En Bogotá se discute desde hace varios semanas el Plan de Ordenamiento Territorial –POT– que regirá en el periodo 2022-2035, un debate que debiera estar acompañado de amplia participación ciudadana; no obstante, la actual administración de la ciudad da muchas señales de desconexión con su población, no concurre a las deliberaciones y si lo hace oye pero no escucha.
Para conocer algunos detalles de este proceso, desdeabajo conversó con Gloria Stella Moreno, antropóloga con maestría en gestión ambiental, quien hace parte del Consejo de Planeación Local de Teusaquillo y es delegada al Consejo Territorial de Planeación Distrital (Ctpd) que actualmente debate el POT presentado por la administración de Claudia López. De ser aprobado por el Concejo de la ciudad, ¿Cómo se transforma el uso del suelo? ¿Sirve el POT para brindar garantías de vida digna a los más empobrecidos? ¿Quiénes se beneficiarán en los próximos años del norte decidido para la capital del país?
desdeabajo (da). Empecemos por lo más sencillo, para sentar las bases del tema urbanísico que nos concita: ¿Qué es un Plan de Ordenamiento Territorial?
Gloria Stella Moreno (GSM). De acuerdo a la Ley 388 de 1997, el POT es un instrumento de planeación del territorio de superior jerarquía, por encima de los Planes Parciales y otros instrumentos de gestión y de normas que deciden el uso del suelo. Aplica para todos los municipios del país. En mi concepto, un Plan de Ordenamiento debería ser un instrumento de resolución de conflictos territoriales, que de suyo son conflictos ambientales y sociales.
da. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales características del proyecto de acuerdo del POT presentado por la administración de Claudia López?
GSM. Antes quisiera señalar que este POT corresponde a una revisión del vigente, el decreto 190 del 2004; en la realidad, duele decirlo, el proyecto de acuerdo es una reformulación del Plan de Ordenamiento de Bogotá, con cambios de fondo. ¿Qué lo caracteriza? Que incorpora algunos elementos que no tenía el anterior POT en los ejes estructurantes del Plan, el anterior tenía 3 ahora son 4.
da. ¿Cuáles son esas cuatro estructuras?
GSM. De manera simple: la estructura ecológica principal; la estructura funcional y del cuidado (antes era funcional y de servicios); la estructura socioeconómica y cultural, y la estructura integral de los patrimonios, ésta última es la novedad. Estos cuatro ejes estructurantes dan la pauta de cómo conciben el ordenamiento; este análisis se cruza con la clasificación del suelo: rural, urbano, de expansión y de protección. Adicionalmente, se establecen los instrumentos de financiación e instrumentos de gestión, programas y proyectos a 13 años que es el horizonte temporal en el que está formulado el POT.
da. Al analizar el presente POT, ¿es posible hablar de continuismo con la propuesta presentada por la administración de Enrique Peñalosa?
GSM. Este POT tiene algunos elementos favorables, incorpora el sistema del cuidado, que básicamente retoma el enfoque de la política de género y del cuidado que hoy existe para Bogotá y lo mencionado sobre lo patrimonial; no obstante, hay que decir que sigue el mismo modelo en los temas propiamente de decisiones urbanísticas. Peñalosa proyectaba la consolidación del Centro Ampliado de Bogotá, es decir las zonas centrales de la ciudad, como las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda y Santa Fe, transformadas en áreas estratégicas para el desarrollo inmobiliario en altura, es decir la densificación, y este es uno de los pilares de este POT.
Es así como estamos ante desarrollos regidos por unos tratamientos urbanísticos que básicamente son de renovación, con la modalidad de “revitalización”, otorgando incentivos a los constructores para que a través de Planes Parciales decidan el número de pisos.
da. ¿Qué significa e implica revitalizar?
GSM. Significa que transforman unas áreas de la ciudad (aprox. 6.500 hectáreas) que actualmente se caracterizan por vivienda residencial y bajo la idea de optimizar el suelo se transforman en vivienda de propiedad horizontal, los constructores y el sector inmobiliario definirán las alturas de estos proyectos, y con ello tienen la oportunidad de una significativa plusvalía; es un negocio más que rentable porque la especulación ha elevado el precio del suelo en las localidades centrales.
Entonces, se incentiva una densificación en el centro ampliado, mientras que en la periferia los pobres seguirán a expensas de los urbanizadores ilegales, profundizando la segregación, socioespacial, así han modelado la ciudad y en ello no cambian.
Otra similitud es que existen proyectos previstos desde la administración anterior, que, aunque sin la aprobación del POT, Peñalosa los dejó por decreto. Se trata, entre otros, de proyectos como Lagos de Torca, iniciativa polémica porque afecta la conectividad ecológica de los Cerros Orientales, la Reserva Van der Hammen y el río Bogotá, pasando por los humedales de Torca y Guaymaral; ese es un proyecto que densifica y propicia la conurbación con Chía porque es en el borde norte de la ciudad. También está el Reverdecer del Sur, levantado sobre antiguas canteras en la cuenca del río Tunjuelo, llamado anteriormente Lagos de Tunjuelo. Las comunidades hablan del concepto de justicia ambiental y del pago por la deuda ambiental y social que tiene Bogotá con el sur, en particular las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelo, Rafael Uribe, localidades que han recibido el impacto de la ciudad en materia, de basuras, de contaminación y de vivienda informal, pese a lo cual el proyecto de marras no responde a las propuestas de territorio construidas por los procesos sociales arraigados en estos territorios.
Cambios en los usos del suelo de la ciudad
GSM. En esta materia el POT propone una mezcla que básicamente fomentará el uso comercial y de varios servicios, combinado con el de vivienda. En localidades como Teusaquillo y Barrios Unidos, en lo fundamental residenciales, los usos mixtos, de ser aprobado el POT, tendrán impactos importantes en estos sectores.
Son afectaciones que ocurrirán como materialización de las 32 actuaciones estratégicas previstas, sobre más de 6.500 hectáreas donde se interviene con renovación o consolidación. De estas las afectaciones más graves se dan en las que promueven la renovación, es decir proyectos en altura y mezcla de usos, porque los moradores, ante la presión de los mercaderes seguramente tendrán que vender e irse, y los que persistan en vivir allí quedarán sometidos a la depreciación de sus viviendas o buscar opciones de 26 metros cuadrados en apartamentos tan “a la moda”, cambiando su modo y calidad de vida.
da. Al ser así se continúa perdiendo la memoria de la ciudad…
GSM. Sí. Ese es parte de los problemas que genera una visión de homogenización urbana, porque son manchas que no reconocen la historia de los barrios, no reconocen la existencia de un tejido social, de una tradición, de una forma de habitar el territorio, y sí provocan gentrificación, además de densificar con unos precios que son bastante especulativos, del orden de 9 millones por metro cuadrado en ciertas áreas, en beneficio de sectores de financieros, hoteleros, etcétera. Esta memoria también se rompe por la vía de la creación de localidades, donde la unidad de UPZ y barrio se pierde.
da. Entones, ¿el mercado impone su lógica?
GSM. El proyecto de POT lo estimula. Se tratará de una ciudad sometida al mercado, una ciudad que privilegia la conexión para el mercado entre el aeropuerto y el centro financiero. Entonces, se pone en función de eso, de los grandes negocios y por supuesto quien desarrolla es quien tiene el músculo financiero para poder hacer inversiones en áreas de mínimo 2.000 m².
Entonces, aunque aparentemente se protege a los moradores, no deja de ser inequitativo pues la mayoría de quienes allí habitan y son propietarios de una casa, no tienen la posibilidad de hacer una inversión si el Estado no le respalda. Por tanto, ¿en manos de quién queda el suelo?, pues del sector inmobiliario que fuerza el cambio del territorio hacia usos mixtos y redensificación.
da. Podría contarnos, ¿en qué consiste el cambio de la categoría del Parque Simón Bolívar y otros parques como el San Carlos o el Bosque de Santa Helena?
GSM. El Parque Metropolitano Simón Bolívar ya es un área incluida dentro de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad como área de espacio público, el cambio planteado es otorgarle la categoría de suelo protegido como parte de la Estructura Ecológica. (Ver págs. 17-18).
Hay un aspecto importante que decir sobre este tema de la EEP, eleva la categoría de los humedales, de parques a reserva, en principio es una decisión adecuada otorgando una relevancia a la función de los humedales en Bogotá; sin embargo no les quita las reservas viales previstas desde el POT anterior; la segunda línea del Metro pasará sobre el humedal de Tibabuyes, las vías como la ALO afectan tanto los humedales de Capellanía como Tibabuyes.
da. La lectura entre líneas de los documentos permite entender que dicen una cosa pero el resultado será contrario, ¿es así?
GSM. En cierta modo es así, ya que la superposición de la malla vial prevista contradice el enfoque de ordenar el territorio alrededor de la EEP, porque se privilegia la malla vial, lo que ocasiona una fragmentación de la conectividad ecológica, y aunque dicen que imponen medidas de compensación estas no son suficientes para mantener la estructura y función de cada ecosistema de humedal, que ahora quedan en riesgo.
Estamos ante una contradicción evidente en la formulación del POT. Allí dicen buscar adaptarse y mitigar el cambio climático, es decir manejar la crisis ambiental y sin embargo los ecosistemas de los humedales que son favorables a la amortiguación de inundaciones, y por supuesto un espacio natural para adaptarse a la crisis climática, serán afectados por la malla vial, con un impacto enorme.
da. ¿Y eso no lo resuelven las mitigaciones?
GSM. Claro que no. Eso no se resuelve exigiéndole al constructor que haga una conectividad hídrica y garantice ciertas medidas de compensación. Lo que correspondería es hacer nuevos trazados, pensar la ciudad desde otra perspectiva, desestimular el vehículo y proteger esas áreas como reservas realmente intocables.
Veo en este POT demasiados nombres sonoros, bonitos, casi éslogan, como bosques urbanos, reverdecer Bogotá, descarbonización; resulta que uno va a mirar el bosque urbano de Santa Helena y es una arborización ya existente, y que estará fragmentada por una vía, y entonces los árboles quedan a lado y lado de la misma,
Al ser así, ¿cuál bosque en términos funcionales, de diversidad, de porte, de densidad? ¿Será un bosque? No, será una vía con lo que queda de la arborización actual del parque, vía que la comunidad ha dicho que no necesita, comunidad que ha demostrado que la conexión vial entre la autopista y la Avenida Boyacá ya existe; sin embargo, la vía quedó priorizada dentro de este POT.
da. Construcciones que implican demandas de más recursos naturales, ¿es así?
GSM. Claro, el crecimiento poblacional de Bogotá y la región demanda agua. Hay que recordar que esta proviene de Chingaza, que capta de la cuenca del Orinoco, y provee a Bogotá y 11 municipios más. Esa densificación estimula la migración a la ciudad, aunque el crecimiento vegetativo no sea tan alto, la demanda de agua no se ha calculado, esto frente al cambio climático, de 1,5 grado de temperatura en 20 años es un riesgo enorme, toda vez que los páramos sufrirán con el calentamiento global.
Es una alteración ecosistémica que no está prevista en el POT, como tampoco lo está el suministro de aguas residuales; tampoco temas también importantes como los efectos derivados de tanta construcción, como las islas de calor. Entonces, la estructura ecológica quedará minimizada y pasa a un segundo plano frente a esta visión urbanística que tiene el POT.
da. ¿Qué ocurre con Usme como frontera con el Páramo de Sumapaz y la constante construcción urbanística que allí realizan?
GSM. Aunque en el discurso se dice que el área de expansión es muy poca, lo cierto es que en Usme se destinan 901 hectáreas, de las cuales 490 en la operación Usme, un proyecto de vivienda en los bordes de ciudad, de entrada al corredor con Sumapaz.
Esa zona de expansión implica proyectos de vivienda tipo Nuevo Usme, que disparan conflictos culturales con la gente que ha desarrollado toda su vida allí, sobre todo con quienes tienen raíz campesina y aún están ligados al trabajo de la tierra. Una llegada de miles de personas que demandarán servicios públicos y de salud, educación, recreación, y ello implica equipamientos de todo tipo, además de nuevas vías de ingreso y salidad que, como todo el que recorre esta parte de la ciudad sabe, ahora no tiene o son totalmente insuficientes.
Esta mayor urbanización traerá, muy seguramente, un proceso de suburbanización de las zonas de acceso hacia el páramo de Sumapaz, o sea, afectará diversas veredas mucho más al fondo de Usme, con un crecimiento de nuevas construcciones que irán fragmentado la zona rural en sus predios, llegando a crear, incluso, un fenómeno de suburbanización como el que terminó por afectar a La Calera.
Participación de la sociedad en la toma de decisiones
GSM. La participación realmente ha sido de una ciudadanía receptora de la información brindada por parte de la administración. La gente ha participado entendiendo, primero, de qué se trata; solo la comprensión de un documento que tiene 693 artículos, muchos de ellos técnicos, con sus documentos de soporte y la cartografía, entender eso hasta para los expertos no es fácil, ni que decir de la comprensión sobre el POT para los y las habitantes del común.
Entonces, entender un poco qué nos propone la administración para ordenar la ciudad es un tema nada fácil y en ese proceso, más que una interlocución donde se reciban y se incorporen las inquietudes y las propuestas de las comunidades y diferentes colectivos, lo que prima es una promoción del POT, una socialización sin unos procesos que sean realmente concertados para que la ciudadanía pueda incidir de manera definitiva en las modificaciones del mismo.
De ahí que veamos con mucha preocupación una supuesta participación, a todas luces más receptora de la promoción del POT que un diálogo entre pares para que la ciudadanía incida con instrumentos que le permitan, en efecto, afectar lo previsto con su punto de vista y pensarse la ciudad de una manera distinta.
da. ¿Sirve el POT para brindar garantías de vida digna a los más empobrecidos?
GSM. De aplicarse el POT como está proyectado, contrario a lo esperado, no ayuda a minimizar temas como pobreza, marginalidad, desplazamiento interno, inequidad, segregación socioespacial, sino que los agudiza.
¿Por qué? 1. Por qué estimula un crecimiento de la ciudad hacia el sur y el occidente, alejando aún más a la gente de sus sitios de trabajo, dificultando su movilidad, con más horas día de transporte, lo que reduce aún más calidad de vida; 2. En la ciudad hay un déficit de 778.000 viviendas de interés social y prioritario y el POT se propone hacer 199.000, las restantes seguirán siendo caldo de cultivo para los tierreros, para los constructores ilegales, seguirán especulando con “soluciones” sobre las rondas de ríos, quebradas y reservas como el Parque Entre Nubes que ya está ocupado; 3. La demanda de vivienda seguirá desplazando a mucha gente hacia municipios cercanos, como Soacha, Mosquera y otros, agudizando la problemática de servicios que allí viven; 4. En esa demanda de vivienda los constructores no están tan preocupados por ofertar vivienda de interés social –VIS, que está sobreofertada– sino la que pueda adquirir el estrato tres, y de ahí para arriba. El interés de los constructores es más de negocio que de solucionar un tema social, lo que demandaría que en el POT se abordará el tema de la tierra urbana con una reglamentación que controle su encarecimiento casi exponencial.
da. Para terminar ¿qué implicaría un POT alternativo?
GSM. En un POT construido con la sociedad civil, la participación con incidencia debe ser un principio. La crisis ambiental, las carencia de fuentes de empleo, de redistribución de ingresos, de transporte con energías alternativas y accesible, son realidades que exigen concertación, tener el derecho a soñar una ciudad distinta, repensarla entre todas y todos, sin dejarle las decisiones estructurantes, y otras de supusto segundo nivel, al sector inmobiliario. El derecho a la ciudad debe ser un ejercicio de construcción social que exige cambios culturales y de consumo.
Entonces, la participación tiene que ser concertada, con posibilidades para analizar las diferencias existentes entre los distintos territorios que conforman una Bogotá que parece ser una pero que en realidad son varias: una cosa es el sur, otra cosa es el centro, el occidente… Conscientes de ello, la concertación es clave para permitir que haya proyectos elaborados de la mano de las comunidades, para pensarse la vivienda, los servicios públicos, el uso del suelo, la economía popular, en pocas palabras para mirar la ciudad de manera integral. En un reto inmenso y en ello los movimientos sociales tendrían que preocuparse más por el territorio que habitan, imaginando cómo gobernarlo de manera abierta con toda la población, sin dejarse ganar por los afanaes de cada día, por eso que llaman coyuntura.
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