Jueves, 30 Marzo 2017 07:26

Temer contra las cuerdas

 

La Procuraduría Electoral sugirió al Tribunal Superior Electoral la separación del cargo del mandatario, cuyo juzgamiento fue convocado para la semana próxima. Se habla de financiamiento ilegal de su campaña.

 

Desde Brasilia

 

¿Temer cae? Opositores y aliados del gobierno se formulaban ayer esa pregunta en los corrillos del Congreso a poco de conocerse la noticia de que la Fiscalía recomendará la salida de Michel Temer por haber financiado ilegalmente su campaña, cuando era titular del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). La Procuraduría Electoral sugirió al Tribunal Superior Electoral la separación del cargo del mandatario, cuyo juzgamiento fue convocado para la semana próxima.

La fórmula integrada por Dilma Rousseff y Michel Temer, vencedora de los comicios de 2014, fue acusada de “abuso de poder político económico”, por lo cual la ex presidenta puede perder sus derechos políticos por ocho años y Temer ser apartado automáticamente, y reemplazado por el jefe de Diputados, Rodrigo Maia, según el escrito del subprocurador Nicolao Dino, publicado ayer por Estado de San Pablo, pese al secreto del sumario.

Alarmado ante el riesgo de ser obligado a dejar el gobierno, el ocupante del Palacio del Planalto se reunió con asesores junto a quienes esbozó una “estrategia para arrastrar” el proceso a través de medidas dilatorias, escribió Folha de San Pablo.

Se sabe que parte del Tribunal Superior Electoral podría facilitar esas operaciones para impedir una pronta condena y dilatar los tiempos. Pero el Planalto enfrentará otro problema ya que que el ministro instructor del caso, Herman Benjamin, al parece también pedirá a sus colegas en el Plenario que el mandatario sea desplazado.

 

Guerra de sucesión

 

A la pregunta escrita arriba ¿Temer cae? bien se la podría reemplazar por otra, ¿Habrá un golpe dentro del golpe a partir del juzgamiento?.

Llegado a la Presidencia de forma anómala, al presidente le restan pocos fundamentos de poder para permanecer en el cargo. Su popularidad del 14% en mayo de 2016 se redujo al 10% el mes pasado y la tendencia es que siga deshidratándose. Las clases medias movilizadas por la prensa para derrocar a Dilma, “y acabar con el gobierno más corrupto de la historia”, ahora parecen estar están espantadas al comprobar que el Palacio del Planalto alberga a una gavilla especializada en estafar al Estado.

Ya cayeron seis ministros por corrupción y hay otros en el patíbulo, la mayoría del PMDB. Nueve de los 28 ministros actualmente en funciones constan en la lista de Lava Jato que se encuentra en poder de un ministro del Supremo Tribunal Federal, y hace dos semanas surgió el sospechoso número diez, que es el titular de Justicia Osmar Serraglio envuelto en el escándalo de las carnes vendidas vencidas.

Por eso el domingo pasado los grupos neocons, incluso algunos defensores del retorno de las Fuerzas Armadas, reunieron sólo 10 mil personas en San Pablo, después de haber convocado cientos de miles en varias marchas realizadas el año pasado y en 2015.

Con el activismo golpista vaciado,y sus agitadores más interesados en viajar a Miami que en movilizarse, reapareció la protesta desde abajo, que tuvo su momento más importante hace tres semanas cuando Luiz Inácio Lula da Silva reunió unas 200 mil personas, o más, también en la principal arteria de San Pablo, la Avenida Paulista.

Son cada vez más frecuentas lo actos políticos por la salida de Temer y el llamado a elecciones democráticas ( directas) y las marchas contra las reformas previsional y laboral, lo que entonó a la dirigencia sindical para comenzar a trabajar con vistas a una huelga general.

Viendo cómo se le achican los márgenes de gestión Temer administra con la urgencia propia de quien está con los días contados: aprobó la tercerización laboral reciclando un proyecto de 1998 porque su base de apoyo parlamentaria comienza a debilitarse, privatizó 3 aeropuertos por subasta sin exigir ni siquiera un cronograma de inversiones a los grupos extranjeros que se los quedaron y entregó, sin siquiera llamado a concurso, grandes yacimientos petroleros a compañías multinacionales que desplazaron a Petrobras.

Ayer habló en un evento del Bank of America Merrill Lynch, en el que fue su tercer encuentro con banqueros e inversores norteamericanos en los últimos diez días. Además habló con Donald Trump, que lo saludó pero no lo invitó a que lo visite en la Casa Blanca.

Temer sobrevive a fuerza de ceder al capital financiero y grupos extranjeros, a los que advierte que su caída será la antesala del caos. Ese fue el lenguaje empleado por su abogado defensor Gustavo Guedes cuando lo consultaron sobre el tema. Guedes recomendó a los miembros del Tribunal que antes de emitir un fallo recuerden que la salida del gobernante puede desatar turbulencia en la Bolsa de Valores y dar paso a la inestabilidad económica.

Es posible que apoyado en esa dinámica, que combina privatizaciones-legislación regresiva-represión social, Temer logre llegar hasta el fin del mandato el 31 de diciembre de 2018. Como también es plausible considerar que sus socios lo abandonen si comprueban que es incapaz de asegurar el régimen posdemocrático e impedir elecciones directas.

Uno de esos socios que pudiera saltar del barco golpista si comienza a zozobrar es el presidente es el titular del Tribunal Superior Electoral, Gilmar Mendes, quien sorprendió al convocar al Plenario de esa corte para el martes próximo, cuando todos esperaban que la sesión fuera en mayo o junio.

Ocurre que Gilmar Mendes es un abierto candidato presidencial en eventuales elecciones indirectas, en las que también se cita como presunto postulante a Nelson Jobim, ex miembro de Supremo Tribunal Federal y ministro de Defensa. Hay un tercero, pero más desgastado aspirante: el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, quien después de fogonear el golpe ahora sueña volver al gobierno por asalto.

 

 

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El director del 'think tank' Cevea analiza las razones por las que su país es el más feliz del mundo, según Naciones Unidas
"La gente en Dinamarca es particularmente confiada. Hay una gran confianza en la sociedad, en los individuos y también en las instituciones". "Esta es una cultura donde la corrupción no se acepta. La gente cumple"


Kristian Weise es director del think tank progresista Cevea, ligado a la izquierda danesa. Sociólogo, filósofo y economista por la London School of Economics y la Copenhagen Business School (CBS), habla en esta entrevista de la complejidad de los cambios en el Estado de bienestar de su país, uno de los más exitosos del mundo. La entrevista discurre en un ambiente relajado, en donde Weise, de treinta y ocho años, defiende hasta lo que considera indefendible para explicar esa evolución. Antes de dirigir Cevea, fue secretario ejecutivo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo, y asesor del ex primer ministro danés Puol Nyrup Rasmussen.


Estoy llegando a Dinamarca y pienso: ¡Oh, estoy en el país más feliz del mundo! (según Naciones Unidas) ¿Por qué es así?


El tema fundamental está en que la mayor parte de la gente no tiene que preocuparse sobre cosas normales de la vida: la seguridad económica, social y otros tipos de seguridad en los que Dinamarca tiene unos estándares muy altos. Al mismo tiempo, hay un énfasis muy grande en que las personas puedan tener una vida personal, social. Que tengan la posibilidad real de disfrutar de ello. Hay un buen sistema de guarderías y de soporte para que las personas puedan trabajar sin dificultad.


Pero hay un aspecto secundario, también importante. Se han hecho estudios donde se pregunta a la gente cuán feliz es, y aparentemente los daneses son bastante optimistas. Lo que quiero decir es que no es sólo el sistema social. Acabo de estar en una reunión escandinava y corría un chiste sobre los finlandeses que decía: “¿cuál es la diferencia entre el tango en Argentina y en Finlandia? La felicidad; porque los finlandeses no son felices”.


Bueno... eso es porque no conocen Argentina... No es que la gente allí viva contenta...


¡Ahhhh! ¡Es gracioso! Pero lo que quería decir es que Finlandia es un país con altos estándares también, y no son felices.


Dinamarca tiene uno de los niveles más bajos de corrupción. ¿Por qué?


La gente en Dinamarca es particularmente confiada. Hay una gran confianza en la sociedad, en los individuos y también en las instituciones. Los investigadores dirían que esto tiene algo que ver con los vikingos. Los vikingos eran gente que se iba fuera del país, básicamente para robar y pelear, pero volvían a casa y lo primero que tenían que hacer era compartir lo que se habían robado. Si alguno de los viajeros había muerto en las peleas, el resto de la tribu tenía que hacerse cargo de la familia del difunto.


¿Se puede confiar en ladrones?


En la tribu, los acuerdos eran otros. Es una anécdota. Es difícil conocer el presente sin mirar la historia. Hemos tenido la suerte de vivir en un lugar igualitario, donde la gente que trabaja para el Estado trabaja para la gente. Los motivos para la corrupción son más bajos.


Pero los humanos son humanos en cualquier parte. Ustedes deben de tener alguna manera de vigilar, algún sistema de rendición de cuentas que frene la corrupción...


Si se miran, por ejemplo, los impuestos, tenemos un sistema muy transparente. Siempre lo ha sido. Tú informas de cuánto dinero tienes y de cuánto estás pagando. El empleador es responsable de dar los datos de cuánto dinero está ingresando y cuánto va a impuestos.


Pero la gente que menos impuestos paga no son las personas, sino las empresas...


Pueden ser ambos. Por supuesto, tenemos instituciones de vigilancia; pero creo que hay un componente cultural que influye. Esta es una cultura donde la corrupción no se acepta. Eso hace que la gente cumpla. Tiene que ver también con las instituciones, pero es difícil saber qué viene primero, si la vigilancia o el autocumplimiento cultural.


Si ustedes viven tan contentos, en una sociedad tan rica, que paga impuestos... ¿por qué quieren cambiar el sistema?


Lo primero que hay que decir es que la razón por la que los daneses han sido tan exitosos es porque han sido muy buenos en los cambios, en adaptarse. La mayor parte de los cambios se han hecho paso a paso. Por ejemplo, en Francia se discute todo el tiempo si se debe aumentar la edad de jubilación, y cada vez que se habla de ello hay una gran pelea porque quieren subirla diez años. Es muy cuestionable. Ahora en Dinamarca se está discutiendo si la edad de jubilación puede aumentarse seis meses. En vez de decirle a la gente que se va a retirar a los sesenta y cinco años se le dice que se retirará a los sesenta y cinco y medio. Aun así esto está creando muchísimo debate. En 2006 se hizo una reforma en la que se decía que la edad de jubilación se iba a adaptar a la esperanza de vida; es decir, que si la gente dentro de un tiempo vive un promedio de cien años, probablemente se retire más tarde que ahora.


Pero se desmantela un sistema que funciona muy bien.


Ha habido un abuso ideológico de las reformas pragmáticas. Entre 2001 y 2011 hemos tenido un gobierno de derechas, un gobierno de izquierdas durante cuatro años, y luego otro gobierno de derechas. La derecha quiere tener básicamente una sociedad distinta. El primer ministro que llegó al poder en 2001, Anders Fogh Rasmussen, publicó un libro sobre cómo deberíamos ser un Estado más liberal, antes que un Estado de bienestar. Uno de sus argumentos era que el Estado de bienestar hace a la gente vaga.


Pero ustedes han demostrado durante décadas que esto no es cierto.


Los liberales dirían que, de acuerdo con las cifras, el 25% de la población no está trabajando. Tenemos uno de los índices de empleo más altos del mundo, pero eso no impide que haya un 25% de la población que no trabaja, a pesar de estar en edad de trabajar: puede ser que sea porque están sin empleo, o enfermos, o porque son discapacitados...


Es lógico que si están enfermos, no trabajen.


Tiene gracia que yo utilice un argumento a su favor, pero es sólo para explicar lo que está ocurriendo. Por una parte, hay una necesidad de tener mucha gente trabajando para sostener el Estado de bienestar. Un tercio de la población trabaja para el sector público, y la única manera que existe para tener un tercio de la población en el sector público es que mucha gente esté trabajando en el sector privado. Pero la discusión es: ¿qué haces con esa población que por alguna razón no está trabajando? La derecha ha tenido éxito en decir que una gran parte está siendo impulsada a no trabajar.


Las reformas que se han llevado a cabo en los últimos diez o quince años han sido dar incentivos a la gente para que trabaje más. Lo que dicen es que se debería trabajar más horas a la semana y por un período más largo de la vida.


¿Y la gente lo acepta?


Creo que hay manipulación. Pongo un ejemplo: hace unos cinco o seis años teníamos un sistema de prejubilación. Te podías prejubilar cuando cumplías sesenta años, y mucha gente lo hacía porque quería. La derecha quiso quitar las prejubilaciones, y los medios comenzaron a publicar la idea de que muchos de los que se prejubilaban, pagados por el Estado, eran dentistas que jugaban al golf en Marbella. Por supuesto, era una fotografía equivocada. Habría algunos, pero no eran la mayoría, y el sistema no estaba hecho para ellos. Ha habido una insistencia muy fuerte en decir que teníamos que efectuar las reformas: con esto, con la globalización, con la competencia en el mundo...


Para dar crédito, desde la perspectiva socialista o de izquierdas sería ingenuo decir que el Estado de bienestar tal como estaba planteado en los años setenta sería el mejor Estado de bienestar en 2017. Todo se tiene que ir adaptando, para crear un Estado de bienestar mejor; pero eso no siempre ocurre.


La derecha está ganando las elecciones. Incluso la ultraderecha gana votos en este país. ¿Cómo lo explica?


En primer lugar, la derecha populista no es derecha cuando se trata de desarrollar políticas económicas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En muchos asuntos sociales y económicos ha copiado la posición de los socialdemócratas. Es muy de derechas cuando habla de inmigración, pero cuando trata cuestiones sociales de los daneses nativos, está con el partido socialista; quiere aumentar las pensiones y en muchos otros asuntos estarían del lado de los socialdemócratas.


Casi una cuestión de suerte.


Sí. La fotografía no es muy clara. Cuando tuvimos a la derecha gobernando durante diez años, hasta la crisis económica estuvieron aumentando el tamaño del sector público. Gastaban más dinero en hospitales, más dinero en cosas como el cuidado de los niños, en las personas mayores... Pero al mismo tiempo estaban recortando impuestos.


¿Cómo podían hacerlo?


Teníamos un boom económico. Era un buen momento y podían llevarlo a cabo.


¿Crecieron gracias a la construcción?


Tuvimos una buena burbuja inmobiliaria. España e Irlanda la tuvieron mayor burbuja, pero nosotros también la tuvimos.


Ustedes tenían un sistema de cooperativas de vivienda, el modelo Andel, que protegía a la vivienda de la especulación...


Es algo que también cambió. Aún tenemos una tradición muy importante de casas que forman parte de cooperativas, pero muchos cambiaron sus reglas. Por una parte, las viviendas se volvieron más caras. Y por otra, muchas cooperativas cambiaron sus bases para transformarse en apartamentos privados. De hecho, estamos en un área [a unos pasos de la estación central de Copenhague] que es un muy buen ejemplo. Este es un barrio muy obrero. Estos inmuebles no se ven como edificios obreros, pero cuando entras, hay muchos apartamentos pequeñitos. Quince años atrás podías encontrar un apartamento de estos, cooperativos, por unos 20.000 euros, porque había un tope de precio. Y de un día para otro estos mismos apartamentos pasaron a costar 150.000 euros. En la mayor parte de las cooperativas hoy, incluso en las que hay lista de espera para entrar, el valor de las viviendas es casi como el precio normal del mercado.


Podría entenderse que haya gente enfadada.


La gente que vivía en esas cooperativas de pronto se hizo más rica. Y es muy difícil de organizar quiénes pueden comprar en el futuro... Pero para responder a tu pregunta, nosotros también tuvimos una burbuja inmobiliaria. Los precios de las viviendas subieron muy de repente. Luego bajaron un 30% con la crisis financiera, y ahora están volviendo nuevamente al nivel de la burbuja. La gran diferencia desde la crisis es que es muy desigual la forma en que han aumentado: han crecido en Copenhague y en otras grandes ciudades, pero en las zonas rurales no. Y eso es distinto que durante la burbuja, cuando los precios crecían en todas partes.


¿Qué pasa con la gente que no puede pagar el alquiler o la hipoteca?


La diferencia entre Estados Unidos y Dinamarca es que allí si no puedes pagar le das las llaves al banco y te vas. Aquí sigues teniendo la deuda.
Igual que en España... y eso es un gran problema: tienes deuda pero no techo.


La diferencia con España es que aquí no hubo tanta gente que tuvo que dejar sus casas. Aquí mucha gente tuvo la posibilidad de hacer una reestructuración de la deuda a un tipo menor de interés. No tuvimos un escándalo tan grande. Una de las razones es que no tuvimos índices de desempleo tan altos. Cuando más tuvimos fue del 8% o 9%.


Se dice que el futuro nos espera con menos trabajo y más robots. ¿Cómo se enfoca el futuro en Dinamarca?


La política general ha ido hacia el lado contrario, para que la gente trabaje más. Hay nueve partidos en el Parlamento, y sólo dos de ellos, los más de izquierda, están hablando de trabajar menos horas.


Hay gente pensando que más que seguir creciendo tendríamos que decrecer...


Aquí la mayor parte de los políticos hablan de crecimiento, y eso tiene que ver con hacer crecer el Estado de bienestar. La generación de riqueza es trabajar de forma efectiva, no trabajar mucho tiempo. Hay que tener cuidado con la agenda del decrecimiento porque si tienes un crecimiento inteligente tendrías más crecimiento y menos usos de los recursos al mismo tiempo. En Dinamarca tenemos un aumento de la riqueza, pero estamos estables en la producción de CO2.


En cuestiones de medio ambiente van bien.


Dinamarca ha sido muy ambiciosa en temas medioambientales, en reducir el CO2. Y la forma de hacerlo es, por un lado, impulsando las energías renovables —producimos cerca del 40% de nuestras energías de fuentes renovables—; por otro, mediante la reforma de casas para que sean energéticamente más inteligentes. Muchas viviendas cooperativas se renovaron gracias a ayudas que dieron tanto el Estado como el Ayuntamiento. La gente realmente pagó una pequeña parte de los costes. Una reforma que se subvencionó fue el cambio de ventanas para hacerlas más eficientes energéticamente.


Una vez más, es el Estado el que paga, y hay gente que dice que hay que cortar con eso y pagar menos impuestos.


Pero nuestros impuestos son los más altos del mundo. Trato de explicar por qué no deberíamos recortarlos, pero para poner un ejemplo de los argumentos que se usan diré que después de pasar por todas las reformas del partido en el poder, tenemos los impuestos más altos del mundo.


¿Qué ocurre con los refugiados?


Acabo de escribir un capítulo de diez páginas de un libro sobre esto. El año pasado fue el asunto más debatido. Fue uno de los argumentos para decir que había que efectuar recortes, porque iba a ser imposible de pagar. Aunque la crisis de los refugiados se ha frenado, todavía hay discusión.
Ustedes tenían fama de país que acepta, ayuda e integra refugiados...


En el caso danés, la cuestión principal son las cifras. Cuando Dinamarca era abierta, las cifras [de refugiados] eran mucho menores; y la gente venía de mucho más lejos. Ahora son países vecinos, y la cantidad es mucho más grande. La gente piensa que tiene que protegerse. Hay que tener en cuenta que en el sistema danés, en el momento en que llegas tienes casi los mismos derechos que un danés. No tienes que pagar por tu casa. Tienes asilo. Te dan clases de danés y dinero hasta que te integres.


Si recibimos, por ejemplo, 100.000 personas de Siria, esto sería casi igual a decir que de pronto hay 100.000 nuevos desempleados con derecho a ayudas. Las respuestas políticas no son fáciles. Otro de los debates está en dónde deberían vivir. ¿Pueden las municipalidades asumir la estancia de estas personas? ¿Pueden darles un hogar? ¿Hay espacio en las escuelas? En una de las discusiones participaban alcaldes de ciudades pequeñas que decían que era muy difícil. No quiero defender políticas que no ayudan, pero sí que cuando tienes un Estado de bienestar tan grande, el asilo y la inmigración se vuelven también más complicados. Si eres un refugiado sirio en Grecia te dejan en la calle y arréglate. Aquí el sistema te ayuda. Yo estoy contento de que sea así, pero es un dilema, porque puedes dejar que entren 15.000 personas y darles buenas condiciones, o dejar que entren 500.000 y no hacerlo.


El hecho de que tengan muchas facilidades con el cuidado de los niños y los ancianos, ¿ha supuesto que las mujeres se hayan integrado más en el mundo laboral?


Las mujeres en los últimos veinte años han tenido mucho éxito en política. Llegamos a tener al mismo tiempo una mujer primera ministra, una mujer líder del partido de la oposición, una mujer líder del tercer y el cuarto partido. Desde la derecha hasta la izquierda, tuvimos básicamente mujeres en cargos de liderazgo. Pero eso no se repitió en las compañías privadas. El 95% de las veinte corporaciones más importantes están gobernadas por hombres. Tenemos un debate sobre si deberíamos tener cuotas.


¿Deberían?


No hay consenso. Lo más importante es que que el sistema de bienestar danés está pensado para la igualdad. Y una de las maneras de conseguirla es asegurándose de que tenemos buenas instituciones de bienestar; bajas maternales y bajas paternales, guarderías y otros cuidados de la infancia. Y que eso no debería ser muy caro. Hay una expectativa de que la mujer debería tener acceso a una carrera laboral. Y también de que los trabajos del hogar sean compartidos.

Por Mariana Vilnitzky
28/03/2017 - 14:04h

Publicado en Internacional
Jueves, 23 Marzo 2017 07:53

BVBA, ¿otro Odebrecht más grande?.

 

Nosotros: denunciando la corrupción; otros: fomentándola, disimulándola y encubriéndola.

 

Hace pocos días, un canal de televisión, reseñaba, apartes del interrogatorio que sobre la ruta del sol y Odebrecht (que ya olía ha podrido), formulé al señor Tomás Uribe Moreno el día 22 de agosto del 2011, delante del Procurador General de la nación, Alejandro Ordóñez, sin que este último lo conminara a responderme, cuál era su interés en la reunión con Odebrecht y ¿si era cierto, que él era la persona que había concertado e invitado a la reunión celebrada en Panamá sobre la ruta del sol, entre Odebrecht, Miguel Nule, Tomás Uribe y un amigo de este último? No sobra recordar, que el Procurador no conminó a Tomás Uribe a que me respondiera, ni le preguntó sobre odebrecht, ni sobre ningún otro tema.

Lo que el canal de televisión no reseñó, fue que Tomás Uribe ya había sido citado con anterioridad y no había comparecido y que, inmediatamente tomó la palabra, manifestó que yo lo citaba porque era enemigo de su padre. Afirmación que rechacé porque no era cierta. Mi conducta, siempre fue la misma: cuando el gobierno y el Presidente respetaban la Constitución les daba la razón; cuando la violaban, jamás les di la razón; pues ese es el rol institucional del guardián de la Constitución: ser honesto, imparcial e independiente. Independencia que el gobierno del presidente Uribe siempre me cobró muy caro, muchas veces y de distintas maneras, y para no hacer una larga lista me basta con señalar 2 a título de ejemplo: la denominada operación Amazonas de junio de 2005, que denunció entre otros Juan Gossain, y donde quedaba claro que yo fui el objetivo de esa operación, que no era sólo espionaje e interceptación, sino que implicaba además sabotaje, desinformación y difamación, utilizando todos los medios de comunicación incluidos el Internet, Chats y páginas web que se montaban en Colombia y en el exterior; columnas de periodistas de prestigiosos periódicos nacionales desinformando por no decir que calumniándonos; guerra jurídica en mi contra; etc.

Además de la operación Amazonas, el gobierno Uribe montó otras del mismo corte mafioso, como fueron las operaciones Trasmilenio, Bahía, Arauca; Europa, etcétera etc., donde quedaba claro que el gobierno nacional de derecha no aceptaba que la oposición existiera y mucho menos que les hubiera quitado el segundo cargo nacional, la alcaldía de Bogotá.

La otra fue el acta reservada que el DAS entregó al presidente Uribe y que aparece en el libro intitulado: "ChuzaDAS. Ocho años de espionaje y barbarie" de Julián F. Martínez, páginas 41 y 42, se señalan, algunos de los actos que el gobierno Uribe, realizó contra mi persona: "detectives del organismo realizaron un acta "reservada" el 12 de agosto de 2005 en el que dejaron consignadas las posturas de los magistrados de la corte constitucional frente a la reforma constitucional que permitió la reelección del presidente Uribe. En el cuadro se determina la posición ideológica de cada miembro, que en ese entonces, eran más quienes se oponían en la Corte, que los que estaban de acuerdo, con declarar exequible un segundo gobierno de Álvaro Uribe. El folio fue marcado por el G-3 con la evidencia manuscrita "Presidente" y fue realizado después de un trabajo de inteligencia a los magistrados de la Corte Constitucional. Así la Presidencia la República utilizaba el organismo de inteligencia estatal con fines políticos.”.

De similar visión del mundo, también violador de la constitución, y cercano al nazi fascismo, era también el procurador Ordóñez Maldonado, a quien me tocó enfrentar, primero como presidente del Consejo de Estado, pues se oponía a que los ciudadanos defendieran sus derechos por vía de la tutela y después como Procurador General de la Nación; lo denuncie públicamente y en su presencia como violador de los derechos de las mujeres, de los indígenas, de los afro descendientes, de quienes tienen preferencias sexuales distintas a la suya, etc. Y lo desenmascare en su alianza y pacto con los corruptos, y como enemigo de los sectores democráticos. Por denunciar su corrupción públicamente y en su presencia, fui objeto de su persecución; como ya lo había sido por denunciar las ilegalidades y violaciones del gobierno Uribe. Tanto el procurador como Uribe, entre otras cosas tienen en común que se hicieron reelegir por medio de la corrupción, como lo comprobaron la Corte Suprema de Justicia en el segundo caso y el Consejo de Estado en el primero.


EL BANCO BBVA ¿OTRO ODEBRECHT MAS GRANDE?. 2010: CASOS PARTIDO VERDE, LIBERAL, CONSERVADOR Y DE LA U (¿Mockus, Pardo, Ramírez y Santos?


El día 29 marzo del 2011, acudí a la asamblea general de accionistas, de la filial en Colombia, del banco extranjero, español, denominado banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), después de haber cumplido con mi deber de revisar los libros y papeles correspondientes al ejercicio del año 2010. En esa asamblea, en presencia de los directivos del banco, de los accionistas que concurrieron y de las autoridades que hicieron presencia, formule denuncia y pedí que se sancionara a ese banco extranjero, por haber violado la constitución y la ley de Colombia, al financiar a cuatro partidos políticos colombianos que tenían cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los partidos eran: el partido verde, que tenía como candidato a Antanas Mockus; el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo; el Partido Conservador por conducto de su fondo nacional económico; que tenía como candidata a Martha Lucía Ramírez; y el partido de la unidad nacional que tenía como candidato a Juan Manuel Santos.

Pasados varios días, sin obtener una respuesta oficial, a mi primera petición, formule una nueva denuncia y solicitud de sanción al superintendente financiero de Colombia doctor Gerardo Hernández Correa, donde señalo los hechos violadores, las normas jurídicas violadas y las sanciones que solicito. El superintendente, no solo violó mi derecho de petición, al no darme respuesta oportuna, a mis denuncias radicadas en esa superintendencia con los números 2011030157-000 y 2011030299-000; sino que ocho meses más tarde, por fuera de los términos, el 22 de noviembre de 2011 me informa que va iniciar una actuación administrativa. Hasta el día de hoy no he recibido una respuesta a mi denuncia; en cambio, el negligente superintendente, fue premiado y ascendido a codirector de la junta directiva del banco de la República.

Veamos algunos apartes de mis denuncias:

“Primero. -En ejercicio del poder que me fue conferido, procedí a revisar los libros y papeles a disposición de los accionistas. En la página número 398 (de 630) correspondiente a las donaciones hechas durante el ejercicio social, me encontré con que se habían hecho cuatro donaciones a partidos políticos, durante la campaña presidencial del año 2010 así: Partido Liberal 125 millones de pesos, partido verde 125 millones de pesos, partido social de unidad nacional 125 millones de pesos; “Fondo Nacional Económico del partido cons.” 125 millones de pesos, para un gran total de 500 millones de pesos.

Segundo.-- La ley colombiana tiene establecidos, que las campañas presidenciales comienzan cuatro meses antes de la primera vuelta presidencial. La primera vuelta presidencial se realizó el día 30 mayo 2010; en consecuencia la campaña presidencial se inició el 30 enero del mismo año. La autorización de la junta directiva del banco del banco BBVA, se produjo por unanimidad el día 27 abril del año 2010, según costa en el acta de la junta directiva número 1545 de esa fecha; estando en plena campaña presidencial. Esta autorización fue concedida con el voto del Presidente Dr. Carlos Caballero Argaez; del Presidente Ejecutivo Dr. Oscar Cabrera Izquierdo; del Secretario Dr. Ulises Canosa Suarez; y consta en el acta que intervinieron y decidieron este punto votando favorablemente Juan Maria Arrien Colominas y José Domingo Omaetxebarria Gainza.”

No sobra recordar, que el presidente de la junta, que autorizó a la persona jurídica extranjera banco BBVA, a financiar a cuatro partidos políticos, violando la constitución, es la misma persona que aparece en los Panamá Paper, con bienes en el exterior no declarados ante la Dian.

“Quinta.-- Existe una diferencia fundamental entre las personas físicas y las personas jurídicas, mientras las primeras todo lo pueden y su capacidad se presume, de modo que pueden realizar todos los actos o todos los contratos para los que no exista prohibición expresa; las personas jurídicas, sólo pueden realizar los actos o los contratos que estén dentro de su objeto social, de modo que para lo que no esté dentro de su objeto social, no tienen capacidad, no pueden realizarlo y les está implícitamente prohibido. En ninguna parte del objeto social del banco BBVA, está la autorización expresa para financiar campañas electorales de candidatos o partidos durante los debates electorales. Tampoco es necesaria, la financiación de campañas de partidos o candidatos para poder realizar su objeto social; es claro que el banco puede realizar su actividad financiera sin tener que participar en campañas electorales, financiar candidatos o campañas de partidos.

No sobra recordar, que los derechos políticos de elegir y ser elegidos, se reservan a las personas naturales, así como el de constituir partidos o movimientos políticos o formar parte de ellos (art. 40 Constitución política Colombiana), las personas jurídicas no son titulares de estos derechos.

Sexta.-- Lo más grave es que el banco sabía que estas prohibiciones existían y sin embargo a ciencia y paciencia procedió a violar la constitución la ley y la jurisprudencia de la corte constitucional, para lo cual acudió a una especie de fraude a la ley, que consistía en financiar las campañas, por conducto de los partidos que estaban en campaña política; sin embargo se les olvidó que esto tampoco podía hacerse.”

“Octavo.-- Como los estados financieros que hoy se presentan violan la ley, no pueden ser aprobados; las deducciones de impuestos, producto de esas donaciones, tampoco son válidas y en consecuencias ni la superintendencia financiera ni la dirección de impuestos nacionales pueden aceptarlas. Los responsables de ese acto presuntamente violatorio de la ley deben responder con su patrimonio propio, debe reintegrar la suma de 500 millones a los accionistas para que aumente su dividendo. La superintendencia financiera, debe hacer uso de todas sus facultades legales, para sancionar a los responsables, incluidas las sanciones más fuertes como la remoción de todos los que participaron en este acto. Si además existen sanciones de otra naturaleza, esto es por ejemplo penales, debe dar aviso a las autoridades competentes, esto es la Fiscalía General de la nación, con el fin de que investigue estos hechos para que establezca, si con ellos u otros hechos, se han violado la constitución y las leyes de Colombia.”

Más adelante dije:

“Además de los hechos y argumentos arriba señalados, que como ya informe fueron denunciados por mí ante la asamblea de accionistas del banco, me valgo de la ocasión para adicionar mi petición con otros:

Noveno.-La norma jurídica que hay que tener en cuenta para verificar la violación del régimen constitucional colombiano es el artículo 109 de la constitución, modificado por el acto legislativo 1 de 2009, articulo 3, en la parte pertinente, que es y era la norma vigente y por lo mismo violada, al momento que se hizo la donación ilegal por parte de la junta directiva del banco BBVA

Acto legislativo 1 de 2009

Artículo 3°. El artículo 109 de la Constitución Política quedará así:

El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley.

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá tener fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.”.

Más adelante dije:

“Si se observa bien el acta del día 27 abril del año 2010, de la junta directiva número 1545 de esa fecha; que fue donde se autorizo la violación de la constitución, se observará que el subconsciente traicionó a los miembros de la junta directiva del banco BBVA, pues el numeral 5 comienza diciendo textualmente “5) En estas condiciones puede concluirse que es ILICITO hacer aportes a los partidos políticos para propósitos distintos a las campañas presidenciales...’

A pesar de conocer la ilicitud hicieron la donación prohibida por la constitución de Colombia. Esto hace su conducta mucho más reprochable.”


Síntesis


Mientras nosotros denunciamos la corrupción, otros la fomentan, disimulan y encubren. Denunciamos la de Odebrecht, en el interrogatorio que le hicimos a Tomas Uribe Moreno, el 22 de agosto del 2011, delante del Procurador Ordoñez Maldonado, sin que este ultimo hiciera nada por investigarla. Como también habíamos denunciado, el 29 de marzo de 2011, la violación de la constitución que hizo otra persona jurídica, mucho más poderosa económicamente que Odebrecht, el banco extranjero español, BBVA, al financiar a cuatro partidos políticos colombianos que tenían cuatro candidatos a la presidencia de la República. Los partidos eran: el partido verde, que tenía como candidato a Antanas Mockus; el Partido Liberal, que tenía como candidato a Rafael Pardo; el Partido Conservador por conducto de su fondo nacional económico; que tenía como candidata a Martha Lucía Ramírez; y el partido de la unidad nacional que tenía como candidato a Juan Manuel Santos; sin que el superintendente, como el procurador, hiciera algo por sancionar a los responsables y mucho menos denunciar ante la fiscalía general de la nación, como se lo pedí; por su encubrimiento fue premiado con el premio mayor de miembro de la junta directiva del banco de la republica.

Parece, también, que a la luz de estos hechos, el perdón que Antanas Mockus, le da a Juan Manuel Santos, por la financiación ilegal que recibió Santos de la empresa persona jurídica extranjera Odebrecht, es más un auto perdón, por la financiación también ilegal que hizo la persona jurídica extranjera Banco BBVA, y que recibió la Campaña Mockus.

En nuestro último artículo decíamos:

“Hace algunos días, nos quedábamos de lo paradójico, que era el tránsito de la guerra a la paz en Colombia, del pasado al futuro, de lo deleznable y abominable a lo bueno y a lo correcto y dijimos: “Lo más paradójico de todo lo que ha sucedido hasta ahora, es que nos presentaban los acuerdos de La Habana, como el pasaporte hacia un futuro luminoso, transparente, promisorio, hacia la tierra prometida y el retorno al paraíso perdido. Todo lo abominable del pasado: comenzando por la corrupción, las mafias en la política, la inmoralidad social y administrativa; la putrefacción y la podredumbre en la política, quedarían atrás; la deshonestidad, la depravación y la perversión social, económica y política, serían cosa del pasado; para conocerlas, tendríamos que ir al museo de los vicios del ayer. Lo paradójico, es que a los usurpadores de la soberanía popular, se les ocurrió, que los sepultureros de ese pasado abominable, ignominioso, repugnante e indigno, debían ser precisamente quienes mejor encarnaban sus vicios, su inmoralidad: la clase política y dentro de ella, el escenario donde se magnifican sus imperfecciones, degeneración y depravación: el Congreso de la República (con contadas excepciones). ¡Que paradoja, que del reino de los vicios, fuimos transportados al reino de la virtud, precisamente por quienes encarnan y simbolizan esos vicios!”.

La nueva paradoja, es que el rey de la mermelada, el presidente Santos, quien en vez de avergonzarse, por esta modalidad turbia de corrupción, descaradamente manifestaba su idea anti ética, de que seguiría ejecutando esa práctica, que la intensificaría, por lo que aumentaría el número de diabéticos en Colombia. Esta conducta maquiavélica, es otra forma velada, nublada y opaca de corrupción, la mermelada del gobierno, que corrompe a los políticos que a su vez han corrompido a sus electores y a una parte del pueblo colombiano: la mermelada del presidente santos, es la corrupción elevada a la N potencia, es corrupción de los corruptos.

¡Que paradoja, que el rey de la mermelada, sea ahora, el abanderado de la lucha contra la corrupción!.”

Hoy el Rey de la mermelada ha quedado al desnudo y ni la careta del nobel le sirve para presentarse como novel en temas de corrupción y cuando se mira al espejo, ya no ve su cara sino que encuentra una parecida: la de Uribe.

A los corruptos, muchos de los cuales tienen asiento en el gobierno y el congreso, que se apoderaron del proceso de paz y luego del tema de la corrupción, les recordamos que la sociedad civil está furiosa, indignada, que no a seguir permitiendo que los corruptos le arrebaten la soberanía y el poder constituyente; que sigan cometiendo Soberanicidio. Basta ya, solo el pueblo reunido en una constituyente popular, democrática y soberana, ratificada con posterioridad por ese mismo pueblo, por medio de un referéndum, puede diseñar las instituciones, que hagan cambios estructurales en la sociedad colombiana, incluida la verdadera lucha contra la corrupción. El fantasma de Emmanuel Sieyes, sigue presente, en este momento de crisis, que no ocasionó el pueblo, sino la corrupción de los gobiernos de Santos y de Uribe; el modelo económico, la falta de derechos, la pobreza, el olvido de la máxima kantiana de que la mejor política es la corrección; como dijera el abate Sieyes: “El pueblo en momentos de crisis, debe ser siempre consultado, como árbitro supremo que es, y, si no pudiesen serlo todos los ciudadanos, debe serlo, a través de una representación extraordinaria, ... Esta representación extraordinaria, obra en virtud de mandato extraordinario y puede tener el poder constituyente”. Ningún poder constituido puede usurparle al pueblo la soberanía ni el poder constituyente.

 

 

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Martes, 21 Marzo 2017 06:51

Coletazo comercial por la carne podrida

El coletazo internacional por la exportación de carne adulterada desde Brasil se hizo fuerte. Montados sobre la crisis causada por el operativo “Carne débil”, una denuncia de la Policía Federal que recayó sobre los hombros de JBS y BRF por vender supuestamente carnes vencidas y reses muertas por enfermedades, Chile, China, Corea del Sur y la Unión Europea (UE) decidieron interponer distintos tipos de barreras a la importación de carne brasileña. Con el escándalo golpeando a las puertas de los frigoríficos brasileños, el presidente Michel Temer intentó minimizar los daños causados a la industria debido a la investigación de la policía por corrupción en la inspección de alimentos.


Fue en vano el intento de generar confianza de Temer, que había invitado a una churrasquería a 40 embajadores el domingo para demostrar que la carne brasileña merecía seguir comercializándose en las grandes ligas mundiales, los principales mercados compradores de Brasil reaccionaron con desconfianza frente a las revelaciones de que 21 frigoríficos están investigados por la presunta adulteración de carnes para permitir el consumo incluso luego de la fecha de vencimiento.


Brasil es líder mundial en carne procesada y es el primero en el mundo en la producción de carne de pollo, con exportaciones que alcanzan a 150 países. Los frigoríficos JBS y BRF, las dos grandes locomotoras de la exportación brasileña de carnes y que están directamente impactados con las investigaciones, niegan los cargos. Temer intentó reducir los daños para la economía durante su presentación en la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos en San Pablo, donde afirmó que existe un número diminuto de frigoríficos involucrados en la supuesta red desbaratada por la PF la semana pasada.


“Para nosotros el agronegocio es importantísimo y no puede ser devaluado por un asunto menor, que debe ser sancionado, claro, pero que no puede comprometer a todo el sistema que creamos en los últimos años, con exportaciones a 150 países de la carne brasileña”, dijo Temer. El mandatario aseguró que Brasil tiene un sistema rigurosísimo de inspección sanitaria y afirmó que en el operativo fueron afectadas 21 unidades de producción de alimentos, ante 4850 plantas de frigoríficos existentes en el país. “Es un número diminuto”, subrayó el mandatario al intentar llevar confianza a la platea de empresarios de la cámara binacional.


“En las denuncias de la policía hay mucha fantasía, muchas idioteces”, dijo el ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi, ex gobernador de Mato Grosso cuyos negocios agrícolas le hicieron ganar el apodo de rey de la soja la década pasada. El ministro anunció que China, principal socio comercial de Brasil, pidió explicaciones y detuvo los embarques destinados a su país a modo de prevención. Antes se había manifestado Corea del Sur, otro gran importador, a través de un vocero de su Ministerio de Agricultura, en Seúl, que informó sobre la suspensión de la importación de pollo brasileño.


Del pollo que importa Corea del Sur, 80 por ciento proviene de Brasil y la mitad de esta cantidad la produce BRF. Por su parte, el vocero de la UE para asuntos sanitarios, Enrico Brivio, dijo a la agencia local Estado que el bloque le pidió al gobierno de Brasil garantizar que todos los involucrados en el fraude no puedan exportar hacia Europa. “Les recomendamos a los 28 gobiernos europeos que sean extravigilantes con los embarques desde Brasil y que aumenten los controles en las aduanas”, sostuvo, aunque aclaró que no se había encontrado ninguna irregularidad hasta el momento.
El escándalo de la carne en Brasil alcanzó incluso a las negociaciones comerciales que mantienen el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, con los agricultores europeos urgiendo a garantizar las normas de seguridad de los 28 miembros horas antes del inicio de una nueva ronda que tuvo lugar ayer en Buenos Aires. Los países de Mercosur –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– “no tienen las mismas normas que nosotros, tal como demuestra el caso descubierto en Brasil”, denunció el secretario general del principal sindicato europeo de agricultores Copa-Cogeca, Pekka Pesonen.


Desde el intercambio de ofertas arancelarias en mayo entre ambos bloques, todo como paso previo a la reanudación de las rondas de negociación formal en octubre, ese sindicato europeo expresó su oposición a un acuerdo de libre comercio, por la inclusión de productos agrícolas sensibles.


Los ganaderos europeos tampoco dudaron en lanzarse contra el mercado brasileño. “Es ultrajante darle una segunda chance a Brasil”, dijo Patrick Kent, de la asociación de productores irlandeses, citado por el diario O Estado de S.Paulo. En tanto Chile suspendió las importaciones hasta tener aclarado el origen de la carne que compra.


El presidente de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, José Augusto de Bastro, dijo que la imagen externa de Brasil será afectada y seguramente habrá pedidos de nuevos certificados en mercados exigentes como Arabia Saudita, China y Japón. La Asociación Brasileña de Industria Exportadora de Carne (Abiec) fustigó la operación policial, en la que se habla de que el ácido absorbico usado en las carnes podría ser cancerígeno.

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Fue un domingo negro para el mandatario conservador. Debió dar explicaciones a embajadores extranjeros por la carne vencida o en pésimo estado que se exporta, mientras Lula se daba un baño de masas en el nordeste.

 

Desde Brasilia

 

Domingo negro por partida doble para Michel Temer: mantuvo una reunión de emergencia con embajadores extranjeros que amenazan embargar las importaciones de carne brasileña a raíz del escándalo de los frigoríficos al tiempo que el mayor antagonista del gobierno, Luiz Inácio Lula da Silva, era recibido por una multitud en la región nordeste, durante un acto visto como su lanzamiento hacia las presidenciales de 2018, en las que se perfila como favorito con más del 30 por ciento de las intenciones de voto, casi triplicando a los ubicados en segundo lugar.

“Quieren crucificarme pero voy a luchar hasta el fin” arengó Lula en la localidad de Monteiro, estado de Paraíba, enclavada en una región pobre y seca, el “sertado”, donde su popularidad siempre fue alta.

El líder del Partido de los Trabajadores, junto a la exmandataria Dilma Rousseff, visitaron las obras de canalización del Río San Francisco, iniciadas durante las gestiones petistas, y que permitieron llevar agua a unos 12 millones de personas.

Para no dejar dudas de que está en marcha hacia la disputa de su tercer mandato, el ex tornero metalúrgico dijo “Yo no sé si estaré vivo para ser candidato en 2018, pero lo único que sé es que ellos quieren evitar por cualquier medio que me presente”.

Dilma lo complementó al denunciar que se está tramando un “segundo golpe”: el primero fue para desalojarla a ella del gobierno en mayo del 2016, el segundo para tenderle trampas jurídicas a Lula, y proscribirlo en 2018.

De camisa roja, sudado, Lula habló de una forma apasionada en esa región de la cual él es originario, y donde vivió hasta mudarse con su madre y hermanos a San Pablo, donde se forjó como sindicalista, luego fundó el PT y más tarde fue presidente, entre 2003 y 2011. “Salir de donde yo salí, y llegar a donde llegué eso es algo posible solo de la mano de Dios”.

“Ellos le piden a Dios para que yo no sea candidato,porque si lo soy es para ganar, y para que el país vuelva a tener alegría, felicidad, y el pueblo otra vez tenga empleos y salarios dignos”.

De esa forma reiteró su denuncia contra el ajuste en curso que tiene como prioridad la reforma de la previsión social.

Esos ejes ya los había tratado Lula en otro acto muy concurrido la semana pasada en San Pablo, el más importante de los realizados en 24 capitales, que sirvió de barómetro para confirmar el descontento en alza contra la política económica de esta administración. Y el repudio casi unánime de su ejecutor, el presidente Michel Temer, con una aprobación de apenas el 10 %.

La crisis causada por el “Operativo Carne Débil”, que lanzó el viernes la Policía Federal marcó el domingo en Brasilia, donde Temer afirmó que “el gobierno reitera la confianza en la producción nacional”.

Los gigantes JBS y BRF, que están entre los frigoríficos más importantes del mundo, fueron acusados de integrar una organización mafiosa que vendía carnes vencidas y hasta de reses muertas por dolencias al mercado externo e interno.

JBS y BRF adulteraron las mercancías con la complicidad de fiscales del Ministerio de Agricultura, cartera al frente de la cual está Blairo Maggi, quien fue elegido para el cargo por ser empresario del agronegocio, un renglón crucial para la economía y en el cual Temer confiaba como palanca para salir de la recesión acumulada del 7,3 % en 2015 y 2016.

Ante el temblor político y económico causado por la denuncia de la Policía Temer convocó a Maggi al Palacio del Planalto, donde ayer ambos presentaron sus explicaciones –no se sabe cuán convincentes– a los embajadores de 33 países, entre los que había varios de la Unión Europea, China y Rusia: es decir el grueso del mercado hacia donde exporta Brasil.

El sábado representantes del gobierno hablaron con diplomáticos de Estados Unidos, casi a la misma hora en que Temer mantenía la primera, y tardía, conversación telefónica con Donald Trump, desde que el magnate estadounidense asumió el cargo el 20 de enero. Según el diario Estado el presidente tenía la intención de tranquilizar a su colega sobre el problema del ganado en mal estado, pero la oficina de prensa del gobierno no confirmó esa versión.

El fantasma del boicot internacional a las carnes sobrevoló el Planalto donde se vivió uno de los fines de semana más agitados de los últimos meses, en los que no faltaron sobresaltos.

El tamaño del caso de los embarques en mal estado se mide en la reacción del mercado donde el viernes las acciones de JBS cayaron más del 10 por ciento y las de BRF bajaron en torno del 7 por ciento.

“El escándalo alimenta dudas sobre la futura cotización de las acciones de JBS y BRF” en Estados Unidos escribió el diario Folha.

Lo cierto es que las reuniones del domingo tenían entre sus objetivos evitar otro sacudón bursátil hoy lunes en la Bolsa de Valores de San Pablo, según lo reconoció el ministro Maggi al hablar con la prensa después de reunirse con Temer y los embajadores.

“Con respecto a lo que puede pasar en el mercado, yo estoy preocupado, sí que lo estoy” planteó el funcionario.

“Brasil es un gran exportador, tenemos el 7 % del mercado mundial de alimentos, y una posición fuerte de los países contra nuestras exportaciones significaría una crisis grande, pararía nuestros procesos productivos (...) por eso apelo a los embajadores para que acepten nuestros argumentos, sepan que estamos trabajando fuertemente para resolver este tema”.

Maggi estaba acompañado de funcionarios de la Cancillería y el Ministerio de Justicia, cuyo titular Osmar Serraglio fue citado como un operador de la trama de corrupción formada por los frigoríficos y miembros del Ministerio de Agricultura.

La cabeza de Serraglio puede correr la suerte de otros ministros que dejaron sus cargos por corrupción, mientras hay otros seis en el patíbulo, que fueron denunciados la semana pasada por presuntos sobornos cobrados a la constructora Odebrecht.

Nada, sin embargo, es capaz de borrar la sonrisa (acaso retocada de botox) siempre exhibida por el presidente Temer.

Ayer al finalizar la cita con los embajadores de 33 países, junto a diplomáticos de segundo nivel de Estados Unidos y Gran Bretaña, Temer les propuso compartir un “churrasco” en un restaurant de Brasilia, como forma de probar la calidad de las carnes nativas.

El convite fue aceptado por los diplomáticos, según las primeras informaciones, pero las dudas siguieron en pie: ayer la Unión Europea y China enviaron consultas oficiales sobre los embarques de ganado en mal estado.

El Partido de los Trabajadores anticipó que este lunes iniciaba la recolección de firmas para una Comisión Investigadora de la carne, caso al que algunos ya bautizaron como el “Churrascao”, siguiendo la cacofonía del “Petrolao” y el “Mensalao”, los escándalos que hicieron mella en los gobiernos de Dilma y Lula, respectivamente.

 

 

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Se abusa con frecuencia de la palabra crisis para caracterizar determinadas coyunturas del sistema de poder prevaleciente en el Estado y de la economía capitalista dependiente. De tanto recurrir a dicho vocablo se pierde el rigor en el análisis y en las conclusiones correspondientes. De pronto lo que se ve como convulso no es más que una leve alteración de la normalidad, que el tremendismo se encarga de sobredimensionar.

Por eso la cautela inicial al abordar el nuevo escándalo de corrupción gestado con el destape de los sobornos multimillonarios de la constructora brasilera Odebrecht a las campañas presidenciales, en el año 2014. En principio se dijo que todo esto se hacía para restarle importancia al tema de la paz en el debate electoral que culminara escogiendo Presidente en el mes de mayo del 2018. Como el uribismo caminaba holgado con su oposición a los consensos de paz, pues su triunfo en el plebiscito le dio alientos para ir por la presidencia nuevamente, incrustar el tema de la corrupción como cortina de humo lucia como una estrategia perfecta. Típica maniobra del pokerista de marras.

No obstante, con lo que ya se conoce hoy sobre las andanzas de Roberto Prieto, mano derecha por muchos años del señor Santos, como encargado de la tesorería de varias de sus campañas políticas, el desconcierto es generalizado.

Allí hay de todo. Las peores lacras. Un parapolítico, Otto Bula, protagonista del despojo de tierras y del desplazamiento de cientos de campesinos, socio de la tenebrosa Oficina de Envigado, aliado de Mario Uribe, primo del Caballista de Ubérrimo, entregando un millón de dólares a un carnal de Prieto para sufragar los gastos personales de los más importantes operadores de la campaña del actual Jefe de la Casa de Nariño. Odebrecht era la fuente de dicha suma. Un soborno para amarrar la licitación de la doble calzada Ocaña Gamarra.

Licitación en la que metieron las manos las Ministras santistas Parodi y Álvarez para favorecer a la constructora carioca e incrementar fortunas familiares con puertos fluviales utilizados en toda clase de torcidos menesteres.

Por supuesto, los jerarcas del gamonalato oficialista, los aliados del Presidente que han sido favorecidos a manos llenas con los cupos de mermelada en el Fonade, Ñoño Elías y compañía, también hicieron su correspondiente agosto con el tráfico de influencias para incrementar sus fortunas y poderes regionales.

Roberto Prieto está en el ojo del huracán. Sus nexos con Odebrecht se rastrean desde el 2010, año en el que se dan los primeros sobornos, 400 mil dólares, para los afiches electorales de Santos, y otro millón para costear una encuesta muy favorable al candidato.

La abultada contratación de Prieto con el actual gobierno es una evidencia de su enorme poder en las distintas esferas gubernamentales. Pago a su vagabundería.

Pasan los días y se conocen nuevos episodios de esta historia delincuencial, otra más, de la casta política nacional.

Obviamente los impactos políticos son demoledores. La gente no sale del estupor y las encuestas muestran una caída generalizada de su estado de ánimo. El desprestigio de Santos es de proporciones gigantescas. Su aceptación esta por el suelo, incluso por debajo de la de Samper (1995) a raíz del proceso 8000 y de la de Pastrana (2001), por su torpe gestión del proceso de paz del Caguan que catapultó a Uribe Vélez a la Presidencia desde el 2002 hasta el 2010.

Santos esta por el piso y su gobernabilidad completamente anulada. El combustible apenas si le da para evitar caerse, como sucedió con Samper. ¿O será que si renuncia como ya lo pide abiertamente la prensa?

Ahora si la crisis política es múltiple y demoledora. Lo que obliga a pensar, desde la izquierda, en los escenarios inmediatos. En las alternativas progresistas y democráticas, para que no sea la ultraderecha terrateniente y el militarismo quienes terminen capitalizando todo este desbarajuste y desplome del poder oligárquico, con la marcha del próximo 1 de abril convocada por el expresidente Álvaro Uribe.

En ese sentido surgen muchos interrogantes sobre las principales políticas adelantadas por el gobierno de Santos, manchado por los sobornos de Odebrecht y la mermelada de Cárdenas, uno de los artífices del desfalco de Reficar.

Me pregunto: ¿sucumbirá el proceso de paz y los acuerdos que se han firmado hasta el momento con las Farc? ¿Desmantelará el gamonalato oficialista, mediante el Fast Track, el contenido de cada uno de los acuerdos de paz como acaba de suceder con aspectos nodales de la Justicia Especial de paz como la participación política de los integrantes de las Farc y la impunidad de los financiadores del paramilitarismo y la masacre? ¿Se quedaran en el papel los temas agrarios y de la democracia ampliada?

¿Se profundizara el sabotaje de la burocracia de la paz a las Zonas veredales? ¿Continuara la masacre de los líderes sociales y la indiferencia cómplice del Ministro de la Defensa? ¿Regresaremos nuevamente al conflicto violento de las últimas décadas?

Es lamentable decirlo, la paz es la mayor damnificada en este escándalo de los sobornos y el cohecho promovido por los operadores de la corrupción para favorecer a Odebrecht y acumular más fortunas de origen ilegal.

La pérdida de legitimidad del gobierno de Santos y la ruina de su gobernanza se lleva por delante el sueño de la paz de millones de colombianos.

Los grandes poderes del latifundio, de la banca, del generalato, de la corrupción, representados en el Congreso de la República por Senadores y legisladores de la Cámara, están despedazando y van a desnaturalizar a fondo el Acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colon, tal como en su momento lo advertimos y denunciamos.

Como Santos, los gamonales están utilizando la paz para hacer buenos negocios en la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

El reto consiste en buscar salidas. Hay que defender lo avanzado hasta el momento, pero se requiere romper el bloqueo de las nuevas burocracias políticas deslumbradas por prebendas menores otorgadas por las cumbres oficialistas. Lamentable que algunos estén pensando, desde este lado, que mediante regalos clientelares de Santos, Pardo y Jaramillo, la paz puede sobreaguar.

La paz necesita del pueblo. La paz no puede ser un cometido individualista ni una empresa de elementos cargados de codicia, soberbia y afán de figuración como novedades legisladoras.

¿No será mejor regresar a la idea del poder constituyente de la multitud para dar el salto que demanda la descomunal crisis que nos oprime y defender la paz? ¿No será que ese poder constituyente trasciende en su potencia el estiércol del Congreso de la Republica, en el que ciertas almas ingenuas de la Izquierda electoral y académica confían tanto, después de ser sus más recalcitrantes críticos?

Paradojal todo lo que ocurre. Santos, como suele ocurrir con él, despego el 2017 manipulando el tema de la corrupción pensando en bajarle el perfil al asunto de la paz, en que supuestamente el uribismo es fuerte, pero a estas alturas lo que logro fue darle un golpe de muerte a los acuerdos para poner fin a la guerra. Se pegó un tiro en el pie, como con el plebiscito del pasado 2 de octubre.

Estamos a tiempo para impedir que Odebrecht entierre la paz.

Hay que actuar y proceder a la movilización social en defensa del derecho a vivir sin la muerte y la violencia atroz.

 

 

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Más que las escondidas, el juego preferido de políticos y funcionarios es el legendario tingo, tingo, tango. Este consiste en pasarse acusaciones de mano en mano mientras la justicia, con los ojos vendados, repite: tingo, tingo, tingo; hasta gritar, al azar, ¡tango! Ahí, paga penitencia el desafortunado que se haya quedado con la pelota. Lo han jugado por años. Recordemos el proceso 8000 cuando todos se arrojaban culpas desaforadamente, hasta que al final fue procesado, en una jugada de último minuto, el exministro de defensa, Fernando Botero Zea. Este, antes de ser condenado, le había lanzado la pelota al exprsidente Samper, quien logró devolvérsela justo cuando la fiscalía gritó ¡tingo! Un juego histórico.
En este momento asistimos a otro encuentro de estos con el caso Odebrecht y la financiación de las últimas campañas presidenciales. A finales del año pasado, cuando salió a la luz pública que la empresa brasileña había sobornado por millones de dólares a políticos y funcionarios colombianos para acceder a las contrataciones públicas más importantes del país, como la Ruta del Sol II y la restauración del Río Magdalena, todos los implicados empezaron a lanzar acusaciones intentando zafarse de responsabilidades o reducir sus penas. Al mismo tiempo, a finales de enero, la revista Vieja de Brasil sacó un reportaje donde el publicista “Duda” Mendonça afirmó que Odebrecht le había pagado sus servicios en la campaña de Zuluaga. Luego, el exsenador Otto Bula, tras ser investigado por el contrato Ocaña-Gamara, afirmó que la campaña presidencial de Santos del 2010 también recibió un millón de dólares de esa empresa. Los pagos, dicen las ivestigaciones, se hacía a través de empresas fantasma ubicadas en el exterior que ninguna campaña los reportó.


Así, Otto Bula le pasó la pelota al exgerente de las dos campañas presidenciales de Santos, Roberto Prieto, quien en un primer momento negó los hechos. Pero, sorpresivamente, el martes trece de marzo en conversación con la W radio confesó haber ordenado pagar dos millones en carteles publicitarios con dinero del conglomerado brasileño, pero negó haber sido el recaudador de fondos para campaña, de eso se encargó, dijo, el Comité Financiero, es decir, Orlando Sandi de Lima; Consuelo Caldas; y el empresario Juan Claudio Morales. De inmediato, los nuevos dueños de la pelota negaron dicha afirmación en un comunicado. Roberto Prieto también aclaró que era falsa la acusación de Otto Bula, la cual lo implicaba directamente en las presidenciales de 2014. Además, aseguró que el presidente Santos no sabía nada, a lo que el mandatario respondió: «hasta ahora me entero». A diferencia de Samper, Santos aún no ha recibo la escandalosa bola, sólo falta que alguien se anime a hacerlo.


Pero ¿Por qué el arrebato confesional de Prieto? Horas después, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alex Vega, dijo que investigará el caso a pesar de que, aquí la razón, ya se vencieron los términos para hacerlo, debido a que han pasado más de tres años. Es decir, la inoportuna confesión de seguro no tendrá más efecto que el desprestigio a la ya deteriorada imagen del presidente Santos. ¿Es eso lo que buscaba Prieto, desprestigiar a Santos y su exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ahora precandidato presidencial? La intención cobraría sentido si se descubriera que el exgerente se alió en secreto con el Centro Democrático para ayudarlos en la presidenciales de 2018, pero es difícil de creer ya que este partido también está implicados es los hechos. Por eso, una posible explicación es que fue presionado o, fruto de lo anterior, ya había hecho esas mismas declaraciones a entes judiciales y por eso tarde o temprano de todas formas se conocerían.


Las preguntas consecuentes son: de ser así ¿Quién lo presionó? Y ¿A qué entes judiciales declaró? Aquí comienza la especulación, basada en hechos factibles. Las respuestas están en el contexto. Como se sabe, la corrupción de Odebrecht se descubrió por la operación Java Lato, una de las investigaciones anticorrupción más grande en la historia política reciente. Se dice que comenzó con un bloqueo de dinero en un puesto de gasolina en el 2014 y que de ahí, siguiendo las pesquisas que encontraban los investigadores, se llegó a conocer el sistema de corrupción de Odebrecht en Brasil que relacionaba al Partido de los Trabajadores y la petrolera Petrobras.


El olor a descomposición era tan fuerte que llegó a la nariz del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien lo percibió como pan recién orneado. De inmediato, «en virtud de que hay una norma que le permite a Estados Unidos perseguir a los corruptos y lavadores de dinero fuera de su país», metió manos en la masa, continuó la investigación, y el 21 de diciembre del 2016 señaló públicamente «a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos». Al dar el anuncio, Estados Unidos se vestía de redentor. Sin embargo, su intención no es eliminar la corrupción en el mundo. Es abrirle espacios a sus propias empresas, las cuales son igual de corruptas, eliminando la competencia, como sucede con Odebrecht. Así, estamos presenciando una lucha geopolítica entre dos potencias, donde el campo de batalla es el cibermundo y el arma principal la información.
WikiLeaks debeló cómo la CIA vigilaba a grandes empresas en todo el mundo para luego utilizar la información recolectada a su favor. No es difícil creer entonces que haya hecho lo mismo con Odebrecht y que cada tanto suelte información sobre esta para cumplir dos objetivos: eliminarla y crear inestabilidad en los países implicados con miras a ganar espacios por donde influir, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Esto mismo generó Rodrigo Prieto con su mea culpa. Si ya fue interrogado Otto Bula por la justicia norteamericana, no es descabellado pensar que ya hizo lo mismo con Prieto o está a punto de hacerlo.

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En la lista filtrada estarían los más importantes políticos del partido de Michel Temer, pero la inmensa envergadura de la investigación podría acabar debilitándola


El listado, filtrado desde la oficina del fiscal, incluye a casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la excepción del actual presidente


“ ¿Quién está en la lista?”. La pregunta ha tenido obsesionada a toda la clase política brasileña desde hace meses. Mientras, el país espera que se revelen los nombres involucrados en el caso de corrupción más grande del país: la Operación Lava Jato.


La respuesta parece haberse filtrado esta semana desde la oficina del fiscal general, Rodrigo Janot: en el listado figuran casi todos los políticos que estuvieron en el poder en los últimos 10 o 20 años, con la llamativa excepción del presidente Michel Temer .


Pero con prácticamente toda la clase política en el banquillo, la investigación puede debilitarse al adquirir tamaña envergadura.


Según medios locales, entre los 83 políticos acusados este martes ante la Corte Suprema figuran cinco miembros del Gabinete, dos expresidentes — Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff —, los actuales y anteriores presidentes de ambas cámaras del Congreso y al menos dos antiguos líderes opositores —Aécio Neves y José Serra—.


Ellos, junto con decenas de abogados, han sido denunciados por la llamada “confesión del fin del mundo” de los exejecutivos de Odebrecht, la empresa de construcción más grande de América Latina, acusada de sobornar funcionarios de todo el continente.


Se dice que los testimonios, que supuestamente todavía están bajo secreto de sumario, revelan cómo los contratos públicos para la construcción de represas, puentes, carreteras y plantas energéticas fueron inflados escandalosamente para pagar sobornos a funcionarios de alto rango, tanto de los gobiernos locales como del nacional.


Janot envió 83 casos a la Corte Suprema y 211 a tribunales menores. El número de acusaciones es mayor al que se presentó durante los comienzos de la investigación del caso de corrupción de la petrolera Petrobras, que llevó tres años. Algunos gobernadores y senadores, como Romero Jucá y Renan Calheiros, han sido acusados en ambas investigaciones.
Las acusaciones son otro golpe para el gobierno de Temer, que ya ha perdido ocho ministros —la mayoría a causa de escándalos de corrupción— desde que planificó la destitución de la presidenta Rousseff el año pasado.


Aunque el presidente no ha sido acusado, está implicado en muchos de los testimonios y además supuestamente figuran en el listado todos los otros líderes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), junto con cinco miembros de su gabinete. Temer ha dicho que solo les pedirá la dimisión si son acusados formalmente.


Sin embargo, existen temores de que muchos de los acusados por la Operación Lava Jato hayan estado socavando la investigación desde que Rousseff fue destituida. El juez de la Corte Suprema que más apoyaba la investigación, Teori Zavascki, murió en un misterioso accidente aéreo en enero . Fue reemplazado por un aliado de Temer, el exministro de Justicia Alexandre de Moraes.


Los políticos están debilitando la investigación de otras formas. Calheiros, expresidente del Senado, salió indemne tras rechazar una orden de un juez de la Corte Suprema para que dimita de su cargo mientras está siendo investigado . Además, los diputados están intentando prohibir las confesiones de los acusados con el objetivo de reducir sus penas y están intentando aprobar una ley de amnistía que permitiría que muchos de ellos evadan un castigo judicial .


Fernando Limongi, profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de San Pablo, dice que el listado de Janot prueba que la corrupción es endémica y que involucra a todos los partidos políticos. Pero advierte de que ampliar la investigación podría beneficiar a aquellos que buscan socavarla.


“ Como están involucrados casi todos los líderes políticos, esto podría acabar aliviando la presión sobre el gobierno de Temer. Ahora todos los políticos están en el mismo barco”, afirma. “¿Qué pasaría si toda la clase política se uniera para buscar una salida?”.


Sylvio Costa, editor de la organización de Congreso en Foco, asegura que el lento proceso judicial podría atascarse si se presentan solicitudes de investigación de forma masiva y al final se acabaría castigando a muy pocos políticos.


“ Es un juego brutal: por un lado los principales partidos políticos —tanto el gobierno como la oposición— están intentando llegar a un acuerdo que preserve a los líderes como Lula y Aécio. Y por otro lado está la sociedad frustrada, que quiere que continúe la investigación aunque no tenga mucha fuerza”.


Costa advierte que la reacción pública determinará el futuro del proceso. “Algunos políticos serán castigados. Tendremos algún tipo de cambio, pero no será ni tan grande ni tan profundo como quisieran los que querían la destitución de Dilma y los que quieren una política honesta y ética”.

 

Jonathan Watts - Río de Janeiro
16/03/2017 - 21:16h


Traducido por Lucía Balducci

Publicado en Internacional

El presidente colombiano: "No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones. Me acabo de enterar"


El gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2014, Roberto Prieto, ha reconocido este martes que la constructora Odebrecht les financió de forma irregular. Ocurrió en la anterior carrera presidencial, en 2010, cuando la compañía brasileña, investigada por tejer una amplia red de sobornos en América Latina, pagó los afiches del actual presidente de Colombia. “Yo ordené los afiches operativamente con plata de Odebrecht. Es una realidad. Eso fue una operación irregular”, ha afirmado Prieto.


“La irregularidad es evidente. Está claro que hubo parte de un equipo financiero que se acercó a Odebrecht para buscar financiar unos afiches”, ha proseguido durante una entrevista en Blu Radio. La ley electoral colombiana prohíbe aceptar fondos de una empresa extranjera y, ante esta circunstancia, ha señalado que el comité de campaña hizo “quedar mal” a Santos, a quien el exgerente ha exculpado en todo momento.


Tras las declaraciones de Prieto, el presidente colombiano ha difundido una declaración institucional a través de Twitter en la que condena esa financiación, pero no la niega. Santos asegura que no estaba al tanto de los pagos y pide que se investigue y sancione a los responsables de esas irregularidades. “Frente a la valoración de que hubo recursos no registrados en mi campaña de 2010, quiero expresar mi absoluto rechazo y condena frente a ese hecho”, ha enfatizado el mandatario. “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña”, ha continuado.


Santos ha reclamado a los cargos afectados “que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable” y ha rechazado que esta circunstancia salpique a su Gobierno. “Esta violación de la norma de la campaña no supone ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi Gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi Administración y sancionen a los responsables de cualquier, cualquier acto de corrupción”, ha recalcado.


Aunque la confesión de Roberto Prieto no ha entrado en detalles de cuánto costaron los afiches para la campaña presidencial de 2010 ni la empresa intermediaria a través de la que el departamento financiero llegó a Odebrecht, la Fiscalía investiga desde hace semanas a Impressa Group Corp. Se trata de la compañía panameña de publicidad, vinculada a los Papeles de Panamá, de María Fernanda Valencia y su entonces marido, Félix Otto Rodríguez. Ambos están llamados a declarar ante el organismo judicial para aclarar si la constructora brasileña asumió el pago de 400.000 dólares, coste de los dos millones de carteles.


Por el momento, la Fiscalía que dirige Néstor Humberto Martínez no ha informado de si cambiará el curso de su investigación tras las declaraciones radiofónicas de Prieto. El que fuera gerente de las dos campañas del actual mandatario también tendrá que pasar por estas dependencias judiciales.
El Comité Nacional de Colombia mantiene su investigación administrativa y paralela a la de la Fiscalía sobre las campañas presidenciales de 2014. La sala plena del organismo se reúne el miércoles en sesión ordinaria y podría solicitar a la dirección ampliar su tarea tras la confesión de Prieto. Por el momento se encargan de esclarecer si el actual presidente recibió más dinero del establecido por la ley electoral y si esas cantidades tienen un origen ilícito tras las declaraciones del exsenador Otto Bula, quien confesó haber entregado un millón de dólares en efectivo a Roberto Prieto. Si se llegara a confirmar que la campaña del presidente Santos recibió aportes de una empresa extranjera como Odebrecht, el entonces candidato habría superado el tope legal establecido.


Por otra parte, la Fiscalía colombiana ha verificado que Odebrecht cerró un contrato en febrero de 2014 con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, por un millón de dólares, para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia. “Esta contribución habría sido efectuada, según los directivos de Odebrecht, con el fin de lograr una aproximación con el Gobierno del presidente Santos”, aseguran desde el organismo judicial.

Publicado en Colombia
Miércoles, 15 Marzo 2017 07:39

“La lista de Janot” hace bailar a Brasil

Entre los implicados en el escándalo de corrupción hay hombres fuertes del Partido Movimiento Democrático Brasileño, de Temer, y de la Socialdemocracia Brasileña. La lista se mantuvo en secreto desde diciembre pasado, para no “desestabilizar”.

 

Es la noticia del año, por ahora. La Procuraduría General de la República envió a la Corte una lista de 83 políticos, entre los que estaría el hombre fuerte del gobierno de Michel Temer, Eliseu Padilha, y otros funcionarios envueltos en el escándalo de corrupción investigado en la causa Lava Jato.

Se trata principalmente, según versiones extraoficiales, de referentes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex candidato presidencial Aécio Neves y su abuelo político, Fernando Henrique Cardoso.


PMDB y PSDB son las fuerzas que sustentan al gobierno surgido de la asonada que hace nueve meses desalojó a Dilma Rousseff del Palacio del Planalto con el pretexto de moralizar y estabilizar (así como “despetizar”) al país.


La democracia fue “atacada (...) y violentada por la corrupción y el abuso de poder económico y político” sostuvo el procurador Rodrigo Janot al anunciar la conclusión del informe que era aguardado desde la semana pasada.


Janot solicitó ayer por la noche al ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, que abra investigaciones a 83 ministros, senadores y diputados, beneficiados por el foro calificado, alcanzados por las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht.


Aunque “La lista de Janot” fue guardada bajo siete llaves en la “Sala del Cofre” del tercer piso del palacio del Supremo Tribunal Federal, ya se filtró que en ella figuran el jefe de la Casa Civil Eliseu Padilha y otros cuatro ministros, además de los presidentes del Senado, Eunicio Oliveira y de Diputados, Rodrigo Maia.


Traducido: no sobrevivió ninguna pieza importante del engranaje político-mafioso montado por Temer para gobernar hasta el 31 de diciembre de 2018.


Un vocero del mandatario dijo que de aquí en adelante se inicia el período “post delación del fin del mundo” en la que se intentará continuar con las (contra)reformas previsional y laboral.


La Bolsa de Valores de San Pablo, que se disparó cuando fue derrocada Rousseff, ayer cayó el 1,5 por ciento y el 5 por ciento las acciones de Petrobras: señal de que el mercado financiero duda sobre cuánta gobernabilidad le queda al mandatario cuyo capital político depende, no de su aprobación popular, sino de la profundidad y velocidad del ajuste. “Prefiero ser impopular a populista” dijo Temer a la revista británica The Economist, cuyo enviado se sorprendió por las convicciones neoliberales del entrevistado.


Siempre de acuerdo con las filtraciones publicadas por las ediciones on line de los diarios Estado y Folha, la Procuraduría solicitó que el Supremo Tribunal investigue al actual canciller Aloysio Nunes Ferreira y al anterior, José Serra, así como al senador Aécio Neves, los tres del PSDB.


El propio Temer también habría sido nombrado más de 40 veces por los arrepentidos de Odebrecht, luego de acordar hacer delaciones premiadas a cambio de la mitigación de sus penas.


Según esas confesiones Temer, secundado por Eliseu Padilha, negoció en una cena celebrada en 2014 el aporte de unos 3 millones de dólares ilegales con Marcelo Odebrecht, ex titular de la constructora, que purga una pena de 19 años de prisión.


El contenido de los archivos posiblemente será publicado en los próximos días, con el fin del secreto de sumario, luego de que sean revisados por el ministro Fachin, que asumió como relator de Lava Jato en enero reemplazando a Teoríi Zavascki, fallecido en un accidente aéreo el 19 de enero. Zavascki era tenido como el juez más imparcial del Supremo, y posiblemente el más temido por Temer.


El informe elevado al Supremo Tribunal tiene un anexo sobre 211 personas sin foro privilegiado, donde estarían Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, cuyos expedientes serán girados a jueces ordinarios.


Es un hecho que el anuncio del procurador puso nocaut, o al menos dejó groggy, a la actual administración. Y es igualmente cierto que la Justicia demoró en iniciar esta fase del proceso Lava Jato: las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht habían concluido y fueron homologadas en diciembre del año pasado.


No son convincentes los argumentos esgrimidos para justificar tanta demora, que más bien parece haber sido un respiro para asegurar la estabilidad del régimen.


En paralelo a la parsimonia del jefe de la Procuraduría, algunos jueces del Tribunal Superior Electoral dejaron trascender que están dispuestos a ser indulgentes en otra causa contra Temer, porque si lo condenaran alimentaría el clima de inestabilidad e ingobernabilidad.


Fantasmas


Desde Europa, donde visitó Suiza y Portugal, Dilma Rousseff denunció un plan, apoyado por jueces, para posponer las elecciones de octubre del año próximo en las que, según los sondeos, Lula podría ser electo para un tercer mandato.


Uno de los responsables de esa trama, que confirma la complicidad judicial en el golpe, sería el ministro Gilmar Mendes, miembro del Supremo y titular de Tribunal Electoral.


“Pueden cambiar las reglas de las elecciones presidenciales con la introducción del Parlamentarismo o postergar las elecciones del año que viene”, avisó Dilma desde Ginebra.


Luego siguió viaje a Lisboa, donde ayer pronunció una conferencia en la Fundación José Saramago donde el público coreó “Fuera Temer”.
La ex presidenta, que al parecer aspira a candidatearse al Congreso en 2018, comentó una declaración del mandatario, quien contó que dejó el Palacio de Alvorada luego de percibir, junto con su joven esposa Marcela, que la residencia estaría ocupada por “fantasmas”.


“Viví allá y nunca ví nada de eso, nunca vi ningún fantasma”, declaró Dilma con algo de ironía sobre su sucesor, al que volvió a acusar de “golpista” y suele calificar como un “intruso” en Alvorada.

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