Crítico del PT, Freixo fue candidato del PSOL en Río de Janeiro, donde combatió a las bandas de delincuentes y debió salir de Brasil por las amenazas. Reconoce que la política brasileña depende de lo que pase con Lula.

 

En Marcelo Freixo caben dos realidades. A nivel local, un diputado popular cada vez más cerca de la alcaldía de Río, y a nivel nacional uno de los líderes del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Freixo fue una de las sorpresas de los comicios de octubre pasado, donde las fuerzas políticas se midieron por primera vez desde el golpe institucional a la presidenta Dilma Rousseff. En un clima electoral enrarecido, el triunfo del nuevo alcalde, Marcelo Crivella, se opacó bastante a causa del resultado obtenido por el candidato del PSOL. Bastaron pocos meses de campaña para que Freixo pasara de disputar una elección municipal a transformarse en la nueva cara de la izquierda brasileña. Ahora le toca conciliar esas dos realidades.


Para llegar a ser dos veces diputado estadual de Río y un político con aspiraciones federales, Freixo salió de la periferia, subió a los morros, encuestó para una ONG, se afilió al PT, entró a las cárceles, dio clases de historia, se desafilió del PT, se unió al PSOL, investigó a corruptos, perdió a su hermano Renato por las balas de la mafia policial, recibió amenazas de muerte. En 2011, la jueza Patrícia Acioli, que perseguía al crimen organizado, fue asesinada, al mismo tiempo que Freixo presidía las investigaciones parlamentarias a traficantes de armas, narcos y paramilitares. Se fue de Brasil, regresó a Brasil, aceptó la custodia personal, tomó impulso. El futuro lo tienta con una banca en Brasilia.
En diálogo con PáginaI12, Freixo habla de la violencia crónica en Río, la obsesión de su carrera legislativa, de ese trago amargo que significó el juicio a Rousseff –con el asalto de Michel Temer a la presidencia– y de la omnipresencia de Lula en la vida política de Brasil.


–La ola de violencia carcelaria que vivió Brasil a principios de año dejó cerca de 130 muertos. ¿Cómo se llegó a esa situación?


–Brasil vive una crisis penitenciaria desde hace mucho tiempo. El país no tiene política penitenciaria. No tener política penitenciaria es la política penitenciaria. Tenemos la tasa de crecimiento de población carcelaria más alta del mundo, así que ningún país tiene un número de presos mayor que el que tiene Brasil. Y los discursos que provienen de las autoridades y de los medios de comunicación son discursos de impunidad, que defienden penas mayores y la idea de que las cárceles sean lugares más estrictos. Es incompatible lo que se habla sobre las prisiones y lo que ocurre dentro de ellas. La ausencia de políticas públicas, de políticas para que los presos puedan estudiar y acceder a un trabajo, es decir, esta situación de abandono, ha generado el fortalecimiento de las bandas criminales. Todas las facciones criminales de las grandes ciudad que tiene Brasil nacieron en la prisión, no nacieron en los barrios pobres. ¿Por qué estas bandas nacen en la cárcel? Porque no hay política pública, no hay presencia del Estado cumpliendo lo que la ley dice que hay que hacer. Estas muertes de las que fuimos testigos en varias ciudades del país, tan brutales y violentas, derivan del conflicto entre las facciones, que crecieron frente a la irresponsabilidad del gobierno.


–¿Cómo tienen que responder las autoridades al crecimiento de las bandas criminales?


–Las facciones criminales viven en las cárceles y lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley. No se puede clasificar a un preso y decidir que vaya a una prisión o a otra conforme la facción criminal a la que pertenece. Entonces, si robaste un teléfono, un zapato o si mataste a 50 personas y sos juzgado y condenado, podés permanecer dentro de la misma prisión donde está determinada banda, ya que la división de los presos se hace a partir de estas facciones. El sistema penitenciario está hecho para las facciones, no para hacer cumplir la ley. No hay ningún incentivo para estudiar o trabajar.

El número de presos que trabaja hoy en día es inferior al 10 por ciento, y el número de presos que estudia alcanza sólo el 13 por ciento. Son prisiones de máxima ociosidad. Prisiones donde el preso, sea negro, pobre, residente de los barrios marginales o de la periferia pasa la mayor parte del tiempo sin hacer nada. El Estado no cumple con lo que dice la ley y no hace absolutamente nada en relación con el sistema penitenciario. Lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con la ley, invertir en el sistema. Hoy en día hay un gran número de personas en prisión preventiva. El 40 por ciento de los presos en Brasil son presos preventivos, que no han sido juzgados. La mayoría de estas personas no tendría que estar presa, porque cometió delitos menores, que no justifican la privación de la libertad. Hay un defecto importante en el sistema de justicia criminal, ya que no se investiga. Sólo se detiene al pobre.


–En Río de Janeiro, esas facciones criminales y las milicias se mueven con particular impunidad. ¿Cuál es la solución para combatir la violencia?


–El tema de las milicias puede parecer extraño para quien no es de Brasil o particularmente de Río de Janeiro. Son mafias compuestas por policías, bomberos, agentes penitenciarios, grupos que provienen de sectores de la seguridad pública que dominan algunos barrios, que por lo general suelen ser los más periféricos, los más pobres. Controlan las actividades económicas de esas comunidades, son violentos, matan y están por fuera de la ley. Se trata de grupos criminales, sólo que son grupos criminales formados por agentes de seguridad. No son ex agentes o paramilitares. Esto es lo que impide entender del todo el fenómeno. ¿Cómo alguien que pertenece a la seguridad forma parte de una banda criminal? Pero esto es lo que ocurre exactamente. Ellos ganan mucho dinero. Son parte del Estado. Controlan electoralmente las comunidades y acabaron siendo personas influyentes, junto a gobernadores, alcaldes y a miembros del poder político local.


–Usted ha sido muy crítico con el llamado programa de pacificación de las favelas en su ciudad. ¿Piensa que esa política fracasó completamente?


–Fracasó completamente, porque la verdad es que no se invirtió en una nueva policía. El programa de pacificación de las favelas consistía en colocar efectivos allí. Nada más. No se puso otra policía, ni se la transformó ni se la entrenó. Se llegó a las favelas sólo con efectivos. Ni saneamiento, ni escuelas, ni salud. La población pobre ya conocía bien a la policía. No hubo programa de pacificación, de integración o de ciudadanía. Fue un programa de control que con el tiempo se desgastó. Hoy está acabado.


–Brasil vive una crisis económica profunda y en Río la situación es incluso peor. ¿Qué espera del gobierno de Marcelo Crivella?


–Desde que fue elegido alcalde de Río de Janeiro, Crivella viene haciendo un gobierno muy confuso, que carece de un proyecto claro. En cierto punto no se sabe hacia dónde va, porque tiene un origen más bien religioso. Tiene posturas muy conservadoras. Es dueño de una iglesia, de un canal de televisión. Es pronto para hacer una evaluación de su gestión. Claro que deseo que haga un buen gobierno, pero no se percibe que sus funcionarios estén haciendo un buen trabajo por el momento.


–¿Por qué cree que en las ciudades más grandes como Río o San Pablo ganó la derecha en las últimas elecciones?


–Pienso que es un movimiento global, no pasa sólo en Brasil. Tenemos el triunfo de Trump y el ascenso de la derecha en Alemania y en otras partes del mundo. Incluso en Argentina. En Brasil tenemos el fin del ciclo de administración del PT, que cometió sus errores, que tiene sus logros. Soy una persona crítica con el gobierno del PT. Reconozco los avances en la capacidad de compra del salario mínimo, en las políticas de inclusión, en las políticas sociales, pero es un partido que pactó con sectores ultraconservadores de la derecha y cedió ante prácticas corruptas. Ahora paga un precio bastante alto por eso. El PT definió una imagen histórica de la izquierda en todo Brasil. El ascenso de la derecha en las últimas elecciones municipales tiene relación directa con esa crisis global y también con la crisis de gestión del PT. Toda la izquierda terminó pagando por eso.


–¿Cómo evalúa el avance de los grupos evangélicos en la política brasileña?


–La llamada bancada evangélica tiene una historia bastante reciente, con un grupo numeroso de diputados que vienen de las distintas iglesias. Pero no todos los grupos evangélicos son iguales. En Río de Janeiro el 25 por ciento de la población es evangelista. Es un porcentaje alto. El 90 por ciento de los evangelistas votó por Crivella. Eso muestra un potencial electoral muy grande para cualquier candidato que consiga reunir a esos grupos o apelar a una identidad evangélica. Esa mezcla de religión y política es peligrosa. Pero es también algo nuevo y no se sabe bien cómo tratar el tema. La única certeza que tengo es que no podemos aceptar que todos los evangelistas sean conservadores. Es importante que las personas de izquierda disputen los espacios de los evangelistas, discutan, hablen, que exploren las diferencias dentro de los grupos evangélicos, que son muchas. La izquierda tiene que aprender a conversar, a ver más allá de lo inmediato. Ningún proyecto de izquierda en Río de Janeiro debate con los evangelistas qué ciudad quiere construir o cuáles son sus concepciones políticas. Todo acto evangélico es reaccionario o conservador. En una ciudad como Río, con una población evangelista importante, esa visión es poco sensata. La izquierda no construyó hasta ahora ningún espacio de aproximación con los grupos evangélicos. Y es una falla de la izquierda. No hay que ser evangelista para ser conservador.


–En la segunda vuelta de las elecciones municipales la izquierda se unió y le dio su apoyo. ¿Considera que con los resultados que obtuvo el PSOL puede convertirse en el partido dominante dentro de la izquierda?


–Eso está por verse. Lo que pasó en Río fue algo muy fuerte, sin dudas. Tenemos una bancada importante en la ciudad, en el Congreso federal, legisladores municipales. Pasamos a la segunda vuelta en Río, lo que consolidó al PSOL como una alternativa de izquierda. En Brasil el proceso es más lento. Todo va a depender de lo que suceda en las próximas elecciones con Lula. Lula es un capítulo importante para saber el futuro de la política brasileña. Todo gira en torno a si Lula va a ser candidato o no, a si las investigaciones van a llegar a él o no. Es una cuestión central que va a definir muchas cosas. Es decir, no es un detalle menor. No vamos a hacer alianza con el PT porque consideramos que representa un proyecto diferente. Hoy Lula está al frente de todas las encuestas. Sin Lula, la correlación de fuerzas cambia completamente. Más allá de eso, el PSOL va a crecer. Tenemos que empezar a definir los candidatos nacionales ahora, hacer trabajo de base. Crecimos mucho en los comicios municipales. Brasil necesita un proyecto nacional de izquierda, algo que está faltando. Tenemos que generar debates profundos en todas las ciudades y que un proyecto político de izquierda gane en 2018.


–Usted dijo que la justicia en su país es selectiva. Sobre todo con la población más vulnerable. ¿Puede aplicarse esa selectividad a los casos de corrupción que salpican a todos los grandes partidos?


–La justicia es selectiva. La prisión de determinados políticos es selectiva. Estamos esperando que se investigue al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). La justicia investigó a unos partidos y a otros no. El PSDB fue poco investigado, y tiene muchas razones para ser investigado. La justicia es de clase. Quien tiene acceso a la justicia, a un abogado, no termina en el servicio penitenciario brasileño, donde la mayoría son negros, pobres, habitantes de las favelas, de la periferia y de baja escolaridad. ¿Sólo el pobre comete crímenes? ¿O es que sólo el crimen que comete un pobre merece la privación de la libertad?


–¿Cómo impactó el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en el escenario político?


–No hay duda de que fue un golpe. El gobierno de Dilma era desastroso, atendía los intereses de los bancos, la política de los mercados financieros, avanzaba muy poco en cuestiones sociales, en la reforma agraria. Para hacer un golpe hoy en Brasil no hace falta ser de izquierda o tener a los militares en la calle. Basta no interesarle más al poder financiero para que un gobierno sea depuesto. No hubo crimen de responsabilidad para juzgar al gobierno de Dilma y apartarla de la presidencia. Acá también hubo selectividad. Ahora vivimos una tragedia. Temer eligió a su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, para integrar el Supremo Tribunal. Es una persona que no tiene cualidades técnicas ni políticas para ocupar un cargo semejante. Es un gobierno golpista entrando en la Corte Suprema del país. Estamos viendo un cambio profundo en la política del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que ya no financia más a la pequeña economía, la economía productiva. Se trató de un golpe para hacer funcionar la economía de una determinada manera que agrade a ciertos sectores.


–¿Por qué entonces un hombre como Temer, acusado de corrupción y comandando un programa económico impopular, sobrevive en el poder?


–Temer era el hombre indicado para dar el golpe. Es servil a los intereses de un gran aglomerado económico y de algunos medios de comunicación. Estaba en el lugar justo para hacer el golpe: la vicepresidencia. No tenía cualidades para asumir la presidencia pero estaba ligado a un sector político muy poderoso. Las protestas que comenzaron en 2013 y se intensificaron en vísperas del golpe apuntaban contra el gobierno, la corrupción y la clase política en general. Pero Dilma fue destituida, Temer asumió la presidencia y los brasileños dejaron de salir a las calles. Es algo curioso. Los movimientos pro impeachment fueron importantes, sí, en las grandes ciudades. El gobierno tenía poca capacidad de respuesta. Era un gobierno malo, pero a los gobiernos se los derrota en elecciones, no se les hace un impeachment. Si no hay crimen de responsabilidad es golpe. Dilma fue apartada del poder y hoy tenemos a Lula liderando las encuestas con una ventaja significativa. Muchos de los que salieron a las calles entendieron que sacar a Dilma no era la solución, porque no resolvió ni la crisis económica ni la crisis política.


–¿Cuál es la estrategia para las elecciones generales de 2018?


–Tenemos todo 2017 por delante. Es importante reforzar el trabajo de base, ir a las ciudades, hacerlo más participativo. Mi campaña terminó nacionalizándose porque fui una de las pocas figuras de izquierda que pasó a segundo turno. Ahora tengo que ayudar a que el partido crezca en los lugares donde es más difícil. Ya visité Minas Gerais, Belo Horizonte, Florianópolis, Belém, Río Grande del sur. Es probable que en 2018 me presente para diputado federal para ayudar a la bancada a mantener el número. En una ciudad como Río de Janeiro, tan compleja, llegamos al millón doscientos mil votos, enfrentándonos a adversarios poderosos.


–Después del golpe parlamentario se llevaron adelante elecciones municipales. ¿Brasil vive en democracia?


–No estamos viviendo en democracia. Acá hubo un golpe violento, muy duro, contra el gobierno federal. Hubo una ruptura del orden electoral y ahora el golpe se está consolidando. Está tomando forma a través de las políticas agrarias, de la currícula educativa, del nuevo juez de la Corte. Así tengamos elecciones municipales y estaduales, el gobierno federal es muy importante en la estructura política de Brasil. Se vive un momento de crisis institucional, de fragilidad democrática. Una de las crisis de identidad política más graves que sufrió el país. Pero también hay una capacidad de reacción muy fuerte. Hay grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de la cultura, de educadores populares, de las favelas, de la periferia, que tienen una propia identidad política, un proyecto de sociedad que está surgiendo. No soy el más optimista. Creo que el golpe no demostró todavía todo lo nocivo que puede llegar a ser. El de Temer es un gobierno que nace para construir una lógica de poder más autoritaria. La resistencia va a atravesar años difíciles, pero con capacidad de lucha y de reorganización de las fuerzas políticas.

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La contienda por la presidencia se definirá el próximo 7 de mayo
Conservadores y socialistas llaman a apoyar al ex titular de Economía
Para la candidata del Partido Nacional el resultado es histórico

París.

El centrista pro europeo Emmanuel Macron y la candidata de extrema derecha Marine Le Pen encabezaron por estrecho margen los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia celebradas este domingo, y se enfrentarán el 7 de mayo en la segunda ronda, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por el Ministerio del Interior.

Macron consiguió 23.91 por ciento de votos, por 21.42 de Le Pen, con 96 por ciento de sufragios escrutados.

Esta es la primera vez en la historia reciente de Francia que no habrá un candidato de los tradicionales Partido Socialista –en el cual milita el presidente François Hollande– y el conservador Partido de los Republicanos en elecciones presidenciales.

"Encarnaré la voz de la esperanza para nuestro para Europa", dijo Macron, el candidato de En Marcha! ante sus seguidores.

Le Pen, líder del Frente Nacional, calificó el resultado de "histórico".

Al reconocer sus derrotas, el centro derechista François Fillon y el socialista Benoit Hamon llamaron a sus votantes a apoyar al centrista en la segunda ronda, mientras el izquierdista Jean-Luc Mélenchon descartó dar su apoyo a cualquiera de los finalistas.

Al menos 300 manifestantes, que dijeron ser "antifascistas", se enfrentaron a la policía por la noche en París, en una movilización contra Le Pen y Macron.

"Encarnaré la voz de la esperanza para nuestro país y Europa", afirmó Macron, ex ministro de Economía, ante cientos de simpatizantes que celebraban su victoria en París.

Agregó: "en un año hemos cambiado el rostro de la vida política francesa".

Macron fundó el movimiento político En Marcha! "ni de izquierda ni de derecha" hace apenas un año, poco antes de renunciar al gobierno de Hollande, "en momentos en que nuestro país atraviesa un momento inédito marcado por el terrorismo, los desafíos económicos, ecológicos y los sufrimientos sociales, Francia respondió de la mejor manera y acudió a votar masivamente", apuntó Macron, de 39 años, quien de ganar la contienda en mayo se convertirá en el presidente más joven de Francia.

Tras anunciar los resultados de esta elección, el candidato del Partido Socialista, Benoit Hamon, aceptó su derrota, pero aseguró que "la izquierda no ha muerto, el combate continúa" y pidió a los franceses votar por Macron.

El contendiente conservador, François Fillon, admitió su derrota y también llamó a votar por el candidato pro europeo en la segunda ronda: "no nos queda otra opción que votar contra la extrema derecha, por lo tanto votaré por Emmanuel Macron".

El abanderado del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, rehusó apoyar a alguno de los candidatos finalistas. Mélenchon fue duramente criticado en la campaña por su abierta admiración a líderes latinoamericanos como Fidel Castro y Hugo Chávez.

El primer ministro socialista, Bernard Cazeneuve, llamó a los votantes a rechazar a Le Pen y a optar por Macron, mientras el impopular presidente saliente, François Hollande, llamó a los franceses a "demostrar que la democracia es más fuerte que todo".

La ultraderechista Le Pen, de 48 años, quien de lograr la victoria sería la primera mujer en gobernar Francia, festejó haber alcanzado la segunda ronda y dijo a sus seguidores que "está en juego la supervivencia del país, los franceses deben aprovechar esta oportunidad histórica". En su cuartel de campaña en el norteño municipio de Henin-Beaumont ondearon banderas de Francia con la inscripción: "Marine President".

Le Pen y Macron ofrecen un fuerte contraste, sostienen opiniones diametralmente opuestas sobre el futuro de la Unión Europea (UE) y el papel de Francia en el bloque continental. Le Pen prometió sacar a Francia del bloque, mientras Macron está a favor de una mayor cooperación con Europa. Algunos analistas sugieren que la segunda vuelta será el equivalente a un referendo sobre el futuro de Francia en la UE.

De un padrón de poco más de 46 millones de votantes, 78.27 por ciento acudieron a las urnas.

En este contexto, unos 300 manifestantes "antifascistas" chocaron contra las fuerzas de seguridad en la rotonda de la Plaza de la Bastilla, algunos participantes lanzaron petardos y botellas contra los uniformados y tres personas fueron detenidas, informó la prefectura de policía. Un organizador a la protesta exhortó a la muchedumbre, micrófono en mano, a manifestarse "contra Marine Le Pen y Macron".

 

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Domingo, 23 Abril 2017 07:28

Aumentan las muertes de líderes sociales

 

Dos líderes sociales fueron baleados esta semana en Colombia, al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz.

 

Desde Medellín

 

Esta semana las muertes tras la puesta en marcha del Acuerdo de Paz en Colombia no dieron tregua. Dos líderes sociales fueron baleados al igual que un integrante de las FARC. La Defensoría del Pueblo se mostró preocupada porque sigue corriendo la sangre de quienes defienden el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerrilla más antigua del continente. Y aunque los homicidios a manos de esa guerrilla cesaron provocando bajas en las estadísticas, va en aumento la violencia contra los pacifistas que lideran procesos campesinos, indígenas, de mujeres o afros, las poblaciones más vulneradas a lo largo de décadas conflicto armado interno y siglos de una violencia que no cesa aunque muestra cifras esperanzadoras y contradictorias a la vez.

Gracias al cese unilateral y luego bilateral al fuego entre gobierno y Farc, la tasa de homicidios de Colombia en 2016 fue la más baja registrada desde 1974. Sin embargo, aumentó el homicidio a líderes sociales en un 22%. Serían unos 12 mil asesinatos en todo Colombia el año pasado. Unos 130 a líderes, y 33 desde que comenzó la implementación de la paz, 1 de diciembre también llamado Día D.

En el tratado firmado en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre pasado por el Presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño “Timochenko” máximo jefe de la Farc, se contemplan medidas de protección entre muchas una Comisión de Garantías para el ejercicio de la política desde todas las orillas del pensamiento sin temor al homicidio. Los casos que se sumaron esta semana, Gerson Acosta indígena del Cauca y Rubiela Sánchez en Antioquia, engrosan la lista dolorosa de quienes, sin armas, han resistido ciclos de violencia, expulsión de sus territorios, muerte de seres queridos y amenazas y hoy son alcanzados por las balas, sin protección del Estado. También el Acuerdo de Paz incluye la seguridad para los integrantes de Farc que salgan de cárceles y todos aquellos que están en zonas veredales y puntos de normalización (zonas de paz) y que próximamente regresarán a la vida civil. Ni lo uno ni lo otro se ha implementado y la Unidad para desarticular el paramilitarismo creada en la Fiscalía no muestra resultados después de que su primera directora, Alexandra Valencia, fuera despedida del cargo.

Organismos internacionales como Naciones Unidas han venido alertando sobre los grandes riesgos que corre Colombia por la falta de cumplimiento del gobierno en la implementación del ya firmado y refrendado tratado de paz.”El incumplimiento del Gobierno en el contexto del diálogo social ha generado pérdida de confianza, credibilidad y oportunidades valiosas para el progreso”, dijo Tod Howlando de la Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia recientemente levantando polémica. En dichos incumplimientos está también la construcción de campamentos y adecuaciones de las zonas de paz que debieron estar listos el DÍA D y aún continúan a medias. También, las amnistías e indultos que se esperaban por más de mil para esta fecha habiendo logrado apenas casi un centenar, pues los jueces empezaron negando las amnistías, luego salieron a paro, y ahora el alto gobierno entrega certificaciones de que quienes serán excarcelados son guerrilleros de a poco.

Ese fue el caso de Luis Alberto Ortiz Cabezas conocido como Pepe, quien llevaba apenas un par de semanas en su casa, cuando llegaron hombres armados y le propiciaron tres disparos. El primer ex guerrillero de las Farc asesinado se encontraba en la localidad de Tumaco, Nariño, al Sur del país. El secretariado de las Farc mostró su preocupación, entre tanto la Fiscalía dijo que investigará con prioridad este homicidio y envió un equipo especial a ese territorio por siempre complejo en materia de Derechos Humanos y poblado principalmente por negros e indígenas.

Desde la zona de paz donde se ubican las Farc, se emitió un comunicado que cuestiona el accionar del Estado. “¿Qué están haciendo las autoridades, en cuanto al cumplimiento de los compromisos acordados, en el sentido de combatir las bandas paramilitares al servicio de las mafias que se constituyen en amenaza real para la ciudadanía y los guerrilleros y milicianos excarcelados, que no cuentan con protección alguna; pasando por alto que la protección de la ciudadanía y de los excarcelados es condición para garantizar una paz estable y duradera y en cuánto a la protección de nuestro tránsito a convertirnos en un partido político civil, se refiere?”

En Tumaco las últimas semanas han sido convulsionadas por las protestas de los campesinos cultivadores de coca que protestan en vías públicas reclamando que, a pesar de que firmaron un acuerdo derivado de los Diálogos de La Habana para sustituir voluntariamente la hoja de coca, el Ejército está erradicando forzosamente. Los abusos de la Policía han sido evidenciados en videos que circulan en la web donde muestran a los agentes disparando contra la población civil y hombres campesinos heridos por doquier.

La preocupación se extiende hasta Chocó y Urabá donde tropas paramilitares continúan avanzando a caseríos lejanos sin que la Fuerza Pública llegue a dichos lugares a actuar contra éstos. Así lo han denunciado la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Por su parte Amnistía Internacional generó alertas esta semana que termina haciendo eco de dichas denuncias y exhortando al presidente Juan Manuel Santos y la Fuerza Pública a cumplir su mandato de proteger a sus ciudadanos.

Según la Comisión Interclesial también en Buenaventura, Valle del Cauca, los “paras” están abiertamente ocupando los territorios dejados por Farc. “El viernes 21 de abril, a las 10:00 p.m. en el asentamiento indígena Woaunaan Phobor, Corregimiento de Córdoba, kilómetro 20 de la vía Buenaventura, Cali, cinco hombres presuntamente de la estructura paramilitar de los Urabeños con armas cortas, vestidos con prendas oscuras y linternas, ingresaron al caserío de la comunidad y hasta la madrugada merodearon al rededor de las viviendas”, dice la Comisión en comunicado público.

 

 

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No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’, y que no son explicados en su conjunto por los principales medios de comunicación. Planteamos siete claves de la crisis actual en donde se resalta que no se puede comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea y que el concepto de ‘dictadura’ ni explica el caso venezolano ni es una especificidad regional de ese país. A su vez planteamos que se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal y que se está canalizando el devenir y las definiciones políticas de la actual situación por la vía de la fuerza y a través de un buen número de mecanismos informales, excepcionales y subterráneos. Proponemos que el horizonte compartido de los dos bloques partidarios de poder es neoliberal, que estamos ante una crisis histórica del capitalismo rentístico venezolano y que comunidades, organizaciones populares y movimientos sociales se enfrentan a un progresivo socavamiento del tejido social.

El trato que se le da a Venezuela en los grandes medios de comunicación internacionales es sin duda especial en todo el mundo. No tenga dudas que hay demasiadas tergiversaciones, demasiado maniqueísmo, demasiados slogans, demasiadas manipulaciones y omisiones.

Más allá de las versiones cretinizantes de la neolengua mediática que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave de ‘crisis humanitaria’, ‘dictadura’ o ‘presos políticos’, o bien de la narrativa heroica de la Venezuela del ‘socialismo’ y la ‘revolución’ que interpreta todo lo que ocurre en el país en clave ‘guerra económica’ o ‘ataque imperial’, hay muchos temas, sujetos y procesos que son invisibilizados, que ocurren mar adentro y que esencialmente constituyen el escenario político nacional. No es posible entender la crisis actual en Venezuela sin analizar en conjunto los factores que se desarrollan ‘desde adentro’.

El criterio de acción e interpretación basado en la lógica ‘amigo-enemigo’ responde más a una disputa entre élites de los partidos políticos y grupos económicos que a los intereses fundamentales de las clases trabajadoras y la defensa de los bienes comunes. Es necesario apostar por miradas integrales del proceso de crisis y conflicto nacional, que contribuyan a trazar las coordenadas para trascender o enfrentar la coyuntura actual.

Presentamos 7 claves para su comprensión, analizando no solo la disputa gobierno-oposición, sino también procesos que se están desarrollando en las instituciones políticas, en los tejidos sociales, en las tramas económicas, al tiempo que se resaltan las complejidades sobre el neoliberalismo y los regímenes de gobierno y gobernanza en el país.

 

I. No es posible comprender lo que pasa en Venezuela sin tomar en cuenta la intervención foránea

 

El rico y vasto conjunto de los llamados ‘recursos naturales’ del país; su posición geo-estratégica; su desafío inicial a las políticas del Consenso de Washington; su influencia regional para la integración; así como sus alianzas con China, Rusia o Irán; le otorgan un notable significado geopolítico a Venezuela. Sin embargo, hay sectores intelectuales y mediáticos que continuamente buscan obviar las muy fluidas dinámicas internacionales que impactan y determinan el devenir político en el país, donde resalta el persistente accionar intervencionista del Gobierno y los diferentes poderes fácticos de los Estados Unidos.

En este sentido, estos sectores se encargan de ridiculizar la crítica al imperialismo, y presentan al Gobierno Nacional como el único actor de poder en juego en Venezuela, y por ende el único objeto de interpelación política.

Sin embargo, desde la instauración de la Revolución Bolivariana se ha desarrollado un intenso intervencionismo estadounidense hacia Venezuela, el cual se ha recrudecido y tornado más agresivo a partir de la muerte del presidente Chávez (2013) y del contexto de agotamiento del ciclo progresista y restauración conservadora en América Latina. Vale recordar la Orden Ejecutiva firmada por Barack Obama en marzo de 2015 en la cual se declaraba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los EEUU –‘an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States’[1]. Ya sabemos qué le ha ocurrido a los países que son catalogados de esta manera por la potencia del norte.

Actualmente, además de las amenazantes declaraciones del Jefe del Comando Sur, el Almirante Kurt W. Tidd (6 de abril de 2017), planteando que la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela podría obligar a llevar adelante una respuesta regional –‘The growing humanitarian crisis in Venezuela could eventually compel a regional response’[2]–, y de la evidencia de la agresividad de la política exterior de Donald Trump con el reciente bombardeo a Siria, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, encabeza junto a varios países de la región el intento de aplicación de la Carta Democrática para abrir un proceso de ‘restitución de la democracia’ en el país.

Los ideólogos y operadores mediáticos de la restauración conservadora en la región se muestran muy preocupados por la situación de Derechos Humanos (DDHH) en Venezuela, pero no logran explicar en sus análisis porque extrañamente no se hace ningún esfuerzo supranacional del mismo tipo frente a la espantosa crisis de DDHH en países como México y Colombia. En este sentido parece que la indignación moral es relativa y prefieren callar.

Sea pues, por razones de intencionalidad política o ingenuidad analítica, estos sectores despolitizan el rol de los organismos supranacionales desconociendo las relaciones geopolíticas de poder que los constituyen, que hacen parte de su propia naturaleza. Una cosa es una lectura paranoica de todas las operaciones impulsadas por estos organismos globales y otra muy diferente es una interpretación puramente procedimental de su accionar, obviando los mecanismos de dominación internacional y control de mercados y de recursos naturales que se han canalizado a través de estas instituciones de gobernanza global y regional.

Pero hay algo importante que agregar. Si hablamos de intervención, no podemos solo hablar de los EEUU. En Venezuela hay crecientes formas de intervencionismo chino en la política y las medidas económicas que se han ido tomando, lo que apunta a pérdidas de soberanía, incremento de la dependencia con la potencia asiática y procesos de flexibilización económica.

Una parte de la izquierda ha preferido callar estas dinámicas, dado que parece que la única intervención que merece ser señalada es la estadounidense. Pero ambas vetas de injerencia foránea se están desarrollando para favorecer la acumulación capitalista transnacional, la apropiación de ‘recursos naturales’ y para nada tienen que ver con las reivindicaciones populares.

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II. El concepto de ‘dictadura’ no explica el caso venezolano

 

Casi desde el inicio de la Revolución Bolivariana se ha tildado a Venezuela de ser una ‘dictadura’. Este concepto sigue siendo objeto de amplios debates en la teoría política debido a que ha sido desafiado por las transformaciones y complejización de los regímenes y ejercicios de poder contemporáneos, sobre todo en la actual época globalizada, lo que plantea serios vacíos e imprecisiones en sus definiciones.

La ‘dictadura’ suele estar asociada a regímenes políticos o tipos de gobierno en los cuales todo el poder está concentrado, sin limitaciones, en una sola persona o un grupo de ellas; hay una ausencia de división de poderes; ausencia de libertades individuales, de libertad de partidos, libertad de expresión; e incluso en ocasiones el concepto ha sido vagamente definido como ‘lo opuesto a la democracia’.

El término ‘dictadura’ en Venezuela ha sido utilizado y masificado en la jerga mediática de manera bastante superficial, visceral y de una forma moralizante, prácticamente para plantearlo como una especie de especificidad venezolana, distinguiéndose así de los otros países de la región, donde en teoría sí habría regímenes ‘democráticos’.

El asunto es que en Venezuela en la actualidad difícilmente se puede decir que todo el poder está concentrado sin limitaciones en una sola persona o un grupo de ellas, debido a que en el país estamos ante un mapa de actores, que si bien es jerarquizado, es a la vez fragmentado y volátil –sobre todo después de la muerte del presidente Chávez–, en tanto la existencia de diversos bloques de poder que pueden aliarse o bien estar enfrentados entre ellos y que desborda la dicotomía gobierno-oposición.

Aunque exista un gobierno con un componente militar importante, con crecientes expresiones de autoritarismo y con cierta capacidad de centralización, el escenario es altamente movedizo. No hay dominación total de arriba hacia abajo, y hay cierta paridad entre los grupos de poder en disputa. En cambio el conflicto podría desbordarse, caotizando aún más la situación.

El hecho de que la oposición venezolana controle la Asamblea Nacional, la cual ganó contundentemente por la vía electoral, señala además que antes que una pura ausencia de división de poderes, hay en cambio una disputa entre ellos, hasta ahora favorable a la combinación Ejecutivo-Judicial.

Antes pues que hablar de un régimen político homogéneo, estamos ante una amplia y conflictiva red de fuerzas. La metástasis de la corrupción hace que el ejercicio del poder se descentralice aún más, o bien se dificulte su centralización por parte del Poder Constituido.

Lo que sí tiene que ver con el viejo concepto romano de dictadura, es que en este contexto el Gobierno nacional está gobernando por medio de decretos y medidas especiales en el marco de un declarado ‘estado de excepción’, que se oficializa desde principios de 2016. En nombre de la lucha contra la guerra económica, el avance de la delincuencia y del paramilitarismo, y los avances subversivos de la oposición, numerosas mediaciones institucionales y procedimientos democráticos están siendo omitidos. Destacan por su gravedad políticas de seguridad como la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), que representan intervenciones de choque directas de los cuerpos de seguridad del Estado en diferentes territorios del país (rurales, urbanos, barrios periféricos), para “combatir el hampa”, los cuales suelen tener polémicos saldos en muertes; la paralización del referéndum revocatorio; la suspensión de las elecciones a gobernación en 2016 sin todavía quedar claro cuando se realizarán; crecientes represiones y excesos policiales ante el descontento social producto de la situación en el país; y un incremento de procesos de militarización, resaltando las zonas fronterizas y las declaradas de ‘recursos naturales estratégicos’.

Este es el mapa político que, junto a las diversas formas de intervención foránea, configuran el escenario de guerra de baja intensidad que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana de los venezolanos. Es este el marco en el que se desenvuelven las libertades individuales, la oposición y pluralidad partidaria, la convocatoria y realización de marchas, expresiones de disidencia y críticas en los medios de comunicación, entre otras formas de la llamada democracia en Venezuela.

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III. En Venezuela se están desbordando el contrato social, las instituciones y los marcos de la economía formal

 

Si hay algo que podría definirse como una especificidad del caso venezolano es que su escenario socio-político actual está desgarrado, profundamente corrompido y altamente caotizado. Hemos sostenido que en el país estamos ante una de las crisis institucionales más severas de toda América Latina[3], haciendo referencia con esto al conjunto de las instituciones jurídicas, sociales, económicas, políticas, entre otras, que conforman la República venezolana.

La crisis histórica del modelo de acumulación rentista petrolero, la metástasis de la corrupción en el país, severas vulneraciones al tejido social desde el ‘período neoliberal’ y en especial desde 2013, y la intensidad de los ataques y disputas políticas, han desbordado en su conjunto los marcos de las instituciones formales de todos los ámbitos de la sociedad, canalizándose muy buena parte de las dinámicas sociales por la vía de mecanismos informales, subterráneos e ilegales.

En el ámbito económico, la corrupción se ha transformado en un mecanismo transversal y motorizador de distribución de la renta petrolera, desviando enormes sumas de divisas a discrecionalidad de unos pocos, y socavando las bases de la economía formal rentista. Esto ocurre de manera determinante con PDVSA[4], la principal industria del país, así como con fondos clave como el Fondo Chino-Venezolano o con numerosas empresas nacionalizadas.

El colapso de la economía formal ha hecho de la informalidad prácticamente uno de los ‘motores’ de toda la economía nacional. Las fuentes de oportunidades sociales, sea de ascenso social o de posibilidad de mayores ganancias, se encuentran con frecuencia en el llamado ‘bachaqueo’ de alimentos (el comercio ilegal, a altísimos precios, dirigidos al mercado negro)[5] u otras formas de comercio en los diversos mercados paralelos, sea de divisas, medicinas, gasolina, etc.

En el ámbito político-jurídico, el estado de derecho carece de respeto y reconocimiento por parte de los principales actores políticos, quienes no solo se desconocen mutuamente sino recurren a movidas políticas dispuestos a todo para vencerse el uno al otro. El Gobierno nacional enfrenta a las que considera las ‘fuerzas enemigas’ con medidas de excepción y conmoción, mientras que grupos de la oposición más reaccionarios despliegan operaciones violentas de vandalismo, confrontación y ataque a infraestructuras. En este escenario se ha mermado sobremanera el estado de derecho, haciendo muy vulnerable a la población venezolana.

Cada vez reina una mayor impunidad, la cual se ha expandido a todos los sectores de la población. Esto no solo hace que se enquiste aún más la corrupción, que luce indetenible, sino que implica que la población no espere nada del sistema de justicia, y cada vez más la ejerza con sus propias manos.

El colapso del contrato social genera tendencias de ‘sálvese quien pueda’ en la población. La fragmentación del poder también ha contribuido a que se generen, crezcan y se fortalezcan diversos poderes territoriales, como lo son los llamados ‘sindicatos mineros’ que controlan con armas minas de oro en el estado Bolívar, o bandas criminales que dominan sectores de Caracas como El Cementerio o La Cota 905[6].

El marco presentado implica nada más y nada menos que el devenir y las definiciones políticas de la actual situación en el país se están desarrollando en muy buena medida por la vía de la fuerza.

 

IV. La crisis de largo plazo del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017)

 

El hundimiento de los precios internacionales del crudo ha sido determinante en el desarrollo de la crisis venezolana, pero no es el único factor que explica este proceso. Desde la década de los años 80 hay crecientes síntomas de agotamiento del modelo de acumulación basado en el extractivismo petrolero y la distribución de la renta que genera. La actual fase de caotización de la economía nacional (2013-hoy) es también producto del devenir económico de los últimos 30 años en el país. ¿Por qué?

Varias razones lo explican. Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extra-pesados. Estos crudos son económicamente más costosos y requieren mayor uso de energía y el empleo de procesamientos adicionales para su comercialización. La rentabilidad del negocio que alimenta al país va descendiendo con respecto a tiempos anteriores, cuando prevalecían crudos convencionales. Esto ocurre al mismo tiempo que el modelo exige cada vez más ingresos rentísticos y cada vez más inversión social no solo para paliar las crecientes necesidades de una población que sigue en aumento.

La hiper-concentración poblacional en las ciudades (más de 90%) promueve un uso de la renta orientado fundamentalmente en el consumo (de bienes importados) y muy poco en formas productivas. Las épocas de bonanza promueven el fortalecimiento del sector extractivo (primario) –los efectos de la llamada ‘Enfermedad Holandesa’– lo que vulnera notablemente a los ya débiles sectores productivos. Luego de finalizada la bonanza (como ocurrió a fines de los 70 y ahora desde 2014), la economía queda más dependiente y aún más débil para enfrentar una nueva crisis.

La corrupción socio-política del sistema también posibilita fugas y descentralizaciones fraudulentas de la renta, lo que impide el desarrollo de políticas coherentes de distribución para paliar la crisis

La creciente volatilidad de los precios internacionales del crudo, así como cambios en los balances de poder global en torno al petróleo (como la progresiva pérdida de influencia de la OPEP) tienen también significativos impactos en la economía nacional.

Mientras se desarrollan todos estos vaivenes económicos en el país, los recursos ecológicos se siguen socavando y agotando, lo que amenaza los medios de vida de millones de venezolanos para el presente y futuro.

La actual solución que impulsa el Gobierno nacional ha sido incrementar notablemente el endeudamiento externo, distribuir la renta de manera más regresiva para la población, expandir el extractivismo y favorecer al capital transnacional.

En suma, cualquiera de las élites que gobierne en los próximos años, tendrá que enfrentar, sí o sí, los límites históricos que se han alcanzado con el viejo modelo rentista petrolero. No bastará solo esperar un golpe de suerte para que los precios del petróleo suban. Se vienen trascendentales cambios y habrá que estar preparados para enfrentarlos.

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V. ¿Socialismo? en Venezuela se está llevando a cabo un proceso de ajuste y flexibilización económica progresivo

 

En el país se está desarrollando un proceso de ajuste progresivo y sectorizado de la economía, flexibilizando previas regulaciones y restricciones al capital, y desmantelando paulatinamente los avances sociales alcanzados en tiempos anteriores en la Revolución Bolivariana. Estos cambios aparecen enmascarados en nombre del Socialismo y la Revolución, aunque representan políticas cada vez más rechazadas por la población.

Destacan políticas como la creación de las Zonas Económicas Especiales, las cuales representan liberalizaciones integrales de partes del territorio nacional, una figura que entrega la soberanía a los capitales foráneos que pasarían a administrar prácticamente sin limitaciones dichas regiones. Se trata de una de las medidas más neoliberales desde la Agenda Venezuela implementada por el gobierno de Rafael Caldera en los años 90, bajo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

También resaltan la paulatina flexibilización de los convenios con las corporaciones foráneas en la Faja Petrolífera del Orinoco; liberalización de precios de algunos productos básicos; creciente emisión de bonos soberanos; devaluación de la moneda, creándose un tipo de cambio flotante (Simadi); aceptación de algunos trámites comerciales directamente en dólares, por ejemplo, en el sector turismo; o el fiel cumplimiento de los pagos de deuda externa y los servicios de la misma, lo que implica un recorte en las importaciones y consiguientes problemas de escasez de bienes de consumo básico.

Se está impulsando el relanzamiento de un extractivismo flexibilizado, apuntando fundamentalmente hacia las nuevas fronteras de la extracción, donde destaca el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, el cual plantea instalar como nunca antes la mega-minería en un territorio de 111.800 kms2 de extensión, amenazando fuentes de vida claves para los venezolanos, en especial para los pueblos indígenas. Estos proyectos suponen además el atornillamiento por largo plazo a los esquemas de dependencia que produce el extractivismo[7].

Cabe destacar que estas reformas se combinan con el mantenimiento de algunas políticas de asistencia social, continuos aumento de los salarios nominales, algunas concesiones a demandas de las organizaciones populares y el uso de una narrativa revolucionaria e antiimperialista. Esto evidentemente tiene como uno de sus principales objetivos el mantenimiento de los apoyos electorales que quedan.

Estamos en presencia de lo que hemos llamado un ‘neoliberalismo mutante’, en la medida en la que se combinan formas de mercantilización, financiarización y desregulación con mecanismos de intervención estatal y asistencia social.

Parte de la izquierda ha estado muy enfocada en evitar la llegada de gobiernos conservadores al poder para así evitar la ‘vuelta del neoliberalismo’. Pero olvidan mencionar cómo gobiernos progresistas también avanzaron en varias medidas selectivas, mutantes e híbridas de perfil neoliberal, que finalmente afectan al pueblo y a la naturaleza[8].

 

VI. ¿La alternativa? El proyecto de los partidos de la ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es neoliberal

 

La derechista ‘Mesa de la Unidad Democrática’ (MUD) es el bloque predominante de la oposición partidista al Gobierno nacional, aunque una oposición de izquierda haya venido creciendo lentamente y es muy factible que lo siga haciendo. Esta izquierda crítica, al menos la más definida, no se identifica con la MUD por lo que no articula políticamente con esta.

La MUD no es un bloque homogéneo, y en cambio existen sectores que van, desde influyentes grupos radicales de extrema derecha –que podríamos llamar ‘uribistas’–, hasta llegar a algunos sectores de conservadurismo light, y de liberalismo elitario con cierta tendencia distribucionista. Estos diversos grupos tienen una relación conflictiva entre ellos y con eventuales careos y desplantes mutuos.

A pesar de sus diferencias, a los diferentes grupos de la MUD los une al menos tres factores fundamentales: su matriz ideológica, las bases de su programa económico y su agenda reaccionaria ante el Gobierno nacional y ante la posibilidad de una profunda transformación de corte popular emancipatorio. Nos referiremos a las dos primeras.

Su matriz ideológica está profundamente determinada por la teoría neoclásica y por el liberalismo conservador, enalteciendo obsesivamente la propiedad privada, el fin de la ‘ideologización’ por parte del Estado y el auge de las libertades empresariales e individuales.

Estos pilares ideológicos son más claros en la programática de este bloque que en sus propios discursos mediáticos, donde la retórica es simplista, superficial y llena de consignas. La síntesis más acabada de su modelo económico se encuentra en los ‘Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)’[9]. Se trata de una versión neoliberal más ortodoxa del extractivismo petrolero, en relación al proyecto del actual Gobierno venezolano.

Destaca el hecho de que, a pesar de enarbolar la bandera del ‘cambio’ y la ‘Venezuela productiva’, su propuesta plantea llevar la extracción de petróleo en Venezuela hasta 6 millones de barriles diarios, poniendo énfasis en el incremento de las cuotas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque se acusen, riñan y señalen públicamente, las propuestas petroleras de Henrique Capriles Radonski (Petróleo para tu Progreso)[10] y Leopoldo López (Petróleo en la Mejor Venezuela[11]) son gemelas, y consensuan con el ‘Plan de la Patria’ 2013-2019 impulsado por el Gobierno nacional. El cambio anunciado no es más que otro atornillamiento con el extractivismo, más rentismo y desarrollismo, y las consecuencias económicas e impactos socio-ambientales y culturales que conlleva este modelo.

 

VII. La fragmentación del ‘pueblo’ y el progresivo socavamiento del tejido social

 

En todos estos procesos de guerra de baja intensidad y caos sistémico, el principal afectado es el pueblo trabajador. La potente cohesión socio-política que se configurara en los primeros años de la Revolución Bolivariana ha sufrido no solo un desgaste sino una progresiva desarticulación. Pero estas afectaciones han llegado incluso a la propia médula de los tejidos comunitarios del país.

La precariedad para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; los incentivos a la resolución individual y competitiva de los problemas socio-económicos de la población; la metástasis de la corrupción; la canalización de los conflictos y disputas sociales por la vía de la fuerza; la pérdida de referentes ético-políticos y el desgaste de la polarización debido al descrédito de los partidos; la agresión directa a experiencias comunitarias fuertes o importantes y a líderes comunitarios por parte de diversos actores políticos y territoriales; hacen parte de este proceso de vulneración de los tejidos sociales que apunta a socavar los verdaderos pilares de un potencial proceso de transformación popular-emancipatorio o de las capacidades de resistencia de la población ante un mayor avance de fuerzas regresivas en el país.

Mientras tanto, diversas organizaciones de base popular y movimientos sociales a lo largo y ancho del país insisten en construir una alternativa desde sus territorios. Los tiempos dirán cual será su capacidad de resistencia, adaptación y sobre todo su habilidad colectiva para articularse entre ellos y disputar con mayor fortaleza el rumbo del proyecto político nacional.

Si hay una solidaridad irrenunciable que debería impulsarse desde las izquierdas en América Latina y el mundo, debe ser con este pueblo luchador, ese que históricamente ha cargado sobre sus hombros la explotación y los costos de la crisis. Ese que frecuentemente ha desbordado y se ha re-apropiado de las calles buscando que sus demandas sean escuchadas y atendidas. Ese que en la actualidad se enfrenta a los complejos dilemas que suponen los actuales tiempos de reflujo y regresiones. Este pareciera que es el verdadero punto de honor de las izquierdas. El costo de darle la espalda a estas contra-hegemonías populares en nombre de una estrategia de conservación del poder podría ser muy alto.

 

Caracas, abril de 2017

 

Texto publicado originalmente en Alainet.org

 

Emiliano Terán Mantovani es sociólogo venezolano, ecologista político e investigador en ciencias sociales.

 

[1] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/09/executi...

[2] http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/Posture%20Statements/SOUTHCO...

[3] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207450

[4] http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/maduro-hay-que-ir-a-sanear-pr...

[5] http://www.eluniversal.com/noticias/economia/leon-bachaquero-invierte-40...

[6]http://efectococuyo.com/principales/van-al-menos-24-fallecidos-en-enfrentamientos-entre-cicpc-y-bandas-delincuenciales; http://www.radiomundial.com.ve/article/enfrentamiento-en-cota-905-deja-1...

[7] http://www.alainet.org/es/articulo/175893

[8] http://www.alainet.org/es/articulo/172285

[9] http://static.telesurtv.net/filesOnRFS/opinion/2015/12/09/mud_government...

[10] http://www.eluniversal.com/noticias/politica/plan-petroleo-para-progreso...

[11] http://www.leopoldolopez.com/en-la-mejor-venezuela-duplicaremos-la-produ...

 

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El presidente Donald Trump parece tener una política exterior que cambia constantemente. Muchos analistas han documentado que publica una cosa en Twitter y unas cuantas horas después dice o hace algo diferente.

Esta repetida incertidumbre acerca de lo que piensa o pretende hacer ha sido profundamente desconcertante para casi todo mundo. Al interior de Estados Unidos sus principales colaboradores designados parecen asumir posiciones que son diferentes de las de él. Y en cualquier caso, no se les previene de los virajes en la línea de acción. Aun algunos de sus más fieles simpatizantes populares encuentran los cambios confusos (aunque no encuentren razón para dejar de respaldarlo).

Fuera de Estados Unidos, presidentes, primeros ministros y diplomáticos parecen perturbarse por la impredictibilidad o la falta de claridad de los puntos de vista de Trump. Esto con frecuencia se expresa de la siguiente forma: Ahora sabemos X, pero esto es una posición táctica. ¿Cuál es la visión de largo alcance de Trump, si es que acaso tiene una?

Si uno se pone en los zapatos de Trump, el cuadro puede ser muy diferente. Primero que nada, si yo Trump, soy impredecible, tengo cierta fuerza extra en mi posición, dado que otros podrán intentar acomodar por adelantado lo que piensan que es mi postura.

Además, la incoherencia de mi posición es un modo de calibrar cuál es la posición que mejor sirve a mis intereses, que implican incrementar mi poder dentro y fuera de Estados Unidos. Mantener mi posición personal y en segundo lugar la de Estados Unidos es mi objetivo primordial. No tengo y no quiero tener una visión de compromiso de largo plazo. No soy un ideólogo, sino una persona que busca una posición de dominación.

Ahora hagamos un viraje a la perspectiva de la mayoría de la población mundial que no son simpatizantes de Trump. De hecho, la mayoría teme la incoherencia de Trump pues, como presidente de Estados Unidos, controla el ejército estadunidense y su terrible armamento. Nosotros, la mayoría, tememos que no se halle en control de sí mismo. Tememos que es egoísta y susceptible, y que pueda lanzar acciones irreversibles en un arranque de irritación.

Por esta razón estaríamos relativamente más felices si de hecho tuviera una visión de largo plazo y, por tanto, un compromiso con ciertas actividades que contrarresten sus arranques de irritación. En suma, queremos que sea coherente. Queremos que se comprometa con algo, sean los derechos humanos o el control de la inmigración. Queremos una mayor certeza.

Así que así está. A casi todo mundo le disgusta la falta de una visión de largo plazo. Casi todos piensan que sería mejor, desde su punto de vista, que tuviera una visión así. Casi todo mundo quiere que sea un ideólogo. El principal disidente de esta esperanza es el mismo Trump.

Personalmente pienso que todo este modo de análisis está de cabeza. Pienso que sería peor, no mejor, si tuviera una visión, un compromiso, una ideología. Déjenme explicar. Tiene que ver con lo que podría minimizar el daño que Trump es capaz de hacer a Estados Unidos y al mundo en su doble capacidad como 1) líder incontrovertido de un movimiento social mundial y 2) presidente electo de Estados Unidos y líder del Partido Republicano.

Estoy interesado en lo que todos podamos hacer para afectar sus decisiones reales. Existen campañas de resistencia, ahora, en Estados Unidos y en otras partes. Hay potencias mundiales importantes (pienso particularmente en China, Rusia e Irán) que buscan forzarlo a modificar sus posiciones.

Hasta donde puedo entender, tanto las campañas de resistencia como los esfuerzos de otras potencias mundiales importantes han tenido, de hecho, un efecto, y lo han conducido, en varios puntos, a modificar su posición. Pienso que estas iniciativas tienen cierta oportunidad de mantener a Estados Unidos sin involucrarse demasiado en el pantano de Medio Oriente. No demasiado, no es cero. Pero reducir el involucramiento es mejor que nada.

La razón por la que estos esfuerzos pudieran forzar una modificación de su posición es precisamente porque no tiene un compromiso firme con nada. Su impredictibilidad es la sola arma que el resto de nosotros tenemos contra el Trump guerrero. Hacerlo menos impredecible significa hacerlo menos abierto al cambio. En cierta forma, esto nos condenaría.

Lo que tenemos que mantener en la mente en los próximos meses son sus ulteriores arreglos con China. La reciente reunión del presidente Xi, de China, y Trump, fue un buen comienzo y es evidencia de la postura que tomé hace poco, de que ambos países se acercarán en vez de alejarse. Debemos observar si se hace algo realmente serio para castigar a Rusia o para romper con las mejoradas relaciones con Irán.

Sospecho que Trump terminará resultando el gran indeciso. Esto, por supuesto, debilitará su posición. Pero hacer cualquier otra cosa debilitará su posición aún más. ¡Hurra por la impredictibilidad!

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

 

 

 

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Sábado, 22 Abril 2017 07:54

Sorpresas

 

Aún faltan 11 meses para saber quién despachará en el Kremlin hasta 2024, pero el apacible panorama de la relección del presidente Vladimir Putin –o de la consagración de su sucesor designado, en caso de declinar éste– se está complicando.

Por paradójico que parezca, el único aspirante que ya está en campaña por ley formalmente no está habilitado para participar al encontrarse en libertad condicional: el opositor Aleksei Navalny, quien confía en que la Corte Constitucional dictamine en favor de anular la norma, mientras como forma de presión reunió ya el mínimo requerido de 300 mil firmas de apoyo a su candidatura y se plantea como meta llegar al millón.

Se creía que todo estaba bajo control hasta el 26 de marzo, cuando Navalny convocó a una manifestación contra la corrupción, acusando al primer ministro, Dimitri Medvediev, de beneficiarse, presuntamente, de esquemas ilícitos a través de prestanombres, denuncia que al día de hoy ha tenido casi 19 millones 600 mil visitas en la página de YouTube donde está alojado el video.

Ese día el Kremlin se llevó varias sorpresas, dos de ellas significativas de cara al futuro: la primera, la rebelión de los adolescentes, que salieron a la calle para protestar indignados por el comportamiento atribuido a Medvediev, mientras la generación anterior –aquellos que participaron en las manifestaciones multitudinarias contra el supuesto fraude electoral en las presidenciales pasadas y que propiciaron la represión aleatoria con condenas de cárcel a una treintena de inconformes– prefirió seguir por Internet la protesta. La mayoría de los más de mil detenidos que hubo tiene entre 15 y 20 años de edad.

La segunda sorpresa es que ese sector de potenciales nuevos electores no ve la televisión, que sigue teniendo como auditorio principal a los adultos mayores, y se moviliza mediante las redes sociales, que se están convirtiendo en un eficaz medio de comunicación horizontal.

La reacción del Kremlin a estos nuevos desafíos deja mucho que desear. Tras semanas de absurdo silencio, Medvediev insiste en ignorar la denuncia de Navalny, a quien ni siquiera menciona por su nombre y, en lugar de la respuesta puntual que cabría esperar, sólo ha dicho un par de veces que se trata de inventos sin fundamento de un delincuente.

Tampoco parecen muy convincentes las tardías y extrañas explicaciones que dieron dos de los implicados en los esquemas de presunta corrupción cuando anunciaron que demandarían a Navalny.

La Oficina de la Presidencia creó todo un departamento para desprestigiar a Navalny entre los jóvenes. El primer fruto de esa labor –un video donde se le compara con Hiltler– provocó el efecto contrario, en tanto Navalny convocó a otra gran manifestación para el 12 de junio, fiesta nacional de Rusia, que será clave para su futuro político.

El Kremlin no sabe qué hacer con Navalny. Las dos opciones son malas –meterlo a la cárcel o permitir que compita por la presidencia– y pronto deberá decidir cuál sería menos grave.

 

 

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Antes de Trump, vino el Tea Party. Para el sociólogo Charlie Post, las mismas fuerzas de descontento social que impulsaron la revuelta en la derecha estadounidense de 2010 han llevado, seis años después, al magnate inmobiliario a la Casa Blanca. Post lleva décadas estudiando el impacto de la desindustrialización y la debilitación de los sindicatos en la política estadounidense. El profesor de la City University of New York analiza la victoria de Trump como una bofetada al consenso neoliberal, resultado de una revuelta interna en el Partido Republicano. Pero la batalla entre el gran capital que domina el partido desde la Guerra Civil y unas bases radicalizadas por la crisis económica continúa. Post comparte almuerzo con CTXT en un pub junto a la universidad pública del sur de Manhattan en la que enseña para analizar el conflicto entre el gran capital y las bases republicanas, su raíz histórica y su impacto en las políticas de un Trump presidente cada vez más “domesticado”.

 

En su trabajo, analiza la relación entre el gran capital y el Partido Republicano. Ha señalado la revuelta del Tea Party como precursora del ascenso de Trump. ¿Hasta qué punto había síntomas del trumpismo en 2010?

El Tea Party se forma en 2010 en torno a dos cuestiones: el rescate financiero y la reforma sanitaria. Pero tiene su origen en los cambios profundos en la base y la dirección de ambos partidos. A finales de los sesenta, los grandes latifundistas del sur y gran parte de la clase media blanca sureña abandonan el Partido Demócrata por el Republicano. Los afroamericanos se vuelven decididamente demócratas. Para mediados de los setenta, es obvio que el capital estadounidense se enfrenta a una gran crisis de ganancias y a una fuerte competencia externa. Comienza entonces una gran ofensiva contra la clase trabajadora en EEUU por parte de ambos partidos. Durante el Gobierno de Carter, los demócratas empiezan a alejarse cada vez más de políticas remotamente socialdemócratas. Para 1978 o 1979, recortan todos los programas de capacitación laboral, desmantelan la expansión del Estado de bienestar que se había dado en los sesenta y setenta. La victoria de Reagan marca el surgimiento de un consenso bipartidista sobre el neoliberalismo: recortes, desregulación, austeridad presupuestaria y el abandono de toda política redistributiva. A partir de 1980, los demócratas pierden un importante sector de la clase trabajadora blanca. Los sindicatos, cada vez más debilitados, ven cómo ciertos sectores de la clase obrera se enfrentan a otros sectores de su clase. Pasan al Partido Republicano, cuyas bases siguen siendo en su mayoría de clase media.

Entre 1980 y 2009, la dirección republicana es capaz de hacer con sus bases lo que los demócratas hacen con la suya: otorgarles concesiones simbólicas en los llamados ‘asuntos sociales’, como los avances democráticos de la gente de color, las mujeres o los gais. No pueden revertir la leyes de derechos civiles o de sufragio de los sesenta, por más que lo quieran muchos blancos sureños, ni el aborto mínimamente legal. Se contentan con asuntos simbólicos en torno a los derechos de los LGBT.

 

Eso cambia con la crisis, según usted.

Así es. La crisis trae consigo una radicalización de las bases republicanas. Son sectores de clase media, pequeños empresarios, profesionales técnicos y algunos profesionales liberales o directivos, que viven en comunidades blancas cada vez más aisladas, a 70 u 80 kilómetros de las grandes ciudades.

 

¿Por qué se radicalizan?

La crisis les ahoga. Ven cómo disminuye su calidad de vida y se precariza su situación económica. Muchas de sus pequeñas empresas terminan en bancarrota. Se sienten amenazados por dos grandes fuerzas: por un lado, las grandes corporaciones, bancos y compañías automovilísticas, que vienen de violar todas las normas del mercado libre a ser rescatadas de la quiebra.

Por otro lado, se sienten amenazados por los vestigios de la clase obrera sindicada, en especial en el sector público, a la que acusan de vivir a costa de sus impuestos, y también por las mujeres, negros y latinos que se benefician de políticas de discriminación positiva para progresar ‘sin merecérselo’. Tienen un gran miedo a los inmigrantes, a quienes responsabilizan del deterioro de su calidad de vida, la criminalidad y el deterioro de los servicios públicos de los que dependen, al ser una población envejecida: la seguridad social, las pensiones y las ayudas a para la asistencia sanitaria.

 

Ese proceso, ¿se produce de la mano del Partido Republicano o, en cierta medida, en su contra?

Hay una evolución. El primer objetivo del Tea Party, después de protestar contra el rescate, es la reforma sanitaria de Obama. En esa fase, todavía hay una cierta alianza con sectores del gran capital. La industria de la sanidad privada se apoyó en la oposición del Tea Party al plan sanitario de Obama para hacerlo todavía más favorable a las grandes aseguradoras. Pero para 2011, el Tea Party irrumpe como un actor importante en Washington y sus líderes empiezan a defender políticas que van contra los intereses del gran capital. Desde 2009, circulaba una propuesta con apoyos en ambos partidos, impulsada por John McCain, el senador republicano de Arizona y excandidato a la presidencia, y el senador demócrata por Nueva York Chuck Schumer, que pretendía establecer un programa de trabajadores temporales ‘invitados’ para la agricultura, la construcción, etc. El Tea Party logró bloquear esa ley, porque suponía más inmigración, que no hubiera deportaciones masivas, y una remota y complicada posibilidad de conseguir la ciudadanía. Poco después, el Tea Party llegó a provocar el cierre del Gobierno federal al negarse a pagar la deuda federal para lograr la revocación de la ley sanitaria de Obama. Eso terminó de romper la tenue alianza entre el capital y el Tea Party.


¿Por qué se produjo la ruptura entonces?

Aquel episodio aterrorizó a la clase capitalista, porque la negativa a financiar el siguiente pago de la deuda puso en riesgo el crédito del Estado norteamericano, que es la base del sistema financiero internacional. Empezamos a ver en 2012 y 2013 cómo las dos principales organizaciones del gran capital en EEUU, la Business Roundtable y la Cámara de Comercio, condenan el cierre del Gobierno e impulsan la reforma migratoria.

Tras salir reelegido, Obama ofrece a los republicanos un ‘gran pacto’: apoyo a la reforma de la ley migratoria a cambio de abrir una discusión sobre la reestructuración de los programas sociales. Eso hubiera supuesto el completo desmantelamiento de lo que queda del Estado de bienestar en EEUU. Los líderes republicanos, con John Boehner y McCain a la cabeza, apoyaban la propuesta. Fue el Tea Party, liderado por Ted Cruz, el que saboteó el plan y volvió a suspender indefinidamente las funciones del Gobierno. Llegados a este punto, a comienzos de 2014, la Cámara de Comercio pasa a la ofensiva: por primera vez, interviene directamente en las primarias republicanas, financiando con decenas de millones de dólares las campañas de candidatos anti Tea Party, cuya presencia en el Congreso logra reducir en gran medida.


¿Y usted sostiene que la elección de Trump es una reacción contra ese intento por parte del gran capital de contener al Tea Party?

La campaña de Trump despega porque las capas de clase media que forman las bases del Partido Republicano ahondan en su radicalización. Trump propone una campaña basada en el antagonismo con las élites y con los mexicanos. Viene a decir: “Tenemos que atacar tanto a las fuerzas que nos oprimen por abajo como a las que lo hacen por arriba”.


¿Cómo identifica a esas élites?

Trump empezaba todos sus discursos con el muro fronterizo y las deportaciones, pero luego decía: “Mandaron a vuestros hijos a morir por las grandes empresas petroleras en Irak”, haciendo un discurso parecido al que haría la izquierda, solo que ligado a la xenofobia y el nativismo. Señala las grandes transnacionales y el establishment político que las protege, tanto los republicanos mainstream como los demócratas neoliberales, del ‘ala Clinton’. Ese mensaje cala con enorme éxito entre la misma clase media ansiosa y en declive que había apoyado al Tea Party.

 

Ha escrito sobre el ascenso de Trump como una OPA hostil al Partido Republicano. Cientos de republicanos se negaban a apoyarle a escasas semanas de las elecciones, y Clinton recabó diez veces más donativos que él. ¿Qué vio el Partido Republicano en Trump que le llevó a rechazarle?

Empezó a criticar directamente elementos clave del consenso neoliberal, en especial los tratados comerciales. El aparato del partido y el 99% de la clase capitalista de EEUU recibieron eso con repulsión. Ningún republicano había hecho campaña a favor de los aranceles desde 1940. No hay un solo sector del capital en EEUU que se oponga a los tratados comerciales neoliberales, desde la industria agrícola, que necesita el NAFTA para vender maíz barato en México, hasta las transnacionales. Habrían preferido a un inquilino de la Casa Blanca que no trajera consigo a Steve Bannon.

Bannon les resulta vergonzoso, no tanto porque sea abiertamente racista –los republicanos suelen hablar en código para atraer a los racistas— sino porque realmente quiere un programa nacionalista-populista en lo económico, quiere desmantelar el libre comercio, quiere cambiar las alianzas estratégicas, quiere implementar deportaciones masivas, quiere que el Estado intervenga para crear empleo, y quiere usar el ejército como herramienta para lograrlo. Además, están completamente en contra de su propuesta de deportaciones masivas y de la construcción del muro, porque lo que quieren es un programa de trabajadores temporales ‘invitados’, que les proporcione un ‘banco’ de trabajadores vulnerables política y socialmente para emplearlos en las industrias que requieren mucha mano de obra. Por último, la política exterior de ‘América primero’. De nuevo, ningún republicano había propuesto algo así desde los cuarenta. La idea de dejar de lado la OTAN y todos los sistemas de alianzas que han llevado al imperialismo estadounidense a liderar el mundo durante 80 años y cambiarlos por alianzas con la Rusia de Putin les parece absurda. Por eso, la división entre las élites y unas bases cada vez más radicalizada se profundiza.


Y, sin embargo, ya en la presidencia y empezando por sus nombramientos, Trump parece haber abandonado a gran velocidad la gran mayoría de esos elementos que le enfrentaban con las élites de su partido y el gran capital. Su gabinete está lleno de ejecutivos de las finanzas y las industrias extractivas de combustibles fósiles. ¿Cómo explica ese viraje?

Así es. Salvo por las industrias extractivas, se parece mucho a los gabinetes de Clinton y Obama, que también estaban dominados por Goldman Sachs. Creo que esos nombramientos fueron sus ofrendas de paz al capital. En lo relativo al partido, al principio intentó equilibrar su ala insurgente, ligada a la derecha nacionalista-populista y liderada por Bannon, con republicanos al uso, como Reince Priebus. Pero, por mucho que él y Bannon se queden bebiendo hasta altas horas de la madrugada y se les ocurran ideas absurdas como cerrar las fronteras a varios países, hay un gran número de obstáculos para que logren implementar ese programa nacionalista.

Por un lado, no tiene una mayoría en el Congreso para aprobarlo. Paul Ryan lidera un grupo republicano que es aplastantemente neoliberal, anti Tea Party y anti Trump. No van a pasar por el aro de desmontar el NAFTA o los acuerdos comerciales neoliberales. Tiene también el obstáculo de la burocracia permanente en agencias clave del Estado que no aceptarán ese programa y podrían sabotearlo. En último término, se va a enfrentar a la resistencia de los mercados. Sus políticas populistas, nacionalistas y anticorporativas se enfrentarían a muchos de los mismos obstáculos con los que se encuentra la socialdemocracia cuando trata de implementar reformas anticapitalistas mediante el Estado. Creo que ha admitido eso, y aunque su retórica sigue siendo la misma, se ha echado atrás. En su primer discurso en el Congreso mantuvo la línea dura proteccionista, pero no hizo ninguna llamada concreta a la revocación del NAFTA, para lo que necesita los votos del Congreso. En lo relativo a la inmigración, utilizó el término ‘basada en el mérito’, que es la base del plan de McCain y Schumer, y lo que quiere el gran capital.


Obamacare, la reforma sanitaria de Obama fue, como ha dicho, el elemento clave tanto de la insurgencia del Tea Party como de la gran reacción que llevó al ascenso de Trump. ¿Cómo analiza el fracaso de Trump a la hora de echar abajo la ley sanitaria de Obama y aprobar su reforma?

Es muy revelador. Los elementos radicales de la derecha libertaria y el Tea Party que echaron abajo la revocación tenían razón: la propuesta de Trump y Ryan era una versión light de Obamacare. Es cierto que habría perjudicado a mucha gente, porque conllevaba recortes a los subsidios de ayuda sanitaria para los pobres, pero, en esencia, era el mismo tipo de política, basada en incentivar la compra de seguros privados a través de rebajas de impuestos. Es el modelo neoliberal de ‘sanidad para todos’, basado en enormes subsidios estatales, recortes de servicios y competencia entre empresas privadas. Trump ha sufrido una ‘corrección de mercado’.

 

El cómo se resuelva esa confrontación entre neoliberales y nacionalistas económicos parece clave, dada la mayoría republicana en ambas cámaras. ¿Está diciendo que ‘el partido manda’ y que Trump volverá al redil del proyecto neoliberal? El presupuesto parece apuntar en esa dirección, con grandes recortes en casi todos los ámbitos.

Sí. Estamos ante un regreso a la vieja agenda neoliberal. Lo que ha hecho hasta ahora marca una versión extremadamente conservadora del neoliberalismo. Y donde ha dado frutos la resistencia no es en los elementos ultraconservadores, racistas, antitrabajadores y machistas de su propuesta, sino en los intentos de llevar a cabo políticas populistas-nacionalistas.


Dada su lectura del ascenso de Trump como una ‘profundización y continuación’ de la insurgencia del Tea Party, si observamos ya en el arranque de su presidencia, un repliegue neoliberal, ¿qué puede suceder con la división entre las bases y las élites?

Preveo una mayor radicalización de gran parte de sus bases, que puede que no voten republicano en las elecciones legislativas de 2018. Es probable que Trump sea un presidente de un solo mandato, especialmente si se produce una fuerte recesión global, que no es nada descartable. Y si no hay un verdadero movimiento ‘desde abajo’ que construya una alternativa de izquierdas, es de esperar que se sigan radicalizando sus bases.


¿Podría haber una escisión en el Partido Republicano?

Es posible que se produzcan intentos de construir un partido de derecha nacionalista-populista. Apuesto a que ahora que los republicanos están logrando domesticar a Trump, erigirán el mismo tipo de barreras que los demócratas pusieron en funcionamiento hace 40 años, como los superdelegados, para evitar que se les vuelva a ‘colar’ alguien como Trump. Y eso podría arrastrar a parte de sus bases a un tercer partido de derecha nacionalista económica.

 

TÁlvaro Guzmán Bastida @aguzmanbas

 

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Las autoridades venezolanas detuvieron a Iván Alexis Pernía Avila, presunto responsable del crimen de una joven que recibió un disparo en la cabeza. Otro joven y un militar murieron en el marco de los choques callejeros.

 

Las marchas contra el gobierno de Nicolás Maduro volvieron a Venezuela, por segundo día consecutivo y después de una jornada marcada por la violencia, con la intervención de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) reprimiendo las protestas opositoras en Caracas con gases lacrimógenos. Las autoridades venezolanas detuvieron a Iván Alexis Pernía Avila, presunto responsable del crimen de Paola Ramírez Gómez, la joven que recibió un disparo en la manifestación opositora del miércoles en San Cristóbal, Táchira. En el marco de la investigación por ese crimen, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, aseguró que Pernía Avila milita en el partido Vente Venezuela, de la ex diputada opositora María Corina Machado. Los choques callejeros que el miércoles protagonizaron opositores y oficialistas dejaron como corolario tres muertos –dos civiles y un militar–, 62 heridos y 312 detenidos, confirmó ayer el Ministerio Público. Con esos datos, nueve son las víctimas en las protestas efectuadas en diversas ciudades de Venezuela en lo que va de abril.

 


En la manifestación de ayer, los antichavistas, que estuvieron encabezados por el diputado Jorge Millán, se congregaron en la zona de Paraíso con la intención de marchar nuevamente hacia la Defensoría del Pueblo. “La Guardia Nacional ha evitado que la gente se concentre pero aquí estamos igual, para que la gente llegue y vamos a seguir insistiendo en llegar a la Defensoría, porque esos magistrados que violaron la Constitución tienen que ser destituidos”, dijo Millán, y apuntó a miembros de las fuerzas de seguridad por lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes. El legislador se refirió a los integrantes del Tribunal Constitucional, a quienes el Parlamento, de mayoría opositora, acusa de promover un golpe de Estado por haber asumido responsabilidades del Legislativo.


Las fuerzas de seguridad también impidieron el paso a manifestantes que marcharon en San Bernardino y Santa Mónica, puntos de concentración de la oposición ubicados al norte y el oeste de Caracas. “En Santa Mónica un contingente de GNB y PNB golpeó y dispersó con lacrimógenas a manifestantes que empezaban a concentrarse”, denunció Tomás Guanipa, diputado de la Unidad Democrática. Lilian Tintori, esposa del líder encarcelado Leopoldo López, advirtió que todo el oeste de la capital venezolana se encontraba militarizado y que los uniformados estaban reprimiendo a los manifestantes.


La protesta de ayer fue continuación de la del miércoles, donde hubo tres muertos. Los estudiantes Carlos Moreno, de 17 años, y Paola Ramírez, de 23, fueron baleados en la cabeza en Caracas y San Cristóbal, respectivamente. El sargento segundo de la GNB, Niumar San Clemente, recibió un disparo de un francotirador en la perfiferia de Caracas, comentó el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.


Asimismo, el Ministerio Público reportó 62 heridos en las protestas que, según afirmó, se registraron en el área metropolitana de Caracas y en 14 estados del país. Hasta el comunicado de la fiscalía se conocían reportes parciales de heridos en algunas ciudades o regiones. Por otra parte, por los hechos de ayer fueron detenidas 312 personas, según el Ministerio Público, o 565 según la ONG Foro Penal Venezolano, que usualmente releva casos de opositores arrestados o encarcelados por el gobierno.


En su cuenta de Twitter, Saab anunció que fue detenido un hombre al que identificó como Iván Alexis Pernía Avila y del que dijo que confesó ser autor del asesinato de Ramírez. Ante la afirmación del ministro de Interior y Justicia, quien señaló que Pernía Avila milita en el partido opositor Vente Venezuela, la líder de esa fuerza, María Corina Machado, rechazó las acusaciones a través de su cuenta de Twitter y dijo que los funcionarios del gobierno usan el asesinato de una venezolana, del cual son responsables, para calumniar. “Así es esta dictadura criminal”, lanzó la ex diputada. En tanto, vecinos de San Cristóbal aseguraron que Ramírez había sido baleada por miembros de “colectivos” que iban “motorizados”, como se llama en Venezuela a los integrantes de organizaciones sociales chavistas que generalmente se desplazan a bordo de motocicletas.


La crisis política que atraviesa Venezuela golpeó ayer la puerta de las Naciones Unidas. Su secretario general, António Guterres, se mostró preocupado por los choques durante las protestas. “Pedimos realizar todos los esfuerzos para reducir la tensión y evitar nuevos enfrentamientos”, exigió Guterres desde Nueva York. También pidió que el Gobierno de Maduro y la oposición inicien un diálogo constructivo, e instó a tener “gestos concretos de todas las partes implicadas para reducir la polarización y crear las condiciones necesarias para que los desafíos del país puedan ser resueltos”.


Amnistía Internacional se sumó a la preocupación del secretario de la ONU. Ayer volvió a pedirle al gobierno de Venezuela que garantice el derecho de su población a protestar pacíficamente y alertó que la espiral de violencia en las manifestaciones puede sumergir al país en una crisis de difícil retorno. “Salir a la calle en un día de manifestación en Venezuela no debería ser una sentencia de muerte”, señaló la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, luego de que se difundieran informes donde se supo que al menos tres personas perdieron la vida en las manifestaciones. Amnistía sostuvo, además, que las autoridades deben investigar de manera urgente las denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos durante las protestas.

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Los diputados que votaron el juicio político contra Rousseff también votaron el recorte del gasto público por 20 años, reformas en la ley laboral que liquida derechos y la entrega del petróleo a las multinacionales.

 

En 2016, el 17 de abril fue un domingo. Y en aquel domingo hubo sesión extraordinaria en el pleno de la Cámara de Diputados. Los diputados votaron, por amplia mayoría (367 votos favorables contra 137), la apertura del juicio contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, del PT, que luego el Senado se encargó de destituir el 31 de agosto.


Lo que se vio aquel domingo de abril del año pasado ha sido un espectáculo grotesco. Diputados envueltos en banderas del Brasil decían votar por la apertura del juicio político a nombre de la “moralidad”, por oponerse “a la corrupción”, mientras otros dedicaban sus votos “a mis hijos”, “a mi familia” o, como el ahora precandidato a la presidencia en 2018, el militar retirado Jair Bolsonaro, “a la memoria del capitán Carlos Alberto Brillante Ustra”, uno de los más crueles torturadores del tiempo de la dictadura (1964-1985).


Los senadores depusieron a la mandataria (y a sus 54 millones 500 mil votos) por un placar igualmente amplio: 61 contra solamente 20.


Pasado un año de aquella noche de escenas patéticas, el país está inmerso en la más aguda recesión de su historia. Michel Temer, un obscuro y habilidoso político experto en maniobras nebulosas, cuenta con solamente cinco por ciento de aprobación popular. Todos –todos– los diputados que votaron de manera favorable a la apertura del juicio también votaron, bajo el gobierno de Temer, por la imposición de un techo de los gastos públicos por 20 años, que significa recortes drásticos en los presupuestos de salud y educación, por “reformas” en la legislación laboral que liquidan derechos existentes desde hace casi medio siglo, por cambios retroactivos en el currículo de la enseñanza y por la entrega del petróleo del llamado “pre sal”, en aguas ultra-profundas, a las grandes multinacionales.


El desempleo ronda los 14 millones de trabajadores, un 60% de las familias están endeudadas, y la corrupción que los diputados y senadores prometían combatir salpica a ocho de los 27 ministros de Temer, y a más de un tercio del Congreso. Muchos de los más vehementes combatientes de la corrupción están bajo investigación de la Corte Suprema por haber denuncias concretas de que practicaron lo que decían combatir.


Eduardo Cunha, el ejecutor del golpe institucional, entonces presidente de la Cámara de Diputados, perdió su escaño y reside actualmente en un presidio federal. En su primera condena (hay al menos otros seis juicios abiertos) fue sentenciado a 15 años de cárcel.


Michel Temer y los que respaldaron el golpe que lo benefició, como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, siempre argumentó que se trató de ‘un procedimiento contemplado por la Constitución’. Prometió recuperación rápida de la economía, estabilidad política, pacificación social y retorno de la confianza por parte de los inversionistas.


No cumplió con ninguna de esas promesas. Al contrario: el país está sumergido en un pantano de escándalos de todos los calibres, y el mismo Temer es protagonista de lujo de denuncias tremendas.


En vísperas del primer aniversario del golpe, el actual presidente, cuya ilegitimidad jamás fue puesta en duda, pese a sus esfuerzos para hacer valer una supuesta legitimidad, concedió una entrevista al canal Bandeirantes de televisión. Y lo que admitió, no se sabe por ingenuidad, candidez o carencia extrema de inteligencia, confirma que Dilma Rousseff – y, con ella, el país – ha sido víctima de una jugada injustificable, escandalosamente impuesta a los ojos pasivos e cómplices, por omisión, del Supremo Tribunal Federal, supuesto guardián de la Constitución.


Los argumentos para aceptar la destitución de la presidenta giraban alrededor de un solo tema: ella habría cometido “crimen de responsabilidad” por haber echado mano del “crédito suplementario”, o sea, la transferencia de recursos de un destino a otro dentro del Presupuesto Nacional, además de haber “demorado” en aprobar recursos al Banco do Brasil, para cubrir los préstamos concedidos a agricultores. Cabe recordar que no hay ley que establezca plazo alguno.


Volviendo al domingo 15 de abril de 2017, vísperas del primer aniversario del golpe: en la entrevista concedida a un canal de televisión de escasa audiencia, Michel Temer, finalmente contó la verdad. El entonces todopoderoso Eduardo Cunha, presidente de la Cámara, estaba bajo juicio de una Comisión de Ética formada por sus pares, acusado de cometer corrupción en escala amazónica.


Tenía guardada, como carta decisiva, varios pedidos de “impeachment” contra Dilma Rousseff. Si los tres diputados del mismo PT de la presidenta votaban a su favor en la Comisión de Ética, impidiendo que se elevara al Pleno de la Cámara un juicio que podría costarle el mandato, el pedido de apertura del juicio político tendría como destino la oscuridad de un cajón de su gabinete. En caso contrario, aceptaría llevar el tema a votación.


Los diputados del PT, y la misma presidenta, rechazaron la amenaza de chantaje. El juicio fue abierto, y lo demás ya es historia.


Lo más admirable es que Temer lo confiesa sin mover un milimétrico centímetro de su rostro.


Y esa traición, esa venganza, mereció espacio exiguo en los grandes medios hegemónicos de comunicación, los mismos que han sido uno de los pilares fundamentales del golpe. Y, por lo tanto, cómplices del caos que se instauró sobre todos los brasileños.

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Lunes, 17 Abril 2017 06:17

Casi 100 días


A finales de octubre del año pasado, en la famosa ciudad de Gettysburg, Donald Trump anunció un plan para los primeros 100 días de su gobierno, si era electo presidente. En noviembre ganó la elección y a finales de este mes se cumplen esos 100 días.

Este periodo ha sido ampliamente reseñado en todas partes. A estas alturas, el gobierno aún no está plenamente constituido; en muchos ministerios y dependencias faltan nombramientos clave de personal. Al interior de la Casa Blanca se extienden las luchas entre los grupos de influencia. Esto incluye de modo sensible la estructura de la seguridad nacional.

La agenda legislativa que se fijó bajo el lema de America first ha tenido cambios relevantes y se ha abierto, en cambio, un papel más protagónico en asuntos internacionales.

Así, ha cambiado el discurso respecto de China y la advertencia original de que se combatiría la política de manipulación monetaria.

Lo que parecía un acercamiento con Rusia y las alabanzas a Vladimir Putin derivaron primero en una investigación de la FBI y del Congreso sobre la supuesta relación entre el equipo de campaña de Trump y el gobierno ruso. Luego, de plano, se ha llegado a un enfrentamiento con visos turbios en relación con la guerra en Siria y tiende a extenderse.

En Asia se ha endurecido la confrontación con Corea del Norte y su actividad con las armas nucleares, conflicto que desplazó a la armada estadunidense a aquella región. Una vez más, tensando la relación con China, Rusia, Europa y la OTAN.

Este cambio de dirección del gobierno de Donald Trump ha puesto a la zaga esa machacona insistencia de la campaña electoral de que concentraría su atención en Primero América.

Internamente no pudo revocar y remplazar la política de salud de su antecesor, conocida como Obamacare. Este primer acto político, que debió ser decisivo, mostró, en cambio, la torpeza política del Partido Republicano, que llevaba años oponiéndose a ese programa y que, cuando tuvo la oportunidad de actuar, acabó en fiasco legislativo.

Un aspecto notorio de ese episodio fue la aceptación del presidente de que no sabía lo endiabladamente difícil que sería cumplir con la reforma al sistema de salud, que propuso con vehemencia en su campaña y no pudo cumplir. La política no es sólo un flujo inacabable de declaraciones resonantes y de tinte popular. Es mucho más que eso.

Trump y el Congreso, dominado por su partido, han quedado ampliamente expuestos. Y como dice una expresión muy usada allá: They should have known best (debían haberlo sabido). Esa es su responsabilidad.

Este es un aspecto del quehacer político que se advierte de modo amplio y se expresa en repudio generalizado entre los ciudadanos de los modos políticos que se han establecido en general. Francia es un caso patente, ahora a las puertas de una elección que pone en vilo la esencia misma de la Quinta República.

En materia económica, Trump aún no inicia formalmente la embestida de su propuesta de campaña de una honda reforma fiscal. En ese terreno se espera otra complicada disputa política. Este asunto ha sido puesto en manos de ex funcionarios del poderoso banco Goldman Sachs.

Por otro lado, la política comercial, centrada en promover el mercado interno y el empleo, sobre todo en el caso de las manufacturas y en las zonas más castigadas, no se ha expresado en acciones decisivas.

La dinámica de la productividad, el cambio tecnológico y la competencia también son más complicados de lo que parecían al entonces candidato Trump, ahora ya en el gobierno.

Los costos, determinados a escala global, son esenciales para la rentabilidad de las empresas estadunidenses. El libre comercio en América del Norte tampoco parece ser sencillo de revocar y remplazar. Esa es la situación que se ha generado en los pasados 20 años, con repercusiones para ese país y México.

No obstante, aún no se ha visto actuar en pleno al secretario de Comercio, Wilbur Ross, quien mantiene su fuerte crítica a los excedentes comerciales de China, Japón y Europa. En esa área se ha concentrado mucho poder de acción.

La política monetaria y financiera respecto del valor del dólar está también sometida a revisión por la administración Trump. La política de "dólar fuerte" se introdujo en 1995 para mantener bajos los rendimientos de los bonos del Tesoro y eludir el hecho de que se promovía una suerte de devaluación para acrecentar las exportaciones. La entrada de capitales para financiar el déficit comercial apoyaba además el auge de la firmas de tecnología y se disfrazaba, en efecto, la apreciación de la moneda.

Ahora la postura es que con un dólar caro no se puede competir. Ahí se aprecia la confluencia de las acciones del Tesoro y de la gestión comercial que promueve ahora el gobierno. Los meses que siguen irán definiendo tanto las pautas de la política económica como sus repercusiones en distintas partes; para México esta es una cuestión relevante, que exige una clara definición en materia de gestión del peso, el financiamiento a la producción y, claro está, de las medidas en materia comercial.

Los primeros 100 días del gobierno del presidente Trump están siendo muy distintos a lo que proponía originalmente. Las expectativas sobre las acciones de Trump se han modificado y la incertidumbre es mayor. Las manifestaciones de conflicto se extienden rápidamente del campo económico y migratorio al de la arena militar.

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