Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación.

Antes de cumplir una década en funciones, el presidente Rafael Correa completó el ciclo. Dio la vuelta completa. Empezó poniendo su brújula en dirección contraria a la entonces dominante. Sus primeros pasos, en consonancia con su discurso, fueron posneoliberales. Pero en el camino cambió de orientación. Poco a poco borró sus orígenes “progresistas” –no confundir simplonamente con socialistas–. Paulatinamente sus acciones se sintonizaron con propuestas al más puro estilo fondomonetarista. Y ahora se identifica con visiones y prácticas neoliberales, como consecuencia de la suscripción de un acuerdo multipartes con la Unión Europea: ni más ni menos que un tratado de libre comercio.

Recordemos brevemente los inicios de la gestión del gobierno de Correa. En línea con el plan de gobierno de Alianza País 2007-2011, elaborado en 2006, Correa se empeñó en terminar con la “sumisión” de Ecuador a organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se cerró la puerta a las privatizaciones. Aceptando una idea surgida desde la sociedad civil se auditó la deuda pública, con resultados que ayudaron a reducir sustancialmente su servicio y trasparentar su manejo en los 30 años precedentes. Con la Iniciativa Yasuní-Itt, surgida mucho tiempo atrás también desde la sociedad civil, se propuso transitar hacia una economía no petrolera; es decir empezar a transformar la matriz productiva y alejarse de la lógica de una economía primario-exportadora. Inclusive se construyó una posición interesante para participar en las negociaciones comerciales con la Unión Europea, sin aceptar la lógica de un tratado de libre comercio.

En la Asamblea Constituyente de Montecristi, donde se tramitó gran parte del proceso propuesto en 2006, también se consiguieron logros importantes, como impedir la neoliberal flexibilización laboral; desmontar el baratillo de concesiones mineras; fortalecer la función del Estado en la economía. Algo se avanzó en este último tema.

Sin embargo, los diez años de gestión acabaron con el esquema de gobierno planteado inicialmente. Correa simplemente devino en el conductor de un proceso que empezó alejándose del neoliberalismo para, luego de un largo y confuso recorrido, retornar al punto de partida, usando para ello la fortaleza del propio Estado construida en esta década. Por eso quizás hoy podríamos decir que vivimos una suerte de “neoliberalismo transgénico”: un neoliberalismo híbrido que, sin desmantelar el Estado (e incluso con su ayuda), busca reanimar la acumulación capitalista con políticas neoliberales duras, readecuadas a las actuales circunstancias.

Es más, Correa, ya transformado desde hace años en el caudillo del siglo XXI, lidera una “restauración conservadora” que golpea a los propios grupos sociales que en un inicio lo ayudaron a llegar al poder. Todo esto sin desactivar su discurso “progresista”...

 


EXTRACTIVISTA.


Este presidente cumplió uno de los sueños neoliberales no alcanzados por gobiernos anteriores: imponer la minería a gran escala. Y lo ha hecho, como cualquier gobierno neoliberal, desplegando diversas violencias que se traducen en persecución, criminalización e incluso asesinato de los dirigentes antimineros.

Correa pudo hacer historia liderando la Iniciativa Yasuní-Itt. Pero no. Tal iniciativa le quedó tan grande que terminó cediendo a las presiones de las petroleras y autorizó la explotación de crudo en el Itt. También consintió ampliar la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonia, en contra del compromiso adquirido por Alianza País en 2006, destinado a impulsar una moratoria petrolera.

Este gobernante apoya los monocultivos y los agrocombustibles, algo completamente opuesto a una estrategia sustentada en la soberanía alimentaria. Incluso rechazó las demandas campesinas e indígenas de reforma agraria, irrespetando el mandato constitucional. Además permite que en Ecuador ingresen semillas y se realicen cultivos transgénicos –prohibidos en la Constitución–. Así, cediendo a las presiones del Tlc con la Unión Europea, impulsa la aprobación de una ley de semillas que beneficiaría los intereses de quienes controlan los transgénicos, la ya conocida “ley Monsanto”.

 


FONDOMONETARISTA.


Antes de que cayeran los precios del petróleo, en 2014, Correa regresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Requería el beneplácito del Fondo para colocar bonos en el mercado financiero internacional. Y desde entonces se endeuda aceleradamente bajo condiciones cada vez más onerosas: elevadas tasas de interés y plazos cortos, incluyendo la entrega del oro de la reserva a Goldman Sachs. En vez de ser un líder “antisistema”, Correa deberá pasar a la historia como el gobernante que más deuda pública ha contratado, y sin transparencia. También se le recordará como uno de los facilitadores para que sobre todo el imperialismo chino se imponga con fuerza.

 


PRIVATIZADOR.

 

En su haber registra la entrega de campos petroleros maduros a empresas extranjeras (campo Auca a Schlumberger, campo Sacha a Halliburton), algo que Correa, en 2005, llamaba “traición a la Patria”. También podríamos anotar la concesión por medio siglo –sin licitación– del puerto de Posorja a una empresa de Dubai, y Puerto Bolívar a una turca, en ambos casos con participación de grandes grupos empresariales nacionales, como el grupo Nobis. Otros de los grupos ganadores (directa o indirectamente) con el correísmo son Eljuri, Pronaca, La Favorita, y hasta las grandes telefónicas Claro y Movistar y los bancos (recordemos al propio Correa mencionando que en su gobierno los bancos han obtenido las mayores utilidades de su historia).

Promociona las alianzas público-privadas que, en el fondo, sólo son un eufemismo de las privatizaciones. Aquí se incluye, por ejemplo, la privatización de hidroeléctricas construidas por el Estado, la puesta a la venta de gasolineras públicas, la enajenación del Banco del Pacífico e incluso la privatización de los programas de alimentación escolar.

Hay otros procesos de privatización –menos notorios–, pero no por ello menos peligrosos para el interés del país. Por ejemplo, la privatización de la salud vía convenios con clínicas y hospitales privados que también han generado sobreprecios exagerados que ahora salen a la luz. Algunas tendencias privatizadoras también se registran en el ámbito de la educación.

 


AJUSTADOR Y REPRESOR.


Si bien con Correa no se han adoptado algunos de los paquetes de ajustes típicos de los anteriores regímenes neoliberales, sí podemos incluir una lista de acciones que han golpeado y debilitado a los sectores populares.

Acabada la bonanza petrolera, se volvió a la vieja práctica de aprobar incrementos ínfimos del salario básico unificado de 14 dólares entre 2014-2015 y de 12 dólares entre 2015-2016. Además, a pretexto del terremoto de Manabí, Correa incrementó el Iva, un impuesto regresivo y hasta recesivo pero de fácil recaudación, con el fin último de paliar los efectos de la crisis en el sector público.

Cabe recordar aquellas reformas que han reintroducido la flexibilización laboral, en gran medida eliminada por la Asamblea Constituyente de Montecristi.

Esta lista incluye la aprobación de los decretos 016 y 732 para controlar las organizaciones sociales y de la sociedad civil; y del decreto 813 para disciplinar a los trabajadores públicos usando la compra de renuncias obligatorias, además de otras disposiciones que limitan la organización sindical.

En síntesis, Correa estableció un ambiente de permanente propaganda y amedrentamiento para sostener y combatir las crecientes protestas populares. Creó organizaciones sociales paralelas (estudiantiles, sindicales, indígenas, etcétera), propias y afines al gobierno, buscando debilitar a las organizaciones que se le opongan. Ha restringido la libertad de expresión, inclusive procesando a periodistas críticos que han descubierto actos de corrupción del gobierno.

 

CEREZA.


De todas formas, la cereza del pastel es la firma del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea.

Recordemos que el gobierno de Correa, recogiendo la lucha y el mandato de varios grupos sociales, se comprometió, en sus inicios, a no dar paso a un Tlc. Así, en el plan de gobierno 2007-2011 de Alianza País, escrito en 2006, se resolvió “luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado tratado de libre comercio, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital y a las empresas trasnacionales, amenazando, además, las posibilidades de una integración regional en el sur”.

Incluso se planteaba en aquella época que “a través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el Tlc”. Soplaban vientos de cambios. La democracia se perfilaba en el horizonte.

El “pragmatismo” se impuso. Ganaron las mafias corporativas.

Con el Tlc acordado con la Unión Europea, sin entrar en más detalles, entendemos que se reforzaría la condena de Ecuador como productor y exportador de materias primas. Esto debilitaría cualquier estrategia de transformación productiva del país y, por cierto, mucho más las perspectivas de construir el “buen vivir” o sumak kawsay (que el correísmo transformó en un mero fetiche al servicio de su proceso de reconstrucción hegemónica).

En esto termina la ahora mal llamada “revolución ciudadana”, que hace rato perdió lo ciudadano y dejó de ser revolucionaria realmente desde el mismo momento en que el proceso pasó a depender de un caudillo, es decir, poco después de iniciada. Las agujas del reloj, que empezaron a la izquierda, marchan irremediablemente hacia la derecha.

 

 

* Economista. Figuró entre los redactores del plan de gobierno inicial de Alianza País y entre los ideólogos de la “revolución ciudadana”. Fue ministro de Energía y Minas de Correa y después presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, tras haber sido el diputado más votado a ese órgano. Renunció en 2008, y desde entonces denuncia las “traiciones” del “correísmo” a sus postulados iniciales. Nota tomada de www.rebelión.org. Brecha reproduce fragmentos.

 

 
Proyecciones

 

Por: Pablo Pozzolo


“Si el partido de Rafael Correa pierde, sería un golpe más para la ya golpeada izquierda latinoamericana”, dijo por estos días a la agencia francesa Afp el analista Michel Shifter, del instituto Diálogo Interamericano, basado en Washington. “En ese caso en Sudamérica quedaría sólo Evo Morales en Bolivia y seguiría Nicolás Maduro en Venezuela, aunque éste ya no tiene apoyo político”, agregó Shifter, omitiendo –quizás no fue un simple olvido– que también en Chile y Uruguay hay gobiernos que se autodefinen como de izquierda o progresistas. Otro analista, Paolo Mocagatta, de la Universidad San Francisco, de Quito (privada), consideró que al “desgaste” del oficialismo ecuatoriano contribuyeron problemas económicos que surgieron con fuerza en los últimos años, casos de corrupción como el de Petroecuador, y también “el debilitamiento de la izquierda a nivel regional”. Mocagatta piensa que en una segunda vuelta cualquiera de los dos eventuales candidatos de la oposición puede derrotar al oficialista Lenin Moreno, “porque es mayor la resistencia que el apoyo al gobierno”. Pero admite también que sería “un error subestimar la fuerza del correísmo” y que el Ejecutivo cuenta a su favor con la fractura de la oposición, que va desde la derecha hasta la izquierda, y a la que une sólo el espanto por el actual presidente.

 

 

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Viernes, 17 Febrero 2017 06:20

La vieja izquierda no recuperará hegemonía

De "terriblemente decepcionante" califica el intelectual italiano Antonio Negri la actuación de la izquierda en Brasil, luego de una visita en la que entrevistó a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), ex altos cargos de los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff, y miembros de movimientos sociales. Negri nunca ocultó sus simpatías por los gobiernos progresistas latinoamericanos con los que mantuvo buenas relaciones. Por eso es significativo que uno de los más destacados pensadores actuales tome distancias de las izquierdas de la región.

Sus opiniones fueron vertidas en un largo artículo difundido a comienzos de febrero bajo el título Impresiones de una visita a Brasil (goo.gl/qR63Qn ). Ordena su análisis en torno a siete preguntas, de las cuales abordaremos apenas las más relevantes.

La primera consistió en saber por qué el PT reprimió las manifestaciones de junio de 2013. Le sorprende que todos los consultados dijeran que "esos movimientos amenazaban desde el inicio la mantención de nuestras gobernabilidad". Recordemos que se trataba de luchas contra el aumento del precio del transporte y contra la represión policial. No toma en cuenta las respuestas que dijeron que se trataba de movimientos inspirados por la CIA, porque considera que no tiene sentido.

Negri asegura que ya en esos momentos "el PT tenía una relación mala con las poblaciones metropolitanas" que desde 2013 pedían al gobierno de Dilma que abandonara su inflexión neoliberal.

La segunda pregunta que formuló es por qué siguen muriendo tantos jóvenes negros. No obtuvo respuestas, lo que le permite destacar que la falta de voluntad del PT para comprender y asimilar esta problemática generó "un vacío de relaciones" con la población de las favelas, que "facilitó la entrada de la derecha religiosa (y no religiosa) en medio del proletariado negro". Cree que este es uno de los nudos de la crisis del PT, ya que perdió contacto con un sector clave del proletariado, ya que "revela la crisis más pesada para la izquierda, allí donde era hegemónica".

Cuando preguntó por qué el PT no fue capaz de responder a la ofensiva de la derecha desde 2013, concluyó que las relaciones que mantiene con los sindicatos y los campesinos sin tierra "se habían tornado irrelevantes, o tal vez subsistieran sólo para fines de propaganda". Negri sostiene que eso permitió a la nueva derecha conquistar la hegemonía en las calles por primera vez en muchos años.

Luego hace algunas afirmaciones notables. El PT no encaró una reforma constitucional que garantizase la gobernabilidad sin necesidad de corrupción. "La idea de gobernar por medio de la corrupción, o sea, retomando el hábito de la derecha, no parece haber perturbado el proyecto del PT desde el principio", escribe el coautor de Imperio. En la misma dirección va su denuncia de que los gobiernos del PT establecieron “un acuerdo tácito de fair play con los conglomerados mediáticos; ningún ataque a ellos por parte del gobierno y recíproca lealtad por parte de los medios”, por lo menos en la década que funcionó la gobernabilidad, o sea entre 2003 y 2013.

En sus conclusiones, Negri sostiene que los cuadros del PT "interpretan todo en términos de equilibro gubernamental y parlamentario", lo que explica que no fueran capaces de ponerse al frente de las movilizaciones de junio de 2013 y optaran por la represión. Cuando los criticó por no haber apostado por "contrapoderes de los pobres" para enfrentar a la derecha, obtuvo una respuesta que considera "patética" para alguien que se considera de izquierda: "Nosotros defendemos el estado de derecho".

Cree que el PT no volverá a ser una fuerza hegemónica y que la izquierda brasileña no podrá reconstruirse en pocos años. La cuestión pasa ahora por las luchas en los colegios secundarios y las luchas dirigidas por las mujeres, dice Negri. Pero el punto central, una vez más, es la cuestión negra, o sea del sector más pobre y rebelde de la clase obrera. "El PT se convirtió en una fuerza blanca, pálida con relación a la cuestión racial y débil al confrontar las políticas neoliberales".

Hasta ahí, de forma muy apretada, algunas conclusiones de Negri. Creo que son acertadas, sobre todo el énfasis en explicar la crisis por la represión a las manifestaciones, el alejamiento de los movimientos y la incapacidad de comprender la opresión racial. El no colocar a la izquierda como víctima de los medios y del imperio es un paso adelante en relación con los mediocres análisis al uso.

Habría que explicar, no obstante, por qué los gobiernos del PT optaron por dar prioridad a la gobernabilidad por delante de las luchas sociales y de clases. Este punto es importante, porque no es la primera vez que sucede. Estamos ante un tipo de actitudes que van mucho más allá de las opciones tomadas por los dirigentes del PT.

La primera cuestión se relaciona con los caminos elegidos. Optar por el Estado lleva directamente a defender el "estado de derecho", la "razón de Estado", lo que implica posicionarse contra los movimientos y los pueblos. La vieja izquierda todavía cree que el Estado es una herramienta neutra, algo que ya suena agotado luego de un siglo de revoluciones fallidas.

La segunda es más compleja. El Estado ha sido, y siegue siendo, el criadero de la clase dominante. Desde que llegó al gobierno, el PT estrechó alianzas con los grandes empresarios y con el sector financiero, fue el gran defensor del agronegocio y bajo sus gobiernos la banca obtuvo las mayores ganancias de su historia. La corrupción que ahora se destapa, interesadamente por parte de las derechas, no es una anomalía, sino intrínseca al sistema. Es imposible gobernar una gran nación capitalista sin corromperse.

Por lo tanto, trabajar por cambios de fondo implica recorrer otros caminos, en particular, abandonar el objetivo de gobernar a otros y ponerse a la tarea de impulsar la organización de los pueblos, primer paso para el autogobierno. Lo demás es seguir buscando mesías y salvadores.

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En Distrito Italia los jóvenes son asesinados con impunidad. Las fuerzas de seguridad han convertido la guerra contra las pandillas en un asedio extrajudicial
El Salvador es el país con más asesinatos del mundo después de Siria


Un grupo de adolescentes festejaba un cumpleaños con una tarta, cervezas frías, bromas y selfies en Facebook. Un encuentro normal entre viejos amigos en cualquier lugar menos en El Salvador, donde en este momento nada es normal.
Poco antes de las 11.00 de la noche, unos soldados armados con fusiles descendieron desde las colinas cercanas en silencio y arrinconaron a los jóvenes en un callejón. A la mayoría de los adolescentes los tiraron boca abajo en el suelo. Dos salieron corriendo y los soldados fueron tras ellos.


Juanita Ortega se preparaba para ir a dormir cuando se dio cuenta de que Pablo, su hijo de 19 años, estaba en peligro. “ ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! Escuché los disparos y salí corriendo a buscar a mi hijo”, cuenta Juanita, que pidió ocultar su nombre real por miedo a represalias.


“ Los soldados estaban golpeando a los chicos, tirados en el suelo, con la culata de los fusiles. Entonces llamé a mis vecinos: ‘¡Venid rápido! ¡Van a matar a nuestros hijos!’. En ese momento, me di cuenta de que mi hijo no estaba”, explica.
Pablo, que tampoco se llama así, corrió hacia la polvorienta calle principal. Una bala le alcanzó en el muslo y cayó al suelo. Los soldados le arrastraron hasta un terreno baldío cercano, donde más tarde fue encontrado sin vida, aparentemente estrangulado con su propia camisa.


Casi de inmediato, una camioneta blanca llegó al lugar. Según los testigos, otro grupo de soldados se bajó de la camioneta y la unidad que había perpetrado el crimen se marchó en el mismo vehículo.


Los forenses llegaron varias horas más tarde para llevarse el cuerpo. Nadie tomó declaración a los testigos. Los periódicos matutinos dijeron que había muerto otro pandillero.


“Vi a los soldados tapar el charco de sangre”


El Distrito Italia es un vecindario pobre al norte de San Salvador, cuyo nombre cosmopolita contradice su sombría realidad. Durante años ha estado en manos de la Mara Salvatrucha (MS13), una de las dos principales pandillas del país en lucha desde hace 25 años por el control del territorio.


Pero las pandillas no son las únicas facciones involucradas en la violencia. Las fuerzas de seguridad del Estado prácticamente han sitiado a las comunidades controladas por las pandillas y ser joven y varón es motivo suficiente para ser arrestado, torturado o asesinado.


La promesa del Gobierno de aplicar mano dura contra las pandillas parece haberse convertido en una política de tirar a matar en la que todos los que viven en vecindarios controlados por pandillas corren el riesgo de morir víctimas de la violencia extrajudicial.


Aunque algunos de los muertos son pandilleros, otros no tienen ninguna relación con el crimen organizado. Pablo Ortega había terminado el bachillerato un par de días antes de que lo asesinaran.


“ Vi a los soldados tapar con tierra el charco de sangre que quedó en el lugar donde cayó mi hijo”, dice su madre, llorando, durante una entrevista en su humilde hogar. “Las autoridades dicen que fue asesinado en un tiroteo con pandilleros pero eso es mentira, nunca formó parte de ninguna banda”.


La entrevista con Juanita es interrumpida por el sonido de alguien cargando un arma al otro lado de su ventana. Dos policías pasan caminando lentamente empuñando sus pistolas. Los perros ladran. Se escuchan portazos.


“ Estoy asustada, tienen que irse, tengo otro hijo”, pide Ortega a the Guardian. “Es lo mismo que durante la guerra civil, están matando a los jóvenes y hablar sobre eso también puede hacer que te maten”.


La guerra salvadoreña entre las guerrillas de izquierda y la dictadura militar apoyada por EEUU duró 12 años y dejó un saldo de 80.000 muertos, 8.000 desaparecidos y un millón de desplazados.


El conflicto armado terminó en 1992, pero la paz jamás llegó a este pequeño país centroamericano: aunque la tasa de homicidios bajó un 20% en 2016, El Salvador sigue siendo el país más mortal del mundo después de Siria.


Durante la guerra civil, se describía el conflicto con términos de la guerra fría: el Gobierno se refería a sus enemigos como terroristas. Una ley aprobada el año pasado estableció que las pandillas fuesen tratadas como “grupos terroristas”.


Según Jeanne Rikkers, directora de investigación en la ONG de prevención contra la violencia Cristosal, “e n la década de los ochenta, tener el pelo largo y llevar un libro te convertía en un objetivo. Hoy en día, ser joven te sigue convirtiendo en un blanco”.


Las cosas también podían haberse dado de otro modo. Tras años de recrudecimiento de la violencia, a mediados de 2012 la tasa de asesinatos cayó casi un 50%: los negociadores designados por el Gobierno habían logrado una tregua entre la MS13 y Barrio 18, su principal rival. El acuerdo distaba de ser perfecto pero, por primera vez en años, había una esperanza de paz.


Pero a mediados de 2014 la tregua se vino abajo por promesas incumplidas, rivalidades políticas y campañas electorales con la promesa de mano dura contra el delito.


“No nos protegen, nos matan como perros”


Fundado por ex rebeldes, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN) ganó un segundo mandato en el Gobierno y rápidamente le declaró la guerra a las pandillas. En enero de 2015, el vicepresidente Oscar Ortiz autorizó a las fuerzas de seguridad utilizar fuerza letal contra presuntos pandilleros “sin miedo a sufrir consecuencias”.


Así lo han hecho. Según registros de la policía obtenidos por El Faro, un sitio web de periodismo de investigación, entre enero de 2015 y agosto de 2016, 693 presuntos pandilleros fueron asesinados y 255 heridos en 1.074 enfrentamientos armados.


En el mismo período fueron asesinados 24 soldados y oficiales de policía. Según Ignacio Cano, experto en violencia policial de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, el desequilibrio habla del uso excesivo de fuerza letal y de las ejecuciones extrajudiciales. Durante todo 2013 y 2014, la policía arrestó solo a 88 presuntos pandilleros.


En opinión de Rikkers, “el discurso público es beligerante. Se centra en eliminar a los pandilleros, no al crimen, pero el enfoque de mano dura no ha funcionado y no va a empezar a funcionar repentinamente en el futuro; mientras tanto estamos haciendo la vista gorda frente a graves abusos de derechos humanos”.


Con frecuencia, los que denuncian se convierten en blanco de ataques. El caso de Pablo es uno más entre muchos otros presuntos asesinatos ilegales registrados por Dany Romero, un ex miembro de la MS13 que se dedicó a prevenir la violencia desde que salió de la cárcel en 2006. Romero fue arrestado en julio, acusado de utilizar su ONG como una pantalla para sus actividades pandilleras. Lo encerraron en una prisión de máxima seguridad con cargos de terrorismo.
Según Arnau Baulenas, director legal del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, “ Dany tenía mucha información que podía ser un gran problema para el Estado”.


En este tipo de casos, los familiares de las víctimas son cautelosos a la hora de denunciar. Desde la muerte de su hijo el año pasado, Juanita Ortega ha vuelto a ver varias veces en su vecindario a la misma unidad de soldados. No se atreve a denunciarlos ante las autoridades por miedo a poner en peligro a su otro hijo. “Sinceramente, le tenemos más miedo a los soldados que el que jamás le tuvimos a los pandilleros”, explicó.


Según los que están siguiendo los asesinatos, las similitudes entre los casos son demasiado evidentes como para pasarlas por alto. Otro joven de Distrito Italia, Jaime Velásquez, fue asesinado el año pasado en circunstancias similares. La familia, que también pidió usar un pseudónimo para el joven por protección, admitió que Velásquez, de 22 años, era pandillero.


Contaron que una noche de junio, Velásquez estaba en su puesto de vigilancia cuando llegaron los soldados. Le dispararon siete veces y lo dejaron tirado en la calle. Según los testigos que hablaron con the Guardian, no hubo tiroteo y ningún soldado fue herido. Una camioneta se llevó a los soldados y nunca hubo una investigación policial.


“Los soldados no nos protegen, nos matan como perros”, dijo la hermana mayor de Velásquez. Según los fiscales, muchas de las acusaciones por abuso policial son invenciones de las pandillas. Niegan tener mayor tolerancia con las fuerzas de seguridad.


Según Allan Hernández, director de unidades especiales, “hasta hoy, ninguna investigación ha hecho pensar que hay una política de asesinatos extrajudiciales o escuadrones de la muerte. Puedo garantizar en un 100% que los fiscales tratan todos los homicidios con el mismo interés. Un homicidio es un homicidio... Analizamos la evidencia en todos los casos”.
Le golpearon con una piedra y le arrancaron las uñas


San Miguel Tepezontes es una pintoresca población rural 32 kilómetros al este de la capital, en lo alto del Lago de Ilopango. No tiene el aire amenazante de Distrito Italia, pero la policía sabe que allí operan dos pandillas rivales.


En septiembre, decenas de pandilleros fueron arrestados en una reunión de supuestos miembros de la MS13 en San Miguel. Uno de ellos era Cristian Hernández Beltrán, un mecánico de coches.


Nueve meses antes, unos oficiales de policía detuvieron a Hernández Beltrán, entonces con 19 años, y a un amigo. Lo llevaron a una ladera aislada a unos kilómetros de distancia, le dieron descargas eléctricas, le golpearon la cabeza con una piedra y le arrancaron las uñas.


Pensando que estaba muerto, los atacantes uniformados lo tiraron en la parte posterior del camión de policía y condujeron varios kilómetros por una carretera antes de dejarlo entre los matorrales. De alguna manera, su víctima logró arrastrarse hasta la carretera, donde fue descubierto por un vecino.


Su madre, Marcela Beltrán (34), lo encontró en el hospital en un coma inducido con lesiones graves en el cráneo y en el cerebro. Hernández Beltrán no la reconoció hasta un mes después. Sufrió daños permanentes en la vista, el oído, el sentido del gusto y el equilibrio, y necesita cirugía reconstructiva para reparar su cráneo.


Marcela denunció el ataque de inmediato y logró convencer a la policía para que realizaran una investigación exhaustiva. Pero su determinación ha tenido un costo elevado.


El día después de que Cristian fue dado de alta del hospital, los atacantes fueron a su hogar. Durante los meses siguientes, lo siguieron, lo detuvieron y lo golpearon nuevamente hasta que finalmente, en septiembre, fue arrestado otra vez y acusado de extorsión y complicidad en asesinatos entre pandillas.


En lo que fue una especie de triunfo, tres oficiales de policía y dos soldados fueron acusados del intento de homicidio de Cristian. Pero el adolescente permanece en prisión por cargos de pertenencia a un grupo terrorista.


“ Mi hijo no es un pandillero, lo persiguieron para hacerme callar”, dice Marcela. “Cristian tiene miedo de que me maten, podrían matarnos a todos, pero no voy a parar... La policía no puede ser intocable”.

11/02/2017 - 20:31h

• theguardian
Traducido por Francisco de Zárate

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La periferia del norte de la capital francesa ha registrado su tercera noche consecutiva de protestas. Un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria"


La periferia del norte de París ha registrado su tercera noche de disturbios consecutiva tras la violenta detención el jueves de un joven en Aulnay-sous-Bois, por la que un agente ha sido imputado por violación y otros tres por "violencia voluntaria".


Al menos 26 personas fueron detenidas anoche, cuando cinco vehículos fueron incendiados, al igual que algunas papeleras, y hubo tentativas de prender fuego a dos restaurantes que, pese a la intervención de los bomberos, resultaron dañados, informaron hoy a EFE fuentes policiales. La Prefectura de Policía añadió que los agentes se vieron rodeados anoche y lanzaron varios disparos al aire con balas reales para intentar calmar la situación, al no disponer "de ningún otro medio" de disuasión a su alcance.


La detención que ha provocado las protestas tuvo lugar el jueves por la tarde. "Los policías llegaron y dijeron: Todos contra la pared", explicó en la cadena BFMTV el afectado, Théo, un joven negro de 22 años de edad, que dijo que se acababa de cruzar con unos conocidos del barrio. Según su relato, los agentes le golpearon de inmediato y uno de ellos le introdujo por el ano una porra extensible, que le provocó desgarros por los que tuvo que ser operado.


El Ministerio del Interior anunció el domingo la suspensión de esos cuatro funcionarios. La Fiscalía, tal y como recogen los medios franceses, indicó que los agentes quisieron controlar la identidad de una decena de personas sospechosas de vigilar puntos de venta de estupefacientes en esa localidad del extrarradio de la capital francesa. Durante el dispositivo, según esa versión, intentaron detener a ese joven y usaron gas lacrimógeno y "una porra extensible" porque este se resistió.


El presidente de Francia, François Hollande, subrayó hoy en una visita al Tribunal de Pontoise, en el norte de París, el rol protector de la Justicia para los ciudadanos, incluso cuando los agentes de las fuerzas del orden se ven cuestionados. "La Justicia (...) es garante de las libertades y los ciudadanos deben comprender que es el juez quien les protege", añadió el mandatario.


Las protestas comenzaron el sábado y traen a la memoria de los franceses la oleada de violencia que se desató en el otoño de 2005 en decenas de barrios conflictivos, poco después de que el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, llamase "gentuza" a los jóvenes que los habitan y prometiera limpiar esas zonas con agua a presión.

 

07/02/2017 22:48 Actualizado: 07/02/2017 22:48

Publicado en Internacional
Sábado, 21 Enero 2017 06:57

Protestas y detenidos

Casi cien detenidos, un par de policías heridos, negocios con vidrieras destrozadas y algunas limusinas atacadas en Washington, y miles de personas manifestándose en las principales ciudades del mundo.


Ningún muro pudo ni podrá detener las protestas contra Donald Trump. Se comprobó ayer y quedará ratificado hoy cuando cientos de miles de mujeres se lancen por las calles en 616 marchas convocadas en simultáneo por todo Estados Unidos y el resto del mundo. La ceremonia de investidura del presidente en Washington terminó con un saldo provisorio de casi cien detenidos, un par de policías heridos, negocios con sus vidrieras destrozadas y algunas limousines atacadas a piquetazos. Las movilizaciones contra el magnate, ahora transformado en gobernante del país más poderoso del planeta, también recorrieron otras geografías. La mayoría resultaron pacíficas. Las hubo en capitales como Londres, Berlín, Roma, Madrid, Tokio y Buenos Aires, así como en muchas ciudades de los cinco continentes.


Con pancartas que decían “Trump destruirá América” o “Aplastar el fascismo” como otras que sostenían reivindicaciones de género y de las minorías, miles de personas salieron a manifestarse pese al intenso frío en varias naciones del hemisferio norte. En Washington, se cruzaron en su camino con otros miles de partidarios del presidente que iban al acto central en el Capitolio. Hubo golpes, forcejeos e insultos a lo largo de la avenida Pensilvania y también en el cruce de las calles 12 y L.
Un grupo de los más organizados, ataviado de negro y con una bandera anarquista, rompió los vidrios de un café Starbucks y del Bank Of América, uno pegado al lado del otro. También la emprendieron con piquetas contra largas limousines negras que esperaban estacionadas muy cerca de la Casa Blanca. El clima de indignación contra Trump era evidente cerca de los vallados que había colocado la policía para que los manifestantes no pudieran acercarse a la jura presidencial. Durante los disturbios se lanzaron objetos frente al edificio del Club Nacional de la Prensa y se quemaron contenedores de basura. Hasta la ligó un periodista de la cadena Rusia Today. La policía intervino utilizando gas pimienta.
Las protestas habían comenzado la noche del jueves, cuando varios famosos convocaron a repudiarlo y se encontraron en Nueva York. El lugar elegido fue la plaza Columbus Circle, frente al hotel Trump, en Manhattan. Allí hubo mucho entusiasmo, selfies a destajo con los actores y personajes cuyos discursos hicieron más llevadera la espera. El cineasta Michael Moore se fotografió con Robert De Niro y Mark Ruffalo, dos representantes de Hollywood y bromeó en las redes sociales, como acostumbra. Pero ayer y ya en Washington, se puso serio delante de un camión antidisturbios: “Aquí en la inauguración. Una tragedia para la democracia”, posteó. En su discurso en Manhattan había sido uno de los más duros. Llamó a “cien días de resistencia” contra el nuevo presidente y vaticinó que “no durará cuatro años”.


Los ataques a Trump se replicaron en varias ciudades estadounidenses, pero además en el resto del mundo. Se quemaron imágenes del político multimillonario en Montreal, Canadá; las pancartas en Berlín y Madrid lo señalaron como “Peligro mundial” y le recordaron que “ningún humano es ilegal”; o apelaron al ingenio como una bandera que lucía colgada en el puente de la torre de Londres: “Construye puentes, no muros”. Un militante anarquista se encadenó al consulado estadounidense en Hong Kong, en Roma protestaron los ambientalistas, en Buenos Aires Izquierda Unida en el Obelisco, en Jerusalén los palestinos y los musulmanes de Sri Lanka le recordaron a Trump que es “Anti Slam”. La matriz de todos los mensajes era una sola: el claro rechazo contra el presidente norteamericano en su primer día de gobierno.


En las manifestaciones que siguen y están previstas, las mujeres ocuparán el lugar más destacado. Las mejicanas dieron el puntapié inicial desde la organización Boundless across borders (Sin límites a través de la frontera) que se tomaron de las manos en el puente internacional de Santa Fe, en Ciudad Juárez.


Hoy se especula en Estados Unidos que finalizará en Washington una de las dos marchas más importantes de la historia del país. Puede emparentarse en la convocatoria con la que lideró Martin Luther King el 28 de agosto de 1963. En ese momento fue en el marco de la lucha por los derechos civiles. Ahora las mujeres llegarán sobre la capital a un día de la asunción de Trump.


Allí estarán desde Teresa Shook, una abuela hawaiana y la primera que convocó a la marcha a través de un grupo de Facebook. También Linda Sarsour, la presidenta de la Asociación Árabe-Americana de Nueva York y miles de activistas. Se sumaron a la organización actrices como Scarlett Johansson, Katy Perry o Julianne Moore y aunque las movilizadas se anotaron hasta llegar a unas 200 mil, se prevé que esa cifra será superada. Sobre todo se si cuenta que al mismo tiempo se realizarán 616 marchas hermanas en otras ciudades del mundo.
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Lunes, 09 Enero 2017 06:14

Temer, impotente ante las matanzas

El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitaron la renuncia del ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, quien negó apoyo federal al estado Roraima, pese a que éste había alertado de un inminente choque entre reclusos.


Luego de afirmar que está “todo bajo control” el gobierno de Michel Temer parece impotente para frenar las matanzas en las cárceles del norte, que podrían ser la chispa que haga estallar levantamientos en presidios de todo Brasil.


Cuatro presos fueron asesinados ayer, al menos dos degollados, en el presidio Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, de Manaos, capital del estado de Amazonas, el más extenso y uno de los menos poblados del país, fronterizo con Colombia, Perú y Venezuela.


Esa unidad penitenciaria había sido inhabilitada por su mal estado de conservación pero fue reactivada la semana pasada para alojar a algunos de los sobrevivientes de la masacre del Complejo Penitenciario Anisio Jobim, también en Manaos, que dejó 60 muertos, entre los cuales hubo 40 mutilados.


A través de la decapitación de sus víctimas las gavillas dejan constancia de que se trata de una venganza contra un grupo enemigo. Son los códigos de las cárceles dominadas por organizaciones con poder de fuego y dinero para comprar policías, jueces y hasta gobernadores.


La más importante de ellas es el Primer Comando de la Capital, surgida en San Pablo, en la década del 90, que ha extendido su brazo de poder a la Amazonia, Paraguay y se sospecha que intenta desembarcar en otros países de la región.


Cien personas fueron ejecutadas entre el 1 y 8 de enero en los dos reclusorios de Manaos y el otro de Roraima, región amazónica, como parte de una guerra en espiral de los grupos Familia del Norte y Primer Comando de la Capital.
Investigadores universitarios, parlamentarios y periodistas coinciden en que está en curso una contienda entre la Familia, aliada al Comando Vermelho, contra el Primer Comando de la Capital.


A poco días de cumplir su octavo mes en la presidencia el mandatario no electo Michel Temer intentó eludir el tema y su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, lo imitó al decir que los hechos en la cárceles no pasaban de incidentes locales.
El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitó la renuncia del ministro Moraes, quien negó apoyo federal a Roraima, luego de recibir un pedido formal de la gobernación de ese estado que advirtió sobre una inminente matanza de reclusos.


El teólogo Frei Betto considera que más allá de la negligencia del ministro De Moraes, el responsable último de la “barbarie” es el presidente.


“La actuación de Temer no fue digna de un jefe de Estado, se hizo el desentendido después de la matanza de Manaos (1 de enero), y sólo se dio por aludido cuando el papa Francisco” planteó sus críticas, dijo ayer el teólogo Frei Betto.
Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se aliaron al Papa en las críticas al gobierno cuya imagen internacional está en declive.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia sobre el golpe que destituyó a Dilma Rousseff y permitió el ascenso de Temer y Naciones Unidas comenzó a analizar una acusación de Luiz Inácio Lula da Silva quien presentó un extenso dossier sobre la violación de su derecho de defensa y persecución judicial.


Advertido del impacto de la crisis carcelaria en instituciones y medios del exterior Temer mudó de táctica y ayer ordenó el envío de apoyo federal a Amazonas y Roraima, y también a Mato Grosso y Rondonia, donde se teme que puedan ocurrir otros levantamientos. Algunos medios reportaron ayer que fueron reforzadas las medidas de seguridad en las cárceles de Río de Janeiro, donde manda el Comando Vermelho, y San Pablo, el estado hegemonizado por el Primer Comando.


La contienda entre esas dos organizaciones comenzó meses atrás en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, con el cinematográfico asesinato del narco Jorge Rafaat Toumani.


La disputa por los corredores de cocaína, armas y marihuana a través del Río Solimoes, en la Amazonia, y Paraguay, en el sur, es el motor de esta guerra entre las bandas que controlan el narco y los presidios. Contienda que amenaza incendiar al país.


El crecimiento del Primer Comando ocurrió en paralelo con el salto de la población carcelaria de 232 mil en 2000 a 622 mil en 2014, según cifras que podrían ser más altas pues la titular del Supremo Tribunal Federal Carmen Lucia aceptó, antes de reunirse con Temer, que hay fallas en la recolección de datos.


El 28 % de los presos hacinados en las cárceles purgan condenas por tráfico de estupefacientes, una cifra que irá en aumento si se pone en vigor la política antidrogas ideada por el ministro Alexandre de Moraes.


A contramano de lo que opina el propio líder de su partido, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, De Moraes es un apologeta de la “guerra contra las drogas”.


Con uniforme de comando policial y borceguíes Alexandre De Moraes, o un sosias, fue filmado mientras cortaba, facón en mano, plantas de marihuana en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero donde declaró que erradicar el cannabis de Sudamérica “es una de las prioridades del gobierno del presidente Michel Temer”.


Probablemente los planteos del ministro a quien Temer le confió la tarea de resolver la crisis en las cárceles serían considerados extravagantes por el conservador colombiano Juan Manuel Santos y el demócrata estadounidense Barack Obama.


Tras su paso por Paraguay De Moraes presentó su plan contra la marihuana en San Pablo, dos semanas antes de la masacre en Amazonas.


La investigadora Julista Lemgruber, de la Universidad Cándido Mendes consideró “absolutamente irreal querer reducir drásticamente la circulación de marihuana en América del Sur, sería repetir los conceptos del Plan Colombia”.

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El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas. ¿A favor de quién tanta violencia armada, institucional, social? Es para abrir paso y defender los intereses de Explorcobres S A (EXSA), empresa minera china, que además de contaminación, desolación y miseria para los pueblos indígenas, dejará apenas migajas al Ecuador.


El pueblo shuar no ha dejado dudas sobre su oposición a la minería y otros megaproyectos en sus territorios. Igual que otros pueblos indígenas han resistido activamente el avance de mineras y petroleras desde hace décadas. Les ha costado represión, criminalización y asesinatos de muchos líderes. Ya en 2006, los shuar expulsaron campamentos de EXSA y una hidroeléctrica que se disponía a abastecerle. Junto a otros pueblos formaron redes de pueblos contra la minería.


Esa fuerte movilización paralizó en 2006 proyectos mineros en varias provincias, motivando que el presidente Correa, entonces en campaña presidencial, asegurara que iba a revisar la política extractiva. Con el proceso de la Asamblea Constituyente se estableció un Mandato Minero, que incluyó terminar las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas, que afectaran las fuentes de agua, las áreas naturales protegidas y bosques y una moratoria a nuevas concesiones. Sin embargo, en la década transcurrida, el gobierno fue promoviendo normativas que vaciaron de contenido el Mandato Minero y en lugar de moratoria a nuevas concesiones, se convirtió en entusiasta promotor de la megaminería, ni siquiera como ejecutor, sino como facilitador de la explotación minera de empresas extranjeras (Acosta y Hurtado http://tinyurl.com/jjce45u).


En este contexto de creciente impunidad, en agosto de 2016, la comunidad shuar Nankintz, parroquia San Carlos Panantza, provincia de Morona Santiago en Ecuador, fue víctima de un desalojo violento por policías y militares, que arrasó sus casas y pertenencias y mató animales domésticos, dejando a los pobladores al descampado para dar paso a Explorcobres. (goo.gl/3mLNR9)


Este desalojo sucedió luego de una sesgada orden judicial que no tomó en cuenta la falta de consulta libre, previa e informada a que tienen derecho los pueblos indígenas, según lo establecido en leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por Ecuador.


El pueblo shuar no aceptó el desalojo. El 21 de noviembre y 14 de diciembre, integrantes del pueblo Shuar intentaron recuperar el territorio en Nankintz, lo cual llevó a graves enfrentamientos con policía y militares que resguardan a la minera, con varios militares y policías heridos y un policía muerto. Desde el primer conflicto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, Confeniae, exhortó al gobierno a dialogar para evitar nuevas confrontaciones, pero no hubo acuerdo, al contrario, se escaló el conflicto deteniendo a varios líderes shuar y decretando estado de emergencia en la provincia.


Acción Ecológica es la organización ecologista más conocida y activa del país, con una larga trayectoria de defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos, trabajando en conjunto con numerosas organizaciones comunitarias, barriales y de pueblos indígenas. El 18 de diciembre, en referencia al conflicto en Morona Santiago, llamó a crear una Comisión de Paz y Verdad. Explicaba los ecuatorianos y ecuatorianas apostamos por la paz en armonía con la naturaleza. Pero para alcanzar la paz, y que sea duradera, requerimos un baño de verdad. Necesitamos conocer ¿qué ha pasado en la Cordillera del Cóndor y en tantos otros territorios dónde se han impuesto proyectos mineros y de otra índole? (www.accionecologica.org)
El 20 de diciembre el gobierno respondió notificando el inicio del proceso de disolución de la organización, por difundir los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Acusación absurda, porque eso es justamente la misión de Acción Ecológica, que además nunca promovió actos violentos y por eso llama a establecer una Comisión de Paz y Verdad.


Es la segunda vez que el gobierno intenta cerrar Acción Ecológica –en 2009 decretó su clausura pero tuvo que dar marcha atrás– además de que la organización ha sufrido acoso de medios oficiales, robos y otros abusos, incluso ataque sexual contra una integrante, para disuadirles de sus actividades de denuncia, documentación y solidaridad.


Cientos de organizaciones de todo el mundo se han manifestado contra el cierre de AE y por el respeto de los derechos y territorios indígenas. Cinco relatores de ONU enviaron una carta al gobierno solicitando el cese inmediato de estas acciones, que asfixian a la sociedad civil.


Es absurdo y cínico que un gobierno que se autodenomina revolución ciudadana apele a cerrar a las organizaciones cuyas críticas no quiere oír. Y aún más grave que a más de 524 años de Conquista, siga arrasando a sangre y fuego contra los pueblos originarios del continente. Para expresar solidaridad http://accionesbiodiversidad.org/ archivos/152

 

Por SILVIA RIBEIRO, investigadora del Grupo ETC

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Sábado, 07 Enero 2017 06:26

Una masacre de reclusos salpica a Temer

Desde noviembre pasado el Palacio del Planalto sabía que sería inexorable la matanza ocurrida en el presidio de Roraima.


Michel Temer negó el envío de agentes federales para reforzar la seguridad de las cárceles que había sido solicitado con “urgencia” por la gobernación de la de Roraima donde ayer fueron asesinados al menos 31 presos, con lo cual ya suman al menos 91 los muertos esta semana en reclusorios de la región amazónica.


Un documento oficial demostró que desde noviembre pasado el Palacio del Planalto sabía que era inexorable la matanza ocurrida en el Presidio Agrícola Monte Cristo ubicado en los suburbios de Bela Vista, la capital de Roraima, provincia fronteriza con Venezuela y la Guyana inglesa.
Los asesinos, quienes podrían ser miembros de la organización Primer Comando de la Capital (PCC), torturaron y luego decapitaron a algunas de sus víctimas cuyos cuerpos estaban diseminados en el centro de detención.


“Estamos rastrillando el predio, es un lugar muy grande, hay plantíos, ya encontramos muchos cuerpos pero no me extrañaría se hubiera más, esto es una barbaridad, los cuerpos tienen las marcas de una crueldad sin límites” declaró Uziel Castro, secretario de Justicia y Ciudadanía de Roraima. “Esta guerra entre el PCC y la Familia del Norte no puede ser contenida por una provincia, no tenemos los medios para enfrentar bandas con mucho dinero y armas”.


Ante la llegada de familiares de los detenidos la Tropa de Choque de la Policía Militarizada interceptó el camino de asfalto, teñido de tierra roja, que lleva desde el centro de Boa Vista a la cárcel de Monte Cristo donde en octubre de 2016 hubo otra matanza que costo la vida de al menos 10 personas. Para algunos funcionarios del gobierno provincial de Roraima esta carnicería puede estar conectada con lo ocurrido el domingo pasado en el Complejo Penitenciario Anicio Jobim, de Manaus, en el estado de Amazonas.


Hasta ayer a la noche aún no se había identificado a todas las víctimas fallecidas en la cárcel Jobim de Manaus, que son entre 56 y 60 personas, mientras continuaban prófugos 109 presos. Se atribuye a esos presidiarios en fuga parte de los más de 10 asesinatos ocurridos en la periferia de Manaus en la noche del miércoles, algunos de los cuales podrían ser “ajustes de cuentas”.


Comercios y una universidad de Manaus cerraron sus puertas al anochecer de ayer ante el temor de más ataques y asesinatos.
Mientras no hay una versión unánime sobre los crímenes del viernes en Roraima se da por seguro en Manaus los muertos pertenecen al PCC y sus victimarios son miembros de la Familia del Norte.


El ministro de Justicia Alexandre de Moraes convocó ayer a la prensa en Brasilia donde relativizó el pedido de fuerzas federales formulado por la gobernación de Roraima y deslindó toda responsabilidad federal con los hechos de sangre. Poco después de la conferencia del funcionario de Temer el Partido de los Trabajadores, de Lula y Dilma Rousseff, solicitó su renuncia. “Tras los acontecimientos de Roraima y Amazonas se tornó inviable la permanencia del ministro en su cargo”, dijo el diputado petista Paulo Teixeira.


No sólo el PT cuestionó al gobierno, también hubo comentarios críticos sobre el sistema carcelario por parte del papa Francisco, Naciones Unidas y Amnistía Internacional. La Orden de Abogados de Brasil informó ayer que analiza llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma que hace un par de meses recibió una denuncia por el golpe contra la presidenta electa Dilma Rousseff.


Con una estructura disciplinada y vertical el PCC, surgido en el estado de San Pablo, es el cártel más poderoso del país. Bajo el comando del enigmático Herbas Willian Camacho, alias “Marcola”, esa banda controla decenas de presidios en el sureste y sur brasileño, y ahora se propone conquistar “La Ruta del Río Salimoes”, por el cual navegan los alijos de cocaína procedentes de Colombia y Perú.


Desde Manaus los cargamentos siguen por río o avionetas hacia el litoral atlántico y de allí embarcan a Europa o los grandes centros consumidores de San Pablo y Río de Janeiro. Pero para hacerse de ese botín piscotrópico el PCC tendrá que destronar a la Familia del Norte, que además de detentar el control de varios presidios de la región amazónica cuenta con la tolerancia, sino complicidad, de políticos, jueces y miembros del servicio penitenciario.


Para la mayoría de los analistas los crímenes de Roraima, el viernes, y Amazonas, el domingo, son las batallas iniciales de una guerra que puede prolongarse por meses y extenderse al resto del país.


Según trascendió ayer hay un “clima de tensión” en algunos presidios de Río de Janeiro, controlados por el Comando Vermelho, otra formación irregular, que está en guerra con el PCC.


Buena parte de los columnistas, en general simpáticos al gobierno, consideran que éste, que asumió el 31 de agosto, fue desbordado por una crisis que puede agravar su desgaste político prematuro.


Temer oscila entre la arrogancia y el autismo: luego de restarle importancia a los crímenes de Manaus el jueves finalmente tocó el tema, al que definió como un “accidente”.


Ayer el ministro de Justicia Moraes replicó a su jefe, cuando además de descartar una contienda entre el PCC y la Familia del Norte, llegó a sugerir que los problemas en la Amazonia tienen algún punto de contacto con los “refugiados” de Venezuela. Moraes y el ministro de Defensa Raúl Jungmann, que habló el jueves, son la línea de frente del plan oficial para hacer de esta disputa entre mafias brasileñas un pretexto para militarizar las fronteras bajo el pretexto de declarar la guerra al narcotráfico. En línea con esa tesis que impregna la concepción diplomática de la administración Temer, miembros del Ministerio Público Federal comentaron el jueves que la Familia del Norte negocia con las FARC colombianas.

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Tenemos histórica Ley de amnistía e indulto para miles de prisioneros políticos de la resistencia agraria y popular.

Fue sancionada, hoy 31 de diciembre del año 2016, por el Presidente Juan Manuel Santos la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Es la Ley 1280 del 2016.

Se trata de un formidable acontecimiento que materializa la paz democrática y las garantías a los combatientes revolucionarios de la resistencia agraria y popular.

Tenemos que exigir a jueces, fiscales y funcionarios del Inpec su inmediato cumplimiento, otorgando la libertad a miles de presos políticos y líderes populares encarcelados con artimañas y maniobras fascistas desde hace muchos años.

Libertad para los prisioneros y prisioneras políticas!.

¡Que se abran las cárceles, ya!

Para hacer efectiva esta conquista es prioritario estudiarla, analizarla, conocerla y utilizarla.

En principios miremos su objeto, su alcance, su ámbito de aplicación y principios fundamentales.

Hay que saber que un complemento de esta histórica Ley es el Acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de paz, que debe tramitarse en los primeros días de enero en los términos del Fast Track.

La Ley incluye un artículo especial que refrenda los Acuerdos de paz en los términos del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, autorizando el Fast Track.

Objeto.

La ley tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Ámbito de aplicación.

La ley se aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica. En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley se indica.

Alcance.

Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos penales especiales diferenciados de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Del mismo modo, se aplicarán respecto de todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Principios aplicables.

La filosofía de la Amnistía e indulto.

Derecho a la paz.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La paz es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla.

Integralidad.

Las amnistías e indultos, y los tratamientos penales especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, son medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado interno, contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos y satisfacer los derechos de las víctimas. Por ello, los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos, garantías, requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos especiales de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Lo anterior se aplicará del mismo modo respecto de todas las sanciones administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Prevalencia.

Las amnistías, indultos y los tratamientos penales tales como la extinción de responsabilidades y sanciones penales y administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal establecidos en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, en especial sobre actuaciones penales, disciplinarias, administrativas, fiscales o de cualquier otro tipo, por conductas ocurridas en el marco del conflicto interno, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta a este. La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las Farp-Ep o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 sobre extinción de dominio. En lo que respecta a la sanción disciplinaria o administrativa, la amnistía tendrá también el efecto de anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado.

Reconocimiento del delito político.

Como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible. En virtud de la naturaleza y desarrollo de los delitos políticos y sus conexos, para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, se otorgarán tratamientos diferenciados al delito común. Serán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal. También serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero.

Tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Los agentes del estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta Ley.

Deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar.

Lo previsto en esta ley no se opone al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz.

Favorabilidad.

En la interpretación y aplicación de la presente ley se garantizará la aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios. Debido proceso y garantías procesales. En todas las actuaciones judiciales y administrativas que se deriven de la presente Ley, se respetarán los principios y garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa. Seguridad Jurídica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de la presente ley tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica. Serán inmutables como elemento necesario para lograr la paz estable y duradera. Éstas sólo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma.

Esta filosofía lo que pone en evidencia es el carácter social y político de la rebelión y resistencia de los campesinos y sectores populares de nuestra nación.

Manos a la obra.

Publicado en Colombia

La experta advierte sobre el peligro de recurrir al punitivismo para resolver distintos problemas sin tener en cuenta el significado político de la ley penal, brazo armado del Estado. El riesgo de reducir el concepto de femicidio a una cuestión del Código Penal. La restauración conservadora en la región.


“Brasil se convirtió en el lugar más importante de restauración religiosa en Latinoamérica, en el camino de Nicaragua y tiene una creciente apelación a la ley penal desde los sectores más progresistas, incluso desde el feminismo y el movimiento LGBT”, advierte, con una mirada muy crítica, la académica Sonia Correa, investigadora asociada de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de Sida (Associaçao Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA) y cocoordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política (Sexuality Policy Watch; SPW, por su sigla en inglés). “Tenemos leyes de femicidio y a la vez un ataque sistemático a las leyes de educación sexual integral y a la educación con perspectiva de género en las escuelas. No podemos no identificar esto”, observa Correa en una entrevista de Página/12.


–¿Podría explayarse sobre su postura? –le pregunta este diario, después de escucharla en una mesa donde se defendió el trabajo sexual.


–En cada contexto las situaciones son singulares, pero desde hace algunos años –hay varios autores que lo escriben, y los penalistas críticos lo retoman–, con la erosión de los estados de bienestar social, que eran estados mucho más organizados para la regulación, con esa erosión de la protección social, de los derechos laborales, y la dominación del mercado como regulador, hay un creciente recurso al sistema penal criminal como forma de control estatal. Es una tendencia creciente en el mundo occidental, desde los 80. Digamos que el sino fuerte en Latinoamérica es la guerra contra las drogas. En ese período lo que se ve es que existe la tendencia del Estado de implementar control vía regulación penal. Hay un rol fundamental de los medios, de insuflar constantemente el pánico social frente a temas que son criminales, y la sociedad misma gradualmente, sectores progresistas, gente de izquierdas, feministas, incluso grupos LGBT, que tendrían todo para ser cautelosos, críticos militantes de la ley penal, empiezan a recurrir al punitivismo como recurso de pedagogía social, sin preguntarse qué significa eso.


–¿Podría darme un ejemplo?


–En Brasil, todo el debate LGBT de los años 2000 se dio en torno de la criminalización de la homofobia. Había voces que llamaban a eso derechos sexuales. Tuve peleas increíbles con las personas de izquierda. Uno no puede hablar de derechos sexuales en un marco de legislación y poder punitivo. No hay una interrogación. Hay desconocimiento. Porque estos actores no han sido expuestos a las teorías críticas, porque no dialogan con los sectores críticos. Hay una resistencia muy fuerte en torno a asumir esa mirada. Para mí, el caso de Argentina es bastante ejemplar porque es uno de los países donde más se ha desarrollado la teoría crítica penal, donde Raúl Zaffaroni es un ícono, pero no está solo él. En Italia, España, Brasil, también. Pero no hay conversación entre los sectores que piensan críticamente la ley penal en forma sistemática con los actores sociales progresistas que están manejando temas de sexualidad, género, reproducción. Un poco de diálogo hay en torno del aborto porque ahí hay convergencia. Pero cuando pasamos a los otros temas, las distancias son gigantescas.


–En la última década desde el movimiento de mujeres se promovió la incorporación de la figura del femicidio o feminicidio en el Código Penal en países de Latinoamérica, en algunos casos se introdujo como agravante, en otros como tipo penal. ¿Cómo analiza ese proceso?


–En Brasil empezamos reclamando las comisarías de la Mujer en lugar de tomar el camino al revés, reclamando más inversión para el cambio cultural. Yo soy bastante crítica de convertir el concepto de feminicidio en una figura penal. El concepto de feminicidio desarrollado en los marcos de la sociología y la antropología crítica feminista como han hecho Rita Segato y otras autoras es muy valioso en el sentido de revelar la singularidad de estas muertes trágicas como consecuencia de la violencia contra las mujeres, de describir las condiciones, las estructuras, órdenes culturales y sociales, que naturalizan las violencias contra las mujeres, que hace que esas violencias tengan trayectorias muy especiales, generalmente producida por los íntimos, los próximos, es una violencia anunciada, en general, imbricada en el tejido sexo-género. Es un aporte teórico muy valioso. Pero pasar de esa elaboración conceptual sociológica-antropológica, y en un único paso, clamar por medidas penales como solución para eso, es decir, transportar el concepto de feminicidio a la lógica del sistema criminal del poder punitivo del Estado, es muy complicado.


–¿Cuáles son las consecuencias?


–La experiencia histórica demuestra que el aumento de la punición, en ese como en relación a otros delitos, no tiene efectos de reducción de esas prácticas. Se requiere de una transformación cultural profunda en las prácticas cotidianas para lograrlo. Cuando uno hace una apelación a la ley penal, lo que viene de inmediato, es la condensación del poder punitivo del Estado: más policía, más armas, más plata para eso y menos inversión en el cambio social y de las estructuras. Tenemos esa paradoja. En Brasil, el gobierno de Dilma aprobó una ley de feminicidio con aplausos de todos los sectores en 2015, con votos incluso de los sectores más conservadores, que después la iban a sacar de la Presidencia. Porque ahí hay una convergencia: cuando se pide más policía, más prisión, penas mayores, lo que los penalistas críticos llaman la hipercriminalización, el consenso es gigantesco. Tenemos leyes de femicidio y a la vez un ataque sistemático a las leyes de educación sexual integral y a la educación con perspectiva de género en las escuelas. No podemos no identificar esto.


–Los cambios culturales llevan tiempo, son estrategias a largo plazo. ¿Cómo responder entonces, hoy, frente al aumento de las muertes de mujeres por ser mujeres, a manos de parejas o ex parejas?


–El homicidio está criminalizado. Aumentar las penas no va a solucionar el problema de la impunidad. En Brasil hay 60 mil homicidios por año, es decir, una ciudad de 60 mil habitantes que cada año desaparece por homicidios. Eso es violencia estructural: alrededor del 10 por ciento de esas muertes son perpetradas por el Estado; variando de lugar en lugar, una porción considerable de esas muertes, alrededor del 50 por ciento, están vinculadas al narcotráfico, por lo tanto, a la política de criminalización de las drogas iniciada desde los años 80 en Brasil. Si las drogas no estuvieran criminalizadas no tendríamos el contexto de militarización de los sectores que venden drogas, y la intervención policial, que ha sido un creciente desde entonces. Cuando se toma el camino de aumentar las penas para el femicidio, la posibilidad de cambio es nula. Las mujeres son casi el 10 por ciento de esas muertes, más o menos 5000 al año, y no están descolgadas de la violencia estructural. Hay un problema de género en esa violencia estructural, de raza, de clase, de la política de drogas, de la tendencia a la criminalización: son hombres matando hombres y eso está directamente vinculado a una determinada construcción de la masculinidad y a las estructuras sociales y subjetivas de qué es ser hombre. El camino al cambio es a largo plazo pero el problema tendría que ser mirando desde el punto de vista estructural.


–En los últimos años surgieron desde el movimiento de mujeres debates nuevos en torno a las violencias contra las mujeres como la visibilización del acoso callejero. Los proyectos legislativos que lo abordan incluyen campañas públicas de concientización y también la tipificación de la conducta como falta o delito, según los casos. ¿Cómo se pone freno a prácticas tan naturalizadas en nuestras sociedades, que afectan mayormente a las más jóvenes en el espacio público?

–Si un proyecto incluye educación y ley penal, no tenga dudas de que lo que se va a implementar es la ley penal y no la educación, porque es estructurante de los Estados, sobre todo en un contexto de restauración conservadora como el que estamos viviendo. Para pedir el aumento del poder punitivo del Estado, habría que hacerlo con una inmensa cautela. El hecho de que el 80 por ciento de los homicidios en Brasil no sean investigados, no sean castigados, no es porque no está en la ley. Las penas en Brasil por homicidio son gigantescas, pueden llegar a 35 años o más. Nada sugiere que el aumento de las penas va a provocar la disminución de los homicidios. Lo único que hace es darles más poder a los agentes punitivos, disciplinarios y militarizados del Estado.


–Usted sostiene que a los feminismos le cuesta ver esta perspectiva. ¿A qué se debe?


–Porque la ley penal está muy naturalizada. Quizás es la primera que aprendemos. Antes de saber qué leyes existen en cuanto tal, en nuestra tradición latinoamericana católica, por ejemplo, aprendemos Los 10 mandamientos, que es una forma de ley penal. Uno está influenciado por esa noción del bien y el mal, y que el mal tiene que ser punido. La manera de cuidarnos del mal es la penitencia. En la Edad Media, antes de que se retomaran las leyes romanas, y se empezara a hacer una nueva codificación criminal, en el pasaje a la formación de los estados modernos, siglo XII, XIII, los juicios no eran hechos por jueces: era Dios quien juzgaba. Al acusado se lo hacía caminar sobre fuego, si sobrevivía, era porque no era culpable. Dios había juzgado y salvado su vida. Así se juzgaba en el occidente cristiano. Cuando se retoma la codificación del Código Romano, la prueba del crimen, fundamento medieval, modernidad temprana, la prueba es la tortura, inventada por la Inquisición: la confesión bajo tortura. En nuestra tradición todo esto es muy profundo. Nuestras primeras leyes han sido fundamentalmente leyes penales durante toda la colonia. En Brasil, tuvimos dos códigos penales, uno en 1830, el otro, 1890, mucho antes de un primer Código Civil, que recién sería aprobado en 1926, o sea, son culturas que se han regulado en base al poder punitivo, por siglos. En Brasil, en la colonia, cuando un grupo de colonos lograban que su población fuera reconocida por la Corona, el símbolo que recibían era la colocación del tronco de castigo en la plaza frente a la iglesia. Eso muestra cómo está tan naturalizado. Uno no se interroga, no se pregunta. Se piensa que es del orden de la naturaleza. Exige un esfuerzo de deconstrucción tan sistemático, profundo y continuo como nuestros temas de sexo-género.


–La cambio de eje... Hablemos de los fundamentalismos religiosos en Latinoamérica. ¿Su discurso está ganando sobre los derechos sexuales y reproductivos?


–Creo que han ganado mucha fuerza en los últimos veinte años. Y están articulados globalmente. Lo que pasa en Latinoamérica no es distinto de lo que pasa en Estados Unidos o en África. Por ejemplo, todo el debate sobre la ideología de género, que en Brasil es hoy el tema más caliente, también se está dando en Colombia y en Francia la misma crítica dogmática y conservadora. Me parece difícil decir que están ganando. Están por todas partes, asumen formas distintas en cada lugar. La novedad es que adquieren el lenguaje de los derechos humanos. La Argentina es mucho más fuertemente católica; lo mismo pasa en Colombia y México. En Brasil y en América Central hay una combinación de evangélicos y católicos conservadores. Los evangélicos son muy estridentes, teatrales, dicen cosas absurdas, capturan la atención mediática y de los movimiento progresistas, ocultando el rol que siguen teniendo fortísimo las alas conservadoras del catolicismo. Por ejemplo, el caso del empeachment contra Dilma, el enemigo principal fue Eduardo Cuhna, un político que empezó su vida no religiosamente pero después se convirtió al evangelismo, pienso yo que mucho más por cuestiones instrumentales que por una vocación de fe. Pero antes nosotras en Río de Janeiro tuvimos embates con él. El y (Marco) Feliciano, los pastores del Congreso, fueron como los avatares de esta restauración conservadora. Los católicos ninguno habló. Lo que le permite decir a Bergoglio que la situación en Brasil es difícil, pero de los cuatro abogados que han sido los agitadores del empeachment, que han hecho la pieza de acusación, tres están claramente vinculados a las corrientes del constitucionalismo católico, que es una vertiente intelectual norteamericana creada en los 70. Ellos son los pensadores del catolicismo.


–¿Qué pasa con el debate por la despenalización del aborto en este contexto latinoamericano?


–Se ha convertido, como dice Mario Pecheny, en la madre de todas las batallas. Sectores religiosos dogmáticos, pero sobre todo la Iglesia Católica, perdieron la batalla de la anticoncepción y con ella también, la del condón. Lo que se puede ver en los discursos de Bergoglio es una aparente apertura superficial a la diversidad sexual: el problema no es el deseo sino la práctica, las personas son dignas, no pueden ser discriminadas. Hay una flexibilidad. Pero creo que es más un juego mediático. El aborto es el límite. No se negocia. Y en ese embate, una de las contribuciones del constitucionalismo católico ha sido la reinvención de argumentos, tomando el discurso de los derechos humanos para defender el derecho a la vida desde la concepción. El camino que toman es la reinterpretación de la ley natural, con mucha habilidad. Hablan de la familia natural. La sexualidad polimorfa desestabiliza el sistema binario. No solo eso: están produciendo un lenguaje para intervenir en la política. Es el nuevo frente: como “ciudadanía religiosa” tienen derecho a intervenir en los debates políticos. Ya no es solo que no quieren el aborto, sino que en la democracia tienen que ser escuchados. Es un giro muy peligroso y muy inteligente. En eso estamos. Para retomar el tema de la ley penal, esas fuerzas alineadas al punitivismo tienen convergencia directa con la noción de pecado, la redención por la penitencia. Penitenciaría viene de penitencia, el lugar donde se va a hacer penitencia. Es una concepción arcaica de los procesos sociales actuales. No tengo la solución. Pero creo que la reflexión crítica, hablar sobre el tema, es más que urgente. Es urgente imaginar una sociedad sin policía y sin prisiones. No digo que se puede implementar, pero hay que empezar a pensarlo.

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