Entender el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) del gobierno distrital encabezado por Carlos Fernando Galán –2023/2027–, implica reconocer su identidad e intereses políticos y económicos que se mueven a su alrededor, así como su visión de ciudad enmarcada en los relatos y apuestas políticas de quienes con su sello impuesto a lo largo de decenas de alcaldías determinaron las características fundamentales que marcan el territorio que hoy ocupa Bogotá y las circunstancias de vida de los millones que la pueblan.
Las principales discusiones del PDD
El PDD aprobado el pasado 29 de mayo, “Bogotá camina segura”, está estructurado a lo largo de 321 artículos, que le dan forma a los 5 pilares que lo soportan: Bogotá avanza segura (seguridad y movilidad), Bogotá confía en su bienestar (derechos sociales y acciones contra la pobreza), Bogotá confía en su potencial (desarrollo económico), Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática (ambiente y conectividad regional) y Bogotá confía en su gobierno (modelo de gestión administrativa y gobierno abierto).
Como en otras alcaldías, el Plan fue sancionado pasando por encima de diversas recomendaciones presentadas por el Consejo Territorial de Planeación Distrital y con la venia de las mayorías del Concejo que responden a los intereses de los partidos tradicionales, y quienes están detrás de ellos. Una realidad que despierta diferentes preocupaciones entre actores sociales alternativos:
Un enfoque de seguridad que no dejará a la ciudadanía ni un minuto en paz
La principal apuesta de Galán es la seguridad “integral”, desde un enfoque punitivo, policial y de criminalización. Algunas ideas vertebrales son: aumentar el pie de fuerza policial de la capital, integrar el sistema de vigilancia pública con el sistema de vigilancia privado, vincular a los veteranos de la Policía al sistema de convivencia ciudadano y fortalecer los frentes de seguridad.
Los problemas de convivencia en la ciudad son vistos bajo un enfoque de segregación y criminalización de la pobreza, señalando que es en los sectores populares donde se presentan más infracciones a la Ley, estableciendo como medida la aplicación policiva y sancionatoria del Código de Convivencia y Ciudadanía, procederes que en la práctica se convierten en el despliegue de la Policía entregando multas por contravenciones comunes, mientras no hay una actuación clara frente a los delitos de alto impacto (homicidios, feminicidios, hurtos a personas, entre otros.)
Por otro lado, integrar los circuitos de vigilancia públicos y privados, la actualización normativa del C4, vincular veteranos y fortalecer los frentes de seguridad; nos deja en una delgada línea entre el control público de la seguridad y la implementación de un modelo de seguridad colaborativo con el sector privado, que podría llevar al fortalecimiento de estructuras paramilitares.
Finalmente, la visión sobre la paz es limitada y sobrepasada por la idea de que “seguridad es paz”, consigna con la que se profundizó la violencia en Colombia en gobiernos como los de Uribe. El Plan pasa por alto la disposición de la Ley 2272 del 2022, al no tener un capítulo dedicado a la paz y enfatizar en acciones aisladas para el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en La Habana. De igual manera, deja totalmente ausente la participación de la ciudadanía en la construcción de paz, no prioriza acciones para el fortalecimiento de los consejos de paz y las mesas de víctimas; y aunque refiere un programa para combatir la criminalidad, desconoce la importancia de la paz urbana y de reconocer las dinámicas citadinas del conflicto mencionadas en el Informe de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad.
Un Gobierno de frente con las empresas y de espalda a la gente
El derecho a la ciudad se convierte en privilegio del sector financiero, fortaleciendo el rostro de un gobierno corporativo que le entrega el espacio público a las empresas mediante alianzas público-privadas para la explotación comercial, especialmente en aquellas zonas donde se desarrollarán los principales proyectos de transporte, urbanísticos y culturales o donde hay mayor dinamización de la economía como los escenarios o centros de grandes espectáculos. Así se procede, mientras se persigue a los vendedores ambulantes y en deterioro de las economías populares (tiendas, líchigos, entre otros).
Por otro lado, en cumplimiento del acuerdo 878 del 2023, el Alcalde presentó un documento de anexo al PDD perfilando las acciones con las que dará cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Puede verse en este anexo y en el articulado, una continuidad de las actuaciones estratégicas del POT sin que haya una concertación con las comunidades o planificación participativa de las mismas, un proceder que pone en riesgo a los moradores que aún son cobijados por un marco normativo inconcluso y poco garantista (Decreto 563 del 2023) y que ha proliferado conflictividades urbanas alrededor de proyectos como la ampliación de El Dorado, el Plan Centro, el cable aéreo Reencuentro de Monserrate, entre otras. El mismo problema es vinculante al proceso de acoplamiento y transición a las Unidades de Planeación Local, que remplazarán a las localidades; y a la configuración de los hechos metropolitanos de la región contemplados en la Ley 2199 de 2022. Ninguno de estos particulares fue concertado en la administración de Claudia López y al parecer no lo serán en la administración de Galán.
En cuanto al modelo de participación, se reconoce al ciudadano en su dimensión individual y se le desconoce en la colectiva. Así pues, las asambleas aleatorias son una propuesta de gobierno en detrimento de la gobernanza, el desconocimiento de las agendas políticas y territoriales de las organizaciones sociales y de las dinámicas propias de los procesos urbanos. Galán demuestra que para él no es relevante la interlocución con las organizaciones sociales. En la misma línea, hay un desamparo de la concertación en el marco de la protesta y del trabajo conjunto con la sociedad civil para el cumplimiento del decreto 053 del 20231.
Facturando con los derechos
El PDD mercantiliza los derechos, convirtiéndolos en una oferta de servicios que se garantiza a partir de alianzas público-privadas, el sistema de pago por resultados y exenciones a las empresas.
La fórmula para generar empleo es una copia del gobierno Duque y la propuesta de Logra dirigida por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social –DPS. Se trata de generar alianzas entre el gobierno distrital, una empresa ancla y el sector privado; que garantice la colocación de personas, especialmente jóvenes, en puestos de trabajo. Este modelo es poco exitoso, debido a que, si bien permite reportar la disminución del desempleo estadísticamente, la colocación muchas veces es temporal y en actividades mal remuneradas o que no permiten un avance en la trayectoria social. Así pues, lo que se busca es emplear eventualmente para cumplir con tareas específicas del mercado laboral y dejar el presupuesto público en manos de las empresas intermediarias de empleo.
En cuanto a salud, hay continuidad con las iniciativas de centralizar la prestación de servicios en las subredes, solventar el déficit de espacios y profesionales optimizando el tiempo de atención de usuarios y haciendo más eficientes los canales de telemedicina. En síntesis, poner mayor carga a los profesionales de salud y someterlos a los pacientes a consultas de 10 minutos en las que la valoración está mediada por la conversación entre médico y paciente sobre las dolencias y no en una revisión física exploratoria y preventiva.
Con respecto a educación, en la etapa básica y media el énfasis recae en las ciencias exactas, las matemáticas, la lecto escritura, las áreas Steam y la orientación vocacional para el trabajo, dejando de lado la educación en la ciudadanía, la convivencia, la paz y las áreas del ser. En cuanto a la educación posmedia, se privilegia la educación para el trabajo, intermediación y enganche laboral. Así mismo, se da continuidad al programa Jóvenes a la E para el acceso a educación superior mediante el pago a universidades privadas, en detrimento del mejoramiento de la universidad pública.
Finalmente, de la mano de sus principales financiadores, Galán consolida una ciudad en la que prima el cemento. Así pues, el PDD se traza una meta de construcción de 80.000 viviendas de interés social, mediante la habilitación de suelo urbano para la construcción, la generación de incentivos para promotores y constructores y el financiamiento de las tasas de interés y cuotas iniciales para que las familias inicien en el ciclo de endeudamiento. De esta manera, el presupuesto público para garantizar el derecho a la vivienda se queda en las manos de los empresarios y de los bancos, proceder que permite entender la postura de Galán de avivar la construcción de la ALO occidente de 10 carriles que no soluciona los problemas de movilidad de Suba y Engativá, pero sí favorece el volteo de tierras en Cundinamarca para ponerlas en las manos de Camacol. El Plan también refiere proyectos urbanísticos como el de “Reverdecer Tunjuelo” que fue vendido, en su momento, como una oferta sostenible bajo el eufemismo de Greenwhasing.
Y entonces ¿qué hacemos?
Los cargos de elección popular en Colombia son más entendidos como empresas electorales, y particularmente en Bogotá son una tribuna para saltar a la presidencia. Galán ha logrado posicionar el Nuevo Liberalismo, logrando 2 representantes a la Cámara de Representantes, 8 concejales en Bogotá y aumentar sus votos a la alcaldía en casi 400.000. Lo que no lo descarta como un potencial candidato a la presidencia en el futuro. En este sentido, es necesario que los sectores sociales construyan una narrativa que combata la imagen que tiene hoy el Alcalde de ser el perfecto tecnócrata.
Al respecto, como esperamos haya quedado claro, el PDD recién aprobado favorece la consolidación del proyecto de la élite burguesa en la ciudad. Los intereses de siempre, sin importar que la ciudad siga arrasando con sus entornos, multiplicada en pobladores, sin planeación estratégica que de cuenta integral del medio ambiente ni de las reales necesidades de las mayorías que la habitan.
Además de ello, en aspectos más puntuales, hay que decir que esta administración tuvo un proceso de acompañamiento lento al inicio de año, dejando casi cuatro meses sin operación de los convenios de educación complementaria. Además, le ha costado poner en marcha el Sistema de Planeación Distrital, siendo que los encuentros ciudadanos presentaron una baja participación, muchos traumatismos y hubo incumplimientos en los tiempos de la directiva 006 que orienta el proceso de formulación de los Planes de Desarrollo Local. Como cereza de este pastel, el proceso de selección de alcaldes locales inició tarde, aún faltan algunos por ser nombrados, un proceso lleno de neblina y por lo cual algunos ciudadanos interpusieron acciones legales por la poca transparencia del mismo.
Por otro lado, es menester que la ciudadanía organizada, los moradores, las víctimas de las actuaciones estratégicas, los habitantes de los barrios que se verán afectados por el tránsito a las UPL y todos aquellos que no comparten esta visión neoliberal de gobierno, inicien una movilización escalonada y permanente, cuyas consignas sean el fortalecimiento de lo público y la participación incidente en la planificación urbana y la garantía del derecho a la ciudad.
La financiación de Galán
El hoy alcalde de Bogotá es otra facilitador de los grandes capitalistas y conglomerados económicos que han insistido en aumentar el plusvalor de la ciudad a través de la especulación, los proyectos de despojo, la gentrificación y el autoritarismo. Por tal razón es necesario identificar a quienes financiaron su campaña y bajo que intereses.
Como podemos observar en el gráfico 1 la candidatura de Galán fue la que más inversión recibió, no muy lejos del tope legal establecido por el Concejo Nacional Electoral y gastando el doble de lo que invirtió el candidato Bolívar. Este dinero provino en un 79.6 por ciento de empresas. Las que más aportaron (Gráfico 2) fueron: la Fundación ProPública, proveniente del grupo empresarial antioqueño de la Familia Echavarría (dueños de Homecenter y Corona), el grupo Ardila Lule (Dueños de RCN) que aportó a través de la figura de Incauca; el grupo Santo Domingo a través de Babaria y del grupo empresarial Valorem que aglutina a: Caracol, El Espectador, Cine Colombia, D1, Refocosta, Ditransa, San Francisco Investments y Gases del Caribe; y finalmente el Grupo Empresarial Bolívar bajo la figura de Davivienda y Seguros Bolívar (dueños a su vez de la constructora Bolívar).
Entre los financiadores, es evidente el aporte de las constructoras, que ven en esta alcaldía la posibilidad de recuperar las pérdidas a causa de la disminución de 106.554 unidades habitacionales en el 2023 con respecto al año anterior, según información de Camacol. Esta situación se debe a la recesión económica, la inflación y, sobre todo, a un fuerte cuestionamiento que hace la política nacional de vivienda que le da un giro al enfoque neoliberal, centrando atención en el hábitat digno, el mejoramiento integral de los barrios y la disminución del déficit cualitativo.
En la misma vía, se presenta un aumento del valor del metro cuadrado en Bogotá debido a la disminución relativa del suelo para la construcción2, el fortalecimiento de modalidades de arrendamiento temporal como Airbnb y la especulación. De acuerdo con el portal inmobiliario Properati, el metro cuadrado en Bogotá pasó de 4,6 millones a 4,8 millones de enero a diciembre del 2023, presentando variaciones por localidades que van desde los 3,4 millones en Ciudad Bolívar, hasta los 5,5 millones en Chapinero. Con seguridad las constructoras ven un negocio oportuno al construir viviendas más pequeñas a valores más altos, empobreciendo a las clases populares, sometiéndolas a créditos prolongados ¡El sueño de Rodolfo Hernández materializado! “15 años un hombrecito pagándome un interés, eso es una delicia”.
Finalmente, es evidente el papel de los medios oficiosos de comunicación en la construcción de una narrativa que posicionó a Galán como el gran burgomaestre, reforzado con una matriz mediática en la que el primer plano lo tuvo la seguridad y su abordaje desde enfoques autoritarios, como los que posicionaron a Bukele en El Salvador, las mismas que atacaron las apuestas de Paz Total del gobierno nacional.
Breve semblanza de un delfín
Carlos Fernando Galán es el perfecto delfín en la política. Su familia proviene de le élite santandereana, su apellido es su marca de partido y logró tejer una maquinaria con poderosos aliados políticos y económicos, que le han permitido a él y su familia ocupar numerosos cargos de elección popular y administrativos en el Estado*.
Su gran padrino ha sido Germán Vargas Lleras, quien le dio el aval del partido Cambio Radical en el 2007 para que llegara al Concejo. En el 2011 se “quemó” por vez primera como candidato a la alcaldía de Bogotá, quedando en el cuarto puesto con 285.263 votos; y como premio de consolación se convirtió en el director de su partido, luego fue su presidente entre el 2013 y el 2015 y se mantuvo en el hasta el 2018. Durante estos periodos, Galán fue cómplice de la corrupción y guardó silencio sobre las investigaciones que empezaban a revelarse sobre parapolítica.
Paradójicamente, en el 2012, fue secretario de anticorrupción y transparencia en el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo creado en ese momento y que hizo parte de la mermelada que entregó a Lleras por su apoyo en la segunda vuelta del 2010. En el 2015 acompañó la candidatura de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá y por ello celebró contratos entre el 2016 y el 2019 por la suma de 12.399 millones de pesos a través de la Corporación Escuela Galán; cuatro veces más de lo ejecutado en la administración precedente.
Como vemos, a nuestro delfín le gusta la mermelada, pagar favores, apoyarse en maquinarias sin importar sus nexos y estar al lado de figuras políticas que permitan apalancar su proyecto político, que es la continuidad del “Peñalosismo” en Bogotá.
- Él y toda su familia han tenido, en suma, 6 cargos en ministerios, 17 cargos diplomáticos, 17 cargos administrativos, 8 curules en el congreso y 5 curules en asambleas y concejo.
1 Por medio del cual de adopta el protocolo para los escenarios de protesta en la capital.
2 Esto como consecuencia de la sanción del Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece” (2022 – 2035), que limita el área de expansión y de construcción urbana.
* Analista de Políticas Públicas
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