Acuerdo Nacional o hecho (más que proceso) constituyente –cruzado por el efecto en la opinión social del pleito en la Comisión de Acusaciones– es el gran dilema del presidente Gustavo Petro al procurar no perder la iniciativa e impedir que el sol le caliente la espalda, a escasos dos años de mandato. Asimismo, será la reiteración para no dejar arrinconar al gobierno que preside, junto con un abrir espacios para una negociación de “perdón para todos” –280 políticos condenados por delitos varios, así como en investigación por variedad de violaciones a la ley–, al tiempo que crearle piso político a un acuerdo con sectores del establecimiento para las elecciones del 2026.
Esta es la escena sin telón que el pasado 5 de junio quedó abierta ante los ojos y los oídos de todo el país, cuando la senadora María José Pizarro explicó el voto del Pacto Histórico a favor de la aprobación del Proyecto de Ley Estatutaria de la Educación Superior en la Comisión Primera del Senado: “[…] ¿Qué es lo que estamos haciendo? El gran piso para un Acuerdo Nacional, para un Acuerdo sobre lo fundamental”.
Ante esta peripecia y tales explicaciones, muchos quedaron congelados; otros tantos, sorprendidos, y no pocos, lelos. Unos y otros, casi todos, con expresión de inconformidad ante lo que sucede con el Gobierno del Cambio. En su mayoría, muchos actores sociales que son incondicionales con el actual gobierno, que han dejado pasar en silencio medidas económicas que fueron aprobadas a lo largo de los dos años de esta experiencia inédita, y que afectaban los bolsillos populares, entre ellos al Magisterio, no pudieron –no podían– contenerse y marcaron distancia con lo aprobado: “El proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República […] choca rotundamente con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y Fecode”. Entonces, tocó volver a copar la calle.
Así, el 12 de junio el Magisterio hizo sentir su fuerza en todo el país y, además, determinó la “toma de Bogotá” para el 17 del mismo mes, cuando se supone que pasa o se hunde esa reforma. Su peso de tonelada obligó al Pacto Histórico a desconocer lo refrendado antes; a reconocer lo inconsecuente de su proceder, con lo cual, si nos atenemos a que se está pavimentando el piso para un Acuerdo Nacional, el mismo padecerá lentitud, congelamiento y/o retroceso. En silencio, con seguridad, unos y otros partidos seguirán tejiéndolo.
Es aquella una decisión que recuerda algo que no se debe perder nunca: la autonomía de los movimientos sociales. Hace resonar que, aun estando ellos de acuerdo con un gobierno que no solo apoyan sino que sienten propio, no por eso hay que dejar de cuestionar y rechazar cualquier medida que afecte a los sectores populares. Y esto no sucedió a lo largo de estos casi 24 meses. Con el argumento de que criticar al gobierno es “hacerles el juego a los contrarios”, se perdió la iniciativa; se dejó de educar, de realizar procesos de politización en todo momento, y de señalar el horizonte hacia el cual hay que caminar de manera mancomunada. Un proceder así, con resultados un tanto nefastos, deja sin autoridad y legitimidad a los movimientos sociales, ya que, en adelante, ¿cómo oponerse y cómo citar a las gentes a la calle ante factibles medidas antipopulares que tome el gobierno que le suceda, en caso de no lograrse la continuidad de la actual experiencia gubernamental en el 2026?
La enseñanza, no solo producto del gobierno liderado por Petro sino que emana de lo vivido, por ejemplo en Argentina, es que cuando se deja de criticar y llamar a la corrección al gobierno, cuando se le permite hacer y deshacer, se pavimenta el camino para que los sectores del establecimiento retomen las riendas del gobierno. En otras experiencias, como la de Venezuela, aunque no se pierden las riendas del gobierno, sí se esfuma la legitimidad política y social, por lo cual ‘toca’ recurrir en todo momento a medidas poco democráticas para que los opuestos no les desplacen del Palacio de Miraflores, llegando, incluso, a perseguir y judicializar a históricos actores de la lucha por el socialismo en ese país por el solo hecho de pretender y actuar a favor de un reencuentro con las mayorías y la realización de sus sueños de bienestar, justicia y libertad.
Un silencio así no se debe tener espacio, pues conlleva, además, ser consecuentes con la constante histórica que indica que acceder al gobierno no implica necesariamente hacerlo también al poder, que descansa en una legitimidad de mayorías y una correlación de fuerzas concretas. Por esa condición es necesario, obligatorio, en todo momento, potenciar experiencias de poder alterno, poder territorial, asociado, y, como es apenas lógico, de proyectos de economía propia –cooperativa, solidaria–, de educación popular, así como de experiencias vivenciales en medio ambiente, servicios públicos, vivienda, y todos aquellos aspectos que tienen que ver con la vida y la sociedad como hecho común.
No proceder así, conformarse con el control del aparato gubernamental, es cerrar los ojos ante la materialidad del poder. Es olvidar la realidad del régimen político, de las clases que controlan el aparato productivo, así como el financiero, y no tener presente que un contrapoder parte de abajo, de las dinámicas en cada comunidad y no del fetiche institucional.
En ese proceder y aquel propósito de darle piso a un doble poder, el aparato gubernamental en manos del cambio tiene como reto apoyar en todo tiempo y por todos los medios y conductos la autonomía popular, una condición que pueda ir horadando al Estado burgués para que teja poder territorial.; es un actuar que necesita las dos piernas, no solo una, si de verdad se está comprometido con una solución alternativa para el país, que vaya más allá de lo inmediato.
Es igualmente un actuar aún más indispensable si se tiene en cuenta que el Sistema Mundo Capitalista atraviesa una crisis sistémica, en medio de la cual todo lo conocido hasta ahora está en cuestión, y las ventanas para mirar más allá de la nariz están abiertas. Es indispensable, para aprovechar esa realidad, otear en simultáneo con binóculos y con microscopio. No proceder así, como parece estar sucediendo entre nosotros, hace perder el horizonte. No es opción válida terminar privilegiando un Acuerdo Nacional por arriba, una modalidad de Acuerdo que deje colgados de la cuerda a los movimientos sociales alternativos, en primera instancia al Magisterio, pero sin blindar a ningún sector, por cuanto las exigencias de los sectores del establecimiento, para ensamblar el Acuerdo en cuestión, implicarán que el paquete reformista en discusión quede sin filo. Tal vez aprobadas unas u otras de las medidas pretendidas, pero nada más que buscando “cambiar para que todo siga igual”.
Proceder en consecuencia para que todo esto no suceda es la primerísima responsabilidad del actor social de carácter alternativo. De cumplirla con firmeza depende la suerte final de la experiencia nueva que estamos viviendo, así como de la vitalidad histórica de expectativa y proyección, y de futuro y autoridad ética de los movimientos sociales.
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