Adicionalmente El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el cual Colombia es partícipe, establece como finalidad esencial del tratamiento penitenciario: la reforma y la adaptación social de los penados.
Como es claro, la filosofía de la pena en Colombia tiene cinco funciones: prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado, sin embargo, contrastan estos principios legalmente constituidos con el imaginario generalizado de la sociedad colombiana que concibe la cárcel como castigo, como suplicio, frases como: “Yo lo único que quiero es que se pudra en la cárcel”, o “Es necesario que se haga justicia y poner a ese delincuente tras las rejas y que pase el resto de su vida en ese hueco” entre otras similares se escuchan a diario; se podría decir que esta generalización del tratamiento a quienes infringen la ley puede ser entendible a las luces del ciudadano de a pie, no obstante, es grave percibir que en el ambiente de los poderes judicial, legislativo y el mismo ejecutivo, se observen criterios similares para lo que debe ser el tratamiento punitivo de los infractores, en ese entorno son escuchadas frases como “debemos aumentar las penas”, “es necesario una reforma penal drástica para evitar que se sigan cometiendo estos delitos”.
Lo mismo ocurre con el tratamiento que dan los medios de comunicación al tema de la delincuencia, por ejemplo, algunos noticieros insisten en decir que uno de los problemas graves de Bogotá es el robo de celulares y en general la inseguridad, que deben ser contrarrestados con “todo el peso de la ley” por la policía y la fiscalía, basta ver como se ocupa el inicio de los noticieros con el cubrimiento de noticias sobre robos, asaltos, grabaciones de actos delictivos, con un énfasis de alto tinte amarillista o recientemente, por ejemplo, el programa séptimo día pretendía generar una opinión desfavorable al tratamiento que la justicia da a la delincuencia juvenil, contradiciendo postulados básicos de un estado social de derecho y desconociendo las causas sociales de esa delincuencia, todo este tratamiento crea y fortalece una imagen mediatizada sobredimensionada de quienes infringen la ley y la instauración de una política de miedo generalizado reforzada en la seguridad como bien supremo de los ciudadanos, por encima de derechos fundamentales mas prioritarios y que tienen un nivel más bajo de cobertura.
Todas estas posturas respecto al tratamiento de la delincuencia, parecieran no tener en cuenta que nuestra sociedad carece de condiciones sociales dignas y de garantía generalizada de derechos que solo una pequeña porción de la sociedad goza, como dice Farid Benavidez al referirse a ellas: “estas políticas lo son de huida frente al derecho penal y de populismo punitivo, y evitan referirse a los verdaderos problemas de la ciudadanía y aportar verdaderas soluciones. Su paradoja radica en que, como el sistema penal y la prisión no funcionan, la única solución posible es que cada vez haya más prisión y mas sistema penal.”
Tenemos pues, un país con una política criminal profundamente represiva y carcelaria, vemos con preocupación que para algunos de ustedes, Honorables Congresistas, todo problema social se resuelve aumentando las penas, para evitar los robos callejeros: aumento de penas, para que no hayan mas padres irresponsables: aumento de penas, para evitar la participación en grupos armados: aumentar las penas, acabar con el narcotráfico: aumentar las penas, etc, etc, etc. “En Colombia se viene produciendo un choque entre la acción administrativa, que busca mejorar la situación carcelaria, y una política criminal, impulsada por el gobierno, que ha optado por elevar las penas y usar de manera excesiva la detención preventiva”, dice el informe al CDH de julio de 2010.
Leave a Reply