El Plan Municipal de Desarrollo (PDM) o Plan Distrital de Desarrollo (PDD), es un instrumento de planeación estratégica que define las acciones por llevarse a cabo en un municipio durante un período de gobierno, generalmente cuatro años. El PDM busca orientar el desarrollo económico, social y ambiental del territorio, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En Medellín, a la fecha, hemos tenido diversos planes municipales, pero para este año 2024, por primera vez han aprobado un Plan Distrital de Desarrollo en tanto ha variado la categorización administrativa de la ciudad, lo que implica mayores recursos y énfasis.
A la fecha, los diferentes Planes Municipales han sido fieles al modelo neoliberal de espacio y territorio, han moldeado una ciudad para el mercado, para la prestación de servicios. Un modelo que ha exigido procesos de desindustrialización. Esto ha derivado en ciclos de exclusión, procesos de gentrificación creciente y poca o nula inversión para la satisfacción y reclamos de las comunidades menos favorecidas.
Algunas sombras sociales, en la ‘pujante’ Medellín
Medellín, la ciudad tal vez más vendida, publicitada y mercadeada del país, ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas emergiendo como un centro vibrante de innovación, cultura y desarrollo económico. Sin embargo, detrás de esta fachada de progreso persisten desafíos que empañan el panorama: la desigualdad, la exclusión, la informalidad laboral, la economía del rebusque, la creciente gentrificación y la lamentable turistificación, entre otros males.
Según informes como: Desarrollo Humano Medellín (2018), Plan de Desarrollo Medellín 2020-2023, Observatorio Laboral de Medellín y el Dane (2024)1, podemos decir que las cifras hablan por sí solas (Tabla).
La pobreza y pobreza extrema se agudizan en las periferias, así mismo el aumento de una población flotante habitante de calle que parecen no importar de manera real a los tomadores de decisiones públicas.
La presencia de grupos armados ilegales, combos, estructuras, redes de prestación de servicios criminales en algunas zonas genera inseguridad y limita la movilidad de sus habitantes, especialmente de la juventud. Una realidad que afecta el tejido social y obstaculiza el desarrollo de las comunidades, además de ejercer incluso una gobernanza local de facto.
Según informe de derechos humanos de la Personería de Medellín (2021), en la ciudad hay aproximadamente 140 organizaciones criminales subdivididas en 350 combos y entre 15 y 20 bandas que imponen reglas, prestan seguridad, administran justicia, controlan la vida cotidiana y cobran impuestos. Los principales afectados: los transportadores, comerciantes y la ciudadanía, quienes sufren extorsiones semanales bajo la amenaza de desplazamiento forzado. Ejercen control en toda la ciudad, pero se resaltan estos ejemplos: en la Comuna 2 (Santa Cruz), Comuna 5 (Castilla), Comuna 6 (Doce de Octubre), Comuna 12 (La América), Comuna 13 (San Javier). Vele recordar que, en El Poblado y Laureles – Estadio, ejercen control de la venta de drogas, prostitución y extorsión, pero, sin regular la vida diaria de los habitantes2.
Pero: ¡Ahora somos Distrito!
La planeación urbana y para el desarrollo en Medellín ha perpetuado la exclusión y marginalización de ciertos sectores de su población, favoreciendo a las élites económicas, mientras despojan a las comunidades vulnerables de sus derechos territoriales. Es una realidad que resalta en la falta de inversión en infraestructura y servicios básicos en los barrios más marginales, lo que agrava las desigualdades sociales. Es así como el espacio público se convierte, incluso, en un campo de disputa entre diferentes actores sociales. La forma en que se diseñan y gestionan los espacios públicos refleja y reproduce las desigualdades.
Es así como el modelo de desarrollo de Medellín, hoy Distrito, no ha dejado de profundizar sus contradicciones intrínsecas. Aunque la ciudad ha sido presentada como un ejemplo de innovación y transformación a nivel internacional, de un modelo de “seguridad” para exportar en América Latina, este modelo ha generado profundas desigualdades. La expansión territorial ha desplazado a comunidades enteras y ha favorecido proyectos de infraestructura que benefician a sectores específicos de la economía, dejando a muchos sin acceso a vivienda digna y servicios esenciales3.
La relación entre el conflicto armado y el urbanismo es un tema central pues da cuenta del cómo las dinámicas de violencia han moldeado su desarrollo urbano, afectando tanto a la configuración física de la ciudad como a sus estructuras sociales. El desplazamiento forzado, la segregación espacial y la fragmentación urbana son algunos de los efectos más sensibles y reiterativos4.
Ya se aprobó: Medellín (poco) “te quiere”
El Plan de Desarrollo “Medellín Te Quiere 2024-2027” fue aprobado en el Concejo de la ciudad el pasado 29 de mayo con 19 votos a favor y 2 en contra, tras un mes de análisis y más de 12 horas de debate en esta última plenaria. El Plan, que tendrá una inversión total de $40.7 billones, se estructura en 5 pilares principales: bienestar social, igualdad de oportunidades, confianza institucional, infraestructura y desarrollo sostenible. Los recursos se distribuirán entre estos pilares con asignaciones específicas para bienestar social y económico ($11 billones), agenda social ($8.8 billones), confianza y transparencia ($4.8 billones), infraestructura y desarrollo ($6.3 billones) y sostenibilidad ambiental ($659 mil millones).
El alcalde Federico Gutiérrez y varios concejales celebraron la aprobación del Plan, resaltando su compromiso con la transparencia, la austeridad y el fortalecimiento de la cultura ciudadana. Gutiérrez enfatizó que estos recursos se gestionarán para recuperar la confianza y mejorar la vida de los habitantes de la capital antioqueña.
No obstante, la aprobación del Plan ha generado controversia y críticas significativas de diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y los dos concejales que votaron en contra. Las principales críticas se centran en la exclusión de importantes temas y sectores vulnerables de la población, lo que, según los detractores, muestra una falta de inclusión y atención a las necesidades de toda la ciudadanía.
-Algunas de las principales alertas:
La Red popular: Somos Territorio, que articula más de 10 organizaciones sociales, populares y sectores de la academia, presentó propuestas técnicas de cara a este Plan, de igual manera dejó en claro que sus históricos reclamos, una vez más, ahora siendo Distrito, no fueron tenidas en cuenta5. Resaltaron la importancia de incluir estas perspectivas para lograr una sociedad más justa, equitativa y pacífica en la región, algunas de ellas:
Exclusión de Planeación Comunitaria y Gestión del Riesgo. Se señala que el Plan no incorpora adecuadamente la planeación comunitaria para la gestión del riesgo ni la protección del medio ambiente en plena emergencia climática.
Ausencia de Apuestas por la Paz. Resaltan que no contiene una apuesta clara por la paz, perpetuando una visión de seguridad que criminaliza a los jóvenes en lugar de abordar las condiciones estructurales de la violencia.
Falta de Inclusión de Sectores Vulnerables. Temas como la inclusión de la población sorda, acciones frente a la emergencia climática, apoyo a vendedores informales, programas de paz y fomento artístico quedaron fuera del plan.
La Agenda Ciudadana de Paz de Medellín, una red que recoge el sentir de múltiples organizaciones sociales, populares, barriales, manifestó su preocupación por la falta de inclusión de temas afines a la protección de los Derechos Humanos, argumentando que esto perpetúa la vulnerabilidad y el riesgo, socavando la confianza en las instituciones y el compromiso con los derechos humanos y la paz. Por medio de un documento público titulado: Todo lo que no fue incluido en el Plan de Desarrollo Territorial de Medellín. “Eso no pasa en Colombia”, desarrollaron su preocupación al no haberse tratado temas como:
• Priorización de la protección de los defensores de derechos humanos, con énfasis en la integridad física y psicológica de estos actores clave en la sociedad.
• Enfoque en la inclusión de las víctimas, la verdad y sus memorias.
• Garantía de justicia, protección y participación ciudadana para la construcción de paz.
• Protección de la vida y derechos de las mujeres, así como de la infancia y la juventud.
• Compromiso real de las autoridades locales en la promoción de la justicia social y la protección de los derechos humanos.
• Exigencia de respuestas contundentes y acciones efectivas para abordar la violencia, persecución y vulneración de derechos en la región.
• Rol fundamental de los medios de comunicación en la promoción de los derechos humanos, y la necesidad de tutelar los derechos y deberes de las autoridades locales.
• Monitoreo y evaluación de las acciones implementadas, así como la eliminación de obstáculos burocráticos que afectan los procesos de paz.
• Necesidad de políticas integrales que escuchen y visibilicen a las víctimas, implementando acciones concretas para su reparación y memoria
El senador Omar Restrepo del partido Comunes, por su parte, resaltó la necesidad de un enfoque más inclusivo y equitativo en la planeación urbana. Sus propuestas subrayan la importancia de abordar las necesidades de los sectores más vulnerables de la población, mejorar la gestión del riesgo y promover una vivienda digna y accesible para todos sus pobladores.
Así mismo expresó preocupaciones y críticas significativas, destacando la falta de soluciones efectivas para los residentes afectados por proyectos de renovación urbana, y aquellos que viven en zonas de alto riesgo; algunos de los argumentos expuestos:
– Falta de soluciones para los afectados por renovación urbana. Restrepo señala que el PDD no ofrece nuevas soluciones para las personas afectadas por proyectos de renovación urbana. En su opinión, el Plan solo promueve el desarrollo de proyectos parciales que, en la mayoría de los casos no han demostrado ser efectivos6.
– Ineficacia de la política de protección a moradores. Desde 2019, la política pública de protección a moradores (Acuerdo 145) ha sido implementada, pero según Restrepo, su papel ha sido limitado a regularizar desplazamientos sin ofrecer soluciones verdaderas. Ejemplos específicos mencionados incluyen las obras del metro ligero de la Avenida 80 y la situación en Moravia, donde la Política Pública de Protección a Moradores, Actividades Económicas y Productivas (Pppmaep), concebida en el artículo 573 del Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 048 de 2014) pero que cobró vida luego de la presión social varios años después, bajo el Acuerdo Municipal 145 de 2019, ha resultado ser insuficiente7, pues la falta de voluntad política de sus gobernantes y el ropaje del Modelo de una ciudad neoliberal no han permitido la satisfacción, respeto y defensa de los derechos básicos, afectando derechos individuales, colectivos, económicos, sociales, culturales y el respeto por el derecho mismo a la Ciudad.
– Insuficiencia de recursos para mitigación de riesgos. La Mesa de Vivienda y Hábitat Comuna 8 y el Movimiento de Laderas de Medellín han advertido que la propuesta financiera del PDD no aborda los grandes retos de la ciudad. Restrepo critica que, aunque el Plan reconoce los problemas en su diagnóstico, no asigna suficientes recursos para la mitigación de riesgos de infraestructura pública, dejándola en una posición reactiva8.
En específico, solo se han asignado 181.000 millones de pesos para la gestión del riesgo de desastres, lo que representa un 0.45 por ciento del presupuesto total para el cuatrienio. Restrepo considera que esta cantidad es insuficiente para enfrentar los crecientes desafíos del cambio climático.
– Necesidad de vivienda de interés prioritario (VIP). El Senador propone la implementación de programas de Vivienda de Interés Prioritario para facilitar el acceso a techo a las personas más vulnerables. Sin embargo, critica que la administración de Federico Gutiérrez solo ofrecerá subsidios limitados, lo que podría endeudar a las personas en lugar de proporcionarles viviendas adecuadas.
A pesar de que el déficit de vivienda en Medellín es relativamente bajo en comparación con el país, miles de personas aún no tienen un techo digno. Restrepo destaca que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) actual prioriza la renovación urbana para viviendas comerciales de alto valor, dejando de lado la vivienda social.
– Ajuste necesario del POT. El PDD propone revisar y ajustar el POT a mediano plazo. Restrepo subraya que, si el alcalde desea ser consecuente con un enfoque social, es crucial evitar la gentrificación y promover la flexibilidad en los Planes de legalización y regularización urbanística (Plru) para los sectores populares.
– Exigencia de una Medellín justa y equitativa. Finalmente, Restrepo exige una Medellín más justa y equitativa, donde los instrumentos de planeación reflejen un compromiso real con la vivienda digna, la protección de los moradores y la gestión del riesgo. Según él, esto es esencial para garantizar el derecho a la ciudad para todos sus habitantes9.
El concejal José Luis Marín, uno de los dos concejales que votaron No al PDD señaló que, aunque se han hecho esfuerzos para mejorar el Plan de Desarrollo, muchas voces no han sido escuchadas, y otras tantas no han sido consideradas. Cuestiona la falta de un enfoque integral en áreas críticas como la mitigación del riesgo climático, la atención a las economías populares, la paz territorial, y el arte y la cultura. Insiste en la necesidad de un compromiso real con los derechos y servicios sociales que ha conquistado la ciudadanía en un Estado Social de Derecho, independiente de las apuestas ideológicas del gobernante de turno.
El concejal resaltó, además, algunos reclamos al PDD, como:
– Crisis climática y mitigación del riesgo. Las enmiendas relacionadas con la crisis climática y la mitigación de riesgos, como los aguaceros, avenidas torrenciales y movimientos en masa, no fueron aprobadas. Se resalta la necesidad de acciones inmediatas para enfrentar el cambio climático.
– Atención integral a trabajadores informales y economías populares. El Plan no aborda adecuadamente la atención integral a los trabajadores informales y a las economías populares. Se destaca la importancia de ofrecer un acompañamiento integral y mecanismos para la garantía de derechos.
– Paz territorial urbana. No se incluyeron acciones estratégicas para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado ni para implementar los acuerdos de paz. Se subraya la necesidad de barrios de paz como escenarios de reparación colectiva.
– Arte y cultura. Las propuestas relacionadas con el arte y la cultura no fueron aceptadas. Se enfatiza la importancia de estos sectores para el desarrollo integral de la comunidad.
– Observatorio de Mujeres de Medellín. Acompañados por la Mesa Mujer, se propuso la creación del Observatorio de Mujeres de Medellín, así como la inclusión de indicadores relacionados con salud menstrual, interrupción voluntaria del embarazo (IVE), y la continuidad del “Programa Integral de Protección a Mujeres Víctimas de Violencias”. Esta propuesta fue incluida, lo que representa un avance significativo en la protección de los derechos de las mujeres.
– Índice multidimensional de integración (IMI). Se propuso la creación de un Índice multidimensional de integración para medir y superar la pobreza, así como la inclusión de comunicaciones institucionales en Lengua de señas colombiana (LSC).
– Bibliotecas Populares. También se sugirió el fortalecimiento de las bibliotecas populares como un componente esencial para el desarrollo comunitario.
Juan Carlos Upegui, el segundo concejal que votó en contra de este PDD, señaló la falta de Enfoque en Ciencia, tecnología e innovación. El cabildante argumenta que no hay acciones estratégicas para convertir a Medellín en un distrito de ciencia, tecnología e innovación y continuar el camino trazado por el anterior Plan de Desarrollo.
Continuidad elitista
El Plan de Desarrollo Distrital de Medellín 2024-2027, aunque aprobado y celebrado por ciertos sectores, enfrenta críticas por su falta de inclusión y atención a temas fundamentales para el desarrollo equitativo y sostenible de la ciudad. Las preocupaciones expresadas por los críticos destacan la necesidad de un enfoque más inclusivo y holístico que realmente considere las necesidades de todos los habitantes de Medellín, especialmente los más vulnerables.
Sigue una suerte de continuidad de planes de desarrollo municipales al distrital, se da un continuo de acciones que invisibilizan propuestas y realidades. Como lo plantea en su análisis Franco (2011) desde 1998 al 2011, cada plan de desarrollo, por ejemplo, señalaron sistemáticamente a la pobreza como un problema irresuelto de la ciudad (p. 21)10. De esta forma si bien se reconoce el reto de la ciudad para la superación de la pobreza, a la vez se naturaliza la existencia de ella año tras años en el relato desarrollista y la búsqueda de la formula según la cuál entre mayor riqueza allá en la ciudad, mayor es la posibilidad de que está se “derrame” o distribuya hacía otros sectores “menos favorecidos”.
Se subraya la importancia de considerar las voces y necesidades de las comunidades más vulnerables. Sus reclamos, propuestas y escritos llaman a repensar la planificación urbana desde una perspectiva de justicia social, donde la ciudad sea un espacio inclusivo y equitativo para todos sus habitantes.
Los movimientos sociales en Medellín son actores clave en la lucha por el derecho a la ciudad. Estos movimientos han desarrollado formas de resistencia contra las políticas urbanas excluyentes y han promovido alternativas basadas en la justicia social y la equidad, han desarrollado diversas iniciativas comunitarias que buscan transformar la ciudad desde abajo, enfatizando la importancia de la organización popular y la participación ciudadana en la planificación urbana. Movimientos que ya han demostrado en el pasado y en el presente su capacidad propositiva y programática construyendo barrios enteros y al menos un 80 por ciento de la ciudad de Medellín.
El éxito de los planes municipales de desarrollo y ahora Distrito Medellín depende en gran medida de su capacidad para incluir y fortalecer a las comunidades vulnerables.
Se requieren metodologías de participación eficaces para lograr una planeación urbana más inclusiva y equitativa, que responda a las necesidades reales de las comunidades y promueva una paz urbana sostenible sobre el entendido de la paz desde una mirada constitucional, satisfacción de derechos, mínimos vitales, calidad de vida, buen vivir, equidad, justicia social.
Este enfoque requiere un compromiso firme con la participación comunitaria, real, efectiva, incidente, un compromiso con la transparencia y la equidad en la distribución de recursos, así como una evaluación continua del impacto de las políticas implementadas.
Fortalecer las redes de organizaciones populares, sociales y la academia cobra especial valor de cara a integrar propuestas y acciones concretas de cara a la Revisión Parcial del POT que deberá estar iniciando primer semestre de 2025.
1 Dane (2024). Mercado laboral abril. En: https://shre.ink/DFAR
2 Personería de Medellín. (1 de julio de 2021). Informe de Derechos Humanos de la Personería de Medellín con respecto a la criminalidad y la violencia en la ciudad. Obtenido de Boletin 43: https://shre.ink/DFAJ
3 Mesa Duque, N., Insuasty Rodríguez, A., Valencia Grajales , J. F., Zuluaga Cometa , H. A., & Borja Bedoya , E. (septiembre de 2019). Víctimas del desarrollo en Medellín. Progreso y Moradores en disputa. Obtenido de Editorial Kavilando: https://shre.ink/DFA4
4 Betancur , S., Bedoya , J., & Garcia, Y. (2019). Coerción extorsiva. Medellín. Obtenido de Pregón: https://shre.ink/DFAP
5 Red Somos Territorio . (17 de marzo de 2023). Aportes Populares para el Plan de Desarrollo Distrital de Medellín 2024-2027. Red de procesos populares “SomosTerritorio” … Obtenido de Kavilando: https://shre.ink/DFAw
6 Restrepo, O. d. (6 de junio de 2024). Alertas frente al Plan Distrital de Desarrollo. Medellín. Obtenido de X: https://x.com/Omar_Comunes/status/1798682469404708872
7 Ídem.
8 Ídem.
9 Ídem
10 Franco Restrepo V., Medellín: orden, desigualdad y fragilidad, Corporación Jurídica Libertad, 2011.
* Docentes investigadores universitarios, integrantes de la Red Interuniversitaria por la Paz Redipaz, [email protected] y [email protected]
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