Condiciones de salud y salubridad
Al respecto de la salud la situación es profundamente grave, además de las denuncias conocidas sobre el desempeño de la salud en las cárceles, nosotros como internos nos vemos perplejos ante el tratamiento inhumano que se nos da a la mayoría en cuestiones de salud, un solo médico que asiste solo ocho horas a un penal con 2500 o más internos es violatorio de nuestro derecho a la salud, hemos visto casos en los cuales por falta de asistencia médica un interno víctima del ataque de otro o de una ataque cardiaco o respiratorio u otra grave dolencia, puede morir en los consultorios de sanidad; o una enfermedad curable por falta de tratamiento adecuado y a tiempo puede desencadenar otros procesos físicos que terminan con el agravamiento del prisionero.
Al darse una situación de enfermedad grave, en la mayor parte de casos, nos vemos en la necesidad de tramitar tutelas para poder garantizar nuestro derecho a la salud, es de esta manera y solo cuando el funcionario acata la decisión judicial, que un porcentaje reducido puede acceder a los servicios médicos que la constitución contempla, así lo demuestra el informe al CDH, donde en el 2008 se interpusieron 1044 tutelas por salud.
También hemos visto con mucha preocupación como son contratados personal médico mal preparado o con falta de ética, que dan diagnósticos o tratamientos errados y que terminan perjudicando gravemente la salud física y/o mental de algunos compañeros, tal es el caso de un interno que fue por un dolor en la columna y le fueron recetados medicamentos siquiátricos; como era de esperarse, el señor tuvo las consecuencias de este tipo de drogas, con las secuelas propias de esto para su salud mental. Peor es la situación de la cárcel La Modelo de Bogotá, en la cual, como manifiestan varios internos, los médicos en complicidad con la guardia suministran el medicamento “Piportil”(7) o “Sinogan”(8), a los internos problemáticos en alto grado de descomposición o “cansones”, para que “dejen de joder”.
Con la llegada de Caprecom, como la eps encargada de la salud de los prisioneros y prisioneras del país, la situación tendió a empeorar pues bajo el criterio de la eficiencia económica de dicha entidad que estaba moribunda antes de ser oxigenada con recursos de la nación, no ha podido cumplir con el objetivo de brindar una asistencia de salud adecuada a los internos.
El acta de visita de inspección llevada a cabo el día 26 de septiembre de 2006 por la defensoría del pueblo de Cartagena, ilustra el estado en que se encontraba el consultorio médico de la cárcel de San Diego (9):
“…Actualmente se dispone de una sola unidad odontológica, falta insumos odontológicos, amalgamas, resinas, material de obturación, rayos X, (…) se observa humedad en las paredes y techo, también se aprecian los cables eléctricos desprendidos, (…)” (10), estas condiciones son similares o peores en muchos centros penitenciarios.
Por todo esto, queda en tela de juicio la capacidad del INPEC, para garantizar la salud de toda la población de reclusos, que garanticen nuestras condiciones
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