Convocados por el CELS, especialistas e integrantes de organizaciones sociales de distintos países debatieron acerca de cómo evitar la desmovilización y enfrentar a los gobiernos que quieren terminar con los reclamos en las calles.


El interrogante que indaga las maneras en las que los Estados responden a la protesta social debe, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “ser indispensable en la conversación entre los movimientos sociales para entender cómo pararse, cómo discutir con los Estados y, por sobre todo, cómo evitar la desmovilización y la futura ausencia del reclamo en las calles que sus respuestas buscan”. La conclusión le pertenece a la directora del área de Justicia y Seguridad de ese organismo, Paula Litvachky, y sirvió de conclusión de la jornada de reflexión sobre el derecho a la protesta en la región. Integrantes de movimientos sociales y mecanismos de protección, investigadores y activistas de Argentina, México, Brasil, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos y Sudáfrica compartieron durante cuatro horas diagnósticos de lo que ocurre en sus territorios de acción y evaluaciones preliminares sobre cómo avanzar ante Estados que “cuestionan la legitimidad de los reclamos, buscan incrementar las restricciones y los controles, persiguen la organización social y política y utilizan la violencia contra quienes salen a las calles”.


El derecho a la protesta “está amenazado”, postuló el CELS para estructurar las dos mesas en las que se dividió el debate sobre los conflictos sociales y la represión en el continente americano que ayer desarrolló en el teatro La Máscara. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, no pudo participar del cierre de la jornada, como estaba previsto, porque se retrasó a raíz de la Marcha de las Antorchas en reclamo de la liberación de Milagro Sala que se realizó hasta la puerta del Hotel Sheraton, donde la CIDH sesionará hasta el sábado próximo.
“El gobierno de Cambiemos ha tenido una perspectiva despectiva de la movilización social, con mensajes negativos que plantearon una presunción de ilegitimidad sobre el derecho a la protesta y generaron una escalada represiva”, apuntó Litvachky en el cierre de la última mesa debate. En ese contexto, planteó la integrante del CELS, existen indicios “que no empezaron ahora, pero que se acentúan, y que ponen a los movimientos sociales a la defensiva”. Para el caso, mencionó que el próximo 26 de junio se cumplen 15 años del asesinato de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante un piquete en Puente Pueyrredón y que el próximo 30 de este mes se cumplen 500 días de la detención arbitraria de Sala. “Ambos ataques sirvieron para amedrentar y desorganizar a los movimientos sociales, quitando de la calle la expresión de conflictos”, remarcó. También advirtió que no se puede entender el proceso de criminalización social de la protesta “sin la participación del Poder Judicial, que sostiene la represión y la criminalización”.
En Brasil sucede algo similar, contó Camila Marques la abogada e integrante del colectivo Artículo 19. Precisó que allí el proceso de “sofisticación, perfeccionamiento e innovación de las técnicas represivas del Estado y de la criminalización de la protesta”, que comenzó en 2013, se dio de manera “coordinada entre los tres poderes del Estado. “La restricción a la protesta integra los primeros puntos de la agenda de gobierno en mi país, impopular y profundamente cuestionado, que viene retirando derechos económicos y políticos”, advirtió.


Inti Rodríguez es referente del Programa Venezolano de Educación y de Provea. Ese programa se encarga de la elaboración anual de la agenda de derechos humanos de su país, y ayer fue tajante y crítico respecto de lo que sucede en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, sobre todo en lo que respecta a las respuestas que da a la protesta social. “Ante el nuevo ciclo de protestas que estamos viviendo en Venezuela, integradas no solo por los espacios que siempre fueron contrarios al proceso bolivariano iniciado con Hugo Chávez, sino por espacios que integraron su base de apoyo, el gobierno de Maduro responde con una militarización de la sociedad, la eliminación de garantías para el ejercicio de ese derecho”, denunció. También acusó al gobierno de haber “promovido una serie de instrumentos legales que penalizan el ejercicio del derecho a la huelga y a la manifestación”. “Aumentaron los abusos policiales, las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos ilegales y las detenciones arbitrarias contra habitantes de comunidades populares, además de los juicios con tribunales militares a manifestantes detenidos en el marco de protestas sociales”, advirtió. La mesa la completaron el médico estadounidense Homer Venters, quien informó sobre la letalidad de las armas utilizadas por los Estados en la represión de protestas sociales, y el sudafricano Michael Power.


Referentes de colectivos y agrupaciones que fueron protagonistas de los más recientes reclamos callejeros en la región hablaron durante la primera parte del encuentro. “El hoy nos encuentra discutiendo cómo no retroceder, en una postura casi defensiva”, resumió la profesora universitaria María Esperanza Casullo, que ofició como moderadora. Sonia Alesso, de Ctera, advirtió que “se está sintiendo en todas las provincias un aumento de la represión a las movilizaciones” que “no se puede pensar por fuera de la vuelta de la derecha al Gobierno en tándem con el poder económico”. La editora del suplemento Las 12 y referente del movimiento Ni Una Menos, Marta Dillon, mencionó que la represión, así como “la invisibilización y la demonización”, son herramientas de un “disciplinamiento que viene del Estado en íntima complicidad con los medios de comunicación, al desplazamiento de las mujeres del lugar de víctimas a la de sujetas rebeldes y activas que generó la salida a la calle desde junio de 2015”.


Oscar Ayala, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, opinó que el problema no es sólo la represión a la protesta sino también la criminalización de la pobreza. “La discusión de los derechos económicos y sociales conlleva la discusión de qué Estado queremos tener, uno receptor de esas demandas”, concluyó. El referente de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo e integrante de Vía Campesina Diego Montón, graficó la situación como “una ofensiva regional asociada a la violencia y al poder judicial, que estigmatiza la población indígena calificándola en el atraso”. Matthew Cagle, de la estadounidense American Civil Liberties Union, completó la ronda.

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En la tarde-noche del viernes 19 de mayo, el Esmad arremitió contra la protesta pacífica de los pobladores de Buenaventura. La reacción de una población ofendida por la violencia oficial no tardó en llegar. Al avanzar la noche numerosos grupos de pesonas ingresaron y saquearon almácenes de cadena. La respuesta oficial: más militarización de la ciudad y declarar el toque de queda.

 

Violencia aleve, violencia oficial, violencia gubernamental. Esta fue la que conocieron y sufrieron el viernes 19 de mayo los representantes de la comunidad de Buenaventura hacia las 3 de la tarde, una vez salieron sin acuerdo alguno de la reunión sostenida con delegados del gobierno nacional.


Con el paso de las horas la arremetida oficial con gases y palo se extendió por diferentes barrios del Puerto. ¿Y el derecho a la protesta dónde queda? Así se preguntan en Buenaventura, unos y otras, luego de vivir en sus humanidades la violencia oficial.


El paro iniciado el 16 de mayo, caracterizado en todo momento por el espítiru pacífico de quienes protestan, sufría así el sello oficial, ese que echa mano de la violencia para intimidar y romper.


La violencia se extiende por la ciudad. La fuerza pública, que no se detuvo ante las peticiones de los manifestantes de evitar cualquier tipo de enfrentamiento, concentró la mayor parte de sus uniformados en la autopista de Buenaventura –avenida con zonas residenciales a lado y lado de la vía. Allí disparó a diestra y siniestra granadas de humo, infortunadamente un pequeño de cuatro meses pereció ahogado por los gases lacrimógenos.


“Eso ya lo tenían preparado...”


desdeabajo consultó a Manuel Bedoya y a Javier Torres, pescadores e integrantes del Comité de sectores productivos. Manuel cuenta: “Eso viene desde hace rato, esa provocación y ese atropello contra la comunidad fue preparado desde hace rato, por el mismo gobierno nacional, regional y local... la gente de Buenaventura cuando hace un paro, vive una fiesta, la gente es pacífica”.


Según Manuel, los ataques se deben a los bloqueos de las vías y del Puerto. “El único daño que podíamos hacer es que no dejamos pasar la mercancía, como de costumbre, hacia Cali”. Lo que no parece saber Manuel es que precisamente eso es lo que le duele al gobierno nacional, departamental y local, pues el impedir el transporte de las tractocamiones lo que impiden es la circulación de las mercancías del capital, la circulación del dinero: por este Puerto circula el 50 por ciento del comercio internacional del país, varios billones de pesos, y por eso si ladran, muerden y matan. Ya dieron prueba de ello.


Como es conocido, la riqueza que produce esta ciudad y región al país no se traduce en inversión y calidad de vida para los miles que allí habitan. Por ello la protesta: no soportan más la pobreza ni el abandono oficial.


Cómo fueron los hechos...


Respecto a los hechos de violencia, Manuel declaró: “La cuestión ayer fue que a eso más o menos de las 3 de la tarde, fue llegando el Esmad, fue preparándose y se fue ubicando en los lugares cerca a las concentraciones de la comunidad, desde la Delfina hasta el puente del Piñal, y cuando levantaron la mesa de negociación, que se dijo que no se aceptaba la propuesta del gobierno nacional y de sus ministros, entonces entró el Esmad a masacrar la gente (podríamos decirlo así), provocandola. La gente no respondió en seguida, sin embargo el hostigamiento siguió hasta muy tarde y por eso los saqueos y por eso los muertos y toda a cuestión de dificultades que tenemos en este momento”.


Por su parte, Javier Torres, señaló: “Hubo una represión muy fuerte por parte del Esmad en los puntos de concentración donde la gente estaba ejerciendo el derecho a una protesta pacífica. Llevamos cuatro días de paro cívico, no había pasado nada considerable, sin cosas que lamentar, había una concentración masiva de la población pero en paz, hasta que el Esmad arremetió contra la ciudadanía y se generaron tantos desórdenes, incluidos saqueos”.


Y agregó: “En el sector del Piñal estamos los representantes del área de pesca industrial y pesca artesanal, y de madereras –somos tres agremiaciones que nos concentramos en ese lugar. Cuando el Esmad estaba cerca, todos levantamos las manos en señal de paz, sin embargo la fuerza pública arremetió contra nosotros tirándonos gases y cosas por el estilo”.


Violación de los derechos humanos


Los integrantes de los Comités no cuentan con una cifra exacta de las personas heridas ni fallecidas, ni del número exacto de establecimientos afectados por los saqueos, sin embargo hay algunos reportes.


“Aún no hay conocimiento del número de personas heridas, porque no nos hemos reunidos con el Comité. Yo hago parte del Comité del paro cívico, por parte de los pescadores artesanales. Apenas sabemos de los niños que fueron afectados por los gases”. Señaló Manuel Bedoya.


Javier Torres, dijo por su parte: “Entre los afectados hay el reporte de un niño que estaba con la mamá y al parecer el menor falleció. El Esmad disparaba hacia las casas, no sólo en la vía pública, sobre la autopista de Buenaventura, allí hay zonas residenciales y sin discriminación alguna, disparó granadas de humo hacia esas zonas. En uno de esos disparos una granada cayó sobre una mujer con su niño de brazos y a causa de eso murió ahogado. Como le decía, la gente –una vez vio al Esmad– levantó los brazos en señal de paz, y el Esmad no hizo más que arremeter de forma muy violenta. Hirieron a 5 compañeros que estaban ahí sentados. Entonces vemos una fuerza excesiva, premeditada por parte de la autoridad hacia una población que reclama legítimamente sus derechos. Se violaron muchos derechos humanos. En el sector del Sena, a una integrante de la comisión la desnudaron, es increíble que la fuerza pública esté generando ese tipo de represión contra la población”.


El paro se mantiene


“Llevamos tres años en diálogos con el Gobierno, pero no nos ha cumplido. El 19 de febrero de 2014 se hizo el primer paro nacional, el gobierno nacional se comprometió a ponernos agua, salud y educación, pero resulta que no ha cumplido. Están diciendo que han invertido mucha plata, nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está esa plata? Y precisamente esta preparación del paro cívico viene desde hace tres años, midiendo al Gobierno con su supuesta buena intención de cumplir, pero no pasa de buenas intenciones, porque los resultados de los compromisos con Buenaventura no se ven”. Aseveró Manuel


Y continuó: “El manifiesto del Comité en general y el concepto de la comunidad es que lo sucedido es un atropello a los derechos fundamentales de la gente de Buenaventura; pensamos que el gobierno nacional está más interesado en sus acuerdos económicos de alianzas y de megaproyectos, que en la cuestión fundamental del pueblo de Colombia y de Buenaventura, especialmente. Eso demuestra una manifiesta discriminación racial muy fuerte por parte de todos estos organismos del Estado.


El paro se mantiene, así sea desde nuestras casas de manera clandestina, hasta que el gobierno nacional no declararé a Buenaventura en emergencia económica, social y ecológica, porque están acabando nuetras selvas, están acabando los ríos con la minería ilegal, están acabando la pesca porque están creando parques naturales en el mar, reservas naturales para el turismo, dejando a más de 20 mil pescadores sin trabajo. Sin embargo, y pese a nuestros reclamos, no hay ayuda para la pesca, no hay inversión para los hospitales, no resuelven el problema del acueducto. En particular los pescadores estamos en permanente lucha por una política pesquera pero no encontramos apoyo.” Concluyó.

 

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“Buenaventura se respeta, o si no, la hacemos respetar, ¡carajo!”

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Diosdado Cabello niega que 85 militares hayan sido arrestados por oponerse a la represión

 

Caracas.

 

Fuerzas antimotines dispersaron con bombas lacrimógenas una marcha de miles de opositores que rechazan la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta una ola de protestas que en casi 40 días ha provocado 38 muertos. Los enfrentamientos se extendieron este lunes a los occidentales estados de Mérida, Lara y Zulia.

El dirigente chavista Diosdado Cabello negó que 85 elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hayan sido arrestados por oponerse a la represión de las protestas opositoras, como aseguró Henrique Capriles, ex candidato presidencial, el viernes pasado.

Agregó que la oposición está buscando un Pinochet en las FANB, pero no lo encontrarán, en alusión al general chileno Augusto Pinochet Ugarte, cuya dictadura abarcó de 1973 a 1990, reportó el diario El Nacional en su portal de Internet.

Más tarde, Maduro llamó a los militares a elevar propuestas para la Asamblea Nacional, informó Telesur en su portal, sin dar más detalles. Vamos a activar una Constituyente militar para fortalecer cada uno de los componentes de las FANB, declaró Maduro en la clausura de una exposición agropecuaria, indicó el portal venezolano noticias24.com.

Mientras, en las calles de Caracas, con banderas venezolanas y carteles en que se leía: no más dictadura, los opositores, que empezaron las protestas el primero de abril, exigieron una vez más la salida de Maduro del poder.

Si quiere una Constituyente, que pregunte al pueblo en un referendo, dijo Capriles en la marcha.

Manifestantes encapuchados atacaron a las fuerzas de seguridad con piedras y cocteles molotov en enfrentamientos en el este de Caracas que se prolongaron hasta casi el anochecer, cerca de la base militar La Carlota, en Caracas.

Al cierre de esta edición se reportó que el saldo de los choques de este lunes fue de más de 60 heridos, con lo que sube a 800 la cifra de lesionados en cinco semanas de movilizaciones.

En el centro de la capital venezolana también se concentró una multitud de chavistas. Estamos defendiendo la Constituyente para profundizar la revolución de Hugo Chávez, dijo el joven Alejandro Seguías, quien señaló que Maduro reforzará la Constitución impulsada por el fallecido ex presidente (1999-2013).

La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a sus seguidores a marchar hacia el Ministerio de Educación en rechazo a la Constituyente, tras marginarse de una reunión en el Palacio de Miraflores

En la sede del gobierno, representantes de 18 agrupaciones políticas opositoras se reunieron con los miembros de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de discutir detalles del proceso convocado hace unos días por Maduro.

Entre los principales temas que se abordaron destacaron la promoción del diálogo, el respeto al orden constitucional y el llamado a un entendimiento político pacífico que beneficie a toda la sociedad.

Segundo Meléndez, presidente del Movimiento al Socialismo, reafirmó su disposición para sumarse a todos los espacios de debate que surjan alrededor de la convocatoria, pero consideró necesario esclarecer cuál es el procedimiento establecido en la Constitución de 1999 para dar continuidad a ese proceso.

Elías Jaua, ministro de Educación, designado por Maduro para impulsar la Constituyente, pidió a la MUD reflexionar y aceptar el diálogo. Al final de la tarde recibió una carta de la oposición que interpretó como una “excusa para seguir en la violencia.

Eso no es una Constituyente, es una farsa, una estafa, un truco para perpetuarse en el poder. El voto es la única salida a este desastre en Venezuela, declaró en la marcha Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por la oposición.

Más de 70 por ciento de venezolanos, de acuerdo con encuestas privadas, rechaza la gestión de Maduro, cansados del colapso económico que genera una severa escasez de alimentos y medicinas, y la inflación más alta del mundo que puede llegar a 720 por ciento este año, según el Fondo Monetario Internacional.

En medio de la tensión social, la ONG Foro Penal denunció que al menos 50 civiles fueron encarcelados por orden de tribunales militares venezolanos, que los acusan de presuntos delitos cometidos durante protestas. Esta versión no fue confirmada por el gobierno ni por otra fuente independiente.

Al renovar sus ataques al gobierno bolivariano, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, señaló que “el régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura... el estado de derecho no existe ni siquiera como apariencia”.

Agregó que civiles de los estados de Zulia, Carabobo y Falcon están privados de libertad y sometidos a la justicia militar, y advirtió que esta criminalidad dictatorial no tendrá impunidad.

En tanto, Arthur Neto, alcalde de la ciudad brasileña de Manaos, declaró que esa localidad del nordeste experimenta un repentino flujo de ciudadanos provenientes de la vecina Venezuela.

Cientos de miembros del grupo indígena venezolano warao levantaron campamentos en la ciudad amazónica, informó. Funcionarios del ayuntamiento indicaron que los venezolanos llegan en busca de trabajo.

También han aparecido campamentos de migrantes venezolanos en Boa Vista, otra capital provincial del norte de Brasil.

 

 

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El director de orquesta Gustavo Dudamel llama al gobierno "a rectificar y escuchar la voz del pueblo"


Caracas.

Estudiantes se enfrentaron este jueves con la policía en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en un cruce de gases lacrimógenos y perdigones contra piedras y bombas incendiarias, durante una protesta en Caracas para exigir el cese de la represión en las marchas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, jornada en la que falleció un dirigente estudiantil.

En tanto, el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, dijo este jueves que existen presuntos "vicios de inconstitucionalidad" en el decreto presentado por el presidente Nicolás Maduro para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En el documento se observan dos elementos que "van en contra" de los principios de la Constitución: la "universalidad del voto" y la "titularidad de la iniciativa Constituyente", señaló.

Los choques en las calles comenzaron cuando los agentes antimotines impidieron una marcha de cientos de alumnos de la UCV mientras la policía bloqueaba una de las entradas principales al campus con camiones blindados.

Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, indicó que los estudiantes planeaban ir a la sede del Ministerio de Interior y Justicia para denunciar "violaciones a los derechos humanos, represión y asesinatos" de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones iniciadas por la oposición el 1º de abril y que han dejado más de 30 muertos.

Además de la UCV, estudiantes realizaron asambleas en otras universidades en distintos puntos de Caracas y de otras ciudades del país, y luego salieron a las calles para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro y exigir su salida del poder.

Un grupo de estudiantes llegó a la Conferencia Episcopal Venezolana, donde entregaron un mensaje a la Iglesia y al papa Francisco, en el que señalan: "Nos están matando, es una dictadura".

Las protestas aumentaron esta semana en rechazo a la iniciativa de Maduro de convocar una Constituyente. La más reciente víctima fue un dirigente estudiantil que fue baleado dentro de la casa de estudio, informó la fiscalía general. También dio cuenta de la muerte de un policía que resultó herido de bala el miércoles durante una protesta en el estado de Carabobo.

De acuerdo con la fiscalía, la cifra total de víctimas en cuatro semanas de protestas se eleva a 35, y a 717 los heridos.

Maduro, en tanto, informó de la detención de cuatro presuntos dirigentes de "bandas armadas" que están liderando las protestas opositoras, además de que se les incautaron armas, bombas y fusiles.

El mandatario responsabilizó al jefe de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, de haber preparado el miércoles "un día de terror" con protestas violentas, para después viajar y pedir que los países de la región sancionen al gobierno venezolano por medio de la Organización de Estados Americanos.

El secretario general del organimso hemisférico, Luis Almagro, confirmó que estudiará los documentos que el Congreso venezolano le entregó este jueves para tratar de frenar la salida de Venezuela del organismo, que el gobierno de Maduro hizo oficial el 28 de abril.

Según Borges, el proceso iniciado por el gobierno para conformar una Constituyente es "absolutamente nulo", pues la Constitución de Venezuela prohíbe denunciar cualquier acuerdo internacional que contemple protección a los derechos humanos.

Almagro exigió al gobierno venezolano que lo deje visitar al encarcelado líder opositor Leopoldo López, tras una ola de rumores de que había muerto.

El gobierno divulgó un video en la televisión que muestra a López, quien confirma a sus familiares que está bien, pero su esposa, Lilian Tintori, consideró que las imágenes son falsas. En el video, López dijo claramente que eran las nueve de la noche del miércoles 3 de mayo, lo que fue descrito por el dirigente chavista Diosdado Cabello como una "fe de vida" de López, en su programa Con el mazo dando.

A todo esto, Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, se manifestó contra la violencia y la represión. "Hago un llamado urgente al presidente de la República y al gobierno nacional a que se rectifique y escuche la voz del pueblo", escribió en redes sociales un día después de la muerte de un manifestante, identificado por la prensa como integrante del sistema nacional de orquestas juveniles de Venezuela, en el que se formó el maestro Dudamel.

"Nada puede justificar el derramamiento de sangre. Ya basta de desatender el justo clamor de un pueblo sofocado por una intolerable crisis; la democracia no puede estar construida a la medida de un gobierno en particular."


 

Ocho países de AL condenan el "uso excesivo" de la fuerza de las

autoridades venezolanas


De la Redacción

 

Los gobiernos de México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Paraguay condenaron este jueves el "uso excesivo" de la fuerza de las autoridades venezolanas contra la población civil que protesta en rechazo a las medidas gubernamentales "que afectan la estabilidad democrática, polarizan aún más a la sociedad y ocasionan la pérdida de vidas humanas, en su mayoría de jóvenes".

En una declaración conjunta, los ocho países deploraron el deterioro de la situación interna y el recrudecimiento de la violencia en la nación sudamericana, que desde el 6 de abril ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos.

Hicieron además un llamado a la administración de Nicolás Maduro para que respete los derechos humanos.

Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas sobre la promoción y protección de las garantías fundamentales de las personas en cumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridas al suscribir diversos tratados internacionales en la materia, señalaron.

En el contexto del apego irrestricto al estado de derecho y para lograr la estabilización de la situación en Venezuela, reiteraron la importancia de cumplir el calendario electoral, liberar a los presos políticos, restituir las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida, así como garantizar la separación de poderes.

Los gobiernos de los ocho países pidieron a todos los sectores no avalar acciones que generen más enfrentamientos y manifestaron su convicción de que ha llegado la hora de concretar un acuerdo nacional incluyente que provea una solución duradera a la crítica situación que vive la nación sudamericana.

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La medida de fuerza contra la flexibilización laboral abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte.

 

Desde Brasilia

 

“Esta fue la primera huelga general desde 1996, nadie creía que fuéramos capaces de hacerla, y nadie imaginaba que iba a tener tanta convocatoria, el país paró, el gobierno ilegítimo de Temer sufrió una derrota histórica”. Sergio Nobre, secretario general de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) , realizó un primer balance de la medida de fuerza que ayer paró a San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro.

El cese de actividades fue generalizado, abarcó empleados públicos federales y estaduales, maestros de la enseñanza pública y privada, petroleros, bancarios y los estratégicos gremios del transporte. El impacto del descontento popular se hizo sentir en Salvador de Bahia, la principal capital del nordeste, Porto Alegre, ciudad más importante de la región sur y en la populosa Belo Horizonte, en la región sudeste.

“Temer ya era pequeño antes del paro con un rechazo del 80 %por ciento y ahora sale aún más pequeño, este gobierno ilegítimo no se sostiene en pie, no creo que puedan avanzar con las reformas laboral y previsional, los trabajadores y la sociedad en general dieron un fuerte mensaje” señaló a Página12 el dirigente metalúrgico Sergio Nobre, vecino de Luiz Inácio Lula da Silva en San Bernardo do Campo, la ciudad del cordón industrial paulista donde surgió la CUT en los años 80.

El paro fue “un éxito total” festejó Lula. “La gente resolvió ir al paro protestando contra la retirada de derechos (..) contra el desempleo, contra la baja de salarios”, reforzó el extornero mecánico y dos veces presidente que dejó el poder en 2010 con una desocupación cercana al cinco por ciento. Ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas informó que ahora hay 14,2 millones de brasileños económicamente activos sin empleo. Esto significa que la desocupación trepó al 13,7 por ciento contra el 10,9 hace un año, y sin señales de mejora en el corto plazo, ya que según proyecciones del propio gobierno la economía sólo crecerá el 0,2 por ciento en 2017, luego de las recesiones con crecimiento negativo del 3,8 por ciento en 2015 y el 3,5 en 2016.

“El aumento de la desocupación es un objetivo buscado por los responsables de este ajuste contra los trabajadores y los pobres, cuanto más desocupados menos fuerza para negociar con los patrones” señaló Sergio Nobre. Pero seguramente luego de esta demostración de fuerza sindical “será difícil que el Senado apruebe sin más la reforma laboral votada el miércoles pasado”, agrega. “Quieren desregular las relaciones de trabajo de una forma alevosa que no tiene muchos antecedentes, con la ley laboral Temer le está pagando sus deudas a los empresarios que financiaron el golpe. Si se la lee ciudadosamente esta ley se parece a la reforma laboral draconiana de la dictadura de Pinochet, no la vamos a dejar pasar, este paro es el inicio de un plan de lucha más largo”, promete Nobre.

La CUT, mayor organización gremial brasileña ligada al Partido de los Trabajadores, junto a otras centrales como la oscilante Fuerza Sindical (algunos de cuyos dirigentes apoyaron el golpe contra Dilma), demostró capacidad de acción en casi todo el país según las informaciones que llegaban ayer por la noche, tamizadas por la cobertura de la cadena Globo y sus socias menores simpáticas al gobierno.

San Pablo y su área metropolitana, con 18 millones de habitantes, amanecieron desiertas debido a la adhesión de los gremios del transporte en sus tres ramas: conductores de subterráneos, maquinistas de trenes interurbanos y colectivos, que desafiaron las intimidaciones del gobernador paulista, Geraldo Alckmin, que les impuso una multa de casi 1,3 millones de dólares.

Aliado de Temer, Alckmin desplegó a su nada amigable Policía Militarizada, que en las primeras horas de la mañana reprimió piquetes de los Trabajadores Sin Techo donde detuvo a 16 activistas bajo el cargo de “asociación ilícita” por la supuesta portación de bengalas y gasolina. Una imputación desmentida por los Sin Techo, que mostraron videos donde se demostraría que los policías les sembraron las pruebas. Paralelamente el secretario de seguridad paulista Magno Alves amenazaba con utilizar toda la “fuerza pública” en caso de que surgieran los “violentos” enmascarados Black Blocs.

Desde 2013, durante las masivas manifestaciones que hicieron tambalear a Dilma, continúa la sospecha de que debajo de las bandanas de algunos Black Blocs se ocultaron provocadores a órdenes de la policía. El discurso estatal-mediático hizo eje en minimizar y bandalizar el paro equiparándolo al accionar de “marginales” y “sindicalistas”.

Michel Temer encomendó a su ministro de Justicia, Osmar Serraglio, la tarea de divulgar la posición del gobierno. “En este momento el gobierno percibe el fracaso de este movimiento que es muy limitado, con bloqueos de rutas realizados por pequeños grupos de 20 a 50 personas, y eso no es democrático”, juzgó el ministro.

Al cierre de esta crónica, en las primeras horas de la noche de ayer una columna donde había Trabajadores Sin Techo marchaba hacia la residencia privada de Temer en San Pablo mientras en Río la policía reprimía a los manifestantes reunidos en el centro de la ciudad, cerca de la Asamblea Legislativa, donde hubo colectivos incendiados . Mientras tanto en Brasilia el Palacio del Planalto era custodiado por un cordón de efectivos de la Policía del Ejército.

A partir de ayer entró en vigor un “protocolo”, similar al aplicado durante la Copa del Mundo y las Olimpíadas, que permitirá la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión de las manifestaciones. Es decir, los actos de protesta contra el gobierno son pasibles de ser tipificados como una amenaza a la “seguridad nacional”, lo cual fue cuestionado por el diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores. “Debemos alertar a Brasil sobre las dimensiones de esta estructura militar vista en Brasilia que no tiene ninguna justificación, el tipo de armamento que se ve aquí es totalmente desproporcionado” denunció el legislador petista.

 

 

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Miércoles, 26 Abril 2017 07:03

Muertos, marchas y negociación regional

La fiscal general confirmó 26 muertes este mes por la violencia política en Venezuela

El gobierno y la oposición se culparon mutuamente por las muertes. La OEA se reúne hoy para decidir si convoca a una reunión de cancilleres y Maduro pidió una reunión urgente de la Celac para que medie en la crisis.

 


El balance de muertos por las manifestaciones en Venezuela en lo que va del mes ascendió a 26 personas, informó ayer la fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz. “Hasta el día de hoy (por ayer), por estos hechos violentos han perdido la vida 26 venezolanos, cuatro adolescentes y 22 adultos”, dijo Ortega en una conferencia que ofreció desde su despacho. La funcionaria señaló que resultaron heridas 437 personas y 1289 fueron detenidas, de los que 65 permanecen privados de su libertad y otros 217 fueron presentadas ayer ante los tribunales venezolanos.


Afuera de Venezuela, la crisis busca una salida política y regional en el plano diplomático. El Gobierno de Nicolás Maduro pidió ayer con carácter de urgente una reunión extraordinaria de los cancilleres de la Comunidad de Estados de América latina y el Caribe (Celac) para denunciar la violencia opositora. En la búsqueda de consensos, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá hoy para debatir la posibilidad de llamar a una consulta de cancilleres para tratar el tema Venezuela, hito que marcaría otro avance del organismo en la situación de la nación caribeña.


El gobierno de Nicolás Maduro mantuvo ayer su tono desafiante. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechaza la convocatoria a elecciones porque no le conviene un cambio de mando democrático, sino que busca un golpe de Estado. La oposición tampoco se quedó atrás y subió la apuesta en el duelo que mantiene con el chavismo. Así, la MUD convocó a movilizaciones para hoy en todo el país, hasta las sedes de la Defensoría del Pueblo, para pedir que se abra el procedimiento para “la calificación de falta grave” de siete magistrados del Tribunal Supremo.


Sobre la situación en las calles del país caribeño, Ortega señaló que los hechos de violencia se registraron en la mayoría de los estados, salvo en seis. La fiscal general venezolana expresó su solidaridad y condolencias con familiares y amigos de las víctimas y expresó además su más firme rechazo a la violencia como arma de acción política. “La política –dijo– no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo”. Del total de fallecidos, ocho perdieron la vida por electrocución durante un saqueo a una panadería en El Valle, una barriada del oeste de Caracas, dijo Ortega.


Con ese dato, la fiscal rectificó el número ofrecido por las autoridades, que inicialmente indicaron que en ese evento perdieron la vida nueve personas electrocutadas. El Ministerio Público venezolano abrió 26 investigaciones para determinar cada una de las causas de las muertes de estas personas, aseguró la funcionaria. Hasta el momento, hay una docena de órdenes de captura contra personas relacionadas con las muertes.


En una rueda de prensa en Caracas, Cabello aseguró que la oposición, por la vía electoral, “no pudo hacer lo que quiere hacer en este país: disolver la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Moral, Electoral y por eso es que les conviene un golpe de Estado, no la vía electoral”. El diputado del PSUV, uno de los hombres más influyentes del chavismo, aseguró que entre los planes de la oposición también estaría privatizar la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y revocar convenios internacionales firmados por el presidente venezolano.


“Por eso es que cuando Maduro dijo ‘estamos ansiosos porque haya elecciones’ casi que les dio un ataque, diciendo ‘no, no queremos elecciones, al menos que sean elecciones generales’, ¿cuáles?, aquí en todo caso tenemos elecciones de gobernadores, de alcaldes, que no se han hecho por culpa de la oposición”, continuó Cabello. Dijo que las elecciones presidenciales se harán en 2018 como corresponde y que no hay forma ni manera de que se adelanten para este año, como reclama la MUD, pues, remarcó, “nosotros no vamos a violar la Constitución por complacer a la oposición”.


Además, Cabello señaló que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) llame a comicios, el PSUV será el primero en participar por estar legitimado, a diferencia de varios partidos opositores que se someten a un proceso de renovación de nóminas convocado por el Poder Electoral. “Iremos nosotros solos, ellos no tienen partido político, no hay ni un solo partido político de la derecha y ellos no están listos para ir a elecciones, nada”, sentenció el referente chavista en referencia a un hipotético escenario electoral, al tiempo que acusó a la MUD de engañar a sus simpatizantes. El diputado anunció que el chavismo hará el 1 de mayo “la más grande movilización en la historia de este país de los trabajadores y trabajadoras de la patria”, el mismo día que los opositores convocaron a marchas en Caracas y el resto del país.


La oposición, en tanto, volverá hoy a la carga con más manifestaciones. “A las 10 de la mañana toda Venezuela se moviliza a la Defensoría del Pueblo”, dijo el vocero de la MUD, Juan Carlos Caldera. También señaló que el deber del defensor, Tarek William Saab, es actuar conforme lo dice la Constitución, pues reiteró que en el país se dio un golpe de Estado. La oposición intentó movilizarse sin éxito a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas, en varias oportunidades desde hace tres semanas, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia publicara dos sentencias que luego fueron aclaradas y parcialmente suprimidas.


Los dictámenes despojaron de sus facultades al Parlamento y limitaron parcialmente la inmunidad de los diputados e hicieron que la fiscal Ortega considerara que se había roto el hilo constitucional en el país. La oposición asegura que esas decisiones constituyen un golpe de Estado, aunque el máximo tribunal haya dado marcha atrás en su decisión. Por eso la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, abrió un procedimiento para destituir a los magistrados y pidió al ombudsman que declare como “calificación de falta grave” la decisión de los jueces, debido a que para su destitución necesitan de ese paso previo.

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Miles de indígenas brasileños que protestaban este martes frente al Congreso para recuperar sus tierras ancestrales se enfrentaron a la policía con arcos y flechas luego de intentar ingresar al edificio con réplicas de ataúdes en homenaje a compañeros muertos. La policía reprimió la invasión con bombas de gas lacrimógeno, en una escena que mezcló estelas de humo blanco con flechas y féretros que acabaron flotando en los estanques que anteceden la sede del Parlamento.

La manifestación indígena que exigía al gobierno de Michel Temer avances en la demarcación de tierras, fue dispersada violentamente por la policía legislativa que utilizó gas lacrimógeno y balas de caucho.

Integrantes de numerosas comunidades indígenas locales se congregaron esta semana en los parques que rodean la sede del Congreso, como parte de los actos de una reunión anual en la que se discute la problemática de sus comunidades, sin embargo, el encuentro se salió de control cuando centenares de miembros de distintas tribus descendieron de las laderas de césped aledañas al emblemático edificio y se lanzaron a los estanques para depositar ataúdes negros con cruces blancas en señal de protesta.

"Los féretros representan todos los indígenas de las 305 etnias que han muerto en estos años. Las bancadas ruralista y evangélica quieren destruir nuestros derechos, transformar a Brasil en el granero del mundo y acabar con la biodiversidad", acusó Marize de Oliveira, profesora de historia de la comunidad guaraní, de 58 años.

Ataviados con ropas típicas, los cuerpos pintados, arcos, flechas y machetes, los inconformes avanzaron contra un cordón policial que impedía el ingreso al recinto, la acción disuasiva de los uniformados hizo que se replegaran para reorganizarse a decenas de metros de la entrada principal, lo que permitió que los agentes recogieran algunas flechas de más de un metro de largo que quedaron sobre el césped.

Las protestas indígenas no son extrañas en la capital brasileña, estos grupos exigen al Estado la cesión formal de tierras que pertenecieron a sus ancestros, lo que generó un conflicto con los productores agropecuarios que frecuentemente termina en derramamiento de sangre. El negocio agroganadero es una fuerza de gran escala en Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo y responsable de buena parte de los ingresos externos del país, este sector está fuertemente representado en el Congreso, apoyo que provocó la ira de las comunidades indígenas.

Los líderes de los manifestantes habían convocado a instalar el "campamento tierra libre" toda la semana frente al Congreso para presentar una larga lista de inconformidades. Señalaron que el gobierno de Temer maniobra para anular sus protecciones en diversas partes de la Amazonia y permite expandirse a ganaderos y otros grandes intereses económicos, El campamento fue organizado por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, que acusó al gobierno de haber lanzado la "mayor ofensiva contra los derechos de los pueblos en los pasados 30 años".

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El pasado lunes 17 de abril dio comienzo una huelga masiva de 1.500 presos palestinos en seis cárceles israelíes para denunciar sus condiciones de encarcelamiento y exigir derechos básicos como presos políticos. En solidaridad con ellos, ha habido manifestaciones en Ramallah, Hebrón y Nablus. Rami Hamdallah, primer ministro de la Autoridad Palestina ha hecho público un comunicado en el que, tras recordar el Día del Prisionero Palestino, llama a “todo el pueblo palestino y las instituciones internacionales a mostrar su solidaridad para hacer llegar el mensaje de los presos palestinos a todo el mundo”.


Actualmente hay más de 6.500 presos palestinos en las cárceles israelíes y 1 de cada 5 palestino ha pasado por ellas según la ONG de Jerusalén Addameer, que defiende sus derechos. Entre las reivindicaciones de los presos se cuentan el acceso a un teléfono público en las cárceles para poder comunicarse con sus familiares, visitas familiares cada 2 meses, acceso a las visitas de los parientes de segundo grado, la mejora de la asistencia médica y que esta sea de acceso gratuito.


Desde 1967, 50 presos palestinos han muerto a causa de negligencias médicas en las cárceles israelíes. En algunos casos, los presos son mantenidos en cárceles secretas, aislados y sin que puedan defenderse ante los tribunales militares israelíes. El traslado de los presos detenidos en los Territorios Ocupados a Israel es una violación de la Cuarta Convención de Ginebra y así ha sido condenado por Amnistía Internacional.


Ya en 2014, 800 presos palestinos llevaron a cabo una huelga de hambre contra las detenciones administrativas que se prolongó durante 63 días hasta que las autoridades israelíes aceptaron negociar sus reivindicaciones. Ahora han nombrado a su portavoz al principal dirigente palestino encarcelado, Marwan Barghouti, miembro de la dirección de Fatah y diputado del parlamento palestino, que fue uno de los principales organizadores de la primera Intifada. Detenido y acusado de cinco asesinatos, no reconoció al tribunal militar israelí que lo juzgaba.


Hasta el momento, las autoridades israelíes se han negado a negociar con los huelguistas, los han aislado e impiden la difusión de noticias sobre su situación en las cárceles. Reproducimos un texto remitido por Marwan Barghouti al New York Times desde su celda el día del comienzo de la huelga de hambre y la extraordinaria defensa de la huelga de Gideon Levy. SP


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Después de pasar los últimos 15 años en una cárcel israelí, he sido tanto testigo como víctima del sistema ilegal de arrestos arbitrarios en masa y del maltrato a presos palestinos por parte del gobierno de Israel. Cuando ya no quedaban más opciones, decidí que el único camino era resistir estos abusos por medio de una huelga de hambre.


Unos 1.000 presos palestinos han decidido participar en esta protesta que comenzó el 17 de abril, conmemoración del “día de los prisioneros palestinos”. La huelga de hambre es la forma más pacífica de resistencia. Solo causa dolor a los que participan en ella y a sus seres queridos, con la esperanza de que sus estómagos vacíos y su sacrificio ayuden a que su mensaje resuene más allá de los confines de sus oscuras celdas.


Décadas de experiencia han demostrado que el inhumano sistema de ocupación colonial y militar de Israel tiene como objetivo destruir la voluntad de los presos y de la nación a la que pertenecen, infligiendo sufrimiento a sus cuerpos, separándolos de sus familias y comunidades, utilizando medidas degradantes para forzar su subyugación. A pesar de este tipo de trato, no nos rendiremos.


Israel, la potencia invasora, ha violado las leyes internacionales de varias maneras durante casi 70 años pero sigue gozando de impunidad por sus acciones. Ha cometido violaciones graves contra los Convenios de Ginebra en contra del pueblo palestino; los presos —hombres, mujeres y niños— no son la excepción.


Tenía apenas 15 años cuando caí preso por primera vez. Con solo 18 años un israelí me obligó a separar las piernas para golpearme en los genitales mientras estaba desnudo en una sala de interrogación. Me desmayé del dolor, y por esa caída llevaré para siempre una cicatriz en la frente. Después, el israelí se burló de mí y me dijo que nunca procrearía porque la gente como yo solo engendra terroristas y asesinos.


Unos años después volví a estar preso en una cárcel israelí y, mientras dirigía una huelga de hambre, nació mi primogénito. En lugar de los dulces que solemos distribuir para celebrar ese tipo de noticias, repartí sal entre los otros presos. Cuando tenía apenas 18 años, mi hijo también fue arrestado y pasó cuatro años en las cárceles israelíes.


Ahora el mayor de mis cuatro hijos es un hombre de 31 años. Sin embargo, yo sigo aquí, prosiguiendo esta lucha por la libertad junto con miles de presos, millones de palestinos y el apoyo de muchas personas alrededor del mundo. ¿Tanta es la arrogancia del invasor y opresor, y de los que lo respaldan, que hacen oídos sordos ante esta simple verdad? Nuestras cadenas se romperán antes que nosotros, porque la naturaleza humana presta atención al llamado de la libertad sin importar el coste.


El gobierno ha construido casi todas sus cárceles dentro de Israel en lugar de en los Territorios Ocupados. Así, ha encarcelado ilegal y violentamente a civiles palestinos, y esta situación se utiliza para restringir las visitas familiares e infligir sufrimiento a los presos por medio de largos trayectos en condiciones atroces.


Convirtieron los derechos básicos que deberían garantizar las leyes internacionales en privilegios que sus servicios carcelarios deciden otorgarnos o quitarnos, incluidos algunos que se han ganado dolorosamente por medio de huelgas de hambre.


Los presos y detenidos palestinos han sufrido torturas, tratos inhumanos y degradantes y negligencia médica. Algunos fueron asesinados mientras se encontraban detenidos. Según los últimos datos de la Asociación de Presos Palestinos, desde 1967 han muerto cerca de 200 prisioneros por este tipo de acciones. Los palestinos y sus familias siguen siendo el blanco principal de la política israelí de imposición de castigos colectivos.


Con nuestra huelga de hambre, buscamos terminar con estos abusos. Según el grupo de derechos humanos Addameer, en las últimas cinco décadas, Israel ha encarcelado o detenido a más de 800.000 palestinos, el equivalente al 40 por ciento de la población masculina de los territorios de Palestina. En la actualidad, casi 6.500 siguen en prisión, entre los cuales hay algunos que cuentan con la funesta distinción de contar con los récords mundiales de años de encarcelamiento como presos políticos. Difícilmente hay una familia en Palestina que no haya tenido que vivir el sufrimiento que provoca el encarcelamiento de uno o varios de sus miembros.


¿Cómo se explica esta increíble situación? Israel ha establecido un régimen legal dual, una forma de apartheid judicial que otorga impunidad virtual a los israelíes que cometen crímenes contra de palestinos, mientras que criminaliza la presencia y resistencia palestina. Los tribunales de Israel son una farsa de justicia, instrumentos evidentes de la ocupación militar y colonial. Según el Departamento de Estado de EE UU, la tasa de condenas para los palestinos juzgados en tribunales militares es de casi el 90 por ciento.


Entre los cientos de miles de palestinos que Israel mantiene cautivos se encuentran niños, mujeres, parlamentarios, activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, académicos, figuras políticas, militantes, transeúntes y familiares de prisioneros. Y todo con un solo objetivo: sepultar las aspiraciones legítimas de toda una nación.
Sin embargo, en vez de que eso suceda, las cárceles israelíes se han convertido en la cuna de un movimiento permanente a favor de la autodeterminación palestina. Esta huelga de hambre demostrará una vez más que el movimiento de los presos es la brújula que guía nuestra lucha, la lucha por la Libertad y la Dignidad, el nombre que hemos escogido para este nuevo paso en nuestro largo camino hacia la libertad.


Israel ha intentado etiquetarnos como terroristas para legitimar sus violaciones, entre las que hay arrestos arbitrarios en masa, torturas, medidas punitivas y restricciones severas. Como parte de la estrategia de Israel para socavar la lucha palestina por la libertad, un tribunal me sentenció a cinco cadenas perpetuas y 40 años de cárcel en un juicio político y mediático que denunciaron los observadores internacionales.


Israel no es la primera potencia colonial o invasora que recurre a ese tipo de medidas. Cada movimiento de liberación nacional de la historia enfrentó prácticas similares. Por este motivo hay tanta gente que ha luchado a nuestro lado en contra de la opresión, el colonialismo y el apartheid. En 2013, desde la celda donde estuvo preso Nelson Mandela en Robben Island, uno de los patriarcas de la lucha contra el antiapartheid en Sudáfrica, Ahmed Kathrada, y mi esposa, Fadwa, inauguraron la campaña internacional por la liberación de Marwan Barghouti y los presos políticos palestinos, que ha recogido el apoyo de ocho ganadores del Premio Nobel de la Paz, 120 gobiernos y cientos de líderes, parlamentarios, artistas y académicos en todo el mundo.


Su solidaridad expone el fracaso político y moral de Israel. Un opresor no concede derechos. La libertad y la dignidad son derechos universales inherentes a los seres humanos, y los deben disfrutar cada nación y todos y cada uno de los seres humanos. Los palestinos no serán la excepción. Solo con el fin de la ocupación se terminará esta injusticia y nacerá la paz.


La protesta social más justificada hoy en Israel

Por Gideon Levy


La protesta social más justificada que pueda existir no le preocupa a nadie. Se ha lanzado una campaña despreciable de incitación contra ella, orquestada por el gobierno con la cooperación instintiva de los medios de comunicación a su servicio. La protesta social más justificada en Israel es presentada como un peligro y amenaza para su seguridad.


La protesta social más justificada, valiente y seria en Israel hoy en día es la huelga de hambre de cientos de prisioneros palestinos, que dura ya una larga semana este domingo. Las personas con conciencia deberían unirse a la huelga, o al menos protestar en su apoyo. En cambio, los jóvenes de la Unión Nacional, encienden barbacoas frente a las ventanas de la prisión de Ofer para atormentar a los hambrientos huelguistas.


Es un comportamiento despreciable en los márgenes sádicos de la derecha. Nadie protestó contra semejante espectáculo degradante.


La protesta social más justificada en Israel no es presentada como tal en absoluto. Por el contrario, todos los participantes son calificados de asesinos abominables. ¿Son todos los presos judíos asesinos “abominables”, también? Pero el discurso público en Israel abomina de dudas morales cuando se trata de palestinos. Y los presos políticos son presentados como asesinos y nadie habla de los objetivos de su lucha, que es deslegitimada sin contemplaciones por la trituradora de los analistas militares, al dictado del servicio de seguridad Shin Bet.


Fíjese en las explicaciones que fuerzan en nuestras gargantas: se trata de una lucha interna palestina en beneficio de Marwan Barghouti. Es Barghouti contra el presidente palestino, Mahmoud Abbas – toda la cháchara propagandística del establishment de seguridad, destinada a ocultar los objetivos de la huelga. ¿Y nadie se pregunta si es posible que el objetivo de una huelga de hambre de más de mil personas, con todo el sufrimiento implicado, sea avanzar la carrera de un preso que cumple cuatro sentencias de cárcel a perpetuidad? ¿Alguien puede tomarselo en serio? ¿Alguien sabe siquiera lo que significa una huelga de hambre? ¿No hay ninguna posibilidad de que estas personas valientes, que están dispuestos a sacrificar su bienestar e incluso sus vidas, lo hagan por causas justas?


Sus causas son incomparablemente justas. No hay ni siquiera una reivindicación que sea extremista. No quieren más que un trato humano. Quieren teléfonos públicos, como tienen los criminales judíos de la peor calaña, y ampliar el horario de visitas de sus familias. Quieren poder ser fotografiados de vez en cuando con sus seres queridos y recibir atención médica adecuada. Los que van a tener que pasar la mayor parte de su vida en la cárcel quieren poder estudiar. Y, por supuesto, quieren que se ponga fin a la detención administrativa. En pocas palabras, quieren un poco más de justicia. Estas son reivindicaciones sociales, no políticas.


Lean la historia de las huelgas de hambre. Casi todas ellas han sido justas y admirables. Comenzando con las huelgas de hambre de los esclavos negros en los barcos británicos en el siglo XVIII, pasando por la gran huelga de hambre de los presos del IRA en Irlanda y la huelga de hambre de los estudiantes chinos en Tiananmen. Mahatma Gandhi, Andrei Sakharov, Abie Nathan. Son modelos a seguir. Y ahora Marwan Barghouti, que según dice el periódico Yedioth Ahronoth incita a la gente. ¿Pero los incita para qué? ¿para recibir libros en la cárcel? ¿Para que instalen un teléfono público?


Hay asesinos entre ellos - la minoría, por cierto - y también tienen derechos. Algunos están en la cárcel por su actividad política. Algunos no han sido juzgados. Unos pocos han sido detenidos recientemente por sus supuestas intenciones. Y todos ellos son parte de una lucha nacional por la libertad. Lo que debería ser admirable, incluso para los israelíes. Han sido condenados a duras penas, carentes de toda proporcionalidad y, por supuesto, sin un juicio justo. Las condiciones de su encarcelamiento también son una muestra vergonzosa de apartheid si se compara con las de los prisioneros judíos.
Ahora están luchando por sus derechos básicos. Su lucha merece apoyo. Hay que oponerse a la campaña de incitación contra ellos. Los objetivos de su huelga están mucho más justificados que la campaña de incitación del ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan y son más morales que la demagogia del dirigente de Yesh Atid, Yair Lapid.

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Un adolescente y un hombre de 36 murieron la noche del martes durante protestas en la ciudad venezolana de Barquisimeto (oeste), informó la Fiscalía ayer. El menor –de 13 años según la fiscalía y 14 según otras fuentes–, cuya identidad no fue revelada, y Miguel Colmenares fallecieron en hechos separados, señaló un boletín del Ministerio Público. Agregó que las víctimas se encontraban en manifestaciones que tuvieron lugar en tres sectores de Barquisimeto (estado de Lara).

La Fiscalía no precisó las circunstancias en que se produjeron los decesos, que elevan a cuatro las muertes durante las protestas iniciadas por la oposición el pasado 1° de abril contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El diputado opositor Alfonso Marquina había informado más temprano que un adolescente a quien identificó como Brayan Principal había muerto en la noche del martes en Barquisimeto, “a manos de colectivos”, grupos civiles que según la oposición están armados y sirven como fuerza de choque del gobierno. “Ocurrieron dos hechos que nosotros lamentamos. Dos fallecidos, uno de ellos apenas un niño de 14 años hacia el norte de la ciudad de Barquisimeto y un joven de 36 años cae abatido frente a un grupo presuntamente de motorizados armados”, afirmó el gobernador en conferencia de prensa. Asimismo, informó que en el hospital central de Lara se atendieron a 12 heridos, aunque no detalló si todos procedían de las manifestaciones.

La Fiscalía también confirmó la muerte de dos jóvenes de 19 años, presuntamente por disparos de policías en el contexto de manifestaciones el 6 y 11 de abril en las afueras de Caracas y en Valencia (norte). En el primer caso, la víctima no participaba en las manifestaciones, según el gobierno.

El oficialismo se concentró el martes en el emblemático puente Llaguno, en el centro de esta capital, para recordar los 15 años del efímero golpe de Estado contra Hugo Chávez (1953-2013). El día del golpe, las calles de Caracas se bañaron de sangre: el centro fue escenario de enfrentamientos, específicamente el puente Llaguno.

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Según lo reseñó esta semana la Agencia de Información de la ENS, Ecopetrol y el Estado colombiano vienen dando un duro tratamiento al conflicto laboral originado en la grotesca política de precarización laboral en esta empresa estatal, consistente en la reducción del 50% del salario de los trabajadores tercerizados de apoyo logístico, como vigilantes, aseadores, personal de cafeterías, entre otros, a quienes además se les ha despojado del derecho a los servicios de transporte y alimentación, y les han eliminado garantías de estabilidad laboral.

Lo triste de esta historia es que quienes vienen siendo maltratados por esta política laboral de Ecopetrol, y por la fuerza pública, son los trabajadores de más bajo rango en la estructura de la empresa, es decir, los que menos ganan. Y es más deprimente aún que el escenario de la desigual confrontación sea Reficar, la refinaría de Cartagena, proyecto de Ecopetrol que ha ganado resonancia nacional por los sobrecostos en su ejecución, que según la Contraloría supera los 2.000 millones de dólares (unos 7 billones de pesos). Aunque en una versión anterior los cálculos superaban los 4.000 millones de dólares.

El ingreso promedio de estos trabajadores, que era de unos dos salarios mínimos, se redujo a un salario mínimo, esto en un contexto macro-económico de contracción en los salarios, rezagados frente a la espiral inflacionaria, y de una reforma tributaria profundamente regresiva.

En Reficar hay unos 400 trabajadores afectados por esa política “neonzi” de Ecopetrol, con la que ésta se ahorraría este año unos $3.600 millones. Mientras que los $7 o $14 billones que saquearon de la empresa aún no se recuperan, y ni uno solo de los responsables del saqueo se encuentra tras las rejas. Un saqueo en el que están comprometidos altos funcionarios de Ecopetrol y de los gobiernos de Uribe y Santos, que actuaron en contubernio con empresas del sector privado como Andamios Anderson de Colombia, Aseo Urbano de la Costa, transportes Calderón S.A, y la firma estadounidense CB&I, encargada de la construcción de la obra.

Dos salarios mínimos en Colombia equivalen aproximadamente al costo de la canasta mínima vital para una familia de ingresos bajos, por lo que la contracción salarial del personal de logística en Reficar significa que de ahora en adelante solo podrán acceder a la mitad de la misma, con todo lo que esto significa para una familia pobre.

La encuesta de la firma Invamer Gallup, dada a conocer el 2 de marzo, deja entrever que para los colombianos los dos problemas que más preocupan son precisamente la corrupción y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Difícilmente se podrá construir una paz estable y duradera si la implementación de los acuerdos del fin del conflicto armado suscrito con las FARC, y el que se suscriba con el ELN, no se fundamenta en una política pública de trabajo decente que restablezca la importancia social que el trabajo tuvo en el pasado.

Trabajo Decente es una vieja idea que ha acompañado al sindicalismo desde el origen de los tiempos, y que OIT se plantea como el nuevo reto, inicialmente para los Estados miembros. Según OIT, el Trabajo Decente “resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad”

De acuerdo con esta definición, podemos concluir que la paz se construye con empleo y una política salarial (ingresos) que cierre la brecha inicialmente entre salario mínimo legal y salario mínimo vital, y de manera progresiva se siga mejorando el poder adquisitivo para garantizar el desarrollo de las familias y las personas como tránsito hacia una Paz con Justicia Social.

Lo que se ve entonces es que el Gobierno Santos y Ecopetrol van en contravía de los compromisos internacionales adquiridos en OIT, que a través de sus normas ha construido un estándar mínimo de condiciones laborales para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

No es con leyes arbitrarias y con violencia estatal contra las expresiones democráticas de movilización y protesta de los trabajadores como se construye la paz. Esta se construye creando nuevas oportunidades laborales, con ingresos que tengan poder adquisitivo que garanticen el mínimo vital; con un sistema de seguridad social con enfoque de derechos y no de negocio, como la Ley 100 de 1993; con garantías para el ejercicio de las libertades sindicales y dialogo social, no con garrote ni culatazos, ni penalización de la protesta.

¿Son los convenios de OIT y el reto estratégico de Trabajo Decente los referentes de la política laboral del presidente Santos y Ecopetrol? ¿O lo serán acaso los campos de concentración de la Alemania Nazi?

Toda nuestra solidaridad y respaldo a la Unión Sindical Obrera en esta nueva batalla que adelantan en defensa de los 7.000 trabajadores más precarizados por parte de la estatal petrolera Ecopetrol.

Fecha: Marzo 6 de 2017

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