Miércoles, 29 Marzo 2017 09:30

Lo fallido no es la sociedad sino el Estado

En Colombia el ejercicio del poder político en democracia, ha sido paulatinamente destruidas, corroído o sencillamente violentado por el afán de quienes consideran que por derecho propio o quizá divino, pueden ir tomar las instituciones para actuar sin limite alguno, pero imponiendo limites a la sociedad a la que consideran una masa amorfa compuesta de súbditos. Esta situación da para entender que la sociedad permanece expuesta a la intervención de una clase social concreta que ocupa el aparato de estado, sus instituciones y redes para promover su beneficio particular.

La democracia en Colombia no esta funcionando como un modo político de organización social que orienta el destino común para vivir en paz, basada en reglas construidas en colectivo, en tanto su constitución y normas han sido reiteradamente ajustadas por la clase en el poder y en contravía de lo constituido socialmente. Tampoco han llegado al gobierno de los poderes públicos y sus instituciones los mas honestos y justos, sin importar si son blancos, negros, mujeres, hombres, indígenas, , mestizos, campesinos jóvenes o viejos. Ni las leyes han sido la referencia de equilibrio, imparcialidad y aplicación de justicia sin distinción. Lo que ocurre da cuenta que la democracia ha sido violentada y es rehén de practicas de poder no democráticas.

La naturaleza política de la democracia, puede mirarse a través de tres elementos generales, sobre los que cualquier persona al pasar una plantilla hace su propio ejercicio de validación: lo primero que la democracia exige es que todo su engranaje tenga como base el reconocimiento de los derechos humanos y estos cuenten con plenas garantías para su realización, pero a la vez que sirvan como limite al poder del estado; lo segundo que haya una efectiva separación e independencia de los poderes públicos y que las leyes no sean usadas como arma política; y lo tercero que la representatividad, las autoridades tengan legitimidad y atiendan y actúen siguiendo las demandas de los diversos grupos sociales y su discurso aliente la elevación de la conciencia política y social de la ciudadanía.

La democracia en Colombia dista de esos principios, es decir, no ha sido un fin del proyecto histórico de los gobernantes, pero si una estrategia de supervivencia sostenida con una seductora y manipulada retorica al presentarse como la democracia mas solida de América o la mas incluyente. A diferencia del cono sur (Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia) donde las atrocidades fueron lo sustancial de las dictaduras del ultimo cuarto del siglo XX, en Colombia la barbarie ha ocurrido en democracia. No se han interrumpido elecciones, ni alterado destituido gobernantes, ni clausurado el congreso, ni sellado el poder judicial. Lo ocurrido es una articulada tragedia en democracia. Un proceso de cooptación de la representación de la sociedad y de los poderes del estado, por parte de un grupo de poder, que estando unido o temporalmente disperso sigue la misma línea ideológica y actúa en consecuencia, aunque se manifieste de diferentes maneras. Lo común es que sabe combinar, todas las formas de lucha, incluida la criminal, sin interrumpir el curso de la democracia formal.

En democracia y en menos de seis décadas, se han cometido las mas abominables expresiones de violencia, primero la guerra civil liberal-conservadora con saldo de 300.000 muertes cuando gobernaban los parientes cercanos de los mismos que gobiernan hoy; y después la guerra contrainsurgente, cuyas manifestaciones de odio terminaron con las mas crueles masacres de las que América entera tenga noticia (el Aro, el Salado, Santo Domingo, Trujillo, la Rochela, Mapiripan, Pueblo Bello, Montes de María) que ya tienen fallos condenatorios al estado por la Corte Interamericana de derechos humanos. También ocurrió en democracia el mas grande genocidio contra la UP, un partido de izquierda con mas de cinco mil militantes asesinados; el mas alto numero de presos de conciencia y de inocentes prisioneros producidos con falsas denuncias y pruebas para eliminar adversarios; y un desbordado monto de recursos invertidos para sostener la tragedia, mientras escaseaba la comida, el empelo, la salud y la educación y en contraposición crecía la acumulación de capital en manos prestigiosos empresarios y políticos, que siguen gobernando.

La democracia en Colombia es hoy un propósito común truncado por las elites, lo que no es equivalente a creer que hay una sociedad fallida. Lo que esta en descomposición no es la sociedad, es el estado, sus gobernantes, su clase política y sus filiales de negocios con ramificaciones de corrupción, de compra venta de conciencias y de votos y cuyos centros de mando experimentan con seres humanos debilitados, empobrecidos, a quienes usan como victimas o verdugos.

El Comienzo de la Ultima fase de descomposición

El estado comenzó su ultima fase de descomposición con el régimen Uribe, que se salió del marco de las reglas y encarnó al mas nefasto ejercicio de poder sin democracia, pero en nombre de la democracia. Las zonas grises, fueron hábilmente convertidas en escándalos mediáticos de corta duración para impedir ver la tragedia y hacer valer la palabra del poder como palabra sagrada y verdadera. La sociedad fue conminada a ponerse del lado del gobierno y acatar sus programas sin objeción, mientras el terror alimentaba a la seguridad democrática y esta se extendía con odio entre la población arrasando todo pensamiento y acción critica, hasta romper la línea de separación que distinguía entre población civil y combatientes, con lo cual la sociedad entera quedo bajo sospecha, entró en pánico y fue obligada al silencio.

El estado recibió el primer impacto con el cierre del Ministerio de la Justicia y del Derecho fusionado con el Ministerio de Gobierno, y la creación del Centro Nacional de Inteligencia inspirado en la CIA; a las Cortes de Justicia se les persiguió, espió y en su debilidad fueron tomadas por clientelas que convirtieron al Derecho Penal en un instrumento de venganza que afectó los juicios del derecho y alentó tanto los falsos judiciales para eliminar opositores, como la ampliación del populismo punitivo, sin sentido de justicia ni racionalidad en las penas y; por ultimo el poder legislativo al decir de los mismos jefes paramilitares quedó bajo su control, disponible para acomodar las leyes, favorecer la impunidad y legalizar sus actuaciones incluidas sus nuevas propiedades y capitales. La puesta en retroceso a los derechos se justificó alegando que alejaba la confianza inversionista y empezó el ataque a tres tipos de considerados enemigos: los teóricos de los derechos, las ONG y sus defensores y, los opositores. Y así ocurrió y no ha cesado de ocurrir. Ya sin obstáculos restaba cambiar las reglas de juego y para ello se implantó en la columna vertebral de la constitución política la figura tenebrosa y fatídica de la reelección.

Estar o no en democracia, no se define entonces por resultados de encuestas, ni rankings del marketing privado, ni indicadores de felicidad (que felizmente en 2017 muestra al país en un puesto mas real el 36), ni tampoco por el numero de eventos electorales controlados, ni por la cantidad de votantes. La democracia colombiana, esta vaciada de contenido democrático, igual que los derechos y el ejercicio del poder vaciado de soberanía y de voluntad popular. Los poderes públicos, dan cuenta de un estado fallido, saqueado, con instituciones dirigidas con autoritarismo, engaño, verdades a medias, gobernantes de alta y baja escala sin legitimidad, sin ética ni política y con primacía de la voluntad del gobernante. El sistema central de poder se reproduce en los ámbitos institucionales locales y regionales y las mayorías son desplazadas por minorías de poder electoral, que deciden sobre sus vidas, conductas y bienes materiales. El miedo continua sometiendo la participación y la ciudadanía no logra elevar su conciencia. El horror se pasea por campos y ciudades de la mano de solidas estructuras paramilitares que intimidan, asesinan y producen desplazamientos para defender las tierras, mantener las conductas impuestas y asegurar los bienes arrebatados a sus victimas, pero lo que los hace fuertes no es su capacidad de destrucción material basada en el alcance y potencia de sus armas, si no su proyecto de poder defendido desde adentro del mismo estado, del congreso, las cortes, las empresas, los directorios y las instituciones.

La paz, representa por ahora el principal bien común a defender, que sirva para reconfigurar la democracia, ajustar las estructuras del estado arrebatándoselas a los de siempre y recuperar el sentido de humanidad, de seres humanos con derecho a vivir y disfrutar de los derechos. Paz y Democracia exigen ser defendidas de la clase en el poder, por ser conquistas colectivas, no del estado, ni de sus gobernantes, si no de un pueblo cansado de la guerra, del odio y de la muerte, que puso sus demandas a debate y pactó la ruta a seguir, como resultado político de un acuerdo para la paz estable y duradera, entendida como un asunto político (no jurídico) que no puede ser tratado con desdén, ni ser irrespetado como paso previo para traicionar el camino trazado por una sociedad que quiere y apuesta y trata de aprender a vivir de otra manera, alejada del terror, el miedo y la miseria.

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La economía japonesa es un gran experimento sobre la evolución del capitalismo. Desde los orígenes de su proceso de industrialización a partir de la restauración Meiji en el siglo XIX hasta las políticas recientes para salir del estancamiento, las lecciones se multiplican. Nadie interesado en el devenir del capitalismo debe ignorarlas.

Durante el periodo 1950-1973 la economía japonesa mantuvo tasas de crecimiento del PIB superiores a 11 por ciento en promedio. Pero después de esos años el ritmo de la expansión comenzó a debilitarse. El crecimiento en la década de los 80 ya estuvo marcado por la ralentización, con tasas promedio de 4.6 por ciento. Ese crecimiento estuvo impulsado por episodios de inflación en los precios de bienes raíces, mejor conocidos como burbujas. El efecto riqueza que acompañó esos eventos proporcionó un impulso artificial al crecimiento.

En 1990 una de esas burbujas creció de manera desorbitada y reventó con mayor fuerza. Le siguió un proceso de crecimiento mediocre (0.73 por ciento anual entre 1993-1999). Los economistas no podían interpretar la causa de esta década perdida. A pesar de mantener bajas tasas de interés y un persistente déficit público, la economía japonesa siguió sin responder. Después de 10 años de crecimiento cercano a cero, entre 2000 y 2007 se presentaron síntomas de una mediocre recuperación con tasas de expansión de 1.5 por ciento. El enigma se hacía más interesante porque en esos años se introdujeron recortes en el gasto público, lo que en teoría debería haber frenado más el crecimiento. Y después vino la crisis de 2008: a partir de ese año el crecimiento volvió a su ritmo letárgico, con una tasa promedio anual de 0.22 por ciento. Hoy los economistas tradicionales siguen sin poder identificar las causas de la enfermedad que aqueja la economía japonesa.

En 2012 el nuevo primer ministro, Shinzo Abe, comenzó a aplicar un paquete de medidas de política económica para sacar a Japón del estancamiento en el que se encuentra desde 1992. Fue anunciada como una mezcla de tres flechas: dos de inspiración keynesiana y una de tipo neoliberal y con un enfoque sobre el lado de la oferta (que en la jerga anglo-sajona se conoce como supply-side economics). A esa combinación la entusiasta prensa internacional de negocios la bautizó con el nombre de Abenomics.

El primer componente es de política monetaria ‘no convencional’. Consistió en inyectar mayor liquidez y reducir tasas de interés a cero (y hasta terreno negativo) para inducir a un mayor consumo. La meta era alcanzar una inflación de 2 por ciento anual. La postura de flexibilidad cuantitativa ha llevado a una expansión aparatosa de la base monetaria, pero su impacto sobre el crecimiento ha sido nulo.

El segundo elemento fue un incremento del gasto público y condujo a un fuerte déficit público. Pero al mismo tiempo, el paquete incluyó un aumento del IVA de 5 a 8 por ciento con un efecto recesivo y regresivo a la vez. Se planteó por ley un aumento de 10 por ciento en abril de este año, pero lo más probable es que no se aplique dicha medida.

El tercer componente del paquete es de corte neoliberal: introducir reformas estructurales, reducción de impuestos a corporaciones y desregulación de mercados, especialmente del mercado laboral.

Abenomics es una mezcla de toda clase de medidas aplicadas simultáneamente: Keynesianas en el lado fiscal (aunque con impuestos recesivos), neoliberalismo y supply-side economics, política monetaria expansiva no convencional y una postura cambiaria devaluatoria.

¿Cuáles han sido los resultados? Para empezar, el crecimiento del PIB sigue siendo mediocre. Incluso la tasa de expansión sigue situándose por debajo del nivel que se tenía antes de iniciar la aplicación del paquete de medidas de Abenomics. El gasto de los hogares no se ha podido estimular y sigue estancado. Además, el objetivo de alcanzar una inflación de 2 por ciento tampoco se ha podido cumplir. Y como era de esperarse, tampoco se ha logrado la anhelada reducción del déficit fiscal y la deuda pública como porcentaje del PIB sigue en aumento.

La expansión monetaria del Abenomics condujo a una devaluación del yen japonés. Pero el efecto sobre el sector exportador no pudo contrarrestar el impacto de la contracción del mercado internacional provocada por la crisis. La balanza comercial pudo arrojar un superávit en 2016 pero sólo porque las importaciones se redujeron 16 por ciento.

En general, el paquete Abenomics presenta un saldo negativo. Ese resultado era de esperarse porque la economía japonesa sufre una deflación crónica que se acompaña de una crisis de hojas de balance en la que todos los sectores de la economía tratan de reducir sus niveles de endeudamiento. Y ese tipo de crisis, como bien lo ha señalado Richard Koo, tarda muchos años en superarse. Lo más importante es que desde el punto de vista de la clase trabajadora, el impacto es más bien tenebroso. Y es que el objetivo del paquete era simple y llanamente aumentar la tasa de explotación de la fuerza de trabajo.

Twitter: @anadaloficial

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Martes, 28 Marzo 2017 09:30

La historia oculta de la riqueza

Detrás de cada gran fortuna hay un gran crimen
Balzac

La sociedad los considera superhombres capaces de lograr proezas épicas sin ayuda de nadie y contra todo obstáculo; a ellos este mes, como cada año, la revista Forbes les dedicó un listado en el que aparecen los más grandes entre los grandes, los más ricos del mundo, aquellos que han logrado conseguir, por sus propias capacidades, más de mil millones de dólares. Una fortuna en ocasiones heredada, en otras, estructuralmente la mayoría, lograda con el látigo y el despojo de miles, tal vez de cientos de miles; para ello se valen de métodos non sanctos ni nada heroicos como la explotación (o apropiación de plusvalía), la usura y la corrupción.


Detrás de toda fortuna generalmente existe una historia, más bien, miles de historias, de crímenes. Y ello porque el primer método al que recurren los capitalistas para su acumulación de dividendos es a la explotación laboral. Se quedan con el valor agregado de cada mercancía y dejan a los trabajadores solamente con lo básico para sobrevivir por poco tiempo. Eso quiere decir, en términos más precisos, que los capitalistas roban a los trabajadores lo que estos producen, bajo la excusa de ser los dueños de los medios de producción. Pero ¿Cómo se apropiaron de esos medios? Por la violencia. Recordemos que el oro con el que se forjó la gran revolución industrial les fue arrebatado a las comunidades indígenas de las américas, a las cuales sometieron y dominaron. También les quitan a los campesinos sus tierras, obligándolos a convertirse en jornaleros, peones, y obreros de fábricas, así como trabajadores informales.


Un ejemplo fresco de esto se visibilizó en el 2014 cuando miembros del pueblo Nasa «ingresaron de manera pacífica a los predios de cuatro haciendas: Granadita, García Arriba, Miraflores y Quebrada Seca. Haciendas que suman 4.000 hectáreas llenas de cultivos de caña del ingenio Manuelita, empresa que hace parte del emporio económico de Carlos Ardila Lulle” . Dichos predios fueron ocupados por la empresa mencionada luego de que paramilitares asesinaran a integrantes del pueblo Nasa y luego de desplazar a otros. Por hechos relacionados «la Sala de Justicia y Paz decidió trasladar copias a la Fiscalía para que investigue a la empresa de gaseosas (Postobón)» luego de que, Armando Madriaga Picón afirmara que la empresa financió a un grupo paramilitar de las AUC.


Así, fruto de todo tipo de métodos violentos es como logran acumular el capital necesario para comprar, simultáneamente, la mayor cantidad de conciencias políticas como para hacer del Estado su principal botín y aliado. Es esta relación, capital y Estado, la que determina el éxito real de un capitalista. Sólo quien más tenga a políticos, partidos y gobiernos en su bolsillo, podrá seguir acumulando y, sobre todo, concentrando la mayor cantidad de capital. Llegados a este punto, los capitalistas han concentrado suficiente poder político y económico, tanto como para conformar empresas destinadas a invertir en diversidad de negocios gracias todo ello a la información privilegiada obtenida de sus aliados políticos, los cuales son quienes definen en qué, cómo, cuándo, y dónde se invertirán los recursos del Estado.


Ese es el camino seguido por las familias más poderosas del país y que ahora hacen parte de la famosa lista Forbes. Recordemos que la Familia Santo Domingo comenzó acumulando capital a partir de cervecería Bavaria, la cual llegó a eliminar la competencia gracias a su relación con el Estado, hasta conformar un monopolio. Luego, en 1997 en una reconversión estratégica acorde con la financiarización dominante crean el grupo Valórem con el que comienzan a dejar el mundo industrial para adentrarse en sectores como medios y entretenimiento, financiero, la agroindustria y el inmobiliario, entre otros.

Igual comportamiento ha tenido Carlos Ardilla Lülle con Postobón, una de las pocas empresas que logró frenar la invasión de Coca Cola en algún país de nuestro continente.


Dentro de esta gama de capitalistas, lugar especial ocupa hoy el sector bancario tanto en el país, con Sarmiento Angulo a la cabeza de los más ricos, como en el mundo. Este sector se ha convertido en la economía más pujante en las últimas décadas gracias a los avances tecnológicos conseguidos con, precisamente, inversión pública. Los gobiernos, sobre todo los más poderosos, gastan gran cantidad de recursos en ciencia e innovación con resultados asombrosos, pero luego son apropiados por empresas privadas, cuando debería ser de uso y conocimiento público. En ese sentido las nuevas tecnologías, impulsadas por la financiación estatal, han permitido acelerar el flujo de dinero, hasta hacer del mismo algo instantáneo. La multiplicación de dinero, favorecida por la maquinaria gringa para hacerlo sin estar sometida a ningún control, es enorme, demencial, hasta el punto que ahora el papel dinero no tiene equivalencia con producción alguna, es decir, está soportado sobre la nada; es un papel que los humanos aceptamos darle un valor x o y, no más; esa es la equivalencia sobre la cual está soportada la creciente riqueza acumulada por lo banqueros. Entre más transacciones mayores ganancias, entre más especulación en la bolsa –hasta que no reviente– mayor acumulación.


¿Superhombres? Por el contrario, son usurpadores de lo que es de todos y lo consiguen gracias a la protección de los estados. Su fortuna es producto de la explotación de los trabajadores, la especulación y de una relación inapropiada con el Estado, entre otros métodos equivalentes. Todos estos son los componentes que han generado riquezas como la de Bill Gates, Carlos Slim, entre otros. Es tanta la fortuna de los más ricos del mundo que, como el recién fallecido David Rockefelle, pueden “donar” cientos de millones de dólares a fundaciones, no sin antes declararlas en sus estados de cuenta para así rebajar sus impuestos y seguir siendo multimillonarios.


Fortunas en proporción mucho menor, ahora como clara expresión de la desigualdad salarial que soportan nuestras sociedades, empiezan a erigirse a través de los sueldos que devengan los grandes ejecutivos de diversidad de empresas. Para el caso de Colombia, uno de ellos, incluso de empresas públicas como ETB, Ecopetrol y otras, puede recibir cada mes 60 y más millones de pesos, a lo cual deben sumarle comisiones y otras arandelas, según la empresa.


Tampoco, por el contrario, se trata de demonizarlos. Son humanos con vicios y virtudes, lo cual significa que su personalidad no está en discusión, el problema es el papel que cumplen dentro del sistema capitalista, papel que lleva a cometer grandes crímenes.

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En Honrarás a tu padre, publicada en 1971, Gay Tales escribió: «El mercado de la marihuana no había llamado la atención de la mafia (estadounidense) ni de sus asociados porque la marihuana entraba con demasiada facilidad por la frontera mexicana y porque el negocio estaba plagado de gánsteres independientes y jóvenes aventureros. Pero si los agentes del gobierno lograban limitar la oferta, si las leyes más severas inhibían y disminuían el número de importaciones y hacía subir el precio, los contrabandistas expertos del crimen organizado podían invadir el mercado de la marihuana, tal y como lo habían hecho con el contrabando del licor durante la prohibición» .


Conciso y sustancioso, este párrafo nos revela el papel jugado por el Estado en relación a los distintos mercados ilícitos: el papel de regulador. Este es quien se encarga de limitar la oferta de drogas ilícitas atacando, sobre todo, a los eslabones más débiles en la cadena: el consumidor y los pequeños productores. En eso consiste la política mundial contra las drogas ilícitas: en favorecer a los eslabones más fuertes al impedir que los precios bajen. Si bajaran, ya no sería un negocio fructífero y de seguro muchos productores, grandes o pequeños, dejarían de cultivarlo. Pero no sólo ellos se verían afectados, también lo estaría un sector al que poco mencionan dentro de esta cadena: el sistema bancario, uno de los más beneficiados con este tipo de mercados gracias a los lavados de activos.


Tal vez por esto causaron tanta preocupación los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y el de la ONU, publicados a principios de mes. Los informes coincidían en advertir que los cultivos de coca aumentaron el último año en un cien por ciento y que Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína en el mundo. Así, frente a este panorama se volvió a abrir en el país el debate sobre las estrategias en la política antidroga, la cual ha sufrido leves cambios, principalmente por el proceso de paz. En este contexto se ha dicho que los cultivadores que hayan sembrado después del 10 de julio de 2016 “no serán beneficiados ni atendidos por el programa” de sustitución de cultivos. A su vez los guerrilleros ubicados en las Zonas Veredales tendrán que brindar información sobre los cultivos ilícitos que estaban a su cargo para beneficiarse con los programas que surjan de los acuerdos de paz. Así, muchos esperan que a mediano plazo los cultivos y la producción disminuyan.


Sin embargo, otros son menos optimistas y afirman que con o sin las Farc el negocio de las drogas ilícitas se mantendrá, sobre todo si la política mundial antidrogas continúa siendo prohibitiva. Lo mejor que podría hacer el Estado es enfocar la política hacia un problema de sanidad pública, y la forma más óptima para desestimular el consumo es hacer que se incrementen los precios a través de los impuestos, lo que implica su legalización.


Romper el mito impuesto con las drogas es eliminar su utilidad como instrumento de Estado, de gran utilidad, para acrecentar el miedo y la desconfianza social, para desunir, para que el aire del otro como mi enemigo pulule por toda la sociedad, legitimando con ello el espacio para su militarización y/o control policivo, y a esto difícilmente renunciarán.


Sin duda, los próximos informes de los organismos multilaterales continuarán indicando que los sembrados se mantienen, aquí o en cualquier otro país de la región. Sin duda, tendremos problemática de drogas para rato.

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Bogotá, 15 de marzo de 2017.

 

En último debate, la plenaria de Senado aprobó este lunes 13 de marzo el proyecto de Ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).

Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvimos presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación de lo pactado entre el Gobierno y las Farc-Ep y se aprobara el SIVJRNR, instrumento fundamental para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

En ese sentido, saludamos la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria.
Sin embargo, llamamos la atención sobrelas siguientes proposiciones realizadas por miembros de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno, que modificaron sustancialmente elementos del Acuerdo Final y afectaron de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.

Rechazamos que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, más aún cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad. La proposición realizada por el senador Germán Varón Cotrino y aprobada por el Congreso establece que solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.

Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos. Sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera.

De igual forma, la proposición presentada por el Senador Roosvelt Rodríguez, ponente del Acto Legislativo, y aprobada también por el Congreso, transforma el Acuerdo Final en relación a la posibilidad que teníamos las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de presentar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como insumo para que el Tribunal para la Paz citara a comparecer a los presuntos responsables. Ahora, los informes no serán suficientes, y alegando la necesidad de prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos, esta proposición equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales.

Así mismo, quedó en evidencia una vez más la presión del estamento militar sobre el poder civil. Las Fuerzas Militares han sido reiterativas en solicitar la modificación de lo acordado y debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modificó principios del Derecho Internacional, como lo dispuesto en el Artículo 28 del Estatuto de Roma, para lo cual creó una serie de requisitos que tendrán como consecuencia que sólo los soldados –como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes.

Finalmente, debemos destacar que los partidos que promovieron estas proposiciones son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) exigimos al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso.

La modificación unilateral del Acuerdo Final excede las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para su implementación y puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad de estas normas, como ya sucedió con la Sentencia C-160 de 2017, que declaró inexequible el Decreto Ley 2204 de 2016, emitido por el Gobierno en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, en relación con la Agencia de Renovación del Territorio.

Las víctimas de crímenes de Estado continuaremos presentes en el Congreso haciendo veeduría a la implementación, respaldando los avances de este anhelo que compartimos con millones de colombianos y colombianas y preparándonos para incidir y exigir el cumplimiento de lo acordado y la satisfacción de nuestros derechos. Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique.

 

 

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Viernes, 17 Febrero 2017 06:42

¿Y si sorteáramos la democracia?

Este filósofo flamenco le saca los colores a la élite política, reniega del procedimiento electoral y aboga por otra forma de representatividad. Lo hace en 'Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia', a caballo entre el ensayo y el manifiesto.



Ocurrió en 2010 tras el hundimiento de la banca. Un puñado de anarco surrealistas se hicieron con el gobierno municipal de Reikiavik con desternillantes proclamas que abogaban por repartir toallas gratuitas en las piscinas públicas, la adquisición de un oso polar para el zoo de la ciudad o mantener el Parlamento limpio de drogas. Lo que se intuía un cataclismo político resultó ser un ejercicio de solvencia democrática; en cuatro años habían saneado el presupuesto de la ciudad y salvado de la quiebra a la principal compañía energética.


Más allá de la anécdota, el experimento evidenció que no siempre la veteranía política es garante de una buena gestión. El ensayista flamenco David Van Reybrouck se ha empeñado en su último ensayo Contra las elecciones. Cómo salvar la democracia (Taurus) en sacar los colores a toda una élite política que parece no enterarse muy bien de qué va la vaina. “A veces me siento como si viera un tren que va a chocarse con otro en cámara lenta mientras buena parte de la clase política mira hacia otro lado y nos dice que todo va bien”. La “inminente” colisión, que Van Reybrouck augura para la próxima década, dará pie a una época de disturbios y turbulencias políticas que afectará a nuestra forma de entender la representación política.


Pregunta.- Por momentos parece que predice usted una suerte de “primavera europea”


Respuesta.- Más bien será un largo invierno...


Profecías apocalípticas al margen, la propuesta de este joven filósofo no se queda en el mero vaticinio, quizá lo más interesante del libro es el diagnóstico de lo que ha bautizado como “síndrome de fatiga democrática”, afectación de sintomatología diversa como la preocupante disminución de votantes —la abstención se está convirtiendo en la tendencia política más importante de Occidente—, un incremento de la fluctuación política —no sólo votan menos, sino que son más volubles— o el descenso en el número de afiliados de los partidos políticos. Con todo, y aquí radica quizá una de las paradojas del libro, el anhelo democrático es cada día más fuerte. “Nunca hubo tanta hambre de democracia como hasta ahora, el problema es que la gente, en especial los más jóvenes, han dejado de creer en ella”.


Y ahí es cuando surge lo que él llama el “fundamentalismo democrático”, o lo que es lo mismo, entender que las elecciones redimen al sistema de todos sus pecados. “El germen de las elecciones nunca fue democrático, las elecciones las crea una élite para sustituir a otra élite y asegurar que las masas no iban a crear el caos, para ellos democracia era igual a caos. No en vano, la palabra élite y elecciones tienen la misma raíz semántica”. En otras palabras, la democracia no es más que una pantomima pergeñada a finales del XVIII que urge actualizar. “Empieza a ser peligroso pensar que no hay alternativa a las elecciones dentro de la democracia”, asegura Van Reybrouck.


Para ello, para actualizar el procedimiento y dotarlo de mayor legitimidad el filósofo echa mano de una solución que resulta un tanto provocativa cuando menos: introducir la elección por sorteo de asambleas deliberativas que designen a los responsables de la toma de decisiones. “Con las elecciones, pasamos simplemente de una aristocracia a una aristocracia elegida, de modo que tiene un origen elitista, el sorteo, en cambio, es el procedimiento de la democracia”.

Consciente de la singularidad de su propuesta, el filósofo se escuda en la historia de la democracia para avalar lo que en un principio pudiera parecer la típica extravagancia de académico con ínfulas de notoriedad. “Atenas, Florencia, Venecia... la elección por sorteo, aunque de modos completamente distintos, forma parte de la esencia de la democracia”, una naturaleza sobre la que reflexionaron pensadores de la talla de Montesquieu o Rousseau y de los que el autor se sirve para apoyar su tesis: “Ambos coinciden en la idea de que el sorteo es más democrático que las elecciones, entendieron el sorteo como lo que verdaderamente ponía en peligro a la élite”.

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Viernes, 17 Febrero 2017 06:20

La vieja izquierda no recuperará hegemonía

De "terriblemente decepcionante" califica el intelectual italiano Antonio Negri la actuación de la izquierda en Brasil, luego de una visita en la que entrevistó a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), ex altos cargos de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, y miembros de movimientos sociales. Negri nunca ocultó sus simpatías por los gobiernos progresistas latinoamericanos con los que mantuvo buenas relaciones. Por eso es significativo que uno de los más destacados pensadores actuales tome distancias de las izquierdas de la región.

Sus opiniones fueron vertidas en un largo artículo difundido a comienzos de febrero bajo el título Impresiones de una visita a Brasil (goo.gl/qR63Qn ). Ordena su análisis en torno a siete preguntas, de las cuales abordaremos apenas las más relevantes.

La primera consistió en saber por qué el PT reprimió las manifestaciones de junio de 2013. Le sorprende que todos los consultados dijeran que "esos movimientos amenazaban desde el inicio la mantención de nuestras gobernabilidad". Recordemos que se trataba de luchas contra el aumento del precio del transporte y contra la represión policial. No toma en cuenta las respuestas que dijeron que se trataba de movimientos inspirados por la CIA, porque considera que no tiene sentido.

Negri asegura que ya en esos momentos "el PT tenía una relación mala con las poblaciones metropolitanas" que desde 2013 pedían al gobierno de Dilma que abandonara su inflexión neoliberal.

La segunda pregunta que formuló es por qué siguen muriendo tantos jóvenes negros. No obtuvo respuestas, lo que le permite destacar que la falta de voluntad del PT para comprender y asimilar esta problemática generó "un vacío de relaciones" con la población de las favelas, que "facilitó la entrada de la derecha religiosa (y no religiosa) en medio del proletariado negro". Cree que este es uno de los nudos de la crisis del PT, ya que perdió contacto con un sector clave del proletariado, ya que "revela la crisis más pesada para la izquierda, allí donde era hegemónica".

Cuando preguntó por qué el PT no fue capaz de responder a la ofensiva de la derecha desde 2013, concluyó que las relaciones que mantiene con los sindicatos y los campesinos sin tierra "se habían tornado irrelevantes, o tal vez subsistieran sólo para fines de propaganda". Negri sostiene que eso permitió a la nueva derecha conquistar la hegemonía en las calles por primera vez en muchos años.

Luego hace algunas afirmaciones notables. El PT no encaró una reforma constitucional que garantizase la gobernabilidad sin necesidad de corrupción. "La idea de gobernar por medio de la corrupción, o sea, retomando el hábito de la derecha, no parece haber perturbado el proyecto del PT desde el principio", escribe el coautor de Imperio. En la misma dirección va su denuncia de que los gobiernos del PT establecieron “un acuerdo tácito de fair play con los conglomerados mediáticos; ningún ataque a ellos por parte del gobierno y recíproca lealtad por parte de los medios”, por lo menos en la década que funcionó la gobernabilidad, o sea entre 2003 y 2013.

En sus conclusiones, Negri sostiene que los cuadros del PT "interpretan todo en términos de equilibro gubernamental y parlamentario", lo que explica que no fueran capaces de ponerse al frente de las movilizaciones de junio de 2013 y optaran por la represión. Cuando los criticó por no haber apostado por "contrapoderes de los pobres" para enfrentar a la derecha, obtuvo una respuesta que considera "patética" para alguien que se considera de izquierda: "Nosotros defendemos el estado de derecho".

Cree que el PT no volverá a ser una fuerza hegemónica y que la izquierda brasileña no podrá reconstruirse en pocos años. La cuestión pasa ahora por las luchas en los colegios secundarios y las luchas dirigidas por las mujeres, dice Negri. Pero el punto central, una vez más, es la cuestión negra, o sea del sector más pobre y rebelde de la clase obrera. "El PT se convirtió en una fuerza blanca, pálida con relación a la cuestión racial y débil al confrontar las políticas neoliberales".

Hasta ahí, de forma muy apretada, algunas conclusiones de Negri. Creo que son acertadas, sobre todo el énfasis en explicar la crisis por la represión a las manifestaciones, el alejamiento de los movimientos y la incapacidad de comprender la opresión racial. El no colocar a la izquierda como víctima de los medios y del imperio es un paso adelante en relación con los mediocres análisis al uso.

Habría que explicar, no obstante, por qué los gobiernos del PT optaron por dar prioridad a la gobernabilidad por delante de las luchas sociales y de clases. Este punto es importante, porque no es la primera vez que sucede. Estamos ante un tipo de actitudes que van mucho más allá de las opciones tomadas por los dirigentes del PT.

La primera cuestión se relaciona con los caminos elegidos. Optar por el Estado lleva directamente a defender el "estado de derecho", la "razón de Estado", lo que implica posicionarse contra los movimientos y los pueblos. La vieja izquierda todavía cree que el Estado es una herramienta neutra, algo que ya suena agotado luego de un siglo de revoluciones fallidas.

La segunda es más compleja. El Estado ha sido, y siegue siendo, el criadero de la clase dominante. Desde que llegó al gobierno, el PT estrechó alianzas con los grandes empresarios y con el sector financiero, fue el gran defensor del agronegocio y bajo sus gobiernos la banca obtuvo las mayores ganancias de su historia. La corrupción que ahora se destapa, interesadamente por parte de las derechas, no es una anomalía, sino intrínseca al sistema. Es imposible gobernar una gran nación capitalista sin corromperse.

Por lo tanto, trabajar por cambios de fondo implica recorrer otros caminos, en particular, abandonar el objetivo de gobernar a otros y ponerse a la tarea de impulsar la organización de los pueblos, primer paso para el autogobierno. Lo demás es seguir buscando mesías y salvadores.

Publicado en Sociedad

Desde hace varios años la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias y fallos, ha señalado la condición de ilegalidad laboral en que se encuentran más de un millón de trabajadores que prestan sus servicios al Estado por medio de contratistas, contratos administrativos de prestación de servicios y otras figuras de intermediación ilegal.

Las sentencias 614 del 2009 y 171 del 2012 de la Corte Constitucional, conminaron al Estado para que los trabajadores que desarrollan actividades misionales y permanentes sean vinculados de manera directa, e instaron a órganos de control como la Procuraduría para adelantar las acciones necesarias para que ello se garantice.


A finales del año pasado un fallo de la Corte Constitucional, ante una demanda de 106 madres comunitarias, ordenó al Estado y al ICBF pagar los salarios y demás prestaciones que se les adeudaban por sus servicios en el programa Hogares Comunitarios durante 10 años.


Para contribuir a la solución de esta problemática, el Congreso de la Republica tramitó una ley que reconoce como trabajadoras a las 60 mil madres comunitarias que trabajan en el programa Hogares Comunitarios y atienden a unos 800 mil menores de edad. El costo fiscal de esta ley que resuelve esta condición de ilegalidad es unos $769 mil millones.


Argumentando impacto fiscal, el Presidente Santos ha objetado esta Ley, que obliga a vincular a las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras directas del Estado. Lo que deja claro que la estrategia de competitividad basada en el dumping social de mano de obra barata en el sector público y privado, es una política de Estado de profundo raigambre neoliberal.


Las leyes y reformas de ajuste fiscal aprobadas en desarrollo de la agenda neoliberal de los últimos 25 años, apuntan a drásticos recortes en funcionamiento, y de manera particular en gastos de personal para garantizar los compromisos del sector público con el capital financiero especulativo.


Estas reformas obligaron a un brutal recorte de personal, tanto en las entidades territoriales como en las entidades públicas nacionales y en el gobierno central. No obstante, las necesidades mínimas de personal para atender la política social y de funcionamiento del Estado no desaparecieron, por lo que se debió recurrir a la contratación de nuevo personal, ya no de manera directa reflejado en los gastos de funcionamiento del Estado, sino de manera indirecta y en condiciones de alta precariedad, pero ya clasificados de manera imprecisa en el componente social del gasto público.


Esto ha garantizado que la cuarta parte del presupuesto de gasto público se destine hoy a atender el servicio de la deuda, unos $50 billones, dado que la deuda pública es negocio de la banca privada según la lógica neoliberal.


Pero no solamente la lógica especulativa del capital financiero devora una parte importante del presupuesto público, sino el desbordado crecimiento de la corrupción, que según cálculos de la procuraduría podría bordear los $40 billones. Agro Ingreso Seguro, Odebrecht, Reficar, los Nule, los fraudes de las EPS en el sistema de salud, son algunos casos recientes que nos muestran que la corrupción público-privada es otra de las plagas que carcome los cimientos de las finanzas de la Nación.


Pero las finanzas públicas tienen otra cara de la moneda donde también se presenta un gran deterioro del erario público: la evasión en el impuesto de renta y en el IVA bordea los $30 billones, según cálculos de la DIAN. Y a estas trampas que la empresa privada y las multinacionales le hacen al Estado, hay que sumarles las gabelas y beneficios que el sistema tributario les regala a los empresarios con las zonas francas, y otras exenciones descuentos y deducciones que podrían superar los $40 billones anuales.


Frente a este panorama de evasión, gabelas tributarias, corrupción y subordinación del presupuesto público a lógicas especulativas, el impacto fiscal que implica la vinculación de las Madres Comunitarias a la planta del ICBF de manera directa apenas representa el 0,4% de lo que deja de ingresar y malgasta el Estado por las causas señaladas.


Es muy mal mensaje que el Estado, que poco hace para resolver los problemas estructurales que debilitan la hacienda pública, pretenda ahora seguir alimentado estos agujeros negros con mayores impuestos a las capas medias y pobres de la sociedad, mientras por otra parte da continuidad a una política de ilegalidad laboral y maltrato a trabajadoras de sectores vulnerables que prestan un servicio sensible para el desarrollo económico y social del país.


En últimas, lo que quieren las Madres Comunitarias es que sea el ICBF quien las contrate directamente, y no unas intermediarias que se quedan con parte de la plata que les transfiere el Instituto por administración, y en no pocas oportunidades incluso con los salarios y los recursos destinados para la seguridad social. El argumento fiscal es bastante pobre por su bajo impacto, y además porque los recursos ya están presupuestados para la parte salarial, prestacional y de seguridad social.


¿Será posible que bajo este enfoque neoliberal y mezquino se puede construir una política pública de trabajo decente en el sector público, privado y rural como soporte de una paz estable y duradera?

Carlos Julio Díaz L.
Director General ENS

Fecha: 30 enero, 2017 Categoría: Mundo laboral, Opinión

Publicado en Colombia
Miércoles, 18 Enero 2017 07:00

El boom anticorrupción

El pasado 22 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que 12 países recibieron millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de importantes contratos de infraestructura. En la “lista de la vergüenza” aparece Colombia, pues, según el informe, entre 2009 y 2014 fueron entregados 11 millones de dólares en coimas a altos funcionarios de los gobiernos de turno. Este es el más reciente de los tantos casos de corrupción que han difundido los organismos de control del Estado, en este caso como respuesta a una demanda que parte desde los Estados Unidos. ¿Qué tiene de particular?

 

Corrupción. La sola palabra provoca repulsión en las personas, o por lo menos de dientes para afuera. Según el Índice Global de Competitividad de los países elaborado por el Foro Económico Mundial en 2016, Colombia ocupa el puesto 125 en un ranking de 138 países, en donde el número 1 es el menos corrupto. Sí, este cáncer que corroe la riqueza de los Estados y amenaza su distribución equitativa de la renta, es un mal con el que colombianos y colombianas aprendimos a convivir, o mejor dicho, a morir lentamente.

El escándalo del día. Año tras años, y cada vez con mayor frecuencia, se revelan casos de corrupción, y cada vez más las sumas de dinero involucradas alcanzan valores inimaginables. En esta ocasión, la denuncia principal recae sobre una empresa multinacional;otrora fue un contratista de obras, caso los Nule, que robaron cerca de 2 billones de pesos a la nación, en alianza con el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, su hermano senador y un conjunto de funcionarios de diverso orden e importancia.

También hemos presenciado sofisticados desfalcos a los recursos del Estado destinados a la salud de las y los colombianos. Así fue como Saludcoop, encabezada por Carlos Palacino, apropió de manera ilícita 1.4 billones de pesos depositados en el Fosyga mediante recobros injustificados, ganando el silencio del Procurador Turbay Jr. y al Fiscal Montealegre[1] (ver:La corrupción, un asunto Fiscal)[2] para lograr su cometido.

En otro momento el escándalo fue por Reficar, “el gigantesco desfalco a la Nación por parte de contratantes y contratistas que llevaron a cabo las obras de ampliación de la Refinería de Cartagena. Sobrecostos del 101 por ciento equivalentes a USD $ 4.000 millones” (Le puede interesar: El engañoso enchape en oropel de Reficar) [3]. A principios de los 90 el robo a Puertos de Colombia que ascendió a más de 55 mil millones de pesos de la época.

Corrupción en todas las expresiones. En 2014 fueron sancionadas varias empresas que concertaron el alza de los precios de los pañales desechables para bebé y la repartición del mercado, violando así las normas de libre competencia, este caso fue conocido como el cartel de los pañales. También fue detectado el de los cuadernos, del azúcar, negocios donde están involucrados algunos de los principales cacaos del país.

Uno de los más recientes y qué poco duró como tema de conversación en la opinión pública, quizá porque reconocidos periodistas, personajes de la farándula y respetados empresarios resultaron envueltos, es el escándalo de los ”cuadernos de Panamá”. Se trató de una monumental base de datos que contiene información relacionada con un sinfín de personas en el mundo, dueñas de enormes fortunas que tenían el propósito de evadir impuestos. En esos documentos aparecieron los nombres de 1.245 colombianos.

La corrupción, es pues, la pandemia que ataca los recursos de todos, transformándolos en particualres; dineros para adquirir casas, fincas, carros y vida de lujo, además de fuente financiera para alimentar campañas políticas de alcaldes, gobernadores, congresistas y presidentes, así como otros altos funcionarios de la administración pública. Dinero para controlar el Estado, para dominar y acallar, para oprimir.

 

El caso Odebrecht

 

El 17 de septiembre de 2009 el expresidente Álvaro Uribe se reunió con Marcelo Odebrecht. presidente de la organización brasilera Odebrecht (hoy condenado a 10 años de prisión por corrupción y lavado de activos), quien participaba en la licitación para la construcción del segundo sector de la Ruta del sol (Ver recuadro). Para entonces, el Gobierno ya había rechazado otras propuestas –entre las cuales figuraban el grupo Nule– y había otorgado el contrato a la multinacional brasilera.

En la reunión estuvieron presentes Andrés Felipe Arias, Miguel Peñaloza, exministro de transporte, Álvaro José Soto, gerente del entonces Instituto Nacional de Concesiones –Inco– y el exviceministro de transporte Gabriel García Morales. Este último recibió 6.5 millones de dólares por parte de Odebrecht ese mismo año, para quedarse con el proyecto del que obtuvo ganancias por 50 millones de dólares.

Siete años después de esta cita, y por la denuncia interpuesta por la justicia de los Estados Unidos (¿cuál será su interés final en este caso?), el exviceministro García cae en desgracia. Acusado y apresado aceptó los cargos imputados de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito, y fue enviado a la cárcel de La Picota, en Bogotá. Toda la presión política recae ahora sobre él, de quien se espera denuncie entre quienes distribuyó el dinero recibido. El 14 de enero el exsenador Otto Bula también cayó en desgracia.

De acuerdo con la Fiscalía, Bula consiguió una adición al mismo contrato correspondiente al sector 2 de la Ruta del Sol, a cambio de una coima recibida en el 2013 que pudo llegar hasta los 4.6 millones de dólares. Como “recompensa” Odebrecht consiguió el contrato de la vía Ocaña-Gamarra [4]. Ante los señalamientos, Bula se declaró inocente.

A pesar de que el Inco fuera liquidado en 2010 por el gobierno Santos para crear la ANI, los esfuerzos para acabar los casos de corrupción no han sido suficientes porque, según el fiscal Néstor Humberto Martínez, Odebrecht dio al menos 4,2 millones de dólares en sobornos a los funcionarios de este nuevo ente.

Otros implicados. Los congresistas Alejandro Chacón, Alfredo Cuello Baute y el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, fueron mencionados por Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, quienes se habrían reunido con el excongresista Otto Bula. No obstante se desconoce si recibieron algún dinero por parte de la firma brasileña.

 

La piedra en el zapato

 

Secreto mal guardado, secreto a voces:recurrir a sobornosen la rama Ejecutiva es pan de cada día, a cambio de favores que implican cuantiosas sumas de dinero. Las cifras que allí se mueven no son pequeñas pues las exigencias de ahora no se reducen al 10 por ciento, hoy los funcionarios de la administración pública demandan tajadas que incluso ascienden al 15 y al 20 por ciento, y más.

Tal y como decía el señor Contralor Edgardo Maya, el pasado 16 de enero en el programa Pregunta Yamid: “La corrupción es un tema estructural en Colombia, está en todas nuestras instituciones, a lo largo y ancho del país. En todo el universo del Estado está la corrupción. Hay un factor muy grave que está incidiendo, que es la elección de alcaldes y gobernadores; hay ingentes sumas de dinero que se invierten en esas campañas”.

Afirma Maya que una campaña electoral cuesta entre 20 y 30 mil millones de pesos, dineros que son recuperados por medio de desfalcos a los programas departamentales y/o municipales de educación, salud, alimentación infantil o de infraestructura, o que provienen de patrocinadores del sector privado que invierten en las campañas a cambio de jugosos contratos.

Con Edgardo Maya también estaba el Fiscal y el nuevo Procurador, Fernando Carrillo; este último se refirió al uso perverso de los órganos de control, pues, según él, en el pasado la Procuraduría sirvió como herramienta para la persecución política de funcionarios públicos que representaban un contendiente político para la persona que estuvo al mando de esta institución. Enfatizó en la importancia que tiene mantener imparcial y ajena a la política, la función de las instituciones encargadas del control administrativo, quimera que todo político sabe que no es posible de concretar pues el Estado siempre responde a unos intereses, para el caso de nuestro país, la oligarquía representada en los partidos Liberal, Conservador, Cambio Democrático, La U, y similares.

Llama la atención la manera en la que los tres funcionarios se refirieron a la corrupción, como si este fuera un problema nuevo o reciente. Evidentemente la terminación del conflicto con las Farc deja al descubierto el verdadero problema que mantiene a Colombia en el atraso y en la pobreza. Terminada esta parte de la guerra, reducir los índices de corrupción es el siguiente requisito el presidente Santos para formar parte de la Ocde. Y como perspectiva a tres bandas, golpear a sus contradictores políticos, sacándoles el aire en el camino hacia las elecciones del 2018.

 

[1] Tomado de: Bienvenidos a la paz, por Alfredo De León Monsalvo. En https://www.desdeabajo.info/colombia/29876-bienvenidos-a-la-paz.html

[2]https://www.desdeabajo.info/colombia/28455-la-corrupcion-un-asunto-fiscal.html

[3]https://www.desdeabajo.info/colombia/28273-el-enganoso-enchape-en-oropel-de-reficar.html

[4]http://www.semana.com/nacion/multimedia/captura-de-otto-bula-por-escandalo-de-odebrecht/512305

 

 


Recuadro

La ruta del sol es un proyecto de infraestructura vial que conectará al centro del país con la costa atlántica. El costo estimado de la obra asciende a los 4 mil billones de pesos. Divida en tres sectores para su construcción, la Ruta está distribuida así:

Sector 1: Villeta – Guaduero – Korán. Longitud: 78.3 km. Forma parte de la ruta nacional 57

Sector 2: Korán – San Roque. Longitud: 510 km. Forma parte de la ruta nacional 45 o Troncal del Magdalena.

Sector 3: San Roque – Y de Ciénaga: 223 km. Forma parte de la ruta nacional 45 o Troncal del Magdalena.

El sector dos fue encargado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. compuesta por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Brasil), Odebrecht Participações e Investimentos S.A., Estudios y proyectos del Sol S.A.S. (Colombia) y CSS Constructores S.A. (Colombia). El consorcio suscribió el Contrato de Concesión 001 de 2010 con el INCO el 14 de enero de 2010.

La inversión de este corredor asciende a 1,980 millones de dólares aproximadamente. La obra comenzó el 16 de mayo de 2011 desde el sitio conocido como El Korán en el municipio de Puerto Salgar en Cundinamarca hasta el corregimiento de San Roque perteneciente al municipio de Curumaní en Cesar y debía ser entregada en 2016.

 

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La directora del FMI, Christine Lagarde, ha sido hallada culpable de “negligencia” cuando era ministra de economía del gobierno francés con Sarkozy como Presidente. El dictamen es del Tribunal de Justicia de la República de Francia, corte especial para juzgar delitos de políticos y ex-políticos. Sorprendentemente ese tribunal ha dispensado a Lagarde de cumplir pena alguna. A pesar de que el delito reconocido supone cumplir hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa. El delito reconocido de negligencia (en realidad es prevaricación) se perpetró en la demanda del empresario Bernard Tapie (amigo de Sarkozy) al Estado francés por la confiscación gubernamental y venta de la marca Adidas. Lagarde aceptó la multimillonaria indemnización de 400 millones de euros a Tapie que dictaminó una comisión de arbitraje y no apeló. Aunque, como consta en el veredicto, los asesores de Lagarde le aconsejaron recurrir. Si lo hubiera hecho, la indemnización probablemente hubiera sido menor.


¿Qué razones adujo ese Tribunal especial para no imponer condena alguna a Lagarde? La “personalidad” y la “reputación internacional” de la juzgada. ¡Increíble! Para completar el despropósito, el FMI comunicó públicamente que renueva totalmente su confianza en Lagarde, a pesar de su condena (sin castigo) en Francia. Algo huele a podrido.


¿Qué sucedería si algunos famosísimos futbolistas (que han defraudado a Hacienda) recurren las sentencias o multas argumentando que también tienen “reputación internacional”? En serio, esa sentencia deja con el culo al aire no ya un doble rasero de la justicia sino la profunda corrupción de la democracia representativa. ¿Alguien duda de que la ley no sea igual para todos? No descubro América, pero es higiénico ser conscientes de esa innegable verdad, así como del lodazal en el que las minorías de poder, las élites, la clase dominante que diría Marx, han convertido el sistema democrático representativo que, desde hace décadas, ya es una plutocracia. El gobierno de los ricos. Trump ha sido elegido tras gastar una fortuna en la campaña electoral. Como tantos presidentes antes que él. Lagarde, Trump, los presidentes de Estados Unidos y muchos jerarcas de otros países tienen en común que todos tienen muchísimo dinero.


Continuando con el caso Lagarde y la postura del FMI, como en economía y política no hay casualidades, conviene recordar que la ONU, en una de sus conferencias para la prevención del crimen, celebrada en El Cairo, denunció que “la penetración de las mafias en la economía ha sido facilitada por los programas de ajuste estructural (léase recortes sociales y rebajas salariales) que los países endeudados se han visto obligados a aceptar para poder recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional”. A la postre, la economía mafiosa criminal está íntimamente ligada a la legal a través de la enorme industria del blanqueo de dinero sucio y negro. Según la ONU, la abundante actividad financiera especulativa del crimen organizado ha contribuido innegablemente a la aparición de crisis financieras y económicas en las últimas décadas.


El mecanismo es conocido. FMI, y Banco Mundial, entre otras entidades internacionales, imponen una austeridad implacable a los países en crisis. Las medidas provocan el cierre de empresas, recortes masivos de plantillas y desempleo en aumento. Y crece la economía sumergida, campo abonado para la economía criminal, cuyos beneficios vuelve a blanquear especulando en bolsas, mercados de capitales y banca en la sombra. Hasta la próxima crisis.


El emperramiento capitalista neoliberal se explica por talantes como los retratados por John Huston en el filme Cayo Largo. En un hotel de Florida coinciden un oficial, que regresa de Europa tras la guerra mundial, y Johnny Rocco, gánster deportado que ha vuelto a Estados Unidos clandestinamente. El soldado pregunta de modo retórico, “¿qué quiere Rocco?” Y él mismo se responde: “Quiere más”. Rocco lo confirma: “Eso es, quiero más”. El oficial pregunta de nuevo: “¿Tendrá Rocco bastante alguna vez?” Y es Rocco quien contesta: “Nunca tengo bastante. Nunca”.
Así es el capitalismo. Nunca tiene bastante. Y se pasan por el forro lo que haga falta en aras de sus ganancias, incluida la justicia. Hay que revertir la situación. Y que los y las Lagarde de este tiempo rindan cuentas y reparen.

¡Por razones!

Por Xavier Caño Tamayo – ATTAC Madrid
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