En la madrugada del 19 de marzo el Gobierno Nacional y los gremios camioneros firmaron los acuerdos y levantaron el paro que inmovilizó miles de camiones durante 24 días. Fueron el alza en los precios de los alimentos y los inconvenientes en el transporte de mercancía lo que le confirmó a los incrédulos que el tal paro sí existía.
Desde el 23 de febrero los camioneros asociados en la ATC, la ACC, la ANT y la CCT, anunciaron la inmovilización de sus vehículos, acción de fuerza con la cual buscaban que el actual Gobierno aceptara sus propuestas para solucionar los problemas que aún los aquejan.
El 18 de marzo se cumplieron 24 días de inmovilización. Ese día, en una reunión –que terminó en la madrugada del 19–, con la ministra de Transporte, Natalia Abello, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón y el superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, las partes firmaron los acuerdos.
Era una firma esperada por diversos sectores de la sociedad colombina, sobre todo por los efectos ya evidentes en el abastecimiento de algunas ciudades con productos del campo, así como de materias primas para la menguada industria nacional. Efecto acumulado a pesar de que durante todo el tiempo el Gobierno pretendió minimizar la potencia y la misma existencia del paro. Pero también, porque las conversaciones entre las partes venían desde mucho antes de llegarse a declarar la hora cero para esta parálisis de automotores de carga, interrumpidas por los alargues e incumplimientos del Gobierno con respecto a compromisos anteriores con los caminoneros, como su terquedad para valorar de manera cabal sus demandas.
Se calcula que la inmovilización provocó pérdidas por 6.000 millones de pesos. Empresas como Mabe –Manizales– tuvieron que cerrar porque no había quién transportara al puerto la mercancía por ellos producia; en ciudades como Pasto y otras se sintió el alza en el precio de los productos del campo, pero, además, la tensión en el orden público llegó a crisparse ante los choques de los caminoneros con el infaltable Escuadrón Móvil Antidistirbios (Esmad) y la orden de última hora de militarizar las carreteras del país, una medida que recuerda que la protesta social está criminalizada. Cuatro tractomulas incineradas y 49 personas detenidas es el saldo trágico de la protesta.
Esas consecuencias, dejan reflexiones con respecto al transporte de carga en Colombia:
Primero, queda en el aire la sensación de desinformación sobre la inmovilización, principalmente porque las noticias de los grandes medios se enfocaron más en las divisiones del gremio de la ACC –luego del anuncio del inicio del paro– que en el porqué, en dónde, etcétera del mismo, buscando en todo momento desvirtuar la iniciativa de los camioneros.
Segundo, ¿qué pasaría si los camioneros, en su totalidad, dejaran de realizar sus actividades? La dependencia de otros sectores económicos del trabajo de los camioneros es evidente, sobre todo porque Bogotá y Medellín, a diferencia de otras capitales y ciudades importantes del mundo, están ubicadas lejos de los puertos.
Tercero, con tantos vehículos de carga, la falta de carreteras de calidad, y los daños ambientales que inevitablemente provocan tantos carros, ¿no será hora de abocar de nuevo, con seriedad y sentido estratégico, el tema del transporte ferreo? Un transporte que, como es conocido, es más amable con el medio ambiente, menos costoso y de mayor capacidad económica. Un transporte necesario de encarrillar, tanto para movilizar carga como para facilitar y abaratar la movilidad de miles de persona pero también, para que lo público prime de nuevo sobre lo privado y el interés inmediato de los comerciantes.
Los acuerdos
Según el acta firmada por las partes, será creada una comisión permanente integrada por expertos en “materia de logística, multimodalidad y prestación del servicio de carga”. En cuanto a las relaciones económicas, la principal petición era el flete mínimo obligatorio, y frente a esta demanda se acordó lo siguiente:
– No se pueden efectuar pagos por debajo de los “Costos Eficientes de Operación”, que se encuentran en el sistema de información Sice Tac.
– El Ministerio de Transporte, la Cancillería y las Gobernaciones de Arauca, Norte de Santander, Guajira y Nariño, junto a los gremios transportadores, iniciarán la campaña “Presencia institucional en fronteras”, sobre temas de transporte, para establecer el control sobre la operación, las relaciones económicas, la soberanía, etcétera.
Referente al parque automotor, pedían renovar los vehículos y dejar a un lado la vía útil:
– El Ministerio y otras instituciones del Gobierno Nacional garantizarán la política de no implementar la vida útil para el Transporte de Carga en Colombia, dentro del PND 2014-2018.
– El Gobierno mantendrá la política de reposición uno a uno.
– “Para los vehículos postulados de conformidad con la Resolución 4160 de 2008 y 7030 de 2012, el valor del reconocimiento económico se indexará de acuerdo a la variación anual del IPC, para lo cual será emitido el acto administrativo pertinente. Será reconocida la indexación por IPC desde el año siguiente a la fecha de expedición de la resolución 4160 y se llevará a valor presente”
Otro aspecto de los demandado por los transportadoes de carga, el precio de la gasolina, y la garantía por parte de Ecopetrol para brindar contratos a los caminoneros para el transporte de hidrocarburos, fue abordado así:
– En medio del paro fueron realizadas múltiples reuniones. El acuerdo logrado recuerda que, luego de la reunión del 10 de marzo con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte y el de Minas y Energía, para revisar los contratos que tienen con terceros, se continuarán reuniones con las empresas contratistas de la petrolera y pequeños transportadores, las cuales estarán en seguimiento por parte del Grupo de Logística y Carga del Ministerio de Transporte.
– A más tardar el 19 de abril será realizada una reunión con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, el de Minas y de Hacienda para evaluar la posibilidad de refinar y comercializar el combustible para abastecer el sector de transporte público a través de la Reficar. Dice el acta, “proceso que se realizará con la fórmula Colombia”. Es decir, se continuará con la forma de calcular el precio de la gasolina.
La pensión a 20 años de trabajo por el bienestar y la salud de los conductores que se ven expuestos a diversos climas, horas de trabajo, y sustancias químicas. Sobre este aspecto el acuerdo dice:
– Evaluar los estudios existentes para determinar si se presentaron las condiciones técnicas para justificar la propuesta de pensión especial, y en tal sentido promocionar un proyecto de ley.
– El próximo 27 de marzo será revisado un proyecto de decreto que permita la afiliación y la autoliquidación para el pago por parte de los conductores propietarios de vehículos de carga al Sistema General de Riesgos Laborales.
– Se revisarán alternativas reglamentarias para que la base de liquidación sobre la cual cotizan a seguridad social los conductores propietarios de vehículos de carga permita reducir los costos que se generan de la ejecución de la actividad. Las alternativas se incluirán en el PND.
– El Ministerio de Transporte promoverá líneas de crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, y con el Ministerio de Vivienda gestionarán un programa especial para el gremio.
También fueron acordados otros puntos referentes a temas operativos, exactamente una lista de 18 puntos será examinada en los próximos treinta días.
Fue así como el paro terminó. A pesar de que el Gobierno intentó evitarlo con la rebaja de $300 pesos en el precio del galón de gasolina, su maniobra no lo rompió. Sin duda, el paro demostró de nuevo la importancia de este sector en Colombia. Sin embargo, pese a lo que lograron, como el referente mínimo de pago, queda la sensación de que en materia de combustible el Gobierno puede escabullirse y dilatar como lo ha hecho hasta ahora, muy a pesar de los acuerdos firmados, lo que sería materia suficiente para un nuevo paro.
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