La movilización social por el derecho fundamental a la salud, ha sido una constante en la historia del país. Ha incluido demandas de la gente por condiciones salubres en su vida y trabajo, por saneamiento básico y ambiental, por centros de salud y hospitales y acceso oportuno y con calidad a ellos, condiciones laborales dignas en el sector salud, atención a las personas con enfermedades no atendidas o de alto riesgo, reconocimiento de saberes y prácticas tradicionales en salud, entre otras muchas demandas1.
La propuesta de reforma del sistema de salud de base neoliberal, que se impulsó en el año 1991 y se concretó a través de la Ley 100/93, abrió el escenario para un nuevo ciclo de protestas en el campo de la salud, en contra de un modelo privatizador de la seguridad social y los servicios de salud, que impuso demostrar capacidad de pago para recibir los bienes de salud necesarios y que, con una política de focalización de subsidios, generó accesos desiguales a los servicios entre quienes pertenecen al régimen subsidiado y contributivo, y quienes pertenecen a los regímenes especiales.
Esta política neoliberal en el campo de la salud, aunque mejoró la cobertura de aseguramiento y aumentó los recursos financieros para este sector, no generó una mejora en el acceso a este derecho fundamental, ni perfeccionó la equidad y eficiencia del sistema de salud, ni mucho menos la calidad de los servicios. Lo que sí ocurrió fue un incremento de la participación del sector privado en la prestación de servicios, un deterioro de las políticas y programas de salud pública y una flexibilización de las formas de contratación pública llevando con todo esto a una precarización de las condiciones de trabajo de los empleados del sector, entre otros efectos negativos2.
Las movilizaciones y luchas por la salud en contra de esos efectos negativos han pasado por diversos periodos, que han creado variadas formas de articulación y organización, dando cuerpo a amplias propuestas de reforma.
No podemos olvidar los múltiples repertorios de acción colectiva impulsados desde la movilización social por la salud en estas décadas, que han incluido congresos nacionales por la salud, campamentos humanitarios por la salud, asambleas territoriales por el derecho a la salud, audiencias públicas y muchas protestas sostenidas; dinámicas que también han permitido construir formas organizativas tan valiosas como el Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social, la Alianza Nacional por la Salud, la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, el Pacto por la Vida y la Salud, y la Cumbre Social y Política, entre muchas otras organizaciones.
Estas múltiples acciones y organizaciones han contribuido por años a abrir un debate público amplio en el país para que la salud se entienda y garantice como un derecho humano, al tiempo que generar propuestas alternativas para configurar un sistema y políticas garantes de este derecho.
La movilización social debe intensificarse
Una de las enseñanzas dejadas por todo ese proceso de acción colectiva, resalta la imposibilidad de una reforma al sistema de salud sin la participación amplia y sostenida de la movilización social, tanto para la configuración del contenido de la propuesta, como para su respaldo, como para su implementación.
Una enseñanza sustancial, imposible de olvidar, en un momento sui generis como la que vivimos. Particularidad histórica que nos coloca ante el reto de saber actuar por parte de todo el tejido social para concretar el sueño de una reforma de este sector que configure un sistema de salud humano, destinado al cuidado y atención y no al lucro, que ayude a resolver los problemas de salud que viven las comunidades, que le de el valor que merecen los y las profesionales del sector, que cuide los recursos públicos y los destine de mejor manera para afectar, de manera cierta, las determinaciones sociales de la salud.
Pero hoy, dada la actuación de los sectores hegemónicos de la sociedad, representados en los partidos tradicionales, gremios económicos –como la Andi y Acemi– o figuras públicas y académicas como Alejandro Gaviria, así como el tinglado gubernamental enfrascado en negociaciones para sostener la gobernabilidad, queda en entredicho la posibilidad de que esta reforma vaya en el sentido requerido y demandado por años de movilización social. Un riesgo real si las EPS se mantienen, pues de ser así los dineros públicos de salud continuarán siendo manejados por el sistema financiero, por actores de mercado, asunto que quiebra el sentido profundo de la reforma, en la perspectiva de reorganizar el sistema de salud con un enfoque de derecho y no de lucro.
Un riesgo que le exige a los sectores y organizaciones sociales actuar decididamente, ganando, con autonomía, protagonismo en medio de esta coyuntura. El silencio no es posible. La forma como los gobiernos progresistas pueden avanzar en la línea deseada, es producto de la movilización y presión de los diversos sectores sociales, para que las decisiones que orienten y tomen, salden deudas históricas de injusticia social, en este caso de injusticia sanitaria.
Ahora es el momento de concretar este sueño y deseo gritado por años, es el momento para contar con una mejor respuesta institucional a las problemáticas de salud, es el momento de no recular: hoy, más que nunca, debe intensificarse la movilización social que conduzca a que se configure, apruebe e implemente la necesaria reforma del sistema de salud.
* Texto adaptado de Torres-Tovar, Mauricio, “Reforma a la salud: soñada, demandada, pensada durante años”. Periódico desdeabajo, Nº297, noviembre, 2022, https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-n-297/item/reforma-a-la-salud-sonada-demandada-pensada-durante-anos.html
1 Torres-Tovar, Mauricio, Lucha social contra la privatización de la salud. Bogotá, Cinep, 2013.
2 Torres-Tovar, Mauricio, “Resistencias y luchas sociales en Latinoamérica por la garantía de la universalización del derecho a la salud. El caso colombiano”. En: Por el derecho universal a la salud. Buenos Aires, Clacso, 2015.
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