Terribles condiciones humanitarias y practicas de corrupción al interior del Inpec obligaron a los presos de La Picota a declararse este 3 de febrero de 2016 en “desobediencia civil pacifica”; decisión que es señal de protesta ante situaciones que desde hace años vulneran su dignidad. Una política carcelaria errada asumida desde siempre por el Estado, con traspies cada vez más inocultables, es la responsable de una catástrofe que amenaza la estabilidad de las 137 prisiones existentes en Colombia, y la vida de quienes permanecen en ellas bajo encierro. Continúa el oprobio, el Estado y la ciudadanía permanecen indolentes frente a semejante situación.

Nuevas noticias de una aterradora infamia llegan desde La Picota, en Bogotá. El oprobioso encarcelamiento al que el Estado colombiano somete a hombres y mujeres que por una u otra razón rompen el ordenamiento institucional, de nuevo se encuentra en el centro del debate. En esta oportunidad son los internos de La Picota, en Bogotá, quienes agobiados por las terribles situaciones de encirro en que transcurren sus vidas decidieron declararse el 3 de febrero en “desobediencia civil pacifica”, lo que significa que se abstendrán de comprar cualquier producto, resistiéndose a cualquier intento de encierro (celdas y calabozos) y de conteo por parte de los guardias del Inpec. Pero, ¿Por qué protestan los presos? ¿Se encuentran justificado su proceder?

Contrario a los que pensarían los más acerrimos defensores de las políticas carcelarias del Gobierno, los compatriotas que se encuentran detenidos en los 137 establecimientos carcelarios del país, continúan siendo ciudadanos. Es cierto, les niegan ciertos derechos durante un periodo de tiempo determinado por el “imparcial” y “justo” sistema judicial en Colombia, pero a pesar de esto y para desdén de muchos, siguen siendo acreedores de Derechos Humanos como cualquiera otro connacional que camine por las calles de cualquiera de las ciudades y campos del país. Partiendo de esta idea, es fácil comprender que se encuentra justificada toda acción de protesta cuando estos mismos humanos consideran que sus derechos son desconocidos o vulnerados.

El terrible hacinamiento

Y es precisamente esto lo que ha ocurrido en las cárceles del país durante las últimas décadas y lo que hoy resalta como política oficial: sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos producto de la abyecta acumulación de miles de compatriotas en los establecimientos carcelarios en todo el país. Después de más de veinte años en crisis profunda, los Establecimientos de reclusión del orden nacional (Eron), siguen albergando muchos más reclusos que aquellos para los que fueron diseñadas sus locativas. Con pésimos accesos a los servicios públicos fundamentales, y ausencia de todo sistema de saneamiento básico, transcurre la vida de miles de estos detenidos, a quienes en decenas de prisiones les niegan hasta el acceso al agua potable y al sistema sanitario, razón por lo que las cárceles están convertidas en verdaderos focos de enfermedades que tampoco reciben un tratamiento oportuno por parte de Caprecom, entidad encargada de la salud de los presos.

Más de 120.000 son los colombianos –hombres y mujeres– que hasta el día de hoy siguen pudriéndose en vida en prisiones con tasa de hacinamiento global del 52 por ciento, mientras los parámetros internacionales de reclusión hablan de “situación critica” cuando el hacinamiento es del 20 por ciento. Poco dice, sin embargo, esta tasa global de hacinamiento: es necesario que el país sepa que existen investigaciones (1) que han permitido determinar que el 54 por ciento de todos los prisioneros del país se encuentran encerrados, sometidos a una real tortura diaria, en cárcels con tasas de hacinamiento que oscilan entre el 50 y el 500 por ciento. Prisiones como la de Riohacha (E.P.M.S.C) y Santa Marta ( E.P.M.S.C) ostentaron durante el 2015 tasas de hacinamiento equivalentes al 483 por ciento y 331 por ciento respectivamente (2).

La situación en muchos de los centros carcelarios del país es tal que vulnera hasta las más mínimas condiciones de aquello que denominan dignidad: excrementos que abundan por doquier gracias a la inoperancia de los sistemas sanitarios, instalaciones poco adecuadas para cocinar o alimentarse, inexistencia de agua potable, inexistencia de espacios dedicados al esparcimiento o a la recreación, inexistencia de servicios médicos y ausencia de medicamentos para combatir enfermedades típicas de vida en hacinamiento, etcétera.

Los problemas no solo remiten a la excesiva acumulación de ciudadanos en prisiones; el Conpes 3828 del 2015 sostiene: “Los problemas del sistema penitenciario en Colombia, sin embargo, no pueden ser reducidos a la inexistencia de una oferta suficiente en materia de cupos. Por el contrario, deben ser entendidos de manera integral, es decir, proponiendo soluciones que respondan al agregado de falencias que presenta el sistema, las cuales en parte se derivan de la desarticulación entre la política penitenciaria y la política criminal, y que impiden que mediante la privación de la libertad se cumplan los fines de la pena”. A propósito de esto es pertinente señalar que uno de los fines de las penas consiste en “resocializar” a los individuos castigados, labor que es prácticamente imposible cuando solo se cuenta con 544 espacios comunes para alrededor de 120.000 presos distribuidos en 137 prisiones, sin embargo, según datos aportados por el Inpec en su Informe Estadístico, existen 87.476 presos y presas que participan de actividades de trabajo, estudio o enseñanza con miras a la resocialización. Cifras bastante dudosas y fin claramente inalcanzable.

Desde el año 2004 han expedido cuatro Conpes (3277, 3412, 3575 y 3828) que pretendían poner punto final a las terribles condiciones imperantes en las cárceles del país, sin que ninguno de ellos haya logrado su objetivo. Poca voluntad política, problemas técnicos, burocráticos, sobrecostos en los proyectos de construcción y adecuación de cárceles, así como líos jurídicos, son los principales causantes de que año tras año las soluciones hayan sido postergadas mientras los reclusos de las cárceles colombianas siguen pasando sus vidas en condiciones que vulneran la dignidad de todo ser humano. Terrible indolencia.

Son este tipo de condiciones, a las que se enfrentan miles de presidiarios en el país, las mismas que los exponen a graves peligros posibilitando grandes desgracias como la ocurrida el 27 de enero del 2014 en la cárcel Modelo de Barranquilla, en la que 17 presos murieron calcinados luego de que proliferara un voraz incendio generado en el patio B de la prisión (3). Situación similar se vivió en la cárcel El Bosque de la misma ciudad el 6 de junio del 2014 cuando 4 prisioneros perdieron sus vidas en situaciones similares, al presentarse otra conflagración en una cárcel diseñada para albergar 640 internos y que a la fecha del hecho contaba con 1.746 (4).

Un asunto de política criminal

En 2011 un estudio financiado por el propio Gobierno (5) evidenció que la situación de las cárceles estaba generada por la implementación de una política carcelaria errada. Tal informe caracteriza a la política criminal como inconsistente, por fuera de la constitución, reactiva, sin adecuada fundamentación empírica, falta de perspectiva de derechos humanas, presa del populismo punitivo. El análisis condujo a la conclusión de que muchas de las decisiones tomadas en los últimos años son esencialmente reactivas, sin fundamento empírico alguno, muchas de ellas orientadas a responder a la opinión pública a partir de una retórica que fundamenta la eficiencia de las políticas gubernamentales a partir de la rudeza en el trato de quienese infringen la Ley, pero con insuficientes argumentos técnicos que permitan sostener la utilidad del incremento de las penas o la penalización de determinados comportamientos.

Populismo punitivo. De acuerdo a la Comisión Asesora de Política Criminal, solo entre el 2000 (cuando se reforma el Código Penal a partir de la Ley 59) hasta a 2011, se expidieron 36 Leyes para reformarlo que estaban relacionadas con: el incremento de penas a delitos establecidos, redefiniciones de los causales de agravación punitiva, variación de consecuencias punitivas para determinada clase de delitos, la modificación de beneficios por aceptación de cargos y la modificación de los términos de prescripción de la acción penal. Además de lo anterior, se incrementaron sanciones para 80 delitos y fueron creados 47 nuevos que pretendían salvaguardas los bienes jurídicos del orden económico social, la eficaz y recta impartición de justicia, la administración pública, la libertad, integridad y formación sexual.

En un fallo reciente de la Corte Constitucional en la que figura como ponente la magistrada Gloria Stella Ortiz, señala que ” […] el Gobierno Nacional y el Congreso no han implementado un mecanismo eficaz que permita desarrollar una política criminal sostenida y ha provocado la crisis carcelaria del país” (6). En consecuencia: “Debido a esto, el alto tribunal le ordenó al Gobierno modificar la política carcelaria en Colombia puesto que esta ha sido “reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinada a la política de seguridad” (7). Similares pronunciamientos han hecho organizaciones no gubernamentales, sindicatos y la Corte Suprema de Justicia, sin obtener mayores respuestas del Gobierno que sigue contribuyendo a que se tipifiquen nuevos delitos, se incrementen penas, siendo poco ágil en la estructuración de penas alternativas a la supresión de la libertad en establecimientos carcelarios que son verdaderas mazmorras, antros de padecimientos y nula rehabilitación.

Los presos claman por soluciones que avanzan a paso de tortuga y que quién sabe cuántos años tardarán en llegar.

Comunicado presos de La Picota

Bogotá 3 de Febrero de 2016

Todos los internos recluidos en la cárcel de Eron Picota de la ciudad de Bogotá queremos hacer saber a las autoridades pertinentes y a los medios de comunicación que entramos a partir de la fecha en una desobediencia civil pacífica.

Alrededor de 3 mil internos comenzamos protesta civil pacífica la cual consiste en cese de actividades, abstención de compra de productos del expendio, no permitirnos contar ni encerrar.

Lo anterior por los oídos sordos que ha hecho la dirección de esta penitenciaria a las constantes peticiones que hemos hecho los representantes de DDHH para que nos solucione los problemas de corrupción en el manejo y desabastecimiento de los productos del expendío, en los contratos y servicio de alimentación y la falta de atención médica para todos nosotros.

Tuvimos una intoxicación masiva en Diciembre y hace 10 días hubo una nueva intoxicación sin atención y solución. La comida sigue llegando en mal estado, mala preparación, la cantidad no estipulada , parece comida para gatos.

Llevamos un año con irregularidades en el servicio de Expendío, falta de productos, pero sí se encuentran en el mercado negro a precios 300% más costosos que lo habitual. Eso sucede por la corrupción de los guardias.

Los anuncios de la liquidación de caprecom no ha solucionado nada , no hay médicos , no hay medicamentos, no hay atención básica , y la gente sufriendo sin solución alguna.

Para rematar, la corrupción se ha extendido al manejo de las encomiendas de servientrega cobrando para poder ser entregadas a los internos, con matoneo a las familiares que se quejan del maltrato de los guardias en las filas, exactamente igual que los días de visita familiar y femenina. Incluso guardias hacen negocio con algunas señoras para cobrar por los primeros puestos de entrada los días de visita.
La única solución es que los representantes del Ministerio Juticia y Salud, Contraloría , la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Director del inpec y de la USPEC, representantes de los contratistas de alimentos, Senadores Iván Cepeda ,Alberto Castilla, Víctor Correa , Alirio Uribe, Comisión de DDHH del Senado de la República, Organizaciones de Derechos Humanos Corporación Solidaridad Jurídica , Comité de Solidaridad con los Presos Políticos , Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, y CICR, hagan presencia para una reunión con los representantes de DDHH de los internos y Comités de Convivencia de cada Patio.

Advertimos intimidaciones por parte del INPEC a los representantes de DDHH mencionando traslados de seguir adelante con la protesta ,pero sí no hablan de soluciones a los problemas .
Esperamos que no haya agresiones físicas ni verbales , tampoco encalabozamientos para ningún preso de aquí. La protesta es pacífica.
A los medios de comunicación agradecemos ayudarnos con esta situación .
Atentamente.

INTERNOS PATIOS 1 al 16 DE ERON PICOTA

(1) Michael Reed Hurtado. Cárceles o el encierro salvaje. http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/8421-las-c%C3%A1rceles,-o-el-encierro-salvaje.html

(2) Inpec. Informe Estadístico. Enero del 2015.

(3) http://www.eltiempo.com/politica/justicia/incendio-en-carcel-de-barranquilla-un-ano-de-la-tragedia/15156736.

(4) http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asciende-cuatro-el-numero-de-muertos-incendio-carcel-de-articulo-500568

(5)Comisión Asesora de Política Criminal. “Diagnostico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado en Colombia”. 2011

(6) http://www.rcnradio.com/nacional/corte-constitucional-impartio-ordenes-al-gobierno-fracaso-politica-criminal/
(7) http://www.elespectador.com/noticias/judicial/corte-constitucional-le-ordeno-al-gobierno-modificar-po-articulo-614569