 Enero 2017 16:56

¿Para dónde va la salud en Colombia?

En el marco del inicio de un nuevo año, donde se suelen hacer balances y establecer perspectivas, vale la pena reflexionar sobre cuáles son las posibles tendencias del sector salud en la actual coyuntura nacional.

 

Para acercarse a la realidad que caracteriza a la salud en nuestro país, debe tenerse como referencia dos aspectos claves de la coyuntura. Por un lado, recordar que se cumplen dos años de la expedición de la Ley 1751 de 2015, conocida como Ley Estatutaria en Salud, lo que a su vez establece que se cumple el plazo para la reglamentación de algunos de sus componentes. De otro lado, están los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, en los cuales aunque la salud no fue un eje central, sí dejo estipulados aspectos en esta materia que pueden influir en su tendencia.

 

Crisis crónica

 

La situación del sector ha mantenido una tendencia marcada en los últimos años, sin mayor modificación, en medio de un debate en el cual los sectores gubernamentales sostienen que no hay crisis, mientras muchos sectores políticos, académicos, gremiales y sociales se pronuncian, una y otra vez, denunciando aspectos de esta crisis y demandando su solución.

 

Desde la óptica del Ministro de Salud, lo que sucede es que “hay una tendencia de muchos sectores de la opinión, incluido el periodismo, de negar el progreso”1, razón por la cual para Gaviria el sector ha tenido avances muy loables, solo que no se reconocen.

 

No podemos desconocer algunos avances del Ministerio del ramo: cobertura de aseguramiento en salud de casi al 100 por ciento de la población; concreción de la orden de la Corte Constitucional de la interrupción voluntaria de embarazo (IVE); imposición del precio al fármaco Imatinib (medicamento anticancerígeno, quitándole a la casa farmacéutica este privilegio); contención de las aspersiones con glifosato para el control de cultivos de drogas ilícitas.

 

Como puede verse, son avances puntuales, no estructurales, los que contrastados con las necesidades, sufrimientos y caos cotidiano que se vive en el sector, terminan como elementos marginales que no rompen la constante de incumplimiento de su función social central: garantizar y proteger la salud de la población.

 

Y es que no son de poca monta los problemas del sector, algunos de ellos relacionados con la corrupción –que ha desviado enormes recursos públicos de salud para intereses particulares–, el deterioro de la red pública hospitalaria, la situación de precariedad laboral de los trabajadores del sector, los atropellos y violaciones cotidianas al derecho a la salud que sufren los pacientes, etcétera.

 

Muchos sectores expresan que hay una crisis del sector. Por ejemplo, el propio gremio de empresarios agremiado en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) así lo reconoce, sosteniendo que “no hay duda que el sector de la salud vive desde hace años una crisis para la cual no se ha planteado una solución estructural”2, ubicando eso sí, que la crisis es principalmente de orden financiero.

 

Según la Andi la cartera vencida crece de manera acelerada, llevando en muchas regiones a un déficit en la prestación en los servicios. Según la Encuesta de Cartera de las empresas afiliadas a las cuatro Cámaras de la Salud de la Andi, a junio de 2016, las acreencias eran de $3.1 billones, de los cuales $1.6 billones correspondían a cartera vencida3.

 

Por su parte la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia (Achc) planteó que la cartera del primer semestre de 2016 de sus instituciones, tanto públicas como privadas, ascendió a $7.1 billones4. Por su parte, para la Superintendencia de Salud el déficit en el sector es de $5.5 billones5.

 

En medio de esta situación se han liquidado varias EPS, entre ellas y en el último periodo Caprecom y Saludcoop y se está en proceso de venta de Cafesalud. Así mismo, 33 instituciones tienen medida de intervención por parte de la Superintendencia de Salud.

 

La propuesta de la Andi para superar esta crisis es que los recursos del cuatro por mil en las transacciones bancarias pasen al sector salud. Propuesta que no es nueva, planteada antes por sectores sociales y comunitarios, pero sin visto bueno en la Casa de Nariño.

 

Otros gremios, como los profesionales de la salud, también expresan esta crisis. Es el caso de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare) que ha manifestado su preocupación ante la crisis financiera y de servicio del sector salud, que compromete de manera grave la calidad en la atención a los pacientes y el derecho al trabajo digno de los profesionales de la salud6.

 

O como lo expresan los sectores sociales reunidos en la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud (Mnds) que “han sido muchos años, 21 para ser exactos, en los que hemos sido testigos de cómo la estructura del sistema de salud en Colombia ha venido ‘adecuándose’ para mejorar las condiciones del negocio de la salud para unos pocos a costa del sufrimiento de muchos...La crisis de la salud no sólo es el resultado de ineficiencia y mala gestión, es una crisis creada para mejorar las condiciones y ganancias de las grandes empresas”7.

 

Declaraciones que evidencian, unas y otras, que el debate sobre la crisis del sector sigue vigente, que las miradas frente a su situación son diversas, e igualmente las salidas propuestas; pero lo que si se acepta por todos es que hay una profunda deslegitimación social del sistema de salud y que esto es una bomba social cocinada por largos años, evidenciando la cronicidad de los problemas y su no adecuado enfrentamiento.

 

Lo que dejan los acuerdos de La Habana en salud

 

En La Habana no discutieron como punto central el tema de la salud y por tanto en los Acuerdos no hay un análisis crítico del sector, ni una reflexión sobre las posibles alternativas para el posacuerdo en esta materia.

 

Pero en tanto los acuerdos colocaron acento en las condiciones de vida y bienestar para la población campesina y los excombatientes, allí sí aparecen temas relacionados con la salud.

 

En este sentido, en el punto de la política de reforma rural integral se habla de la configuración de un Plan Nacional de Salud Rural que implica su construcción de forma participativa y con enfoque diferencial; el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo tecnológico en salud con mayor oportunidad y pertinencia; un modelo de salud pública para zonas dispersas basado en la prevención, que llegue a hogares y lugares de trabajo con un enfoque diferencial con énfasis en niñez y mujer gestante, y un proceso de seguimiento y evaluación de su implementación.

 

Igualmente, en este punto de política de reforma rural integral, se habla de la creación de un Sistema de Seguridad Alimentaria con Consejos de Alimentación y Nutrición; programas contra el hambre y desnutrición de cobertura nacional con énfasis en población vulnerable; promoción de mercados locales y regionales que acerquen al productor y al consumidor; y campañas orientadas a la producción y consumo de alimentos con un alto contenido nutricional.

 

En el punto del fin del conflicto, se habla de salud integral, atención psicosocial y salud mental a excombatientes, víctimas y comunidades en zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y se acuerda que los y las excombatientes entraran a ser parte de los asegurados a través del régimen subsidiado.

 

En el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, se ubica un abordaje integral a la problemática de la producción, transformación, comercialización y consumo de drogas y la creación de un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas con enfoques de derechos humanos, salud pública, diferencial, participativo, basado en la evidencia, que incluye la creación de un Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas.

 

En el punto de víctimas, se define la ampliación de la cobertura pública mediante el aumento de centros locales de atención y unidades móviles para sitios lejanos, a fin de mejorar la calidad de la atención psicosocial y en salud mental para la recuperación emocional de las víctimas de manera diferencial y medidas de recuperación emocional a nivel individual y colectivo.

 

Así las cosas, a través de los acuerdos de La Habana la salud puede marchar en otra dirección; asunto que así podría ser de cumplirse la propuesta de una mayor participación y democratización en el país, sostenida en los Acuerdos, y por esta vía avanzar en la configuración de una política de salud rural que funde las bases para configurar un nuevo sistema y un nuevo modelo de atención en salud en el país, permitiendo atender de manera adecuada a las víctimas, y garantizando el derecho a la salud como condición indispensable para la paz.

 

Pacto nacional por la salud

 

La tendencia del sector salud en los próximos años, si va a seguir dependiendo de las medidas que tomen los gobiernos de orientación neoliberal, como han sido hasta ahora, mantendrá su rumbo de negocio y de incremento de la crisis, expresada en problemas de atención, de salud pública y financieros.

 

Esta tendencia se ratifica con medidas como la de vender Cafesalud o la liquidación de EPS e IPS, política constante en los últimos años, que en nada resuelven los problemas estructurales del sector8.

 

De igual manera, con reglamentaciones de la Ley Estatutaria en Salud, como la dada por la Resolución 1328 “por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, garantía del suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y se dictan otras disposiciones”, la cual, al decir de los integrantes de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, “lesiona gravemente la autonomía médica y limita la formulación y el acceso a medicamentos y tecnologías para los pacientes”9, con lo cual se mantiene la lógica de un paquete limitado de acceso a bienes y servicios, que es un aspecto estructurante de los modelos de aseguramiento privado en salud, como el colombiano.

 

Las esperanzas cifradas en la Ley Estatutaria en Salud para que se diesen los cambios necesarios para configurar una nueva política de salud garante del derecho a la salud, pasados dos años, muestran sus escasas posibilidades.

 

Con los diálogos entre la insurgencia y el Gobierno, se ha tenido la esperanza que se discutan y abran los caminos para que temas vitales de lo social, como es el caso de la salud, puedan ser discutidos a fondo y transformados. Las posibilidades de una asamblea nacional constituyente o de otro mecanismo para un pacto nacional deben seguir siendo presionados desde estos escenarios.

 

Desde hace muchos años, sectores sociales, comunitarios, académicos y gremiales, hemos hablado de la necesidad de un pacto social en el país que genere los acuerdos necesarios para ir en otra dirección; mecanismo a través del cual posiblemente podría enfrentarse el triángulo de poder que ha alimentado la salud como negocio: Gobierno, Congreso de la república y empresarios de las EPS10.

 

Esto ha sido recientemente planteado por Horacio Serpa, actual presidente del partido liberal, quien ha dicho que “se debe avanzar un gran pacto nacional por la salud para adelantar una reforma estructural que sea liderada por el Gobierno que llegue a la Casa de Nariño en 21018”11.

 

El pacto debe ser entre el conjunto de la sociedad, no entre las elites, para poder ir en una dirección adecuada a las demandas y necesidades de salud de la gente. Estaría por verse si hay las condiciones de correlaciones de poder para lograr un pacto en estas condiciones. Por ahora lo único claro es que para los sectores proclives a la salud como derecho no queda más camino que la movilización, la lucha, la denuncia y la presentación de propuestas, para lograr que la salud en Colombia vaya en la dirección de derechos y no de negocio.

 


 

* Profesor Departamento de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia
1 Alejandro Gaviria: “Llevo la contraria a los mercaderes de la inmortalidad, la Iglesia y la industria farmacéutica”. El País. Edición digital 27 de diciembre de 2016. http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/26/colombia/1482786967_462812.html
2 Carta de la Andi dirigida al Senado de la República, a varios Ministros y al Director de Planeación Nacional. 30 de noviembre de 2016.
3 Ídem.
4 Achc. Comunicado de Prensa. Noviembre 23 de 2016. http://achc.org.co/documentos/prensa/Boletin%20ACHC%20-%20Deudas%20superan%207%20billones.pdf
5 Superintendencia Nacional de Salud. Informe seguimiento Indicadores de Permanencia. Decreto 2702 de 2014. Número 1. Mayo de 2016. https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/SupervisionRiesgos/EstadisticasEPSRegimenSubsidiado/9.%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20INDICADORES%20DE%20PERMANENCIA_DICIEMBRE%202015.pdf
6 Scare. Carta dirigida al Ministro de Salud y Protección Social. 21 de diciembre de 2016.
Dice Scare que “la carencia de recursos en el sistema, ha conllevado a la intervención de varias instituciones por parte de las autoridades administrativas, ausencia de insumos, cierre de servicios en Hospitales y Clínicas y al incumplimiento en el pago de acreencias a quienes prestan los servicios de salud; lo cual ha puesto en riesgo la seguridad de los pacientes y ha causado, en términos generales, tanto una negativa en la prestación de servicios, como una sobreocupación de la capacidad instalada en las diferentes IPS, impidiendo que se brinde una atención adecuada y de calidad”.
7 Mnds. Comunicado: “La crisis de la salud: una crisis creada para mejorar las ganancias para EPS y multinacionales extranjeras a costa de la salud de la gente”. Agosto 17 2016.
8 Ver “¿Liquidar los hospitales públicos es la opción?”, periódico desdeabajo julio de 2016, https://www.desdeabajo.info/ediciones/29369-liquidar-los-hospitales-publicos-es-la-opcion.html
9 Mnds. Comunicado: “La crisis de la salud: una crisis creada para mejorar las ganancias para EPS y multinacionales extranjeras a costa de la salud de la gente”. Agosto 17 2016.
10 Torres-Tovar Mauricio. El triángulo de poder en salud en Colombia. Semanario virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00378 – Semana del 22 al 28 de Noviembre de 2013. http://viva.org.co/cajavirtual/svc0378/articulo08.html
11 Caracol radio. Partido Liberal pide pacto nacional para reformar sistema de salud. Edición 5 de enero de 2017. http://caracol.com.co/m/radio/2017/01/05/politica/1483639091_306922.html

Publicado en Edición Nº231
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