Los pueblos indígenas que habitan la Guajira, ahogados en su propia sed como consecuencia de la extracción de carbón en su territorio durante los últimos 30 años, luchan contra la ambición de la multinacional Cerrejón S.A y la ausencia de Estado con vocación soberana. Lucha que poco a poco da frutos: el pasado 23 de octubre, el Juzgado Promiscuo del Circuito del departamento de La Guajira falló a favor de que el resguardo wayuu de Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, tenga acceso garantizado al agua.
Para la comunidad de Provincial y para muchas más, los días transcurren viendo cómo la alcaldía de Barrancas –en este caso–, la gobernación de La Guajira y la empresa Cerrejón, ingresan constantemente a su territorio para arrebatarles el agua del río que tienen cerca; mientras ellos, los wayuu, los oprimidos y olvidados, para garantizarse el agua que requieren para el consumo diario, actuando como extraños en su propia tierra, cargándola en galones y tarros, tienen que caminar largas distancias y pasar por encima de los bloqueos –escombros, árboles talados y tierra– que la multinacional puso para evitar el acceso al río.
La multinacional Cerrejón no solo deja sin agua a los resguardos, sino que con sus grandes tentáculos les arrebata cada día más territorios, afectando gravemente la espiritualidad, la humanidad, la economía y las políticas de vida wayuu, sin asumir, hasta el momento la responsabilidad que tiene por toda la tragedia que viven quienes desde siempre habitaron la península.
Como expresión de su resistencia, acudiendo a la justicia oficial, la comunidad indígena de La Guajira interpone tutelas y demandas exigiendo garantía y acceso a los derechos básicos fundamentales que le son negados, tales como servicios públicos, educación y salud. Muchos de cuyos casos terminan archivados o beneficiando, aún más, a la multinacional. Con excepciones, que justifican la regla.
El pasado 23 de octubre el Juzgado Promiscuo del Circuito del departamento de La Guajira falló a favor del resguardo de Provincial, y ordenó al alcalde del municipio de Barrancas, Jorge Cerchiaro Figueroa, que en las 48 horas siguientes a lo resuelto por el juzgado, provea a la comunidad con agua potable, con un mínimo de 50 litros diarios para cada persona; situación que debe mantenerse hasta que se repare el micro acueducto del resguardo, tarea para la cual la alcaldía cuenta con un plazo máximo de 6 meses.
Será la justicia oficial, en unión con los organismos policivos, quienes vigilen y certifiquen que las acciones ordenadas se ejecuten de manera efectiva. Pero le corresponde al gobierno nacional parar su política extractivista para evitar que este pueblo, como otros grupos poblacionales que habitan a lo largo y ancho de la geografía nacional, padezcan las consecuencias de la intromisión en sus territorios del capital internacional. Sólo así podrá evitarse que cese la muerte, la enfermedad, el desplazamiento, el terror, la sed, el deterioro del medio ambiente, que miles de connacionales padecen en carne propia. Ninguna cantidad de oro, plata, petróleo, carbón, palma de aceite, caña de azúcar, etcétera, alcanza para resarcir tal realidad.
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