Elor Azaria levantó su fusil y disparó a la cabeza a un palestino herido e inmóvil en el suelo en Hebrón. Sus compañeros estaban cerca, ya tranquilos, después de haber matado a un joven y herido a otro que les habían atacado con cuchillos minutos antes. Fue un asesinato a sangre fría en una situación ya controlada por otros militares. Nadie estaba en peligro cuando Azaria –que resulta ser un médico militar con rango de sargento– decidió tomarse la justicia por su mano.

El militar fue declarado culpable de homicidio en un consejo de guerra y el martes escuchó la pena que le correspondía: 18 meses, de los que probablemente sólo cumpla la mitad. El fiscal había pedido una pena de tres a cinco años de prisión. Azaria nunca mostró ningún arrepentimiento por sus actos.

Un periodista que siguió varios sesiones de la vista recuerda ahora que el desenlace era previsible. Los periodistas que cubrieron el juicio daban por hecho el resultado. “Azaria sería declarado culpable pero recibiría una pena relativamente menor. Había también rumores entre los periodistas que decían que los abogados de ambas partes eran parte de la solución. Después de todo, ese resultado era lo que convenía al sistema”.

El Ejército recibió duras críticas por llevar a juicio al sargento. Algunos ministros del Gobierno de Netanyahu consideraban a Azaria un héroe. Los militares no tenían otra alternativa. De lo contrario, cualquier soldado en el futuro habría hecho lo mismo saltándose las órdenes de sus superiores. Netanyahu apoyó en público la decisión de la cúpula militar, pero se apresuró a llamar a los familiares del acusado para mostrarles su solidaridad.

En realidad, Azaria fue procesado porque un vídeo rodado desde una casa cercana revelaba exactamente lo ocurrido. No había manera de dar otra versión ni de alegar que el sargento había disparado en defensa propia o para proteger a sus compañeros. Sin el vídeo, no habría habido juicio.

Después de la comunicación de la pena, un ministro del Likud pidió que el militar sea indultado. Pueden hacerlo el jefe de las FFAA o el presidente del país. Las encuestas indican que esa sería la opción correcta para la población judía de Israel.

Cualquier palestino que hubiera disparado a un israelí moribundo en el suelo habría recibido una condena de muchos años de cárcel. A finales de 2015, el Parlamento israelí reformó la ley para que los palestinos detenidos por lanzar piedras a vehículos o personas sean castigados por una pena mínima de tres años, que será superior si provocan daños físicos en las víctimas.

Disparar a matar cuando no hay ninguna razón que lo justifique tiene castigos diferentes en Israel en función de la identidad del autor. No ya según lo que pueda pensar la opinión pública, sino según los tribunales de justicia.

 

 

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El 60% del país rechaza un nuevo mandato a un año de la consulta que lo descartó

 

Con marchas y concentraciones en contra y a favor del Gobierno, los bolivianos conmemoraron este martes el aniversario del referendo en el que el 51% de la población rechazó cambiar la Constitución para habilitar al presidente Evo Morales a reelegirse por cuarta vez. La celebración adquirió importancia por el deseo que tiene el mandatario de continuar intentando, por diversas vías, ser candidato presidencial en 2019.

Si el referéndum se repitiera, más del 60% de los bolivianos votaría no a la habilitación de Morales. Sin embargo, existen otros métodos que el presidente puede practicar, aprovechando el control que su partido tiene de todas las instituciones del Estado, como renunciar con antelación a la conclusión de su mandato. Estas posibilidades están en el centro de un debate jurídico que polariza a la sociedad boliviana y que desgasta al Gobierno, cuya popularidad es todavía alta, pero que viene cayendo continuamente en los dos últimos años.

Diversos colectivos que dirigen intelectuales, periodistas y personalidades vinculadas a la oposición convocaron a manifestarse en el 21-F para exigir que “se cumpla la voluntad popular y la Constitución” y cese el “continuismo” de Morales, quien, con 11 años en el Gobierno, ya es el presidente que más ha permanecido en el poder en el país.

Por su parte, el oficialismo ha bautizado esta fecha como el “día de la mentira”, porque, en su opinión, el triunfo del no en el referéndum, que se dio por solo 50.000 votos, se originó en la “campaña sucia” que supuestamente se desató antes los comicios, y cuyo principal elemento fue el intento de involucrar al presidente en un caso de corrupción, a raíz de su pasada relación sentimental con Gabriela Zapata, una joven que, cuando estalló el escándalo, era la gerente comercial de la principal contratista china del Gobierno boliviano.

 

 

El “niño falso”

 

Actualmente Zapata se encuentra tras las rejas, acusada de enriquecimiento ilícito, entre otros cargos. Desde allí apareció en una grabación para aclarar que su frustrado intento de atribuirle un hijo inexistente al presidente Morales fue, en el último tramo del mismo, financiado por el jefe opositor Samuel Doria Medina, quien según ella actuó a través de quien entonces era su abogado defensor.

Estas declaraciones, que fueron presentadas en un formato poco periodístico por un canal de televisión local, han dado lugar a una fuerte reacción de los opositores y de muchos usuarios de las redes sociales. Se las considera un acto de manipulación por parte del Gobierno a Zapata, la que ha mentido varias veces, para atacar a sus enemigos políticos. Doria Medina rechazó haber participado en el escándalo denominado como del “niño falso”.

 

 

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La autoridad electoral descarta que la tendencia del escrutinio cambie. Correa y Moreno piden esperar.

 

Ecuador se prepara para celebrar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 2 de abril. El Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad encargada de velar por el proceso, ha anunciado al mediodía de este martes que, con el 95% escrutado, “la tendencia es clara y está establecida”. Así las cosas, el candidato de Rafael Correa, Lenín Moreno, y el conservador Guillermo Lasso volverían a competir. “La tendencia no podría cambiar, porque está marcada”, ha reconocido Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, que, en cualquier caso, ha insistido en que los resultados no son los definitivos.

Preguntado sobre si esa tendencia es irreversible, Pozo contestó: "Efectivamente, es una tendencia marcada". El portavoz de la autoridad electoral ha concedido también que "no es posible" que, con los votos que quedan por escrutar, se invierta. A lo largo de la tarde, no obstante, ha avanzado el escrutinio y Moreno se ha ido acercando al umbral del 40% que le permitiría evitar esa segunda votación. Con el 97% de los votos contados, alcanza de momento el 39,31%. Lasso tiene, en cambio, un 28,25%. Ante esta circunstancia, el aspirante oficialista ha lanzado una advertencia en Twitter: "La posibilidad de ganar en una sola vuelta está intacta. El CNE no está para elucubrar con tendencias, sino para declarar resultados finales".

En cualquier caso, los ecuatorianos afrontan, salvo sorpresas, otra votación en la que tendrán que elegir entre Moreno y Lasso, quien intentará capitalizar el voto de los demás dirigentes opositores y sus seguidores. La aspirante del Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, que obtuvo la tercera posición en estos comicios, ya anunció su respaldo a Lasso. La celebración segunda vuelta supone un golpe para el proyecto político del presidente en funciones puesto que esta circunstancia no se daba desde el 2006. El frenazo económico de los últimos años y la misma decisión de Correa de dar un paso atrás se encuentran, según los analistas, entre las causas.

Los líderes de la oposición ecuatoriana han redoblado este martes la presión al Gobierno en funciones y exigían ya la celebración de una segunda vuelta. Los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el domingo todavía no se conocían, pero varios dirigentes habían agitado sospechas de fraude, aunque sin acusaciones concretas.El escrutinio no ha cambiado de momento la tendencia inicial: Moreno, sigue a la cabeza, pero le faltan unas décimas para alcanzar el umbral del 40% y evitar una segunda votación. La autoridad electoral del país anunció ayer que tardaría “un promedio de tres días” en publicar los datos finales, aunque después dejó la puerta abierta a que se conocieran este martes, y así ha sido.

El retraso y la incertidumbre sobre la celebración de una segunda vuelta habían aumentado la tensión en el país andino entre los principales candidatos y los simpatizantes de sus formaciones políticas. Desde la noche del domingo se han producido concentraciones en Quito y en Guayaquil ante las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE), la autoridad garante de los comicios. El alcalde del puerto del Pacífico, Jaime Nebot, del PSC, llegó a llamar a “una gran marcha” de protesta y calificó la situación que atraviesa Ecuador de “grave y urgente”. El propio Lasso declaró: “Que se demoren tres días para dar los resultados finales, es un intento de fraude y eso no lo vamos a permitir”. Pero el presidente en funciones consideró que, de haber fraude, su formación, Movimiento Alianza PAÍS, sería la perjudicada. "Si alguien debiera hablar de fraude debería ser Alianza PAÍS. Todos los exit poll (4), excepto Cedatos, nos daban desde 40,6% hasta 46% de votos", señaló. "Nada está dicho. Que se cuente hasta el último voto, y si hay segunda vuelta, los volveremos a derrotar".

 

 

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Mientras se discute si otro rescate llegará de la mano de más ajuste, se vuelve a hablar de abandonar el euro y se extiende en las calles la sensación de que todo el esfuerzo de los últimos años ha sido en vano.

 

Dimitris Costopoulos está de pie bajo el cielo azul brillante, delante del Parlamento griego, con un rosario de cuentas en la mano. Lleva puestos unos pantalones recién planchados, zapatos lustrados y una elegante chaqueta de invierno (“mi mejor ropa de domingo”). Se había levantado a las 5 de la mañana para coger el autobús que lo llevó a Atenas, a 320 kilómetros, y al enorme edificio de arenisca en la Plaza Sintagma. Luego confesará que las manifestaciones no son lo suyo.

Este granjero de 71 años no suele salir de Proastio, un pueblo en las fértiles llanuras de Tesalia. “Pero es que ahora está saliendo todo mal", se lamenta con la voz ronca después de pasar horas gritando frases contra el gobierno.

“Antes existía un cierto orden: podías construir tu casa, dar educación a tus hijos, mimar a tus nietos. Ahora está todo carísimo y si le sumas los impuestos, no llegamos ni a sobrevivir. Una vez que he comprado combustible, fertilizantes y semillas, ya no me queda nada".

Costopoulos es un griego común y corriente, la voz que emerge en medio de una crisis económica que no se acaba de superar. Ocho años después de su comienzo, el drama está dando señales de recrudecerse, sólo que esta vez estamos en la nueva y oscura era de la política trumpiana, en la Europa post-Brexit, con ataques terroristas y el crecimiento de la extrema derecha.

“Yo cultivo trigo”, explica Costopoulos, mostrando sus manos curtidas. “Yo no estoy en ese edificio que está detrás de mí (el Parlamento), no tomo las decisiones. La verdad es que no comprendo por qué vamos de mal en peor, por qué no pueden solucionar la situación".

Mientras Grecia se precipita hacia otro enfrentamiento con los acreedores que la mantienen a flote, y mientras aumenta la tensión por las negociaciones de rescate, muchos se hacen las mismas preguntas.

Los inspectores de rescate han vuelto a Atenas para buscar cambios en las leyes de impuestos, pensiones y mercado de trabajo, en una señal de que el primer ministro griego, Alexis Tsipras, dará paso a la presión europea para reformas más profundas.

Su gobierno ha acordado conversaciones sobre grandes reformas económicas a cambio de avances en la próxima entrega de fondos de rescate. A cambio, Europa desliza una vuelta atrás de las medidas de austeridad, en un intento de poner fin a la disputa entre los acreedores de la UE y el Fondo Monetario Internacional sobre cómo tratar con Grecia.

Pero el anuncio ha provocado ira en Grecia, donde el principal partido de la oposición acusó al gobierno de ceder mientras la economía se debilita. "El gobierno está celebrando el regreso de estos organismos a Grecia mientras la economía se está hundiendo", asegura el grupo de centroderecha Nueva Democracia.

 

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La paradoja de Syriza

 

La épica batalla del país para evitar la bancarrota se debería haber acabado cuando Atenas recibió una ayuda de 110.000 millones de euros de la UE y el FMI en mayo de 2010, en lo que fue el mayor programa de rescate financiero de la historia mundial. Pero ya ha habido tres rescates más y ahora se discuten los términos del más reciente paquete de préstamos de emergencia por 86.000 millones de euros.

Ahora los prestamistas también discuten entre ellos y los diplomáticos ya no hablan de una lata que se ha pateado calle abajo (quitándose el problema de encima), sino de una bomba. Si no cumplen con los pagos de 7.400 millones de euros, en su mayoría al Banco Central Europeo, el próximo julio, el país entraría en suspensión de pagos.

En medio de la incertidumbre, ha vuelto la volatilidad a los mercados. Y también el miedo: se estima que los ahorradores asustados ya han retirado unos 2.200 millones de euros de los bancos desde principios de este año. Mientras Grecia vuelve a hablar de abandonar el euro, los granjeros, los sindicalistas y otros sectores enfurecidos por los devastadores efectos de la austeridad han salido una vez más a protestar.

Desde su oficina en una séptima planta de un edificio en la calle Mitropoleos, Makis Balaouras, diputado del partido Syriza, en el gobierno, tiene una vista panorámica de lo que está sucediendo en la Plaza Sintagma. Para él, las manifestaciones –que este exsindicalista llama “el movimiento”-– son algo bueno. “Ojalá la gente saliera más a las calles", suspira. “Las protestas están en nuestro ADN político e ideológico. Son importantes y envían un mensaje".

Ésta es la paradoja de Syriza, el partido de izquierdas que llegó al poder con la consigna de “romper” con los acuerdos de rescates tan odiados y que para muchos son la causa de la altísima tasa de paro griega, la pobreza y la emigración. Pero por el contrario, tras dos años en el gobierno, Syriza ha puesto en práctica las medidas de ajuste más rigurosas hasta la fecha, recortando salarios públicos, pensiones y servicios, acordando el mayor programa de privatizaciones de la historia de Europa y aumentando los impuestos de todo, desde coches hasta cerveza, todo esto para poder recibir los préstamos que mantienen a Grecia fuera de la suspensión de pagos y dentro del euro.

En medio de esta vorágine, la economía griega ha mejorado (Atenas logró el año pasado un notable superávit), pero la crisis social se ha intensificado.

Para hombres como Balaouras, que fue torturado por su ideología de izquierdas durante la Dictadura de los Coroneles de 1967-1974, aplicar estas políticas ha sido mortificante. Mientras el FMI y la UE discuten sobre la capacidad del país de lograr exigentes objetivos tributarios cuando se termine el rescate financiero actual en agosto del año que viene, el reclamo de otro ajuste de 3.600 millones de euros ha dejado a muchos políticos de Syriza conmocionados. Sin legislación anticipada sobre las reformas, dicen los acreedores, no pueden cerrar una revisión del cumplimiento, de la que depende la aprobación del próximo rescate.

“Teníamos un acuerdo", insiste Balaouras, mirándose las botas con desánimo. “Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero los prestamistas no, porque ahora piden aún más. Queremos que acabe la revisión. Queremos seguir adelante. Esta situación no le conviene a nadie. Pero para salir adelante tenemos que poder contar con el compromiso de todas las partes. Si no, no funcionará".

 

 
Un acuerdo difícil

 

Con las elecciones generales en Holanda el mes próximo, y las elecciones en Francia y Alemania en mayo y septiembre, se teme que la disputa se politice cada vez más. Subrayando esos temores, la canciller alemana Angela Merkel ha intentado reducir la grieta que existe entre los prestamistas de la eurozona y el FMI por la insistencia del Fondo en que la recuperación griega depende de una reducción sustancial de su deuda de 320.000 millones de euros.

En una conversación con Christine Lagarde, directora gerente del FMI, Merkel accedió a hablar del tema en una próxima reunión. El FMI se ha negado categóricamente a firmar el rescate más reciente, con el argumento de que el nivel de endeudamiento griego no sólo es inmanejable sino que está en camino de volverse explosivo hacia 2030. Berlín, el mayor contribuyente de los 250.000 millones de euros que ha recibido Grecia hasta ahora, dice que no podría aportar más ayudas sin el apoyo del FMI.

Lo que suponen es que el primer ministro Alexis Tsipras acabará cediendo, como lo hizo cuando Grecia estuvo a punto de abandonar el euro, en el punto máximo de la crisis, durante el verano de 2015. Pero este líder de 41 años se ha desplomado en los sondeos, igual que Syriza. Esta vez sería muy difícil lograr convencer al Congreso de que apoye más medidas de ajuste, y más aún vendérselas a un pueblo extenuado por las políticas de austeridad. La decepción ha dado lugar a la muerte de la esperanza, un sentimiento reforzado por el hecho de que Chipre y otros países rescatados, por el contrario, ya no están bajo supervisión internacional.

 

 
Más antieuropeos

 

En su oficina en el centro de la capital, el exministro de Finanzas Evangelos Venizelos (del Pasok) reflexiona sobre la situación actual de Grecia. “Estamos en el mismo punto en que estábamos hace varios años", bromea. “La única diferencia es que ha crecido el sentimiento antieuropeo. Lo que antes era un país muy bien predispuesto hacia Europa ha dejado de serlo cada vez más, y eso trae mucho peligro, muchos riesgos".

Cuando los historiadores repasan estos años también ven que Grecia ha invertido muchísima energía para no avanzar casi nada.

La crisis que atravesó al país, que carcomió su estructura política y su sistema de salud, destruyendo muchas vidas, ha sido un ejercicio del absurdo. La proeza de llevar a cabo el mayor ajuste fiscal de la era moderna ha provocado una caída mayor que la de la Gran Depresión: la economía griega se contrajo más del 25% desde el inicio de la crisis.

Incluso si se lograra salir de este punto muerto y se llegara pronto a un acuerdo con los acreedores, son pocos los que creen que sería fácil llevar adelante medidas en un país con un gobierno e instituciones débiles. Casi seguro habría turbulencia política y reaparecería el fantasma del “Grexit”.

“Lo último que queremos es el Grexit, pero es posible que lleguemos a un punto de serios dilemas", afirma Venizelos. “Cualquier acuerdo sería difícil de implementar, pero a pesar de eso, esta crisis no la causaron los acuerdos por los rescates. La crisis en Grecia apareció mucho antes".

Como todo gobierno en medio de una crisis económica, el gobierno de Tsipras entiende perfectamente que la salvación sólo llegará cuando Grecia pueda volver a los mercados y recaudar fondos. Lo que suceda en las próximas semanas podría determinar si es posible que eso ocurra.

Mientras tanto, en la Plaza Sintagma, el granjero Costopoulos reflexiona sobre lo que vendrá. “Lo único que sé es que nos empujaron", afirma, buscando las palabras correctas. “Nos empujaron hacia una situación explosiva, a un sitio en el que no queríamos estar".

 

 

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Martes, 21 Febrero 2017 07:05

Trump: la disputa por el relato

 

Como candidato, Donald Trump derrotó por nocaut a los grandes medios de comunicación estadunidenses. Ahora se propone hacer lo mismo como presidente de Estados Unidos. En el centro del pleito se encuentra la definición de quién elabora la narrativa sobre el nuevo gobierno: si el magnate o la prensa.

Los ataques de Trump contra los medios han sido duros, a la cabeza y continuos. Sea a través de tuits o en conferencias con periodistas, el mandatario no da tregua. Un día dice que los medios se han convertido en gran parte del problema, parte del sistema corrupto, y otro afirma que el público ya no les cree. La prensa está fuera de control, el nivel de deshonestidad está fuera de control.

El presidente dispara indistintamente contra los medios electrónicos y los escritos. “Los medios con noticias falsas (los perdedores The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió en un tuit. Ufano, asegura que muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen.

Al menos en este punto, Trump es consistente en sus convicciones. En 1981, acusaba: La prensa es mentirosa, está ahí para manipular a la gente y a eso se dedica.

Stephen K. Bannon, el hombre más influyente en el equipo presidencial, confirmó esta doctrina en una entrevista a The New York Times: Los medios de comunicación deberían estar avergonzados, sentirse humillados y mantener la boca cerrada. Deberían empezar a escuchar. Quiero que tome esta cita textual: los medios de comunicación son el partido de la oposición. Ellos no entienden este país. Todavía no entienden por qué Donald Trump es el presidente de Estados Unidos (https://goo.gl/mu4F2D).

Los golpes del presidente y su asesor contra los medios de comunicación llueven sobre mojado. Una encuesta de Gallup, difundida el 14 de septiembre de 2016, encontró que sólo 32 por ciento de los estadunidenses tienen mucha confianza en los medios de comunicación para reportar la noticia de manera completa, precisa y justa. Se trata del nivel más bajo en la historia de estos sondeos. Una caída de ocho puntos porcentuales con respecto al año pasado (https://goo.gl/e3ywhU).

Esta desconfianza hacia la prensa es aún mayor entre las personas de 18 a 49 años de edad. Sólo 26 por ciento se fían de la verosimilitud de lo que los medios informan.

La cobertura que muchos de estos medios han hecho sobre los gobiernos progresistas en América Latina muestra que no faltan razones para esta incredulidad. No pocos periódicos y cadenas televisivas se han comportado allí –tal como advierte Steve Bannon– como partidos de oposición alternos, y no han comprendido lo que sucede en la región. Su aparente objetividad está condicionada por su proclividad a favorecer la visión de los grupos empresariales afectados por las reformas y por los intereses estadunidenses en el área.

Claramente, existe una diferencia sustantiva en cómo la gente ve a los medios y cómo se ven ellos a sí mismos. Mientras éstos se asumen como un cuarto poder real, como un mensajero entre los que piensa y sienta la ciudadanía y el poder, los hombres y mujeres de a pie los consideran cada vez más como parte del establishment. Para muchos ciudadanos, no hay diferencias sustanciales entre los medios y la clase política.

Trump y su equipo se han apoyado en esta diferencia de percepción para imponer la narrativa sobre su gobierno. No importa si lo que el mandatario dice es falso o verdadero. Le valen gorro los valores clásicos del periodismo. Lo que le importa es que su relato sobre lo que él es y hace se imponga sin cortapisas. Y a sus seguidores les tiene sin cuidado si lo que dice es cierto o es mentira. Lo que quieren son palabras que les permitan reafirmar sus convicciones previas.

Durante su campaña electoral, el magnate se presentó como un no político e hizo de la comunicación directa, sin agentes mediáticos (pero contra ellos), el centro de su estrategia con los votantes. Tenía una reputación previa como empresario de éxito forjada en las páginas de tabloides y de shows de entretenimiento. Con una organización territorial eficaz, el uso de redes sociales y el dominio de las reglas del juego del mundo del espectáculo le dio la vuelta a la industria de la información y el entretenimiento. Hoy parece tenerla contra las cuerdas.

A pesar de que nunca lo tomaron con seriedad, los medios de comunicación fueron claves en el triunfo electoral de Trump. No porque hablaran bien de él, sino por la enorme cobertura gratuita que le brindaron. Lo hicieron por una razón muy sencilla: porque era negocio. Durante la campaña, CNN ganó 100 millones de dólares extras por informar y opinar ampliamente sobre Trump.

Según un informe de MediaQuant, en las elecciones primarias del Partido Republicano Trump contó con mil 898 millones de dólares en publicidad no pagada en distintas plataformas.

Sobre advertencia no hay engaño. Aunque el influyente Steve Bannon realmente no es leninista, se presentó en una entrevista con el historiador Ronald Radosh como un seguidor del revolucionario soviético. “Lenin –le dijo– quería destruir el Estado, y ese es también mi objetivo. Quiero que todo se venga abajo, destruir todo el sistema actual.” Obviamente, la prensa es parte de ese sistema.

A tuitazos, el beligerante Donald Trump avanza en la destrucción del viejo orden. Los grandes medios de comunicación tradicionales están en su mira. Ellos han reaccionado disparando ya sus más potentes descargas. Sin embargo, apenas parecen haberle hecho daño. Por lo pronto, el pleito sigue.

 

Twitter: @lhan55

 

 

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Lunes, 20 Febrero 2017 09:16

Samba, bikinis y borceguíes

 

El presidente de Brasil mantuvo consultas para mitigar el efecto de las inminentes confesiones de Odebrecht y de su ex socio Cunha.

 

Desde Brasilia

 

”Con mucha música, sudor y cerveza los invitamos a nuestro desfile para gritar juntos Fuera Temer”. Comenzó ayer el pre-carnaval de Río de Janeiro con la participación de más de cien grupos callejeros, los “blocos de rua”, como la banda que escribió el convite citado arriba.Una multitud bailó en Copacabana y en las avenidas del centro carioca a donde hubo que enviar carros hidrantes para contrarrestar el sol y los 34 grados del mediodía. Decenas de miles de personas, disfrazadas de Batman, Caperucita Roja o Donald Trump, siguieron el camión con altoparlantes (“trío eléctrico”) en lo alto del cual cantó Preta Gil, hija del celebrado Gilberto Gil, el ex ministro de cultura durante el gobierno de Lula que en sus últimos recitales europeos denunció el “golpe” contra Dilma Rousseff perpetrado con eficacia por una alianza dominada por banqueros, medios y jueces.

Esa coalición sediciosa, consentida por los militares (cada vez más actuantes), tenía como objetivo proscribir la candidatura de Lula en las elecciones de 2018, en las que se perfila como claro favorito según una encuesta del jueves último, cuya divulgación fue escamoteada por la prensa grande.

Desde antes del golpe el juez Sergio Moro asumió la tarea de perseguir a Lula a través de aprietes mal disimulados, como la detención ocurrida a las 7 horas del 4 de marzo de 2016, luego de que comandos policiales allanaron su departamento donde dieron vuelta el colchón matrimonial para humillación de su esposa Marisa Leticia, fallecida este mes a raíz de un ACV. Hubo una reacción popular inmediata contra la prisión y horas más tarde el ex presidente recuperó la libertad. “Si lo que querían era matar a la jararaca (cobra) les salió mal, la jararaca está viva” avisó Lula, dirigiéndose seguramente a Moro. Era la primera paliza propinada por el fundador del PT al publicitado juez de provincia.

La vía Moro para acabar con Lula parece haber sufrido otra derrota con esta nueva encuesta y cuando no son pocos los que responsabilizan al magistrado por la angustia que derivó en el fallecimiento de Marisa Leticia.

La consolidación de Lula es un mazazo sobre Temer, de quien también se burlaron este fin de semana los miembros del grupo carnavalesco Sovietico, que desfiló por el centro de San Pablo. Un columnista del Folha de San Pablo escribió, entre irónico y resignado, que “la jararaca Lula está viva y engordó” con el 30 % de apoyo que lo coloca 19 puntos delante de sus principales rivales, Marina Silva y el militar retirado Jair Bolsonaro, apologeta de los golpes de 1964 y 2016.

En la misma encuesta Temer continúa su descenso, con una aprobación del 10 %, y probable tendencia a la baja, si se confirman las delaciones premiadas de ex ejecutivos de Odebrecht que lo tocan de lleno.

Temer permaneció parte del fin de semana en Brasilia donde mantuvo consultas para mitigar el efecto de las inminentes confesiones de Odebrecht y otras, acaso más mortíferas, que podría realizar su ex socio, el ahora preso Eduardo Cunha, ambos del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).El más que oficialista semanario Epoca, del grupo Globo, ya no disimula las fisuras en las facciones que sustentan el cada vez más raquítico régimen post-democrático. “Pavor en Brasilia, el Planalto le teme a la delación de Cunha, un profundo conocedor del dinero recaudado por el PMDB” publicó la revista.

Paralelamente los canales de televisión de cable y aire del mismo multimedios Globo saturaban con la cobertura de los irreverentes bailes callejeros, chicas en bikini y, a pocos metros de ellas, soldados con sus borceguíes enterrados en la arena. Temer ordenó blindar el carnaval con el envío de 9 mil militares a Río de Janeiro ante la amenaza de una rebelión policial y las protestas sociales casi diarias.

Es en ese contexto que el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, declaró al diario Valor Económico, “Somos un país que está a la deriva” y más adelante manifestó su recelo hacia los “populistas”. Fue la segunda entrevista del jefe del Ejército en poco más de dos meses.

 

 

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El Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos, promovido e iniciado como punto central del punto 5: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, dado en la mesa de La Habana entre el Gobierno y las FARC, el cual ya tiene sus inicios concretos para efectos sobre el esclarecimiento de los desaparecidos.*

A mi modo de ver, cuatro ejes importantes acorde con lo pactado en la Mesa de la Habana, se hace posible un trayecto en el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos en Colombia.


1. El territorio- identificación de espacios geográficos de desapariciones e identidades.

2. Las instituciones gubernamentales: el municipio e instituciones del gobierno como Instituto de Medicina Legal y fiscalía en la búsqueda de los desaparecidos.

3. Las Víctimas: memoria, lugar y espacio vivido de los desaparecidos en coordinación con las instituciones del Estado.

4. Justicia Restaurativa: la responsabilidad histórica del Estado e implicados hacia una reparación individual y colectiva a las familias y a la memoria-presente de desaparecidos.

Como trabajo metodológico y en respuesta al “Plan Integral de Búsqueda de Desaparecidos” promovido desde la mesa de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, se ha dado inicio en el Departamento de Antioquia conjuntamente, un trabajo integral y consensuado entre el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía y los familiares de víctimas, bajo el trabajo del grupo de N.N., lofoscopia de rastreo y documentación a través de las necrodactilias de los cuerpos sin identificar del Jardín Cementerio Universal. Bajo esta implementación se realizará el esclarecimiento de 125 personas sobre 130 personas por desaparición forzada, que se exhumarán en el mes de Marzo de 2017 y las cuales se encuentran en el Cementerio Central en Fosas comunes*.

Esta búsqueda se le ha denominado “Plan Cementerio”, donde se busca intervenir los camposantos en los que se conservan, según diversos organismo de Derechos Humanos existen más de 75 miles personas desaparecidas en todo el territorio a causa del conflicto armado colombiano, esta cifra está en contraposición con los datos registrados por la Unidad para las Víctimas, la cual señala que hasta ahora están registradas 47.474 víctimas por desaparición entre los años 1977 y 2015.

 

Para una memoria colectiva: buscar y encontrar.


En Colombia los familiares de las víctimas, sufren por no saber dónde están sus seres queridos, indígenas, campesinos, afros, mestizos, los cuales fueron asesinados y desaparecidos en el horror de un conflicto armado. La memoria colectiva e histórica, implica un ejercicio permanente, gradual basado en una pedagogía cotidiana y política sobre lo que ocurrió en Colombia. El tema de la NO repetición está muy lejos, pues llevamos más de cinco (5) décadas de genocidio y exterminio en América Latina, lo cual se sigue perpetrando como mecanismo de eliminación y exterminio de poblaciones enteras bajo regímenes autoritarios y represores amparados de manera sinuosas bajo “democracias crematísticas”* que de democracia incluyentes de ser, aún están lejos en este tiempo presente. El siglo XX esta adherido, aún en este tiempo-operativo no se ha despegado de los acontecimientos de exterminio, la historia de manera cerril se extiende y los sucesos giratorios aún se conservan donde los ciudadanos están al paso del tiempo y no viceversa, por ello aún la muerte como política de Estado ronda*. En Colombia sus ciudadanos no se liberan aún del asecho del exterminio ruin de un sistema que parece como Democracia, pero que permanece como agua estancada.

 


¿Cuántas exhumaciones se han realizado en el año 2016?


En el año 2016 esta metodología implementada denominada “Plan Cementerio, se han reportado 311 restos exhumadosen cementerios de Nariño y Santander, Huila, Chocó y Antioquia, de por sí muy buena la intención, pero esta suma es verdaderamente irrisoria ante el semejante horror que aún se vive por el esclarecimiento de la verdad. Es buena la voluntad, pero falta celeridad, se requiere que los municipios y sus gobernantes de todo el país sean incluyentes y estén más comprometidos con la búsqueda de las personas desaparecidas en los diversos espacios geográficos.En esta dinámica territorial para el esclarecimiento sobre esos “espacios de fosas comunes” se tiene un soporte acorde con la metodología implementada por el acuerdo de la Habana que hoy se inicia hacia los territorios en el corregimiento de Santa Ana, municipio de Granada, Oriente de Antioquia, y en la población de Marsella- Risaralda.

En ese contexto territorial, se posibilita una memoria colectiva e histórica, siendo claro y esperanzador los acuerdos conlas FARC-EP y actualmente el iniciático proceso con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su debido curso. Lo más importante es avanzar hacia una sociedad que insiste en la Paz y el compromiso de un Estado. Sin duda, el gran reto grande es vencer la violencia domesticadora de un Estado y las formas de hiper –guerra desde los ámbitos institucionales. Es un desafío grande, hacia los miles de ciudadanos, de generaciones distintas que se decidan a explorar y entrar en una conciencia histórica, bajo una pedagogía cotidiana y políticasobre lo que ocurrió en Colombia y de otro lado, un camino para avanzar hacia una verdadera justicia restaurativa en medio de una institucionalización que es represora en medio de un proceso en Paz, bajo una hiper-guerraexterminando ciudadanos. Actualmente, existen en esta memoria colectiva, 136 líderes asesinados en medio de este proceso de Paz, donde ya se cuestiona el galardón de un Premio Noble de Paz dado al presidente Juan Manuel Santos. Me pregunto señor lector -¿Hastacuándo soportar tantaignominia? ¿Cómo avanzar en una pedagogía cotidiana y política para que miles de ciudadanos, generacionalmentese sumen ante el dolor de los miles de desaparecidos en Colombia? ¿Qué le espera a este presente si, los ciudadanos no son capaces de asumirse bajo una memoria histórica y política?¿Cómo derrotar los vínculos de la guerra en medio de un proceso de Paz?

 

* Geógrafa, investigadora social, articulista.

*Ver al Web: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/victimas.html

* Ver la nota periodística en El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/colombia/desaparecidos-del-cementerio-universal-de-medellin-FF5979564

* Ver sobre ello “ La República” de Platón, en la sección página 467- 480 la disertación sobre Democracia

* Ver sobre ello el análisis del tiempo presente en la obra del filósofo Giorgio Agamben: Cartas a Pablo, El Tiempo que resta”.

 

 

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Con el 72 por ciento de los votos escrutados, Moreno se imponía con el 38,6 por ciento frente al 28,9 por ciento de Guillermo Lasso.

 

 

Desde Quito

 

Con el 70 por ciento de los votos escrutados Lenín Moreno, el candidato de la oficialista Alianza PAIS, obtenía ayer al cierre de esta edición el 38,6% seguido por Guillermo Lasso de la alianza CREO-SUMA, quien llegaba al 28,9%. De continuar esta tendencia, se realizaría una segunda vuelta el 2 de abril, ya que Moreno necesita un 40% y una diferencia de al menos diez puntos con su inmediato perseguidor. Mas atrás quedaban Cynthia Viteri del Partido Social Cristiano con el 16% y Paco Moncayo del socialdemócrata Acuerdo Nacional por el Cambio con el 7%. La Corporación Participación Ciudadana realizó un conteo rápido que pronosticó un resultado final en el que Moreno obtendría el 38,8% y Lasso el 28,2%.

No bien se cerraron los comicios se publicaron las bocas de urna, que en su mayoría dieron como ganador a Moreno en primera vuelta. Desde el Hotel Quito el oficialismo estaba convencido de la victoria sin ballottage. Así lo expresó Moreno en un ambiente triunfal: “Hemos ganado la elección. Se debe ganar con humildad y también perder con dignidad. Esperamos esa reacción del candidato perdedor.

Sin embargo, la alegría tres horas después cambió de bando. Lasso desde el Centro de Convenciones de Guayaquil, con el 60% de los votos escrutados, afirmó que “hay segunda vuelta y el cambio va a ganar la elección”. Además, llamó a “todos los líderes políticos de la oposición para construir la gobernabilidad que necesita el país”.

Más tarde en esta noche de esperanzas contrapuestas volvió a hablar Moreno ante sus simpatizantes y manifestó que creía que alcanzarían los 40 puntos con los votos en el exterior y la gran diferencia en provincia de Manabí.

Desde el retorno de la democracia, en 1979, se realizaron 11 elecciones presidenciales. Solo en dos hubo un triunfo en primera vuelta. El protagonista fue el actual presidente, Rafael Correa, quien en 2009 y 2013 obtuvo el 52 y 57 por ciento, respectivamente. Además, nunca una misma fuerza política pudo ser reelecta, ni de manera inmediata, ni alterna.

“Ha habido un cambio social en Ecuador y a la vista están las cifras. Se han mejorado los salarios, se ha reducido la pobreza y la desigualdad, ha aumentado el acceso a la educación y se mejoró la calidad, al igual que en el área de salud”, sostuvo Jacobo García, sociólogo, politólogo y magíster en Estudios Latinoamericanos por el Instituto de Iberoamérica.

Del mismo modo se expresó el jubilado José Bencazar, quien votó a unas cuadras del centro histórico, afirmó que su voto fue para Moreno. “Durante 30 años trabajé en una empresa y nunca me registraron. Si no fuese por este gobierno no tendría seguro y estaría en la calle”, explicó.

En el centro histórico de la ciudad la gran presencia de turistas, vendedores y comercios abiertos contrastaba con el vacío que revelaban las grandes avenidas, como Río Amazonas o parques, como La Carolina y El Ejido, usualmente repletos los domingos.

Un punto de vista diferente al de Bencazar manifestó Luis Fernando, exportador de bananas de la acomodada zona de Cumbayá, al este de Quito: “Correa fue muy hostil para con la empresa privada. Hay muchos muchas trabas y nuevos impuestos, como el anticipo del impuesto a la renta que perjudican al sector empresarial. Es necesario un cambio de modelo y Lasso representa ese cambio”.

Gloria Rivas sufragó en uno de los bastiones de Alianza PAIS, el sector Michelena al sur de quito. Opinó que “Lasso propone un país donde no se incluya a la población. Administrar una empresa no es lo mismo que una nación”. Además, manifestó que ella y su esposo votaron por el oficialismo, pero reconocieron que notaron un clima electoral distinto a las dos elecciones presidenciales anteriores en las que Correa triunfó en primera vuelta.

Lisandro Sabanés, encargado de prensa del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, aseguró: “En el sur de Quito notamos un respaldo para Alianza PAIS, pero muy diferente se presentó la situación en el norte donde percibimos un voto castigo para el oficialismo”. Sabanés, presente en todas las elecciones presidenciales recientes de América del Sur, agregó: “los comicios se desarrollaron con normalidad, no vimos ninguna irregularidad”.

Este voto contrario a PAIS se dio a pesar de cierta incertidumbre que genera el “cambio”. Una parte de los sectores opositores al gobierno no se sienten del todo representados por los candidatos de la oposición, pero sí anhelan el famoso, tal vez vacío, pero aglutinador “cambio”.

Las elecciones de ayer volvieron a presentar un voto fragmentado por regiones: por un lado la Costa, oeste del país; por otro la Sierra, en el centro; y, por último, el este, la zona de la Amazonía. El oficialismo en el último comicio de 2013 había logrado romper con ese histórico esquema e imponerse en las tres regiones. Sin embargo, en esta ocasión no logró seducir a las provincias del este y mostró dificultades en secciones de la Costa, aunque en la zona serrana volvió a mostrar superioridad.

 

 

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 La elección volvió a presentar un voto fragmentado por regiones. (Imagen: EFE)

 

 

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“Cuando el pueblo marca el camino, los líderes lo siguen” es la tan citada frase atribuida a Gandhi. Esta semana, la organización popular masiva contribuyó a frustrar la nominación de Andrew Puzder, un empresario multimillonario dueño de varias cadenas de comida rápida, para el cargo de secretario de trabajo de Donald Trump. Puzder fue ampliamente acusado de robo de sueldos y acoso sexual generalizado en sus empresas. Su vida personal se ha visto manchada de acusaciones de emplear a una inmigrante indocumentada, evasión de impuestos y violencia doméstica. El movimiento de presión que frustró su nominación fue liderado por algunas de las personas más pobres y vulnerables de nuestra sociedad, y es un ejemplo de la importancia y el poder de los movimientos populares.

El caos y la confusión han plagado el primer mes del gobierno de Trump. La renuncia de Puzder se produjo la misma semana en que tuvo lugar la dimisión forzada del teniente general Michael Flynn a su cargo de consejero de Seguridad Nacional. Información confidencial de inteligencia filtrada reveló que Flynn había dialogado con el embajador ruso en Estados Unidos durante el período de transición, cuando Barack Obama todavía era presidente. Si Flynn entró en negociaciones sobre las sanciones a Rusia con el embajador de dicho país, como se alega, entonces sus acciones bien podrían haber sido ilegales. Aparentemente, Flynn le habría mentido al vicepresidente Mike Pence sobre el contenido de estas conversaciones. El Departamento de Justicia informó a Trump al respecto a principios de enero, pero Trump no forzó a Flynn a dimitir hasta la publicación de informes periodísticos que revelaron su comportamiento.

El general Flynn es un conocido islamófobo que se ha referido al Islam como “un cáncer”. Las protestas irrumpieron tan pronto como fue nombrado consejero de Seguridad Nacional. Sin embargo, ese cargo es uno de los que el presidente puede designar sin la confirmación del Senado, por lo que Flynn estuvo en la Oficina Oval desde el primer día del gobierno de Trump. Si bien el escándalo de los medios de comunicación en torno a su intriga rusa fue la razón inmediata de su renuncia, no podemos descartar el impacto que tuvieron en la decisión de pedirle la renuncia las potentes manifestaciones que se llevaron a cabo contra su discurso de intolerancia.

En los últimos 16 años, Puzder se desempeñó como director ejecutivo de CKE Restaurants, empresa propietaria de las cadenas de restaurantes de comida rápida Hardee’s y Carl’s Jr. Como director ejecutivo, Puzder ha hecho campaña contra las mismas leyes y reglamentos laborales que debería proteger como secretario de Trabajo. Bajo la dirección de Puzder, CKE fue un vivo ejemplo de violaciones a las leyes laborales en restaurantes de comida rápida, donde los trabajadores son sometidos periódicamente a robo de salarios y acoso sexual. Los anuncios de Carl Jr. recurrían a imágenes hipersexualizadas y a la cosificación de la mujer, lo cual muchos consideraban que eran un factor que contribuía al persistente acoso en sus restaurantes.

El grupo Restaurant Opportunities Centers United (ROC) encuestó a los empleados de CKE inmediatamente después de la nominación de Puzder, en diciembre. ROC fue fundado por trabajadores de restaurantes de la ciudad de Nueva York tras el atentado del 11 de septiembre de 2001. El grupo lucha por la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo de los empleados de restaurantes, y ha alcanzado los 18.000 miembros en 15 estados del país. La encuesta halló que el 66% de las trabajadoras de CKE Restaurants informaron haber sufrido comportamientos sexuales no deseados en el trabajo, en comparación con el 40% de las trabajadoras de la industria de comida rápida en general. El 28% de los encuestados trabajaron fuera de su horario, y aproximadamente un tercio informó de infracciones de robo de salarios, como no haber recibido los descansos requeridos ni el pago de horas extras. El 79% por ciento de los trabajadores de CKE Restaurants también informó que habían preparado o servido comida mientras estaban enfermos, el porcentaje más alto que ROC ha encontrado al momento. Saru Jayaraman, cofundadora y codirectora de ROC, habló sobre Puzder en el marco de la campaña para que renuncie: “Este es un hombre que donó como 700.000 dólares a la campaña de Trump. Es un capitalista republicano muy ideológico. Tienen que entender que, si Andy Puzder pasa a ser director del Departamento de Trabajo, es esencialmente darle lugar a este grupo de presión, que ha estado presionando desde la era de la esclavitud para mantener los salarios tan bajos como sea posible, o directamente eliminarlos. Básicamente, se le estaría dando a la Asociación Nacional de Restaurantes un puesto en el Gabinete y el control absoluto sobre el departamento que debería velar por el bienestar de los trabajadores”.

Puzder se opone al salario mínimo, a la lucha por un salario básico de 15 dólares la hora, a la licencia paga por enfermedad y a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Declaró al Business Insider hace casi un año que era partidario de reemplazar a los trabajadores con robots. En esa ocasión, Puzder dijo “Son siempre amables, siempre aumentan las ventas, nunca toman vacaciones, nunca llegan tarde, nunca hay demandas fraudulentas por accidentes ni un juicio de discriminación por edad, sexo o raza”.

Puzder también admitió haber contratado a una inmigrante indocumentada para realizar tareas domésticas en su casa, y, como si fuera poco, no pagó los impuestos correspondientes durante el período en que ella trabajó allí. Esto ha sido suficiente en el pasado para destruir varias designaciones a nivel de Gabinete, como fue el caso de las nominadas a la fiscalía general del presidente Bill Clinton, Kimba Wood y Zoe Baird.

Puzder también fue acusado de violencia doméstica por su ex esposa. Lisa Fierstein apareció en un episodio de 1990 del programa “The Oprah Winfrey Show”, bajo un disfraz, en el que describió el abuso que había sufrido. Fierstein declaró que Puzder le dijo: “Te veré en una zanja. Esto no se va a terminar nunca. Vas a pagar por esto”. Fierstein más adelante se retractó de sus acusaciones. El video fue entregado al Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, y fue visto por otros senadores también. Para el miércoles, entre cuatro y 12 senadores republicanos indicaron que era poco probable que apoyaran a Puzder, reduciendo sus oportunidades. Puzder, finalmente, renunció a su postulación.

Los principales medios de comunicación le atribuyen a una revuelta republicana el fracaso de la candidatura a secretario de Trabajo de Andrew Puzder. En el caso del teniente general Michael Flynn, los medios de comunicación afirman que lo aniquilaron las filtraciones de información de la comunidad de inteligencia. Pero el motor que condujo a ambas derrotas son los movimientos de miles y miles de personas en todo el país, que están diciéndole “no” al odio, la intolerancia y la injusticia.

 

 

© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

 

 

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Sábado, 18 Febrero 2017 07:04

La familia siempre gana

 

En 2001, el Correo Oficial de la República Argentina privatizado a favor del Grupo Macri, dio quiebra y la empresa Socma, su gestionadora, se declaró insolvente. Quince años después Mauricio Macri, cuyos hijos tienen a su nombre las acciones de la empresa, acepta una quita de deuda de 70 mil millones de pesos a pagar en 2033. Los fiscales imputaron al presidente por fraude al erario público.

Los negocios familiares siguen dando dolores de cabeza al presidente argentino. Apenas iniciada su gestión saltó el caso de los Panama Papers, que lo contó entre los principales protagonistas en los medios del mundo por sus cuentas secretas y oscuras en los bancos panameños junto a su familia. Ahora es la condonación del 98 por ciento de una deuda de 4.000 millones de pesos que el Grupo Macri, fundado y capitaneado por su padre, Franco, tiene con el Estado por haber quebrado al correo argentino, empresa estatal privatizada en tiempos de Carlos Menem, durante los años noventa. La cifra sube a 70 mil millones si prospera el escandaloso acuerdo de pagar en 2033 la deuda: a esa fecha Macri acumularía en total 70.163 millones de pesos a pagar al erario público.

El caso fue destapado por la publicación digital Nuestras voces, conducida por la periodista Gabriela Cerruti, el miércoles 8, el día del cumpleaños del presidente. Según la reconstrucción del periodista Ariel Lijalad, el expediente por la quiebra del correo argentino lleva 15 años paralizado en los tribunales porque las propuestas de pago del Grupo Macri eran consideradas abusivas por el Estado nacional. Por eso el 19 de mayo pasado –con Macri ya en el gobierno– fue el Estado el que solicitó una nueva audiencia y adelantó que “podría prestar conformidad a un acuerdo de pago en caso de mejorarse la propuesta”. El 28 de junio el Grupo Macri volvió a ofertar en términos similares y los representantes del Estado aceptaron la oferta de pago constituida por el 1,18 por ciento de los 70.163 millones de pesos de deuda a pagarse en 15 cuotas anuales a partir de 2018. La quiebra fue dictada en setiembre de 2001 y los Macri terminarán de pagar así 32 años después.

El 30 de diciembre pasado la fiscal general Gabriela Boquín emitió un dictamen en el que considera lesivos para el erario público e ilegales jurídicamente los términos en que el acuerdo fue homologado: quien firmó a nombre del Estado es un funcionario nombrado transitoriamente por seis meses y que no cuenta con los poderes necesarios para representar el cargo.

El estallido del escándalo llevó a que el fiscal federal Juan Pedro Zoni solicitara la imputación de Mauricio Macri, su ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio, Juan Mocoroa, como autores penalmente responsables de conductas delictivas respecto del concurso sobre el correo argentino por perjuicios al Estado nacional. Ahora será el turno del juez federal Ariel Lijo de avanzar a partir de este pedido del fiscal.

Desde el miércoles 8 se presentaron cuatro denuncias contra Macri por este tema. Dos se tramitan en el juzgado de Lijo, otra en el del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la restante en el del juez Alfredo Martínez de Giorgi, pero todo indica que se unificarán en un solo expediente a cargo de Lijo.

Los números de la quita surgieron de la investigación realizada por la fiscal Gabriela Boquín a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi), a cargo de la especialista en cuestiones contables Judith König, también funcionaria de la Procuración General de la Nación.

La historia es compleja e intrincada y merece la atención de la justicia económica: cuando a Franco Macri le reclamaron el pago de la deuda, en 2001, aseguró que él ya no era titular del Grupo Macri, pero las acciones de Socma, parte del Grupo Macri y empresa controladora del correo argentino, estaban en manos de la familia. Franco cedió sus acciones a Mauricio pero se quedó con el usufructo vitalicio de ellas. Mauricio, a su vez, las delegó en sus hijos Jimena, Juan Francisco y Agustina. Las acciones de la empresa siguen en manos de la familia Macri y por eso la fiscal Boquín considera necesario frenar el acuerdo e investigar si en última instancia el beneficiario de la quita de la deuda no es el mismísimo presidente Mauricio Macri.

 

LA PROCURADORA EN LA MIRA.


El escándalo del correo vuelve a avivar el encono del gobierno macrista con la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó, a quien desde el mismo 10 de diciembre de 2015, día de la asunción del actual gobierno, intentan desplazar. El ministro de Justicia, Germán Garavano, fue directo cuando pidió a Gils Carbó que diera un paso al costado en sus funciones. La funcionaria fue nombrada por el gobierno de Cristina Fernández en 2012 con el aval en pleno del parlamento nacional, que destacó su “foja de servicios impecable y su nivel académico apto para asumir el cargo de procuradora” . Gils Garbó es, además, la primera mujer en acceder a ese puesto en el país. Según la Constitución la funcionaria puede permanecer en el cargo hasta los 75 años, salvo que sea removida por inconductas en su accionar como funcionario público por el parlamento nacional.

En su avance sobre las instituciones y funcionarios, el macrismo tiene en Gils Carbó una espina clavada. Como los embates de Garavano para desestabilizarla no dieron fruto, es ahora el hombre fuerte de Macri, el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien tomó a su cargo la tarea. “En cuanto pase el vendaval por el caso del correo, seguramente Peña va a tomar las riendas del asunto para sacar a la procuradora”, dijo un diputado del oficialista partido Pro a Brecha en charla informal.

En el parlamento todo el arco opositor condenó el acuerdo firmado el año pasado para condonar la deuda al Grupo Macri y pidió explicaciones al presidente y su ministro Oscar Aguad, a la sazón viejo amigo del genocida Luciano Menéndez en Córdoba. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, consideró ruin el pacto y pidió dar marcha atrás. En el kirchnerismo y la izquierda las protestas han sido similares.
La reacción del oficialismo corrió por boca de Marcos Peña, que pidió una reunión urgente con los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, encargados de homologar o no el acuerdo con el correo. Presumiblemente correrán las presiones del Poder Ejecutivo: no se entiende otra motivación de reunirse con los jueces de parte de un gobierno que asumió pidiendo independencia para el poder judicial.

 

Recuadro

 

Borratina


El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, se sumó hace dos semanas a la movida oficial de menospreciar, cuando no directamente negar, el genocidio de la dictadura militar de 1976. “No hubo un plan sistemático de parte del gobierno (de Jorge Videla), sino que hubo excesos y descontrol en las acciones de los jefes militares”, sostuvo en un programa de televisión, desconociendo fallos judiciales y sentencias de los últimos 13 años sobre el genocidio argentino.
“No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”, agregó en relación con la cantidad de desaparecidos. Pese a que generó un pedido de renuncia firmado por parte de todos los organismos de derechos humanos, el gobierno se limitó a decir, por medio del jefe de gabinete, Marcos Peña: “no compartimos sus dichos”. Y Gómez Centurión, un ex militar carapintada que complotó con Aldo Rico contra el gobierno de Raúl Alfonsín (1987), sigue en su cargo.

 

 

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